La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento este sábado en un domicilio de calle Almafuerte al 300 de Colonia Aldao, en el marco de una investigación por un presunto caso de microtráfico de drogas.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron a un hombre identificado como L. N. H. y secuestraron más de 250 gramos de cocaína, además de dinero en efectivo, un teléfono celular y elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

La medida fue ordenada por la Fiscalía de Rafaela, a cargo del fiscal Dr. Juan Manuel Puig, en el marco de las actuaciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia en turno.

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó dos allanamientos en la ciudad de Ceres en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la PDI Distrito Ceres, perteneciente a la División Microtráfico y Operativa, con colaboración de efectivos de la PDI Distrito San Cristóbal.

La causa cuenta con intervención del Ministerio Público Fiscal Región 510, a cargo del fiscal Emiliano Odriozzola.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron 170 gramos de marihuana, entre sustancia vegetal disgregada y cogollos, además de una balanza digital, tres teléfonos celulares, una pistola de aire comprimido calibre 4,5 mm y $200.000 en efectivo.

Por disposición del fiscal interviniente, fue detenido S. B. B., de 24 años, quien fue trasladado a sede de la PDI y quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

La investigación continúa bajo la carátula de presunta infracción a la Ley N.º 23.737.

La Justicia ordenó la prisión preventiva sin plazos para 18 personas imputadas en una investigación por una asociación ilícita vinculada al microtráfico y a episodios de violencia altamente lesiva en Rafaela.

La medida fue dispuesta a pedido del fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone, y las fiscales de la Fiscalía Regional 5, Fabiana Bertero y María Cecilia Doro, durante audiencias realizadas en los tribunales rafaelinos.

Del total de 23 personas imputadas en la causa, cinco recibieron medidas alternativas. Sin embargo, tres de ellas permanecen detenidas por otras investigaciones penales previas relacionadas con delitos conexos.

La mayoría de los acusados cumplirá la cautelar en establecimientos penitenciarios, mientras que cuatro mujeres recibieron prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria.

En el marco de la resolución judicial, dos hombres señalados como jefe y organizador de la organización criminal también quedaron alcanzados por medidas especiales previstas en el artículo 220 bis del Código Procesal Penal de Santa Fe.

Entre esas restricciones se establecieron limitaciones en los regímenes de visitas y comunicaciones, además de la prohibición de contacto con otros imputados de la causa.

Según explicó el fiscal Carbone, estas medidas fueron solicitadas debido al rol que se les atribuye dentro de la estructura investigada.

La causa se originó a partir de una investigación sobre una organización que, según el Ministerio Público de la Acusación, estaba vinculada a la venta de estupefacientes en pequeña escala y a distintos hechos violentos derivados de disputas territoriales.

Algunos de los imputados fueron detenidos luego de 17 allanamientos realizados en 12 barrios de Rafaela el pasado viernes 21, mientras que otros 14 investigados ya se encontraban privados de su libertad por causas anteriores.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal regional de la Quinta Circunscripción, Carlos Vottero, junto a Bertero y Doro, destacó que los resultados de las audiencias fueron “muy positivos” y confirmó que la investigación continuará bajo la órbita del MPA.

Vottero señaló además que los imputados estarían relacionados con uno de los grupos investigados por balaceras vinculadas a disputas por el control territorial para la comercialización de estupefacientes en Rafaela.

A un hombre identificado con las iniciales E.M.C.L. se le atribuyó el rol de jefe de la asociación ilícita, además de la presunta comisión de delitos como comercio de estupefacientes en modalidad de microtráfico agravado, portación indebida de arma de fuego y abuso de armas.

En tanto, a un hombre identificado como F.C. se le imputó ser organizador de la asociación ilícita y la comisión de delitos vinculados al microtráfico agravado, portación indebida de arma de fuego de guerra, abuso de armas y daños.

El resto de los acusados habría participado como miembros de la organización y, según la investigación del MPA, estarían relacionados con hechos de microtráfico y otros episodios de violencia como ataques con armas de fuego, amenazas, extorsiones y usurpaciones.

La investigación se encuentra incluida dentro de los Objetivos Priorizados del Plan de Persecución Penal del Ministerio Público de la Acusación.

La Fiscalía Regional 5 brindó este martes una conferencia de prensa para dar detalles sobre la audiencia cautelar llevada a cabo durante la jornada anterior en el marco de una investigación por asociación ilícita, microtráfico y violencias altamente lesivas en Rafaela.

El encuentro fue encabezado por el Fiscal Regional, Dr. Carlos María Vottero, junto a las fiscales Fabiana Bertero y María Cecilia Doro.

La convocatoria tuvo lugar desde las 12:00 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Fiscalía Regional 5, ubicado en Necochea 443.

El Ministerio Público de la Acusación brindó detalles de la audiencia cautelar desarrollada en el marco de la causa que investiga a una asociación ilícita presuntamente involucrada en delitos relacionados con el microtráfico y hechos de violencia de alta gravedad registrados en Rafaela.

La Provincia llevó adelante este viernes el derribo de un nuevo búnker de venta y comercialización de estupefacientes en la ciudad de Frontera, departamento Castellanos. Con este procedimiento, ya son 137 los búnkeres derribados en toda la provincia desde la implementación de la Ley de Microtráfico N° 14.239, sancionada por la Legislatura en diciembre de 2023 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro.La intervención se realizó en la intersección de las calles 96 y 9 y fue resultado de un trabajo coordinado entre la Fiscalía especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Fiscalía Regional N° 5 y el Ministerio de Justicia y Seguridad.

Una investigación de varios meses

El fiscal regional Carlos Vottero destacó el trabajo conjunto entre los organismos que intervinieron en el procedimiento y explicó que la demolición fue consecuencia de una investigación desarrollada durante varios meses.“Estamos llevando adelante una nueva inactivación en la localidad de Frontera. Concretamente, se trata de la demolición de un inmueble destinado a la venta y comercialización de estupefacientes”, señaló.Vottero explicó que durante la investigación se produjeron detenciones y se secuestraron elementos vinculados con estupefacientes y su comercialización.

Una política sostenida contra el narcotráfico

Por su parte, el subsecretario de Análisis Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Sebastián Montenotte, destacó que el procedimiento se lleva adelante “en el marco de la implementación del Plan de Seguridad ordenado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni”.“Estamos llevando adelante el derribo en la ciudad de Frontera, punto de venta número 11, en este marco de combatir firmemente a las bandas de microtráfico que tenemos en distintos lugares de la provincia”, afirmó.Montenotte sostuvo que este tipo de intervenciones constituyen “una señal clara de que queremos recuperar la tranquilidad para todos los santafesinos” y remarcó la importancia de la coordinación con la Fiscalía y la Justicia.“Por eso estamos haciendo, en coordinación con la Fiscalía y con la Justicia, este tipo de medidas para recuperar la tranquilidad y la convivencia de todos los vecinos”, concluyó.

Una política sostenida contra el microtráfico

La Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura en diciembre de 2023, incorporó nuevas herramientas para intervenir sobre los puntos de venta de estupefacientes y avanzar sobre los inmuebles vinculados a la actividad delictiva.Desde su implementación, el Gobierno provincial trabaja de manera articulada con el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía de Santa Fe y los gobiernos locales para profundizar las investigaciones, desarticular estructuras de narcomenudeo y recuperar espacios afectados por la actividad criminal.Los procedimientos forman parte de una política de seguridad que tiene entre sus principales objetivos reducir la violencia asociada al microtráfico y devolver tranquilidad a los vecinos.

La detención del jefe y el subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto sumó este martes nuevos y graves elementos. Durante una conferencia realizada por la tarde en la sede de la Fiscalía Regional de la Tercera Circunscripción, las autoridades confirmaron que se investiga una presunta protección policial a un traficante de drogas que operaba en el sur de la provincia de Santa Fe.

El fiscal regional Mauricio Clavero explicó que la causa surgió a partir del trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, mediante un Equipo Conjunto de Investigación (ECI).

La investigación derivó durante la mañana en seis allanamientos: cuatro en Venado Tuerto, uno en General Lagos y otro en Carreras. Fueron detenidos los dos máximos responsables de Microtráfico de la PDI local y se secuestraron los teléfonos celulares de todos los integrantes de esa división.

En paralelo, la Justicia Federal realizó procedimientos que terminaron con la detención de un presunto traficante y el secuestro de estupefacientes, armas y dispositivos electrónicos.

Clavero fue consultado durante la conferencia acerca de cuál sería la relación entre ambos procedimientos y dio a conocer el eje central sobre el que trabajan los investigadores.

“Entendemos, presumiblemente, que existía protección del jefe y del subjefe para que este traficante pudiera no solamente traficar, sino también distribuir la droga en el sur de la provincia de Santa Fe”, señaló.

La utilización del término “presumiblemente” no es menor: las responsabilidades todavía deberán ser determinadas judicialmente y la Fiscalía evitó anticipar la imputación concreta que formulará contra los policías.

Según explicó Clavero, la evidencia reunida hasta el momento fue considerada suficiente para ordenar ambas detenciones y avanzar hacia una audiencia imputativa que, en principio, se realizaría el miércoles 2 de septiembre.

Respecto del traficante detenido en el procedimiento federal, precisó que se trata de una persona con antecedentes y adelantó que su audiencia en esa jurisdicción podría desarrollarse durante esta misma semana.

Uno de los aspectos destacados por el fiscal regional fue la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación, una herramienta contemplada en el artículo 123 del Código Procesal Penal Federal que permite compartir información cuando existen investigaciones de diferentes jurisdicciones con puntos de conexión.

Del lado provincial trabajan los fiscales Ana Belén Stampella y Luis Lagioia, mientras que desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación intervienen Federico Reinares Solari, Daniel Ghiorzi y Rocío Estrada.

Clavero describió el mecanismo como prácticamente inédito para la región y sostuvo que fue necesario conformarlo por la gravedad de los hechos que comenzaron a surgir.

“Este acuerdo nos permite contar con toda la información que reúne la Fiscalía Federal y con la que nosotros reunimos, y ponerla en conjunto al servicio no solamente de descubrir la verdad, sino también de individualizar a aquellos que, teniendo la obligación de perseguir el delito, se hacen parte del delito”, remarcó.

El fiscal recordó además que desde el inicio de su gestión se profundizó el vínculo con la Justicia Federal para avanzar sobre estructuras del narcotráfico y no limitar las investigaciones exclusivamente a los puntos de venta minorista.

Clavero vinculó el caso con un reclamo que, afirmó, se repite entre vecinos y autoridades del sur provincial: avanzar contra todos los niveles vinculados al negocio de los estupefacientes. “Nos pidieron que vayamos por todos, sin ningún tipo de distinción”, afirmó.

En ese marco, repasó investigaciones desarrolladas durante los últimos meses contra organizaciones criminales y estructuras económicas presuntamente vinculadas con el movimiento del dinero proveniente de la venta de drogas.

El fiscal reconoció, sin embargo, que esta vez el caso adquiere una dimensión diferente porque alcanza precisamente a integrantes de la fuerza encargada de investigar el microtráfico.

“Amo a la institución policial y no puedo dejar de significar el profundo dolor que me causa tener que estar haciendo esta conferencia de prensa con motivo de esto”, expresó.

Más adelante insistió en el alcance de la pesquisa: “Acá no hay ningún protegido. Vamos por todo. Ahora también vamos por la policía deshonesta”.

Las autoridades evitaron confirmar por el momento la calificación jurídica definitiva que enfrentarán los dos policías. Clavero anticipó únicamente que serán “calificaciones verdaderamente complejas” y vinculadas con la comercialización de estupefacientes.

La Fiscalía analiza diferentes niveles de responsabilidad y señaló que, según lo que arroje la evidencia, podrían contemplarse figuras relacionadas con una eventual participación necesaria, confabulación o encubrimiento agravado, entre otras posibilidades.

“La precisión la vamos a dar en el momento de la audiencia imputativa”, aclaró el fiscal. Parte central de lo que viene será el análisis de los teléfonos celulares secuestrados, tanto a los responsables de la división como al resto de sus integrantes.

La investigación no se limitaría necesariamente al jefe y al subjefe. Ante una consulta sobre la posibilidad de que otros miembros de la fuerza queden involucrados, las autoridades dejaron abierta esa alternativa.

“En el transcurso de la investigación no descartamos que pueda haber más personas detenidas”, respondieron durante la conferencia.

Clavero aseguró que “todos están siendo vistos” y sostuvo que no existe ninguna limitación institucional para investigar a otros policías si aparecen elementos que los vinculen con maniobras delictivas.

También confirmó que podrían revisarse causas anteriores en las que hayan intervenido los dos funcionarios ahora detenidos. “No tenga ninguna duda. De hecho, hoy recibimos información valiosa con relación al accionar de estas personas y la vamos a analizar”, afirmó.

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Federico Angelini, explicó que la División Microtráfico continuará funcionando, aunque será sometida a una reorganización interna inmediata luego de las detenciones.

Según explicó, cualquier modificación previa a los procedimientos podía poner sobre aviso a los investigados y comprometer los operativos.

“Ahora nos vamos a abocar a esa reorganización para garantizar el correcto funcionamiento de la Policía de Investigaciones”, indicó.

Angelini defendió además el trabajo general desarrollado por la PDI y diferenció la situación de los investigados de la actuación del resto de los integrantes de la fuerza.

“La Policía de Investigaciones ha tenido muchísimo que ver en la baja de la violencia que hubo en la provincia de Santa Fe. Ha sido fundamental para poner tras las rejas a delincuentes que le hicieron muchísimo daño a nuestra provincia”, sostuvo.

El funcionario provincial remarcó que existe una decisión política del gobierno de Maximiliano Pullaro de respaldar a los policías que cumplen con sus funciones y avanzar contra quienes cometan delitos desde el interior de la institución.

“Para que haya una mejor y mayor seguridad es fundamental que todos aquellos delincuentes vestidos de policías no estén más en la fuerza”, afirmó Angelini.

Y cerró con una definición contundente: “No hay nada que cuide más al buen policía que sacar a los delincuentes vestidos de policía”.

Los próximos días serán determinantes para el avance de una investigación que ya generó una fuerte repercusión institucional en Venado Tuerto y el sur santafesino. El peritaje de los dispositivos secuestrados, las medidas pendientes y las audiencias judiciales permitirán establecer cuál habría sido concretamente la actuación de los dos jefes policiales y si existen otros integrantes de la fuerza comprometidos en la presunta protección de actividades vinculadas al narcotráfico.

Dos hombres de 39 y 19 años fueron aprehendidos durante la noche del jueves en Frontera, luego de que personal del Comando Radioeléctrico detectara que tenían en su poder material presumiblemente estupefaciente.

De acuerdo con la información policial, tras el procedimiento se convocó a efectivos del área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron las tareas correspondientes sobre la sustancia hallada y procedieron a su secuestro.

Luego del operativo, ambos sujetos fueron trasladados hasta la Comisaría N° 6 de Frontera, donde continuaron las actuaciones de rigor.

También se dio conocimiento de lo sucedido al fiscal en turno, quien impartió las directivas a seguir en el marco de la causa. No se informaron, por el momento, precisiones sobre el tipo ni la cantidad del material secuestrado.

Personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XI aprehendió durante la tarde del miércoles a un hombre de 26 años en Esperanza, en el marco de un procedimiento relacionado con una presunta infracción a la Ley de Microtráfico.

La intervención comenzó cuando los efectivos fueron enviados por la Central de Emergencias 911 hasta un domicilio ubicado en Belgrano al 1400, a raíz de un aviso por un supuesto desorden.

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a una mujer y a un hombre, quienes manifestaron que habían mantenido una discusión verbal. Ambos aseguraron, además, que ninguno de ellos había solicitado la presencia policial.

Durante la actuación, los agentes advirtieron que el joven presentaba un marcado estado de nerviosismo y observaron un bulto debajo de su campera. Según informó la fuerza, ante respuestas consideradas evasivas e incoherentes se convocó a testigos y se realizó una requisa preventiva.

En poder del hombre encontraron una riñonera que contenía dos envoltorios con una sustancia vegetal de características similares a la marihuana, además de un cigarrillo de elaboración artesanal con material semejante y una balanza de precisión.

Ante el hallazgo, los efectivos procedieron a aprehender al joven y secuestrar los elementos encontrados. Las actuaciones fueron posteriormente trasladadas a la dependencia policial correspondiente por jurisdicción para continuar con el procedimiento.

El subsecretario de Investigación Criminal de la Provincia, Rolando Galfrascoli, brindó detalles este lunes sobre una serie de operativos realizados durante la última semana y el fin de semana en los departamentos La Capital, Castellanos, Las Colonias y San Justo. Los procedimientos dejaron como saldo 26 personas detenidas tras 37 allanamientos y el secuestro de 15 armas de fuego, 554 municiones, 35 teléfonos celulares, más de 1,1 kilos de cocaína -equivalentes a unas 2.000 dosis-, 150 gramos de marihuana, cuatro vehículos y más de 3,2 millones de pesos.

Durante la conferencia de prensa, el funcionario señaló que “estamos llevando adelante un Plan de Seguridad y un plan de persecución penal que están dando los resultados que buscamos”, aunque advirtió que “nunca va a ser suficiente y seguramente siempre va a haber mucho más para hacer”. En ese marco, valoró el trabajo conjunto de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para “devolverles la paz a los santafesinos y sacar de circulación a los delincuentes violentos”.

Galfrascoli destacó especialmente los procedimientos realizados el sábado en barrio Barranquitas, en la ciudad de Santa Fe, donde se produjo uno de los principales hallazgos de la serie de operativos. “Es impresionante e importante, y muestra a las claras lo que siempre sostenemos: la política de persecución a los criminales violentos tiene que eliminar el microtráfico como economía delictiva directamente ligada a la violencia altamente lesiva y, al mismo tiempo, retirar las armas de fuego que circulan en Santa Fe”, sostuvo.

La investigación se inició a partir de un episodio de violencia doméstica y avanzó sobre delitos de abuso de armas, amenazas calificadas y violencia de género. Según explicó el subsecretario, las tareas investigativas permitieron determinar que el hecho podía estar relacionado con una estructura delictiva de mayor complejidad.

“Pudimos dar cuenta de una organización criminal”, afirmó Galfrascoli. En uno de los domicilios fueron encontradas 12 armas de fuego, “todas a nombre de una sola persona que forma parte de un clan familiar con antecedentes penales”. Y remarcó: “Es un arsenal dispuesto para cometer delitos”.

Entre los elementos secuestrados había pistolas calibre 9 milímetros, revólveres, escopetas y una importante cantidad de municiones.

“Esto no fue una casualidad. A partir de un hecho violento doméstico se investigó, teníamos el dato y lo secuestrado confirmó la información con la que contábamos”, explicó. Además, aclaró que no se trataría de armas robadas o sustraídas a fuerzas de seguridad, sino de elementos registrados formalmente a nombre de una persona.

Ante esta situación, Galfrascoli reclamó a las autoridades nacionales que “fortalezcan y profundicen el control sobre las licencias que se otorgan para que una persona pueda comprar un arma de fuego”.

El subsecretario de Investigación Criminal también se refirió a los cinco allanamientos por microtráfico realizados en San Jerónimo Norte, departamento Las Colonias. “Hicimos un procedimiento que es histórico en ese lugar”, aseguró.

Durante los operativos se secuestraron cocaína, marihuana, balanzas de precisión, una máquina contadora de billetes, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa. Como resultado de las medidas, cinco hombres quedaron detenidos.

Galfrascoli destacó además la importancia de las denuncias ciudadanas y de la preservación de las fuentes de información por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad. En ese sentido, señaló que el sistema 911 “es nuestra herramienta fundamental y uno de los mayores aciertos en política de seguridad y persecución penal de la provincia”.

El funcionario también puso de relieve el trabajo de los consejos de Seguridad locales, la articulación con intendentes y presidentes comunales y la información aportada por los ciudadanos a la Justicia provincial o federal.

“Todas las vías, la denuncia directa o las llamadas telefónicas al 0800 o al 911, son herramientas fundamentales. Dan resultado y nosotros apostamos a que siga siendo así”, concluyó.

Un joven de 22 años, señalado en la investigación como presunto integrante de la estructura de Los Monos en el barrio La Lata, fue detenido este miércoles en Rosario en el marco de una causa por microtráfico.

El procedimiento fue realizado por agentes de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la Policía Federal, quienes interceptaron un taxi en la intersección de Presidente Roca y 27 de Febrero.

El detenido fue identificado como Juan Ignacio C., sobre quien pesaba un pedido de captura desde 2025 en una investigación encabezada por el fiscal de Microtráfico Diego Giro.

De acuerdo con la información policial, los agentes siguieron al sospechoso cuando salió de un domicilio ubicado en calle España al 3200, entre Garay y Deán Funes.

El joven subió a un taxi junto con su pareja, hija de Ariel “Guli” Bovio, un barrabrava de Newell’s asesinado a tiros en marzo de 2025.

Cuando el vehículo llegó a Presidente Roca y 27 de Febrero, los efectivos detuvieron la marcha e identificaron a los ocupantes. Allí confirmaron la orden de captura y procedieron a la aprehensión de Juan Ignacio C.

Luego de la detención, la Policía Federal allanó la vivienda desde la que había salido el joven.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron dispositivos informáticos, documentación y merchandising relacionado con Claudio Ariel “Pájaro” Cantero, asesinado en mayo de 2013.

Los elementos quedaron incorporados a la investigación para ser analizados por la Fiscalía.

En el marco del mismo legajo ya se habían realizado allanamientos durante noviembre de 2025, que terminaron con 21 personas detenidas.

En abril de este año también fue aprehendido Claudio Fabrizio C., alias “Caio”, hermano del joven capturado este miércoles.

Juan Ignacio C. es además hermano de Leonardo C., condenado a prisión perpetua por el homicidio de Sebastián “Oso” Cejas, ocurrido el 22 de septiembre de 2020 durante el robo de un automóvil en inmediaciones del Hospital Español.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación por su presunta participación en actividades de microtráfico.

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante seis allanamientos en la ciudad de Reconquista, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.

Los procedimientos fueron realizados el jueves en domicilios de los barrios Virgen de Guadalupe, Guadalupe Sur, Guadalupe Oeste y Loteo Belén, bajo la dirección del fiscal Sebastián Galleano, de la Unidad Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación.

Como resultado de los operativos, los efectivos detuvieron a una mujer de 44 años, identificada por sus iniciales D. S. B., quien fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

Cocaína, dinero y dispositivos electrónicos

Durante los allanamientos, la PDI secuestró 140 envoltorios de cocaína, con un peso total de 43,16 gramos, además de un envoltorio de marihuana de 2,9 gramos.

También fueron incautados 23 teléfonos celulares, $1.538.700 en efectivo, cuatro tablets, un pendrive, una cámara con memoria micro SD, un aire comprimido, cinco cartuchos calibre .22 y recortes presuntamente utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Todos los elementos quedaron incorporados a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación.

La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, y se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.

La pesquisa comenzó tras una denuncia que advertía sobre la presunta comercialización de estupefacientes en un inmueble alquilado de la ciudad. A partir de tareas investigativas, los efectivos reunieron los elementos necesarios para solicitar la correspondiente orden de allanamiento.

Durante el procedimiento, dos hombres intentaron darse a la fuga al advertir la presencia policial, aunque fueron aprehendidos a los pocos minutos en domicilios cercanos al lugar allanado.

Como resultado del operativo, los investigadores secuestraron 64,7 gramos de cocaína, una balanza digital, un teléfono celular, una réplica de pistola de plástico, un cortaplumas y $74.800 en efectivo, además de otros elementos de interés para la causa.

Por disposición del fiscal interviniente fueron detenidos R.P.L.A. y A.A.A., quienes fueron notificados por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y violación de domicilio, quedando a disposición de la Justicia.

Asimismo, J.M.M. y D.F.B. fueron notificados en estado de libertad por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

El procedimiento contó con la colaboración de personal del Distrito Operativo Rafaela y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional V.

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la División Microtráfico Distrito Rafaela, recuperó una motocicleta en el marco de una investigación por microtráfico y tenencia indebida de arma de fuego que se desarrolla en la ciudad y que ya tiene cuatro personas detenidas.

Según informó oficialmente la fuerza, las actuaciones forman parte de una causa que permitió desarticular un punto de comercialización de estupefacientes el pasado 6 de marzo en Rafaela.

En el marco de la continuidad de la investigación, efectivos de la PDI realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Luis Maggi al 1900, por disposición del juez penal Gustavo Bumaguin.

Durante el procedimiento no lograron localizar la motocicleta que era buscada. Sin embargo, posteriores tareas investigativas permitieron establecer que el vehículo se encontraba resguardado en el corralón municipal.

Una vez informada la novedad a la fiscal interviniente, Analía Abreu, se dispuso la inmediata restitución de la motocicleta a su propietario en carácter de depósito judicial.

La entrega del vehículo se concretó en presencia de un testigo hábil, conforme a las disposiciones judiciales vigentes.

Desde la PDI indicaron que la investigación continúa avanzando bajo las directivas de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, con el objetivo de profundizar las líneas de investigación abiertas en la causa.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una mujer e identificó a dos hombres en Rafaela, en el marco de una causa por tenencia de material estupefaciente con fines de comercialización.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Microtráfico Región 5, dependiente de la Dirección General de la PDI, luego de tareas investigativas que permitieron acreditar presuntas maniobras vinculadas al narcomenudeo.

El allanamiento se desarrolló en inmediaciones de calle Iturraspe al 1700, por orden de la Justicia.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron 103 envoltorios con cocaína, con un peso total de 19,96 gramos, cerca de 90 mil pesos en efectivo, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la causa.

Como resultado del operativo, la fiscal interviniente, Analía Abreu, dispuso la detención de una mujer identificada como A.L.C., quien fue notificada por el delito de tenencia de material estupefaciente con fines de comercialización.

Además, dos hombres fueron identificados y notificados por tenencia simple de estupefacientes.

La problemática de las muertes violentas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública de la provincia de Santa Fe. Desde el ámbito judicial advirtieron sobre la necesidad de visibilizar, registrar datos y trabajar de manera interrelacionada para intentar reducir los índices vinculados a suicidios, accidentes de tránsito, homicidios.

Según los datos mencionados, en la provincia se registraron 448 suicidios, 306 accidentes de tránsito y 210 homicidios dolosos, cifras que muestran el impacto de distintas formas de violencia.

“Hay que empezar a visibilizar esta enorme problemática, tomar datos y tratar de mejorar para trabajar interrelacionalmente y bajar estos niveles de muertes violentas”, se planteó.

En ese sentido, se remarcó que, aunque muchas veces se las analiza por separado, estas situaciones comparten un mismo eje: todas constituyen muertes violentas y demandan una intervención estatal coordinada.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se destacó que el trabajo de un fiscal frente a determinados tipos de muertes violentas tiene la misma exigencia investigativa que en un homicidio doloso.

“El trabajo de un fiscal respecto de estos tipos de muertes es exactamente igual que el de un homicidio doloso”, se indicó.

Dentro del ámbito de la Regional 5, se mencionó que se registraron 46 casos en Rafaela, lo que refuerza la necesidad de abordar la problemática con una mirada territorial, sostenida y articulada entre distintas áreas del Estado.

También se hizo referencia al trabajo que se viene realizando en la región frente a delitos vinculados al microtráfico, especialmente en la ciudad de Frontera.

“Desde esta Regional estamos trabajando de manera insistente, y Frontera es el lugar donde aparecen estos delitos de microtráfico”, se señaló.

En ese marco, se destacó el avance de procedimientos contra puntos de venta de drogas. “En Frontera logramos el derribo de 10 búnkers”, se informó.

Uno de los puntos más sensibles del análisis estuvo puesto en los suicidios, especialmente por el rango etario más afectado. Según se indicó, la mayor incidencia aparece entre personas de 20 a 39 años.

“Hay que visibilizar esta problemática que va en aumento”, se advirtió.

En ese sentido, se remarcó que el abordaje no puede depender de un solo organismo, sino que requiere la intervención de distintas áreas estatales.

“Cada sector del Estado se tiene que hacer cargo de lo que corresponde en suicidios”, se sostuvo.

La situación ocurrida en San Cristóbal también fue mencionada como parte de una problemática más amplia, vinculada a expresiones de violencia extrema en contextos escolares.

“Lo de San Cristóbal no es un hecho aislado. La problemática es mucho mayor”, se afirmó.

En ese sentido, se vinculó este tipo de hechos con fenómenos surgidos en otros países y con consumos culturales digitales asociados a situaciones de violencia extrema.

“Esto tiene un origen en Estados Unidos, con la masacre de Columbine, y en subculturas digitales donde la motivación se encuentra en relaciones de situaciones de violencia extrema”, se planteó.

Finalmente, se hizo referencia a la falta de lugares de alojamiento para personas detenidas y a la responsabilidad funcional del Ministerio Público de la Acusación.

“Nunca bajo mi órbita voy a dejar de cumplir con mis funciones por falta de lugar de alojamiento”, se remarcó.

En esa línea, se aclaró que la disponibilidad de plazas para alojar detenidos no es competencia directa de un fiscal, aunque sí forma parte de una discusión más amplia sobre el funcionamiento del sistema penal y penitenciario.

Un grupo de diputados provinciales de Unidos presentó un proyecto de ley para aprobar el primer informe bianual sobre la aplicación de la ley de microtráfico en Santa Fe y, al mismo tiempo, establecer como obligatoria la presentación periódica de ese documento ante la Legislatura.

La iniciativa fue impulsada por el diputado radical José Corral y cuenta con el acompañamiento de los restantes legisladores de la UCR, las diputadas del PRO y el diputado Walter Ghione, de UNO. El planteo apunta a validar el informe correspondiente al período 2023-2025, elaborado por el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación, en el marco de la adhesión provincial a la persecución penal del microtráfico de estupefacientes.

En los fundamentos, Corral sostuvo que la Ley N° 14.239, sancionada el 14 de diciembre de 2023, constituyó “una respuesta político-criminal de primer orden” frente a una situación de emergencia en materia de seguridad pública. Según el informe bianual, las muertes violentas vinculadas a grupos criminales y economías ilegales pasaron del 26% en 2014 al 60% en 2023, con una fuerte presencia de armas de fuego en esos hechos.

El diagnóstico también remarca que en el departamento Rosario la tasa de homicidios llegó en 2022 a 22,24 muertes cada 100.000 habitantes, más de cinco veces por encima de la media nacional. A partir de ese escenario, los legisladores oficialistas consideran que la adhesión a la ley permitió dotar al Estado provincial de herramientas normativas y operativas para intervenir directamente sobre los puntos de venta de drogas.

El informe señala que entre el 29 de diciembre de 2023 y el 29 de diciembre de 2025, el MPA registró 24.843 ingresos por hechos vinculados al microtráfico en toda la provincia. El pico se produjo en diciembre de 2025, con 1.507 ingresos, casi 50 por día.

También se destacó el crecimiento de la participación ciudadana a través del sistema 0800-SAE-CAD 911. Las denuncias aumentaron un 153% entre 2023 y 2024 y luego registraron una suba adicional del 24,7% entre 2024 y 2025.

En cuanto a las intervenciones directas, desde comienzos de 2024 se realizaron más de 60 inactivaciones y derribos de puntos de venta de estupefacientes en distintas localidades, entre ellas Rosario, Santa Fe, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela. El informe destaca que solo durante el primer mes de vigencia de la norma se derribaron cinco búnkeres.

Corral sostuvo que los resultados obtenidos durante los dos primeros años “acreditan resultados concretos y sostenidos” y justifican la continuidad de la política. Además, vinculó la intervención sobre puntos de venta con la baja de homicidios dolosos registrada en la provincia al cierre del primer trimestre de 2025.

El proyecto también pone el foco en la construcción institucional que acompañó la aplicación de la ley. En el ámbito del MPA se conformó el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico, se aprobó el Plan de Persecución Penal por Objetivos Priorizados y se creó la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, con presencia territorial en toda la provincia.

En paralelo, dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad se fortaleció la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones, que pasó de 92 a 133 efectivos especializados. También se crearon dispositivos específicos como la Unidad de Gestión de Intervención de Puntos de Venta de Estupefacientes, el DIPROCACE y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales.

El informe cuantifica además la inversión realizada: más de $116.000 millones ejecutados en 2024 y $129.000 millones en 2025 por el Ministerio de Justicia y Seguridad, a lo que se suman $117 millones invertidos por el MPA en infraestructura y equipamiento.

La ley vigente establece que, transcurridos 24 meses desde su entrada en vigencia, la autoridad de aplicación debe elaborar un informe de evaluación y remitirlo a la Legislatura para su análisis, con el objetivo de determinar la continuidad de la norma.

El proyecto presentado por Corral busca modificar ese artículo para que la política quede plenamente operativa como una herramienta permanente del Estado provincial. La propuesta no elimina el control legislativo, sino que lo transforma en una instancia periódica de seguimiento y rendición de cuentas, sin condicionar la continuidad de la ley a una nueva decisión parlamentaria.

Para los legisladores que acompañan la iniciativa, el informe de los primeros dos años muestra que la persecución del microtráfico permitió fortalecer la presencia estatal en territorios atravesados por economías ilegales, mejorar la articulación institucional y generar información clave para orientar la política criminal de la provincia.

Efectivos de la Brigada Motorizada de Rafaela detuvieron a un hombre de 42 años y una mujer de 27 luego de que exhibieran un arma de fuego mientras circulaban en una motocicleta, generando temor entre los ocupantes de un automóvil en la zona de Pueyrredón y A. Brown.

Tras recibir el alerta del 911, se convocó a personal de Policía Científica, que procedió al secuestro del arma, mientras que en la baulera del vehículo se encontró material estupefaciente, por lo que se dio intervención a la PDI – Microtráfico.

Los aprehendidos, junto con la motocicleta, fueron trasladados a la Comisaría N° 1 por razones de jurisdicción y quedaron a disposición del fiscal interviniente, quien ordenó que permanezcan en carácter de detenidos mientras se desarrollan las actuaciones judiciales correspondientes.

Tostado, Santa Fe – La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 24 años en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes y tenencia indebida de armas de fuego. El operativo se realizó en la ciudad de Tostado, bajo la supervisión del fiscal Mauricio Spinosa, de la Fiscalía N° 515.

La investigación comenzó el pasado 12 de abril, a cargo de la División Especial Microtráfico, que tras reunir indicios y obtener las medidas judiciales correspondientes, allanó un domicilio ubicado en la intersección de calles Bartolomé Mitre y Saavedra.

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a N. A. V. y secuestraron varios elementos relacionados con la actividad ilícita: un envoltorio con tres gramos de cocaína, seis teléfonos celulares, aproximadamente $600.000 en efectivo, una balanza de precisión, una carabina, dos réplicas de pistola, dos aires comprimidos, cartuchos de distintos calibres y otros objetos vinculados a la investigación.

Por disposición del fiscal interviniente, el detenido quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional XII, a disposición de la justicia en turno, mientras continúan las diligencias para determinar su participación en el microtráfico y la tenencia de armas.

Un procedimiento policial realizado en Reconquista terminó con el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo, un ciclomotor y dos teléfonos celulares, luego de una persecución iniciada durante un patrullaje preventivo en la zona urbana.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería realizaban recorridas en la cuadrícula asignada y observaron a dos jóvenes que circulaban a bordo de un ciclomotor de 110 cc. Al advertir la presencia policial, los ocupantes intentaron evadir el control y se dieron a la fuga por distintas calles.

La persecución se extendió por la Ruta A009 y calle 131, luego continuó por una calle interna del loteo de barrio Los Naranjos y finalizó en inmediaciones de calle 129 y colectora, donde los sospechosos descartaron el rodado y siguieron escapando a pie.

Pese al intento de fuga, los efectivos lograron alcanzarlos en la zona de calle 127 y colectora. Se trataba de un joven mayor de edad y un adolescente, quienes fueron interceptados, requisados e identificados. De acuerdo al parte oficial, ambos habrían mantenido actitudes hostiles durante el procedimiento.

Con colaboración de personal del Comando Radioeléctrico de Reconquista, los agentes regresaron hasta el ciclomotor abandonado y revisaron la baulera. Allí encontraron una bolsa blanca con más de 80 envoltorios que contenían una sustancia blanquecina similar a cocaína y otros envoltorios con material vegetal, presuntamente marihuana.

Además, se secuestró la suma de $425.000 en efectivo y dos smartphones, elementos considerados de interés judicial. Todo el procedimiento se realizó con la presencia de dos testigos ocasionales.

Posteriormente, se dio intervención a los organismos judiciales correspondientes y se solicitó la presencia de peritos de la División Microtráfico, dependiente de la Policía de Investigaciones.

Tras realizar los análisis reactivos, los especialistas confirmaron que las sustancias secuestradas eran cocaína y marihuana, por lo que se continuaron las actuaciones procesales del caso.

Los dos jóvenes trasladados quedaron a disposición de los órganos judiciales competentes.

En los tribunales de San Cristóbal, se resolvió que un hombre de 32 años, cuyas iniciales son AAG, continuará en prisión preventiva mientras se investiga su presunta participación en la venta de drogas al menudeo en Suardi, departamento San Cristóbal. 

La decisión fue tomada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Juan Gabriel Peralta, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, a solicitud de la fiscal Hemilce Fissore, quien encabeza la investigación. La fiscal explicó que, aunque la defensa solicitó morigerar la prisión preventiva, se mantuvo el argumento de que persistía el peligro de entorpecimiento probatorio, dado que aún restan peritar seis de los diez teléfonos celulares secuestrados en siete allanamientos simultáneos realizados en noviembre de 2025.

Fissore agregó que el juez rechazó la petición de la defensa y prorrogó la cautelar no solo por la naturaleza del delito investigado, sino también porque otras cinco personas vinculadas a la causa permanecen en prisión preventiva sin plazos establecidos, medida que había sido confirmada previamente por el camarista Matías Drivet el 8 de abril. 

Según la fiscalía, AAG y los demás imputados comercializaban cocaína y marihuana al menudeo desde sus viviendas, actuando con conocimiento del carácter ilícito de sus actos y de manera habitual. La causa califica a AAG por el delito de comercialización de estupefacientes, en el marco de la investigación a cargo del Ministerio Público de la Acusación.