Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Senadores de Santa Fe propone construir un nuevo edificio judicial en Rafaela, destinado principalmente al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Ministerio Público de la Defensa (MPD), con la posibilidad de incorporar otras dependencias judiciales.

La iniciativa, registrada bajo el expediente N.º 37338, ingresó a la Legislatura el 21 de octubre de 2026 y plantea que el Gobierno provincial identifique un inmueble adecuado dentro del distrito Rafaela.

El objetivo es mejorar las condiciones de funcionamiento de los organismos judiciales de la Circunscripción Judicial N.º 5, cuya cabecera se encuentra en la ciudad.

El proyecto contempla espacios para atención al público, audiencias, oficinas de trabajo y resguardo de documentación, además de sectores que garanticen la privacidad y seguridad de quienes concurran.

También establece condiciones de accesibilidad, conectividad y equipamiento tecnológico, con posibilidades de ampliación futura.

La infraestructura podría concretarse mediante una construcción nueva, la adecuación de instalaciones existentes o la ampliación de edificios.

Uno de los puntos principales de la propuesta es la posibilidad de adquirir terrenos mediante compra, cesión, donación o expropiación.

Para definir la ubicación, el Ejecutivo deberá realizar un relevamiento público y documentado que considere accesibilidad, transporte, servicios, seguridad y costos.

La iniciativa propone declarar de interés general y sujetos a eventual expropiación los inmuebles necesarios, aunque aclara que primero deberán evaluarse las alternativas disponibles.

Por el momento, no se identificó un terreno específico ni se estableció un monto de inversión.

El proyecto solicita incorporar al Presupuesto provincial 2027 las partidas necesarias para los estudios técnicos, la adquisición del inmueble, el equipamiento y la primera etapa de construcción.

Además, contempla una planificación plurianual para financiar las siguientes etapas.

En cuanto a los plazos, establece 180 días para reglamentar la ley y hasta 24 meses para seleccionar el terreno, con posibilidad de una prórroga de 12 meses.

Las obras solo podrían comenzar cuando la Provincia disponga legalmente del inmueble, tenga aprobado el proyecto y cuente con el financiamiento correspondiente.

La propuesta busca mejorar el acceso a la Justicia y las condiciones de atención en Rafaela y la región. Sin embargo, todavía debe atravesar el tratamiento legislativo, por lo que su ejecución dependerá de una eventual aprobación.