La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, logró identificar a una mujer presuntamente involucrada en una maniobra fraudulenta que provocó un perjuicio económico de aproximadamente 8.759.274 pesos.

El hecho comenzó a investigarse a partir de una denuncia radicada en marzo de este año en la ciudad de San Justo. Según el relato de la víctima, delincuentes se contactaron telefónicamente haciéndose pasar por integrantes del área de seguridad de una reconocida billetera virtual para advertirle sobre una supuesta compra irregular que nunca había realizado.

Mediante este engaño, los estafadores convencieron a la víctima para que facilitara sus datos bancarios y concretara una serie de operaciones y transferencias que derivaron en la millonaria pérdida. Tras meses de tareas de inteligencia, que incluyeron cruzamiento de datos, consultas en sistemas de información y requerimientos a diversas entidades financieras y billeteras digitales, los efectivos de la PDI lograron rastrear el origen de las maniobras.

La investigación determinó que una de las personas vinculadas al hecho es V. A. C., una mujer de 39 años domiciliada en la ciudad de San Justo. Por disposición de la fiscal Daniela Montegrosso, se llevó a cabo el procedimiento de notificación e identificación dactiloscópica de la imputada, a quien se le informaron sus derechos y su formal vinculación con el expediente judicial.

Santa Fe terminó de ponerle reglas propias al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que fue sancionado por el Congreso el pasado 27 de febrero.

El Decreto 1809/2026 publicado este lunes por el Ejecutivo provincial establece el “Reglamento Autónomo de Implementación del Régimen Penal Juvenil”. Es la manera elegida por la Casa Gris para ensamblar una reforma nacional de magnitud con un sistema penal juvenil que la provincia ya había modificado y puesto en funcionamiento.

La reglamentación establece que los artículos 1 a 22 y 24 a 26 de la Ley 27.801 regirán directamente por su naturaleza penal sustantiva. Pero el proceso continuará sometido a la Ley provincial 14.228 y, de manera supletoria, al Código Procesal Penal santafesino; mientras que los aspectos administrativos y procesales de la ejecución de penas privativas de libertad seguirán bajo la Ley 14.243.

El fundamento del decreto es que una ley nacional reúna disposiciones penales, procesales, administrativas y de ejecución en un mismo texto no modifica la distribución de competencias establecida por la Constitución. Sobre esa base, sostiene que la entrada en vigencia de la Ley 27.801 “no determina por sí misma el desplazamiento” del Código Procesal Penal Juvenil provincial ni del Código Procesal Penal.

lo que hace a la definición institucional del decreto, la reglamentación expresa que la adecuación a la norma nacional se hará “preservando en todo momento la distribución constitucional de competencias”.

En paralelo, también este lunes, la Casa Rosada reglamentó con el Decreto 875/2026 la Ley 27.801, que alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta el momento de cumplir 18 y fija como objetivos la responsabilidad legal, la educación, la resocialización y la integración social. El Ministerio de Justicia quedó como autoridad de aplicación para la justicia nacional y federal.

Ayer una jueza de Lomas de Zamora suspendió la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y le pide explicaciones al gobierno de su provincia. El garantismo bobo que no termina de entender la dimensión del problema y busca excusas para no actuar. Los jueces están para que las…

La reglamentación santafesina distribuye luego las responsabilidades concretas. La Secretaría de Asuntos Penales tendrá a su cargo la gestión y ejecución de las medidas privativas de libertad. La Secretaría de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia impulsará y desarrollará las medidas socioeducativas.

Deberán coordinar con las áreas provinciales de Salud, Educación, formación laboral, Desarrollo Social y todas aquellas cuya intervención sea necesaria. Pero el Ejecutivo aclara que esa actuación administrativa no reemplaza las facultades de los jueces, del Ministerio Público de la Acusación ni del Ministerio Público de la Defensa.

El esquema procura aprovechar estructuras que ya existen bajo la Ley 14.228. Cuando una medida complementaria de la nueva ley nacional resulte compatible con programas socioeducativos previstos en la legislación provincial, podrá ejecutarse mediante esos dispositivos sin necesidad de crear otro mecanismo por una diferencia de denominación normativa.

También se reglamentó una de las novedades prácticas del nuevo catálogo de penas. La Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil podrá proponer al fiscal que una pena se cumpla en el domicilio con monitoreo electrónico, para lo cual deberá ponderar las particularidades del caso, la gravedad del hecho y el perfil criminológico del adolescente y presentar un informe fundado.

Para las privaciones de libertad, el Ejecutivo deberá organizar dispositivos diferenciados según la intensidad de la restricción impuesta judicialmente. Los establecimientos deberán orientarse a la educación, formación, reintegración social y prevención de la reincidencia, y quienes trabajen allí en forma permanente deberán recibir capacitación específica.

Una categoría merece atención especial: los institutos abiertos. Funcionarán bajo modalidad socioeducativa, con personal civil especializado.

La presencia de las fuerzas de seguridad en estos espacios tendrá límites concretos. Podrán intervenir de manera “excepcional, subsidiaria y temporal”, ante alteraciones graves que generen un riesgo cierto e inminente para las personas y excedan las capacidades del personal civil. En situaciones de urgencia podrán actuar de oficio exclusivamente para neutralizar ese peligro y cada intervención deberá quedar documentada y ser informada a las autoridades administrativas y judiciales.

En la misma norma, se deroga el decreto N° 4435 de 2015, que aprobaba el Reglamento de Funcionamiento de los Establecimientos de Régimen Cerrado de Menores Privados de Libertad. Justicia y Seguridad deberá reemplazarlo ahora por nuevas normas y protocolos adaptados al esquema vigente.

Esos protocolos deberán contemplar situaciones denominadas "críticas" que abarquen violencia grave, autolesiones, intentos de fuga, incendios y emergencias sanitarias, privilegiando técnicas de prevención, desescalamiento y contención no violenta. El régimen disciplinario tampoco podrá afectar educación, salud, alimentación, asistencia jurídica ni otros derechos esenciales de los adolescentes.

La Nación, mientras tanto, creó su Registro de Supervisores para causas nacionales y federales, fijó requisitos profesionales y capacitación obligatoria, y estableció un período transitorio de hasta 180 días hasta completar la primera convocatoria pública.

También creó una Mesa Federal paa articular con las provincias y armonizar criterios técnicos y procesales, un ámbito al que cada jurisdicción podrá designar un representante.

En Santa Fe, la siguiente etapa quedó en manos de los ministerios de Justicia y Seguridad y de Igualdad y Desarrollo Humano: deberán dictar las instrucciones, protocolos y normas operativas y establecer cómo se realizará la coordinación cotidiana con jueces, fiscales, defensores y los restantes organismos que intervienen cuando un adolescente ingresa al sistema penal.

El Litoral

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Educación, emitió una alerta preventiva dirigida a toda la comunidad educativa ante los episodios registrados en los últimos días, vinculados a la aparición de carteles, pintadas y mensajes con amenazas de tiroteos en establecimientos escolares. Frente a este escenario, el Ministerio de Educación convocó a toda la comunidad educativa a asumir un rol activo en la prevención.

Además, en ese marco, la cartera provincial pidió reforzar el diálogo en los hogares y advirtió sobre las consecuencias legales de este tipo de conductas.

La comunicación, elaborada en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad, subraya que estos hechos no deben interpretarse como bromas o desafíos propios del ámbito escolar. “Estas acciones no constituyen una broma ni una simple transgresión escolar, sino un delito grave que vulnera el derecho a la educación y altera profundamente la paz social”, se remarcó.

En ese sentido, Provincia informó que realizar pintadas, difundir mensajes en redes sociales o generar falsas alarmas que amenacen a instituciones educativas configura el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal de la Nación y sancionado con penas de prisión. Además, se advirtió que se avanzará en la identificación de los responsables para su sometimiento a los procesos correspondientes dentro del fuero penal juvenil.

Desde la cartera educativa insistieron en la necesidad de que los estudiantes comprendan el alcance de este tipo de acciones, en un contexto donde las redes sociales pueden amplificar su difusión y banalizar sus consecuencias.

En paralelo, se destacó el rol del Ministerio Público de la Acusación en la investigación de estos hechos. El organismo utiliza herramientas tecnológicas como el análisis de redes sociales, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP, lo que permite avanzar con rapidez en la identificación de los autores. Estas investigaciones pueden derivar en allanamientos de domicilios, secuestro de dispositivos electrónicos y detenciones.

Otro de los ejes centrales de la advertencia está vinculado a las consecuencias económicas. Cada amenaza activa protocolos de seguridad que implican la movilización de fuerzas policiales, brigadas especiales, servicios médicos y operativos de tránsito, además de la interrupción de las actividades escolares. Este despliegue genera costos significativos para el Estado.

En ese marco, el Ministerio de Educación recordó que la legislación vigente establece la responsabilidad de los padres o representantes legales por los daños ocasionados por sus hijos menores. En consecuencia, la Provincia podrá reclamar judicialmente el reintegro de los gastos operativos y la reparación de los perjuicios derivados de estos hechos. 

La advertencia oficial también pone el foco en el efecto contagio que pueden generar este tipo de prácticas en redes sociales. “Las redes sociales pueden fomentar un efecto contagio, haciendo creer a los jóvenes que la virtualidad o el anonimato los exime de culpa”, se señala. Y se agrega: “Lo que comienza como un reto de TikTok puede terminar con un proceso penal en su contra donde ponen en riesgo su libertad y los bienes de su familia”.

Al mismo tiempo, se pide a las familias acompañar este proceso desde el hogar, promoviendo instancias de diálogo claras y sostenidas con niños y adolescentes. “Solicitamos a las familias dialogar de manera urgente y contundente sobre este tema en los hogares, asumiendo el compromiso irrenunciable de erradicar estas prácticas y proteger a nuestra comunidad”, concluye el documento oficial.

En el primer año de implementación del Centro de Denuncias 911 (CD911), el Gobierno de la Provincia de Santa Fe destacó la consolidación de una herramienta que amplía el acceso a la justicia y mejora la respuesta estatal frente al delito. El sistema, impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, incorporó la toma de denuncias telefónicas como mecanismo ágil y cercano para la ciudadanía. El CD911 se integró a la Central de Emergencias 911, pero se ocupa de recibir denuncias en las que no están en peligro ni la vida ni los bienes de quien llama ni de terceros.

En ese sentido, el servicio CD911 tiene como misión principal recepcionar la mayor cantidad de denuncias vinculadas a hechos de robo, casos de tentativa, amenazas simples, estafas (como “cuento del tío”, transferencias de dinero mediante WhatsApp, con tarjetas de crédito y/o débito), impedimento de contacto, contravenciones al Código de Convivencia, incumplimiento de mandato judicial, lesiones leves, entre otros.El sistema está operativo actualmente en Rosario y ciudad de Santa Fe, y desde su puesta en marcha, el 19 de marzo de 2025, el CD911 registró 9.231 llamados. De ese total, 6.665 derivaron en denuncias formales y 2.566 en instancias de orientación. Rosario concentró la mayor cantidad de intervenciones, con 6.150 llamados -de los cuales 4.598 se transformaron en denuncias-, seguida por la ciudad de Santa Fe, con 3.081 comunicaciones y 2.067 denuncias efectivas.La atención está a cargo de abogados, en el marco de los convenios con los Colegios de Abogados de la 1era (Santa Fe) y 2da (Rosario) Circunscripción. La persona denunciante recibe su certificado digital vía correo electrónico, y su denuncia se comunica al Ministerio Público de la Acusación vía SIUC (Sistema de Información Único Criminal).

Entre los delitos más reportados se encuentran amenazas, robos y estafas, lo que evidencia la capacidad del sistema para visibilizar hechos que anteriormente no ingresaban al circuito judicial. En ese sentido, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, subrayó que la herramienta “permite abordar delitos que muchas veces no se denunciaban” y remarcó su aporte tanto en la atención a las víctimas como en el fortalecimiento de las investigaciones penales. 

El dispositivo funciona con atención profesional a cargo de abogados, quienes garantizan la validez jurídica de cada denuncia y su inmediata derivación al Ministerio Público de la Acusación.Con una implementación progresiva en todo el territorio provincial, el CD911 se posiciona como un canal accesible para denunciar sin necesidad de traslado y como una fuente estratégica de información para optimizar la prevención del delito.

“No alcanza con discutir la baja de la edad de imputabilidad si no se persigue con todo el peso de la ley a los adultos que utilizan menores para delinquir. Esta problemática requiere una respuesta inmediata, enérgica y coordinada por parte de las agencias estatales responsables”. La frase es del diputado Martín Rosúa (UCR - Unidos) y está contenida en los fundamentos de un pedido de informes ingresado el pasado jueves en la Cámara.

El pedido de informes apunta a conocer estadísticas en la provincia sobre menores en conflicto con la ley penal. Rosúa ingresó el proyecto en la semana en  que en la Cámara de Diputados de la Nación se dictaminó el proyecto de ley para bajar a 14 años la edad de imputabilidad de menores. El tema está listo para llegar al recinto y obtener media sanción.

“Creemos que es un debate demagógico, poco racional con falta de estadísticas y que de sancionarse va a producir un fuerte impacto en la provincia” apuntó Rosúa en opinión incluso contraria a sus correligionarios nacionales que firmaron el dictamen.

La presentación del proyecto no pasó inadvertido y enseguida solicitaron adherir con la firma desde diferentes espacios políticos. Primero fue el socialista Joaquín Blanco y enseguida se sumaron Amalia Granata (Somos Vida) y Alejandra Rodenas (Compromiso Justicialista). “Qué popular que es hoy el diputado Rosúa” señaló la ex vicegobernadora. Alicia Azanza (Somos Vida), Marìa Fernanda Castellani (Pro), Astrid Hummel (Pro), Walter Ghione (Uno), Edgardo Porfiri (Unidad por Santa Fe) y por último Germán Scavuzzo (UCR) pidió sumar la firma de los 28 legisladores de Unidos.

El pedido de informes apunta a que desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, y el Ministerio Público de la Acusación   suministren estadísticas de los últimos diez años sobre causas en trámite y/o elevaciones a juicio y/o sentencias dictadas en relación a delitos que tuvieran participación de menores de edad, detallando específicamente en cuántas de ellas participaron menores de 16 años de edad.

La existencia y aplicación de protocolos, estrategias o criterios de persecución penal específicos frente al uso de menores, por parte de adultos, para la comisión de delitos. Otro punto es la evolución de la participación de menores de edad involucrados en delitos en los últimos 15 años con porcentaje de esos delitos atribuidos a menores de 14, 15 y 16 años de edad.

El último punto es sobre la existencia de establecimientos adecuados para la detención de los menores de edad y las condiciones en las que son alojados.

“En el contexto del debate sobre la edad de imputabilidad penal, resulta urgente atender una problemática que afecta gravemente la seguridad ciudadana: el uso sistemático de menores por parte de adultos para la comisión de delitos. Este fenómeno, lejos de ser aislado, se ha instalado con fuerza en nuestra provincia, especialmente en ciudades como Rosario. Adultos que se valen de la inimputabilidad de los menores para ejecutar hechos delictivos no solo exponen a estos niños, niñas y adolescentes a situaciones de violencia, sino que además perpetúan la impunidad de los verdaderos responsables” señaló Rosua a El Litoral.

Recordó el asesinato de Bruno Bussanich donde, un menor habría actuado como autor material del hecho, bajo órdenes de adultos. Este tipo de episodios muestran la urgencia de actuar legislativamente”, señaló.

El legislador entiende que es necesario que a nivel nacional -códigos de fondo- se debatan reformas legislativas que contemplen una figura penal específica para quienes corrompen o utilizan menores con fines delictivos, con penas especialmente agravadas.

Rosúa enfatizó ante El Litoral que “es prioritario y complementario a cualquier debate sobre la edad de imputabilidad, enfocar los esfuerzos legislativos en sancionar con mayor dureza a aquellos adultos que involucran a menores en el mundo del crimen. La creación de una figura penal específica como la "Corrupción de menores con fines delictivos", con penas significativamente más graves, es un paso necesario para disuadir estas prácticas y proteger a los menores”. Para el santafesino “es imperativo que la Justicia cuente con herramientas más eficaces para perseguir y castigar con toda la fuerza de la ley a quienes corrompen a nuestros jóvenes”.

Al pedido de informes ingresado se sumó otra iniciativa para que la Cámara de Diputados organice una jornada de debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y su impacto en la provincia de Santa Fe. El objetivo es sumar voces de especialistas, académicos, operadores del sistema de justicia, representantes de organizaciones sociales, funcionarios públicos y actores relevantes para intercambiar ideas, exponer diferentes enfoques y enriquecer la discusión parlamentaria. “Es el aporte que podemos hacer desde Santa Fe a la discusión en el Congreso”, señaló.

Díario El Litoral