El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos, trabaja en el monitoreo, control y ordenamiento de cuencas hidrográficas de las siete regiones hídricas de la provincia. Desde el inicio de la gestión ya se iniciaron 125 sumarios e intimaciones por obras irregulares.

La Secretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, interviene en más de 350 casos de obras clandestinas y registra más de 125 sumarios e intimaciones por trabajos irregulares, desde el inicio de la gestión de gobierno.Así lo informó el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, quien expresó que “por expresa indicación del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, venimos trabajando en el fortalecimiento de la Unidad de Atención de Procedimientos (UAP) con la que atendemos denuncias, monitoreamos y controlamos que no haya canales clandestinos, terraplenes, loteos u obras sin autorización”.

Durante 2024 se promovieron más de 350 gestiones con expedientes activos sobre obras clandestinas y se realizaron más de 125 intervenciones y sumarios administrativos a lotes. Para ello, el equipo técnico de Recursos Hídricos constató las irregularidades mediante vuelos con drones, paralizó esas obras y trabajó en la restitución al estado inicial de los canales. “Esto es resultado del fortalecimiento de la UAP y el trabajo coordinado junto con los ministerios de Ambiente y Cambio climático, de Desarrollo Productivo, y de Justicia y Seguridad, que fueron necesarios para poder constatar y llevar adelante las intervenciones de las denuncias ingresadas”, aseguró el secretario de Recursos Hídricos.Además, hasta la fecha se aplicaron multas económicas que ascienden a más de 700 millones de pesos, en trámite de cobro.

A través de la Unidad de Atención de Procedimientos, el Gobierno de la Provincia cumple con la Ley de Aguas, controlando y ordenando las cuencas hídricas de las siete regiones hídricas de Santa Fe, en un trabajo articulado con Comité de Cuenca, el Registro de Obras Hidráulicas, y Centros de Documentación y Planificación.La Unidad ya registró más de 100 denuncias vía web a las que se le suman las gestiones realizadas personalmente y actuaciones de oficio, que dieron origen a la generación de expedientes, visitas a campo, paralizaciones, intimaciones y los sumarios correspondientes. Desde la secretaría de Recursos Hídricos, recuerdan que las denuncias de obras hidráulicas presuntamente clandestinas se realizan de manera digital, a través del portal de la Provincia.

Los ministros de Santa Fe de Obras Públicas, Lisandro Enrico; de Economía, Pablo Olivares, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, se reunieron este miércoles en Buenos Aires con autoridades nacionales en el Ministerio de Economía de la Nación.

El objetivo del encuentro fue volver a solicitar a Nación que repare las rutas nacionales que atraviesan la Provincia o que, caso contrario, autoricen que las tareas sean realizadas por el Estado provincial, con el objeto de garantizar la seguridad vial de los miles de usuarios diarios.

Del encuentro participaron el secretario coordinador de Infraestructura del Ministerio de Economía de la Nación, Martín Maccarone; el secretario de Obras Públicas, Luis Enrique Giovine, y el director Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy.

Luego del encuentro, Enrico explicó que “vinimos por decimotercera vez hasta acá por la situación de las rutas nacionales, por la demora y la falta de inversión que tiene el Gobierno nacional en la reparación de rutas, con lo peligroso que es para el interior del país. Solicitamos, como el año pasado, que se cumplan los compromisos de reparación de rutas, caso contrario, el Gobierno de Santa Fe está dispuesto a tomar rutas nacionales para hacer un esquema y pasarlas a la provincia”.

“Reiteramos planteos concretos de reparaciones de rutas que se comprometieron a realizar en la Ruta 33, la Ruta 11 y la Ruta 178. La respuesta fue que no tienen fondos y que no la van a hacer, lo cual es una mala noticia porque son rutas que están en muy mal estado, junto con otras”.

“Pero también le planteamos -insistió- la cuestión de las rutas del puerto, para las cuales Santa Fe tiene un plan, que si nos ceden la Ruta 012, que es la que pasa por Roldán y Ricardone, nosotros podemos hacer un plan de mejora. No tuvimos respuesta. Vamos a seguir insistiendo y reclamando hasta que empiecen a hacer reparaciones y mantenimiento de rutas nacionales, que son las que le corresponden al presidente Milei”, enfatizó el ministro de Obras Públicas.

Seguidamente Enrico detalló que “esta es la tercera generación de funcionarios que nos recibe, con lo cual no son buenas las noticias. El Gobierno Nacional tiene que entender que no invertir en mantener una ruta nacional hace que la gente se accidente. Por eso estamos marcando esta cuestión y diciéndoles que si no pueden reparar las rutas nacionales, pásenla al Gobierno de la Provincia, que el gobernador Pullaro está dispuesto a tomarla”.

En ese punto, el ministro ejemplificó que “hoy estaba un equipo de Vialidad Provincial en el medio de una ruta nacional arreglando los cruces de ferrocarril porque la gente rompe las cubiertas. El gobierno del presidente Milei no puede decir que no le interesa la obra pública porque está jugando con la vida de la gente. Por eso somos la provincia que más presiona, que más reclama y lo vamos a seguir haciendo”.

“Ya le hemos dado a Nación más de 1.000 toneladas de asfalto para arreglar rutas, pero eso es un parche. Aquí hay que buscar una solución de fondo, de una obra de reparación con el sector privado. Hacerlo como, por ejemplo, el Gobierno de Santa Fe está haciendo con la Autopista Rosario - Santa Fe, una autopista provincial que tiene un plan de obra. Queremos eso para las rutas nacionales, una solución de fondo, no un pobrismo vial de reparar un pocito. Una de esas soluciones es que las rutas pasen a la provincia para hacer las reparaciones a través de un sistema de participación privada”, finalizó el ministro de Obras Públicas de la Provincia.

Mirador Provincial.-

El gobierno anunció que se pudieron saldar las deudas a empresas que están trabajando en obras públicas.

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Este esfuerzo administrativo de la nueva gestión en el Ministerio de Obras Públicas es la que ha posibilitado darle continuidad a la obra provincial en un contexto económico muy difícil, donde muchas empresas pudieron recibir el cobro de certificados adeudados por la gestión anterior. Hoy prácticamente quedaron al día.

Por otra parte, una porción de estos fondos entregados durante los primeros meses de la era Pullaro, también fue destinada a Comunas y Municipalidades, que durante 2023 se encargaron de sostener las tareas de mantenimiento en rutas secundarias y trabajos de desmalezados, pero la pasada gestión no había cumplido con sus pagos; la mayoría de los gobiernos locales, no percibían estos fondos desde inicios de 2023.

>> Transparencia y cumplimiento

Con una mirada de transparentar el funcionamiento administrativo del Ministerio, el titular de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó sobre estos esfuerzos coordinados con el Ministerio de Economía, que le permitieron a la Provincia reactivar obras provinciales (no nacionales) que corrían riesgos de ser neutralizadas por los atrasos de pagos que hubo hasta el pasado diciembre:

“Desde Obras Públicas tenemos la misión de transparentar su funcionamiento, y en este sentido, estamos transmitiendo el cumplimiento de pagos durante los dos primeros meses de gestión. En total, los esfuerzos económicos que hemos hecho desde el Ministerio superan los 28 mil millones de pesos y son fondos que se transfirieron a contratistas (empresas de obras), municipios y comunas que cuando asumimos estaban disconformes, porque no recibían pagos desde los primeros meses del 2023, en una determinación política irresponsable y poco solidaria que había definido la gestión de Omar Perotti en su último año”, señalo el ministro.

“Con estos pagos de certificaciones de noviembre, podemos decir que prácticamente estamos al día, lo que posibilita generar confianza con las empresas y gobiernos locales para que no detengan sus compromisos y se le pueda dar continuidad a la obra pública en este escenario inflacionario tan complejo. Incluso, el hecho de que sigan las obras tiene un fuerte respaldo del Gobernador Maxi Pullaro, dado que de esta manera también se pueden sostener miles de puestos de trabajos en la Provincia mediante las empresas contratistas. Al respecto estamos trabajando permanentemente con los representantes de la Cámara de la Construcción, eso posibilita ponernos de acuerdos y unir criterios para que el ritmo de obras pueda reflotarse en un contexto muy crítico”, expresó Enrico.

Como se aprecia en el detalle, parte de los fondos provinciales entregados desde el 10 de diciembre hasta el 9 de febrero a Comunas y Municipios son reintegros hechos por la Dirección Provincial de Vialidad y por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (todos habilitados por el Ministerio de OP). Esto se debe a que muchas veces son los propios presidentes comunales e intendentes con sus equipos quienes dan respuestas a la atención del corte de pasto en banquinas, al reacondicionamiento de los caminos, o bien, dan avance a las construcciones de viviendas; aunque esas tareas para que puedan ser repetidas en el tiempo deben ser respaldas por la Provincia por los costos que implican.

Sin embargo, en 2023 el gobierno provincial no fue abonando las certificaciones, y muchas localidades tuvieron que sostener los trabajos sin recibir dinero durante casi un año. Por ese motivo, estos reconocimientos de antiguas certificaciones y rápidos depósitos que ha efectuado el nuevo Ministerio, terminan siendo una señal de cumplimiento que da tranquilidad a los gobiernos locales para que puedan seguir atendiendo este tipo de demandas.

> Nuevos decretos clave

Si bien fue clave el pago de deudas a los contratistas para que la obra pública provincial no se detenga, en este desafío que lleva adelante el Ministerio durante sus primeros meses, también resultó importante el hecho de que el nuevo gobierno provincial disponga de dos decretos para llegar a un acuerdo ante los reclamos que manifestaba la Cámara de Construcción. De este modo, se pudo lograr darle continuidad a la obra pública en un contexto económico muy complejo como el que se atraviesa actualmente.

En referencia a esas adecuaciones normativas que efectuó el Gobierno de Pullaro, se pueden señalar:

Por un lado, el decreto del ICC (esta gestión provincial reeditó el N° 2225). Ahora los certificados se actualizan provisoriamente por el índice de costo de la construcción al momento en que las empresas emiten el certificado.

Mientras que el otro cambio relevante fue la adecuación del decreto reglamentario de la "ley de redeterminaciones de precios". A partir de enero los certificados se actualizan según el índice de variaciones de precios del mismo mes en el cual se efectuaron los trabajos, y ya no se utiliza el índice del mes anterior como venía ocurriendo.

>> Detalles de pagos

Comenzar a poner al día la deuda que la anterior gestión había dejado representó un alivio para gobiernos locales, ya que se les tornaba insostenible poder seguir dando respuesta a tareas de mantenimiento viales o avances en construcciones.

Al momento de brindar detalles acerca de los fondos entregados en los dos primeros meses del Ministerio de Obras Públicas, en este nuevo Gobierno Provincial, desde la Secretaría de Coordinación Técnica se informó que los $28.295.893.457 ($11.243.058.177 del 10/12 al 9/1 y 17.052.835.280 del 10/1 al 9/2) se saldaron de la siguiente manera:

Administración Central : $ 10.798.117.966 (contratistas $10.028.146.221 y Municipios/Comunas $ 769.971.745)

Dirección Provincial de Vialidad : $ 16.888.200.101 (contratistas $ 15.831.713.068 y Municipios/Comunas $ 1.056.487.033).

Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo : $ 609.575.390 (contratistas $475.111.010 y Municipios/Comunas $ 134.464.380).

De esta manera, el Ministerio de Obras Públicas ha quedado al día con los pagos de certificaciones a las empresas a cargo de obras provinciales. Este resultado que, en un funcionamiento normal de cualquier administración pública sería lógico porque es la parte que le corresponde asumir al Estado en los contratos, a la gestión entrante le significó varios esfuerzos, dado que cuando llegaron Pullaro y su equipo al gobierno provincial la inflación de precios se incrementaba semana a semana y la situación de deudas con los contratistas era alta; de hecho, varias empresas esperaban cobrarle a Provincia certificaciones desde abril y mayo, en cifras que habían quedado desactualizadas por los giros económicos que fue dando el país en el segundo semestre de 2023.