Un hombre de 25 años identificado por sus iniciales EAS quedó en prisión preventiva por 90 días mientras avanza una investigación por una tentativa de robo calificado cometida en Rafaela.

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Lorena Korakis, durante una audiencia realizada en los tribunales rafaelinos. El juez Javier Bottero resolvió hacer lugar al pedido y dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley.

Según relató la fiscal Korakis, el episodio ocurrió cerca de las 3 de la madrugada del martes 8 de septiembre, en una vivienda ubicada en calle Progreso al 200 de Rafaela.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría ingresado al patio delantero de la propiedad, donde se encontraba un adolescente, y le habría exigido la entrega de un teléfono celular y una campera.

Ante la negativa de la víctima, el hombre habría extraído de una mochila un revólver calibre 32 y lo habría utilizado para intimidarlo.

La situación cambió cuando el adolescente comenzó a pedir auxilio a otra persona que estaba dentro de la vivienda, por lo que el agresor se retiró del lugar. Minutos después habría regresado, pero al advertir la presencia policial decidió escapar.

Durante la persecución, según informó la Fiscalía, el imputado descartó el arma de fuego en la caja de una camioneta estacionada en la vía pública y finalmente fue aprehendido por los agentes.

El revólver fue secuestrado y, según las pericias realizadas, estaba cargado con dos proyectiles, aunque no era apto para el disparo.

La fiscal explicó que el juez consideró que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa de la investigación, la posible participación del imputado en el hecho.

Además, se tuvo en cuenta que la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo debido a que el hombre cuenta con un antecedente penal condenatorio.

Korakis señaló que también fueron considerados los riesgos procesales, principalmente la necesidad de resguardar las declaraciones de la víctima y los testigos. Según la Fiscalía, las medidas alternativas propuestas por la defensa no resultaban suficientes para neutralizar esos riesgos.

El imputado fue acusado como presunto autor del delito de tentativa de robo calificado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada.

La Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, y el Fiscal Regional de la Segunda Circunscripción, Matías Merlo, se reunieron este jueves con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para abordar aspectos vinculados al funcionamiento de la política criminal en la provincia.

El encuentro se desarrolló en la sede Rosario de la Gobernación y tuvo como eje el análisis de la política de persecución penal que lleva adelante el MPA en coordinación con el Poder Ejecutivo provincial.

Según informaron desde la Fiscalía General, durante la reunión se trabajó sobre el fortalecimiento de las estrategias vinculadas a la persecución del delito, en el marco de las competencias establecidas por el artículo 134 de la Constitución provincial.

Del encuentro participaron las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y el mandatario provincial, en una instancia de articulación institucional entre ambos organismos.

La investigación por el funcionamiento de un geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte sumó en las últimas horas nuevos elementos a partir de las declaraciones formuladas por el abogado Martín Risso Patrón, quien representa a una de las víctimas y acompaña a su familia en el proceso judicial en Santa Fe.

Según explicó el letrado, su representada es una joven de 20 años que comenzó a denunciar la situación durante abril. Su padre permaneció internado en uno de los establecimientos señalados y, de acuerdo con el relato de la mujer, durante ese período se habrían producido distintas situaciones que excederían ampliamente las irregularidades vinculadas con la habilitación del lugar.

"Lo que ella viene ahora es a que la escuchen porque de alguna manera sintió que no fue escuchada por el MPA", sostuvo Risso Patrón.

El abogado afirmó que la joven realizó presentaciones en el Centro Territorial de Denuncias y que la semana pasada brindó una declaración ante la Fiscalía que se extendió durante aproximadamente dos horas y quedó asentada en unas diez hojas.

En esa presentación, siempre según el relato del profesional, la joven habría aportado información sobre movimientos de dinero, utilización de tarjetas y otras circunstancias relacionadas con la permanencia de su padre en los establecimientos investigados.

La situación, señaló, no se habría limitado al inmueble de Nuevo Horizonte. "Eso fue en la residencia de primero de calle Salvador del Carril y luego la de Nuevo Horizonte", precisó al ser consultado sobre los lugares donde su representada habría tomado conocimiento de las situaciones denunciadas.

Uno de los puntos que el abogado considera centrales es la situación de los documentos y la posibilidad de que algunos residentes no pudieran abandonar libremente el lugar.

"Estaba privado de la libertad porque no lo dejaban salir de ahí", afirmó Risso Patrón, al referirse a lo denunciado por su clienta.

El profesional sostuvo además que su representada teme que la principal imputada recupere la libertad. Según explicó, la joven habría sufrido presiones que, en algunos episodios, habrían involucrado referencias a la Policía.

"Le decían, por ejemplo, si vamos a tener que ir a la Policía a hacer una constancia, si a tu papá le llegara a pasar algo vos vas a ser la responsable", relató.

Risso Patrón aclaró que, según lo que pudo conocer, no se trató de una amenaza directa de la Policía contra la joven. Sin embargo, sostuvo que esas referencias a la institución eran utilizadas como mecanismo de presión.

El abogado consideró que los hechos denunciados podrían derivar en una calificación legal diferente de la que actualmente se investiga. "Yo entiendo que puede haber una carátula bastante distinta con todas estas situaciones que fueron denunciadas", manifestó.

Entre las hipótesis mencionadas por el profesional aparece la privación ilegítima de la libertad y, eventualmente, una investigación vinculada con trata de personas, aunque aclaró que será la Justicia la que deberá determinar cómo encuadrar jurídicamente los hechos.

La preocupación de la familia también está vinculada con la situación de salud del hombre que permaneció alojado en el establecimiento. Risso Patrón aseguró que, luego de ser retirado del lugar, experimentó una importante recuperación.

"Cuando fue retirado de ese lugar donde estaban siendo mal medicado, entiendo que a propósito, recuperó muchísimo la salud y está en condiciones de declarar", sostuvo.

El hombre padece Parkinson degenerativo y, de acuerdo con el abogado, hasta el momento no habría sido convocado para brindar su testimonio pese a que su hija considera que puede aportar información relevante sobre lo ocurrido dentro del establecimiento.

En ese contexto, Risso Patrón también hizo referencia a otra persona, R. H., a quien mencionó al hablar de la medicación suministrada al residente. Según afirmó, tuvo acceso a capturas de mensajes intercambiados con la familia en los que H. habría manifestado que pretendía suministrarle correctamente los medicamentos pese a indicaciones que, según esos mensajes, provenían de otra persona.

El abogado interpretó ese intercambio como un indicio de una relación de subordinación dentro del funcionamiento del establecimiento y señaló que, de confirmarse las circunstancias denunciadas, podría ser necesario revisar las responsabilidades individuales de quienes tenían intervención en la atención de los residentes.

Por otra parte, aseguró haber tomado contacto con otros trabajadores del lugar que también le habrían manifestado tener temor. "Yo no los represento a ellos, pero me lo han manifestado personalmente", aclaró.

La investigación deberá ahora determinar el alcance y la veracidad de cada una de estas denuncias, establecer quiénes tenían responsabilidades dentro de los establecimientos y precisar si los hechos relatados por las víctimas configuran delitos diferentes de aquellos inicialmente investigados.

Para el abogado, la difusión pública del caso modificó el escenario. Entiende que las denuncias que, según sostuvo, ya habían sido formuladas meses atrás adquirieron ahora otra dimensión a partir de la intervención de la Justicia y de la repercusión que tuvo el descubrimiento del geriátrico clandestino.

El Litoral

Personal de la Comisaría N° 2 de Rafaela intervino el viernes luego de que un ciudadano informara sobre el hallazgo de una mochila en la vía pública.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de calles Colón y Sáenz Díaz, donde los efectivos se constituyeron tras recibir el aviso.

Al verificar el contenido de la mochila, los uniformados constataron que en su interior había armas blancas, prendas de vestir y cartuchos.

Ante esta situación, el personal policial procedió al secuestro de los elementos encontrados, a fin de establecer su procedencia y determinar si guardan relación con algún hecho delictivo.

Tras el procedimiento se dio conocimiento al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que dispuso las directivas correspondientes para continuar con las actuaciones.

Las investigaciones continúan para esclarecer el origen de los objetos hallados.

La Fiscal General de la provincia de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, recibió este miércoles por la mañana a la madre, los abuelos y las tías de Jeremías Monzón, en una reunión desarrollada en la sede de la Fiscalía General, en la ciudad de Santa Fe.

Del encuentro participaron también los abogados particulares de la familia y representantes del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), además de autoridades y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Estuvieron presentes el fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional Nº 1, Francisco Cecchini, quien se encuentra a cargo de la investigación; el secretario general del MPA, Leandro Maiarota; la fiscal coordinadora para la Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani; y el fiscal con incumbencia provincial en responsabilidad penal adolescente, Luis Schiappa Pietra.

Durante la reunión se analizaron los avances de la causa principal y de las investigaciones vinculadas al caso, en un espacio de intercambio destinado a brindar información y acompañamiento a los familiares de la víctima.

Según se informó oficialmente, el encuentro se enmarcó en uno de los lineamientos estratégicos prioritarios de la gestión de la Fiscalía General, orientado al abordaje integral de las víctimas, con el objetivo de garantizar escucha, contención institucional y seguimiento de los procesos judiciales en curso.

La Policía Federal Argentina, a través de la División Antidrogas Reconquista, desbarató un importante punto de venta de cocaína al menudeo en el populoso Barrio Virgen de Guadalupe y a escasos metros de la Escuela de Enseñanza General Nro. 1261 de la Ciudad de Reconquista Santa Fe.-

El operativo se realizó a primera hora de la mañana del día Miércoles 10 del corriente mes y bajo la dirección del Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a/c del Dr. Sebastián Marichal, como resultado de una exhaustiva investigación de varias semanas, los detectives de la División Antidrogas Reconquista de la Policía Federal recopilaron pruebas que permitieron individualizar la vivienda donde se comercializaba Cocaína de manera sistemática, e identificaron a la persona encargada de las ventas, resultando ser una mujer mayor de edad.

Así, con el cumulo de pruebas reunidas, se curso fundamentado informe al M.P.A., solicitando el allanamiento para el domicilio investigado.-

En el procedimiento, se logro incautar una gran cantidad de envoltorios de cocaína ya fraccionados en dosis para la venta al menudeo como también, un trozo compacto de esa misma droga además de teléfonos celulares, anotaciones y otros elementos vinculados a la actividad delictiva.

Por otro lado, respecto de las espurias ganancias obtenidas por la hoy detenida, se logró el secuestro de más de UN (1) Millón de Pesos en billetes de diferente denominación, lo que evidencia el importante flujo de ventas que se llevaba a cabo diariamente.

El Litoral

Un joven de 19 años fue ejecutado de un balazo en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.

El ataque se produjo durante la tarde de este miércoles, en el cruce de calle Estanislao Zeballos y el Primer Pasaje, en barrio Las Lomas.

Según pudo saberse, minutos después de las 16, el asesino le disparó al muchacho a traición. El proyectil ingresó por la nuca de la víctima y salió por uno de sus ojos.

Una ambulancia del servicio público provincial de salud 107 trasladó al herido, que agonizaba, hasta el Hospital Iturraspe, donde dejó de existir instantes más tarde.

En ese centro de salud, familiares del joven protagonizaron escenas de dramatismo cuando los médicos les dieron la triste noticia del fallecimiento.

Trascendió que el autor del hecho ya fue identificado y por estas horas es intensamente buscado por la policía, que realiza un operativo de rastrillaje en ese sector de la capital provincial.

La causa está en manos del fiscal Estanislao Giavedoni (Área de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación), quien encomendó las medidas de rigor a la Policía de Investigaciones.

El litoral

Este miércoles 18 de junio, por orden del fiscal Iván Raposo del Ministerio Público de la Acusación, se realizaron allanamientos en dos domicilios particulares de Venado Tuerto que funcionaban como hogares de adultos mayores sin habilitación ni condiciones mínimas.

El operativo fue impulsado y llevado adelante por el equipo de Hogares de Convivencia, con la secretaria de Control Urbano, Silvia Rocha, a la cabeza.

Los operativos se extendieron desde las 9.30 hasta cerca de las 15, con participación del SIES 107, personal de la Policía de Investigaciones (PDI), la Defensoría General, Georgina Paulich, trabajadora social del área de Adultos Mayores, un inspector de la Dirección de Inspección General, y la concejal Florencia Di Pizio, quien estuvo presente en el primero de los domicilios.

El primer procedimiento fue en un domicilio de calle Garbarino casi Rivadavia, donde se encontraron ocho hombres adultos, entre ellos una persona con discapacidad, una con problemas de salud mental y un adulto mayor postrado en cama.

Todos estaban alojados en una única habitación, sin baño en condiciones (solo un precario en el patio), sin cocina ni agua caliente, y con un artefacto eléctrico casero como única fuente de calefacción.

El equipo del SIES 107, con médico y enfermera, examinó a cada uno de los residentes. Uno de ellos fue trasladado de urgencia al hospital con escaras, signos de deshidratación y desnutrición. Cuatro fueron reubicados por el área de Adultos Mayores y tres fueron retirados por sus familiares, que se acercaron al lugar.

En el segundo domicilio, calle Sigal al 500, había cuatro mujeres que dormían todas en una misma habitación, incluso compartiendo cama, y dos varones alojados en sofás del living. Las mujeres fueron retiradas por sus familiares.

En cuanto a los varones, ambos estaban bajo régimen de prisión domiciliaria, por lo que se notificó a los jueces intervinientes y quedaron a disposición judicial con control policial.

Según se constató, ambos domicilios estaban vinculados a la misma responsable, aunque funcionaban en diferentes viviendas: uno en la casa de su hermana y otro en la casa de su madre.

Dada la magnitud de lo encontrado, el equipo de hogares solicitó refuerzo de asistencia a la Secretaría de Desarrollo Humano, que sumó personal para acompañar la reubicación de las personas alojadas.

Actualmente, en Venado Tuerto existen 28 hogares de convivencia registrados: 19 ya cuentan con habilitación definitiva y los restantes se encuentran con trámite iniciado y en seguimiento, conforme a lo establecido por la ordenanza vigente.

Desde el Gobierno local se informó que ya se presentó la denuncia correspondiente y que se iniciaron actuaciones administrativas ante el Juzgado de Faltas: “Vamos a solicitar la inhabilitación de esta persona y que quede registrada para que no vuelva a ejercer. No vamos a mirar para otro lado cuando se vulneran los derechos de nuestros adultos mayores”, remarcaron.

EL

La Justicia ha dado un nuevo paso para la conformación del primer jurado popular que intervendrá en un juicio oral en la provincia de Santa Fe.

Este viernes, en los Tribunales de San Cristóbal, se realizó el primer sorteo de jurados, que tendrán a su cargo declarar culpable o no culpable a un hombre de 57 años de la localidad de Monigotes, que está acusado de matar a un policía y herir a la mujer que lo acompañaba, la cual era su ex pareja.

Al margen del caso particular, la audiencia cuyo inicio estaba previsto para las 9.30 del 25 de abril en la Sala 2 del mencionado tribunal, será recordada como un día histórico para el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe.

Es que la circunscripción Judicial Nº 5 con sede en Rafaela y de la cual la ciudad de San Cristóbal y sus tribunales forman parte, será sede del primer juicio por jurados bajo la Ley Nº 14.253, promulgada el 27 de marzo de 2024.

“Este hecho histórico en el Poder Judicial de Santa Fe marcará un antes y un después en materia de juzgamiento de delitos en procesos penales (criminales)”, señalaron desde la Oficina de Prensa de la Corte provincial.

El comunicado de prensa informa que la audiencia estuvo dirigida por el juez Nicolás Stegmayer, miembro del Colegio de Jueces Penales de Rafaela; secundado por el director de la Oficina de Gestión Judicial, el ingeniero Rubén Gavegno.

Para definir los 36 postulantes -lista que luego será depurada hasta alcanzar el número de 14 jurados-, “se utilizó por primera vez, un aplicativo informático destinado a la gestión de los listados de potenciales jurados y la organización de los sorteos aprobado por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe”.

Asimismo, la fuente oficial indica que “la órbita de actuación del Jurado Popular será en debate oral teniendo que asumir la carga pública de condenar o absolver a quién resulta imputado de un delito”.

Del acto participaron la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Cristóbal, Silvina Verney y el abogado particular Claudio Torres del Sel, quien junto con el Dr. Federico Scarinci, representan al imputado, Rubén Alberto Ulrich.

La Oficina de Prensa del Poder Judicial de Santa Fe señala que se trata de un sistema “innovador”, “diseñado por la Secretaría de Informática del Poder Judicial santafesino, destinado exclusivamente a la gestión de los listados de potenciales jurados y la organización de los sorteos necesarios para conformar los tribunales”.

Entre sus cualidades, “permite una administración eficiente y segura de los jurados, garantizando transparencia y equidad en los procesos penales”. Además, detalla que “el desarrollo del sistema de gestión de padrones para la implementación del juicio por jurados en causas penales, tal como lo estableció la Ley 14.253, se produce en el más amplio marco de modernización del sistema judicial llevado adelante por el Poder Judicial”.

El Litoral.