El Ministerio de Justicia resolvió avanzar con la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras un pedido formal de la Inspección General de Justicia (IGJ) en el marco de una investigación por presuntas irregularidades administrativas y contables. La resolución será oficializada en las próximas horas.

La medida contempla la designación de tres profesionales —dos abogados y un contador— que tendrán como función relevar documentación interna y verificar información financiera que, según el organismo de control, fue solicitada y no entregada por la entidad. Desde el Gobierno aclararon que se trata de una veeduría y no de una intervención institucional.

El requerimiento original fue firmado por el inspector general Daniel Roque Vítolo luego de detectar lo que calificó como “graves irregularidades”. La IGJ busca acceder a los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025 y analizar la estructura financiera completa de la asociación.

Entre los puntos centrales de la auditoría figura la revisión del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo compra de inmuebles, equipamiento, designación de autoridades y convenios con terceros. También se examinarán las relaciones comerciales vinculadas a la comercialización de derechos deportivos y operaciones financieras.

El organismo advirtió que la AFA no presentó el balance correspondiente al ejercicio 2025 dentro de los plazos legales y que la documentación remitida resultó incompleta, especialmente en lo referido a ingresos y egresos.

Desde el Ministerio de Justicia sostuvieron que la asociación se negó a entregar la documentación requerida pese a las intimaciones formales. Los veedores deberán obtener y verificar esos datos faltantes.

La auditoría incluirá además los movimientos relacionados con la firma TourProdEnter y otras sociedades vinculadas a la explotación comercial de derechos deportivos. El objetivo será reconstruir el flujo de fondos, incluidas posibles transferencias internacionales, y comprobar el cumplimiento de normas legales y estatutarias.

En paralelo, la IGJ rechazó el intento de la AFA de cambiar su domicilio a la provincia de Buenos Aires al comprobar que la sede declarada no funcionaba como centro administrativo real. Por ello, el organismo determinó que la institución continúa bajo su jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia aseguran que los estados contables fueron aprobados en asamblea y que la entidad mantiene cumplimiento impositivo vigente. No descartan recurrir a la Justicia una vez formalizada la veeduría.

El Gobierno, en cambio, afirma que la medida forma parte de las facultades de fiscalización previstas por ley y que no implica sanciones ni desplazamiento de autoridades.

La decisión se produce en medio de tensiones entre el Ejecutivo y la dirigencia del fútbol, atravesadas por la investigación judicial contra Tapia y el tesorero Pablo Toviggino por presuntas irregularidades tributarias denunciadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, entregó este lunes el equipamiento reglamentario a 811 suboficiales de policía egresados de la cohorte 2024-2025 de la Escuela de Policía del Instituto de Seguridad Pública (ISEP). Con esta provisión, los nuevos efectivos quedaron formalmente incorporados al servicio y serán destinados a distintos puntos del territorio santafesino.

El equipamiento entregado a estrenar comprende una pistola Bersa 9 mm de doble acción como arma reglamentaria, chaleco balístico y uniforme de fajina completo. La inversión total asciende a $ 33.000 millones, destinada a garantizar que los agentes inicien sus funciones con los elementos esenciales de protección y trabajo.

Durante el acto, realizado en la sede del ISEP en la ciudad de Recreo, el director de Formación para la Seguridad y Gestión de Carrera, Federico Zingerling, subrayó que “por primera vez estos suboficiales que recién egresan salen a trabajar sin gastar ni un centavo, con todo el equipo completo”. Detalló además que la inversión provincial incluyó $ 20.000 millones en uniformes, $ 2.000 millones en armamento y $ 11.000 millones en chalecos balísticos. Asimismo, los egresados quedaron formalmente afiliados a la obra social Iapos.

El funcionario indicó que los efectivos están en condiciones de iniciar sus tareas de inmediato, y precisó que el destino de cada suboficial será definido por el ministro de Justicia y Seguridad en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública.

Los policías egresados, de entre 18 y 28 años y provenientes de distintas localidades de la provincia, cursaron su formación bajo un nuevo régimen de internado impulsado por el Gobierno santafesino. El sistema establece permanencia de lunes a viernes dentro del instituto, favoreciendo una mayor integración entre docentes e instructores y una preparación más ajustada a las exigencias del servicio policial.

En ese marco, Zingerling destacó que para implementar este régimen también se ejecutaron obras de infraestructura en el ISEP, incluyendo mejoras en los sistemas de cloacas, provisión de agua y reacondicionamiento edilicio. “Se acondicionaron las instalaciones para el bienestar de los cadetes y para garantizar condiciones adecuadas durante su estadía”, concluyó.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad,  puso en funciones este jueves al director General de Policía, Danilo Villlán, como nuevo jefe de la Unidad Regional II – departamento Rosario; y a Ramón Morales, como coordinador de Actividades Operativas de la URII.

El acto se llevó a cabo en la sede de la URII en la ciudad de Rosario, y fue encabezado por el secretario de Seguridad, Omar Pereira, quien señaló que la medida tiene que ver con “la dinámica propia de las rotaciones y designaciones de jefes. La UR II constituye un elemento de atención especial debido a que es el centro de la actividad operativa de la provincia, donde el diseño del Plan de Seguridad tiene su epicentro y su desarrollo principal”.

Por este motivo, “la elección de cada jefe revista una atención especial por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad; y la selección de Villán tiene que ver con esta impronta, además de su experiencia en la fuerza. La expectativa es continuar y consolidar los logros alcanzados con este Plan de Seguridad”.

Por último, Pereira precisó que la designación de Morales se debe a “la complejidad que la actividad operativa ha alcanzado en Rosario y el departamento, y nos vimos en la necesidad de instalar esta figura, de manera que sea un colaborador directo del jefe de Unidad Regional, en la articulación y coordinación de todos los elementos operativos, como las agrupaciones Cuerpos y Orden Público”.

Nuevo Jefe

El director General de Policía, Danilo Villán, tiene 54 años y nació en Intiyaco, departamento Vera. Es agente retirado y reincorporado a fines de 2023 para cumplir funciones en la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe.

Formó parte del Cuerpo Guardia Infantería de UR II, División Personal, sumariante de Comisaría 7ma de UR II, Comando Radioeléctrico de UR II (jefe de tercio y subjefe), subjefe Comisaría 14ta (UR II), jefe Comisaría 9na (UR II), jefe de Infantería de UR II (2015), subdirector y director de PAT (2018), subjefe UR II (2019), jefe interino y confirmado de UR II (2020), y Policía Vial (2020).

El ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno Provincial, Pablo Cococcioni, encabezó este martes a las 8.30 una conferencia de prensa en la ciudad de Rosario, donde se refirió a los episodios ocurridos en las últimas horas, vinculados a protestas de personal policial y a situaciones que afectaron el normal despliegue preventivo en distintos puntos de la provincia.

En su exposición, el funcionario dejó en claro que el Gobierno reconoce la legitimidad de los reclamos vinculados a las condiciones laborales, pero advirtió que en ese contexto se produjeron hechos que excedieron cualquier marco legal. “Las necesidades y los problemas del personal de la policía de Santa Fe los compartimos, somos los primeros en destacarlos y en ponernos a trabajar con todas las herramientas a nuestro alcance”, sostuvo Cococcioni.

Sin embargo, según explicó el ministro, durante la noche del lunes y la madrugada del martes se detectaron maniobras que calificó como graves. “Sobre un reclamo cuyo fondo juzgamos legítimo y atendible, se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar, a partir de intereses particulares y sectoriales, acciones violentas y antijurídicas”, afirmó.

En ese marco, detalló que se intentó impedir la salida de móviles policiales para tareas de patrullaje y que varias unidades quedaron fuera de servicio. “En la ciudad de Rosario, no menos de veinte unidades fueron directamente paralizadas, puestas frente a la jefatura como lugar de protesta, y luego algunas de esas personas cometieron abandono de servicio”, señaló. Y agregó: “Dejaron los patrulleros parados y se retiraron, abandonando el servicio policial”.

Cococcioni remarcó que esas conductas tendrán consecuencias administrativas y judiciales. “Estas acciones son cruzar una línea que nosotros no vamos a consentir”, enfatizó. En ese sentido, confirmó que ya se iniciaron actuaciones formales. “Anoche mismo el jefe de Policía de la provincia comenzó a labrar las actuaciones administrativas, con todo nuestro respaldo”, indicó.

El ministro precisó que “no menos de veinte funcionarios policiales” fueron pasados a disponibilidad, con retiro de arma reglamentaria y chaleco antibala, y aclaró que el número podría ampliarse a medida que avancen las investigaciones. Además, informó que se trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público de la Acusación para analizar posibles delitos penales.

Durante la conferencia, Cococcioni fue más allá y apuntó contra determinados sectores internos. “Tenemos detectada gente allegada a sectores desplazados de la policía de Santa Fe, en algunos casos vinculados a gravísimos delitos de corrupción, cuyos perpetradores hoy están privados de libertad”, afirmó. Y advirtió: “Utilizar a la institución policial y a sus funcionarios para minar la política de seguridad que tanto trabajo nos costó poner en orden, no lo vamos a dejar pasar”.

El ministro reconoció que la situación generó dificultades operativas, aunque aseguró que el servicio se mantiene. “Hoy el patrullaje se está sosteniendo, no con normalidad, con esfuerzos, pero se está sosteniendo”, explicó. No obstante, advirtió sobre los riesgos: “Que no menos de veinte unidades abandonen su servicio eleva objetivamente los niveles de riesgo y puede acarrear responsabilidad penal si ocurriera un delito que no pudo ser evitado”.

Finalmente, Cococcioni reiteró la disposición del Gobierno al diálogo, pero marcó un límite infranqueable. “Estamos dispuestos a dialogar todo lo que tenga que ver con mejorar las condiciones de trabajo y organizar mejor la jornada laboral”, afirmó. Sin embargo, subrayó: “No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública de los habitantes de la provincia de Santa Fe”.

En ese cierre, defendió la estrategia oficial en materia de seguridad. “Le guste a quien le guste, esta es una política de seguridad exitosa, que está bajando el delito y la violencia en Rosario y en toda la provincia”, concluyó.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a los secretarios de Seguridad Pública, Omar Pereira, y de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, brindaron este viernes detalles sobre el plan integral para las fuerzas de seguridad que pondrá en marcha el Gobierno Provincial.

La medida surgió tras una serie de reuniones encabezadas por el gobernador Maximiliano Pullaro con integrantes de su gabinete, en las que se definió un conjunto de políticas activas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo y bienestar del personal policial, atendiendo también a planteos de distintos sectores de la fuerza.

El Ejecutivo parte de un diagnóstico político explícito: la Policía de Santa Fe viene registrando resultados operativos históricos y merece ser escuchada y respaldada. A partir de esa lectura, el plan se estructura en cuatro ejes: salud mental; transporte; alojamiento y reconocimiento económico al personal de calle.

Al inicio de la presentación, Cococcioni recordó que desde el comienzo de la gestión de Pullaro “teníamos la misión de bajar los indicadores de violencia en la provincia, particularmente en Rosario, y la policía respondió”.

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En ese sentido, afirmó que “todo lo que podamos fortalecer, ampliar y priorizar para que el policía esté mejor lo vamos a hacer, porque para nosotros la inversión en seguridad es la prioridad número uno”. Además, remarcó que “para el bienestar de la policía no vamos a escatimar recursos”, ya que “invertir en seguridad, equipamiento y bienestar policial es invertir en la seguridad de los santafesinos”.

Como reconocimiento directo al trabajo operativo, el ministro santafesino anunció la creación de un plus económico para el personal de calle que oscilará entre 250.000 y 500.000 pesos mensuales. El monto variará según destinos y tareas específicas, y se asignará en función de “escenarios urbanos que, de acuerdo con los datos de análisis criminal, presentan mayor complejidad en materia de delito y violencia”.

Asimismo, los conductores de patrulleros en cualquier punto de la provincia percibirán un suplemento adicional de 250.000 pesos mensuales. “Este beneficio no se superpone con los anteriores. De las dos personas que integran una patrulla, quien conduce asume una responsabilidad mayor y cumple una función indispensable”, explicó Cococcioni.

Por otra parte, la Tarjeta Alimentaria Policial pasará de 86.800 a 175.682 pesos mensuales, lo que representa un aumento del 102 %. En tanto, la hora OSPE se actualizará: en el rango más bajo pasará de 2.781 a 5.283 pesos; en el rango intermedio, de 8.352 a 15.868; y en el rango más alto, de 11.000 a 21.000 pesos. “Si tomamos como referencia diciembre de 2023 hasta este último incremento, el aumento acumulado alcanza el 600 %”, subrayó el ministro.

En materia de salud mental, Cococcioni reconoció que “existían herramientas que no eran conocidas por gran parte del personal”. Por eso, la Provincia pondrá en marcha un programa de cobertura integral sin costo ni coseguro para los efectivos que se adhieran, que incluirá atención profesional, provisión de medicamentos y acompañamiento al grupo familiar, entendiendo que la labor policial también impacta en el entorno cercano.

En segundo lugar, se ampliará el transporte gratuito para el personal policial, con más destinos y mayores frecuencias en los recorridos actuales, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y gastos de bolsillo. “Pasamos de 6 colectivos a 12 para el traslado del personal, con una inversión mensual de 1.000 millones de pesos, y sumaremos nuevas líneas si resulta necesario”, indicó el ministro.

En tercer término, el Gobierno Provincial garantizará alojamiento gratuito en las ciudades de Rosario y Santa Fe para efectivos provenientes de otras localidades, en condiciones equivalentes a las que reciben hoy las fuerzas federales desplegadas en territorio provincial. Cococcioni recordó que “durante algunos años, cuatro de cada cinco nuevos efectivos provenían de departamentos del norte y solo uno del sur”.

Finalmente, adelantó que existe “la decisión del gobernador de evaluar el lanzamiento de un programa de apoyo para policías que alquilen vivienda en su lugar de destino”. Según explicó, “preferimos una fuerza que viva donde trabaja y pueda descansar adecuadamente para cumplir mejor su tarea”.

La policía santafesina está empezando a utilizar el Sistema Provincial de Capturas, Secuestros y Paraderos (Siprec) para la consulta desde la calle sobre información vinculada a personas y vehículos. La decisión implicó dejar de lado el sistema Cóndor que desde fines de los 90 venía siendo el método de consulta.

En el ministerio de Justicia y Seguridad se destaca que es un salto tecnológico clave para la seguridad de la provincia, ya que viene a reemplazar a plataformas obsoletas (como el Cóndor) que tenían décadas de antigüedad. Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información de esa cartera, subraya que el nuevo sistema fue realizado por personal de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión del ministerio de Gobierno e Innovación Pública. Por supuesto, la plataforma desde donde opera es Timbó.

El nuevo sistema agilizará la consulta desde calle para determinar si la persona o el vehículo parado por el personal policial tienen pedido de captura o no, o bien si la persona identificada se encontraba en el programa de búsqueda de paradero.

Hasta fines del año pasado, la consulta en calle demoraba largos minutos esperando la respuesta del sistema Cóndor. Ahora, el policía se conecta al 911 que dará la respuesta en forma inmediata accediendo al sistema. El objetivo es que en semanas más, el propio efectivo policial con su ID ciudadana ingrese a hacer la consulta. En principio, desde toda la provincia la consulta al 911 es respondida desde Rosario o desde Santa Fe.

En la semana, el propio Santantino encabezó una reunión en el microcine del Ministerio de Justicia y Seguridad para presentar ante los jefes de las Unidades Regionales y de Orden Público de la Policía de Santa Fe el nuevo formulario del Sistema. "Esta herramienta tecnológica del programa Territorio 5.0 moderniza la forma en que la Policía consulta y registra información vinculada a personas y vehículos", les explicó.

El Siprec es una base de datos unificada y digital que permite a los agentes en la calle consultar, en tiempo real, si una persona o un vehículo tienen requerimientos judiciales. Gestiona tres áreas críticas: pedidos de detención de personas; pedidos de localización de vehículos (autos, motos, etc.) robados o con impedimentos legales y el registro de personas desaparecidas o con solicitud de paradero.

El objetivo en el corto plazo es que el sistema permita interactuar con el utilizado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Santantino explicó a El Litoral que las características principales del sistema es la información en tiempo real y que permite al agente verificar datos desde dispositivos móviles o patrulleros inteligentes sin depender exclusivamente de la radio o de registros en papel; utiliza un sistema visual para clasificar la urgencia de cada caso, facilitando la toma de decisiones rápida así como la trazabilidad que hace que cada consulta queda registrada, lo que permite saber quién, cuándo y dónde se realizó una verificación, mejorando el control sobre los operativos.

Antes de este sistema, la policía utilizaba bases de datos que en algunos casos tenían más de 40 años de antigüedad.

En octubre del año último, se dictó el decreto N.º 2642/2025 que establece la estructura y funciones de las áreas de seguridad pública, incluyendo la misión de "capacitar al personal en el uso de herramientas tecnológicas" y la "gobernanza de datos y auditoría". Ese es el marco que permite la integración de sistemas de inteligencia y bases de datos como el Siprec.

El Litoral

Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo una ceremonia en la explanada de la Jefatura de la Unidad Regional XIII, en la ciudad de San Cristóbal, donde se concretó la entrega de nuevas camionetas policiales 0 kilómetro destinadas a reforzar el trabajo operativo en el departamento. La incorporación de los móviles se realizó gracias a la gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe.

El acto fue encabezado por el Jefe de Policía, director general de Policía Lic. Luis Maldonado, quien recibió las unidades de manos de la secretaria de Gestión Institucional, Lic. María Virginia Coudannes. Los nuevos vehículos pasaron a integrar el parque automotor de la Unidad Regional XIII, con el objetivo de fortalecer los patrullajes preventivos y las tareas de identificación de personas, en línea con las disposiciones de la superioridad policial.

De la actividad participaron también el presidente provisional de la Cámara de Senadores y senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; el diputado provincial Marcelo González; y el intendente municipal de San Cristóbal, Marcelo Andreychuk, junto a autoridades provinciales, ministeriales, regionales y locales. Estuvieron presentes además el jefe de la Unidad Regional XIII, director de Policía Lic. Alejandro Tognolo; la subjefa de la repartición, directora de Policía Prof. Marcela Fernández; oficiales superiores, jefes de las planas mayor y mayor especial, personal policial e invitados especiales.

La incorporación de estas camionetas se enmarca en el plan de reequipamiento que el Gobierno de la provincia de Santa Fe inició en 2024 y que continúa desarrollándose de manera progresiva durante 2026. Según se destacó, los nuevos móviles permitirán incrementar la presencia policial y reforzar los patrullajes en las distintas ciudades y localidades que integran la jurisdicción del departamento San Cristóbal. 

En un acto desarrollado en la mañana de este martes en la ciudad de Rafaela, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe entregó 18 camionetas 0 km adaptadas para el patrullaje, destinadas para la Unidad Regional V del departamento Castellanos.

La convocatoria estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el intendente local, Leonardo Viotti; junto a otras autoridades que se dieron cita en el edificio de la URV, ubicado en la intersección de las avenidas Mitre y Santa Fe.

Cococcioni, en primer lugar, transmitió el saludo del gobernador Maximiliano Pullaro y contó que “estamos completando una entrega de lo que iba a ser la última del año 2025 y se convirtió en la primera de 2026, y forma parte de un proceso de adquisición de un poco más de 2.690 vehículos para la Policía de Santa Fe entre autos, motos y camionetas en los últimos dos años”.

El ministro reconoció y resaltó “el apoyo dado por todo el arco político, que nos brindó una Ley de Emergencia muy potente para re equipar a nuestra Policía”.

“La Provincia cuenta con un presupuesto equilibrado, con un programa, con una política pública que tiene obra pública, obra pública para la seguridad, obra pública en rutas, hospitales, escuelas, autopistas y también queda margen para esto, la inversión en equipamiento, la inversión en seguridad”, enumeró Cococcioni.

En otro orden, el funcionario aseguró que “vehículos, armamentos, chalecos, uniformes, sistemas de seguridad, armamento de baja letalidad, todo lo que esté a nuestro alcance; sepan que el gobierno de Santa Fe no va a escatimar un solo recurso para que nuestra Policía tenga todo lo que necesita para seguir cuidando a los santafesinos”.

En otro apartado, Cococcioni afirmó que “Rafaela es un lugar priorizado por nuestros equipos de gestión que, semana a semana, están siguiendo cuántos patrulleros hay en calle, cuántas identificaciones se hacen en calle y cuántas detenciones en averiguación de antecedentes”.

El intendente Leonardo Viotti, por su parte, destacó que “la posibilidad de contar con estos nuevos equipamientos es sumamente necesario para la prestación de los servicios de manera correcta como lo requiere nuestra gente y como lo requieren nuestros agentes para poder tener las condiciones necesarias y desarrollar su tarea en territorio que es donde tienen que estar”.

El intendente agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Cococcioni y señaló que “vamos a seguir trabajando como lo hacemos siempre de manera articulada y conjunta para generar las herramientas necesarias para combatir de manera conjunta la inseguridad y la violencia en la ciudad de Rafaela y en el departamento Castellanos”.

Estos móviles policiales forman parte de las 720 nuevas unidades que adquirió el Gobierno de Santa Fe en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad. En este caso, fueron 18 camionetas Chevrolet Montana, totalmente equipadas para patrullaje, adquiridas por licitación pública. Entre otras características, las nuevas camionetas cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados y rejas de protección para las luces, equipadas con pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores.

Los vehículos policiales están preparados para patrullar en zonas urbanas, rurales y caminos difíciles, ya que son una herramienta clave para la seguridad en la provincia por su robustez, capacidad todoterreno y equipamiento de seguridad.

Este lunes se llevó a cabo el acto de asunción del nuevo Subdirector General de la Policía de Investigaciones de Santa Fe. La ceremonia se realizó en la Universidad Siglo 21 y fue encabezada por la directora general de la fuerza, abogada Eva María Cainelli, quien puso formalmente en funciones al subdirector de Policía Héctor Luciano Huasman.

Huasman venía desempeñándose hasta el momento como jefe del Departamento Operativo II de la PDI en Rosario y, a partir de esta designación, pasará a integrar la conducción central de la institución, acompañando a la actual directora general.

El acto se desarrolló en cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de fortalecer la conducción y la gestión institucional dentro de la Policía de Investigaciones.

Durante la ceremonia estuvieron presentes autoridades provinciales y referentes del área de investigación criminal, quienes acompañaron este nuevo paso en la estructura jerárquica de la PDI.

Entre los asistentes al acto se encontraban el subsecretario de Investigación Criminal, Marcelo Albornoz; el director de Investigación Criminal Zona Sur, Dr. Darío Chávez; el director de Investigación Criminal Centro-Norte, Dr. Rodolfo Galfrascoli; y la coordinadora de la Policía de Investigaciones, María Alejandra Carrizo. 

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) presentaron este jueves el Informe Estadístico de Siniestros con fallecidos, correspondiente al año 2024 y a la serie histórica 2008/2024, elaborado por el Observatorio Vial con una metodología propia de recolección y análisis de información que permite diagnósticos efectivos en la construcción de políticas públicas.  

Durante 2024, la provincia de Santa Fe alcanzó una reducción del 16,4 % en la cantidad de fallecidos por siniestros viales respecto de 2023, con descensos significativos tanto en números absolutos como en tasas de mortalidad. Desde 2008, la cantidad de víctimas fatales se redujo 39,2 %, siendo 2024 el más bajo de la serie histórica, superando incluso el mínimo alcanzado en 2020. 

En la oportunidad, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, destacó que el trabajo de la Agencia “ va en el mismo sentido del de todas las organizaciones de familiares y de víctimas. Los resultados presentados son buenos y no son producto de la casualidad, son producto de la causalidad. Estamos convencidos que esta baja tan importante se da porque estamos trabajando muy fuerte, tomando decisiones”.

Por su parte, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, calificó como “fundamental el método de trabajo del Observatorio de Seguridad Vial, que le ha dado a la Agencia una impronta muy distinta para poder pensar que hay una línea de continuidad entre aquello que sucedía hace una década atrás y lo que sucede hoy”. Melisa Álvarez, víctima de un siniestro vial, recordó que aquel hecho “pudo haberse evitado”. Actualmente, es agente de tránsito en la ciudad de Recreo e integra la Fundación Estrellas Amarillas: “La Agencia de Seguridad Vial me ayuda mucho con las capacitaciones que brindan”, indicó.

El mayor descenso se da en usuarios de motocicletas, con un 29,6 %: 216 fallecidos en 2023, 152 en 2024; pero registran la mayor cantidad de víctimas fatales: el 41 % del total. Los usuarios de automóviles registraron una baja del 22,8 % (de 114 a 88 fallecidos).

Por otro lado, en 88 hechos fatales (24 % del total) se registró la participación de camiones, con un incremento en el número de fallecidos que circulaban en este vehículo, pasó de 4 a 14 casos (+250%), aunque se trata de un grupo de baja magnitud relativa. 

En tanto, los fallecidos en:

La mayor cantidad de víctimas fatales se registraron en hechos ocurridos en rutas y autopistas, porque los vehículos desarrollan mayor velocidad y los impactos frontales son más frecuentes. 

La tendencia a la baja en este tipo de muertes se sostiene a la baja este año: al 31 de octubre de 2025 se registran 253 fallecidos en siniestros viales, frente a 280 fallecidos en el mismo período del año anterior. Esta variación representa una reducción interanual del 9,6 %. De mantenerse esta tendencia, los valores consolidados de 2025 podrían ubicarse por debajo de los registros de 2024, consolidando una nueva mejora en los indicadores provinciales.

En el marco de una evaluación de las políticas de seguridad implementadas en Rafaela, el subsecretario de Análisis Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Sebastián Montenotte, brindó un detallado informe sobre las tareas realizadas por la policía durante el mes de octubre y parte de noviembre.

Destacó la intensidad del trabajo preventivo, los operativos conjuntos con la fiscalía y la importancia de la articulación con el municipio.

Montenotte informó que en octubre se realizaron 42 allanamientos en Rafaela, que derivaron en 31 detenciones, a lo que se suman más de 70 aprehensiones en flagrancia por parte de la Unidad Regional V. “También hemos secuestrado armas y una cantidad importante de vehículos, especialmente motocicletas, en el marco del decreto 460 que nos permite retener motovehículos”, explicó.

Además, se concretaron más de 1.000 traslados por averiguación de antecedentes bajo el artículo 10 bis, lo que, según el funcionario, refleja “una operatividad preventiva muy importante”.

Entre otras cuestiones, el subsecretario remarcó que los operativos también se desarrollaron en Frontera y el barrio Acapulco de Josefina, zonas con “conflictividad por encima del promedio regional”.

Indicó que las tareas investigativas se reforzaron gracias a la incorporación de nuevos fiscales, especialmente en Frontera, lo que permitió abordar mejor los casos de microtráfico y otras redes criminales.

“Lo que pasa en Frontera muchas veces repercute en Rafaela y en otras localidades del oeste provincial”, afirmó Montenotte, quien destacó la continuidad de la actividad investigativa a pesar de que no todos los procedimientos fueron positivos.

Uno de los ejes del trabajo es la articulación con el municipio rafaelino, a través de los sistemas de videovigilancia, la Guardia Urbana y el trabajo social en territorio. “Para muchas situaciones la única solución no es una detención o un proceso penal. Ahí también tenemos una colaboración permanente de la municipalidad”, sostuvo.

Montenotte insistió en la necesidad de mantener esta lógica de trabajo conjunto: “Creemos que si trabajamos juntos podemos obtener mejores resultados, y en eso está nuestro compromiso con todos los ciudadanos”.

Con 15 patrulleros operativos en forma permanente, el funcionario señaló que hay indicadores que muestran una disminución de los delitos predatorios, aunque aún no consolidada. “Es una baja alentadora, pero seguimos trabajando para que se sostenga en el tiempo”, subrayó.

Virginia Coudannes, en entrevista con este medio, detalló que desde fines de junio los vecinos de Rafaela pueden realizar denuncias a través del 911, una herramienta que busca facilitar el acceso a la justicia. “Es una herramienta más accesible, más cercana para los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe”, explicó.

La funcionaria señaló que el 911 continúa siendo el canal principal ante emergencias, pero ahora también permite radicar denuncias telefónicas. “El 911 es el corazón del sistema de seguridad. Ante una emergencia seguimos llamando, pero por otro lado abrimos otra puerta, la de las denuncias”, destacó.

Coudannes subrayó que este nuevo servicio no está a cargo de los operadores habituales del 911, sino de profesionales especializados. “Estas denuncias están tomadas por abogados con los que tenemos un convenio mediante los colegios de abogados para que las reciban”, indicó.

Además, explicó que los ciudadanos pueden recibir orientación y derivaciones si su caso no encuadra dentro de lo penal. “A lo mejor, requieren una articulación con otra institución, como la Defensoría. Ahí también los orientamos y los derivamos”, dijo.

Para utilizar el servicio, los vecinos deben comunicarse al 911 y solicitar realizar una denuncia. “El operador del 911 los deriva telefónicamente al centro de denuncias, donde un abogado toma el caso y realiza la entrevista”, explicó Coudannes.

El tiempo promedio para completar el trámite es de unos 28 minutos, aunque puede variar según la complejidad. “Hay denuncias más largas porque requieren más información, y otras más cortas. Pero el promedio se mantiene en ese tiempo”, señaló.

Coudannes también recordó que el sistema contempla la posibilidad de solicitar reserva de identidad en casos específicos. “Esa reserva se da en los primeros plazos de investigación sobre violencia de género, violencia intrafamiliar y comercialización de estupefacientes”, aclaró.

“La verdad es que es un sistema que funciona —concluyó—. Empezamos en Santa Fe y Rosario, y ya lo trasladamos a Rafaela, Reconquista, Avellaneda y otras localidades. Los vecinos lo están usando cada vez más”, indicó.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, inauguró este jueves una delegación en la ciudad de Rafaela que estará ubicada en calle Güemes 282. 

Allí funcionarán desde ahora tres servicios integrados: el Centro de Denuncias, la Agencia de Mediación (AGEM) y el Centro de Asistencia Judicial (CAJ), además de contar con una oficina fija para los referentes territoriales del ministerio.

Tras el corte de cintas, los funcionarios presentes brindaron una conferencia de prensa. “Es un lugar donde van a convivir distintos servicios orientados a la seguridad y al asesoramiento para los vecinos de Rafaela y de la región”, destacó el intendente Leonardo Viotti durante el acto de apertura.

La delegación no solo concentrará servicios de atención al público, sino que se plantea como un punto estratégico para la articulación institucional y la planificación conjunta de políticas públicas en seguridad y justicia. “Vamos a poder desarrollar tareas que ya veníamos haciendo en conjunto, como el comando unificado, y vamos a seguir trabajando con instituciones, vecinales y vecinos. El trabajo es conjunto”, remarcó Viotti.

Por su parte, el ministro Pablo Cococcioni subrayó que las oficinas ya están en pleno funcionamiento: “Hoy mismo comienzan a operar el Centro de Denuncias, el Centro de Asistencia Judicial y la Agencia de Mediación. Y también funcionará una sede para nuestros delegados políticos en el territorio: Eduardo Cosentino y Sebastián Rancaño”.

El ministro agregó que el espacio fue concebido para dar respuestas concretas: “Este es un lugar donde se va a escuchar, se va a atender y nadie se va a ir sin una respuesta del Estado. Queremos decirles a los rafaelinos que el gobierno provincial está presente”, dijo.

A su turno, la secretaria de Gestión Institucional del ministerio, Virginia Coudannes, explicó que uno de los grandes avances de esta sede es ofrecer una respuesta integral desde un mismo lugar. “Es un espacio donde los vecinos van a encontrar un círculo virtuoso: la posibilidad de hacer una denuncia, recibir asistencia judicial y acceder a herramientas de mediación”, explicó.

Además, Coudannes señaló que la oficina permitirá profundizar la presencia en el territorio con actividades como los talleres del 911, las reuniones con vecinales y el trabajo con la policía local. “Este también es un espacio de los vecinos. Por eso decimos que es la casa del Ministerio de Justicia y Seguridad. Las puertas están abiertas y esperamos que los vecinos se acerquen a usarlo”, concluyó.

Los Centros de Denuncias funcionan como un espacio alternativo a las comisarías y brindan atención, orientación a la comunidad y recepción de denuncias relativas a hechos delictivos o contravenciones. Atienden de lunes a viernes de 8 a 20 y garantiza a los vecinos el acceso directo a la justicia ya que todas las denuncias o trámites que se realizan en los centros son enviados automáticamente, vía online, a las fiscalías correspondientes.

Son atendidos por jóvenes abogados recientemente recibidos y trabajan en forma coordinada con los Centros de Orientación para Víctimas de Delitos y otras organizaciones relacionadas, según corresponda.

Los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) tienen por objeto informar y orientar a las personas que han sufrido delitos sobre sus derechos y las vías institucionales para hacerlos valer, brindan asistencia integral a las mismas y asistencia técnica para constituirse como parte querellante en los casos que encuadren en la reglamentación. Tienen experiencia en la atención de delitos producidos en contextos de violencia de género, en ataques sexuales, y en delitos de homicidios.

Sus acciones buscan fortalecer y facilitar el ejercicio de derechos ciudadanos y ciudadanas, especialmente los derechos que las víctimas de delitos pueden ejercer por sí mismas, y promover miradas novedosas en el paradigma de los Derechos Humanos dentro del sistema de justicia penal.

Las Agencias de Gestión de la Mediación (AGEMs) tienen por objeto la implementación y gestión de la Mediación Prejudicial Obligatoria en Materia Civil, Comercial y de Familia establecida por la Ley Provincial 13.151. En estas agencias se regulan y gestionan los Registros de Mediadores, Mediadoras, Comediadores y Comediadoras y de Entidades Formadoras de la Mediación. También el sorteo y seguimiento del Sistema de Mediación Prejudicial Obligatoria.

El Gobierno Provincial presentó este miércoles el resultado para la ciudad de Rafaela de la evaluación denominada M3, que permite analizar los operativos realizados por la Policía de la Provincia con el fin de reforzar las zonas más conflictivas. Este análisis se hace semanalmente y, en esta oportunidad, se dieron a conocer los datos acumulados durante agosto.

La actividad se llevó a cabo en la sede de la Unidad Regional V (departamento Castellanos) de la Policía y del encuentro participaron el subsecretario de Análisis Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Sebastián Montenotte; y el jefe de la URV, Carlos Pagano, entre otros.

“La reunión de seguimiento del programa M3 es básicamente el mapeo del delito, las métricas de la operatividad policial y el monitoreo de los resultados operativos que tenemos en la ciudad de Rafaela y en el departamento Castellanos”, explicó Montenotte durante una conferencia de prensa. “Estas reuniones son semanales y pretendemos que nos vayan dando una hoja de ruta, la información sobre dónde reforzar la actividad preventiva policial”, indicó.

Luego, mencionó que durante el mes pasado “tuvimos una actividad policial importante que se vio reflejada en algunos indicadores, como la cantidad de identificaciones, el control de vehículos, de personas, los traslados y las aprehensiones por delitos en flagrancia que se informan al 911”. Sobre el delito más frecuente registrado durante agosto, dijo que “es el de robos y hurtos en los domicilios. Hubo cerca de 100 personas que hemos aprehendido en flagrancia en el último mes y el 98 % son mayores de edad”. El total de detenidos en el mes, por diferentes hechos, fue de 267.

Asimismo, el funcionario destacó que en la ciudad cabecera del departamento “tenemos unos tiempos de respuestas muy buenos: monitoreamos 13 ciudades y estamos entre los 7 y 8 minutos en las incidencias generales, y entre 5 o 6 minutos para las respuestas a las prioridades altas, que es cuando hay un delito que se está cometiendo en el momento o hay riesgo de vida, es decir, en situaciones de mayor prioridad”, y reconoció que “eso se logra a partir de haber reforzado con vehículos y con personas, y de reorganizar el trabajo policial en los cuadrantes”.

Montenotte también valoró que “el delito se ha mantenido a la baja durante todo este año, con valores mucho menores a los que teníamos al principio de la gestión”, y remarcó que esta tendencia “se da en todas las ciudades de la provincia y también en Rafaela”. Al respecto, agregó que “cuando miramos cómo evolucionan los delitos predatorios en la ciudad, comparado con 2024, en el acumulado de los primeros 8 meses del año vemos una disminución de alrededor del 12%”. No obstante, si bien “entendemos que hay una mejora, hay mucho por delante en cuanto a poder mejorar esa situación, lo mismo que con los números de violencia que están estabilizados respecto de 2024”.

En ese sentido hizo hincapié en que “el tema prioritario son los delitos, la violencia altamente lesiva, vinculado sobre todo a microtráfico y que son persistentes en el tiempo en algunos barrios de la ciudad, y eso es lo que pretendemos bajar y es la principal preocupación del gobierno provincial: disminuir la violencia y los delitos predatorios”, y valoró que para eso “hay mucho trabajo con la Fiscalía Regional para coordinar las investigaciones de microtráfico que están asociadas a la violencia”.

Finalmente, el subsecretario de Análisis Criminal recordó que en Rafaela “ahora está instalado el 911 para realizar denuncias telefónicas (CD+911) y estamos haciendo un trabajo de difusión en las vecinales y hay una mayor vinculación con los ciudadanos, por eso tuvimos un aumento significativo del total de llamadas: casi 10.000 más en total”, aunque aclaró que a pesar de ello “los delitos han disminuido, porque hay más llamadas para informar situaciones, como por ejemplo conducción peligrosa o dar información sobre personas sospechosas o requerir auxilio de asistencia médica”.

El 14 de agosto de 2025, el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, adjudicó un contrato por $648.779.200 para la compra de pasajes aéreos, terrestres, internacionales y asistencia al viajero. 

La decisión generó interrogantes: la segunda oferta presentada era casi $34 millones más económica, no se fijó un precio testigo y se priorizaron criterios técnicos que, según documentos del proceso, dejaron dudas sobre fees y posibles sobrecostos.

Modalidad y alcance de la contratación

La licitación se efectuó bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, con un plazo inicial de 12 meses prorrogables. En este esquema, el Estado contrata un paquete de servicios (en este caso, pasajes y asistencia al viajero) estableciendo topes máximos de gasto. Si durante el período no se agotan los montos comprometidos, la contratación puede extenderse hasta 2026 sin necesidad de reabrir la licitación, lo que otorga flexibilidad pero también reduce la transparencia frente a variaciones de demanda y precios del mercado.

Dudas sobre la evaluación y los costos

Fuentes vinculadas al expediente señalan que, pese a la diferencia de casi $34 millones a favor de la segunda oferta, la adjudicación se decidió por criterios técnicos evaluados en la comisión respectiva. Los puntos conflictivos que aparecen en el análisis son:

Ausencia de precio testigo: sin un parámetro de referencia público, resulta más difícil evaluar si la oferta adjudicada resulta competitiva frente al mercado.

Fees y comisiones: el pliego y la documentación de adjudicación no clarifican con detalle los fees incluidos en los servicios (por ejemplo, comisiones por gestión, emisión o asistencia), lo que impide determinar el impacto real sobre el costo final para el Estado.

Posibles sobrecostos vinculados a servicios adicionales: la modalidad de Orden de Compra Abierta admite la incorporación de servicios complementarios dentro de los topes, lo que puede derivar en ampliaciones del gasto sin controles estrictos.

Implicancias y señales para la gestión pública

La decisión del Ministerio abre un debate sobre el equilibrio entre la valoración de aspectos técnicos (como experiencia, capacidad operativa y calidad de servicio) y la eficiencia en el uso de fondos públicos. Si bien la elección por criterios técnicos puede justificarse en la búsqueda de un servicio confiable para funcionarios y dependencias, la diferencia económica con la oferta más barata y la falta de mayor transparencia en la estructura de costos generan señales preocupantes en términos de control y buen uso del erario.

Qué seguir investigando

Solicitar el informe técnico completo que motivó la adjudicación y los detalles del puntaje asignado a cada oferente.

Acceder al desglose contractual de fees, comisiones y servicios adicionales incluidos en el monto adjudicado.

Verificar si la Orden de Compra Abierta contempla mecanismos de revisión periódica de precios y de rendición de cuentas sobre lo consumido dentro de los topes.

En suma, la adjudicación por $648.779.200 del Ministerio de Justicia refleja una decisión administrativa que priorizó aspectos técnicos, pero que al mismo tiempo dejó sin resolver interrogantes relevantes sobre economía del contrato y mecanismos de control. La documentación completa del proceso será clave para disipar o confirmar las dudas planteadas.

Pasajes aéreos nacionales: $255.000.000

Pasajes aéreos internacionales: $250.000.000

Pasajes de ómnibus y trenes: $30.000.000

Asistencia al viajero: $34.500.000A estos gastos directos se suman comisiones fijas (“fees”) por cada gestión realizada por la agencia adjudicataria:

600 pasajes aéreos nacionales: comisión total de $45.738.000 (unos $76.230 por trámite).

200 pasajes aéreos internacionales: comisión total de $18.295.200 ($91.476 por trámite).

300 pasajes de ómnibus o trenes: comisión total de $7.623.000 ($25.410 cada uno).

200 trámites de asistencia al viajero: comisión total de $7.623.000 ($38.115 por gestión).

En otras palabras, además del costo de los boletos y seguros, el Estado debe pagar a la agencia cargos adicionales por cada pasaje emitido, modificado o anulado.

La licitación tuvo dos oferentes:

Sudameria Incoming Solutions SRL, finalmente adjudicataria.

ITS International Travel Services SA, que había presentado una oferta por $614,9 millones, casi $34 millones más barata que la ganadora.

El dictamen de evaluación, fechado el 6 de agosto de 2025, otorgó 90 puntos a Sudameria y 80 a ITS, inclinando la balanza a favor de la primera. No se presentaron impugnaciones.

Lo llamativo es que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) informó mediante la Nota NO-2025-80761008 que no pudo determinar un precio testigo de referencia. En estos casos, la ausencia de un valor de control dificulta la comparación con el mercado y eleva el riesgo de sobrepreprecios.

El pliego establece que la empresa adjudicataria debe proveer un software integral de reservas de alcance mundial, con acceso en tiempo real a vuelos y transportes, y la capacidad de emitir pasajes “offline” cuando no haya disponibilidad online.También incluye:

Reservas de ómnibus, vans y trenes de corta y larga distancia.

Cobertura médica extendida en el exterior, repatriación sanitaria y compensación por pérdidas de equipaje.

Atención 24/7 y un ejecutivo de cuenta exclusivo para el ministerio.

Informes periódicos sobre destinos, pasajeros, gastos y tiempos de gestión.

La disposición firmada por Montero establece que el gasto se imputará a las partidas de 2025 y 2026, lo que significa que el contrato sigue vigente más allá del ejercicio en curso. El esquema, por tanto, compromete a la próxima administración del presupuesto en un área que, en principio, debería responder a necesidades coyunturales de viajes oficiales.

El ministro Mariano Cúneo Libarona atraviesa un período de fuerte exposición política. En los últimos meses enfrentó cuestionamientos por la demora en la implementación del sistema acusatorio federal, las tensiones con jueces federales y la falta de definiciones en políticas sensibles del área de Justicia.

Su gestión también fue señalada por defender los nombramientos por decreto de Ariel Lijo y Garcia Mansilla como jueces de la Corte Suprema.Más que una compra rutinaria, esto exigirá auditoría pública: detalles de emisiones, reemisiones y comisiones deben estar disponibles ya, para que la ciudadanía sepa cuánto viaja el Estado y cuánto cuesta cada trámite.

Noticias Argentinas

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, detuvo a cuatro personas en el marco de una causa por microtráfico, tras un allanamiento realizado en una vivienda de Frontera.

El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía 5 del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela, a cargo de la fiscal Fabiana Bertero, y se llevó a cabo en una propiedad ubicada en las calles 96 y 9.

Los detenidos fueron identificados como C. J. B., de 30 años; L. A. P., de 33; J. M., de 26; y una mujer, L. C. S., de 26 años.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron 30 envoltorios con cocaína que totalizaron 14,66 gramos, un envoltorio con marihuana, $54.600 en efectivo y dos teléfonos celulares.

La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal del equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, en el marco del plan de persecución penal priorizado por el Ministerio Público de la Acusación.

La cacería sobre Matías Ignacio Gazzani, presunto líder de la banda narco “Los Menores”, sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe ofreció una recompensa de 60 millones de pesos para quien aporte datos certeros que permitan su captura. La decisión se formalizó mediante la resolución 2181/2025, y representa seis veces más que la suma dispuesta por el gobierno nacional tres días antes.

Desde febrero de 2024, Gazzani es considerado uno de los principales objetivos de la Justicia santafesina, pero su perfil delictivo cobró otra dimensión tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, exlíder de la barra brava de Rosario Central, ocurrido a fines del año pasado. Luego se le sumó un segundo pedido de captura federal, vinculado a causas de narcotráfico, dictado el pasado 5 de mayo.

El lunes 21 de julio, el Ministerio de Seguridad de la Nación había dispuesto una recompensa de 10 millones de pesos por datos sobre Gazzani, a través de la resolución 891/2025. Apenas 72 horas después, el gobierno de Santa Fe quintuplicó la oferta, en un intento por cerrar el cerco en torno al último cabecilla libre de la organización criminal.

Los investigadores apuntan a que Gazzani operaba en la zona noroeste de Rosario, con epicentro en el barrio 7 de Septiembre, y tenía vínculos estrechos con Mauricio “Mauri” Ayala, ya detenido, y con otras figuras del crimen organizado local como Pablo Camino y la agrupación “La Mafilia”.

Quienes cuenten con datos sobre el paradero del fugitivo pueden comunicarse de forma confidencial con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a través del correo recompensas@mpa.santafe.gov.ar, o acercarse personalmente a las siguientes fiscalías regionales:

Rosario: Sarmiento 2850

Santa Fe: Av. General López 3302

Venado Tuerto: Alvear 675

Reconquista: Iriondo 553

Rafaela: Necochea 44

Según se detalla en la normativa, el pago de la recompensa será autorizado una vez que el Poder Judicial confirme la utilidad de la información aportada. Además, si más de una persona colabora, el monto puede dividirse proporcionalmente según la relevancia de los aportes, con intervención de la Dirección Provincial de Protección de Testigos.

Nacido el 15 de febrero de 1996, Gazzani tenía como último domicilio conocido una vivienda en Colombres 1319 bis, en Rosario. La descripción física que acompaña su ficha de búsqueda lo señala como delgado, de 1,72 metros de altura, cabello oscuro y lacio, con orejas prominentes y perforaciones en ambos lóbulos.

La Procunar y la Fiscalía Regional 2 lo acusan de liderar una asociación ilícita vinculada al narcotráfico, involucrada en al menos dos homicidios de alto perfil: el de Bracamonte y el de Daniel “Rana” Attardo. Uno de sus supuestos colaboradores, Alejandro “Cani” Zamudio, también está implicado en la investigación.

Además, en las últimas semanas la Justicia imputó a Lisandro “Limón” Contreras, otro miembro de la banda, y a un agente activo de la Policía de Investigaciones (PDI) que habría filtrado información para proteger a los delincuentes ante allanamientos.

La oferta millonaria del Estado provincial busca quebrar el silencio y romper el cerco de protección que aún resguarda al líder prófugo. Mientras tanto, su rostro ya circula entre los más buscados de Argentina.

Este jueves por la mañana, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe visitaron Rafaela para continuar fortaleciendo las acciones en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana. 

El encuentro tuvo lugar en la Jefatura de Policía y fue encabezado por la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, quien destacó la importancia del análisis estadístico, el trabajo articulado con municipios y el rol del 911 como eje central de la gestión.

“La conducción del Ministerio, al igual que la Policía provincial, toma decisiones a partir del análisis de datos y mapas del delito”, explicó Coudannes. En ese sentido, subrayó que el sistema de emergencias 911 es la fuente primaria de información, y que muchas llamadas clave provienen de vecinos que alertan sobre movimientos sospechosos o puntos de venta de estupefacientes.

“Hay un fuerte compromiso ciudadano. Esta semana, por ejemplo, se registraron más de 1.000 llamados, de los cuales 400 fueron incidencias relevantes. Esto permite una respuesta proactiva”, aseguró.

En ese sentido, Coudannes recordó que este jueves se desarrolló un nuevo taller de formación sobre el 911 en barrio Zazpe, zona donde se lleva adelante una intervención barrial focalizada. Según la funcionaria, en ese sector se logró una reducción de más del 50% en heridos por arma de fuego, en comparación con los registros del 26 de marzo de este año.

“Esto es fruto de una decisión política de recuperar territorios, de que el Estado esté presente y los vecinos puedan apropiarse nuevamente de sus espacios”, sostuvo. Además, destacó que ya se realizaron más de cinco reuniones con vecinales, promoviendo el uso del 911 no solo para emergencias, sino también en clave preventiva.

Según los datos expuestos, los delitos predatorios se redujeron en un 20% en lo que va del año, y la respuesta del 911 se agilizó notablemente. En Rafaela, el promedio actual de tiempo de respuesta es de 6 minutos para incidencias generales y 5 minutos con 39 segundos para las de prioridad alta.

“Hay más de 800 identificaciones semanales por parte de la policía, y se realizan consultas constantes por pedidos de captura. Esto muestra una policía proactiva y un trabajo articulado con el Ministerio Público de la Acusación (MPA)”, concluyó la funcionaria. 

Durante la mañana de este martes se concretó el derrumbe de una vivienda ubicada en calle Providencia 1439, en barrio La Orilla de la ciudad de Esperanza, tras un operativo de desalojo y custodia perimetral ejecutado por personal de la Unidad Regional XI, bajo directivas del Ministerio de Justicia y Seguridad y la Jefatura de Policía Provincial.

La propiedad estaba vinculada a una causa por microtráfico, tramitada por la Fiscalía de Las Colonias a cargo del Dr. Benítez, en la que su principal moradora se encuentra a disposición de la Justicia desde el inicio de la investigación.

El procedimiento comenzó en la víspera con la intervención de efectivos del Grupo de Operaciones Tácticas, Subcomisaría Nº 19, personal de la Jefatura de Unidad, operadores de drones policiales y representantes del Departamento Operaciones (D3) a través de la Brigada Aérea de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT).

La demolición se efectuó en horas de la mañana con maquinaria de la Municipalidad de Esperanza, en tanto la Empresa Provincial de la Energía realizó tareas de desconexión para garantizar la seguridad del lugar.

En el sitio estuvieron presentes el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; autoridades del Ministerio Público de la Acusación, del Organismo de Investigaciones y de la Dirección General de Policía de Investigaciones.

Este jueves se volteó otro en Rosario. Fue una intervención coordinada entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación y la Policía Provincial, en el marco de la Ley de Microtráfico que rige desde principios de 2024. Más de medio centenar de estas guaridas fueron derribadas en toda la provincia.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto a los fiscales César Pierantoni  y Franco Carbone, supervisaron el derribo de un puesto de venta de estupefacientes realizado este jueves en Doctor Riva 2050, de la ciudad de Rosario.

Se trata de una nueva intervención coordinada entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía Provincial, en el marco de la Ley de Microtráfico que rige desde principios de 2024, mediante la cual ya se realizaron más de 50 derribos e inactivaciones en toda la provincia de Santa Fe. 

“Estamos entrando en la etapa de inactivaciones generadas por investigaciones de microtráfico exclusivamente”, subrayó Cococcioni para luego explicar que “en las primeras se aprovechaban investigaciones preexistentes por otros motivos y a partir de esa información se usaban las herramientas de la Ley de Microtráfico. Hoy contamos con una mesa de coordinación operativa entre el MPA, el Ministerio de Justicia y Seguridad y, en algunos casos, el Ministerio de Seguridad de la Nación”. 

Más adelante, el Ministro explicó que “esta instancia representa una segunda etapa en la política de microtráfico, en la que ya no es simplemente una decantación de otras investigaciones, de otros delitos, sino que es una política dirigida, planificada, centralmente, para atacar selectivamente lugares donde el microtráfico le empeora la vida a la gente, produce violencia”. 

Luego valoró que “se trata de un trabajo que empieza a dar su fruto, en conjunto con otras medidas como el patrullaje preventivo con la incorporación de nuevo personal. El miércoles superamos la barrera de los 200 patrulleros, poniendo 206 patrulleros provinciales en calle que, junto con los de las fuerzas federales, sumaron un total de 265 en la ciudad de Rosario. Es una cifra realmente muy importante que se articula con la labor de los caminantes, que son un promedio de 100 binomios, superando los 130 en horario diurno, que realmente tienen mucha visibilidad. Son medidas que en conjunto ayudan a devolver la tranquilidad a los rosarinos”.

Para concluir, Cococcioni remarcó que “se viene atravesando un periodo de notoria baja de todos los indicadores de criminalidad. Cerramos el mes de marzo con prácticamente la misma cantidad de homicidios que en febrero de 2024, es decir, el registro más bajo de las últimas décadas. Y, en toda la provincia, llevamos un total de 60 homicidios dolosos contra 65 el año anterior que ya de por sí era el más bajo de los últimos años. Por supuesto que nunca es suficiente porque puede seguir habiendo delitos predatorios, delitos de otro tipo de violencia a los que hay que estar siempre muy atento y trabajar en conjunto”.

Por su parte, los fiscales Pierantoni y Carbone explicaron que se trata de una investigación del equipo de microtráfico de Fiscalía General que “se inició por denuncia de los propios vecinos que informaron que en este lugar operaba un punto de venta de drogas”. 

A su vez, se refirieron a los detenidos en el marco de esta investigación indicando que “se trata de mayores de edad. En un primer contacto, a raíz de un allanamiento, se secuestraron envoltorios de papeles y se aprehendieron a dos personas. En ese momento, no había droga, pero tres días después, el 28 de marzo, hicimos unas tareas controladas con la Policía de Investigaciones y allí se produjo la aprehensión y detención de dos personas que sí tenían cocaína a la venta fraccionada”. Finalmente informaron que los detenidos “fueron imputados, están en prisión preventiva y tienen vinculaciones con personas que están en prisión preventiva, en investigaciones de barrio Tío Rolo, que administraba puntos de venta, búnkeres y lugares de guarda”.

El derribo de un nuevo punto de venta de estupefacientes en la provincia de Santa Fe se realiza en el marco de las facultades que establece la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura provincial y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro en el inicio de su gestión, a fines de 2023.La inactivación de puntos de venta de estupefacientes es una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la legislación actual eran competencia de la Justicia Federal.