Antes del incendio que dejó al descubierto el funcionamiento de uno de los geriátricos de barrio Nuevo Horizonte, puertas adentro —según el relato de un extrabajador— se vivía una realidad marcada por el abandono, la precarización y el miedo.

J.A., quien trabajó durante gran parte de 2025 en dos de los hogares administrados por la principal investigada de la causa, decidió contar lo que asegura haber visto durante esos meses. Su testimonio coincide en numerosos aspectos con los aportados por otros exempleados, familiares y residentes: habla de adultos mayores sedados para mantenerlos tranquilos, escasa alimentación, falta de controles médicos, restricciones para salir del establecimiento y presuntas maniobras con la documentación y los recursos económicos de los residentes.

"Yo trabajé desde fines de enero hasta casi noviembre del año pasado. Primero estuve en el geriátrico de Salvador del Carril y después, cuando abrió el de Cabaña Leiva, también trabajé ahí. Por eso puedo decir que todo lo que contó Luis Arriola es verdad. Yo lo vi con mis propios ojos", afirmó.

Según su relato, cuando una persona ingresaba al hogar le retenían la documentación personal y las tarjetas donde cobraba sus haberes.

"Después prácticamente no podían salir. Si alguno quería caminar por el barrio estaba prohibido. Luis Arriola muchas veces se desesperaba porque quería salir aunque fuera un rato. La respuesta era darle quetiapina para que estuviera dopado porque molestaba".

El extrabajador asegura que una frase se repetía con frecuencia y todavía hoy le resulta imposible olvidar. "'De acá va a salir con los pies para adelante, en un cajón'. Lo decía delante de todos".

La alimentación, sostiene, era otra de las principales preocupaciones. "Había días en que no teníamos qué darles de comer. Terminábamos comprando alimentos con plata nuestra porque no podíamos mirar para otro lado. Llamábamos para avisar que faltaban cosas y nadie atendía el teléfono".

Describe una rutina basada casi siempre en los mismos alimentos. "La mercadería llegaba una vez por semana. Eran fideos, polenta y algunas hamburguesas. El desayuno era mate cocido con dos rodajas de pan y la merienda era igual. Si consumían más pan del previsto se enojaba. Nosotros tratábamos de darles un poco más porque nos daba mucha pena".

J.A. también describió las condiciones laborales que, según afirma, soportaban quienes trabajaban en el lugar. "Estaba completamente en negro. Me pagaban 12 mil pesos por una guardia de ocho horas y, muchas veces, ni siquiera cobraba porque no atendían el teléfono".

Con el paso de los meses, asegura que quedó prácticamente a cargo del funcionamiento cotidiano del hogar.

"Había jornadas de 24 y hasta 48 horas seguidas. Si faltaba un compañero tenía que arreglarme solo con 16 o 18 abuelos. Lo hice porque necesitaba trabajar y porque tengo un hijo".

Uno de los aspectos que más lo impactó fue, según sostiene, el uso permanente de medicación para mantener tranquilos a algunos residentes.

"A muchos les daban quetiapina, clonazepam y alprazolam para que durmieran. Me acuerdo especialmente de Pancho. Si seguía despierto, la orden era darle más medicación y, si aun así no dormía, había que atarlo porque molestaba".

También cuestionó la atención médica. "Había personas que necesitaban ir al hospital y no las llevaban. Recuerdo el caso de Rosalía, que sufría muchísimo por un problema en las piernas. Recién la trasladaron cuando prácticamente ya no daba más. El médico iba cada quince días y atendía a todos en muy pocos minutos".

Al igual que otros testigos, J.A. sostuvo haber presenciado maniobras vinculadas con préstamos bancarios. "A Pablo lo llevaron al Banco Santa Fe para firmar un crédito que supuestamente era para una operación. Esa operación nunca existió. Con Luis Arriola pasó algo parecido. Antes de sacarlo le daban medicación porque quería escaparse y lo llevaban medio dopado. No entiendo cómo esos préstamos pudieron aprobarse".

El extrabajador asegura que decidió abandonar el empleo cuando la situación se volvió insostenible. "Ni siquiera me reconocían el colectivo y todavía me debían plata. Cuando avisé que no volvía más, me dijeron que el hogar no podía pagar más de 12 mil pesos por día. Pero era un geriátrico privado donde cobraban alrededor de un millón y medio por cada residente".

También denunció que, tras su salida, comenzaron las descalificaciones personales. "Se burló de una enfermedad por la que cobro una pensión y también de mi orientación sexual. Nunca se lo voy a perdonar".

Para J.A., detrás de todo existía una lógica económica. "Siempre sentí que para ella los abuelos no eran personas. Eran un negocio. Cada adulto mayor que ingresaba significaba más plata".

El exempleado confirmó que se presentará espontáneamente a declarar ante el Ministerio Público de la Acusación para incorporar formalmente su testimonio a la causa. Sostiene que su objetivo es colaborar con la investigación para que se determinen las responsabilidades que correspondan y que ninguna otra persona mayor vuelva a atravesar una situación similar.

El Litoral

Mucho antes de que las llamas expusieran públicamente lo que ocurría dentro del hogar de tránsito que funcionaba en barrio Nuevo Horizonte, ya existían denuncias formales, cartas desesperadas y presentaciones ante distintos organismos del Estado que advertían sobre una situación que, de acuerdo con esos documentos, podía terminar de peor manera.

El Litoral tuvo acceso a las dos denuncias penales, presentaciones administrativas y la carta manuscrita de uno de los residentes del lugar, documentos que permiten reconstruir una cronología que hoy adquiere otra dimensión tras el incendio que motivó la intervención de la Justicia y la detención de un empleado del establecimiento.

La pregunta que surge casi naturalmente es otra: si las advertencias estaban hechas desde marzo, ¿por qué nadie logró evitar que las personas siguieran viviendo allí?

El primer antecedente que aparece en la documentación es del 2 de marzo de 2026. Ese día se presentó una actuación ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que luego fue incorporada como prueba en la causa.

Más de un mes después, el 22 de abril, una joven santafesina, cuya identidad El Litoral preserva, D.E.R.D., decidió acudir al Centro de Denuncias Centro, en Las Heras 2883.

La denuncia quedó registrada bajo el número D-0100500311-0140520-20260422-1.

Allí relató que había descubierto una extracción de dinero de la cuenta donde su padre cobraba la pensión por discapacidad y apuntó contra la mujer que administraba el hogar donde él residía desde el año anterior.

En la denuncia reconstruyó cómo su padre, enfermo de Parkinson, había sido internado primero en el Nuevo Hospital Iturraspe y luego derivado al Hospital Protomédico "Dr. Manuel Rodríguez" de Recreo.

Según su relato, durante esa internación una trabajadora social, identificada, le explicó que, como la familia no podía afrontar un cuidado permanente, sería trasladado al hogar de Nuevo Horizonte.

Fue entonces cuando, siempre según la denuncia, les solicitaron entregar el DNI, la tarjeta donde se acreditaba la pensión y el PIN bancario del paciente.

La joven sostuvo que el pedido le pareció extraño desde el primer momento, pero terminó aceptándolo porque tanto la asistente social como la administradora insistían en que era necesario para concretar el traslado.

Pocos días después de llegar al lugar, su padre debió ser internado nuevamente, esta vez en el Hospital Cullen, por un cuadro de neumonía.

En diálogo con El Litoral, la denunciante aseguró que cada vez que visitaban el establecimiento encontraban a su padre cada vez más delgado y deteriorado.

Contó que él les decía que casi no recibía comida, que muchas veces no le daban la medicación y que lloraba mientras les pedía ayuda – lo dicho consta en las denuncias.

También describió otra escena que la marcó.

Según declaró, durante una visita su madre encontró a un hombre mayor acostado en un rincón del patio, pidiendo que alguien lo llevara al médico porque, según decía, nadie lo atendía.

La denuncia también sostiene que el establecimiento no contaba con médicos ni enfermeros permanentes, que no garantizaba condiciones mínimas de higiene ni alimentación y que la administradora cobraba mensualmente la pensión de su padre

Como respaldo, puso a disposición de la Fiscalía fotografías, conversaciones de WhatsApp, actuaciones administrativas y documentación relacionada con el caso.

Tres semanas después apareció una carta. En la mañana del 15 de mayo, la denunciante fue primero a la Defensoría del Pueblo.

Según consta en la presentación judicial, allí le recomendaron radicar una nueva denuncia para que pudiera intervenir la Secretaría Provincial de Adultos Mayores.

Ese mismo día regresó al Centro de Denuncias Centro y presentó una segunda denuncia, registrada bajo el número D-0100500311-0156168-20260515-9.

Esta vez llevaba algo más que fotografías. Llevaba una carta escrita por uno de los propios residentes.

La denunciante contó que el 7 de mayo, cuando fue junto a su madre a festejar el cumpleaños de su padre, recibió una hoja doblada que él guardaba.

Era una carta escrita por Luis César Arriola, otro de los hombres alojados en el establecimiento, describía una situación desesperante que meses después terminaría en el incendio cómo "último recurso"

Decía que no recibían asistencia médica ni medicamentos, que el hambre avanzaba, que sufrían agresiones físicas y psicológicas y que su problema de visión empeoraba rápidamente.

Pedía que denunciaran la situación ante la Policía o el Ministerio Público de la Acusación. También rogaba que lo sacaran de allí antes de quedarse ciego.

La segunda denuncia agrega otro dato.

Según la familia, semanas antes de escribir esa carta, Arriola ya había contado personalmente que necesitaba atención médica urgente y que nadie lo llevaba a un centro de salud.

Meses más tarde ocurrió el incendio que hizo que el nombre del hogar clandestino llegara a toda la provincia.

Hubo evacuaciones, intervención policial y una investigación que terminó con la detención de un empleado mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió y quiénes son los responsables.

Pero la documentación a la que accedió El Litoral muestra que el incendio no fue el comienzo de la historia.

Fue el momento en que la historia dejó de ser invisible.

Si la causa penal busca establecer qué responsabilidad tuvieron quienes administraban el establecimiento, hay otra línea de análisis que inevitablemente aparece al leer la cronología.

¿Qué hicieron los organismos públicos cuando comenzaron a llegar las denuncias?

Los documentos muestran que hubo advertencias dirigidas a distintas dependencias del Estado.

La secuencia está documentada.

• 2 de marzo: presentación ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

• 22 de abril: primera denuncia penal en el Centro de Denuncias Centro.

• 15 de mayo: consulta en la Defensoría del Pueblo y segunda denuncia penal acompañada por fotografías, conversaciones y la carta de Luis César Arriola.

Es decir, cuando ocurrió el incendio ya existían denuncias penales, actuaciones administrativas, material fotográfico y el testimonio escrito de uno de los propios residentes describiendo lo que ocurría dentro del establecimiento.

Funcionarios del Estado ya sabían lo que estaba pasando, la línea investigativa de El Litoral, nos lleva hacia tres establecimientos más, uno en Santo Tomé. Todas regenteadas por M.L.M, además de una red en distintos organismos que permitian a esta mujer de 51 años, tener poderes para manejar el dinero de los abuelos sin autorización de los titulares ni de sus familiares.

No fue sorpresivo lo que ocurrió para los organismos responsables, fue la única manera de que haya salido a la luz una situación que refleja el inhumano y cruel ejercicio contra personas mayores que viven peor que animales ante la indiferencia de una sociedad que “descarta” a los ancianos como si fuesen escoria.

El discurso dominante sobre la vejez y el “gasto” se ve reflejado de las maneras más perversas.

¿Importa?