La concejal María Paz Caruso aseguró que fue el bloque justicialista el que impulsó la reapertura del debate sobre el plan de pavimentación en Rafaela, a partir de las dudas y el malestar que comenzaron a expresar vecinos de distintos barrios luego de recibir las liquidaciones proforma con los montos estimados de las obras.

“Principalmente, hay que rescatar que nosotros fuimos los que tomamos la iniciativa para volver a tratar el plan de pavimento”, afirmó en charla con Radio Rafaela.

En ese sentido, recordó que ya la semana pasada habían presentado una nueva propuesta para modificar la ordenanza vigente. “El lunes pasado ingresamos un nuevo proyecto, porque veíamos mucho malestar de los vecinos, sobre todo de aquellos que habían recibido estas liquidaciones proforma, es decir, una primera aproximación muy cercana a cuál va a ser el costo que van a tener que pagar de la obra”, explicó.

Caruso sostuvo que, a partir de esas reacciones vecinales, comenzaron a surgir interrogantes que obligaban a revisar el esquema actual del plan de pavimento. Según detalló, incluso habían convocado al secretario de Obras Públicas para pedir precisiones.

“En el marco de eso empezamos a plantear ciertos interrogantes. Hace un tiempo citamos al secretario de Obras por estos cuestionamientos que iban surgiendo”, señaló. Sin embargo, remarcó que mientras el plan siguió avanzando, también crecieron los conflictos. “El plan siguió avanzando y los conflictos también, sobre todo en los barrios donde se plantea la repavimentación”, afirmó.

La edil reconoció que el alto costo de la obra era un dato esperable, pero advirtió que lo que más les llamó la atención fue la magnitud de las dudas que aparecieron entre los vecinos. “El costo de la obra quedó elevado, eso se sabe y se entiende, porque es una de las contribuciones por mejoras más costosas que tiene la Municipalidad, pero a nuestro bloque le llamó la atención la cantidad de dudas que había por parte de la ciudadanía”, sostuvo. Y agregó: “Entendíamos que eso no podía quedar así”.

Uno de los puntos centrales del planteo del PJ tiene que ver con la forma de financiamiento del plan. Caruso explicó que el Municipio mantuvo el esquema de 60 cuotas a pesar de haber ampliado notablemente la cantidad de cuadras a ejecutar, algo que, según su mirada, no tiene lógica en función del tiempo real que demandará la obra.

Y aclaró que esa definición ya había sido objetada por su bloque en el debate anterior. “Nosotros ya cuestionamos esas 60 cuotas, por eso no es cierto cuando dicen que la ordenanza salió por unanimidad la vez anterior”, afirmó.

Según explicó, la ordenanza original contemplaba 150 cuadras, pero con la ampliación dispuesta por el Ejecutivo el plan pasó a 250 o 260 cuadras sin modificar el número de cuotas.

Para Caruso, el desfase entre la cantidad de cuadras y el esquema de financiamiento queda aún más expuesto si se tiene en cuenta el ritmo habitual de ejecución de obras que tiene el municipio. “El plazo de obra va a ser de 8 años, porque el promedio de cuadras que hace la municipalidad son 30 cuadras por año”, explicó.

Y agregó: “Si la municipalidad hace entre 30 y 35 cuadras por año, el plan de 250 cuadras tiene que tener un plazo de 96 cuotas, que eso es lo que propusimos”. En ese punto, resumió con claridad la lógica de su planteo: “Para nosotros es una cuenta matemática cuál va a ser el plazo de obra”.

La concejal destacó que el proyecto presentado por su bloque junto a Valeria Soltermann, Juan Senn y Maximiliano Postovit propone varios cambios concretos, entre ellos una ampliación fuerte en la cantidad de cuotas y un tratamiento más claro para casos especiales.

“Lo más importante de estas modificaciones es el proyecto que propusimos nosotros como bloque, junto a Valeria Soltermann, Juan Senn y Maximiliano Postovit, donde propusimos elevar la cantidad de cuotas”, explicó.

En ese sentido, detalló que la idea es incluso duplicarlas en determinadas situaciones. “Propusimos duplicarla para los casos especiales”, afirmó.

Además, pidió que esos casos queden específicamente contemplados en la letra de la ordenanza. “Dejar específicamente sentado en el artículo que, cuando hay dos jubilaciones mínimas en un hogar, puedan ajustarse a ser casos especiales”, señaló.

Caruso indicó también que hubo acuerdo con otros bloques para avanzar en dos puntos que consideró fundamentales: extender el plazo del registro de oposición y dividirlo según tipo de obra y sector. “Logramos en conjunto con los otros bloques extender el registro de oposición”, afirmó. Y agregó: “También la división por zona y por pavimentación y repavimentación”.

Para la edil, ese cambio permitirá tener una lectura más clara de lo que está ocurriendo en cada sector de la ciudad, aun cuando no se llegue al 40% necesario para frenar la obra. “Es muy probable que no se caiga en ningún sector la obra por este 40 por ciento que hay que llegar de oposición, pero lo que nosotros planteamos es que sí vamos a tener un termómetro de qué está pasando”, sostuvo.

En el tramo final, Caruso apuntó directamente al Ejecutivo municipal y consideró que el malestar vecinal debió haber sido detectado antes, ya que es el gobierno local el que cuenta con toda la información técnica del plan. “Lo que podemos decir es: ¿cómo no lo supieron antes? Porque ese es un trabajo del Ejecutivo”, afirmó.

La concejal señaló que desde el Concejo no tienen acceso al detalle completo de los catastros alcanzados ni a la fórmula exacta de cálculo, algo que sí maneja el Municipio. “Nosotros no tenemos en claro los 3.800 catastros que van a pagar la obra de pavimento, porque hay un cálculo y toda una fórmula que solamente la tiene el Ejecutivo y lo sabe cuando se hace la liquidación”, explicó.

Sin embargo, aseguró que el contacto directo con los vecinos permitió advertir rápidamente el nivel de disconformidad. “Nosotros sí, estando con los vecinos, en la calle, en los barrios, pudimos percibir este malestar”, señaló.

Y cerró: “Muchos nos vinieron a buscar acá al Concejo también, y por eso tomamos la iniciativa de cambiar la ordenanza vigente”.

Este miércoles 18 de marzo, el Concejo Municipal de Rafaela llevó adelante la tercera edición del programa institucional “Mujeres que dejan huellas”, una iniciativa que busca reconocer a mujeres y colectivos que se destacan por su compromiso cotidiano y su aporte a una sociedad más igualitaria e inclusiva.

La actividad se desarrolló en la sala de sesiones, que se vio colmada de vecinos que acompañaron la propuesta. La presidenta del cuerpo legislativo, Mabel Fossatti, dio la bienvenida a los presentes y destacó el sentido del encuentro: “A través de este programa, agasajamos y celebramos logros. Y también reconocemos el camino y la huella que deja cada una de ellas desde el lugar donde ha decidido trabajar, estudiar, emprender o colaborar”.

Durante la jornada se reconoció a cuatro mujeres de la ciudad y a un grupo con trayectoria, en un acto que incluyó palabras de las concejales encargadas de presentar a cada homenajeada.

La concejal Carla Boidi presentó a Graciela Acastello, actual presidenta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela. Durante su intervención, destacó su rol en un ámbito históricamente dominado por hombres y su capacidad para generar espacios de diálogo y aportar soluciones en contextos complejos.

Por su parte, la concejal Paz Caruso homenajeó a Alicia Riberi, fundadora del laboratorio Vitalab, diplomada en medicina regenerativa y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Regenerativa. Riberi fue reconocida como “bioquímica del año” por el Sindicato Argentino de Bioquímicos y Farmacéuticos, distinción que, según expresó, fortaleció su compromiso con la innovación en su campo profesional. Caruso remarcó además su aporte al posicionamiento de Rafaela en ámbitos científicos y profesionales.

En tanto, la concejal Valeria Soltermam distinguió a Hortensia Poggi, quien desarrolló una extensa trayectoria como asistente social. Su labor incluyó el trabajo en el Hogar de Menores Madres, su participación en el Plan de lucha contra el hambre de Cáritas, su rol como Delegada de Minoridad del Departamento Castellanos y la creación del Grupo PASI y la Escuela Taller “Dr. Américo Tosello”. “Su profesión de asistente social se transformó en una misión de vida”, expresó la edil durante el reconocimiento.

A su turno, la concejal Milagros Zafra destacó a June Allice Thomas, ingeniera agrónoma con una amplia carrera docente en la Universidad Nacional del Litoral. A lo largo de su trayectoria dirigió proyectos de investigación y colaboró con instituciones como INTA Rafaela, INTI Lácteo y organismos internacionales, siendo referente en la implementación de buenas prácticas y normas de calidad en la producción.

En el marco del acto, también se distinguió al Grupo de Apoyo a Mujeres Agropecuarias (G.A.M.A.), iniciativa impulsada por Mabel Fossatti. El espacio surgió en la década del 90 como encuentros de formación en producción agropecuaria y con el tiempo se consolidó como una red de colaboración y liderazgo. Actualmente funciona como subcomisión de la Sociedad Rural de Rafaela, promoviendo capacitaciones y fortaleciendo la participación femenina en el sector.

El encuentro finalizó con un agradecimiento de las autoridades a los presentes y una fotografía conjunta entre las homenajeadas y las concejales, en el cierre de una jornada marcada por el reconocimiento y la participación.

El bloque de concejales compuesto por Juan Senn, María Paz Caruso, Valeria Soltermam y Maximiliano Postovit inició una agenda de trabajo orientada a analizar y promover un proyecto de autonomía municipal, entendida como una herramienta clave para fortalecer la capacidad de decisión local y mejorar la gestión de los asuntos que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas.

Se trata de una iniciativa de mediano plazo, que requiere estudio serio, intercambio de miradas y construcción de consensos. En ese sentido, el proyecto se concibe como un proceso abierto, que incluirá instancias de diálogo con especialistas, referentes académicos, instituciones intermedias y actores con trayectoria en la temática.

“La autonomía municipal no es un debate aislado ni inmediato, sino una discusión profunda sobre cómo fortalecemos el rol de los gobiernos locales, con más herramientas y mayor responsabilidad”, señalaron desde el bloque, destacando la importancia de abordarlo con rigor técnico y amplitud política.

El objetivo es generar un marco de discusión que permita evaluar los alcances, oportunidades y desafíos que implica avanzar en este sentido, siempre poniendo en el centro el desarrollo de la ciudad y una gestión más cercana y eficiente.

El bloque remarcó que este trabajo se desarrollará con vocación de diálogo, escucha y construcción colectiva, “convencidos de que los grandes temas institucionales requieren tiempo, seriedad y participación”. 

Concejales del bloque Juntos Avancemos mantuvieron una reunión de trabajo con integrantes de la Asociación Productores Unidos con el objetivo de dialogar sobre la situación del sector productivo y avanzar en posibles soluciones vinculadas a la infraestructura hídrica del periurbano rafaelino.

El encuentro contó con la participación de los concejales Juan Senn, María Paz Caruso y Maximiliano Postovit, mientras que por parte de la entidad productiva estuvieron presentes Fernando Belinde, Juan Picco y Daniela Zbrun. Durante la reunión, los productores expusieron sus principales preocupaciones relacionadas con el estado de las alcantarillas, los desagües y las consecuencias que generan los anegamientos en la actividad productiva.

A partir de esta reunión, el bloque resolvió solicitar formalmente al Departamento Ejecutivo Municipal un relevamiento integral de las alcantarillas y del sistema de desagües de la zona periurbana, entendiendo que su deterioro afecta no solo a la producción agropecuaria, sino también al desarrollo económico de la ciudad.

“Durante las últimas precipitaciones, vimos situaciones que complicaron no sólo a la zona urbana, sino también a sectores rurales y caminos productivos. El Desvío del Tránsito Pesado fue uno de ellos, por lo que hay que reforzar el mantenimiento de los desagües y planificar nuevas obras. El sector productivo es estratégico para el desarrollo de Rafaela y necesita un Estado municipal presente, que planifique y mantenga la infraestructura rural para evitar consecuencias mayores”, señaló Juan Senn.

También durante el encuentro pudieron hacer intercambios sobre otras realidades del sector, algunos avances que se han dado con el programa de caminos de la ruralidad y la importancia de mantener esas intervenciones "no sólo los productores, sino también los vecinos de barrios lindantes a los caminos nos plantean que hay muchas zonas con malezas, y allí delicuentes esconden cosas robadas. El mantenimiento no sólo tiene que ver con trabajar por una ciudad limpia y ordenada, sino que también hace a la seguridad", declaró María Paz Caruso.

Desde el bloque destacaron que estos pedidos se enmarcan en una agenda de trabajo que busca acompañar al sector agropecuario, fortalecer la producción local y promover un desarrollo equilibrado entre lo urbano y lo rural.

“Rafaela crece con su producción, y para eso es fundamental que el Ejecutivo asuma un rol activo en el mantenimiento y planificación de la infraestructura periurbana”, concluyeron.

En la discusión del Presupuesto Municipal 2026, el bloque justicialista exige información precisa y la presencia de los funcionarios responsables. Juan Senn y María Paz Caruso cuestionaron la reiterada ausencia del subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa, y advirtieron que no se puede votar a ciegas una modificación de partidas millonaria.

En la antesala de la sesión extraordinaria en la que se votará el Presupuesto Municipal 2026, el bloque justicialista de concejales volvió a marcar con claridad la necesidad de ejercer un control serio, responsable y transparente sobre el uso de los recursos públicos, durante la reunión de comisión realizada este lunes en el Concejo Municipal.

En ese marco, y ante el pedido del Departamento Ejecutivo para aprobar una modificación de partidas destinada a la compra de dos minibuses, los concejales Juan Senn y María Paz Caruso insistieron nuevamente en la presencia del Subsecretario de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa, a fin de contar con la información técnica y política necesaria para tomar una decisión fundada.

“No estamos discutiendo una cuestión menor. Nos piden que aprobemos una modificación presupuestaria importante sin la información precisa. Eso no es responsabilidad, eso es pedirnos un cheque en blanco”, afirmó Juan Senn. Y agregó: “Hemos citado en reiteradas oportunidades al subsecretario Aversa y nunca se presenta. Así es imposible ejercer el rol de control que la ciudadanía nos demanda”.

Por su parte, María Paz Caruso remarcó que la ausencia del funcionario resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta el peso del área que conduce. “Estamos hablando de una subsecretaría que tiene uno de los mayores presupuestos 2026. Es inadmisible que su responsable no venga al Concejo a explicar en qué se va a gastar ese dinero”, señaló.

Durante los últimos días, funcionarios de primera línea del Departamento Ejecutivo asistieron al Concejo Municipal para ampliar la información contenida en el proyecto de presupuesto. Sin embargo, el Subsecretario de Servicios y Espacios Públicos volvió a estar ausente, lo que fue calificado por el bloque justicialista como una señal política clara.

“Esta seguidilla de ausencias no es casual. El intendente Leonardo Viotti está eligiendo proteger a un funcionario cuestionado en lugar de garantizar la transparencia y el respeto institucional hacia el Concejo”, sostuvo Caruso. “El presupuesto es la herramienta central de gobierno y no puede tratarse con improvisación ni ocultando información”.

Cabe recordar que Aversa tampoco concurrió a la interpelación solicitada por el cuerpo legislativo para explicar posibles incompatibilidades en la contratación de una empresa proveedora de agua vinculada a su grupo familiar. De igual modo, estuvo ausente semanas atrás cuando se debatieron los convenios con las Cooperativas de Recicladores, asistiendo en su lugar un funcionario de menor rango.

Finalmente, desde el bloque justicialista ratificaron su compromiso de analizar el Presupuesto 2026 con seriedad y responsabilidad, defendiendo el interés de los vecinos y vecinas de Rafaela. “Nuestro rol no es levantar la mano sin preguntar, sino controlar, exigir explicaciones y cuidar los recursos públicos. Eso es lo que vamos a seguir haciendo”, concluyó Senn.

La concejal María Paz Caruso presentó su balance legislativo 2025, en el que repasó los principales proyectos, pedidos de informes y posicionamientos asumidos durante el año. La edil remarcó que su agenda estuvo orientada a “defender a los vecinos frente a decisiones improvisadas, aumentos excesivos y falta de controles claros”, al tiempo que impulsó iniciativas vinculadas a educación, infraestructura, obras públicas y ordenamiento urbano.

“Todos los proyectos lo presentamos y consensuamos como bloque, junto a Valeria Soltermam, Juan Senn, Martín Racca y ahora Maximiliano Postovit. Los mismos son el resultado de las recorridas y presencias constantes que tenemos con la comunidad, recorriendo los barrios, asistiendo a eventos, etc” manifestó la edil.

Entre la variedad de iniciativas de su autoría y el bloque destaca las siguientes: 

Caruso reiteró su oposición al terreno seleccionado por el Ejecutivo para la nueva alcaidía, ubicado dentro del radio urbano y próximo a viviendas. “La seguridad no se construye improvisando ni a costa de los barrios. Necesitamos planificación seria y consensos reales”, afirmó. Pese al voto negativo del bloque PJ, el oficialismo aprobó la donación del inmueble. Luego, presentó un proyecto para derogar la cesión, reclamando un análisis integral de localización y fue rechazado.

La edil destacó diversas gestiones vinculadas a infraestructura educativa. Acompañó la donación del terreno del urbanizador para la nueva Escuela Multinivel El Bosque, insistiendo en que en 2026 se concrete la transferencia al Gobierno Provincial y sea incorporada al presupuesto. También solicitó el llamado a licitación para la Escuela Post Pandemia del barrio Mora, ya con terreno donado, y pidió precisiones sobre la construcción de las 10 aulas anunciadas cuyo avance se encuentra demorado.“La ciudad crece y la infraestructura educativa debe hacerlo al mismo ritmo. No podemos seguir postergando obras esenciales para nuestras infancias”, enfatizó.

María Paz Caruso cuestionó el sistema de incrementos automáticos instaurado por Viotti, que generó subas superiores a la inflación, e impulsó su suspensión a mitad de año. 

“Los vecinos no pueden ser la variable de ajuste. El Estado debe ser equilibrado y responsable”, expresó. También logró reducir las tasas de interés por mora y acompañó reclamos de sectores productivos afectados por liquidaciones incorrectas.

La concejal reclamó la reincorporación de los 48 agentes de las P.A.T., la conexión de cámaras de escuelas al Centro de Monitoreo y la realización de una encuesta de victimización a través del ICEDeL. “No podemos resignar recursos cuando la inseguridad es la principal preocupación de los rafaelinos”, remarcó.Además, pidió la actualización del Plan de Contingencias y acciones coordinadas en el distrito rural.

Caruso solicitó informes sobre el funcionamiento del “refugio de invierno”, relevamientos de personas en situación de calle y la problemática de los lavacoches. Reclamó restablecer espacios institucionales como el Consejo Consultivo Social, lo que derivó en la puesta en marcha del Foro de Seguridad.“Sin datos no hay política pública. La contención social requiere decisión y presencia del Estado”, afirmó.

La edil insistió en fortalecer los mecanismos de control sobre las compras municipales. Pidió explicaciones por adquisiciones vinculadas a funcionarios y por contrataciones que excedían los límites permitidos. Ante la falta de respuestas claras, impulsó un pedido de interpelación que el Ejecutivo evitó mediante una respuesta escrita.

“La transparencia no se declama: se cumple. Cada peso público debe administrarse con responsabilidad”, sostuvo.

En materia de tránsito, Caruso solicitó planes de semaforización aún hoy inexistentes, intervenciones en zonas de riesgo y estadísticas sobre el uso del celular al conducir.Destacó especialmente la gestión ante Vialidad Nacional que permitió restituir la iluminación en los accesos de la Variante.“La prevención también se construye con infraestructura adecuada”, señaló.

De cara al 2026, María Paz Caruso reafirmó su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, firmeza y transparencia. “Nuestro deber es defender los intereses de Rafaela, escuchar a cada vecino y garantizar que las decisiones del Estado estén al servicio de la gente. El año que viene vamos a profundizar esta tarea, con más controles, más gestión y más presencia en cada barrio de la ciudad”, expresó la concejal.

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La concejal María Paz Caruso se refirió al anuncio del Ejecutivo municipal sobre la prohibición de los trapitos en el centro de Rafaela, una medida que, según explicó, se instrumentará a través de un decreto del intendente y no requerirá tratamiento en el Concejo Municipal. En ese marco, subrayó que el tema es complejo y que no puede abordarse únicamente desde una lógica punitiva.

Caruso recordó que, durante la jornada, el secretario de Gobierno Germán Botero se presentó en el Concejo por el tratamiento del presupuesto y fue consultado sobre el tema.

“Según lo que dice ese comunicado oficial, sería un decreto, es decir que no necesitaría el aval del Concejo”, explicó, al tiempo que señaló que se trata de una herramienta similar a la utilizada anteriormente con la implementación de los chalecos identificatorios. “En su momento eso se hizo mediante decreto porque no iba a haber acompañamiento del Concejo”, recordó.

La edil aclaró que, hasta el momento, el Concejo no formó parte de las conversaciones previas. “Hoy por hoy, nosotros no estamos siendo parte de estas tratativas”, afirmó. No obstante, indicó que el cuerpo legislativo sí había solicitado tiempo atrás información concreta sobre la situación. “Lo que hicimos hace algún tiempo fue pedir un informe, un relevamiento de las personas que estaban ejerciendo esta actividad pública”, detalló.

De acuerdo a esos datos, el Municipio informó que alrededor de 70 personas realizaban tareas vinculadas al lavado informal de autos. Caruso destacó que ese relevamiento dejó en evidencia una situación social muy delicada: “Muy pocos de ese relevamiento, si mal no recuerdo dos nomás, tenían el secundario completo”.

En ese sentido, la concejal sostuvo que su espacio no se opone a discutir la prohibición, pero insistió en que debe aplicarse de manera gradual. “Puede ir de la mano de la prohibición, pero una prohibición progresiva, porque tampoco se trata de decir ‘más esto’ de un día para el otro”, expresó.

Y agregó: “Sabemos que se pueden generar conflictos o situaciones en otros ámbitos, en otros barrios, porque son personas que necesitan un ingreso económico”.

Caruso fue clara al señalar que el Municipio debe asumir un rol activo en la contención. “Tiene que hacer un abordaje social. No se trata de tirar títulos con estas temáticas tan complejas”, remarcó. En esa línea, anticipó que aguardarán el contenido del decreto. “El decreto todavía no está, Germán dijo que iba a estar en los próximos días, lo vamos a leer y, por supuesto, estamos a disposición del intendente”, indicó.

La concejal también vinculó la problemática de los trapitos con otras situaciones que se repiten en el espacio público. “Ayer fue una de las cuestiones que nos planteó el Centro Comercial: los lavacoches y las personas en situación de calle”, comentó. Cuestionó algunas respuestas oficiales previas y sostuvo que “decir que están en la calle porque quieren no es una respuesta”.

Caruso afirmó que el problema excede una sola causa. “Hay personas que viven en la calle, otras que están de paso, algunas que no tienen dónde vivir y también hay problemáticas de consumo y de salud mental”, enumeró, y advirtió que los dispositivos actuales no alcanzan. “El refugio de invierno no termina de solucionar una problemática que es mucho más profunda”, aseguró.

Por último, la concejal recordó episodios de tensión ocurridos en el pasado y cuestionó la falta de continuidad en las acciones. “Cuando hubo una reacción en época de campaña, recordemos que terminaron a las piñas, con agentes atropellados, fue una escena catastrófica”, señaló. Y añadió: “Después se olvidaron, pasaron las elecciones y el tema desapareció, pero era obvio que en verano se iba a complejizar”.

En ese marco, Caruso fue crítica con promesas incumplidas. “Si se llegó con un plan de gobierno y se hablaba de cooperativas o de inserción laboral, ¿por qué hasta ahora no se hizo nada?”, planteó. Y concluyó: “En ese sentido, nosotros sí somos muy críticos”.

Este martes 9 de diciembre, a partir de las 20 horas, se desarrolla una sesión extraordinaria en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Rafaela (6° piso de Moreno Nº 8), donde asumen sus bancas los concejales electos en los comicios del pasado 29 de junio.

La ceremonia es encabezada por el presidente del cuerpo, Dr. Lisandro Mársico, quien le toma juramento por un período de cuatro años a los nuevos integrantes del órgano legislativo local.

Durante el acto, prestaron juramento:

Estos cinco ediles ocuparán su lugar en el recinto hasta 2029.

Con esta renovación parcial, concluyeron sus mandatos:

El resto del cuerpo mantiene su mandato hasta 2027:

Como ocurre cada año, la sesión extraordinaria incluyó también la elección de las autoridades del Concejo Municipal, designando nuevos cargos de presidencia, secretaría y prosecretaría. La definición completa de las autoridades será comunicada oficialmente tras la finalización de la sesión.

A pesar del requerimiento formal de todos los concejales para que Juan Pablo Aversa, Subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, se presente en el recinto a brindar explicaciones sobre la compra de bienes en el municipio, el encuentro no se concretará. Ya se anticipó en comisión que no estará el miércoles a las 9, como había sido establecido. “Nuestra intención era que venga a brindar la información y la transparencia que requiere un tema tan delicado como las posibles vinculaciones de un emprendimiento privado con la provisión al municipio, pero el funcionario se negó”, sostuvieron los concejales.

Hace meses, incluso durante los informes de gestión que debe presentar el Ejecutivo en el Concejo Municipal, los concejales Juan Senn, Martín Racca, Valeria Soltermam y María Paz Caruso vienen advirtiendo sobre diversas situaciones que, consideran, requieren ser aclaradas.

Uno de los puntos señalados es el nuevo emprendimiento del propio Subsecretario, quien asumió el 10 de diciembre de 2023 y dio de alta en 2024 una empresa para la comercialización de luminarias, justamente en el área sobre la que él tiene injerencia directa.

Ante consultas sobre posibles incompatibilidades, Germán Bottero y Juan Pablo Aversa presentaron en el Concejo declaraciones en las que argumentaron haber dado de baja como proveedora a la empresa familiar de agua de Aversa porque, según consta en grabaciones, “no era ético ni legal”.

Sin embargo, los concejales detectaron que en distintos eventos municipales seguían apareciendo productos de la marca de agua vinculada al funcionario, lo cual fue documentado y elevado formalmente.

“Es llamativo que traigan afirmaciones a la mesa cuando la realidad demuestra algo completamente distinto. Aversa salió a hablar en los medios, pero lo que se dice hay que probarlo. Por eso pedimos su presencia en el recinto”, expresó Caruso.

Senn se mostró sorprendido “por el tiempo que ocuparon varios funcionarios en hacer declaraciones sin presentar documentación. Esta era la instancia institucional para aclarar y cerrar el tema, pero Aversa elige no dar la cara. Eso nos preocupa, y más aún cuando seguimos esperando la información completa”.

Los ediles también recordaron que recurrieron a todos los mecanismos formales disponibles. Incluso citaron al proveedor que actualmente factura la marca de agua vinculada a Aversa, quien también se negó a asistir.

“Viotti, cuando era concejal, citó a un proveedor para aclarar una situación y el mismo se presentó. Hoy ocurre exactamente lo contrario”, agregó Soltermam.

Racca remarcó que una de las principales funciones del Concejo es ejercer el control de la gestión municipal: “Ese control lo realizamos con responsabilidad, con documentación que respalda cada planteo y generando las instancias de diálogo que estos temas ameritan. El manejo de fondos públicos exige transparencia absoluta”.

El pedido de interpelación a Aversa fue aprobado por unanimidad, con votos de concejales oficialistas y opositores. Ahora se espera que, al menos, se envíen completas las respuestas por escrito, para poder evaluar los pasos administrativos y legales a seguir.

Desde el bloque no oficialista remarcaron que evitar el diálogo institucional y no presentarse ante un pedido unánime del Concejo constituye un serio retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.

“La ciudadanía necesita funcionarios que den explicaciones, no que las eludan. Seguiremos insistiendo para que esta situación se clarifique y para que la gestión municipal rinda cuentas como corresponde”, concluyeron.

En el marco del debate por la Ordenanza Tributaria 2026, la concejal María Paz Caruso anticipó su rechazo al proyecto del Ejecutivo municipal que contempla una nueva actualización de tributos y tasas para el próximo año.

Junto al bloque que integra junto a Martín Racca, Valeria Soltermann y Juan Senn, Caruso sostuvo que “no hay razón para seguir castigando el bolsillo del vecino”.

“Como todos los años, alrededor del 30 de septiembre, el Ejecutivo eleva el proyecto de tributaria y de presupuesto. Primero se vota la tributaria, que define qué impuestos vamos a pagar al año siguiente, y después el presupuesto, que define cómo se gastarán esos recursos”, explicó la edil.

Caruso argumentó que los incrementos ya aplicados son más que suficientes: “En 2024 se aprobó un aumento del 306%, y este año se sumó otro 60%, lo que da un 360%. Hicimos un análisis profundo de las cuentas municipales, y no hay nada que justifique seguir subiendo los impuestos”.

En ese sentido, recordó los antecedentes de la fórmula polinómica impulsada por el oficialismo: “Fue regresiva y perjudicó directamente al vecino, que tuvo que pagar los meses de mayor inflación de 2023. En su momento lo denunciamos y propusimos escalonamientos, pero no fuimos escuchados”.

Caruso fundamentó su posición en los números actuales de la gestión municipal: “El año pasado a la Municipalidad le sobraron 500 millones de pesos. A agosto de este año el superávit ya ronda los 3.000 millones. No hay riesgo para las finanzas municipales. Muy por el contrario, se está cobrando de más”, aseguró.

La concejal también señaló que la recaudación crecerá automáticamente en 2026 por otras vías: “Además de las tasas, el municipio recibe recursos provinciales por impuesto inmobiliario y patentes, que subirán un 50% y 70% respectivamente. Y tiene plazos fijos cuyos intereses generarán 1.800 millones de pesos el año que viene. No hay ninguna necesidad de cargar con más impuestos al vecino”.

Entre otras cuestiones, Caruso fue crítica con la falta de relación entre los tributos y la calidad de los servicios: “La gente quiere pagar, es responsable. Pero exige que el servicio sea bueno. Y eso no siempre sucede. No se puede pedir más sin mejorar las prestaciones. El aumento de 2023 fue un saqueo, y todos sufrimos el reclamo”.

Los Concejales Caruso, Racca, Senn y Soltermam emitieron un duro comunicado en referencia a la decisión del Intendente de rescindir el convenio para la construcción de 10 aulas en las escuelas de Rafaela. “Como había que aportar fondos locales, decidió no ejecutarlo. Con un superávit de más de $5.000 millones de pesos, ni siquiera lo consultó con el órgano legislativo”, planteó María Paz Caruso.

En el mes de marzo de este año, el Intendente Viotti aprovechó el acto de entrega de los recursos destinados al Fondo de Asistencia Educativa para anunciar que había firmado un convenio con el Ministerio de Educación Provincial mediante el cual recibiría los fondos para construir 10 nuevas aulas en escuelas de la ciudad, las cuales no estaban definidas.

El anuncio incluyó el monto por cada módulo áulico, estimado en 48 millones de pesos y el plazo de obra el cual no superaría el calendario 2025, iniciando los trabajos en 5 establecimientos y luego los restantes. De este modo, se sumarían al ciclo lectivo 2026 unos 300 bancos adicionales a los existentes. Sin dudas, una medida recibida con amplio beneplácito por la comunidad escolar.

“Estamos ya en el mes de octubre y no vimos ninguna obra iniciada. Directivos y docentes nos consultan por el tema, por eso decidimos hacer un pedido de informe en agosto al Departamento Ejecutivo para conocer cómo venía la ejecución del programa, si se habían definido las escuelas, si se habían recibido los fondos. Y nos encontramos con una gran sorpresa y no de las buenas. Hace unos meses Viotti rescindió el convenio porque el monto de cada aula era mayor a los fondos que aportaba el Ministerio”, describió María Paz Caruso.

La Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Educación, definió las 10 escuelas que serían beneficiadas basándose en un criterio de distribución justa y equitativa. Posteriormente, elaboró presupuestos en base a costos promedios y presupuestos tentativos, los cuales superaban el monto otorgado.

“El Intendente prometió que antes de fin de año estarían las aulas construidas. Surgió esta diferencia y el Municipio tenía que aportar un monto considerable, unos 400 millones de pesos. Pero en mayo tenía un superávit mayor a 5.000 millones de pesos. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Por qué lo hizo él sólo? Podría haber consultado que pensábamos todos los Concejales, no solo nuestro bloque. Es su forma de gobernar”, dijo Juan Senn.

Lo cierto es que el convenio quedó formalmente finalizado con el compromiso teórico de que el Ministerio se haga cargo de la totalidad de la obra. Pero hasta el momento no hay definiciones al respecto. “Una vez más el Gobierno de la Provincia tiene que salir a responder y resolver lo que Viotti no hace por nuestra ciudad, si no defiende lo nuestro el Intendente, ¿quién lo hará? Nosotros vamos a seguir de cerca cada uno de los programas para que Rafaela sea prioridad en la provincia”, manifestó Racca.

“Por no aportar plata que teníamos los rafaelinos, que salen de nuestros impuestos, de la tasa, del Drei, nos perdimos esta oportunidad. El 2026 ya está perdido para contar con estas aulas. Por lo menos que ahora gestionen con el Ministerio el inicio de la obra, no pueden mentir de esta forma”, fustigó Valeria Soltemam.

Los ediles también manifestaron su preocupación en materia de infraestructura educativa, ya que no hay avances con la escuela del Barrio Mora. “Para educación nada, pero sí mucho interés y celeridad en la construcción de la cárcel en el sector norte”, cerró Racca.

Desde hace tiempo, los concejales están marcando irregularidades de diferente índole en los procesos de compras municipales en la gestión Viotti, alguno de los cuales estaría incluso por llegar a la justicia. En este caso, aportan pruebas como listados de facturas, proveedores y fotos que comprobarían la relación de quien suministra envases de agua al Municipio con el Subsecretario de Servicios Públicos, Juan Pablo Aversa y con el propio Intendente Municipal.

Dada las sospechas persistentes, la consulta llegó de forma directa en el mes de mayo, durante el informe de gestión que brindó el Secretario de Gobierno, Germán Bottero. Ambos funcionarios negaron tal circunstancia y aseguraron que Aversa no vendía más sus productos al Municipio. “Es un funcionario probo que nunca ha cometido ninguna cuestión que tenga que ver con incumplimientos de su deber como funcionario público y nunca lo va a hacer. Mientras sea subsecretario, no va a venderle al Estado porque no corresponde, no es ético ni legal”, había sentenciado Bottero, referente político de la gestión.

“En las redes municipales se ven los productos, en los actos oficiales también y, en ocasiones, le hacen sacar la etiqueta. El proveedor tiene estrechos vínculos con Aversa y con Viotti, se dio de alta en la nueva gestión y se desempeñaría laboralmente en la empresa que fabrica el bien…”, contó Racca.

Aversa es el mismo funcionario que el año pasado habilitó un local para incursionar en el mundo de la venta de luminarias LED, en pleno proceso de adquisiciones millonarias de estos elementos por parte del Municipio, más específicamente a través de la Secretaría de la cual depende.

Al ser detectada la situación por los Concejales, los mismos ingresaron pedidos de informes y llevaron a cabo las consultas. Bottero y Sagardoy fueron los responsables en empeñar su palabra. “Aversa no le venderá al municipio, no es legal ni ético que lo haga”, dijeron.

La escena subió de tono cuando el funcionario narró que el Indentente Viotti le pidió que se diera de baja como proveedor de aguas a través de su empresa familiar. “Esto sucedió y hoy el proveedor del municipio es otro”, dijo Bottero el 30 de mayo. En la sesión pasada, los propios concejales reprodujeron estos audios.

“En los pasillos del municipio y los eventos oficiales se ven los productos de la empresa de Aversa. Necesitamos la información oficial para despejar dudas, pero la misma no la envían tal cual prometieron”, se molestó Juan Senn.

Los ediles oficialistas se comprometieron a llevar la documentación para aclarar el caso a la comisión del día lunes 22, de lo contrario ellos iban a tomar medidas. “Ese día no apareció ningún papel, sólo Aversa salió a los medios a desligarse de su empresa pero nunca negó la situación ni aportó las pruebas que la aclaren”, sentenció Caruso.

Este cuestionamiento se suma al ya realizado por las compras directas de alimentos superando ampliamente los montos autorizados y los pagos a un proveedor de seguridad sin marco legal admitidos durante la discusión del corrimiento de partidas presupuestarias. “Estamos esperando las respuestas a las minutas, si la información no es clara vamos a ir a la justicia”, cerró Soltermam.

Durante dos días, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sede del 7° Encuentro de Concejos Deliberantes de Argentina. La propuesta fue organizada por Legislaturas Conectadas, una red institucional de comunicación y acción interparlamentaria abierta a la participación ciudadana.

Acompañaron la actividad, 70 delegaciones de todo el país y un total de 150 representantes. El dato más valioso es que las 23 provincias de Argentina, sumada  C.A.B.A., estuvieron representadas y le otorgaron al encuentro un marco federal. Concejales, responsables de prensa y de otras áreas institucionales, se encontraron para intercambiar experiencias y propuestas que aporten a mejorar la institucionalidad y al trabajo diario. Además, fortalecieron lazos y trabajaron de manera colaborativa en los desafíos mutuos.

En representación del Concejo Municipal de Rafaela estuvieron presentes su presidente, Lisandro Mársico y su vicepresidenta, María Paz Caruso. Ambos participaron activamente de las dos jornadas de trabajo en las cuáles hubo charlas, disertaciones y dinámicas grupales.

Durante el primer día, se desarrolló el eje temático denominado “Juventud, Riesgos y Acción: Abordajes legislativos sobre Bullying, Grooming y  Consumos Problemáticos”, a cargo de Matías Kornetz, Director General de Políticas Sociales en Adicciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Posteriormente, el Diputado Hernán Reyes expuso acerca de las políticas públicas en territorio. Seguido a esto, la charla “Participación ciudadana juvenil”,  fue dictada por las autoridades de la Fundación Éforo y el Director General de Atención Ciudadana de la Legislatura porteña, Martín Cesar.

Luego, los participantes debatieron en equipos, compartieron ideas y experiencias sobre la realidad de sus ciudades, en relación a estos tópicos. Los concejales de la ciudad de Rafaela dialogaron con ediles de Santiago del Estero, Neuquén; Merlo, Luján y San Martín (Buenos Aires). Expusieron sus visiones y las políticas públicas que se pueden impulsar desde el ámbito legislativo en relación a las apuestas en línea y los consumos problemáticos digitales.

El martes, se trató el eje temático  “Innovación Digital en Concejos Deliberantes: Inteligencia Artificial al Servicio de la Transparencia y la Eficiencia Legislativa". La misma fue encabezada por  Pablo Riveros, Director de la Oficina de Política Informada en Evidencia, de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Al finalizar la disertación, se conformaron mesas de trabajo en las cuales se llevaron adelante distintos intercambios y puestas en común de las reflexiones en base a esta temática. Los legisladores de la ciudad de Rafaela coincidieron en que la Inteligencia Artificial es un tema que se suele abordar en el órgano legislativo local y remarcaron la importancia de seguir capacitándose en este tópico para estar aún más a la vanguardia.

Previo a cerrar el encuentro, se compartieron las conclusiones generales a las que se arribaron luego de dos días de intercambio fructífero. Se resaltó la importancia del trabajo interdisciplinario y articulado entre los distintos niveles.

Lisandro Mársico y María Paz Caruso realizaron un balance sobre el 7° Encuentro de Concejos Deliberantes Argentinos. El mismo puede ser consultado a través de la página web oficial del órgano legislativo local: (https://www.concejorafaela.gob.ar/transparencia/balance-de-gestion). 

En primera instancia, el presidente del Concejo Municipal de Rafaela expresó: “Fue una experiencia muy enriquecedora y productiva porque nos permitió intercambiar opiniones y visiones con concejales de todo el país”. De igual manera agregó: “Logramos contarles a todos los participantes lo que hacemos desde el Concejo y además nos trajimos varias ideas para Rafaela. Realmente esto nos nutrió mucho para lograr mejores legislaciones en relación a los temas abordados”.

Por su parte, la vicepresidenta del cuerpo legislativo argumentó: “Fue una importante experiencia como concejales ya que fueron capacitaciones especialmente desarrolladas para las mejoras en el trabajo legislativo.” Asimismo complementó: “El intercambio con otras comunidades es fundamental, teniendo en cuenta que nos contaron cómo trabajan y cómo abordan las diferentes temáticas. Todos los concejales siguiendo la línea y la premisa de estar cerca del ciudadano y del vecino”.  

El Concejo Municipal de Rafaela continúa consolidando la imágen de un Concejo comprometido, cercano y cada vez más conectado, en esta ocasión en esta propuesta donde prevaleció la pluralidad de ideas.

Este lunes 15 de septiembre, el presidente del Concejo Municipal de Rafaela, Lisandro Mársico, y la vicepresidenta María Paz Caruso participaron de la primera jornada del 7º Encuentro de Concejos Deliberantes, que se desarrolla en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El evento, organizado por la red interinstitucional “Legislaturas Conectadas”, reúne a más de 70 órganos legislativos de toda Argentina, alcanzando un récord de 180 participantes.

En el primer día de actividades, el eje temático fue “Juventud, Riesgos y Acción: Abordajes legislativos sobre Bullying, Grooming, Consumos Problemáticos y Participación Ciudadana”, con una conferencia a cargo de Matías Kornetz, Director General de Políticas Sociales en Adicciones del Gobierno porteño.

Los representantes de Rafaela compartieron intercambios con legisladores de diferentes provincias, abordando también problemáticas vinculadas a los consumos digitales problemáticos y las apuestas en línea.

En diálogo con la prensa, Mársico sostuvo: “Fue una hermosa experiencia, hemos aprendido mucho sobre los temas que se abordaron en el día de hoy. Además, pudimos intercambiar con otros ediles que estaban en nuestra mesa de trabajo y esto nos permitió conocer algunas legislaciones y experiencias en distintos temas de otras localidades”.

Por su parte, Caruso destacó: “Fue una jornada muy productiva y gratificante. Estas instancias son claves para pensar en nuevas políticas públicas relacionadas a temas que nos afectan a todos. Fueron muy enriquecedoras las interacciones que tuvimos con otros concejales teniendo en cuenta que logramos conocer el trabajo legislativo que llevan adelante en las distintas provincias”.

En agosto pasado, el Concejo Municipal de Rafaela adhirió a la red Legislaturas Conectadas, que busca articular el trabajo de los distintos cuerpos parlamentarios del país y debatir en conjunto sobre problemáticas actuales.

Los concejales Juan Senn, María Paz Caruso Mónaco, Martín Racca y Valeria Soltermann presentaron un proyecto en el Concejo Municipal de Rafaela para exigir al Departamento Ejecutivo información precisa sobre el estado actual de la refacción del techo de la sede vecinal del Barrio Martín Fierro, e instar a que la obra comience de manera urgente.

La iniciativa surge tras reiterados compromisos incumplidos por parte del Ejecutivo, que generaron enojo y malestar en los vecinos, quienes desde hace tiempo esperan una solución concreta para poder hacer uso de las instalaciones.

“Las comisiones vecinales son el corazón de la participación ciudadana. No podemos permitir que se debilite la confianza en estas instituciones por promesas que nunca se cumplen. La sede de Martín Fierro necesita el recambio del techo de forma urgente y es nuestro deber acompañar este reclamo. Es insostenible que el enorme trabajo que hace la comisión, lo desarrolle afuera de las instalaciones”, señalaron los concejales.

Desde el bloque subrayaron que el objetivo es garantizar condiciones edilicias seguras y adecuadas para que la sede vecinal pueda seguir siendo un espacio de encuentro, organización y participación activa de la comunidad. 

Los concejales Caruso, Senn, Racca y Soltermam ingresaron un proyecto de ordenanza que pretende adecuar a la nueva realidad económica nacional los intereses que cobra la Municipalidad de Rafaela para las deudas vencidas. La primera ordenanza tributaria del Intendente Viotti duplicó la tasa de interés llevándola del 2,5% mensual al 5%. 

“En ese momento lo acompañamos porque el proceso inflacionario dejaba totalmente desactualizado los importes, iba a ser conveniente no pagar y eso iba a impactar en los recursos municipales. Hoy la situación es totalmente al revés, si te atrasas los intereses son desmedidos”, comentó María Paz Caruso.Concretamente, el proyecto propone modificar los artículos 29º y 30º de la ordenanza tributaria reduciendo la tasa de interés mensual para regularizar deudas municipales al 2%. En cambio, mantiene el valor para las deudas en gestión judicial. “Hay que dar señales claras, hay que incentivar a que los contribuyentes puedan cumplir y valorar a quienes se acercan a solucionar el problema cuando se atrasan”, continúo Senn.

El proyecto será tratado en comisión el próximo lunes y seguramente requerirá la presencia de los funcionarios del Departamento Ejecutivo para conocer su postura. Soltermam planteó: “Estamos en un momento difícil y, por ejemplo, la Tasa Municipal aumentó 360% en el último año y medio. Es lógico pensar que la gente se atrase, pero si querés hacer un convenio de pago y te someten a estos intereses es imposible”. Es importante sostener los recursos municipales, hacer análisis de los ingresos y gastos y en función de eso trabajar en propuestas. “Somos una Municipalidad que administra tributos, no una cueva financiera que cambia cheques”, cerró Racca.

La Zona de Estacionamiento Controlado ha sido un servicio que puso en funcionamiento el municipio hace una década aproximadamente. ”Es importante conocer cómo impactó el aumento del valor de la hora de estacionamiento en el comportamiento de los usuarios, las inversiones que se están haciendo con los fondos, la articulación con las casas de estudio para prestar el servicio”, expresó Caruso. La edil también solicitó que se retome la venta de crédito en el hall del municipio que era uno de los lugares que más se utilizaba.

El pedido de informes fue aprobado en la última sesión del Concejo Municipal. En el mismo, los ediles no oficialistas solicitan que el Departamento Ejecutivo informe el desarrollo de las principales variables del servicio de estacionamiento que brinda el Municipio local durante los últimos años. “Hubo un fuerte aumento del valor de la hora, que recordemos va atado a la U.C.M. Más del 360% en el último año y medio, por eso es importante conocer si hubo un impacto en los hábitos de la gente. También es un indicador del movimiento comercial de la zona céntrica”, declaró María Paz Caruso.

Entre los datos que deberá informar la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, que es de la cual depende el servicio, se encuentran: la evolución del valor, cantidad de movimientos registrados, la recaudación mensual desde el año 2023 y las condiciones del convenio que mantiene el Municipio con la Universidad Tecnológica Nacional.

Los ingresos que produce la Z.E.C. tienen destinos establecidos. El 50% de las ganancias que produce el sistema es administrado por la Municipalidad para llevar a cabo tareas de mantenimiento en seguridad del área como ser cartelería, pintura de cordones y sendas, iluminación, entre otras.

El restante 50% se destina a un fondo para tareas de promoción comercial el cual es administrado por el Centro Comercial para la transformación de las arterias o con motivos de fechas especiales o eventos que convocan masivamente a la ciudadanía. 

Por último, Caruso solicitó evaluar la posibilidad de retomar venta de crédito tanto para Z.E.C. como para S.U.B.E. en el Hall Municipal. “También es posible que existan pedidos de ampliación o no de la zona o pedidos de excepción como hemos recibido en el Concejo por parte de algunos profesionales de la salud, por esto debemos conocer la planificación del Municipio” cerró María Paz Caruso.

La concejal no oficialista María Paz Caruso se refirió a la situación de la compra directa de alimentos para la asistencia social, tras la reciente aprobación de su prórroga por parte del Concejo.

Caruso expresó su preocupación por lo que considera un "olvido" por parte del Intendente Leonardo Viotti, quien no presentó el proyecto de ordenanza en tiempo y forma. "Nosotros planteamos que hubo un olvido por parte del Intendente de presentar el proyecto de ordenanza de prórroga en tiempo y forma, pero principalmente un olvido de las necesidades de la gente", comentó Caruso ante el micrófono de Radio Rafaela.

La concejal también criticó la actitud del Intendente, al sostener que el conflicto sobre la compra de alimentos se originó en el propio Ejecutivo. "Lo que nos resulta altamente preocupante es que el conflicto lo generó el propio Intendente a través de los medios de comunicación", afirmó Caruso, quien recordó que el Concejo había ofrecido realizar una sesión extraordinaria para tratar el tema de la prórroga de la compra directa de alimentos, pero que el Intendente no aceptó esta propuesta.

Además, Caruso remarcó que, pese a la disponibilidad de su espacio para resolver la situación, la falta de diálogo y la improvisación del Ejecutivo terminaron afectando a los sectores más vulnerables. "Nosotros le pedimos que trabaje, que se abra el diálogo y que revele la situación de la alcaldía", indicó, destacando que el conflicto podría haberse evitado con una mayor previsión y responsabilidad del Ejecutivo.

En cuanto a la situación actual, Caruso expresó su preocupación por las consecuencias de la falta de alimentos. "Hoy lamentablemente muchas personas aumentan sus necesidades para tener alimentos, le quitaron un día de viandas en algunos sectores de nuestra ciudad", indicó, resaltando que la falta de planificación por parte del Ejecutivo está perjudicando directamente a los vecinos de Rafaela.

"La gente ve la falta de presencia del municipio en un montón de sectores y eso repercute en la vida diaria de nuestra comunidad", añadió la edil. Y en esa línea, remarcó la falta de soluciones ante una situación urgente que afecta principalmente a familias en situación de vulnerabilidad.

Por último, Caruso se mostró crítica con la falta de transparencia en la gestión municipal. "Lo que ayer nos dijeron los funcionarios es que ellos ya habían iniciado los procesos de licitación", comentó. La concejal concluyó su intervención haciendo un llamado a la responsabilidad del Intendente y su equipo, insistiendo en que la situación no puede ser utilizada para "culpar al Concejo" y que la falta de transparencia y de comunicación con los concejales ha generado este conflicto innecesario.

Los concejales de Rafaela Juan Senn, Martín Racca, María Paz Caruso, Valeria Soltermam, Maximiliano Postovit (concejal electo) y el ex intendente Luis Castellano presentaron una serie de propuestas concretas para ser incorporadas en el proceso de reforma de la Constitución Provincial de Santa Fe.

El documento fue elaborado en base a la experiencia de gestión local y con una visión estratégica sobre los desafíos actuales y futuros del Estado santafesino. Las propuestas están orientadas a ampliar derechos, modernizar instituciones y fortalecer las capacidades del gobierno local y regional.

Días atrás, los concejales también mantuvieron una reunión con el abogado constitucionalista Dr. Enrique Marchiaro, donde se abordaron en profundidad los alcances del proceso de reforma constitucional y se analizaron mecanismos viables para incorporar mayor autonomía y participación de los gobiernos locales dentro del nuevo texto constitucional.

● Seguridad pública y democrática: se propone un nuevo mecanismo de designación del Jefe de Policía de cada Unidad Regional, a través de una terna elevada por el Poder Ejecutivo Provincial. La designación deberá contar con el acuerdo del Intendente, la aprobación del Concejo Municipal y el respaldo del Consejo Departamental de Seguridad, conformado por las autoridades locales del Departamento. También se promueve la implementación de políticas de prevención barrial con participación municipal.

● Protección y salud animal: se propone incorporar a los animales como seres sintientes en la Constitución, promoviendo su protección integral, la salud animal como parte de la salud pública, la castración gratuita y temprana, y la asistencia veterinaria desde los gobiernos locales.

● Tribunal de control social y evaluación democrática: se plantea la creación de órganos autónomos provinciales y municipales que auditen y evalúen la gestión pública de los poderes Ejecutivo y Legislativo, midan resultados y promuevan la transparencia institucional. Estos órganos estarían encabezados por representantes designados por la oposición y abiertos a la participación ciudadana.

● Derechos sociales y desarrollo humano: se propone consagrar constitucionalmente el derecho a la alimentación, la salud, la vivienda digna y el trabajo decente, además de establecer políticas específicas para personas en situación de vulnerabilidad, niñeces, personas mayores, con discapacidad y víctimas de violencia de género.

● Gobernanza metropolitana: se impulsa el reconocimiento constitucional de las áreas metropolitanas como espacios de planificación estratégica, con capacidad jurídica y operativa, y acceso a financiamiento para implementar políticas regionales conjuntas.

● Ambiente sano y justicia ecológica: se propone incorporar el derecho a un ambiente sano, el deber del Estado de prevenir la degradación y restaurar los ecosistemas, y garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública y la existencia de justicia ambiental especializada.

● Inclusión digital y gobierno abierto: se plantea el acceso equitativo a las tecnologías, la alfabetización digital y una conectividad adecuada como nuevos derechos. Además, se impulsa el uso de tecnologías como la inteligencia artificial bajo principios de respeto a los derechos humanos, la participación digital y el acceso público a la información.

Las propuestas presentadas buscan aportar al debate constitucional desde una mirada territorial, moderna y profundamente democrática.

Los concejales no oficialistas de Rafaela expresaron su preocupación ante la falta de avances en la implementación de la auditoría externa municipal, una herramienta de control prevista por ordenanza desde 2019. 

Juan Senn, María Paz Caruso, Martín Racca y Valeria Soltermam firmaron un comunicado en el que advierten que el intendente Leonardo Viotti "no pone como prioridad la transparencia en su gestión" y que "eso lo demostramos con pruebas: evita la presencia de la Subsecretaria de Auditoría en el Concejo y aún no ha iniciado la auditoría externa".

El concejal Martín Racca explicó que, más que una denuncia formal, se trata de un intento de presionar al Ejecutivo para que cumpla con la normativa vigente. “Lo que estamos intentando es un mecanismo de presión, por eso tomó estado público el parte de prensa que hizo nuestro espacio político, para activar una ordenanza que está vigente desde 2019, que el mismo Viotti promovió”, sostuvo.

Racca recordó que fue el actual intendente, en su rol de concejal opositor durante la gestión de Luis Castellano, quien impulsó la posibilidad de implementar auditorías externas como mecanismo para mejorar la transparencia del municipio. “Entendemos que las auditorías son procesos largos, complejos, que permiten la toma de decisiones basada en pruebas, en evidencia, sacando la discusión política”, explicó.

Desde el bloque afirmaron haber agotado las instancias formales para avanzar en el proceso. “Venimos insistiendo desde hace varios meses y todavía no hemos tenido respuestas”, reclamó Martín Racca. 

La normativa establece que la auditoría externa debe solicitarse con al menos seis meses de antelación al cierre del ejercicio contable. “Estamos medio apresurados en ese sentido y lo que decidimos es evaluar esta estrategia de una comunicación formal a través de los medios para activar la ley que el mismo Viotti promovió y hoy no estaríamos cumpliendo”, indicó Racca.

Los concejales presentaron una lista de posibles programas o secretarías a auditar, con foco en las áreas vinculadas a finanzas y presupuesto, pero aún no recibieron una respuesta oficial. “Auditar todo el municipio es imposible, es muy complejo, así que vamos a tener que seleccionar casi de manera quirúrgica en qué áreas, programas o secretarías vamos a llevar adelante ese trabajo”, detalló.

Además, advirtió que se necesitarán profesionales con formación específica en administración pública, lo que implicaría eventualmente lanzar una licitación para la contratación de honorarios. “Eso lleva varios meses, entonces ya no vamos a llegar este año”, alertó.

Racca fue enfático en subrayar que el cumplimiento de la ordenanza no es optativo. “Queremos que este año se audite, como dice la ordenanza que el propio Viotti fue promovió, que se cumpla. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Bueno, que se haga lo que la ley dice”, reclamó.

También señaló que esta iniciativa no es personal, sino institucional de su espacio político. “Si bien es verdad que yo en diciembre termino mi mandato, va a seguir trabajando el bloque, en este caso con Maximiliano Postovit como mi reemplazo. Entendemos que hay una cuestión que tiene que ver con la institucionalidad y, fundamentalmente, con trabajar la transparencia”, dijo. 

El concejal cerró con una reflexión sobre el valor de la auditoría externa como herramienta apartada de intereses partidarios: “La idea es que el Concejo y el Ejecutivo lleven adelante las herramientas y los procesos que tienen habilitados por ley, por norma, y que se cumpla efectivamente ese proceso de transparencia. Esto sería externo, no intervienen los partidos políticos en los resultados, y en base a los resultados se pueden tomar las decisiones correspondientes para dar cuenta y mejorar todos los procesos que lleva adelante el Estado”.