San Martín es aproximadamente cuatro veces más grande que Rafaela y concentra actualmente un entramado metalúrgico y metalmecánico enorme (produce cerca del 5% del PBI industrial argentino).Por su parte, Rafaela hizo su historia con la misma materia prima: talleres que se volvieron fábricas, familias que apostaron a producir, una ciudad que se ordenó alrededor del trabajo. Por eso los concejales Juan Senn y María Paz Caruso viajaron esta semana hasta allá, para nutrirse de nuevas experiencias que pueden adaptarse a nuestro medio para potenciar y renovar formas de gestionar y concretar.

En el Municipio: herramientas para las empresas y trámites más simples

La primera parada fue la Municipalidad, donde los recibió Alejandro Tsolis, secretario de Producción y Desarrollo Económico. La conversación comenzó por las coincidencias del perfil productivo entre ambas ciudades y siguió por qué instrumentos pueden desarrollar los municipios para acompañar a sus empresas, sus comercios, sus emprendedores, y cómo sacarles burocracia de encima a quienes quieren invertir.Uno de los temas que más tiempo ocupó fue el de las habilitaciones comerciales. San Martín viene trabajando en simplificar y digitalizar ese circuito, que suele ser el primer contacto (y el primer dolor de cabeza) entre un vecino que quiere abrir su negocio y el Estado municipal.

"El secretario de Producción y Desarrollo Económico, Alejandro Tsolis, nos presentó las principales herramientas que desarrollan para las empresas, es un municipio que trabaja mucho en la innovación y en la articulación permanente con la Universidad Nacional de San Martín, que es algo a destacar y que debemos trasladar a nuestra ciudad. Es fundamental que se puedan articular políticas públicas entre las universidades y la Municipalidad", señaló Senn.Caruso puso el foco en otro aprendizaje durante la recorrida: "Conocimos la experiencia de los Centros de Atención al Vecino, donde toda la comunidad puede acercarse con un reclamo, con un pedido y agilizar la vida a la gente, que es lo que queremos replicar en Rafaela." Y agregó, sobre el tema de las habilitaciones: “Cuando alguien decide abrir un comercio en Rafaela está apostando por la ciudad, poniendo plata y ganas. El Estado no puede ser el primer obstáculo que se encuentra en el camino”.

En la UNSAM: los laboratorios donde la ciencia trabaja para la industria

Por la tarde, la visita se trasladó al campus de la Universidad Nacional de San Martín. Allí, los concejales rafaelinos conocieron el Instituto de Nanosistemas y la Escuela de Bio y Nanotecnologías.“Esos laboratorios prestan servicios técnicos a empresas, acompañan desarrollos, resuelven problemas concretos que una pyme sola no podría resolver”, declaró Caruso.

"Nos encontramos con investigadores resolviendo el problema de una empresa que está a diez cuadras. Esa es la articulación de la que hablamos, y que se basa en la decisión política de sentar a todos en la misma mesa", planteó Senn. “Rafaela tiene industria, tiene instituciones, tiene universidades. Lo que hay que hacer es conectarlas mejor y sostener esa conexión en el tiempo, no en un acto y una foto", concluyó.

Traer ideas, no calcos

Ninguna de las dos ciudades es un modelo para copiar entero. San Martín tiene escala, cercanía a Buenos Aires y problemas que Rafaela no tiene. Rafaela tiene una densidad institucional y una cultura del trabajo que en el conurbano cuesta encontrar.La apuesta, dicen los concejales, es otra: mirar lo que funciona en otros lados, entender por qué funciona y traducirlo a la escala rafaelina.

"Rafaela tiene una potencia enorme y a veces nos falta salir a mirar cómo hacen otros para animarnos a hacer las cosas distinto. No se trata de copiar: se trata de aprender”, observó Senn. "Renovar Rafaela no es empezar de cero, es tomar lo que la ciudad ya construyó y darle las herramientas que hoy le faltan. Trámites más simples, un Estado que escuche cerca y una universidad trabajando codo a codo con la industria. Nada de eso es imposible y hay caminos iniciados, pero hay que potenciarlos", cerró Caruso.

Los concejales Juan Senn y María Paz Caruso mantuvieron una reunión con Gabriel Díaz Zolorzalo, gerente de Relaciones Gubernamentales de Mercado Libre, en las oficinas que la compañía posee en el barrio porteño de Saavedra. Durante el encuentro presentaron el régimen rafaelino de incentivo para grandes inversiones y repasaron distintas ventajas que, según plantearon, puede ofrecer la ciudad para futuros desarrollos.

La intención, explicaron, es que Rafaela vuelva a estar entre las alternativas evaluadas por empresas de gran escala cuando definan nuevas inversiones, ampliaciones o proyectos vinculados con tecnología, logística y servicios.

“Queremos que Rafaela esté presente, que esté en el radar de empresas de estas características para que pueda ser sede de sus inversiones. Eso es lo que después se traduce en empleo para nuestra comunidad”, sostuvo Senn.

Durante la presentación, los ediles también brindaron información sobre el entramado productivo, la infraestructura logística, la formación de recursos humanos y el sistema educativo de Rafaela, además de explicar los beneficios contemplados por la ordenanza municipal destinada a promover grandes inversiones.

Mercado Libre tuvo anteriormente una oficina en la ciudad, que dejó de funcionar durante 2025. En ese sentido, Senn sostuvo que uno de los factores que incidieron en aquella decisión estuvo relacionado con los costos municipales y consideró necesario revisar las condiciones que Rafaela ofrece a grandes compañías.

“Una ciudad no puede darse el lujo de que una empresa de esa escala levante sus oficinas por un problema de costos locales. Y tampoco puede quedarse esperando: hay que ir, explicar qué se cambió y qué se está ofreciendo hoy”, expresó el concejal.

Caruso, por su parte, destacó que el encuentro también permitió conocer las perspectivas de crecimiento y las necesidades futuras de empresas vinculadas con la economía digital. “Estas reuniones son importantes para saber cómo tenemos que estar preparados, hacia dónde van los negocios digitales y cuál será el panorama de acá a cinco años”, señaló.

Los concejales indicaron que la reunión permitió abrir un canal de diálogo con la empresa y forma parte de una agenda de encuentros con compañías, universidades y gobiernos locales para promocionar las capacidades de Rafaela y detectar oportunidades de desarrollo.

“Nuestro trabajo es que Rafaela sea conocida y que, cuando se abra una oportunidad, estemos entre las opciones posibles”, concluyó Caruso.

“Tener llegada al territorio nos permite identificar las necesidades y las principales problemáticas que ve la comunidad, centradas principalmente en la inseguridad y la economía familiar”, señalaron los ediles.

Las recorridas también cuentan con la participación de los concejales Valeria Soltermam y Maximiliano Postovit, quienes integran el bloque justicialista en el Concejo Municipal.

Durante los encuentros, los concejales destacan que cada barrio presenta una realidad particular y que, a su vez, cada familia atraviesa situaciones diferentes. Entre las principales preocupaciones que manifiestan los vecinos aparecen la pérdida de empleo, la caída en las ventas que afecta a numerosos comercios y las dificultades económicas que impactan en la vida cotidiana.

En ese contexto, el bloque brinda acompañamiento a quienes lo necesitan, colaborando en la confección de currículums, ofreciendo asesoramiento sobre alternativas para la búsqueda laboral y respondiendo consultas vinculadas a distintas herramientas disponibles.

Además, muchas de las conversaciones giran en torno al aumento de los costos de los servicios y al Plan de Pavimento, temas sobre los cuales los concejales brindan información y explican en detalle las iniciativas y propuestas impulsadas desde el bloque.

En los últimos días, las recorridas se realizaron en los barrios Zazpe, Villa Rosas y Jardín, donde los ediles dialogaron con vecinos, comerciantes e instituciones, reafirmando el compromiso de seguir construyendo una agenda basada en la escucha y la cercanía con la comunidad.

La concejal del Partido Justicialista María Paz Caruso expresó su preocupación por la presencia de basura acumulada y dispersa a lo largo de la Variante de la Ruta Nacional 34, especialmente en los sectores utilizados por vehículos que transportan residuos hacia el Complejo Ambiental de Rafaela.

La situación quedó expuesta luego de los trabajos de desmalezado realizados por el municipio en el lugar. A partir de reclamos recibidos por parte de vecinos, la edil recorrió la zona y presentó una minuta de comunicación acompañada por registros fotográficos.

“Con el desmalezado que realizó el municipio quedó en evidencia toda esa dispersión. En algunos lugares hay focos concentrados, pero también vemos muchos residuos distribuidos a lo largo del trayecto”, explicó Caruso.

La concejal aclaró que las tareas de mantenimiento corresponderían a la órbita nacional, aunque fueron ejecutadas por el gobierno local. Más allá de una limpieza puntual, consideró necesario avanzar con una respuesta sostenida que permita evitar que el problema vuelva a repetirse.

Durante la recorrida se observaron principalmente bolsas de nailon y materiales livianos, que pueden desprenderse fácilmente de los vehículos cuando las cargas no se encuentran correctamente protegidas.

“Las normativas son claras, tanto a nivel local como provincial y nacional. Los vehículos tienen que estar habilitados y la carga debe ir tapada. Sin embargo, vemos que esto no se está cumpliendo”, sostuvo.

Según Caruso, la forma en que aparecen distribuidos los residuos permite advertir que parte del contenido se vuela durante el traslado hacia el Complejo Ambiental.

“Se ve fundamentalmente nailon, que después lleva muchísimo tiempo retirar. También están los campos, los animales y todos los riesgos que esto representa. Las cargas deben ir cubiertas para que no ocurra”, afirmó.

Además del impacto ambiental, remarcó que la presencia de residuos cerca de una autovía puede generar situaciones de riesgo para quienes circulan por el sector.

La minuta presentada no propone la creación de una nueva normativa, sino la aplicación efectiva de las disposiciones que ya se encuentran vigentes.

Caruso mencionó específicamente la Ordenanza Nº 4928, correspondiente a grandes generadores, cuyo artículo 5 establece las condiciones en las que deben transportarse los residuos.

“El marco legislativo ya existe y es muy claro. Lo que estamos pidiendo son tareas de control y alguna estrategia concreta para que haya una solución de fondo”, indicó.

Una de las alternativas planteadas es reforzar las verificaciones en el ingreso al Complejo Ambiental, donde podría constatarse si los vehículos cuentan con la habilitación correspondiente y si trasladan las cargas debidamente cubiertas.

“No se trata de ir directamente a multar a quien realiza el transporte. Primero hay que informar, mostrar la normativa, sentarse a hablar y conocer si existe alguna dificultad”, aclaró.

Otra de las propuestas consiste en definir un recorrido específico para los camiones y vehículos que llevan residuos, lo que permitiría concentrar los controles y reducir la circulación por distintos sectores.

“Tal vez puede establecerse una hoja de ruta para determinar cuál es el recorrido hacia el Complejo Ambiental, si debe hacerse por el Camino 5 o por el Camino 6. Eso permitiría ordenar los trayectos y facilitar el control”, explicó.

La concejal consideró que la habilitación de la Variante modificó las condiciones de circulación y obliga a revisar la manera en que se aborda el traslado de residuos en esa zona.

“La ruta cambia todo. Siempre hubo focos de residuos y antecedentes de controles en el ingreso al Complejo Ambiental, pero ahora hay que trabajar de otra manera”, señaló.

Caruso insistió en que la existencia de ordenanzas no garantiza por sí sola que el problema pueda resolverse. Para la edil, el punto central está en la capacidad de hacer cumplir las disposiciones vigentes.

“Podemos modificar las normas y brindar todas las herramientas necesarias, pero de nada sirve tener las mejores normas si después no se pueden aplicar”, remarcó.

Finalmente, sostuvo que una limpieza aislada implicaría destinar recursos sin modificar las causas que generan la acumulación de basura.

“Si solamente se va a limpiar, se utilizarán un montón de recursos y al día siguiente puede volver a pasar exactamente lo mismo. Por eso planteamos sugerencias concretas para encontrar una solución de fondo”, concluyó.

Los concejales Juan Senn y María Paz Caruso visitaron TecnoLagos, el Polo Educativo para el Desarrollo y la Innovación de la localidad de General Lagos (Departamento Rosario), con el objetivo de conocer de cerca una experiencia que articula educación técnica, sector productivo y desarrollo territorial.

La recorrida estuvo encabezada por Esteban Ferri, presidente comunal de la localidad y su equipo de trabajo. La misma permitió a los ediles interiorizarse del funcionamiento del polo y de sus alcances: desde la Escuela Técnica Preuniversitaria “Sara Bartfeld Rietti”, una de las pocas escuelas secundarias de dependencia universitaria del país, hasta los servicios tecnológicos y las instancias de capacitación que el complejo ofrece a las empresas de la región.

El interés de la visita estuvo en identificar las virtudes de aquella iniciativa, promovida por el municipio de General Lagos (una localidad ubicada en las cercanías de Rosario), y cómo puede pensarse en Rafaela una propuesta que, desde el gobierno local, potencie el vínculo entre educación y trabajo.

Las orientaciones educativas de TecnoLagos surgieron a partir de un relevamiento de las necesidades reales del entramado productivo de su región. Es una lógica que, si bien se viene haciendo en Rafaela, merece una mejora superadora, considerando el denso tejido industrial que caracteriza a la ciudad.

"Lo valioso de recorrer estas concreciones es que nos obligan a preguntarnos qué podemos renovar en nuestra ciudad. Rafaela tiene todo para dar un paso más, y ese paso empieza por animarse a repensar cómo articulamos el Estado, la universidad y el sector privado en función del desarrollo", agregó María Paz Caruso.

Los concejales destacaron que experiencias como la de General Lagos confirman que la relación entre educación y desarrollo económico solo puede ser resultado de decisiones sostenidas y claras, y de la capacidad de articular actores diversos alrededor de un proyecto común. En este marco, la visita respondió a la convicción de que Rafaela cuenta con capital humano, trama productiva y vocación innovadora para proyectarse hacia adelante con ambición.

María Paz Carusso se refirió a los recientes anuncios del Ejecutivo municipal y planteó críticas sobre la administración de los recursos, el presupuesto y las medidas vinculadas al transporte público. Según sostuvo, las decisiones conocidas en los últimos días deben analizarse a partir de la ejecución presupuestaria y del impacto real que podrían tener sobre las cuentas municipales.

En primer lugar, la entrevistada diferenció el pase a planta permanente de la eventual incorporación de nuevo personal y señaló que, en términos salariales, no implicaría un costo adicional.

“En realidad, entendemos que lo que va a pasar es que no va a haber nuevos contratos, porque el pase a planta permanente, como lo manifestó Bottero, tiene los mismos costos: es el mismo sueldo”, expresó.

En ese sentido, indicó que durante la gestión de Leonardo Viotti se registró el ingreso de personal y un aumento en el uso de horas extras, sin que —según su mirada— existan nuevos servicios que justifiquen esa demanda.

“En el último año entraron 35 empleados nuevos y, sin nuevos servicios ni nada que nos permita entender que aumentó la demanda de recursos humanos, crecieron un 50% las horas extras”, señaló.

Además, agregó que ese incremento se da en un contexto en el que todavía no está activo el plan de pavimento, que podría demandar mayor cantidad de horas de trabajo.

Carusso sostuvo que su espacio siguió con atención los anuncios oficiales, especialmente luego de haber presentado un proyecto para congelar nuevamente la Unidad de Cuenta Municipal durante seis meses.

“Nosotros estuvimos muy atentos a los anuncios, porque es básicamente lo que pedimos cuando presentamos el proyecto de congelar nuevamente la Unidad de Cuenta Municipal estos seis meses”, explicó.

Según planteó, la ejecución presupuestaria mostró un aumento en los ingresos, pero también un déficit importante en el cierre del año anterior.

“Evaluamos, con la ejecución presupuestaria, un aumento en los ingresos y un déficit. Es decir, que se gastó de más el año pasado: 1.800 millones de pesos de más gastó el intendente. Eso tiene que ver con una falta de planificación”, afirmó.

La entrevistada también cuestionó el cálculo realizado en el presupuesto 2026 y comparó el monto que, según dijo, el Ejecutivo estima que faltará recaudar con el impacto que tendría el congelamiento de la Unidad de Cuenta.

“Entendemos que hay un error de cálculo en el presupuesto 2026, porque hoy habla el intendente de que le van a faltar recaudar 20.000 millones de pesos. Es un porcentaje muy alto del presupuesto total, que es de 90.000 millones”, sostuvo.

Y agregó: “El congelamiento de la Unidad de Cuenta Municipal es solamente el 2% del presupuesto, o 1.200 millones. Por eso, evidentemente, hay algunas cuentas que se hicieron mal y algunos gastos innecesarios”.

Entre los puntos que mencionó, Carusso hizo referencia a los fondos destinados al pacto de la Plaza 25 de Mayo. Aclaró que no cuestiona la obra en sí, pero sí la forma en que fue incorporada a la planificación económica.

“A todos creo que nos llamó mucho la atención los 85 millones de pesos para el pacto de la Plaza 25 de Mayo. Todos coincidimos con la obra, pero evidentemente fue una obra que no estuvo bien planificada. Ni siquiera estaba en el presupuesto”, señaló.

También apuntó contra la información presentada ante el Concejo y aseguró que todavía faltan detalles sobre los gastos previstos.

“Cuando vino Bottero al Concejo, trajo una serie de gastos, pero le faltó mostrar la mitad. O no lo saben o no lo quieren mostrar”, expresó.

Otro de los temas abordados por Carusso fue la decisión vinculada al transporte público. Según indicó, hasta el momento la información fue comunicada de manera informal y todavía esperan precisiones por parte del Ejecutivo.

“Entendemos que estas medidas, en el tema del transporte, seguramente nos las comunicaron informalmente. Esperemos que esta decisión llegue con mayor formalidad al Concejo”, sostuvo.

En ese marco, cuestionó el funcionamiento de la comisión de Transporte, de la cual forma parte, y aseguró que el espacio prácticamente no fue convocado.

“Hay una comisión de Transporte, y lo venimos diciendo: nunca se reúne. Yo soy parte de esa comisión, la tiene que convocar el Ejecutivo y los encuentros fueron dos o tres veces”, remarcó.

Carusso pidió conocer cuál será el ahorro efectivo de las medidas anunciadas y qué gastos concretos se evitarán.

“También hay que ver cuál es el ahorro real que se produce o el gasto que se evita. Hay que ser más eficientes en la administración”, afirmó.

La entrevistada también buscó diferenciar el debate sobre la Unidad de Cuenta Municipal de la discusión salarial de los empleados municipales. Según indicó, ambos temas no están directamente vinculados.

“Esta Unidad de Cuenta Municipal, durante muchos años, cuando Viotti era concejal, se aumentó por debajo de la inflación y no resintió ningún servicio ni puso en riesgo las paritarias de los empleados municipales”, sostuvo.

Y agregó: “Eso se lo dejamos en claro también a los empleados municipales: la Unidad de Cuenta Municipal no tiene nada que ver con el aumento o no de los sueldos de los empleados”.

En relación al presupuesto vigente, Carusso recordó que estaba previsto un incremento salarial para el personal municipal y señaló que todavía resta revisar una parte de ese porcentaje.

“Este año había presupuestado un aumento para el empleado municipal del 34%. Es decir que hoy queda ese 18% por revisar, y es lo que está en el presupuesto”, indicó.

Sobre las medidas aplicadas al transporte, Carusso insistió en que falta conocer el fundamento técnico y económico de la decisión. En particular, planteó dudas sobre el alcance del ahorro si el municipio continúa contando con personal, unidades y otros costos fijos.

“Hay que ver cómo se justifica ese recorte primero, cuál es el ahorro efectivo. Porque si tenés el personal y tenés las unidades, ¿es el combustible o hay algo más que se está ahorrando? Nosotros no lo sabemos”, señaló.

También hizo referencia al impacto que podría tener la reducción del servicio durante los fines de semana.

“Respecto al uso de las unidades, mucha gente incluso trabaja o va al comercio los sábados a la tarde. Tal vez hubiera sido mejor hasta el mediodía; no sabemos cuál fue el justificativo de esa medida”, expresó.

Finalmente, recordó que la problemática del transporte no es nueva y que, desde hace más de dos años, el municipio dejó de contar con el fondo nacional que subsidiaba el sistema.

“Lo que veníamos planteando es que hace más de dos años el municipio se quedó sin ese fondo que venía de Nación y subsidiaba el transporte. En ese momento se aumentó el boleto a 1.200 pesos: la primera medida fue el aumento del boleto”, sostuvo.

Para Carusso, el problema es que durante ese período no se avanzó en una revisión más integral del servicio.

“Después, en estos dos años, no hubo otra medida para repensar los recorridos o hacer más eficiente el servicio. Y hoy la medida es recortar de nuevo. Eso nos llama la atención”, concluyó.

Los concejales Juan Senn, María Paz Caruso, Valeria Soltermam y Maximiliano Postovit, mantuvieron una reunión con el secretario general del SEOM, Darío Cocco, y delegados gremiales, con el objetivo de explicar los alcances de la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal que dispuso el congelamiento de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM).

Durante el encuentro, los ediles llevaron tranquilidad respecto a una de las principales preocupaciones planteadas por los trabajadores: el posible impacto de la medida sobre los salarios municipales.

Desde el bloque justicialista explicaron que el congelamiento de la UCM representa apenas alrededor del 2% de los recursos municipales y que el Presupuesto 2026, aprobado por el Concejo a fines del año pasado, contempla un incremento del 34% en la partida destinada a haberes del personal.

"Queríamos aclarar de manera directa y transparente que en ningún momento esta ordenanza pone en riesgo los salarios de los trabajadores municipales. Los números no sostienen ese argumento. El presupuesto ya prevé los recursos necesarios para afrontar las obligaciones salariales", afirmó Juan Senn.

El jefe del bloque sostuvo además que la discusión de fondo pasa por las prioridades de la gestión municipal.

"Lo que estamos planteando es que la Municipalidad debe administrar mejor los recursos que tiene. No podemos aceptar que cada problema de gestión termine trasladándose al bolsillo de los vecinos. La mala administración de Viotti no puede convertirse en una excusa para seguir aumentando tributos", señaló.

Por su parte, María Paz Caruso remarcó la importancia del diálogo con los trabajadores y destacó que el bloque siempre estuvo dispuesto a explicar los fundamentos de cada decisión.

"Nos parecía importante escuchar las inquietudes de los empleados municipales y llevar claridad. Los trabajadores no son responsables de las decisiones de gestión ni de los errores administrativos. Lo que buscamos es una Municipalidad más eficiente, transparente y ordenada, que cuide tanto a sus trabajadores como a los contribuyentes", expresó.

Los concejales recordaron además que el municipio cerró el ejercicio 2025 con un déficit superior a los 1.800 millones de pesos, pese a que la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) acumuló un incremento del 415% durante los últimos años. Esto significa que los recursos municipales crecieron incluso por encima de la inflación, lo que vuelve aún más preocupante el resultado financiero de la gestión.

Señalaron que esa situación obliga a discutir cómo se administran los recursos públicos antes que seguir incrementando la presión tributaria.

Finalmente, desde el bloque justicialista reafirmaron que continuarán analizando cada herramienta económica y financiera que llegue al Concejo, con el objetivo de defender los recursos de todos los rafaelinos y promover una gestión responsable, eficiente y transparente. 

Integrantes del bloque Juntos Avancemos presentaron una nota en el Concejo Municipal de Rafaela mediante la cual convocaron al coordinador de Salud de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud del municipio, Dr. Daniel Marfortt, a participar de una reunión de trabajo en el recinto legislativo.

La solicitud lleva las firmas de los concejales Valeria Soltermam, María Paz Caruso, Juan Senn y Maximiliano Postovit y está fechada el 16 de junio de 2026.

Según expresaron en el escrito, la convocatoria tiene como objetivo dar continuidad a un pedido de informe que había sido remitido previamente a través de la Secretaría del Concejo y que, de acuerdo con lo manifestado por los ediles, no obtuvo respuesta hasta el momento.

En la nota, los concejales consideran necesaria la presencia del funcionario para analizar en profundidad distintos aspectos vinculados al funcionamiento del área de Salud municipal.

Entre los puntos incluidos en el temario figuran la estructura institucional y el organigrama de la Coordinación de Salud, los programas de asistencia, prevención y promoción actualmente vigentes, así como también las demandas más frecuentes que recibe el área por parte de la ciudadanía y los mecanismos utilizados para responder a esos requerimientos.

Además, solicitaron información sobre los resultados alcanzados durante el último período de gestión y los sistemas de monitoreo, auditoría y evaluación implementados para medir el impacto de las acciones desarrolladas por la dependencia.

En el documento, los integrantes de Juntos Avancemos señalaron que el acceso a la información y el trabajo coordinado entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Municipal constituyen herramientas fundamentales para mejorar las políticas públicas.

Por ese motivo, solicitaron que se defina una fecha y horario para concretar el encuentro durante la presente semana. Hasta el momento no trascendió una respuesta oficial por parte de la Coordinación de Salud municipal.

La concejal Maria Paz Caruso, del bloque Partido Justicialista, se refirió al proyecto que mañana será debatido en el Concejo Municipal de Rafaela, que propone suspender el congelamiento de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM). La medida, explicó, impactaría directamente en los impuestos locales, incluyendo tasa general, estacionamiento y derechos de cementerio.

“Si no presentábamos este proyecto, a partir de julio los vecinos recibirían el 20% de recargo en todo lo que se calcula con la UCM”, indicó Carusso. La edil señaló que el valor final del aumento se calcula según los números del Ejecutivo municipal, aunque su bloque esperaba que fuera algo menor.

Carusso enfatizó que su bloque decidió presentar el proyecto tras un análisis detallado de la cuenta de inversión municipal, que incluye ingresos y egresos de 2025, comparados con 2024 y años anteriores. Según la concejal, la UCM ha crecido un 415% desde que comenzó la gestión actual, mientras que la inflación acumulada fue del 186%.

“Más allá de la UCM, los recursos propios del municipio han crecido significativamente, pero lo que observamos es un mal gasto y una mala administración de esos recursos”, afirmó Caruso. La edil destacó que la única obra municipal con mano propia ejecutada recientemente fue la Plaza 25 de Mayo, mientras que el plan de bacheo y otras obras dependen de la provincia.

La concejal señaló que, aunque la planta municipal creció con 35 nuevos empleados y aumentaron las horas extras un 50%, esto no justifica incrementos automáticos en los impuestos. Según Caruso, la cuenta de inversión evidencia un déficit de 700 millones de pesos en 2025, a pesar del aumento de recursos.

“El aumento de la UCM no pone en riesgo servicios ni paritarias, pero necesitamos garantizar que los recursos se administren correctamente”, afirmó. También criticó la gestión de alquiler de vehículos y maquinaria recién adquirida, lo que evidencia contradicciones en la optimización de recursos.

El bloque PJ propone que el congelamiento de la UCM se mantenga hasta diciembre, momento en el que se volverá a analizar la situación de los números municipales. La idea es proteger a los vecinos de un aumento abrupto y asegurar que los recursos se usen de manera eficiente.

“Hay que ponerse en el lugar del vecino: nadie recibe de un día para otro un aumento del 20% en la tasa. Necesitamos racionalidad, transparencia y un análisis detallado de los números”, concluyó Caruso.

Caruso recordó que, además de la UCM, todos los ingresos del municipio aumentaron un 335% en los últimos dos años, frente a una inflación del 186%. Esto incluye coparticipación, uso del espacio público y recaudación por multas, lo que demuestra que los recursos están disponibles para optimizar servicios sin necesidad de aumentar la carga tributaria.

En una nueva sesión del Concejo Municipal, el bloque justicialista logró la aprobación de cuatro pedidos de informe dirigidos al Ejecutivo local vinculados a seguridad, siniestralidad vial, programas educativos y servicios esenciales, en medio de fuertes cuestionamientos a la gestión del intendente Leonardo Viotti por la falta de respuestas ante problemas cotidianos de la ciudad.

El concejal Juan Senn, jefe del bloque del PJ, apuntó contra la falta de planificación y conducción política del gobierno municipal.

“La ciudad tiene cada vez más problemas y el Ejecutivo no logra dar respuestas. Hay improvisación, falta de planificación y una enorme desconexión con la realidad que viven los vecinos”.

Senn también hizo referencia a los datos surgidos de la auditoría externa:

“La propia auditoría muestra que hay más de 400 reclamos vencidos sin resolver. Y mientras eso ocurre, el área que maneja Iván Viotti tuvo un incremento del 104% en su partida. Ahí quedan claras cuáles son las prioridades de esta gestión”.

El concejal justicialista cuestionó además la falta de transparencia en el manejo de esos recursos y que ese aumento presupuestario no se haya reflejado en áreas sensibles para la ciudad.

“Hay una enorme falta de transparencia en cómo se administran los recursos públicos. Ese crecimiento no fue para reforzar seguridad, ni discapacidad, ni para mejorar el servicio atmosférico social, donde hay familias esperando respuestas urgentes. La gestión decide aumentar recursos en pauta y publicidad mientras los problemas reales siguen sin solución”.

Durante la sesión también se reclamó información sobre el programa educativo “Seguila”, ante la preocupación por la disminución de jóvenes que logran finalizar sus estudios secundarios.

La concejal María Paz Caruso remarcó, “son programas que ayudaron a muchos jóvenes a terminar la escuela y recuperar oportunidades. Nos preocupa que cada vez haya menos graduados y necesitamos saber qué políticas educativas se están sosteniendo para acompañar esas trayectorias”.

Otro de los ejes abordados fue la creciente siniestralidad vial en Rafaela, donde los accidentes aumentaron un 30%. Desde el bloque señalaron la ausencia de un plan integral de ordenamiento y prevención.

“La seguridad vial no se resuelve solamente pintando calles o sendas peatonales. No vemos campañas de concientización, capacitaciones en escuelas ni políticas sostenidas de prevención”, expresó Caruso.

Finalmente, desde el PJ insistieron en que el Ejecutivo “debe dejar de reaccionar tarde frente a los problemas y empezar a gestionar con planificación y prioridades claras”.

La concejal María Paz Caruso aseguró que fue el bloque justicialista el que impulsó la reapertura del debate sobre el plan de pavimentación en Rafaela, a partir de las dudas y el malestar que comenzaron a expresar vecinos de distintos barrios luego de recibir las liquidaciones proforma con los montos estimados de las obras.

“Principalmente, hay que rescatar que nosotros fuimos los que tomamos la iniciativa para volver a tratar el plan de pavimento”, afirmó en charla con Radio Rafaela.

En ese sentido, recordó que ya la semana pasada habían presentado una nueva propuesta para modificar la ordenanza vigente. “El lunes pasado ingresamos un nuevo proyecto, porque veíamos mucho malestar de los vecinos, sobre todo de aquellos que habían recibido estas liquidaciones proforma, es decir, una primera aproximación muy cercana a cuál va a ser el costo que van a tener que pagar de la obra”, explicó.

Caruso sostuvo que, a partir de esas reacciones vecinales, comenzaron a surgir interrogantes que obligaban a revisar el esquema actual del plan de pavimento. Según detalló, incluso habían convocado al secretario de Obras Públicas para pedir precisiones.

“En el marco de eso empezamos a plantear ciertos interrogantes. Hace un tiempo citamos al secretario de Obras por estos cuestionamientos que iban surgiendo”, señaló. Sin embargo, remarcó que mientras el plan siguió avanzando, también crecieron los conflictos. “El plan siguió avanzando y los conflictos también, sobre todo en los barrios donde se plantea la repavimentación”, afirmó.

La edil reconoció que el alto costo de la obra era un dato esperable, pero advirtió que lo que más les llamó la atención fue la magnitud de las dudas que aparecieron entre los vecinos. “El costo de la obra quedó elevado, eso se sabe y se entiende, porque es una de las contribuciones por mejoras más costosas que tiene la Municipalidad, pero a nuestro bloque le llamó la atención la cantidad de dudas que había por parte de la ciudadanía”, sostuvo. Y agregó: “Entendíamos que eso no podía quedar así”.

Uno de los puntos centrales del planteo del PJ tiene que ver con la forma de financiamiento del plan. Caruso explicó que el Municipio mantuvo el esquema de 60 cuotas a pesar de haber ampliado notablemente la cantidad de cuadras a ejecutar, algo que, según su mirada, no tiene lógica en función del tiempo real que demandará la obra.

Y aclaró que esa definición ya había sido objetada por su bloque en el debate anterior. “Nosotros ya cuestionamos esas 60 cuotas, por eso no es cierto cuando dicen que la ordenanza salió por unanimidad la vez anterior”, afirmó.

Según explicó, la ordenanza original contemplaba 150 cuadras, pero con la ampliación dispuesta por el Ejecutivo el plan pasó a 250 o 260 cuadras sin modificar el número de cuotas.

Para Caruso, el desfase entre la cantidad de cuadras y el esquema de financiamiento queda aún más expuesto si se tiene en cuenta el ritmo habitual de ejecución de obras que tiene el municipio. “El plazo de obra va a ser de 8 años, porque el promedio de cuadras que hace la municipalidad son 30 cuadras por año”, explicó.

Y agregó: “Si la municipalidad hace entre 30 y 35 cuadras por año, el plan de 250 cuadras tiene que tener un plazo de 96 cuotas, que eso es lo que propusimos”. En ese punto, resumió con claridad la lógica de su planteo: “Para nosotros es una cuenta matemática cuál va a ser el plazo de obra”.

La concejal destacó que el proyecto presentado por su bloque junto a Valeria Soltermann, Juan Senn y Maximiliano Postovit propone varios cambios concretos, entre ellos una ampliación fuerte en la cantidad de cuotas y un tratamiento más claro para casos especiales.

“Lo más importante de estas modificaciones es el proyecto que propusimos nosotros como bloque, junto a Valeria Soltermann, Juan Senn y Maximiliano Postovit, donde propusimos elevar la cantidad de cuotas”, explicó.

En ese sentido, detalló que la idea es incluso duplicarlas en determinadas situaciones. “Propusimos duplicarla para los casos especiales”, afirmó.

Además, pidió que esos casos queden específicamente contemplados en la letra de la ordenanza. “Dejar específicamente sentado en el artículo que, cuando hay dos jubilaciones mínimas en un hogar, puedan ajustarse a ser casos especiales”, señaló.

Caruso indicó también que hubo acuerdo con otros bloques para avanzar en dos puntos que consideró fundamentales: extender el plazo del registro de oposición y dividirlo según tipo de obra y sector. “Logramos en conjunto con los otros bloques extender el registro de oposición”, afirmó. Y agregó: “También la división por zona y por pavimentación y repavimentación”.

Para la edil, ese cambio permitirá tener una lectura más clara de lo que está ocurriendo en cada sector de la ciudad, aun cuando no se llegue al 40% necesario para frenar la obra. “Es muy probable que no se caiga en ningún sector la obra por este 40 por ciento que hay que llegar de oposición, pero lo que nosotros planteamos es que sí vamos a tener un termómetro de qué está pasando”, sostuvo.

En el tramo final, Caruso apuntó directamente al Ejecutivo municipal y consideró que el malestar vecinal debió haber sido detectado antes, ya que es el gobierno local el que cuenta con toda la información técnica del plan. “Lo que podemos decir es: ¿cómo no lo supieron antes? Porque ese es un trabajo del Ejecutivo”, afirmó.

La concejal señaló que desde el Concejo no tienen acceso al detalle completo de los catastros alcanzados ni a la fórmula exacta de cálculo, algo que sí maneja el Municipio. “Nosotros no tenemos en claro los 3.800 catastros que van a pagar la obra de pavimento, porque hay un cálculo y toda una fórmula que solamente la tiene el Ejecutivo y lo sabe cuando se hace la liquidación”, explicó.

Sin embargo, aseguró que el contacto directo con los vecinos permitió advertir rápidamente el nivel de disconformidad. “Nosotros sí, estando con los vecinos, en la calle, en los barrios, pudimos percibir este malestar”, señaló.

Y cerró: “Muchos nos vinieron a buscar acá al Concejo también, y por eso tomamos la iniciativa de cambiar la ordenanza vigente”.

Este miércoles 18 de marzo, el Concejo Municipal de Rafaela llevó adelante la tercera edición del programa institucional “Mujeres que dejan huellas”, una iniciativa que busca reconocer a mujeres y colectivos que se destacan por su compromiso cotidiano y su aporte a una sociedad más igualitaria e inclusiva.

La actividad se desarrolló en la sala de sesiones, que se vio colmada de vecinos que acompañaron la propuesta. La presidenta del cuerpo legislativo, Mabel Fossatti, dio la bienvenida a los presentes y destacó el sentido del encuentro: “A través de este programa, agasajamos y celebramos logros. Y también reconocemos el camino y la huella que deja cada una de ellas desde el lugar donde ha decidido trabajar, estudiar, emprender o colaborar”.

Durante la jornada se reconoció a cuatro mujeres de la ciudad y a un grupo con trayectoria, en un acto que incluyó palabras de las concejales encargadas de presentar a cada homenajeada.

La concejal Carla Boidi presentó a Graciela Acastello, actual presidenta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela. Durante su intervención, destacó su rol en un ámbito históricamente dominado por hombres y su capacidad para generar espacios de diálogo y aportar soluciones en contextos complejos.

Por su parte, la concejal Paz Caruso homenajeó a Alicia Riberi, fundadora del laboratorio Vitalab, diplomada en medicina regenerativa y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Regenerativa. Riberi fue reconocida como “bioquímica del año” por el Sindicato Argentino de Bioquímicos y Farmacéuticos, distinción que, según expresó, fortaleció su compromiso con la innovación en su campo profesional. Caruso remarcó además su aporte al posicionamiento de Rafaela en ámbitos científicos y profesionales.

En tanto, la concejal Valeria Soltermam distinguió a Hortensia Poggi, quien desarrolló una extensa trayectoria como asistente social. Su labor incluyó el trabajo en el Hogar de Menores Madres, su participación en el Plan de lucha contra el hambre de Cáritas, su rol como Delegada de Minoridad del Departamento Castellanos y la creación del Grupo PASI y la Escuela Taller “Dr. Américo Tosello”. “Su profesión de asistente social se transformó en una misión de vida”, expresó la edil durante el reconocimiento.

A su turno, la concejal Milagros Zafra destacó a June Allice Thomas, ingeniera agrónoma con una amplia carrera docente en la Universidad Nacional del Litoral. A lo largo de su trayectoria dirigió proyectos de investigación y colaboró con instituciones como INTA Rafaela, INTI Lácteo y organismos internacionales, siendo referente en la implementación de buenas prácticas y normas de calidad en la producción.

En el marco del acto, también se distinguió al Grupo de Apoyo a Mujeres Agropecuarias (G.A.M.A.), iniciativa impulsada por Mabel Fossatti. El espacio surgió en la década del 90 como encuentros de formación en producción agropecuaria y con el tiempo se consolidó como una red de colaboración y liderazgo. Actualmente funciona como subcomisión de la Sociedad Rural de Rafaela, promoviendo capacitaciones y fortaleciendo la participación femenina en el sector.

El encuentro finalizó con un agradecimiento de las autoridades a los presentes y una fotografía conjunta entre las homenajeadas y las concejales, en el cierre de una jornada marcada por el reconocimiento y la participación.

El bloque de concejales compuesto por Juan Senn, María Paz Caruso, Valeria Soltermam y Maximiliano Postovit inició una agenda de trabajo orientada a analizar y promover un proyecto de autonomía municipal, entendida como una herramienta clave para fortalecer la capacidad de decisión local y mejorar la gestión de los asuntos que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas.

Se trata de una iniciativa de mediano plazo, que requiere estudio serio, intercambio de miradas y construcción de consensos. En ese sentido, el proyecto se concibe como un proceso abierto, que incluirá instancias de diálogo con especialistas, referentes académicos, instituciones intermedias y actores con trayectoria en la temática.

“La autonomía municipal no es un debate aislado ni inmediato, sino una discusión profunda sobre cómo fortalecemos el rol de los gobiernos locales, con más herramientas y mayor responsabilidad”, señalaron desde el bloque, destacando la importancia de abordarlo con rigor técnico y amplitud política.

El objetivo es generar un marco de discusión que permita evaluar los alcances, oportunidades y desafíos que implica avanzar en este sentido, siempre poniendo en el centro el desarrollo de la ciudad y una gestión más cercana y eficiente.

El bloque remarcó que este trabajo se desarrollará con vocación de diálogo, escucha y construcción colectiva, “convencidos de que los grandes temas institucionales requieren tiempo, seriedad y participación”. 

Concejales del bloque Juntos Avancemos mantuvieron una reunión de trabajo con integrantes de la Asociación Productores Unidos con el objetivo de dialogar sobre la situación del sector productivo y avanzar en posibles soluciones vinculadas a la infraestructura hídrica del periurbano rafaelino.

El encuentro contó con la participación de los concejales Juan Senn, María Paz Caruso y Maximiliano Postovit, mientras que por parte de la entidad productiva estuvieron presentes Fernando Belinde, Juan Picco y Daniela Zbrun. Durante la reunión, los productores expusieron sus principales preocupaciones relacionadas con el estado de las alcantarillas, los desagües y las consecuencias que generan los anegamientos en la actividad productiva.

A partir de esta reunión, el bloque resolvió solicitar formalmente al Departamento Ejecutivo Municipal un relevamiento integral de las alcantarillas y del sistema de desagües de la zona periurbana, entendiendo que su deterioro afecta no solo a la producción agropecuaria, sino también al desarrollo económico de la ciudad.

“Durante las últimas precipitaciones, vimos situaciones que complicaron no sólo a la zona urbana, sino también a sectores rurales y caminos productivos. El Desvío del Tránsito Pesado fue uno de ellos, por lo que hay que reforzar el mantenimiento de los desagües y planificar nuevas obras. El sector productivo es estratégico para el desarrollo de Rafaela y necesita un Estado municipal presente, que planifique y mantenga la infraestructura rural para evitar consecuencias mayores”, señaló Juan Senn.

También durante el encuentro pudieron hacer intercambios sobre otras realidades del sector, algunos avances que se han dado con el programa de caminos de la ruralidad y la importancia de mantener esas intervenciones "no sólo los productores, sino también los vecinos de barrios lindantes a los caminos nos plantean que hay muchas zonas con malezas, y allí delicuentes esconden cosas robadas. El mantenimiento no sólo tiene que ver con trabajar por una ciudad limpia y ordenada, sino que también hace a la seguridad", declaró María Paz Caruso.

Desde el bloque destacaron que estos pedidos se enmarcan en una agenda de trabajo que busca acompañar al sector agropecuario, fortalecer la producción local y promover un desarrollo equilibrado entre lo urbano y lo rural.

“Rafaela crece con su producción, y para eso es fundamental que el Ejecutivo asuma un rol activo en el mantenimiento y planificación de la infraestructura periurbana”, concluyeron.

En la discusión del Presupuesto Municipal 2026, el bloque justicialista exige información precisa y la presencia de los funcionarios responsables. Juan Senn y María Paz Caruso cuestionaron la reiterada ausencia del subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa, y advirtieron que no se puede votar a ciegas una modificación de partidas millonaria.

En la antesala de la sesión extraordinaria en la que se votará el Presupuesto Municipal 2026, el bloque justicialista de concejales volvió a marcar con claridad la necesidad de ejercer un control serio, responsable y transparente sobre el uso de los recursos públicos, durante la reunión de comisión realizada este lunes en el Concejo Municipal.

En ese marco, y ante el pedido del Departamento Ejecutivo para aprobar una modificación de partidas destinada a la compra de dos minibuses, los concejales Juan Senn y María Paz Caruso insistieron nuevamente en la presencia del Subsecretario de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa, a fin de contar con la información técnica y política necesaria para tomar una decisión fundada.

“No estamos discutiendo una cuestión menor. Nos piden que aprobemos una modificación presupuestaria importante sin la información precisa. Eso no es responsabilidad, eso es pedirnos un cheque en blanco”, afirmó Juan Senn. Y agregó: “Hemos citado en reiteradas oportunidades al subsecretario Aversa y nunca se presenta. Así es imposible ejercer el rol de control que la ciudadanía nos demanda”.

Por su parte, María Paz Caruso remarcó que la ausencia del funcionario resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta el peso del área que conduce. “Estamos hablando de una subsecretaría que tiene uno de los mayores presupuestos 2026. Es inadmisible que su responsable no venga al Concejo a explicar en qué se va a gastar ese dinero”, señaló.

Durante los últimos días, funcionarios de primera línea del Departamento Ejecutivo asistieron al Concejo Municipal para ampliar la información contenida en el proyecto de presupuesto. Sin embargo, el Subsecretario de Servicios y Espacios Públicos volvió a estar ausente, lo que fue calificado por el bloque justicialista como una señal política clara.

“Esta seguidilla de ausencias no es casual. El intendente Leonardo Viotti está eligiendo proteger a un funcionario cuestionado en lugar de garantizar la transparencia y el respeto institucional hacia el Concejo”, sostuvo Caruso. “El presupuesto es la herramienta central de gobierno y no puede tratarse con improvisación ni ocultando información”.

Cabe recordar que Aversa tampoco concurrió a la interpelación solicitada por el cuerpo legislativo para explicar posibles incompatibilidades en la contratación de una empresa proveedora de agua vinculada a su grupo familiar. De igual modo, estuvo ausente semanas atrás cuando se debatieron los convenios con las Cooperativas de Recicladores, asistiendo en su lugar un funcionario de menor rango.

Finalmente, desde el bloque justicialista ratificaron su compromiso de analizar el Presupuesto 2026 con seriedad y responsabilidad, defendiendo el interés de los vecinos y vecinas de Rafaela. “Nuestro rol no es levantar la mano sin preguntar, sino controlar, exigir explicaciones y cuidar los recursos públicos. Eso es lo que vamos a seguir haciendo”, concluyó Senn.

La concejal María Paz Caruso presentó su balance legislativo 2025, en el que repasó los principales proyectos, pedidos de informes y posicionamientos asumidos durante el año. La edil remarcó que su agenda estuvo orientada a “defender a los vecinos frente a decisiones improvisadas, aumentos excesivos y falta de controles claros”, al tiempo que impulsó iniciativas vinculadas a educación, infraestructura, obras públicas y ordenamiento urbano.

“Todos los proyectos lo presentamos y consensuamos como bloque, junto a Valeria Soltermam, Juan Senn, Martín Racca y ahora Maximiliano Postovit. Los mismos son el resultado de las recorridas y presencias constantes que tenemos con la comunidad, recorriendo los barrios, asistiendo a eventos, etc” manifestó la edil.

Entre la variedad de iniciativas de su autoría y el bloque destaca las siguientes: 

Caruso reiteró su oposición al terreno seleccionado por el Ejecutivo para la nueva alcaidía, ubicado dentro del radio urbano y próximo a viviendas. “La seguridad no se construye improvisando ni a costa de los barrios. Necesitamos planificación seria y consensos reales”, afirmó. Pese al voto negativo del bloque PJ, el oficialismo aprobó la donación del inmueble. Luego, presentó un proyecto para derogar la cesión, reclamando un análisis integral de localización y fue rechazado.

La edil destacó diversas gestiones vinculadas a infraestructura educativa. Acompañó la donación del terreno del urbanizador para la nueva Escuela Multinivel El Bosque, insistiendo en que en 2026 se concrete la transferencia al Gobierno Provincial y sea incorporada al presupuesto. También solicitó el llamado a licitación para la Escuela Post Pandemia del barrio Mora, ya con terreno donado, y pidió precisiones sobre la construcción de las 10 aulas anunciadas cuyo avance se encuentra demorado.“La ciudad crece y la infraestructura educativa debe hacerlo al mismo ritmo. No podemos seguir postergando obras esenciales para nuestras infancias”, enfatizó.

María Paz Caruso cuestionó el sistema de incrementos automáticos instaurado por Viotti, que generó subas superiores a la inflación, e impulsó su suspensión a mitad de año. 

“Los vecinos no pueden ser la variable de ajuste. El Estado debe ser equilibrado y responsable”, expresó. También logró reducir las tasas de interés por mora y acompañó reclamos de sectores productivos afectados por liquidaciones incorrectas.

La concejal reclamó la reincorporación de los 48 agentes de las P.A.T., la conexión de cámaras de escuelas al Centro de Monitoreo y la realización de una encuesta de victimización a través del ICEDeL. “No podemos resignar recursos cuando la inseguridad es la principal preocupación de los rafaelinos”, remarcó.Además, pidió la actualización del Plan de Contingencias y acciones coordinadas en el distrito rural.

Caruso solicitó informes sobre el funcionamiento del “refugio de invierno”, relevamientos de personas en situación de calle y la problemática de los lavacoches. Reclamó restablecer espacios institucionales como el Consejo Consultivo Social, lo que derivó en la puesta en marcha del Foro de Seguridad.“Sin datos no hay política pública. La contención social requiere decisión y presencia del Estado”, afirmó.

La edil insistió en fortalecer los mecanismos de control sobre las compras municipales. Pidió explicaciones por adquisiciones vinculadas a funcionarios y por contrataciones que excedían los límites permitidos. Ante la falta de respuestas claras, impulsó un pedido de interpelación que el Ejecutivo evitó mediante una respuesta escrita.

“La transparencia no se declama: se cumple. Cada peso público debe administrarse con responsabilidad”, sostuvo.

En materia de tránsito, Caruso solicitó planes de semaforización aún hoy inexistentes, intervenciones en zonas de riesgo y estadísticas sobre el uso del celular al conducir.Destacó especialmente la gestión ante Vialidad Nacional que permitió restituir la iluminación en los accesos de la Variante.“La prevención también se construye con infraestructura adecuada”, señaló.

De cara al 2026, María Paz Caruso reafirmó su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, firmeza y transparencia. “Nuestro deber es defender los intereses de Rafaela, escuchar a cada vecino y garantizar que las decisiones del Estado estén al servicio de la gente. El año que viene vamos a profundizar esta tarea, con más controles, más gestión y más presencia en cada barrio de la ciudad”, expresó la concejal.

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La concejal María Paz Caruso se refirió al anuncio del Ejecutivo municipal sobre la prohibición de los trapitos en el centro de Rafaela, una medida que, según explicó, se instrumentará a través de un decreto del intendente y no requerirá tratamiento en el Concejo Municipal. En ese marco, subrayó que el tema es complejo y que no puede abordarse únicamente desde una lógica punitiva.

Caruso recordó que, durante la jornada, el secretario de Gobierno Germán Botero se presentó en el Concejo por el tratamiento del presupuesto y fue consultado sobre el tema.

“Según lo que dice ese comunicado oficial, sería un decreto, es decir que no necesitaría el aval del Concejo”, explicó, al tiempo que señaló que se trata de una herramienta similar a la utilizada anteriormente con la implementación de los chalecos identificatorios. “En su momento eso se hizo mediante decreto porque no iba a haber acompañamiento del Concejo”, recordó.

La edil aclaró que, hasta el momento, el Concejo no formó parte de las conversaciones previas. “Hoy por hoy, nosotros no estamos siendo parte de estas tratativas”, afirmó. No obstante, indicó que el cuerpo legislativo sí había solicitado tiempo atrás información concreta sobre la situación. “Lo que hicimos hace algún tiempo fue pedir un informe, un relevamiento de las personas que estaban ejerciendo esta actividad pública”, detalló.

De acuerdo a esos datos, el Municipio informó que alrededor de 70 personas realizaban tareas vinculadas al lavado informal de autos. Caruso destacó que ese relevamiento dejó en evidencia una situación social muy delicada: “Muy pocos de ese relevamiento, si mal no recuerdo dos nomás, tenían el secundario completo”.

En ese sentido, la concejal sostuvo que su espacio no se opone a discutir la prohibición, pero insistió en que debe aplicarse de manera gradual. “Puede ir de la mano de la prohibición, pero una prohibición progresiva, porque tampoco se trata de decir ‘más esto’ de un día para el otro”, expresó.

Y agregó: “Sabemos que se pueden generar conflictos o situaciones en otros ámbitos, en otros barrios, porque son personas que necesitan un ingreso económico”.

Caruso fue clara al señalar que el Municipio debe asumir un rol activo en la contención. “Tiene que hacer un abordaje social. No se trata de tirar títulos con estas temáticas tan complejas”, remarcó. En esa línea, anticipó que aguardarán el contenido del decreto. “El decreto todavía no está, Germán dijo que iba a estar en los próximos días, lo vamos a leer y, por supuesto, estamos a disposición del intendente”, indicó.

La concejal también vinculó la problemática de los trapitos con otras situaciones que se repiten en el espacio público. “Ayer fue una de las cuestiones que nos planteó el Centro Comercial: los lavacoches y las personas en situación de calle”, comentó. Cuestionó algunas respuestas oficiales previas y sostuvo que “decir que están en la calle porque quieren no es una respuesta”.

Caruso afirmó que el problema excede una sola causa. “Hay personas que viven en la calle, otras que están de paso, algunas que no tienen dónde vivir y también hay problemáticas de consumo y de salud mental”, enumeró, y advirtió que los dispositivos actuales no alcanzan. “El refugio de invierno no termina de solucionar una problemática que es mucho más profunda”, aseguró.

Por último, la concejal recordó episodios de tensión ocurridos en el pasado y cuestionó la falta de continuidad en las acciones. “Cuando hubo una reacción en época de campaña, recordemos que terminaron a las piñas, con agentes atropellados, fue una escena catastrófica”, señaló. Y añadió: “Después se olvidaron, pasaron las elecciones y el tema desapareció, pero era obvio que en verano se iba a complejizar”.

En ese marco, Caruso fue crítica con promesas incumplidas. “Si se llegó con un plan de gobierno y se hablaba de cooperativas o de inserción laboral, ¿por qué hasta ahora no se hizo nada?”, planteó. Y concluyó: “En ese sentido, nosotros sí somos muy críticos”.

Este martes 9 de diciembre, a partir de las 20 horas, se desarrolla una sesión extraordinaria en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Rafaela (6° piso de Moreno Nº 8), donde asumen sus bancas los concejales electos en los comicios del pasado 29 de junio.

La ceremonia es encabezada por el presidente del cuerpo, Dr. Lisandro Mársico, quien le toma juramento por un período de cuatro años a los nuevos integrantes del órgano legislativo local.

Durante el acto, prestaron juramento:

Estos cinco ediles ocuparán su lugar en el recinto hasta 2029.

Con esta renovación parcial, concluyeron sus mandatos:

El resto del cuerpo mantiene su mandato hasta 2027:

Como ocurre cada año, la sesión extraordinaria incluyó también la elección de las autoridades del Concejo Municipal, designando nuevos cargos de presidencia, secretaría y prosecretaría. La definición completa de las autoridades será comunicada oficialmente tras la finalización de la sesión.

A pesar del requerimiento formal de todos los concejales para que Juan Pablo Aversa, Subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, se presente en el recinto a brindar explicaciones sobre la compra de bienes en el municipio, el encuentro no se concretará. Ya se anticipó en comisión que no estará el miércoles a las 9, como había sido establecido. “Nuestra intención era que venga a brindar la información y la transparencia que requiere un tema tan delicado como las posibles vinculaciones de un emprendimiento privado con la provisión al municipio, pero el funcionario se negó”, sostuvieron los concejales.

Hace meses, incluso durante los informes de gestión que debe presentar el Ejecutivo en el Concejo Municipal, los concejales Juan Senn, Martín Racca, Valeria Soltermam y María Paz Caruso vienen advirtiendo sobre diversas situaciones que, consideran, requieren ser aclaradas.

Uno de los puntos señalados es el nuevo emprendimiento del propio Subsecretario, quien asumió el 10 de diciembre de 2023 y dio de alta en 2024 una empresa para la comercialización de luminarias, justamente en el área sobre la que él tiene injerencia directa.

Ante consultas sobre posibles incompatibilidades, Germán Bottero y Juan Pablo Aversa presentaron en el Concejo declaraciones en las que argumentaron haber dado de baja como proveedora a la empresa familiar de agua de Aversa porque, según consta en grabaciones, “no era ético ni legal”.

Sin embargo, los concejales detectaron que en distintos eventos municipales seguían apareciendo productos de la marca de agua vinculada al funcionario, lo cual fue documentado y elevado formalmente.

“Es llamativo que traigan afirmaciones a la mesa cuando la realidad demuestra algo completamente distinto. Aversa salió a hablar en los medios, pero lo que se dice hay que probarlo. Por eso pedimos su presencia en el recinto”, expresó Caruso.

Senn se mostró sorprendido “por el tiempo que ocuparon varios funcionarios en hacer declaraciones sin presentar documentación. Esta era la instancia institucional para aclarar y cerrar el tema, pero Aversa elige no dar la cara. Eso nos preocupa, y más aún cuando seguimos esperando la información completa”.

Los ediles también recordaron que recurrieron a todos los mecanismos formales disponibles. Incluso citaron al proveedor que actualmente factura la marca de agua vinculada a Aversa, quien también se negó a asistir.

“Viotti, cuando era concejal, citó a un proveedor para aclarar una situación y el mismo se presentó. Hoy ocurre exactamente lo contrario”, agregó Soltermam.

Racca remarcó que una de las principales funciones del Concejo es ejercer el control de la gestión municipal: “Ese control lo realizamos con responsabilidad, con documentación que respalda cada planteo y generando las instancias de diálogo que estos temas ameritan. El manejo de fondos públicos exige transparencia absoluta”.

El pedido de interpelación a Aversa fue aprobado por unanimidad, con votos de concejales oficialistas y opositores. Ahora se espera que, al menos, se envíen completas las respuestas por escrito, para poder evaluar los pasos administrativos y legales a seguir.

Desde el bloque no oficialista remarcaron que evitar el diálogo institucional y no presentarse ante un pedido unánime del Concejo constituye un serio retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.

“La ciudadanía necesita funcionarios que den explicaciones, no que las eludan. Seguiremos insistiendo para que esta situación se clarifique y para que la gestión municipal rinda cuentas como corresponde”, concluyeron.

En el marco del debate por la Ordenanza Tributaria 2026, la concejal María Paz Caruso anticipó su rechazo al proyecto del Ejecutivo municipal que contempla una nueva actualización de tributos y tasas para el próximo año.

Junto al bloque que integra junto a Martín Racca, Valeria Soltermann y Juan Senn, Caruso sostuvo que “no hay razón para seguir castigando el bolsillo del vecino”.

“Como todos los años, alrededor del 30 de septiembre, el Ejecutivo eleva el proyecto de tributaria y de presupuesto. Primero se vota la tributaria, que define qué impuestos vamos a pagar al año siguiente, y después el presupuesto, que define cómo se gastarán esos recursos”, explicó la edil.

Caruso argumentó que los incrementos ya aplicados son más que suficientes: “En 2024 se aprobó un aumento del 306%, y este año se sumó otro 60%, lo que da un 360%. Hicimos un análisis profundo de las cuentas municipales, y no hay nada que justifique seguir subiendo los impuestos”.

En ese sentido, recordó los antecedentes de la fórmula polinómica impulsada por el oficialismo: “Fue regresiva y perjudicó directamente al vecino, que tuvo que pagar los meses de mayor inflación de 2023. En su momento lo denunciamos y propusimos escalonamientos, pero no fuimos escuchados”.

Caruso fundamentó su posición en los números actuales de la gestión municipal: “El año pasado a la Municipalidad le sobraron 500 millones de pesos. A agosto de este año el superávit ya ronda los 3.000 millones. No hay riesgo para las finanzas municipales. Muy por el contrario, se está cobrando de más”, aseguró.

La concejal también señaló que la recaudación crecerá automáticamente en 2026 por otras vías: “Además de las tasas, el municipio recibe recursos provinciales por impuesto inmobiliario y patentes, que subirán un 50% y 70% respectivamente. Y tiene plazos fijos cuyos intereses generarán 1.800 millones de pesos el año que viene. No hay ninguna necesidad de cargar con más impuestos al vecino”.

Entre otras cuestiones, Caruso fue crítica con la falta de relación entre los tributos y la calidad de los servicios: “La gente quiere pagar, es responsable. Pero exige que el servicio sea bueno. Y eso no siempre sucede. No se puede pedir más sin mejorar las prestaciones. El aumento de 2023 fue un saqueo, y todos sufrimos el reclamo”.