El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso el pago de una recompensa para obtener información que permita dar con el paradero de Nelson David Gusak, un hombre que permanece desaparecido desde hace varios meses en la provincia de Chaco. La medida se adoptó ante la falta de avances concretos en la investigación y la gravedad de las hipótesis que se manejan.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 30/2026, publicada en el Boletín Oficial, en la que se detalla que la desaparición podría estar vinculada a la comisión de delitos de extrema gravedad, como homicidio o trata de personas con fines laborales.

Según lo informado oficialmente, a comienzos de diciembre de 2025 la Fiscalía de Investigación Nº 3 de Chaco, a cargo de la fiscal Rosana Beatriz Soto, solicitó al Ministerio de Seguridad que se ofreciera una recompensa. El objetivo es incentivar la colaboración de personas que, sin haber participado en hechos delictivos, puedan aportar datos útiles y verificables para localizar a Gusak.

La investigación se mantiene abierta y bajo análisis, mientras se profundizan distintas líneas para esclarecer qué ocurrió tras su desaparición. Hasta el momento, no se registraron resultados concluyentes que permitan determinar su paradero.

Nelson David Gusak fue visto por última vez el 20 de septiembre de 2025 en las inmediaciones de su domicilio, ubicado en el asentamiento Zampa de la ciudad de Resistencia. Tras perder contacto con él, su familia realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades y aportó información relevante para la causa.

Entre los datos brindados, se indicó que el hombre presenta problemas de consumo de estupefacientes, un aspecto que también es considerado dentro de la investigación en curso.

De acuerdo con la información difundida, Gusak mide aproximadamente 1.65 metros, es de tez trigueña y tiene cabello largo, rizado y de color negro. Posee un tatuaje en el antebrazo izquierdo con el nombre “Jonathan” y otro en el antebrazo derecho con el nombre “Santino”. Al momento de su desaparición vestía una remera verde con rayas blancas, un pantalón de jean azul y calzaba ojotas.

Luego de evaluar el pedido judicial, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, resolvió ofrecer una recompensa de 5 millones de pesos para quien aporte información certera que permita establecer el paradero del hombre, nacido el 23 de marzo de 1999.

Las personas que cuenten con datos relevantes podrán comunicarse de manera telefónica con el Programa Nacional de Recompensas. El pago será efectuado por el Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que determine la funcionaria, garantizando la reserva de identidad de quienes colaboren.

El Litoral

La senadora electa Patricia Bullrich presentó su renuncia al cargo de ministra de Seguridad Nacional a través de una publicación en redes sociales el domingo, donde difundió además la carta formal remitida al presidente Javier Milei. 

En su mensaje en redes, Bullrich escribió: “Al Señor Presidente de la Nación, Javier Milei, le presento mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional. Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”.

En la carta fechada con efectividad al 1° de diciembre de 2025, Bullrich señaló: “Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025”.

Recordó que recibió “el mandato claro” de “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”, y agradeció “la confianza” y “el respaldo de todo el equipo” que la acompañó.

Bullrich confirmó que el 10 de diciembre asumirá como senadora nacional, donde aseguró que continuará defendiendo “las reformas que el país necesita” y los valores de “instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.

La funcionaria deseó “el mayor de los éxitos” a la futura ministra, Alejandra Monteoliva, a quien describió como alguien “capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país”, destacando su “capacidad, experiencia y compromiso” para profundizar la política de seguridad. La carta concluyó con un agradecimiento final al Presidente y un saludo formal.

NA

La búsqueda de la niña Alicia Athenas Pichon Troszynski y de su madre, Sofía Belén Troszynski, sumó un nuevo capítulo con la decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de incrementar significativamente el monto de las recompensas ofrecidas para obtener información que permita avanzar en el caso.

La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, eleva la recompensa a $5 millones por cada una de ellas, en un intento por acelerar datos concretos que contribuyan a esclarecer un hecho que mantiene en vilo a las autoridades desde 2023.

La resolución 1299/2025, firmada por la ministra Patricia Bullrich, responde a un pedido concreto del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6, a cargo de la jueza María Alejandra Provítola, quien solicitó la actualización del monto debido al tiempo transcurrido sin resultados positivos.

La causa judicial, caratulada “Troszynski, Sofía Belén y otros s/ sustracción de una menor de 10 años de edad”, fue iniciada en 2021 y continúa en plena investigación. Según se desprende del expediente, la situación involucra presuntos delitos vinculados a la sustracción de menores, previstos en el Código Penal.

En 2023, el Ministerio de Seguridad había dispuesto una recompensa de $1 millón por información que permitiera dar con Alicia Athenas —menor de nacionalidad argentina y francesa— y otro millón para ubicar a su madre, sobre quien pesa una orden de captura nacional e internacional.

Sin embargo, pese a la difusión nacional, la intervención de Interpol y las medidas judiciales adoptadas, la búsqueda no arrojó pistas claras. De allí que la Justicia considerara necesaria una actualización del incentivo económico para quienes puedan aportar datos relevantes.

Alicia Athenas Pichon Troszynski tiene una averiguación de paradero activa desde el 19 de mayo de 2023. Además, cuenta con una Notificación Alerta Amarilla emitida por Interpol, mecanismo que se utiliza para localizar personas desaparecidas, especialmente niños, y evitar traslados fuera del país. También rige sobre ella una prohibición de salida del territorio nacional.

Por su parte, Sofía Belén Troszynski —de nacionalidad argentina y polaca— posee orden de captura nacional e internacional desde el 29 de febrero de 2024, con el objetivo de detenerla y tomarle declaración indagatoria.

La investigación presume su participación en hechos vinculados a la sustracción de menores, de acuerdo con diversos artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal de la Nación.

La resolución del Ministerio remarca que el aumento de la recompensa responde tanto a la complejidad del caso como a la necesidad de actualizar los montos “dependiendo del tiempo transcurrido desde el ofrecimiento”, tal como establecen las normativas vigentes que regulan el Programa Nacional de Recompensas.

El Ministerio de Seguridad recordó que las personas que tengan información pueden comunicarse a la línea gratuita 134, perteneciente al Programa Nacional de Recompensas. Esta vía permite aportar datos de manera anónima, confidencial y segura.

El pago de la recompensa —en caso de información útil que permita avanzar de manera determinante en la causa— se realizará en dependencias del Ministerio o en el lugar que se designe especialmente, garantizando la identidad reservada del aportante, uno de los puntos centrales del programa.

Además, se instruyó a las Fuerzas Federales a difundir nuevamente los afiches con las imágenes de ambas, para reforzar la visibilización del caso en todo el país. También se encomendó a la Dirección de Comunicación Institucional a difundir la resolución en medios escritos, radiales y televisivos de alcance nacional.

EL

La desaparición de Abril Nilda Romero Miranda, una adolescente de 17 años de General Rodríguez, activó un operativo nacional. El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó este miércoles una recompensa de $5 millones para quienes aporten información confiable que permita encontrarla.

La causa, que en un principio se investigaba como una ausencia voluntaria, dio un giro en las últimas semanas y ahora se presume que la joven podría estar en situación de riesgo y bajo un contexto de violencia de género.

La resolución 1316/2025, firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y publicada en el Boletín Oficial, detalla que la Unidad Funcional de Instrucción Nº 9 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez solicitó el ofrecimiento de recompensa, ante la falta de avances para encontrar a Abril.

La adolescente fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2025 cuando se ausentó de su domicilio ubicado en calle Quiroga, en General Rodríguez. Tiene cabello largo oscuro, ojos oscuros y tez trigueña. Nació el 13 de agosto de 2008 y es hija de Jorgelina Martínez Miranda y Pablo Ramón Romero.

Según los primeros indicios de la investigación, Abril dejó una nota para sus padres en la que aseguraba que estaba bien y que se había ido por voluntad propia con su novio, Cristian Velazco, un hombre de 32 años con quien ya había convivido anteriormente. La relación —que era conocida por la familia— había atravesado conflictos y ambos habían decidido separarse semanas antes de la desaparición.

Pero los fiscales creen ahora que aquel presunto acuerdo para fugarse no fue tan voluntario como parecía.

Con el avance de la causa, la fiscalía incorporó pruebas que modificaron por completo el encuadre del caso. Según detalla la resolución, la diferencia de edad entre ambos, los antecedentes de violencia de género de Velazco y la ausencia total de contacto por parte de la joven fortalecen la hipótesis de que Abril podría estar siendo víctima de un delito grave.

Velazco tiene múltiples denuncias previas por violencia de género, incluida una radicada pocos días antes de la desaparición por la propia madre de Abril.

Además, una expareja del hombre declaró haber sufrido agresiones durante su relación y relató un episodio en el que Velazco la habría llevado de manera ilegal, cuando ella también era menor, a través de un paso fronterizo no habilitado hacia Bolivia.

Ese testimonio alimentó la sospecha de que Abril podría haber sido trasladada fuera de la provincia de Buenos Aires, e incluso del país. Los investigadores no descartan que la adolescente se encuentre en alguna zona de la provincia de Salta o en un país limítrofe.

El Ministerio de Seguridad considera que la situación configura una posible privación ilegal de la libertad agravada, al tratarse de una menor de edad y en un contexto de violencia de género.

Para recibir datos, el Ministerio activó el Programa Nacional de Recompensas, que funciona bajo la órbita de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos.

Las personas que aporten información —se aclara, siempre que no hayan estado involucradas en los hechos delictivos— pueden comunicarse de manera gratuita al 134, la línea nacional de denuncias del Ministerio de Seguridad.

La identidad de quien brinde datos será preservada. Según establece la resolución, el pago de la recompensa se realizará en el Ministerio o en el lugar que determine la cartera, siempre después de que la autoridad judicial confirme la utilidad de la información aportada.

Además, se instruyó a las fuerzas federales a difundir el afiche oficial con los datos de Abril en todo el país, y la Dirección de Comunicación Institucional deberá amplificar la búsqueda en medios gráficos, radiales y televisivos.

El Litoral

El gobierno de Javier Milei habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional. La medida entró en vigor tras la publicación de una nueva resolución que reemplaza la prohibición previa sobre estos dispositivos. Según la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial, la disposición implica un cambio en el régimen de autorización y control, bajo la órbita exclusiva del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

El Gobierno dispuso que, a partir de esta reforma, los legítimos usuarios y las entidades de tiro podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, como fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR. Para acceder a este permiso especial, se exige el cumplimiento de requisitos estrictos que buscan reemplazar la prohibición previa por un sistema de control más preciso y enfocado en la justificación deportiva y la trazabilidad.

Entre los puntos clave oficializados, el RENAR asume la fiscalización y aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y se consolidan los procedimientos tras la derogación de normativas previas del viejo régimen. La nueva estructura exige identificaciones precisas del material, declaraciones juradas y documentación probatoria.

En junio de este año, el Gobierno había dado el primer paso para ejecutar esta medida. En otra resolución, se había derogado el decreto de la época de Menem que regulaba la compra o transferencia de este tipo de armas de fuego. En ese entonces se dispuso una prohibición a los usuarios civiles para adquirir fusiles semiautomáticos, salvo excepciones autorizadas por el Ministerio de Defensa, algo que difícilmente ocurría. Lo que sucedió hoy es que se estableció el mecanismo por el cual se va a poder adquirir.

La actual habilitación para adquirir y tener fusiles semiautomáticos conlleva, no obstante, una serie de requisitos:

Acreditar la identificación precisa del arma, mediante tipo, marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie.

Contar con un Sector de Guarda registrado tipo G2, como sistema de almacenamiento seguro aprobado.

Presentar una declaración jurada que justifique la solicitud, acompañada de documentación probatoria y fotografías del arma.

Abonar la tasa correspondiente al trámite, equiparable al costo de la “Tenencia Exprés” y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM) vigente.

Demostrar usos deportivos probados, mediante al menos una de las siguientes alternativas:

Certificación de entidad de tiro con instalaciones propias, avalando la condición de tirador asiduo.

Representación en certámenes nacionales o internacionales de tiro deportivo con ese material.

Solicitud de una entidad de tiro habilitada que permita el uso por parte de sus socios en disciplinas deportivas o con fines didácticos certificados.

No poseer antecedentes sancionatorios ni trámites administrativos pendientes ante el RENAR.

Contar con una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional.

Proveer elementos probatorios adicionales que permitan evaluar la pertinencia de la petición, bajo criterio del RENAR.

La resolución establece una transformación en la estructura administrativa encargada del control y la regulación de armamento en el país. La Agencia Nacional de Materiales Controlados pasa a denominarse Registro Nacional de Armas (RENAR), que queda bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Desde este cambio, el RENAR asume la plena responsabilidad de la aplicación, el control y la fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 junto con sus normas complementarias. Asimismo, se dejan sin efecto varias disposiciones dictadas por el antiguo RENAR (81/02, 54/04, 155/04 y 239/09), de modo que todo el régimen legal vigente para armas y explosivos se consolida bajo la nueva autoridad central.

El nuevo régimen de autorización especial para la adquisición y tenencia de fusiles semiautomáticos redefine las condiciones para el acceso a este tipo de armamento. Se permite la adquisición y posesión de este tipo de armas que sean alimentadas mediante cargadores de quita y pon, como fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y con un calibre superior al .22 LR, exclusivamente para usuarios debidamente registrados o entidades de tiro, siempre que obtengan la autorización correspondiente por parte del RENAR.

El Litoral

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, publicó este viernes en el Boletín Oficial la Resolución 1224/2025, mediante la cual se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Luciana Muñoz Aguerre, una joven de 22 años desaparecida en la ciudad de Neuquén desde julio del año pasado.

La medida fue solicitada por la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, a cargo del fiscal Andrés Guillermo Azar, en el marco de la causa 311491/2024, caratulada “Muñoz Aguerre Luciana; s/ investigación desaparición de persona”.

Luciana Muñoz Aguerre fue vista por última vez el 13 de julio de 2024, entre las 11 y las 12 del mediodía, cerca de su vivienda en el barrio Gran Neuquén Norte. Según detalla la resolución oficial, la joven vestía una campera azul, una chomba negra, un jean azul tipo nevado y zapatillas urbanas negras con suela blanca.

Luciana tiene contextura delgada, mide 1,50 metros, cabello lacio teñido de castaño claro o rubio, ojos marrones y tez trigueña. Además, presenta varios tatuajes: una flor o mandala en la palma de la mano izquierda que cubre una quemadura, un corazón con el signo infinito en el hombro izquierdo y un diseño de rosas en el muslo derecho.

La investigación no descarta la hipótesis de que la desaparición esté vinculada a un caso de trata de personas, delito previsto en los artículos 145 bis y siguientes del Código Penal argentino.

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, dispuso que la recompensa se pagará a quienes brinden datos útiles y comprobables sobre el paradero de la joven, siempre que no hayan participado en los hechos.

Las personas que cuenten con información pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos, a través de la línea gratuita 134.

Según el texto oficial, el pago se realizará de forma confidencial en el Ministerio de Seguridad o en el lugar que designe la autoridad, y se garantizará la reserva de identidad de quienes colaboren con la investigación.

La resolución también instruye a las Fuerzas Federales de Seguridad a difundir el afiche con la imagen y los datos de Luciana Muñoz Aguerre en todo el territorio argentino. La Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio será la encargada de promover la publicación en medios escritos, radiales y televisivos de alcance nacional.

De esta manera, el Gobierno busca reforzar la búsqueda de la joven, cuyo caso lleva más de un año sin avances significativos, y mantener activa la colaboración ciudadana en el marco de las investigaciones por desaparición y trata de personas.

El ofrecimiento de recompensa se enmarca en la Ley 26.538, que habilita al Ministerio de Seguridad a ofrecer incentivos económicos para obtener información en casos de desapariciones o delitos graves. En los últimos años, este programa ha sido una herramienta clave en la resolución de casos donde el aporte ciudadano resultó decisivo.

“Cada dato puede ser fundamental para encontrar a una persona desaparecida”, señalan desde el Ministerio, que insistió en la importancia de comunicarse con la línea 134 ante cualquier información, por mínima que parezca.

El Litoral

La ciudad de Frontera fue escenario del quinto derribo de un punto de venta de drogas en el marco de la Ley de Microtráfico, norma impulsada por el gobierno de Santa Fe. La medida se concretó este miércoles desde las 8 en calle 102 al 500, con la coordinación del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial y la Policía de Santa Fe.

Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, participó del operativo. En los estudios de Radio Rafaela, remarcó el alcance del plan: “Sabemos que las políticas de seguridad son prioridad del gobierno de la provincia de Santa Fe, y esta es una herramienta más. Desde enero de 2024 tenemos la posibilidad de ir detrás de los delitos de comercialización de estupefacientes y de inactivar los puntos de venta”.

Coudannes explicó que las acciones forman parte de un trabajo conjunto entre el Ministerio, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI). “Venimos con muchísimos allanamientos, con un trabajo encomiable desde el Ministerio de Justicia y Seguridad. En particular, esta Circunscripción Judicial viene muy movida, con intervenciones en Rafaela y Ceres. Es una agenda en movimiento constante que representa una parte esencial del plan de seguridad”, afirmó.

La funcionaria subrayó que la estrategia provincial combina investigación, prevención y presencia territorial. “La parte investigativa es esencial, pero no la única. También trabajamos en prevención, planificación y en cómo ordenamos la operatividad en calle, que es el núcleo más fuerte del Ministerio”, agregó.

En ese sentido, Coudannes hizo hincapié en el rol de la ciudadanía para aportar información sobre los puntos de venta. “Es muy importante el uso del 911 de manera anónima. Necesitamos esa información para poder trabajar con la Fiscalía y generar la priorización de los puntos a allanar. En junio estuvimos en Rafaela presentando esta posibilidad y los vecinos pueden pedir identidad de reserva al denunciar”, recordó.

La funcionaria provincial destacó el modelo de seguridad impulsado por la gestión Pullaro. “En estos casos, nosotros vamos a lo micro, al narcomenudeo. Claro que esto genera incomodidades y conflictos en los barrios, pero apuntamos a esos focos para generar herramientas concretas”, señaló.

Coudannes informó además sobre la evolución de los operativos en la región: “En Rafaela, tenemos más de 24 mil identificaciones de personas en lo que va del año y más de seis mil vehículos identificados. Esto demuestra la proactividad en la calle, gracias a una conducción firme, inversión en recursos, patrulleros, motos, camionetas, pistolas taser y capacitación”.

Finalmente, definió el espíritu de trabajo del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia. “El modelo de proceder es con información, sin improvisación y con trabajo en territorio. El mensaje es claro: el que delinque, las paga; y a la víctima se la contiene, se la resguarda y se la protege”.

El gobierno nacional creó este miércoles el Centro Nacional Antiterrorista (CNA) en Argentina, bajo la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Este organismo tiene como misión integrar, analizar y compartir información para combatir el terrorismo, diseñar estrategias y establecer criterios de actuación.

El CNA estará compuesto por representantes de diversas entidades gubernamentales, incluyendo los Ministerios de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Justicia, así como la Unidad de Información Financiera (UIF) y fuerzas de seguridad.

Entre en vigencia mediante el Decreto 717/2025 publicado con fecha del 8 de octubre con firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Su función incluye la prevención del terrorismo, la elaboración de informes y la cooperación con organismos nacionales e internacionales.

“Enlaces. En función de sus necesidades operativas, el CENTRO NACIONAL ANTITERRORISTA (CNA) establecerá los enlaces, permanentes o temporales, con los órganos y entes nacionales, provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y municipales, públicos y privados, cuyos medios se involucren en la lucha contra el terrorismo”, detalla el documento oficial.

X Ministerio de Seguridad

“Asimismo, podrá solicitar la cooperación de los gobiernos provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y municipales, así como de instituciones y personas públicas y privadas, cuando ello fuere necesario para el desarrollo de sus actividades”, expresa el texto y agrega: “En caso de solicitar la cooperación de organismos extranjeros o internacionales con los que no mantenga un enlace, las solicitudes serán canalizadas por intermedio del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO o de la SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO (SIDE), según corresponda”.

Redacción El Litoral

La medida fue dispuesta por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a través de la Resolución 975/2025, publicada en el Boletín Oficial.

El aumento responde al pedido de la Unidad Fiscal de Santa Fe, a cargo del fiscal Walter Rodríguez, que solicitó incrementar el incentivo económico ante la falta de datos útiles que permitan concretar la captura del fugitivo.

Vicente Matías Pignata, de 41 años, nacido en la ciudad de Santa Fe, fue condenado en 2017 como autor responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe le impuso en aquel entonces una pena de cuatro años de prisión.

Sin embargo, Pignata nunca cumplió la condena. En marzo de 2019 se dictó una orden de captura nacional y, poco después, en mayo de ese mismo año, se amplió la búsqueda a nivel internacional. Desde entonces, se encuentra prófugo y su paradero sigue siendo un misterio.

Sus últimos domicilios conocidos fueron en la ciudad de Santa Fe y en la localidad de Bowen, provincia de Mendoza. Está casado con Elizabet Yanina Campos, y es hijo de Vicente Antonio Pignata y Adriana María Amarillo.

La primera recompensa para dar con Pignata había sido establecida en 2023 en dos millones de pesos. Ahora, el Ministerio de Seguridad resolvió aumentarla a cinco millones de pesos, una cifra que busca incentivar a cualquier persona que pueda aportar datos concretos que conduzcan a su captura.

El programa establece que quienes posean información útil podrán comunicarse de manera confidencial y gratuita con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea telefónica 134, disponible en todo el país.

El pago de la recompensa, en caso de que la información resulte efectiva, se realizará en el Ministerio de Seguridad o en el lugar que la cartera designe, siempre garantizando la preservación de la identidad de la persona que colabore.

Además, la resolución instruye a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a difundir y publicar el afiche oficial con los datos del prófugo en medios gráficos, radiales y televisivos de alcance nacional.

La Justicia federal investiga a Pignata desde hace más de una década. El expediente en el que fue condenado se originó en 2017 bajo la carátula “Pignata, Vicente Matías y otros s/Infracción Art. 303 inc. 1 CP”, y estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Santa Fe.

El fiscal Walter Rodríguez remarcó recientemente que, a pesar de los mecanismos de búsqueda activados y la recompensa vigente, no se recibieron datos útiles sobre su paradero en estos años.

Por ello, solicitó al Ministerio de Seguridad el incremento económico, considerando que la visibilidad pública y el monto de la recompensa son herramientas fundamentales para avanzar en la detención de prófugos de alta peligrosidad.

Quienes tengan información sobre Pignata pueden comunicarse al 134, la línea gratuita del Ministerio de Seguridad de la Nación, que funciona de manera permanente. La identidad de quienes colaboren será preservada y protegida por el programa oficial.

Vicente Matías Pignata by El Litoral

EL

El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió un comunicado oficial en el cual se establece una recompensa de un total de $5.000.000 a cambio de información respecto al paradero del santafesino Jorge Alberto Mendieta.

Mendieta, desaparecido desde diciembre de 2024, es acusado de encabezar una red de narcotráfico local, investigado junto a otras cuatro personas que ya fueron detenidas.

Los acusados que trabajaban para Mendieta son Antonio Andrés Juárez (35), alias “Jairo”, domiciliado en Azopardo al 10.300; Daniel Fernando Santa Cruz (20), de calle Chaco al 4.000; su padre Eduardo Alejandro Santa Cruz (48), de Florencio Fernández al 5.400; y Fernando Valentín Stival (48), residente en French al 3.400.

La causa refiere a terceros que habrían recibido droga directamente de Mendieta, y efectuado pagos a través de billeteras virtuales, una práctica que, según los investigadores, forma parte de la metodología habitual del grupo.

En lo que respecta a la Resolución 876/2025, el texto publicado en el Boletín Oficial que detalla la recompensa, se indica que pago de la misma será realizado en el Ministerio de Seguridad de la Naciòn o en el lugar que designe el representante de esta cartera, previo informe del representante de la autoridad interviniente a fin de preservar la identidad del aportante de los datos.

La publicación del Ministerio de Seguridad incluye algunas descripciones físicas sobre el “Turu” Mendieta, nacido el 10 de noviembre de 1986.

“Posee las siguientes características físicas: ojos marrones, cabello oscuro, complexión robusta, altura aproximada 1.75 mts., tatuajes de gran tamaño en el pecho con el nombre de “SAMIRAH”, tatuaje tipo manga en el brazo izquierdo, tatuaje en el bíceps derecho, tatuaje tipo manga en la parte baja de la pierna izquierda”, detalla el texto.

El documento también agrega: “Se encuentra investigado por haber intervenido en actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes, último domicilio conocido en Azopardo Nº 10425, del barrio Punta Norte, ciudad de Santa Fe, provincia homónima”.

El Litoral

El lunes 17 de marzo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció el envío a la Cámara de Diputados del proyecto de Ley Antibarras, respaldado por el presidente Javier Milei. Esta propuesta tiene como objetivo principal combatir la violencia en el fútbol argentino mediante la creación de la figura legal de "asociación ilícita deportiva", destinada a las barrabravas que cometan delitos relacionados con el deporte o sus actividades conexas. 

El proyecto propone incorporar el artículo 41 sexies al Código Penal, incrementando las penas mínimas en dos tercios y las máximas en un tercio para delitos cometidos en el contexto de espectáculos deportivos o relacionados con clubes, equipos o deportistas. Entre los delitos alcanzados se incluyen homicidio, lesiones, amenazas, privación ilegítima de la libertad, robo, hurto, daño, incendio, estrago, y tenencia y portación de armas. También se contemplan delitos relacionados con estupefacientes previstos en la Ley N° 23.737. ​Penalización de conductas específicasLa iniciativa tipifica y sanciona diversas conductas asociadas a la violencia en el deporte, tales como:​Portación de armas y objetos peligrosos: Se penaliza la tenencia, introducción, guarda o portación de armas blancas, piedras, botellas, instrumentos contundentes, artefactos químicos o de pirotecnia en espectáculos deportivos. Las penas se agravan si se trata de elementos inflamables, asfixiantes, tóxicos, armas de fuego o artefactos explosivos. ​Alteración del orden en eventos deportivos: Se sanciona a quienes, en grupo y mediante violencia o intimidación, alteren el desarrollo normal de un espectáculo deportivo, provoquen disturbios o ejerzan presión sobre participantes u organizadores. El uso de armas, especialmente de fuego, agrava las penas. ​Distribución irregular de entradas: Se castiga a organizadores, protagonistas o responsables de la emisión y distribución de entradas que las proporcionen gratuitamente a miembros de organizaciones delictivas. ​Ámbito FinancieroFalsificación y venta ilegal de entradas: Se penaliza la oferta y recepción de entradas falsas, así como el ingreso irregular de personas al estadio. Las penas se agravan si el delito es cometido por organizadores, protagonistas o miembros de asociaciones ilícitas. ​ 

Venta no autorizada de entradas de protocolo: Se sanciona la venta no autorizada de este tipo de entradas. ​Alteración de plataformas de venta de entradas: Se penaliza la manipulación de plataformas virtuales de venta de entradas mediante tecnología informática. ​Ingreso sin autorización al estadio: Se sanciona permitir el ingreso al estadio sin la entrada correspondiente o acreditación, especialmente si se trata de miembros de grupos delictivos. ​Cuidado de vehículos sin autorización: Se penaliza ofrecer servicios de cuidado de vehículos sin autorización en las inmediaciones del estadio, agravándose la pena si se exige una suma de dinero. ​Obstrucción de transportes hacia o desde estadios: Se sanciona impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes relacionados con espectáculos deportivos. ​Creación de situaciones de peligro en estadios: Se penaliza crear o colaborar en crear peligro de aglomeración o caída de personas en el estadio. ​Combate a las "barras bravas"Se penaliza la participación en asociaciones de tres o más personas destinadas a cometer los delitos previstos en esta ley, considerándolas como asociaciones ilícitas. Las penas serán más elevadas para fundadores, cabecillas, jefes, organizadores y financiadores de estos grupos, así como para quienes obtengan provecho económico de su actividad. Las sanciones por pertenecer a la asociación se sumarán a las de los delitos cometidos individualmente. ​ 

Prohibición de concurrenciaSe establece la inhabilitación judicial para asistir a espectáculos deportivos como pena accesoria a las sanciones por los delitos previstos en la ley, con una duración que puede variar desde seis meses hasta perpetuidad. Además, se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a prohibir administrativamente la concurrencia a espectáculos deportivos a personas que puedan representar un riesgo para la seguridad pública. Las personas con prohibición administrativa no podrán acercarse a menos de 1000 metros del estadio. También se establece la prohibición de concurrencia para personas imputadas o procesadas por los delitos de esta ley, con sanciones para quienes violen estas prohibiciones. ​Responsabilidad de organizadores y entidades deportivasSe contemplan sanciones penales para organizadores y protagonistas que faciliten o no denuncien la introducción de elementos peligrosos. Asimismo, se prevén multas para las entidades deportivas cuando los delitos sean cometidos por sus directivos, administradores, miembros de comisiones o empleados con su conocimiento. En casos de dolo o negligencia de los organizadores en la violación de las prohibiciones de ingreso, se podrá clausurar el estadio para el próximo encuentro oficial. ​Cooperación interjurisdiccionalSe invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus normativas locales al proyecto de ley, con el fin de favorecer la cooperación interjurisdiccional en la lucha contra el crimen organizado en el deporte. Se establece el intercambio de información en materia contravencional entre las fuerzas policiales y de seguridad de diferentes jurisdicciones, facilitando la identificación y sanción de personas involucradas en hechos de violencia en espectáculos deportivos.

Derogación de la Ley N° 23.184

El proyecto establece la derogación de la Ley N° 23.184, que regulaba la prevención y sanción de la violencia en espectáculos deportivos. Según el Gobierno, la normativa vigente ha demostrado ser insuficiente para combatir la problemática de las barrabravas y sus actividades ilícitas. Con esta nueva ley, se busca cerrar vacíos legales que han permitido que estos grupos operen con impunidad. 

El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, emitió un comunicado en el que establece medidas estrictas de seguridad para la marcha de jubilados que se realizará este miércoles 12 de marzo en el Congreso. La movilización contará con la presencia de agrupaciones de hinchas de distintos clubes de fútbol argentino.

En el documento, la cartera de seguridad remarca que cualquier persona que incurra en actos de violencia o que participe en disturbios será identificada y detenida. "Toda conducta que atente contra la seguridad de las personas o los bienes será sancionada con la detención inmediata de los responsables", destaca el comunicado oficial.

Además, el Gobierno informó que aplicará el derecho de admisión en los estadios de fútbol a quienes sean identificados como responsables de altercados en la manifestación. Dichos individuos serán incluidos en el programa Tribuna Segura y se les impondrá la "Restricción de Concurrencia Administrativa a todo evento deportivo" a nivel nacional.

Por otro lado, el Ministerio instó a los participantes de la marcha a manifestarse "de manera pacífica y dentro del marco de la legalidad", enfatizando que no tolerarán hechos de violencia ni desmanes.

En declaraciones televisivas, Patricia Bullrich calificó a los hinchas organizados que se sumarán a la protesta como "barras bravas" y aseguró que el Gobierno está preparando "medidas judiciales y cambios legislativos" para evitar su participación en este tipo de movilizaciones.

"La semana pasada vimos a la barra de Chacarita presente en una protesta, y ahora buscan otra base de apoyo, porque ya no pueden movilizar a beneficiarios de planes sociales. Ahora están la izquierda, peronistas y un grupo reducido de jubilados; el resto son militantes políticos. No los vamos a dejar pasar", sostuvo la ministra.

Asimismo, advirtió que se encuentran evaluando medidas adicionales para impedir que estos grupos participen de futuras marchas. "Ya tenemos el derecho de admisión en los estadios, pero vamos a buscar una sanción especial si comienzan a movilizarse en las calles", agregó.

La convocatoria para acompañar la protesta de los jubilados ha crecido en los últimos días. Chacarita fue el primer club en sumarse a la iniciativa el pasado miércoles, y con el correr de las horas se fueron agregando hinchas de diversas instituciones.

Entre los clubes cuyos hinchas confirmaron su presencia en la marcha se encuentran All Boys, Tigre, Deportivo Merlo, Nueva Chicago, Deportivo Morón, Ferro, Racing, Independiente, Lanús, Argentinos Juniors, Vélez, Gimnasia, Estudiantes, Banfield, River y Boca, entre otros. La movilización se concentrará en las inmediaciones de las avenidas Callao y Rivadavia, en el centro porteño.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, que lidera Patricia Bullrich, aseguró hoy que cualquier hincha que genere "disturbios" o hechos de "violencia" durante la marcha de los jubilados mañana en el Congreso quedará fuera de eventos deportivos.

"Se le aplicará la Restricción de Concurrencia Administrativa a todo evento deportivo, lo que implicará la prohibición de ingreso a los estadios de fútbol en todo el país", resaltó el área en un comunicado.

La advertencia de la cartera de Seguridad se dio un día antes de la marcha de los jubilados al Congreso, que será acompañada por hinchas de distintos equipos de fútbol.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, mantuvo un encuentro con Franco Berlín, director nacional de Eventos Deportivos. El foco está puesto en la copa que disputarán River y Talleres en el Estadio "La Nueva Olla" de Cerro Porteño.

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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, mantuvo una reunión este viernes con Franco Berlín, director nacional de Eventos Deportivos, con el foco puesto en la seguridad en los estadios y la organización de la Supercopa Internacional.

Dicho encuentro sirvió para abordar “temas vinculados al fortalecimiento de la seguridad en los estadios del fútbol argentino para el año entrante”, de acuerdo a lo comunicado por la AFA.

Al mismo tiempo, también se puso sobre la mesa “la coordinación y logística para la final de la Supercopa Internacional 2023 que se jugará en Paraguay en febrero próximo”. La copa la disputarán River (campeón del Trofeo de Campeones 2023) y Talleres (mejor ubicado en la Tabla Anual). Se disputará en el Estadio “La Nueva Olla” de Cerro Porteño, en Paraguay.A su vez, AFA indicó que la reunión con el director nacional de Eventos Deportivos sirvió para abordar temas vinculados al fortalecimiento de la seguridad en los estadios del fútbol argentino para el año entrante. Aunque aún no hay nada comunicado oficialmente, la idea del Gobierno es fomentar que haya visitantes en el fútbol argentino, algo que solamente viene ocurriendo en la Copa Argentina, las definiciones de la Copa de la Liga y los torneos internacionales.

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La AFA evalúa crear un ranking de clubes en la Liga Profesional

“Me reuní con @francoberlinok para proyectar ejes estratégicos vinculados a la seguridad del fútbol argentino y de todos los socios. Un gran paso hacia la erradicación de la violencia en los estadios”, manifestó Claudio Tapia en un posteo a través de sus redes sociales.

Por su parte, Belín replicó: “Junto al Presidente de la AFA @chiquitapia, dialogamos sobre estrategias y aportes para prevenir la violencia en el fútbol de cara al año próximo. En este sentido, la nueva Ley Antibarras que será presentada en el Congreso implicará un gran avance para erradicar la violencia en el fútbol”.

Vale recordar que el Gobierno impulsa un proyecto de ley para que las barras sean consideradas “organizaciones criminales”, con el objetivo de aplicar penas a los integrantes de los grupos violentos por transportar armas o revender entradas de protocolo. Según la iniciativa, los implicados podrían afrontar de dos a cuatro años de prisión.

“Asimismo, se avanzó en la coordinación de seguridad para la Final de la Supercopa Internacional en Paraguay entre River Plate y Talleres para garantizar un evento seguro y sin incidentes”, agregó Berlín.(DA)

El director del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, comparó la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo con los desaparecidos de la dictadura.

El director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, comparó hoy la situación del gendarme argentino detenido en Venezuela, Nahuel Agustín Gallo, con la situación de los desaparecidos durante la dictadura, porque “oficialmente no hay ninguna respuesta” sobre su paradero.

"Es un tema grave internacional, porque es un secuestro, si fuera en la dictadura militar que tuvimos en la Argentina, es un desaparecido. Porque si bien hay una información de que está en el Helicoide, que es un edificio de la dictadura de Venezuela, de los servicios de inteligencia, oficialmente no hay ninguna respuesta”, afirmó Soto.

"Es un tema grave internacional, porque es un secuestro, si fuera en la dictadura militar que tuvimos en la Argentina, es un desaparecido. Porque si bien hay una información de que está en el Helicoide, que es un edificio de la dictadura de Venezuela, de los servicios de inteligencia, oficialmente no hay ninguna respuesta"[Fernando Soto]

En declaraciones al programa “Pan y circo” que se emite por Radio Rivadavia, el funcionario explicó de ese modo la situación del gendarme que fue detenido cuando ingresó a Venezuela para visitar a su hija y a su esposa.

La esposa de Gallo, que tiene residencia en la Argentina, viajó a Venezuela para ver a su madre, afectada por un problema de salud, y el uniformado viajó a unirse con ella “de la forma más barata posible a través de Chile, a Bogotá y después a la frontera, con un remisero”.

LEE: La esposa del gendarme detenido en Venezuela: "Nos angustia no saber nada"

Según relató Soto, al detenerlo le sacaron el teléfono celular, en el que leyeron mensajes en el que la esposa le decía “esto es una dictadura, esto es un desastre”.

“Entonces lo detuvieron. Y lo detuvieron al chofer también, al remisero que es venezolano. Es algo terrible, porque hay una venganza con la Argentina

La llevaron a cabo agentes policiales y las divisiones explosivos, perros y Servicio Penitenciario. Instalaron cámaras y detectores de metales e inspeccionaron los lugares que usa la barra brava. Estos operativos se realizarán en todas las canchas de la provincia.

El martes 26 d enoviembre el Gobierno provincial desplegó un allanamiento en el Estadio Marcelo Bielsa, previo al encuentro que disputarán en Rosario, Newell's Old Boys e Independiente. El objetivo del nuevo protocolo preventivo, ordenado por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni es aumentar las condiciones de seguridad en los espectáculos deportivos.

El allanamiento estuvo realizado en horas del mediodía por personal de la Policía y del Servicio Penitenciario de Santa Fe. Desde el Gobierno dejaron en claro que el nuevo protocolo preventivo se enmarca en la Ley de Emergencia en Seguridad y está habilitado por una norma de la Nueva Ley Orgánica del Servicio Penitenciario.

Al respecto, Cococcioni indicó que "la directiva instruye a la Secretaría de Asuntos Penales y a la Secretaría de Seguridad Pública, para que de manera coordinada y en conjunto puedan afectar recursos y elementos dependientes del Servicio Penitenciario de Santa Fe a lo que es la operación policial preventiva".

Dolorosa derrota de Unión en Santa Fe ante Talleres

En este sentido, el ministro contó que en el allanamiento realizado en el Estadio Leproso se trabajó con agentes penitenciarios "especializado que hace las requisas en las cárceles para detectar cualquier tipo de objetos prohibidos" en el sector de la barra brava, tanto donde guardan elementos como donde se ubican en la tribuna.

Aunque Cococcioni aclaró que estos nuevos operativos comenzaron en la cancha de Newell's por los cinco disparos contra una casa ocurridos luego de la última derrota de local frente a Central Córdoba, dijo que se repetirán de forma indeterminada en todos los estadios de Rosario Central, Unión y Colón.

Además de los agentes penitenciarios, a quienes el ministro destacó por su habilidad en la requisa conseguida por su trabajo en las cárceles "habiendo logrado secuestrar una enorme cantidad de celulares, armas blancas, estupefacientes y otros elementos prohibidos", el operativo contó con "recursos tecnológicos, escáneres, detectores de metales, cámaras especiales para requisa y sección" y perros "tanto de policía como del servicio penitenciario, para realizar los controles lo más exhaustivos posible". Incluso, el ministro explicó que este "comando conjunto a nivel provincial" también trabajará en múltiples aspectos. Por este motivo, los agentes penitenciarios podrán realizar tareas en la calle como custodias, identificaciones, colaboraciones en allanamientos, u otras operaciones policiales que requieran un gran número de efectivos.(Urgente 24)

Claudio Brilloni dijo a El Litoral que los hechos que se dieron casi en simultáneo en la madrugada de este miércoles fueron "robos". Aun así, se mantiene diálogo directo con supermercadistas, y se refuerza el patrullaje en dichos locales.

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El ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, negó que se hayan registrado saqueos o intentos de saqueos en la ciudad de Santa Fe. Dos hechos ocurridos en la madrugada de este miércoles encendieron las alarmas, con un robo de bebidas en una distribuidora en barrio Santa Rosa de Lima y otro en un frigorífico de Barranquitas. Sin embargo, el funcionario desmintió que los hechos hayan constituido "intentos de saqueos".

"Por la información preliminar con la que contamos, ambos episodios se trataron de robos en locales comerciales. De hecho, en uno de ellos (la distribuidora) no se llevaron alimentos, sino bebidas alcohólicas", planteó el Brilloni en diálogo con El Litoral. El ministro dijo, incluso, que no fueron grupos numerosos los que protagonizaron los ilícitos, sino que fueron "entre 4 y 6" personas las que ingresaron – por ejemplo- a la distribuidora. El titular de dicho local habló de "una docena" de personas que ingresaron a su comercio, y de "vecinos" que aguardaban en la calle; la describió como una situación no producto de la necesidad, sino de un grupo "organizado de aprovechadores".

"El objetivo era el robo", enfatizó nuevamente el ministro; "asaltos", asociados a la situación de inseguridad que padecen los principales centros urbanos. "No hemos tenido intentos de saqueos ni en la ciudad de Santa Fe ni en la provincia", volvió a decir.

De todos modos, pese a confirmar que fueron asaltos, el ministro no desconoció el contexto en el que estos hechos se inscriben. En ese marco, describió lo sucedido en otras jurisdicciones como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires con presuntos intentos de saqueos que para la dirigencia "no fueron espontáneos, sino orquestados".

Sobre esa base, contó que desde la cartera a su cargo se mantiene un diálogo directo con los supermercadistas. "No desconocemos el contexto que estamos atravesando. Por eso, hemos establecido un canal de diálogo y estamos en contacto directo tanto con los propietarios de los supermercados como con las cámaras del sector para estar atentos a la situación", planteó. Del mismo modo, dijo que se mantiene una suerte de estado de alerta permanente desde las áreas de Desarrollo Social para asegurar contención, ante las demandas sociales que – reconoció- son cada vez "más crecientes".

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Brilloni negó, en tanto, que en el Ministerio exista un "protocolo" de actuación para estos casos. "Lo que sí tenemos es un plan de contingencia que está elaborado y que identifica puntos sensibles, pero que sigue por ahora guardado en el archivo porque no estamos en una situación que amerite aplicarlo", sostuvo.

El ministro confirmó que en la actual coyuntura se ha reforzado la presencia policial y patrullaje no solamente en los lugares afectados por los asaltos durante la madrugada de este miércoles, sino "en supermercados y grandes cadenas de toda la provincia".

Fuente: EL

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe advirtió sobre un incremento en las estafas digitales y recomienda sobre cuáles son y qué se debe hacer ante este tipo de delitos virtuales.

Una de las más frecuentes en la actualidad son las estafas de suplantación de identidad que aprovechan la familiaridad del lenguaje virtual para hacer creer que, quien está del otro lado, es una persona o entidad conocida y de confianza. Este tipo de mensajes pueden llegar a través de SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook o email y por lo general allí avisan que uno tiene un paquete pendiente por buscar, que el banco necesita las claves para desbloquear la cuenta, se hacen pasar por una persona conocida que cambió su número de teléfono, o por un familiar o amigo que necesita dinero, etc., la intención es hacerse pasar por una entidad o persona conocida para engañar.

Al respecto, Rodrigo Álvarez, jefe de Departamento de Cibercrimen de la AIC (Agencia de Investigación Criminal) destacó que “es importante tener en cuenta que el mensaje de gancho nunca especificará datos demasiado concretos, y es habitual que contenga faltas ortográficas y/o una escritura que no se relacione con la persona suplantada”.

Y recomendó que “lo mejor es ignorar esos mensajes y bloquear al número. Cualquier respuesta implicará cierto interés por parte del estafado; lo que permitirá al estafador continuar el proceso de engaño”.

Para evitar estafas a través de redes sociales:

Activa la verificación en dos pasos.

Elige quien puede ver tu foto de perfil.

Cambia la contraseña de manera habitual.

Busca el tilde de verificación de las cuentas oficiales.

¿Qué hacer si te roban la cuenta de Whatsapp?

En el caso de ser víctima de este tipo de estafas recurrir a un centro territorial de denuncias o en el sitio web del MPA, https://mpa.santafe.gov.ar/iris

Luego sigue estos pasos:

-En primer lugar, avisar a los familiares y amigos sobre la situación para que desestimen los mensajes que pudiesen llegarles desde la cuenta.

-Para recuperarla, registrarse en WhatsApp con el número de celular y verificarlo ingresando el código de 6 dígitos que se recibirá vía SMS.

-Una vez que se ingrese el código, la sesión de la persona con acceso a la cuenta se cerrará automáticamente.

-También es posible que la app solicite ingresar un código de verificación en dos pasos (uno diferente al que recibiste por SMS). Si no se sabes, puede ser que la persona que robó la cuenta, lo haya activado. En ese caso, se deberán esperar 7 días para poder verificar el número sin este código.

-Independientemente de si se sabe o no el código de verificación en dos pasos, la sesión ilegítima se cerrará en cuanto se ingrese el código de 6 dígitos que se recibió vía SMS.

Si se pierde o roban el celular:

Se puede enviar un mail a support@whatsapp.com para que desactiven momentáneamente la cuenta. En el asunto del mail se debe colocar: “Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta” y en el mensaje el número de celular en el formato internacional completo.

Medidas de seguridad preventivas:

-Bloqueo del celular: implementar un método de bloqueo por pin o datos biométricos.

-Bloqueo de la app: configurar la restricción de acceso con un pin o huella digital desde la misma app.

-Verificación en dos pasos: activar esta opción para sumar un nivel más de seguridad, recordar no compartir con nadie este código.

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Si se sospecha que alguien utiliza la cuenta desde whatsapp web:

Recordar que se pueden cerrar remotamente todas las sesiones desde el celular: tocar los 3 puntitos y buscar la opción “WhatsApp Web”. Allí se verán, en caso de que las haya, todas las sesiones web activas y se podrán cerrar.

Fuente: SFC

El diputado nacional por Santa Fe Roberto Mirabella participó junto a legisladores nacionales de un evento organizado por el Foro Regional Rosario y organizaciones de la sociedad civil, en donde criticó la política de seguridad del Gobierno Nacional. “Aníbal Fernández no sólo no cuida a las familias santafesinas sino que también se rindió ante los narcos. No se quiere tomar dimensión de lo que está pasando”, remarcó.

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, participó de un encuentro organizado por el Foro Regional Rosario junto a representantes de organizaciones civiles y legisladores nacionales, en el que se abordó la situación que atraviesa Rosario en materia de seguridad y otros temas relevantes para la región. “Esta semana le plantearemos al ministro de Seguridad, cuando vaya al Congreso, diversos cuestionamientos respecto a las formas de combatir la narcocriminalidad. La sede del Ministerio debería estar en Rosario”, remarcó el diputado.

“Es una situación inédita en Argentina, una tremenda cantidad de homicidios vinculados al narco, que también generan acciones de terror en toda la población. En los tribunales federales de Santa Fe tenemos el 20% de las causas de droga de todo el país. Necesitamos una acción decidida de las fuerzas federales y del Ministerio de la Nación para combatir el narco”, agregó Mirabella.

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“El 27 de febrero de 2020 el presidente dijo claramente que el Gobierno nacional iba a tener una acción decidida para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Pasaron tres años, es nuestra mayor desilusión. Además, con ministros que no lo ayudan mucho, porque Aníbal Fernández no sólo no cuida a las familias santafesinas sino que también se rindió ante los narcos. No se quiere tomar dimensión de lo que está pasando”, fustigó el diputado.

“El 27 de febrero de 2020 el presidente dijo claramente que el Gobierno nacional iba a tener una acción decidida para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Pasaron tres años, es nuestra mayor desilusión. Además, con ministros que no lo ayudan mucho, porque Aníbal Fernández no sólo no cuida a las familias santafesinas sino que también se rindió ante los narcos. No se quiere tomar dimensión de lo que está pasando”.[Roberto Mirabella]

Asimismo, el legislador se refirió a múltiples proyectos presentados ante la Cámara de Diputados para brindar mayores herramientas al Poder Judicial en su lucha contra el narcotráfico y enfatizó la necesidad de que estos sean tratados en el recinto. “Este miércoles trataremos en la Comisión de Justicia el proyecto para fortalecer la Justicia Federal en Santa Fe, crear fiscalías y jueces de garantías. Queremos una justicia más rápida, veloz y eficiente que resuelva y condene a la narcocriminalidad”, detalló Mirabella.

“Fue un proyecto que trabajamos de manera conjunta los diputados y diputadas que representamos distintas bancadas de Santa Fe, lo firmamos los 19 legisladores. Esperamos obtener dictamen y llevarlo al registro para votarlo, porque es una iniciativa que presentamos en mayo del año pasado”, añadió. “Tenemos que implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal, cubrir los cargos de la Justicia Federal, debemos tener mayor conducción y liderazgo de las fuerzas federales en la persecución criminal”, concluyó el legislador.

La contadora Ana Morel renunció este viernes a su cargo en el Ministerio de Seguridad de la provincia. El gobierno todavía no designó a su reemplazante.

La salida de Morel descomprime la tensa relación entre el oficialismo y la oposición, que en los últimos meses del año pasado mantuvieron fuertes entredichos por las políticas desplegadas desde esa área pero, sobre todo, por la subejecución presupuestaria de las partidas incorporadas en la Ley de Emergencia.

Pero, sobre todo, la renuncia de Morel representa un espaldarazo para el ministro de Seguridad Rubén Rimoldi, quien a fines del año pasado amagó con dejar su cargo si la contadora Morel seguía en el suyo. Rimoldi y Morel estaban enfrentados y la secretaria de Administración Financiera estaba señalada como la responsable de frenar o dilatar inversiones importantes en el área de seguridad, una de las más convulsionadas de la actual gestión.

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Ana Morel había asumido el cargo de secretaria de Administración Financiera del Ministerio de Seguridad de Santa Fe apenas inició el gobierno de Omar Perotti, cuando Marcelo Sain lideraba la cartera. El propio Sain pidió su desplazamiento y Morel fue corrida a la Sindicatura general de la provincia. A partir de la renuncia de Sain, en marzo de 2021, Morel volvió al Ministerio de Seguridad: primero con Jorge Lagna y luego continuó en su puesto tras el desembarco de Rimoldi, en agosto de 2022.

La funcionaria quedó en el ojo de la tormenta en octubre de 2022 cuando la Cámara de Diputados convocó a funcionarios del Ministerio de Seguridad para dar explicaciones sobre las inversiones realizadas y las políticas desplegadas en el marco de la Ley de Emergencia.