El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió avanzar con nuevas medidas de prueba en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni, con especial atención sobre las operaciones con criptomonedas presentadas por su defensa para justificar una parte de su patrimonio.

Uno de los puntos centrales será la verificación técnica de ocho direcciones de Bitcoin que, según el descargo de Adorni, registraron operaciones entre 2014 y 2018 y permitieron obtener US$591.544,61 antes de su ingreso a la función pública. La defensa vinculó esos fondos con los dólares en efectivo declarados posteriormente bajo el concepto de “venta de activos”.

Para avanzar con la medida, Pollicita pretende que la defensa aporte los elementos necesarios para comprobar técnicamente la titularidad y el control de las direcciones digitales informadas.

De acuerdo con la presentación, la defensa había acompañado actuaciones notariales y un análisis técnico para respaldar la titularidad de las billeteras, además de poner a disposición judicial las claves privadas correspondientes.

El objetivo de la Fiscalía es verificar que las direcciones digitales, las firmas y los movimientos informados coincidan con la reconstrucción patrimonial presentada por Adorni. El procedimiento deberá contar con autorización judicial.

La defensa sostiene que los fondos provinieron de la compra y posterior venta de Bitcoin realizada años antes del ingreso de Adorni a la función pública y afirmó que su evolución patrimonial cuenta con un “sustento razonable y verificable”.

La investigación no se limitará a las criptomonedas. Pollicita también busca profundizar la reconstrucción de los ingresos y antecedentes económicos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

La medida apunta a analizar información laboral, tributaria y patrimonial correspondiente a períodos anteriores, con el objetivo de determinar el origen de los ahorros familiares mencionados por la defensa como parte de la explicación sobre la evolución de sus bienes.

La causa abarca el período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026, etapa durante la cual Adorni ocupó cargos en el Gobierno nacional.

Las nuevas medidas se producen después de que el exfuncionario respondiera un cuestionario de 20 puntos elaborado por Pollicita para explicar distintos aspectos de su patrimonio.

Entre los puntos analizados aparecen las tenencias de dólares en efectivo incorporadas en declaraciones juradas rectificativas, operaciones inmobiliarias, gastos y las inversiones en criptomonedas que la defensa señaló como una de las principales fuentes de los fondos.

Según el descargo, parte del dinero obtenido mediante Bitcoin fue utilizado posteriormente para afrontar inversiones, gastos y operaciones inmobiliarias.

Las medidas solicitadas forman parte de una investigación todavía en curso y buscan contrastar técnicamente las explicaciones aportadas por la defensa con la documentación y los registros disponibles.

Manuel Adorni presentó ante la Justicia su descargo para justificar la evolución de su patrimonio entre diciembre de 2023 y junio de 2026, en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El escrito respondió un cuestionario de 20 puntos elaborado por el fiscal federal Gerardo Pollicita. El expediente está a cargo del juez Ariel Lijo y el plazo para entregar las explicaciones vencía este martes 22 de septiembre.

La defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, afirmó que la evolución patrimonial del exfuncionario encuentra “sustento razonable y verificable” en documentación contable y técnica.

El planteo sostiene que no existió un enriquecimiento sin explicación y acompaña documentación sobre ahorros, operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios, criptomonedas y gastos familiares. Esa posición deberá ahora ser evaluada por la Fiscalía.

La investigación había señalado una diferencia cercana a $43 millones entre ingresos comprobados y gastos del grupo familiar, además de erogaciones en dólares vinculadas con inmuebles, refacciones, viajes y otros consumos.

Uno de los puntos centrales fue el origen de US565.000,US513.000 y US$388.961,52 que aparecieron en distintas declaraciones juradas rectificativas.

La defensa vinculó parte de esos fondos con ahorros y con operaciones previas de criptomonedas. Afirmó que Adorni operaba con Bitcoin desde 2014, antes de abrir cuentas en plataformas reguladas como Binance, Buenbit y Lemon.

Según el escrito, ocho direcciones de Bitcoin analizadas registran movimientos entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. La defensa señaló que durante esos años muchas operaciones se hacían entre particulares y sin mecanismos de identificación equivalentes a los actuales.

Pollicita también pidió explicaciones sobre la compra del lote 380 del country Indio Cuá, valuado en US$120.000.

Adorni sostuvo que US100.000provinierondeunpréstamocongarantíahipotecariasobreotroinmuebleyquelosUS20.000 restantes fueron abonados con dinero en efectivo bajo custodia de su esposa, Bettina Angeletti.

Otro punto sensible fueron las refacciones. La pesquisa había puesto bajo análisis un supuesto pago de US$245.000 al contratista Matías Tabar. La defensa negó que las erogaciones hubieran alcanzado ese monto y atribuyó las diferencias a errores en recibos y presupuestos.

Sobre la adquisición de un Jeep Compass, la presentación indicó que se realizó mediante una permuta por un Renault Captur comprado por el matrimonio en 2021.

La defensa sostuvo que hubo además dos transferencias de $1 millón cada una y un pago con tarjeta en seis cuotas de $200.000, movimientos que, según afirmó, están respaldados por registros bancarios.

También explicó que los US$30.000 abonados en efectivo por un inmueble de la calle Miró 550 provinieron de ahorros en dólares previamente declarados.

Otro requerimiento apuntó a préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo. La defensa argumentó que ambos mutuos eran válidos entre particulares y habían sido incluidos en declaraciones impositivas.

También justificó operaciones realizadas mediante terceros al sostener que se trató de una modalidad utilizada para gestionar pagos domésticos y laborales, con posteriores reintegros.

La Fiscalía había convocado a declarar a personas vinculadas con algunas de esas transferencias para reconstruir el origen y destino del dinero.

Adorni declaró ingresos exentos o no alcanzados por Ganancias por $28,1 millones en 2023, $148,6 millones en 2024 y $270,7 millones en 2025.

Según su defensa, esas cifras incluyen diferencias de cambio sobre dólares, rendimientos financieros, resultados vinculados con criptoactivos y la operación de permuta del vehículo.

La presentación también sostiene que los gastos familiares, viajes, cuotas escolares, alquileres y consumos pueden ser conciliados con ingresos declarados y ahorros anteriores.

Pollicita deberá analizar las respuestas y la documentación acompañada antes de definir los próximos pasos de la investigación.

Si considera insuficientes las explicaciones, la causa podría avanzar hacia nuevas medidas de prueba y eventualmente hacia un pedido de indagatoria. Por ahora, Adorni continúa investigado y no existe una resolución judicial sobre el fondo de las acusaciones.

El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó a Manuel Adorni a presentar explicaciones sobre la evolución patrimonial atribuida a él y a su pareja, Bettina Julieta Angeletti, luego de detectar una serie de diferencias e inconsistencias durante el período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

El requerimiento, presentado ante el Juzgado Federal N.º 4, forma parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y otorga al exjefe de Gabinete un plazo de 15 días para justificar la procedencia de los fondos utilizados en diferentes operaciones.

El análisis se apoyó en documentación bancaria, fiscal, registral y patrimonial, además de movimientos relacionados con inmuebles, viajes, tarjetas, billeteras virtuales y criptoactivos.

Uno de los principales puntos observados por la Fiscalía es el volumen de operaciones realizadas en efectivo.

De acuerdo con el documento citado por TN, entre el período investigado se identificaron desembolsos de $51.715.080,41 y US$374.081,66 en efectivo. En total, los gastos analizados alcanzaron $272.820.832,20 y US$402.578,12.

Esto implica que, dentro de las erogaciones realizadas en moneda estadounidense, más del 90 % habría sido abonado en efectivo, situación sobre la que la Fiscalía pidió determinar la disponibilidad y procedencia de las divisas.

El requerimiento también pone la lupa sobre una tenencia superior a US$500.000 declarada por Adorni. El exfuncionario deberá precisar cómo obtuvo esas divisas y aportar documentación sobre una supuesta “venta de activos” mencionada como origen de parte de los fondos.

Entre las operaciones bajo análisis aparecen US$245.000 destinados a la remodelación integral de una vivienda ubicada en el Country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La Fiscalía pidió identificar el origen de cada suma utilizada, presentar comprobantes y explicar además cómo fueron afrontados la compra del lote y otros gastos vinculados con la propiedad.

También se solicitaron precisiones sobre un departamento ubicado en Miró al 550, en Caballito, incluyendo el origen de los fondos empleados para su adquisición y para la compra de muebles que, según el requerimiento, fueron pagados en dólares y en efectivo.

El documento revisa además diferentes viajes realizados por el grupo familiar entre 2024 y 2026.

Entre los destinos internacionales aparecen Montevideo, Río de Janeiro, Aruba, España, Brasil y Estados Unidos, con consumos abonados mediante tarjetas y efectivo.

Uno de los principales gastos detallados corresponde a Aruba, con US$14.696, mientras que también aparecen desembolsos por US$4.137 en España y US$6.055 en Estados Unidos.

La Fiscalía solicitó establecer de dónde salió el efectivo utilizado para afrontar esos viajes y otros gastos familiares, entre ellos alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares.

Otro de los puntos centrales es la comparación entre los ingresos acreditados y los gastos registrados.

Según el análisis citado, los ingresos comprobados de Adorni y su pareja durante el período alcanzaron $229.752.283,20, mientras que las erogaciones contabilizadas fueron de $272.820.832,20.

La diferencia asciende a $43.068.549, monto sobre el cual también deberán presentarse explicaciones.

El requerimiento analiza además la evolución de las deudas declaradas, que habrían pasado de $92,4 millones a más de $317,3 millones, en parte por la incorporación de obligaciones en dólares contraídas con particulares.

La investigación comprende también movimientos realizados mediante cuentas bancarias, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y activos digitales.

La Fiscalía pidió detalles sobre la operatoria con criptomonedas y, particularmente, sobre el origen del capital utilizado para adquirir esos activos.

También aparecen comprobantes y facturas cuyos pagos, según el análisis, no pudieron ser relacionados de manera directa con tarjetas, cuentas bancarias o plataformas digitales, por lo que se solicitaron aclaraciones adicionales.

El requerimiento no constituye una condena ni determina por sí mismo la existencia de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía busca que Adorni presente documentación y explicaciones que permitan justificar la evolución patrimonial y el origen de los fondos observados durante el período investigado.