La Fiscalía Regional de la 5° Circunscripción, con sede en Rafaela, llevó adelante el acto oficial para la incorporación de tres fiscales adjuntos subrogantes, en el marco del proceso de fortalecimiento de recursos humanos que atraviesa el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Natalia Viviana Andrione, Paola Sofía Pradolini y Ricardo Milton Kettler asumieron.

La actividad contó con la presencia de la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, y del fiscal regional de la 5° Circunscripción, Carlos María Vottero.

Vranicich explicó que dos de los nuevos fiscales ya pertenecen al Ministerio Público de la Acusación y desarrollaron allí su formación, mientras que la tercera incorporación proviene de un Centro de Asistencia Judicial, donde trabaja vinculada directamente con las víctimas. “Son tres perfiles, la verdad, muy interesantes”, destacó.

La fiscal general puso especial énfasis en el hecho de que la ceremonia pudiera desarrollarse directamente en Rafaela. Según explicó, a partir de los cambios institucionales derivados de la reforma constitucional, el Ministerio Público de la Acusación cuenta con su propia superintendencia, lo que permite realizar este tipo de actos dentro de las respectivas circunscripciones.

“Por ello podemos tomar esta jura aquí en la ciudad de Rafaela, junto con el fiscal regional. En otras instancias hubiera sido en la ciudad capital de la provincia ante la Corte Suprema”, señaló. Para Vranicich, que el acto se concrete en la propia sede regional tiene una importancia simbólica e institucional particular.

En cuanto a la cobertura de cargos, las autoridades indicaron que con estas incorporaciones se avanza significativamente sobre las vacantes existentes y que quedaría una pendiente para la ciudad de Rafaela.

La incorporación de fiscales no se limita a Rafaela. Vranicich recordó que recientemente se realizó otro acto en Reconquista, donde asumieron cinco fiscales subrogantes. “Podríamos decir que fue hasta histórico: cinco fiscales que van a trabajar allí”, expresó.

La fiscal general ubicó ambas instancias dentro de una etapa de fortalecimiento del organismo. “Esto es parte de lo que siempre decimos: la etapa de fortalecimiento que está viviendo el Ministerio Público de la Acusación”, sostuvo.

Ese proceso, explicó, contempla tanto la definición de lineamientos y políticas institucionales para determinar qué delitos deben perseguirse prioritariamente como una ampliación y consolidación de los recursos humanos y materiales disponibles.

Antes de la ceremonia, Vranicich adelantó a Radio Rafaela parte del mensaje que transmitiría a quienes asumirían las nuevas responsabilidades. La funcionaria reconoció que el trabajo de los fiscales implica intervenir permanentemente en conflictos y tomar decisiones que, inevitablemente, pueden generar desacuerdos. “Trabajamos con el conflicto de las personas, entonces siempre alguien va a estar en desacuerdo”, explicó.

Recordó que el MPA tiene el mandato constitucional de resguardar los intereses de las víctimas, aunque advirtió que existen situaciones en las cuales la evidencia reunida no resulta suficiente para llevar a una persona a juicio.

“A veces no tenemos la evidencia necesaria para poder llevar a juicio a una persona y las víctimas no van a estar contentas. Y, por supuesto, por nuestro rol, los imputados tampoco”, planteó. A esa complejidad se suma el riesgo que pueden enfrentar los integrantes del organismo al investigar determinadas causas.

Vranicich mencionó las investigaciones contra bandas criminales y las amenazas recibidas por fiscales, y recordó que recientemente una integrante del MPA de esta circunscripción fue amenazada. Ante esas situaciones, explicó que se trabaja coordinadamente con las áreas correspondientes del Poder Ejecutivo para implementar las medidas de protección necesarias.

La máxima autoridad del MPA sintetizó finalmente en dos palabras lo que espera de quienes asumen la función: valentía y prudencia. “Es muy difícil. Hay que ser valientes; para ser fiscales hay que ser valientes. Pero también siempre digo esta frase: hay que ser prudentes, valientes y prudentes”, remarcó.

La prudencia, explicó, está directamente relacionada con las facultades que posee un fiscal y las consecuencias que pueden tener sus decisiones sobre la vida de las personas.

“Tenemos un enorme poder, que es la posibilidad de privar, por ejemplo, de la libertad a una persona, por supuesto siempre con los controles judiciales, o pedir un allanamiento, que es ingresar a la vivienda de una persona”, señaló.

Con la incorporación de los tres fiscales adjuntos subrogantes, la Fiscalía Regional 5 avanza así en la cobertura de cargos y en el refuerzo de su estructura, dentro de un proceso que las autoridades del Ministerio Público de la Acusación plantean como una de las prioridades institucionales.

El Gobierno de Santa Fe concretó este jueves dos nuevas intervenciones sobre inmuebles vinculados al microtráfico en Rosario, con lo que el número de procedimientos de este tipo llegó a 149 en toda la provincia.

Las actuaciones tuvieron lugar en barrio Industrial, en el límite con Empalme Graneros y Ludueña. Una de ellas consistió en el derribo de un búnker ubicado en Felipe Moré y Lucio V. López, mientras que también se inactivó otro inmueble situado en Felipe Moré 609 bis.

De acuerdo con la información oficial, con estos procedimientos Rosario alcanzó las 90 intervenciones, mientras que el total provincial ascendió a 149.

Las acciones fueron supervisadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y se desarrollaron en el marco de la Ley de Microtráfico, implementada en la provincia desde comienzos de 2024.

La normativa contempla la inactivación de puntos utilizados para la venta de estupefacientes y de inmuebles relacionados con hechos de violencia.

La fiscal Mercedes Banchio explicó que la investigación comenzó a fines de 2025 y señaló que en uno de los domicilios intervenidos fueron encontrados estupefacientes y armas de fuego.

“Ya fueron imputadas 18 personas por varios delitos, entre ellos asociación ilícita y comercio organizado de estupefacientes. También hay homicidios conexos”, indicó.

Por su parte, la fiscal Marina Vigo sostuvo que la causa comenzó a partir de diferentes homicidios y una tentativa de homicidio relacionados con una organización que operaba en el sector y estaba asociada a Francisco Riquelme.

Según detalló, también se investigan amenazas y usurpaciones de viviendas que habrían sido utilizadas para la comercialización de estupefacientes.

“A raíz de todos estos delitos, se logró iniciar una investigación por asociación ilícita y comercio organizado de estupefacientes”, explicó Vigo.

El fiscal Diego Giro describió al sector como un barrio “históricamente disputado entre bandas” y señaló que la organización investigada habría continuado operando después de la detención y condena a prisión perpetua de Francisco Riquelme.

Giro también destacó el trabajo desarrollado por fuerzas de seguridad provinciales y federales durante una investigación que calificó como “muy larga”.

Según explicó el fiscal, en la estructura investigada también habría participado un abogado que presuntamente facilitaba la transmisión de indicaciones impartidas desde la cárcel hacia personas que operaban en el territorio.

Por otro lado, el subsecretario de Seguridad Pública, Marcelo Albornoz, afirmó que continúan abiertas diferentes investigaciones que podrían derivar en nuevos procedimientos e inactivaciones de inmuebles.

“Estos puntos de venta generan violencia: homicidios, balaceras, extorsiones y usurpaciones”, sostuvo el funcionario provincial.

Un joven de 22 años, identificado como Facundo Hernán Chaparro, fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por distintos delitos contra la propiedad cometidos en la ciudad de Rafaela.

La sentencia fue impuesta por el juez Nicolás Stegmayer, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos y que se desarrolló en los tribunales rafaelinos.

La fiscal Lorena Korakis representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante la audiencia.

Según detalló la fiscal, los hechos por los cuales Chaparro fue condenado ocurrieron entre mayo de 2023 y diciembre de 2025.

“En varias oportunidades, escaló tapiales y rejas para ingresar a inmuebles con el objetivo de apoderarse ilegítimamente de bienes ajenos”, explicó Korakis.

La funcionaria del MPA agregó que, en algunos de esos episodios, el acusado consiguió concretar los robos, mientras que en otros casos no logró consumarlos.

Entre los elementos sustraídos, la Fiscalía mencionó dos bicicletas, un televisor y un teléfono celular.

Además, Chaparro fue condenado por un hecho en el que arrojó un adoquín contra la ventana de un club, provocando la rotura de uno de los vidrios.

En el marco del juicio abreviado, Chaparro admitió su responsabilidad penal por los delitos atribuidos por la Fiscalía.

La condena comprendió robo calificado por escalamiento, tanto consumado como en grado de tentativa; robo simple; hurto calificado por escalamiento, consumado y en tentativa; y daño.

El joven manifestó su conformidad con las calificaciones legales, el monto y la modalidad de la pena, así como también con la decisión de abreviar los procedimientos.

Por su parte, las víctimas fueron informadas sobre el acuerdo y expresaron su conformidad con lo resuelto.

De esta manera, el juez Stegmayer homologó el procedimiento y dispuso que Chaparro cumpla cuatro años de prisión efectiva.

Un hombre de 27 años, identificado por sus iniciales A. E. B., quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por una serie de robos cometidos en la ciudad de San Cristóbal.

La medida fue resuelta por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria Cecilia Álamo, durante una audiencia realizada en los tribunales locales. El pedido fue formulado por el fiscal Emiliano Odriozola, quien lleva adelante la investigación.

La magistrada dispuso que el acusado permanezca privado de su libertad sin plazos, mientras continúa el proceso judicial.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación, uno de los hechos ocurrió en el taller de una escuela, donde el imputado habría forzado los barrotes de aluminio de una reja y roto los vidrios de una ventana situada a unos dos metros de altura.

Una vez dentro del establecimiento, según la Fiscalía, sustrajo herramientas que luego habría vendido a otras personas.

Otro de los episodios investigados ocurrió el miércoles 5 de agosto, entre las 11:00 y las 12:30 aproximadamente, en una vivienda ubicada en Oroño al 700.

Odriozola sostuvo que el acusado “escaló el tapial, ingresó al patio del inmueble, forzó la puerta de la cocina y sustrajo un parlante, un taladro y un neceser con bijouterie”.

Luego, siempre de acuerdo con la acusación, ingresó sin autorización a otra propiedad de Caseros al 100, donde habría ocultado los elementos sustraídos minutos antes.

El último hecho atribuido al hombre ocurrió el lunes 17 de agosto, en horas del mediodía, en una casa situada en La Paz al 700.

Según relató el fiscal, el investigado rompió los vidrios de un ventiluz e ingresó a la vivienda con intenciones de robar. Sin embargo, fue aprehendido por efectivos policiales cuando intentaba escapar con elementos sustraídos.

Tras analizar las evidencias presentadas por la Fiscalía, la jueza consideró acreditados, con el grado de probabilidad exigido en esta instancia, los hechos atribuidos al imputado.

“Las evidencias que aportamos desde la Fiscalía fueron suficientes para acreditar la autoría de los hechos al imputado”, sostuvo Odriozola.

El representante del MPA también destacó que el hombre cuenta con antecedentes penales condenatorios, por lo que una eventual pena en su contra podría ser de cumplimiento efectivo.

Además, explicó que todavía restan medidas investigativas por realizar, una circunstancia que, según sostuvo, tiene incidencia directa sobre los riesgos procesales.

Finalmente, la jueza rechazó las alternativas a la prisión preventiva propuestas por la Defensa, al considerar que no resultaban suficientes para neutralizar esos riesgos.

A A. E. B. se lo investiga como presunto autor de los delitos de robo calificado por escalamiento reiterado, tentativa de robo y violación de domicilio.

La causa continuará bajo la dirección del fiscal Emiliano Odriozola, mientras el imputado permanecerá detenido durante el avance de la investigación.

Un escalofriante suceso sacudió este miércoles la ciudad de San Justo, cabecera del departamento santafesino del mismo nombre, donde un niño perdió la vida en circunstancias que se están investigando.

Eran aproximadamente a las 14 cuando un hombre llamó a la Central de Emergencias 911 para alertar sobre un hecho ocurrido momentos antes en un domicilio de calle Sylvestre Begnis al 1400, entre Pedro Millan y Sin Calle - cortada 27.

El denunciante aseguraba que una mujer había matado por asfixia a su hijo de seis años.

Rápidamente, una patrulla policial se dirigió hasta el lugar y cuando arribaron los uniformados se toparon con un cuadro estremecedor.

La dueña de casa tenía en sus brazos el cadáver de su pequeño.

La víctima había fallecido varias horas atrás según determinó el médico policial que realizó el examen en el lugar. Esto sería corroborado luego de la autopsia, aunque este detalle coincidiría con lo relatado por algunos vecinos que escucharon gritos durante la noche.

El caso quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, que encomendó las medidas de rigor a peritos de la División Científica Forense de la Policía de Investigaciones.

La fiscal a cargo es la doctora Daniela Montegrosso, quien habría ordenado la detención de la joven mujer.

El Litoral

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante seis allanamientos en la ciudad de Reconquista, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.

Los procedimientos fueron realizados el jueves en domicilios de los barrios Virgen de Guadalupe, Guadalupe Sur, Guadalupe Oeste y Loteo Belén, bajo la dirección del fiscal Sebastián Galleano, de la Unidad Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación.

Como resultado de los operativos, los efectivos detuvieron a una mujer de 44 años, identificada por sus iniciales D. S. B., quien fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

Cocaína, dinero y dispositivos electrónicos

Durante los allanamientos, la PDI secuestró 140 envoltorios de cocaína, con un peso total de 43,16 gramos, además de un envoltorio de marihuana de 2,9 gramos.

También fueron incautados 23 teléfonos celulares, $1.538.700 en efectivo, cuatro tablets, un pendrive, una cámara con memoria micro SD, un aire comprimido, cinco cartuchos calibre .22 y recortes presuntamente utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Todos los elementos quedaron incorporados a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación.

Un hombre de 26 años quedó en prisión preventiva en la ciudad de San Cristóbal, en el marco de una investigación por delitos cometidos en un contexto de violencia de género y violencia familiar.

La medida fue dispuesta por el juez José Luis Estévez durante una audiencia realizada en los tribunales sancristobalenses, luego de un pedido formulado por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Hemilce Fissore.

La fiscal explicó que el imputado, identificado con las iniciales MMB, ya contaba con medidas cautelares no privativas de la libertad impuestas en mayo pasado, en el marco de otro legajo penal.

Según indicó Fissore, esas restricciones incluían la prohibición de acercamiento y hostigamiento hacia su expareja, además de una exclusión del hogar ordenada por un tribunal de Familia.

La funcionaria destacó que el incumplimiento de esas medidas fue considerado por el juez al momento de evaluar los riesgos procesales y determinar la necesidad de la prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el jueves de la semana pasada cerca de las 17:30, cuando el hombre habría llegado hasta la vivienda donde reside su expareja junto a las dos hijas que tienen en común.

Según relató la fiscal, el acusado habría ido al lugar con la intención de amedrentar a la mujer y, al encontrarse con ella, la habría tratado de manera violenta y amenazado con matarla si volvía a denunciarlo.

Fissore señaló que, aunque no se registraron lesiones físicas, la situación generó un fuerte temor en la víctima. Horas después del episodio, el hombre fue detenido en la vía pública.

El hombre quedó imputado como autor de los delitos de amenazas y desobediencia de un mandato judicial, ambos cometidos en un contexto de violencia familiar y de género.

Desde la Fiscalía remarcaron que la prisión preventiva busca reducir los riesgos procesales y garantizar el avance de la investigación.

Dos policías fueron condenados por haberle sustraído 1.500 dólares a un hombre durante un control vehicular en la ciudad de Santa Fe.

Se trata de Pablo Tomás Pérez y Leandro Nahuel Cárdena, quienes recibieron penas de prisión condicional, fueron inhabilitados para ejercer la función policial y deberán pagar multas por un total de $2.400.000.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Rosana Carrara, en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de la capital provincial.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, del Ministerio Público de la Acusación.

A Pablo Tomás Pérez se le impuso una pena de tres años de prisión condicional, mientras que Leandro Nahuel Cárdena fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional.

Además, ambos fueron inhabilitados para ejercer la función policial por el doble del tiempo de las penas recibidas.

También deberán pagar multas de $1.200.000 cada uno, lo que suma un total de $2.400.000.

Según precisó el fiscal Hernández, el hecho ocurrió el viernes 3 de julio, alrededor de las 19:00, cuando los condenados prestaban servicio en la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I.

Con abuso de sus funciones, interceptaron en Boulevard Pellegrini y San Lorenzo a un hombre que circulaba en un automóvil junto a su pequeño hijo.

El fiscal relató que los policías le dijeron a la víctima que se trataba de un control vehicular, revisaron el auto y encontraron dinero en moneda nacional y en dólares estadounidenses.

De acuerdo con la acusación, le aseguraron que estaba prohibido tener efectivo dentro del vehículo, lo amenazaron con detenerlo y con poner al niño a disposición de Niñez.

Además, le advirtieron que si decidía denunciarlos, iba a terminar “dentro de una bolsa”.

Según detalló el MPA, a raíz de la intimidación y por temor a sufrir daños mayores, el conductor les entregó 400 dólares a los uniformados en la esquina de Luciano Molinas y Saavedra.

Cuando los policías se alejaron, la víctima advirtió que además le habían hurtado 1.100 dólares que tenía guardados debajo de un asiento.

El fiscal destacó que el hombre radicó de inmediato la denuncia ante la Unidad Especial de Asuntos Internos, cuyos integrantes hallaron los 1.500 dólares en poder de los condenados.

“La víctima pudo recuperar la totalidad de su dinero momentos después del ilícito”, remarcó Hernández.

El funcionario también valoró que Asuntos Internos actuó de manera rápida y eficaz.

Pérez también fue condenado por un hecho ocurrido el año pasado en Santo Tomé, en el marco de un procedimiento policial por el supuesto robo de una motocicleta.

Según la investigación, al requisar a un joven que se encontraba junto a otras personas en cercanías de Uruguay y Gobernador Iriondo, el uniformado le dio un golpe de puño y un codazo en el rostro.

Como consecuencia, la víctima resultó herida.

Pérez y Cárdena reconocieron su responsabilidad penal como coautores de exacciones ilegales agravadas y hurto calificado, este último por haber sido cometido por integrantes de una fuerza policial.

A su vez, Pérez admitió la autoría de vejaciones por el hecho ocurrido en Santo Tomé.

Junto con sus abogados defensores, ambos aceptaron la atribución delictiva, las penas impuestas y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

La Justicia santafesina condenó a Diego Martín Castillo (39 años) y Verónica Lucía Churi (29 años), ambos oriundos de la provincia de Neuquén y residentes en CABA, por estafar a una adulta mayor en Venado Tuerto. Los hechos ocurrieron el 27 de marzo de 2026, cuando ambos se hicieron pasar por personal de la ANSES y engañaron a la víctima para que les entregara 9.000 dólares.

La sentencia fue dictada por la jueza Mariana Vidal en un juicio abreviado, donde se estableció la prisión condicional de los acusados y la obligación de devolver el dinero sustraído. La víctima ya recibió los fondos, mientras que los condenados debieron fijar domicilio en CABA y tienen prohibición de ingresar a Venado Tuerto por dos años.

El fiscal Damián Cassullo explicó que los condenados actuaron con la modalidad del “cuento del tío”, dividiendo tareas entre su grupo. Convencieron a la víctima de que debía reemplazar sus billetes de dólares para evitar su pérdida de valor y que un agente del organismo pasaría a retirarlos de su casa. Posteriormente, Castillo ingresó al domicilio, se aprovechó de la confianza de la mujer y se llevó el dinero. Allanamientos en el barrio de Floresta, en CABA, permitieron secuestrar elementos que comprometieron su situación procesal.

Castillo reconoció ser coautor de estafa, mientras que Churi admitió ser partícipe principal. Ambos aceptaron los términos del procedimiento abreviado junto con sus defensores. La víctima fue informada de la resolución judicial y manifestó su conformidad.

El fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier, presentó este miércoles en la ciudad de Coronda el Informe de Gestión 2025 de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), un documento que resume los principales indicadores criminales, resultados judiciales y desafíos institucionales del organismo en el departamento La Capital y su zona de influencia.

La actividad se realizó desde las 11 de la mañana en el Instituto Superior del Profesorado Nº 6, ubicado en la intersección de San Martín y Rivadavia, y contó con la presencia de la fiscal general María Cecilia Vranicich.

La exposición marcó además el inicio de una recorrida institucional que continuará entre viernes y lunes con las presentaciones de los informes anuales de las fiscalías regionales de Rafaela y Reconquista.

El documento de 105 páginas elaborado por la Fiscalía Regional 1 y publicado en la web oficial www.mpa.santafe.gov.ar, fija como prioridades estratégicas para el período 2026-2027 la persecución de las violencias altamente lesivas vinculadas a economías criminales, los delitos cometidos por funcionarios públicos, los hechos de violencia de género y los delitos contra la propiedad y el cibercrimen.

Uno de los datos centrales del informe refiere a los homicidios dolosos registrados en el departamento La Capital durante 2025. Según el relevamiento oficial, hubo 52 víctimas, lo que representa una tasa de 8,6 cada 100 mil habitantes.

Aunque la cifra resulta levemente superior a la del año anterior, el MPA destacó que se trata del segundo registro más bajo desde 2014.

El informe señala además que el 61,5% de esos crímenes fueron cometidos con armas de fuego, mientras que el 28,8% se perpetró con armas blancas. La mitad de los homicidios tuvo origen en conflictos interpersonales y un 23,1% estuvo vinculado a organizaciones criminales o economías ilegales.

Otro dato significativo es que el 67,3% de los asesinatos ocurrió en la vía pública.

En paralelo, la Fiscalía Regional registró 298 personas heridas por armas de fuego en el departamento La Capital, una reducción del 6,6% respecto del año previo.

Uno de los apartados más relevantes del informe pone el foco en un fenómeno que el MPA considera “invisibilizado”: la carga institucional que generan las muertes violentas no dolosas.

Durante 2025 se registraron en toda la provincia 964 muertes violentas. De ese total, el 46,5% correspondió a suicidios; el 31,7% a siniestros viales; y el 21,8% a homicidios dolosos.

En el ámbito específico de la Fiscalía Regional 1 se contabilizaron 264 muertes violentas: 126 suicidios, 77 fallecimientos en hechos viales y 61 homicidios, repitiendo el patrón provincial.

El informe remarca que tanto los suicidios como los siniestros viales demandan una intensa actividad investigativa y pericial para descartar hipótesis criminales, lo que implica autopsias, análisis forenses y relevamientos digitales que muchas veces no son percibidos públicamente.

Otro de los ejes destacados fue el crecimiento de las investigaciones por microtráfico desde que el MPA asumió competencias provinciales en esa materia.

La Fiscalía Regional 1 informó 4.178 ingresos vinculados al narcomenudeo y la apertura de 581 causas penales. Durante 2025 se concretaron 163 allanamientos específicos y se obtuvieron 85 condenas.

El documento advierte además sobre la expansión territorial del fenómeno hacia ciudades y localidades más pequeñas.

Según el análisis institucional, el microtráfico dejó de ser una problemática exclusiva de grandes centros urbanos y comenzó a impactar en comunidades de menor escala, donde la reiteración de hechos asociados al comercio minorista de drogas genera fuertes alteraciones en la convivencia cotidiana.

Por ese motivo, el informe destaca el trabajo coordinado entre las unidades fiscales de Santa Fe, San Jorge, Esperanza, Coronda, San Javier, San Justo y Helvecia, con intercambio permanente de información criminal y apoyo de áreas especializadas.

Entre los hitos institucionales del año pasado, el informe menciona la implementación de los primeros juicios por jurados en la provincia de Santa Fe, realizados en septiembre y diciembre de 2025.

En ambos casos, los debates concluyeron con condenas a prisión perpetua por homicidios criminis causa.

Asimismo, el documento reseña que desde junio de 2025 el MPA asumió la investigación de delitos cometidos por menores de 18 años. En ese marco, la Fiscalía Regional 1 recibió 595 nuevos legajos y el traspaso de otras 473 causas provenientes del sistema anterior.

En materia de eficacia investigativa, el informe consigna que el índice de individualización formal de autores de homicidios alcanzó el 70,9%, uno de los valores más altos de la serie histórica.

Durante 2025 se lograron además 60 condenas por homicidios, de las cuales 14 fueron obtenidas en juicios orales y 46 mediante procedimientos abreviados.

El balance económico presentado por la Fiscalía Regional señala que, entre multas, reparaciones económicas y donaciones a entidades de bien público, las investigaciones penales permitieron recuperar más de 205 millones de pesos.

Finalmente, el informe indica que la estructura de la Fiscalía Regional 1 cuenta actualmente con 235 agentes y funcionarios, de los cuales el 57% son mujeres.

Juliano Salierno - El Litoral

Un episodio fuera de lo común sacudió este fin de semana al Aeropuerto Internacional Rosario luego de que una pareja fuera demorada tras protagonizar una situación de contenido sexual dentro de un vuelo internacional de Copa Airlines.

El hecho ocurrió durante un servicio aéreo que había partido desde Panamá y aterrizó en la ciudad de Rosario durante la madrugada del sábado. Según trascendió, la tripulación detectó a los pasajeros en una situación considerada inapropiada para el contexto del vuelo.

Los involucrados son un hombre de 55 años y una mujer de 60, quienes se encontraban ubicados en una de las filas de la aeronave y fueron hallados semidesnudos por personal de cabina.

La situación generó malestar entre miembros de la tripulación y derivó en un reporte formal elevado por la jefa de cabina a los responsables de la compañía aérea.

Tras el aterrizaje del avión, se activó el protocolo previsto para este tipo de incidentes a bordo y se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación. Las autoridades dispusieron que ambos pasajeros fueran trasladados para realizar tareas de identificación y avanzar con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la aerolínea evaluaba impulsar una denuncia vinculada a exhibicionismo y conducta inapropiada durante el vuelo. Además de la identificación formal, se realizaron registros fotográficos y actuaciones de rutina para documentar lo sucedido dentro de la aeronave.

El caso quedó ahora bajo análisis de la Justicia santafesina, que deberá determinar si existió algún tipo de infracción contravencional o delito.

Aunque el Código Aeronáutico argentino no contempla específicamente situaciones de índole sexual dentro de un avión, sí establece obligaciones relacionadas con el comportamiento de los pasajeros durante el vuelo.

Las regulaciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) contemplan sanciones frente a conductas que alteren el orden, afecten la seguridad o interfieran con el normal desarrollo de la operación aérea.

En esos casos, el comandante de la aeronave tiene facultades para intervenir y adoptar medidas destinadas a preservar la seguridad y la disciplina dentro del vuelo. Además, las compañías aéreas pueden aplicar restricciones futuras a pasajeros involucrados en episodios considerados graves o inapropiados.

El Litoral

Un hombre de 24 años, identificado por sus iniciales L.A.Z., quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por un robo ocurrido en la ciudad de Sunchales. La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Lorena Korakis y dispuesta por el juez Gustavo Bumaguin, durante una audiencia realizada en los tribunales de Rafaela.

Según se informó desde el Ministerio Público de la Acusación, el hecho investigado ocurrió durante la madrugada del viernes pasado en el Sunchales Cicles Club. De acuerdo a la reconstrucción fiscal, alrededor de las 5:30 el imputado habría ingresado al predio tras forzar una ventana del salón donde funciona la Escuela de Fútbol.

En ese contexto, habría sustraído dos garrafas de 15 kilos, alimentos destinados a un merendero, una amoladora, una caja de herramientas y seis pelotas de fútbol, generando un perjuicio económico y social a la institución.

Durante la audiencia, la fiscal Korakis sostuvo que la materialidad del hecho y la participación del imputado se encuentran debidamente acreditadas, con evidencias que no fueron significativamente cuestionadas por la Defensa.

El juez valoró además que el delito fue cometido de noche y con planificación previa, lo que —según se expuso— evidencia una intención de asegurar la impunidad.

En cuanto a los riesgos procesales, el magistrado consideró que existe riesgo de fuga, ya que el imputado no cuenta con domicilio fijo. También tuvo en cuenta que el joven está siendo investigado en otras causas por hechos similares y que habría incumplido normas de conducta impuestas anteriormente, lo que llevó a rechazar medidas alternativas.

Con estos elementos, el juez resolvió imponer la prisión preventiva por 45 días, al entender que una eventual condena no sería de ejecución condicional debido a los antecedentes y la gravedad del hecho.

La fiscalía le atribuyó al imputado la autoría del delito de robo, en una causa que continúa en etapa investigativa.

Dos decretos del Poder Ejecutivo fortalecieron presupuestariamente al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para atender todo lo referido a la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Juvenil y para profundizar políticas de enfrentar al microtráfico de drogas y violencias altamente lesivas.

Con fecha del último viernes 9 de mayo, el decreto 0890 amplía en $ 800 millones el presupuesto del MPA mientras que por el decreto 0897, son otros $ 320 millones los habilitados.

Ambos instrumentos son firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro  y los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares. El primero está destinado a lo penal juvenil y el segundo para atender investigaciones sobre violencias lesivas.

Las partidas habían sido solicitadas oportunamente por la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, especialmente la vinculada a la entrada en vigencia, el próximo 21 de junio, de la Ley N.º 14228 que regula el proceso penal para personas que al momento de la comisión del hecho calificado como delito tengan menos de 18 años de edad y que conforme la ley penal sustantiva, puedan ser imputadas y en su caso, responsables penalmente del mismo.

A partir de esta modificación, serán fiscales los que llevarán adelante la investigación como ocurre con el resto del sistema procesal penal santafesino. También la Defensa Pública actuará a partir del 21 del mes próximo.

Personal e infraestructura serán los destinos de la partida presupuestaria. La nueva justicia penal juvenil seguirá funcionando en los nueve lugares donde lo vienen haciendo con juzgados de Menores que perderán tal categoría. Santa Fe, Rosario, Reconquista, Villa Constitución, San Lorenzo, Tostado, Venado Tuerto, Casilda y Rafaela son lugares donde habrá fiscales y jueces que controlen la legalidad de los procedimientos. En el MPA se indicó que en seis de esos nueve lugares están en marcha las licitaciones para alquilar inmuebles para el funcionamiento a lo que hay que añadir todos los costos de asentamiento: muebles, conexiones a internet, computadores, impresoras, etc.

El otro aspecto es el de personal que pasa desde el Poder Judicial al MPA. Son funcionarios que vienen cumpliendo tareas en los juzgados de Menores y que la ley dispone el pase al Ministerio. Son 96 cargos, se indicó al El Litoral de los cuales 14 están vacantes.

Además, el Poder Ejecutivo deberá elevar a Legislatura una serie de pliegos de futuros fiscales para menores, nombres que la Corte Suprema de Justicia validó en una acordada que venía siendo conversada con autoridades del MPA y del Ministerio de Justicia y Seguridad.

El proceso penal juvenil tiene como objetivos fundamentales "la reintegración social de la persona menor de edad, la restauración de la paz social y la reparación del daño ocasionado por el delito. Se procurará la plena participación voluntaria de la víctima, del agresor y de cualquier otra persona o miembro de la comunidad que haya sido afectado por la comisión del delito, recurriendo a instancias de diálogo, reflexión, mediación, conciliación que favorezcan la responsabilización de la persona menor de edad y el consenso de soluciones al conflicto, siempre recurriendo a lenguaje comprensible", dice el artículo 3 del Código.

Agrega que "la desjudicialización, la promoción de medidas no punitivas de abordaje del conflicto y de soluciones alternativas a la pena, se priorizarán frente a la promoción o prosecución del proceso penal cuando tuviere sólo como perspectiva la aplicación de una pena, resguardando siempre los derechos de las víctimas del delito consagradas en el ordenamiento jurídico".

La Ley N° 14228 fue dictada en noviembre de 2023, sobre el final de la gestión de Omar Perotti y en diciembre, el actual gobernador, Maximiliano Pullaro, vetó un artículo con un texto alternativo prorrogando la entrada en vigencia de la norma que tenía fecha de diciembre de 2024. Los 180 días de prórroga se cumplirán el 21 de junio.

El Poder Ejecutivo, a través de los ministerios de Justicia y Seguridad así como Igualdad y Desarrollo Humano; la Corte Suprema de Justicia y el MPA vienen manteniendo reuniones periódicas para ajustar la entrada en funcionamiento del sistema.

La ley dispone que el Poder Ejecutivo deberá garantizar los espacios de alojamiento para el cumplimiento de las medidas cautelares y a cargo de personal especialmente capacitado y con enfoque interdisciplinar.

El artículo 65 de la ley habla sobre la disolución de órganos y traspaso de recursos. "Los juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores y todos los órganos que cumplan funciones en relación a la justicia penal de menores quedarán disueltos a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Todos los cargos cubiertos y/o subrogantes y/o vacantes de funcionarios y empleados que integran estas estructuras judiciales, las Asesorías de Menores dependientes del Ministerio Público Fiscal y el personal administrativo, de mantenimiento y producción y de servicios generales dependientes de los mismos, serán traspasados de pleno derecho y de manera inmediata conjuntamente con sus respectivos cargos, aún cuando no se encuentren cubiertos y/o se estén subrogando y/o estén vacantes y las partidas presupuestarias asignadas, a las estructuras judiciales correspondientes".

La acordada de la Corte Suprema de Justicia propuso los legajos de actuales funcionarios de la justicia de Menores para cargos de fiscales especializados. El Ejecutivo deberá enviarlos a Legislatura para su convalidación.

* Romina Ayelen Cocomazzi, actual secretaria del Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Menores de la Primera Nominación de Rosario

* Mariana Caratozzolo, actual asesora de Menores del Distrito Judicial Nro. 2

* Carlos Gabriel Álvarez, actual secretario del Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Menores de la Segunda Nominación de Rosario

* Brenda Carolina Coassolo, actual secretaria de Primera Instancia de Distrito del Juzgado de Menores de la Tercera Nominación de Rosario

* Juan José Cabanellas Fraire, actual secretario de Primera Instancia de Distrito del Juzgado de Menores de San Lorenzo

* Ana Clara Grabowski, actual asesora de Menores del Distrito Judicial de San Lorenzo

* Marianela Montemarani Mena, actual secretaria de Primera Instancia de Distrito del Juzgado de Menores de Venado Tuerto

* Leandro Carozzo, actual asesor de menores del distrito Venado Tuerto

* María Mercedes del Sastre, actual asesora de Menores del Distrito Reconquista

* María Cecilia Doro, actual secretaria de Primera Instancia de Distrito del Juzgado de Menores de la Primera Nominación de Rafaela

* Carina Andrea Gerbaldo, actual asesora de Menores del Distrito Rafaela

* Heriberto Ramón Ferrero, actual secretario de Primera Instancia de Distrito del Juzgado de Menores de Tostado

* Susana Guillermina Vega, actual asesora de Menores del Distrito Tostado.

EL Litoral

Este jueves se volteó otro en Rosario. Fue una intervención coordinada entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación y la Policía Provincial, en el marco de la Ley de Microtráfico que rige desde principios de 2024. Más de medio centenar de estas guaridas fueron derribadas en toda la provincia.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto a los fiscales César Pierantoni  y Franco Carbone, supervisaron el derribo de un puesto de venta de estupefacientes realizado este jueves en Doctor Riva 2050, de la ciudad de Rosario.

Se trata de una nueva intervención coordinada entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía Provincial, en el marco de la Ley de Microtráfico que rige desde principios de 2024, mediante la cual ya se realizaron más de 50 derribos e inactivaciones en toda la provincia de Santa Fe. 

“Estamos entrando en la etapa de inactivaciones generadas por investigaciones de microtráfico exclusivamente”, subrayó Cococcioni para luego explicar que “en las primeras se aprovechaban investigaciones preexistentes por otros motivos y a partir de esa información se usaban las herramientas de la Ley de Microtráfico. Hoy contamos con una mesa de coordinación operativa entre el MPA, el Ministerio de Justicia y Seguridad y, en algunos casos, el Ministerio de Seguridad de la Nación”. 

Más adelante, el Ministro explicó que “esta instancia representa una segunda etapa en la política de microtráfico, en la que ya no es simplemente una decantación de otras investigaciones, de otros delitos, sino que es una política dirigida, planificada, centralmente, para atacar selectivamente lugares donde el microtráfico le empeora la vida a la gente, produce violencia”. 

Luego valoró que “se trata de un trabajo que empieza a dar su fruto, en conjunto con otras medidas como el patrullaje preventivo con la incorporación de nuevo personal. El miércoles superamos la barrera de los 200 patrulleros, poniendo 206 patrulleros provinciales en calle que, junto con los de las fuerzas federales, sumaron un total de 265 en la ciudad de Rosario. Es una cifra realmente muy importante que se articula con la labor de los caminantes, que son un promedio de 100 binomios, superando los 130 en horario diurno, que realmente tienen mucha visibilidad. Son medidas que en conjunto ayudan a devolver la tranquilidad a los rosarinos”.

Para concluir, Cococcioni remarcó que “se viene atravesando un periodo de notoria baja de todos los indicadores de criminalidad. Cerramos el mes de marzo con prácticamente la misma cantidad de homicidios que en febrero de 2024, es decir, el registro más bajo de las últimas décadas. Y, en toda la provincia, llevamos un total de 60 homicidios dolosos contra 65 el año anterior que ya de por sí era el más bajo de los últimos años. Por supuesto que nunca es suficiente porque puede seguir habiendo delitos predatorios, delitos de otro tipo de violencia a los que hay que estar siempre muy atento y trabajar en conjunto”.

Por su parte, los fiscales Pierantoni y Carbone explicaron que se trata de una investigación del equipo de microtráfico de Fiscalía General que “se inició por denuncia de los propios vecinos que informaron que en este lugar operaba un punto de venta de drogas”. 

A su vez, se refirieron a los detenidos en el marco de esta investigación indicando que “se trata de mayores de edad. En un primer contacto, a raíz de un allanamiento, se secuestraron envoltorios de papeles y se aprehendieron a dos personas. En ese momento, no había droga, pero tres días después, el 28 de marzo, hicimos unas tareas controladas con la Policía de Investigaciones y allí se produjo la aprehensión y detención de dos personas que sí tenían cocaína a la venta fraccionada”. Finalmente informaron que los detenidos “fueron imputados, están en prisión preventiva y tienen vinculaciones con personas que están en prisión preventiva, en investigaciones de barrio Tío Rolo, que administraba puntos de venta, búnkeres y lugares de guarda”.

El derribo de un nuevo punto de venta de estupefacientes en la provincia de Santa Fe se realiza en el marco de las facultades que establece la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura provincial y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro en el inicio de su gestión, a fines de 2023.La inactivación de puntos de venta de estupefacientes es una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la legislación actual eran competencia de la Justicia Federal.

Presentar una denuncia en una comisaría puede ser un proceso tedioso y, en muchas ocasiones, implica esperas que desincentivan a las personas a dar ese paso. En otras ocasiones reina el pensamiento del “¿para qué?” tras ser víctima de un delito menor.

Conscientes de esta realidad, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe implementaron un sistema de denuncias online, accesible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Esta plataforma busca facilitar la realización de denuncias de delitos menores para quienes no pueden o no desean acudir presencialmente a una Comisaría. Incluso, desde el ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe enfatizaron en el uso de la herramienta para denunciar delitos rurales.

Si fuiste víctima de un hecho delictivo en la provincia de Santa Fe, el proceso para realizar la denuncia a través del sitio web del MPA es sencillo y rápido.

https://mpa.santafe.gov.ar/iris/ 

Una vez enviada, recibirás una copia de la denuncia en tu correo electrónico. El caso será remitido a la Fiscalía Regional correspondiente, según la jurisdicción donde ocurrió el hecho. Un fiscal o una fiscal será asignado/a para investigar el caso y te contactarán para informarte sobre los pasos a seguir.

En caso de dudas o consultas, podés comunicarte con la Fiscalía Regional de tu área a través de las siguientes direcciones de correo electrónico:

Fiscalía Regional 1 (Santa Fe): fr1@mpa.santafe.gov.ar

Fiscalía Regional 2 (Rosario): fr2secretariadegestionros@mpa.santafe.gov.ar

Fiscalía Regional 3 (Venado Tuerto): fr3@mpa.santafe.gov.ar

Fiscalía Regional 4 (Reconquista): fr4@mpa.santafe.gov.ar

Fiscalía Regional 5 (Rafaela): fr5@mpa.santafe.gov.ar

Se reciben entre 10 y 12 denuncias por día.

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La Oficina de Delitos Informáticos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe enfrenta un aumento constante de denuncias por estafas informáticas. Con solo 2 fiscales en ejercicio, reciben entre 10 y 12 denuncias diarias. En lo que va de 2023, han registrado más de 2.300 denuncias, lo que refleja el crecimiento de este tipo de delitos.

El fiscal de delitos informáticos, Agustín Nigro, explicó que la complejidad de estas investigaciones radica en la naturaleza geográficamente diversa de las transacciones digitales. Los delincuentes aprovechan la distancia entre ubicaciones para llevar a cabo sus estafas. Las modalidades más comunes incluyen llamadas telefónicas engañosas, ataques de phishing (suplantación de identidad en línea), y descargas de malware a través de sitios web no seguros.

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Nigro destacó la importancia de utilizar plataformas de confianza para las transacciones en línea y recordó que la geografía de las partes involucradas puede ser completamente desconocida en las compras en línea. La complejidad y la diversidad geográfica de estas estafas informáticas plantean desafíos significativos para su investigación y persecución.

Fuente: SFC