Un episodio fuera de lo común sacudió este fin de semana al Aeropuerto Internacional Rosario luego de que una pareja fuera demorada tras protagonizar una situación de contenido sexual dentro de un vuelo internacional de Copa Airlines.

El hecho ocurrió durante un servicio aéreo que había partido desde Panamá y aterrizó en la ciudad de Rosario durante la madrugada del sábado. Según trascendió, la tripulación detectó a los pasajeros en una situación considerada inapropiada para el contexto del vuelo.

Los involucrados son un hombre de 55 años y una mujer de 60, quienes se encontraban ubicados en una de las filas de la aeronave y fueron hallados semidesnudos por personal de cabina.

La situación generó malestar entre miembros de la tripulación y derivó en un reporte formal elevado por la jefa de cabina a los responsables de la compañía aérea.

Tras el aterrizaje del avión, se activó el protocolo previsto para este tipo de incidentes a bordo y se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación. Las autoridades dispusieron que ambos pasajeros fueran trasladados para realizar tareas de identificación y avanzar con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la aerolínea evaluaba impulsar una denuncia vinculada a exhibicionismo y conducta inapropiada durante el vuelo. Además de la identificación formal, se realizaron registros fotográficos y actuaciones de rutina para documentar lo sucedido dentro de la aeronave.

El caso quedó ahora bajo análisis de la Justicia santafesina, que deberá determinar si existió algún tipo de infracción contravencional o delito.

Aunque el Código Aeronáutico argentino no contempla específicamente situaciones de índole sexual dentro de un avión, sí establece obligaciones relacionadas con el comportamiento de los pasajeros durante el vuelo.

Las regulaciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) contemplan sanciones frente a conductas que alteren el orden, afecten la seguridad o interfieran con el normal desarrollo de la operación aérea.

En esos casos, el comandante de la aeronave tiene facultades para intervenir y adoptar medidas destinadas a preservar la seguridad y la disciplina dentro del vuelo. Además, las compañías aéreas pueden aplicar restricciones futuras a pasajeros involucrados en episodios considerados graves o inapropiados.

El Litoral

Un hombre de 24 años, identificado por sus iniciales L.A.Z., quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por un robo ocurrido en la ciudad de Sunchales. La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Lorena Korakis y dispuesta por el juez Gustavo Bumaguin, durante una audiencia realizada en los tribunales de Rafaela.

Según se informó desde el Ministerio Público de la Acusación, el hecho investigado ocurrió durante la madrugada del viernes pasado en el Sunchales Cicles Club. De acuerdo a la reconstrucción fiscal, alrededor de las 5:30 el imputado habría ingresado al predio tras forzar una ventana del salón donde funciona la Escuela de Fútbol.

En ese contexto, habría sustraído dos garrafas de 15 kilos, alimentos destinados a un merendero, una amoladora, una caja de herramientas y seis pelotas de fútbol, generando un perjuicio económico y social a la institución.

Durante la audiencia, la fiscal Korakis sostuvo que la materialidad del hecho y la participación del imputado se encuentran debidamente acreditadas, con evidencias que no fueron significativamente cuestionadas por la Defensa.

El juez valoró además que el delito fue cometido de noche y con planificación previa, lo que —según se expuso— evidencia una intención de asegurar la impunidad.

En cuanto a los riesgos procesales, el magistrado consideró que existe riesgo de fuga, ya que el imputado no cuenta con domicilio fijo. También tuvo en cuenta que el joven está siendo investigado en otras causas por hechos similares y que habría incumplido normas de conducta impuestas anteriormente, lo que llevó a rechazar medidas alternativas.

Con estos elementos, el juez resolvió imponer la prisión preventiva por 45 días, al entender que una eventual condena no sería de ejecución condicional debido a los antecedentes y la gravedad del hecho.

La fiscalía le atribuyó al imputado la autoría del delito de robo, en una causa que continúa en etapa investigativa.

Dos decretos del Poder Ejecutivo fortalecieron presupuestariamente al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para atender todo lo referido a la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Juvenil y para profundizar políticas de enfrentar al microtráfico de drogas y violencias altamente lesivas.

Con fecha del último viernes 9 de mayo, el decreto 0890 amplía en $ 800 millones el presupuesto del MPA mientras que por el decreto 0897, son otros $ 320 millones los habilitados.

Ambos instrumentos son firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro  y los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares. El primero está destinado a lo penal juvenil y el segundo para atender investigaciones sobre violencias lesivas.

Las partidas habían sido solicitadas oportunamente por la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, especialmente la vinculada a la entrada en vigencia, el próximo 21 de junio, de la Ley N.º 14228 que regula el proceso penal para personas que al momento de la comisión del hecho calificado como delito tengan menos de 18 años de edad y que conforme la ley penal sustantiva, puedan ser imputadas y en su caso, responsables penalmente del mismo.

A partir de esta modificación, serán fiscales los que llevarán adelante la investigación como ocurre con el resto del sistema procesal penal santafesino. También la Defensa Pública actuará a partir del 21 del mes próximo.

Personal e infraestructura serán los destinos de la partida presupuestaria. La nueva justicia penal juvenil seguirá funcionando en los nueve lugares donde lo vienen haciendo con juzgados de Menores que perderán tal categoría. Santa Fe, Rosario, Reconquista, Villa Constitución, San Lorenzo, Tostado, Venado Tuerto, Casilda y Rafaela son lugares donde habrá fiscales y jueces que controlen la legalidad de los procedimientos. En el MPA se indicó que en seis de esos nueve lugares están en marcha las licitaciones para alquilar inmuebles para el funcionamiento a lo que hay que añadir todos los costos de asentamiento: muebles, conexiones a internet, computadores, impresoras, etc.

El otro aspecto es el de personal que pasa desde el Poder Judicial al MPA. Son funcionarios que vienen cumpliendo tareas en los juzgados de Menores y que la ley dispone el pase al Ministerio. Son 96 cargos, se indicó al El Litoral de los cuales 14 están vacantes.

Además, el Poder Ejecutivo deberá elevar a Legislatura una serie de pliegos de futuros fiscales para menores, nombres que la Corte Suprema de Justicia validó en una acordada que venía siendo conversada con autoridades del MPA y del Ministerio de Justicia y Seguridad.

El proceso penal juvenil tiene como objetivos fundamentales "la reintegración social de la persona menor de edad, la restauración de la paz social y la reparación del daño ocasionado por el delito. Se procurará la plena participación voluntaria de la víctima, del agresor y de cualquier otra persona o miembro de la comunidad que haya sido afectado por la comisión del delito, recurriendo a instancias de diálogo, reflexión, mediación, conciliación que favorezcan la responsabilización de la persona menor de edad y el consenso de soluciones al conflicto, siempre recurriendo a lenguaje comprensible", dice el artículo 3 del Código.

Agrega que "la desjudicialización, la promoción de medidas no punitivas de abordaje del conflicto y de soluciones alternativas a la pena, se priorizarán frente a la promoción o prosecución del proceso penal cuando tuviere sólo como perspectiva la aplicación de una pena, resguardando siempre los derechos de las víctimas del delito consagradas en el ordenamiento jurídico".

La Ley N° 14228 fue dictada en noviembre de 2023, sobre el final de la gestión de Omar Perotti y en diciembre, el actual gobernador, Maximiliano Pullaro, vetó un artículo con un texto alternativo prorrogando la entrada en vigencia de la norma que tenía fecha de diciembre de 2024. Los 180 días de prórroga se cumplirán el 21 de junio.

El Poder Ejecutivo, a través de los ministerios de Justicia y Seguridad así como Igualdad y Desarrollo Humano; la Corte Suprema de Justicia y el MPA vienen manteniendo reuniones periódicas para ajustar la entrada en funcionamiento del sistema.

La ley dispone que el Poder Ejecutivo deberá garantizar los espacios de alojamiento para el cumplimiento de las medidas cautelares y a cargo de personal especialmente capacitado y con enfoque interdisciplinar.

El artículo 65 de la ley habla sobre la disolución de órganos y traspaso de recursos. "Los juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores y todos los órganos que cumplan funciones en relación a la justicia penal de menores quedarán disueltos a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Todos los cargos cubiertos y/o subrogantes y/o vacantes de funcionarios y empleados que integran estas estructuras judiciales, las Asesorías de Menores dependientes del Ministerio Público Fiscal y el personal administrativo, de mantenimiento y producción y de servicios generales dependientes de los mismos, serán traspasados de pleno derecho y de manera inmediata conjuntamente con sus respectivos cargos, aún cuando no se encuentren cubiertos y/o se estén subrogando y/o estén vacantes y las partidas presupuestarias asignadas, a las estructuras judiciales correspondientes".

La acordada de la Corte Suprema de Justicia propuso los legajos de actuales funcionarios de la justicia de Menores para cargos de fiscales especializados. El Ejecutivo deberá enviarlos a Legislatura para su convalidación.

* Romina Ayelen Cocomazzi, actual secretaria del Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Menores de la Primera Nominación de Rosario

* Mariana Caratozzolo, actual asesora de Menores del Distrito Judicial Nro. 2

* Carlos Gabriel Álvarez, actual secretario del Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Menores de la Segunda Nominación de Rosario

* Brenda Carolina Coassolo, actual secretaria de Primera Instancia de Distrito del Juzgado de Menores de la Tercera Nominación de Rosario

* Juan José Cabanellas Fraire, actual secretario de Primera Instancia de Distrito del Juzgado de Menores de San Lorenzo

* Ana Clara Grabowski, actual asesora de Menores del Distrito Judicial de San Lorenzo

* Marianela Montemarani Mena, actual secretaria de Primera Instancia de Distrito del Juzgado de Menores de Venado Tuerto

* Leandro Carozzo, actual asesor de menores del distrito Venado Tuerto

* María Mercedes del Sastre, actual asesora de Menores del Distrito Reconquista

* María Cecilia Doro, actual secretaria de Primera Instancia de Distrito del Juzgado de Menores de la Primera Nominación de Rafaela

* Carina Andrea Gerbaldo, actual asesora de Menores del Distrito Rafaela

* Heriberto Ramón Ferrero, actual secretario de Primera Instancia de Distrito del Juzgado de Menores de Tostado

* Susana Guillermina Vega, actual asesora de Menores del Distrito Tostado.

EL Litoral

Este jueves se volteó otro en Rosario. Fue una intervención coordinada entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación y la Policía Provincial, en el marco de la Ley de Microtráfico que rige desde principios de 2024. Más de medio centenar de estas guaridas fueron derribadas en toda la provincia.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto a los fiscales César Pierantoni  y Franco Carbone, supervisaron el derribo de un puesto de venta de estupefacientes realizado este jueves en Doctor Riva 2050, de la ciudad de Rosario.

Se trata de una nueva intervención coordinada entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía Provincial, en el marco de la Ley de Microtráfico que rige desde principios de 2024, mediante la cual ya se realizaron más de 50 derribos e inactivaciones en toda la provincia de Santa Fe. 

“Estamos entrando en la etapa de inactivaciones generadas por investigaciones de microtráfico exclusivamente”, subrayó Cococcioni para luego explicar que “en las primeras se aprovechaban investigaciones preexistentes por otros motivos y a partir de esa información se usaban las herramientas de la Ley de Microtráfico. Hoy contamos con una mesa de coordinación operativa entre el MPA, el Ministerio de Justicia y Seguridad y, en algunos casos, el Ministerio de Seguridad de la Nación”. 

Más adelante, el Ministro explicó que “esta instancia representa una segunda etapa en la política de microtráfico, en la que ya no es simplemente una decantación de otras investigaciones, de otros delitos, sino que es una política dirigida, planificada, centralmente, para atacar selectivamente lugares donde el microtráfico le empeora la vida a la gente, produce violencia”. 

Luego valoró que “se trata de un trabajo que empieza a dar su fruto, en conjunto con otras medidas como el patrullaje preventivo con la incorporación de nuevo personal. El miércoles superamos la barrera de los 200 patrulleros, poniendo 206 patrulleros provinciales en calle que, junto con los de las fuerzas federales, sumaron un total de 265 en la ciudad de Rosario. Es una cifra realmente muy importante que se articula con la labor de los caminantes, que son un promedio de 100 binomios, superando los 130 en horario diurno, que realmente tienen mucha visibilidad. Son medidas que en conjunto ayudan a devolver la tranquilidad a los rosarinos”.

Para concluir, Cococcioni remarcó que “se viene atravesando un periodo de notoria baja de todos los indicadores de criminalidad. Cerramos el mes de marzo con prácticamente la misma cantidad de homicidios que en febrero de 2024, es decir, el registro más bajo de las últimas décadas. Y, en toda la provincia, llevamos un total de 60 homicidios dolosos contra 65 el año anterior que ya de por sí era el más bajo de los últimos años. Por supuesto que nunca es suficiente porque puede seguir habiendo delitos predatorios, delitos de otro tipo de violencia a los que hay que estar siempre muy atento y trabajar en conjunto”.

Por su parte, los fiscales Pierantoni y Carbone explicaron que se trata de una investigación del equipo de microtráfico de Fiscalía General que “se inició por denuncia de los propios vecinos que informaron que en este lugar operaba un punto de venta de drogas”. 

A su vez, se refirieron a los detenidos en el marco de esta investigación indicando que “se trata de mayores de edad. En un primer contacto, a raíz de un allanamiento, se secuestraron envoltorios de papeles y se aprehendieron a dos personas. En ese momento, no había droga, pero tres días después, el 28 de marzo, hicimos unas tareas controladas con la Policía de Investigaciones y allí se produjo la aprehensión y detención de dos personas que sí tenían cocaína a la venta fraccionada”. Finalmente informaron que los detenidos “fueron imputados, están en prisión preventiva y tienen vinculaciones con personas que están en prisión preventiva, en investigaciones de barrio Tío Rolo, que administraba puntos de venta, búnkeres y lugares de guarda”.

El derribo de un nuevo punto de venta de estupefacientes en la provincia de Santa Fe se realiza en el marco de las facultades que establece la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura provincial y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro en el inicio de su gestión, a fines de 2023.La inactivación de puntos de venta de estupefacientes es una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la legislación actual eran competencia de la Justicia Federal.

Presentar una denuncia en una comisaría puede ser un proceso tedioso y, en muchas ocasiones, implica esperas que desincentivan a las personas a dar ese paso. En otras ocasiones reina el pensamiento del “¿para qué?” tras ser víctima de un delito menor.

Conscientes de esta realidad, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe implementaron un sistema de denuncias online, accesible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Esta plataforma busca facilitar la realización de denuncias de delitos menores para quienes no pueden o no desean acudir presencialmente a una Comisaría. Incluso, desde el ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe enfatizaron en el uso de la herramienta para denunciar delitos rurales.

Si fuiste víctima de un hecho delictivo en la provincia de Santa Fe, el proceso para realizar la denuncia a través del sitio web del MPA es sencillo y rápido.

https://mpa.santafe.gov.ar/iris/ 

Una vez enviada, recibirás una copia de la denuncia en tu correo electrónico. El caso será remitido a la Fiscalía Regional correspondiente, según la jurisdicción donde ocurrió el hecho. Un fiscal o una fiscal será asignado/a para investigar el caso y te contactarán para informarte sobre los pasos a seguir.

En caso de dudas o consultas, podés comunicarte con la Fiscalía Regional de tu área a través de las siguientes direcciones de correo electrónico:

Fiscalía Regional 1 (Santa Fe): fr1@mpa.santafe.gov.ar

Fiscalía Regional 2 (Rosario): fr2secretariadegestionros@mpa.santafe.gov.ar

Fiscalía Regional 3 (Venado Tuerto): fr3@mpa.santafe.gov.ar

Fiscalía Regional 4 (Reconquista): fr4@mpa.santafe.gov.ar

Fiscalía Regional 5 (Rafaela): fr5@mpa.santafe.gov.ar

Se reciben entre 10 y 12 denuncias por día.

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La Oficina de Delitos Informáticos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe enfrenta un aumento constante de denuncias por estafas informáticas. Con solo 2 fiscales en ejercicio, reciben entre 10 y 12 denuncias diarias. En lo que va de 2023, han registrado más de 2.300 denuncias, lo que refleja el crecimiento de este tipo de delitos.

El fiscal de delitos informáticos, Agustín Nigro, explicó que la complejidad de estas investigaciones radica en la naturaleza geográficamente diversa de las transacciones digitales. Los delincuentes aprovechan la distancia entre ubicaciones para llevar a cabo sus estafas. Las modalidades más comunes incluyen llamadas telefónicas engañosas, ataques de phishing (suplantación de identidad en línea), y descargas de malware a través de sitios web no seguros.

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Nigro destacó la importancia de utilizar plataformas de confianza para las transacciones en línea y recordó que la geografía de las partes involucradas puede ser completamente desconocida en las compras en línea. La complejidad y la diversidad geográfica de estas estafas informáticas plantean desafíos significativos para su investigación y persecución.

Fuente: SFC