Aunque el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires ya adelantó que es inviable, el proyecto requiere ser aprobado por la Comisión Nacional de Monumentos y por el mismo gobierno bonaerense. En medio de la polémica que desata la iniciativa, se supo que la firma final la debe dar el Papa Francisco.

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El emblemático estadio Luna Park, declarado Monumento Histórico Nacional y ubicado en el Área de Protección Histórica de la Ciudad de Buenos Aires, corre serio riesgo de ser demolido próximamente si se concreta el proyecto presentado por su nuevo concesionario que, en vez de buscar modernizarlo y actualizarlo, propone construir un edificio estructuralmente independiente y de mayor volumen, con mayor altura y dos niveles de subsuelo, desnaturalizando por completo el icónico "Palacio de los Deportes".

El actual propietario del Luna Park es Stadium Luna Park S.A., empresa de la que son accionistas por partes iguales el Arzobispado de Buenos Aires y la Institución Salesiana, aprobó por unanimidad el 16 de octubre la entrega en concesión del Luna Park a DF Entertainment, propiedad de la empresa norteamericana Live Nation Entertainment Inc y su socio local, Diego Finkelstein.

La compañía extranjera es propietaria del 51% de DF Entertainment, que será el gerenciador del estadio.

La fecha de entrega del estadio al gerenciador fue acordada para el 2 de enero de 2025 y el plazo de la concesión es de 20 años, sumados a otros 20 de prórroga, es decir, 40 años en total.

La inversión inicial a cargo de Live Nation Entertainment y DF Entertainment para la obra es de U$S 34 millones, destinada a demoler el Luna Park y construir un nuevo estadio que extenderá su capacidad de los 8.400 espectadores actuales a un aforo de 13.000, según reza el contrato.

El concesionario se obliga a pagarle a la Iglesia un millón de dólares de prima al tomar posesión del inmueble y, además, le garantiza un mínimo de un millón de dólares anuales durante toda la vigencia del contrato.

El plan de inversión y arquitectónico aprobado por el contrato de concesión permite demoler el estadio, modificar su interior y sus fachadas y construir dos nuevos niveles en altura y dos nuevos subterráneos. El crecimiento del 53% en el aforo de espectadores y la incorporación de nuevos servicios se logrará con la construcción con un edificio mucho mayor.

El proyecto arquitectónico incorporado al contrato de concesión incluye una serie de renders que muestran lo que allí se denomina "espacios ganados" del nuevo estadio: un campo central más grande, nuevas áreas para gastronomía y servicios, dos nuevos pisos en altura para albergar los palcos y dos nuevos pisos de subsuelo para el estacionamiento.

También está previsto modificar el diseño de las fachadas para permitir el ingreso y egreso de un mayor número de espectadores y de los autos (actualmente, el edificio no tiene estacionamiento).

La posibilidad de demoler el estadio queda asentado en diferentes pasajes del contrato. Por ejemplo, el artículo 3.2 señala que "el gerenciador podrá desarrollar el Plan de Inversiones a su entera discreción".

Además, el documento toma los recaudos necesarios al establecer que "hasta tanto no se hayan obtenido las autorizaciones necesarias, el Gerenciador no podrá proceder a demoler parte alguna del estadio". Curiosamente, es el Gerenciador el que se obliga a conseguir los permisos de demolición y no, como lo ordena la ley, el propietario del inmueble.

Asimismo, el contrato señala que si "las autoridades competentes no autorizan o no expidan los permisos necesarios para llevar a cabo los parámetros del nuevo estadio objetivo, el límite de inversión se reducirá de acuerdo con la nueva capacidad y los niveles construidos autorizados".

Es decir, se trata de una concesión contingente: la inversión y el pago a la Iglesia por esta concesión se ajustará al aforo máximo de espectadores que el gerenciador obtenga por las autorizaciones emanadas de la Comisión Nacional y el gobierno de la Ciudad.