El presidente Javier Milei oficializó este lunes a través del Boletín Oficial el veto total a los tres proyectos de ley de carácter social que había sancionado el Congreso: el de aumento a las jubilaciones, el que reinstauraba la moratoria previsional y el que declaraba la emergencia en discapacidad.

En los considerandos del decreto 534/2025, el Poder Ejecutivo argumentó que las iniciativas eran fiscalmente irresponsables y que incumplían la Ley de Administración Financiera al no especificar fuentes de financiamiento genuinas.

El Gobierno fue contundente en su rechazo, basándose en dos ejes principales:

Costo fiscal "exorbitante": El decreto afirma que los tres proyectos en conjunto implicarían un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones de pesos en 2026. Sostienen que esto equivale a casi el 1% del PBI para este año y al 1,68% para el próximo, lo que "dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales" y pondría en riesgo el equilibrio fiscal, al que califican como "innegociable".Vicios en el procedimiento legislativo: El Ejecutivo también argumentó que el proceso de aprobación en el Senado estuvo "viciado por graves nulidades". Señalan que la sesión del 10 de julio se realizó sin la citación previa correspondiente y que el tratamiento de los proyectos se habilitó con una mayoría simple cuando se requerían dos tercios, debido a una "ilegítima interpretación del Reglamento".

El detalle de las leyes vetadas

Jubilaciones: Proponía un aumento de emergencia del 7,2%, creaba un bono permanente de $110.000 (actualizable) y establecía transferencias a las cajas previsionales provinciales no transferidas.

Moratoria: Reinstalaba por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, permitiendo el acceso a la jubilación sin los 30 años de aportes efectivos, y flexibilizaba las condiciones para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).Discapacidad: Declaraba la emergencia nacional en la materia hasta 2026, creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad y establecía una compensación económica de emergencia para los prestadores del sistema, entre otras medidas.

Tras el veto, la discusión volverá ahora al Congreso, donde la oposición necesitará una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para poder insistir y convertir en ley los proyectos rechazados por el Presidente.

El 23 de marzo pasado venció el plazo para acogerse a la moratoria previsional, por la cual personas que no habían alcanzado la cantidad de años suficientes para acceder a la jubilación podían acogerse a ese beneficio.

No es el único tema que preocupa y ocupa al sector pasivo: también lo es el monto que cobra cada mes y el valor inamovible del bono de 70 mil pesos que perciben como complemento de los haberes mínimos; una suma extra que se mantiene congelada desde marzo de 2024.

En la Cámara de Diputados el tema se va a poner en debate el próximo 9 de abril, desde las 10, cuando se reúna la comisión de Previsión y Seguridad Social que preside la cordobesa Gabriela Brouwer De Koning (UCR).

Será un miércoles, día de la habitual marcha de jubilados que en las últimas semanas, con la suma de hinchadas de equipos de fútbol, sindicatos y organizaciones sociales, cobró un nuevo protagonismo puertas afuera del Congreso y derivó en episodios de violencia, incluida la agresión al fotorreportero Pablo Grillo, herido de gravedad por el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno.

Además, si se mantiene el día de reunión, será en la previa al paro nacional convocado por la CGT.

"El sistema previsional argentino refleja profundas desigualdades e injusticias, que impactan directamente en la calidad de vida de millones de jubilados y pensionados. Mientras algunos sectores acceden a haberes previsionales privilegiados, otros reciben ingresos que no garantizan una cobertura digna, lo que evidencia la necesidad de rediseñar las reglas del sistema para hacerlo más sostenible y equitativo", publicó la legisladora al momento de hacer la convocatoria a la reunión de abril.

Esta tiene el objetivo de "empezar con el debate que atañe a los desafíos y desigualdades que enfrenta nuestro sistema previsional y avanzar en las reformas necesarias para construir un esquema más justo y equitativo".

Son 29 proyectos los que se pondrán a consideración en la oportunidad, aunque no todos tienen que ver con la necesidad de actualizar los haberes mínimos.

Prácticamente, hay propuestas de todo el arco político y van desde eliminar el goce de haberes vitalicios a empleados o funcionarios que durante el tiempo de servicio hubieren cometido delitos, hasta derogar jubilaciones y pensiones de privilegio, pasando por modificar leyes sobre beneficios económicos y previsionales no contributivos a favor de determinados miembros del clero católico;

Varios de los proyectos que se pondrán en debate en la comisión proponen la prórroga por dos años de la moratoria previsional.

En agosto del año pasado, el Senado de la Nación convirtió en ley un proyecto previamente aprobado por Diputados que, entre otras cosas, estipulaba un aumento en las jubilaciones, nuevas herramientas de cálculo y la cancelación de deudas tanto con cajas provinciales como con beneficiarios que tengan fallos favorables.

El proyecto estableció una actualización mensual de las jubilaciones en base al último dato disponible de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir la inflación, que publica a mitad de cada mes el Indec. En ese punto coincidía, y le otorgaba rango legal, con la pauta que definió el DNU 274/2024, que comenzó a aplicarse en abril.

Pero añadió una compensación extra del 8, 1 % para todos los jubilados para que los haberes recuperen lo perdido en ese momento, cuando se otorgó un 12,5% de recomposición, por debajo del 20,6% de inflación de enero de 2024, mes que el gobierno dejó fuera para la actualización de su fórmula.

Police officers stand guard behind a security fence at the National Congress, as Argentine workers, and social movements join the weekly protest of retirees against Argentinian President Javier Milei's adjustment policies, in Buenos Aires, Argentina March 19, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianVarios de los proyectos que se pondrán en debate en la comisión proponen la prórroga por dos años de la moratoria previsional. Credito: REUTERS/Agustin Marcarian

La ley establecía también que el haber mínimo sea el equivalente al 1,09 del valor de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto equivalente del Indec, y añadía una base de cálculo para mejorar las remuneraciones por encima de la inflación si se registraba crecimiento económico.

La norma fue vetada por el Poder Ejecutivo, y la oposición, dividida, no logró los dos tercios para rechazar el veto en la Cámara de Diputados y sostener la ley; en una sesión que tuvo como marco una fuerte movilización en las afueras del Congreso, en una medida de protesta que desde entonces se reeditó todos los miércoles, y que a principios de marzo de este año derivó en cruentos enfrentamientos y represión policial.Nancy Balza - El Litoral

Este 23 de marzo finalizó el régimen de moratoria previsional en la Argentina, luego de que el gobierno nacional resolviera no continuar con este mecanismo. Desde ahora, todas las personas que alcancen la edad jubilatoria y no cuenten con 30 años de aportes quedarán fuera de la jubilación contributiva tradicional, ya que ya no podrán regularizar años faltantes mediante planes de pago.

Según estimaciones, unas 500.000 personas en todo el país se encuentran en esta situación de falta de aportes suficientes. Para ellas, el fin de la moratoria significa que no podrán jubilarse en el régimen ordinario y deberán buscar opciones alternativas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) había habilitado turnos hasta último momento para quienes quisieran inscribirse en la moratoria antes de su vencimiento. De hecho, quienes solicitaron un turno antes del 23 de marzo podrán completar el trámite en los próximos meses (hay citas otorgadas hasta mayo y junio) y acceder a la jubilación pagando sus aportes adeudados en cuotas. Pero quienes no llegaron a iniciar el trámite a tiempo ya no tendrán esa posibilidad.

Los hombres de 65 años o más y las mujeres de 60 o más sin los años de contribuciones requeridos pierden el acceso a una jubilación convencional por esta vía. A partir de ahora, las alternativas para una persona sin 30 años de aportes son limitadas. Una opción, es “comprar” los años de aportes faltantes al contado: es decir, pagar de una sola vez su deuda previsional. Sin embargo, los montos son elevados, que están fuera del alcance de muchas personas próximas a jubilarse.

La única alternativa masiva es pasar del sistema jubilatorio contributivo a una prestación asistencial: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta pensión, creada en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri, está destinada a los adultos mayores que no tienen una jubilación ni pueden obtenerla por falta de aportes.

A diferencia de la moratoria, la PUAM no exige años de contribución previos –puede solicitarse incluso sin haber aportado nunca–, pero tiene condiciones más restrictivas y otorga un haber menor.

El monto de la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima: actualmente, con la jubilación mínima en $349.121 (incluyendo un bono extraordinario de $70.000), la PUAM paga cerca de $279.000 mensuales. Además, unifica la edad jubilatoria en 65 años tanto para varones como para mujeres (que con el régimen general podían jubilarse a los 60).

Además, la pensión es incompatible con ingresos laborales formales u otros beneficios previsionales: quien percibe PUAM no puede seguir trabajando en blanco ni cobrar otra pensión o jubilación. También carece de pensión por fallecimiento: en caso de muerte del titular, sus cónyuges o hijos no tienen derecho a cobrar un beneficio derivado, algo que sí ocurre con las jubilaciones contributivas ordinarias.

De esta forma, el fin de la moratoria previsional deja a una gran cantidad de personas con la PUAM como única vía para obtener algún ingreso previsional en la vejez. Según un informe de la Subsecretaría de Seguridad Social, sin la moratoria vigente aproximadamente el 50% de los varones que cumplen 65 años en 2025 y el 69% de las mujeres que cumplen 60 años no podrán obtener una jubilación contributiva.

La moratoria previsional fue una herramienta de inclusión jubilatoria implementada originalmente en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner. A través de la Ley 25.994, se lanzó el llamado Plan de Inclusión Jubilatoria, que permitió a cientos de miles de argentinos regularizar años de aportes no realizados y acceder a una jubilación.

El contexto que dio origen a esta medida eran las consecuencias de décadas de desempleo e informalidad laboral, sumadas al vaciamiento provocado por el sistema de capitalización individual (AFJP) de los años ‘90. Según las autoridades de entonces, de cada diez personas en edad de jubilarse, cinco quedaban excluidas por no reunir los 30 años de aportes requeridos. La moratoria de 2005 buscó reparar esa situación, habilitando a quienes tenían la edad jubilatoria –principalmente mujeres amas de casa o trabajadores informales– a “comprar” los años faltantes de aportes pagando una deuda en cuotas descontadas de la futura jubilación.

Esa primera moratoria permitió incorporar a más de 2,5 millones de nuevos beneficiarios en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Muchos de ellos habían trabajado pero no siempre en blanco; de hecho, se informó entonces que quienes ingresaron por esta vía tenían en promedio 12,7 años de aportes registrados, cuando la ley exigía 30, es decir que les faltaban más de 17 años. La posibilidad de regularizar esa deuda de aportes abrió la puerta a que esas personas accedieran a una jubilación, cuando de otra manera hubieran quedado sin nada.

En su momento la medida generó polémica: sectores opositores y analistas alertaron que sumar tantos jubilados sin aportes completos pondría en tensión las finanzas del sistema previsional y sería injusto para quienes sí habían contribuido toda su vida laboral. Desde el gobierno, la defensa fue que no se trataba de “jubilar gente que nunca aportó” sin costo, sino de reconocer aportes parciales e incluso obtener ingresos para el sistema: al abonar la moratoria, cada beneficiario pagaba mensualmente por los años que le faltaban, contribuyendo así al financiamiento previsional.

Además, se planteaba el criterio de justicia social: ¿era justo dejar perder, por ejemplo, 10 o 15 años de aportes reales de una persona, solo porque no llegó a 30? La respuesta oficial en 2005 fue que integrar a esos trabajadores era preferible a negarlos, aun con el esfuerzo fiscal que implicaba. Con el paso del tiempo, la moratoria de 2005 mostró sus efectos: la cantidad de jubilados en Argentina se disparó, ampliando la cobertura previsional de manera inédita.

Para 2008, el número de beneficiarios del sistema había crecido sustancialmente. Con la llegada de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia, se impulsó una segunda moratoria previsional para cubrir períodos que habían quedado fuera de la anterior.

En septiembre de 2014, ya en el segundo mandato de CFK, se promulgó la Ley 26.970, que estableció una nueva moratoria destinada a personas que alcanzaran la edad jubilatoria en adelante pero no tuvieran los aportes completos. Este régimen extendió la posibilidad de comprar años faltantes abarcando hasta los aportes no realizados hasta diciembre de 2003 (la moratoria de 2005 había permitido regularizar principalmente aportes no hechos hasta 1993).

Cristina Kirchner presentó aquel Segundo Plan de Inclusión Jubilatoria como un paso hacia la “universalización del sistema previsional argentino”, ya que permitía jubilarse también a quienes habían quedado fuera del primer plan, especialmente afectados por la crisis laboral de los años ‘90. La implementación de esta segunda moratoria volvió a ensanchar la base de jubilados.

Hacia 2015, Argentina alcanzó una cobertura previsional superior al 90% de su población en edad de jubilarse, una de las más altas de la región. Para dimensionar el impacto: en la década entre 2003 y 2013, la cantidad de jubilaciones otorgadas creció un 87%, pasando de aproximadamente 3 millones a casi 6 millones de beneficiarios, y cerca de la mitad de esas nuevas jubilaciones (46%) fueron gracias a las moratorias, según datos que la entonces presidenta CFK dio a conocer en 2014.

Las moratorias previsionales se convirtieron así en una vía de acceso masiva a la seguridad social para quienes la economía informal había dejado al margen. No obstante, las críticas y debates en torno a este mecanismo persistieron. Por un lado, sus defensores destacaban el carácter inclusivo y redistributivo: gracias a las moratorias, Argentina logró prácticamente universalizar las jubilaciones, reduciendo la pobreza en la tercera edad y reconociendo trabajos no remunerados (por ejemplo, mujeres que se dedicaron a tareas de cuidado y luego pudieron jubilarse).

Por otro lado, detractores señalaban que era un “parche” costoso: incorporó a millones de personas que no habían aportado lo requerido, generando una erogación extra para el Estado y desfinanciando el sistema previsional en el largo plazo. También se argumentaba que podía desincentivar la contribución regular de los trabajadores activos.

La moratoria de 2014 tenía una vigencia acotada en el tiempo, y caducó hacia 2016. Con la asunción del gobierno de Mauricio Macri ese año, no hubo una nueva prórroga general de las moratorias. En cambio, la gestión de Cambiemos optó por crear la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) –que garantiza un ingreso mínimo al 80% del haber mínimo a partir de los 65 años–, instaurada en la Ley 27.260 de “Reparación Histórica”.

La PUAM fue concebida como una alternativa asistencial para cubrir a quienes quedaban sin jubilación, en lugar de seguir sumando beneficiarios al régimen contributivo mediante moratorias. Durante ese período (2016-2019), disminuyó la cantidad de nuevas jubilaciones otorgadas, ya que solo podían jubilarse quienes cumplían los 30 años de aportes o ingresaban por regímenes especiales. Aun así, muchas personas que no llegaron a utilizar la moratoria de 2014 quedaron postergadas.

En 2019, con el nuevo cambio de gobierno, volvió la discusión sobre reinstalar un plan de regularización de aportes. Tras varios intentos frustrados en el Congreso durante 2022, finalmente bajo la presidencia de Alberto Fernández se aprobó una nueva moratoria previsional en 2023, denominada formalmente Plan de Pago de Deuda Previsional (Ley 27.705).

Entró en vigencia en marzo de 2023 y estableció dos modalidades: una para personas en edad jubilatoria (mujeres de 60 o más y hombres de 65 o más) para cancelar aportes faltantes hasta 2008 en 120 cuotas; y otra para trabajadores activos próximos a jubilarse (mujeres de 50-59 años y varones de 55-64) que preveía que pudieran empezar a pagar anticipadamente aportes faltantes (hasta 2012) antes de llegar a la edad de retiro.

La primera modalidad tenía una vigencia de dos años, es decir, expiraba en marzo de 2025, mientras que la segunda no tenía fecha de finalización definida. Esta ley fue presentada como una respuesta a la situación de miles de personas que, de lo contrario, en los años 2023-2025 no hubieran podido jubilarse.

Durante su tratamiento legislativo, la oposición cuestionó su impacto fiscal. Aun así, la norma salió adelante con el apoyo de bloques peronistas y aliados, bajo la premisa de que sería “la última moratoria” antes de encarar una reforma más integral.

En los hechos, la moratoria 2023 tuvo un uso masivo: en ese año, cerca de 7 de cada 10 nuevas jubilaciones se obtuvieron gracias a esta herramienta. De acuerdo a datos de la Anses, en 2023 se registraron unas 480 mil altas jubilatorias, un 35% más que el año anterior, en gran medida por la puesta en marcha del Plan de Pago de Deuda Previsional.

La decisión del gobierno de Javier Milei de poner punto final a la moratoria previsional marca un giro significativo en la política previsional argentina de las últimas dos décadas.

Milei asumió la presidencia con un discurso de ajuste del gasto público y de reformas estructurales que impliquen menos intervención estatal en la economía. En línea con esa filosofía, su administración optó por no prorrogar el Plan de Pago de Deuda Previsional 2023 una vez vencido, dejando caer el que era el último mecanismo vigente para jubilarse sin aportes completos.

Ya en octubre de 2024, el titular de Anses, Mariano de los Heros (hoy desplazado de su cargo), había anticipado en el Congreso que no estaba prevista ninguna partida para extender la moratoria más allá de marzo de 2025, señalando la voluntad política de cerrarla definitivamente y de que, de ahora en más, el sistema jubilatorio se base en las contribuciones efectivas de los trabajadores, acotando la intervención estatal extraordinaria solo a la asistencia básica de la PUAM.

Esta postura fue celebrada por sectores liberales y algunos economistas, que ven en las moratorias un factor de desequilibrio fiscal y distorsión de incentivos laborales. Argumentan que, con moratorias permanentes, el Estado asume pasivos jubilatorios sin respaldo contributivo, cargando el déficit a futuro, y que además se envía la señal equivocada a los trabajadores jóvenes (que podrían especular con no aportar si creen que luego habrá facilidades para jubilarse igual).

Sin embargo, la medida también generó preocupación en amplios sectores. Referentes de la oposición, sindicatos y defensores de la seguridad social advierten que miles de adultos mayores quedarán desprotegidos.

Días antes del vencimiento, la bancada de Unión por la Patria en Diputados intentó forzar una sesión especial para aprobar por ley una prórroga de dos años de la moratoria previsional, pero no logró el quórum necesario ante el rechazo del oficialismo y sus aliados.

Asimismo, legisladores opositores presentaron proyectos alternativos: por ejemplo, la diputada Pamela Caletti (Identidad Federal) y la exdirectora de Anses Luana Volnovich impulsaron iniciativas para extender o modificar el régimen vigente, buscando mantener una puerta abierta a las jubilaciones sin aportes completos. Ninguna de estas propuestas prosperó hasta ahora en el Congreso dominado por el oficialismo y bloques aliados.

En cuanto a la política previsional integral del gobierno de Milei, todavía no tiene un norte definido. En el proyecto de ley “Bases” que el Poder Ejecutivo envió al Congreso a comienzos de su gestión, se incluían artículos para reformar el esquema jubilatorio. Entre ellos, se planteaba la creación de un nuevo sistema de prestación proporcional: básicamente, instaurar oficialmente una suerte de jubilación reducida para quienes no tienen aportes (similar a la PUAM). Pero, en el Senado esos puntos fueron suprimidos del texto final aprobado.

Hasta el momento, la administración libertaria no presentó un proyecto de reforma previsional que reemplace a las moratorias con otro modelo más allá de la PUAM ya existente. De hecho, el ex titular de Anses, Mariano De Los Heros, fue echado del cargo cuando adelantó en una entrevista televisiva los puntos que el gobierno estaba pensando implementar en este aspecto.

Así las cosas, la cuestión previsional vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública, esta vez bajo un enfoque distinto al de los años anteriores y con la urgencia social y la sostenibilidad económica desequilibrando la balanza de gobierno.

Actualmente, el sistema jubilatorio argentino (SIPA) contabiliza alrededor de 7,2 millones de jubilaciones y pensiones, lo que equivale a aproximadamente 16% de la población del país. Por las moratorias implementadas desde 2005, la cobertura previsional supera el 90% de los adultos mayores. Sin embargo, esto también significa que una porción enorme de jubilados accedió sin haber completado sus aportes: se estima que alrededor del 60% de los beneficiarios actuales se jubilaron mediante alguna moratoria. Además, la gran mayoría de ellos cobra los haberes más bajos: más del 90% de quienes se jubilaron por moratoria perciben la jubilación mínima.

Según especialistas, el gasto del Estado nacional en jubilaciones y pensiones equivale a cerca del 10% del PBI, representando uno de los rubros más pesados del presupuesto nacional. Y si bien las moratorias permitieron que la cobertura alcance niveles récord, el sistema se encuentra hoy altamente subvencionado: casi la mitad de los jubilados cobra la mínima con ayuda de refuerzos estatales, y la pirámide previsional se ha achatado, con poca diferencia entre quienes aportaron 30 años y quienes no.

A esto se suma a que en paralelo, subsisten casi 200 regímenes especiales de jubilación (sistemas diferenciados para fuerzas de seguridad, Poder Judicial, docentes, entre otros) que generan inequidades internas.

Por lo pronto, con la moratoria ya expirada y sin reemplazo a la vista, miles de personas verán postergado su acceso a una jubilación y dependerán de una pensión mínima.

El Litoral

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, con las firmas de la totalidad de sus integrantes, pidió una sesión especial para  hoy miércoles con el objetivo de tratar una serie de proyectos que plantean la extensión de la moratoria previsional que vence el próximo 23 de marzo y que el Gobierno nacional decidió no volver a prorrogar.

La bancada presidida por Germán Martínez solicita la apertura del recinto para este miércoles a las 19 hs en base a un temario que incluye proyectos sin dictamen no solamente de Unión por la Patria sino también del Frente de Izquierda y de Innovación Federal.

Los expedientes incluidos en el pedido de sesión tienen como autores a Nicolás del Caño (FIT), Brenda Vargas Matyi (UP), Leopoldo Moreau (UP), Pamela Caletti (UP) y Luana Volnovich (UP). 

Con la moratoria, personas en edad jubilatoria (hombres desde 65 años y mujeres desde 60 años) sin llegar a los 30 años de aportes previsionales podían regularizar los períodos faltantes para recibir los haberes.

Con el vencimiento de la moratoria previsional (ley 27.705) el próximo 23 de marzo, a raíz de la enorme informalidad laboral, la inmensa mayoría de los adultos mayores no podrá jubilarse

En adelante, solo podrán acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) a los 65 años percibiendo el 80% del haber mínimo jubilatorio, sin derecho a recibir pensiones por viudez.

Para las mujeres que no tienen los 30 años de aportes la PUAM representa un alargue de cinco años en la edad jubilatoria, con el agravante de que accederían a un beneficio menor (80% del haber mínimo) y solamente si acreditan una situación de vulnerabilidad socioeconómica. 

En el caso de las mujeres, 9 de cada 10 en promedio accedía a la jubilación mediante la moratoria previsional, por lo que la eliminación de este instrumento supone una precarización de sus condiciones.

Hasta el 28 de noviembre inclusive, rige la Moratoria 2022 para tributos municipales. La misma incluye Tasa General de Inmuebles, convenios de pago, Rentas varias, Derecho de Registro e Inspección, Derecho de Cementerio, Contribución por Mejoras y multas de los Juzgados N° 1, 2 y 3, que presenten atrasos o falta de pago hasta el 31 de diciembre del año 2021, inclusive.

Beneficios

El Gobierno local ha establecido que las deudas generadas entre abril del 2020 y diciembre del 2021 (período influenciado por la pandemia), tendrán una quita del 100% de los intereses.

En el caso de las deudas generadas desde marzo del 2020 hacia atrás, la quita de intereses fue establecida en el 80%.

Es importante aclarar que los beneficios antes detallados se aplicarán solo para la modalidad "pago contado efectivo" o "débito automático". En esta última, se podrá abonar hasta en tres cuotas. La primera, en la caja recaudadora ubicada en el subsuelo del edificio municipal.

LEE: Se extiende la moratoria 2022: “La gente viene a regularizar todo”

Por otro lado, quienes deseen acogerse a la moratoria pagando la totalidad en cuotas, los planes contemplan el abono en 12, 24 o 36 cuotas con intereses sobre saldo. Entonces, en 12 cuotas, el interés aplicado alcanza el 1,5%; en 24, el 2% y en 36, el 2,5%.

En esta modalidad (pago en cuotas), todas las deudas generadas hasta diciembre del 2021, inclusive, tendrán un descuento de intereses del 50% y, a quienes adhieran al débito automático, se les aplicará un descuento de intereses del 60%.

Es válido resaltar que en los casos de multas por infracciones de tránsito, se mantendrá el descuento del 50% de intereses por pago contado efectivo o 3 cuotas con un 20% de descuento.

Es importante aclarar que este beneficio excluye a multas por cruce de semáforo en rojo, resultado de alcoholemia positiva, infracciones generadas durante la emergencia sanitaria y convenios celebrados en moratorias anteriores.

¿Cómo hacer el trámite?

Para acogerse a la moratoria municipal se debe obtener un turno en el siguiente link: https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/237.

Quienes deseen adherir al débito automático, tendrán que presentar constancia de CBU y el DNI.

LEE: Se entregaron los premios del concurso GENERACIÓN T - Jóvenes con cultura tributaria

Asimismo, los interesados se pueden acercar a Rafaela en Acción para realizar su trámite. Es importante mencionar que quienes se acerquen, lo hagan con la constancia de CBU, la tarjeta de débito y el DNI.

Finalmente, para consultar sobre este tema, la ciudadanía puede ponerse en contacto con el número telefónico 502 000.

Podrán adherirse quienes deseen abonar sus tributos atrasados mediante pago contado, débito automático o en cuotas y con diferentes beneficios. El trámite también se puede realizar en Rafaela en Acción.

Hasta el 28 de noviembre inclusive, rige la Moratoria 2022 para tributos municipales. La misma incluye Tasa General de Inmuebles, convenios de pago, Rentas varias, Derecho de Registro e Inspección, Derecho de Cementerio, Contribución por Mejoras y multas de los Juzgados N° 1, 2 y 3, que presenten atrasos o falta de pago hasta el 31 de diciembre del año 2021, inclusive.

Beneficios

El Gobierno local ha establecido que las deudas generadas entre abril del 2020 y diciembre del 2021 (período influenciado por la pandemia), tendrán una quita del 100% de los intereses.

En el caso de las deudas generadas desde marzo del 2020 hacia atrás, la quita de intereses fue establecida en el 80%.

Es importante aclarar que los beneficios antes detallados se aplicarán solo para la modalidad "pago contado efectivo" o "débito automático". En esta última, se podrá abonar hasta en tres cuotas. La primera, en la caja recaudadora ubicada en el subsuelo del edificio municipal.

LEE: Se extiende la moratoria 2022: “La gente viene a regularizar todo”

Por otro lado, quienes deseen acogerse a la moratoria pagando la totalidad en cuotas, los planes contemplan el abono en 12, 24 o 36 cuotas con intereses sobre saldo. Entonces, en 12 cuotas, el interés aplicado alcanza el 1,5%; en 24, el 2% y en 36, el 2,5%.

En esta modalidad (pago en cuotas), todas las deudas generadas hasta diciembre del 2021, inclusive, tendrán un descuento de intereses del 50% y, a quienes adhieran al débito automático, se les aplicará un descuento de intereses del 60%.

Es válido resaltar que en los casos de multas por infracciones de tránsito, se mantendrá el descuento del 50% de intereses por pago contado efectivo o 3 cuotas con un 20% de descuento.

Es importante aclarar que este beneficio excluye a multas por cruce de semáforo en rojo, resultado de alcoholemia positiva, infracciones generadas durante la emergencia sanitaria y convenios celebrados en moratorias anteriores.

LEE: Se entregaron los premios del concurso GENERACIÓN T - Jóvenes con cultura tributaria

¿Cómo hacer el trámite?

Para acogerse a la moratoria municipal se debe obtener un turno en el siguiente link: https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/237.

Quienes deseen adherir al débito automático, tendrán que presentar constancia de CBU y el DNI.

Asimismo, los interesados se pueden acercar a Rafaela en Acción para realizar su trámite. Es importante mencionar que quienes se acerquen, lo hagan con la constancia de CBU, la tarjeta de débito y el DNI.

Finalmente, para consultar sobre este tema, la ciudadanía puede ponerse en contacto con el número telefónico 502 000.

Quienes deseen adherirse podrán abonar sus tributos atrasados mediante pago contado, débito automático o en cuotas y con diferentes beneficios. Además, el trámite se puede realizar en Rafaela en Acción.

Hasta el 28 de octubre, inclusive, rige la Moratoria 2022 para tributos municipales. La misma incluye Tasa General de Inmuebles, convenios de pago, rentas varias, Derecho de Registro e Inspección, Derecho de Cementerio, contribución por mejoras y multas de los juzgados números 1, 2 y 3 que presenten atrasos o falta de pago hasta el 31 de diciembre del año 2021, inclusive.

Beneficios

En ese sentido, el Estado local ha establecido que las deudas generadas entre abril del 2020 y diciembre del 2021 (período influenciado por la pandemia) tendrán una quita del 100% de los intereses.

En el caso de las deudas generadas desde marzo del 2020 hacia atrás, la quita de intereses fue establecida en el 80%.

LEE: Se presentó el proyecto de Presupuesto 2023

Vale aclarar que los beneficios antes detallados se aplicarán solo para la modalidad "pago contado efectivo" o "débito automático". En esta última, se podrá abonar hasta en tres cuotas. La primera, en la caja recaudadora ubicada en el subsuelo del edificio municipal.

Por otro lado, quienes deseen acogerse a la moratoria pagando la totalidad en cuotas, los planes contemplan el abono en 12, 24 o 36 cuotas con intereses sobre saldo. Entonces, en 12 cuotas, el interés aplicado alcanza el 1,5%; en 24, el 2% y en 36, el 2,5%.[Ingrese autor (opcional)]

En esta modalidad (pago en cuotas), todas las deudas generadas hasta diciembre del 2021, inclusive, tendrán un descuento de intereses del 50% y, a quienes adhieran al débito automático, se les aplicará un descuento de intereses del 60%.

Multas

Es válido resaltar que en los casos de multas por infracciones de tránsito, se mantendrá el descuento del 50% de intereses por pago contado efectivo o 3 cuotas con un 20% de descuento.

Es importante aclarar que este beneficio excluye a multas por cruce de semáforo en rojo, resultado de alcoholemia positiva, infracciones generadas durante la emergencia sanitaria y convenios celebrados en moratorias anteriores.

¿Cómo hacer el trámite?

Para acogerse a la moratoria municipal se debe obtener un turno en el siguiente link: https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/237.

Quienes deseen adherir al débito automático tendrán que presentar constancia de CBU y el DNI.

Asimismo, los interesados se pueden acercar a Rafaela en Acción para realizar su trámite. El mismo se encontrará en Plaza Eva Perón (Las Heras y Gaboto) hasta el 14 de octubre. El dispositivo atiende de 8:00 a 15:00. Es importante mencionar que quienes se acerquen, lo hagan con la constancia de CBU, la tarjeta de débito y el DNI.

Finalmente, para consultar sobre este tema, la ciudadanía puede ponerse en contacto con el número telefónico 502 000.ResponderReenviar

Quienes deseen adherirse podrán abonar sus tributos atrasados mediante pago contado, débito automático o en cuotas y con diferentes beneficios. Además, el trámite se puede realizar en Rafaela en Acción.

Hasta el 28 de septiembre inclusive, rige la Moratoria 2022 para tributos municipales. La misma incluye Tasa General de Inmuebles, convenios de pago, rentas varias, Derecho de Registro e Inspección, Derecho de Cementerio, contribución por mejoras y multas de los juzgados números 1, 2 y 3 que presenten atrasos o falta de pago hasta el 31 de diciembre del año 2021 inclusive.

Beneficios

En ese sentido, el Estado local ha establecido que las deudas generadas entre abril del 2020 y diciembre del 2021 (período influenciado por la pandemia) tendrán una quita del 100% de los intereses.

En el caso de las deudas generadas desde marzo del 2020 hacia atrás, la quita de intereses fue establecida en el 80%.

Vale aclarar que los beneficios antes detallados se aplicarán solo para la modalidad "pago contado efectivo" o "débito automático". En esta última, se podrá abonar hasta en tres cuotas. La primera, en la caja recaudadora ubicada en el subsuelo del edificio municipal.

Por otro lado, quienes deseen acogerse a la moratoria pagando la totalidad en cuotas, los planes contemplan el abono en 12, 24 o 36 cuotas con intereses sobre saldo. Entonces, en 12 cuotas, el interés aplicado alcanza el 1,5%; en 24, el 2% y en 36, el 2,5%.

En esta modalidad (pago en cuotas), todas las deudas generadas hasta diciembre del 2021, inclusive, tendrán un descuento de intereses del 50% y, a quienes adhieran al débito automático, se les aplicará un descuento de intereses del 60%.

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Multas

Es válido resaltar que en los casos de multas por infracciones de tránsito, se mantendrá el descuento del 50% de intereses por pago contado efectivo o 3 cuotas con un 20% de descuento.

Es importante aclarar que este beneficio excluye a multas por cruce de semáforo en rojo, resultado de alcoholemia positiva, infracciones generadas durante la emergencia sanitaria y convenios celebrados en moratorias anteriores.

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¿Cómo hacer el trámite?

Para acogerse a la moratoria municipal se debe obtener un turno en el siguiente link: https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/237.

Quienes deseen adherir al débito automático tendrán que presentar constancia de CBU y el DNI.

Asimismo, los interesados se pueden acercar a Rafaela en Acción para realizar su trámite. El mismo se encontrará en Plaza Italia (Jaime Ferré y Destéfani) hasta el 30 de septiembre. El dispositivo atiende de 8:00 a 15:00. Es importante mencionar que quienes se acerquen, lo hagan con la constancia de CBU, la tarjeta de débito y el DNI.

Finalmente, para consultar sobre este tema, la ciudadanía puede ponerse en contacto con el número telefónico 502 000.

Quienes deseen adherirse podrán abonar sus tributos atrasados mediante pago contado, débito automático o en cuotas y con diferentes beneficios. Además, el trámite se puede realizar en Rafaela en Acción.

Hasta el 28 de septiembre, inclusive, rige la "Moratoria 2022" para tributos municipales. La misma incluye Tasa General de Inmuebles, convenios de pago, rentas varias, Derecho de Registro e Inspección, Derecho de Cementerio, contribución por mejoras y multas de los juzgados números 1, 2 y 3 que presenten atrasos o falta de pago hasta el 31 de diciembre del año 2021, inclusive.

Beneficios

En ese sentido, el Estado local ha establecido que las deudas generadas entre abril del 2020 y diciembre del 2021 (período influenciado por la pandemia) tendrán una quita del 100% de los intereses.

En el caso de las deudas generadas desde marzo del 2020 hacia atrás, la quita de intereses fue establecida en el 80%.

Vale aclarar que los beneficios antes detallados se aplicarán solo para la modalidad "pago contado efectivo" o "débito automático". En esta última, se podrá abonar hasta en tres cuotas. La primera, en la caja recaudadora ubicada en el subsuelo del edificio municipal.

Por otro lado, quienes deseen acogerse a la moratoria pagando la totalidad en cuotas, los planes contemplan el abono en 12, 24 o 36 cuotas con intereses sobre saldo. Entonces, en 12 cuotas, el interés aplicado alcanza el 1,5%; en 24, el 2% y en 36, el 2,5%.

En esta modalidad (pago en cuotas), todas las deudas generadas hasta diciembre del 2021, inclusive, tendrán un descuento de intereses del 50% y, a quienes adhieran al débito automático, se les aplicará un descuento de intereses del 60%.

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Multas

Es válido resaltar que en los casos de multas por infracciones de tránsito, se mantendrá el descuento del 50% de intereses por pago contado efectivo o 3 cuotas con un 20% de descuento.

Es importante aclarar que este beneficio excluye a multas por cruce de semáforo en rojo, resultado de alcoholemia positiva, infracciones generadas durante la emergencia sanitaria y convenios celebrados en moratorias anteriores.

¿Cómo hacer el trámite?

Para acogerse a la moratoria municipal se debe obtener un turno en el siguiente link: https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/237.

Quienes deseen adherir al débito automático tendrán que presentar constancia de CBU y el DNI.

Asimismo, los interesados se pueden acercar a Rafaela en Acción para realizar su trámite. El mismo se encontrará en Plaza Italia (Jaime Ferré y Destéfani) hasta el 30 de septiembre. El dispositivo atiende de 8:00 a 15:00. Es importante mencionar que quienes se acerquen, lo hagan con la constancia de CBU, la tarjeta de débito y el DNI.

Finalmente, para consultar sobre este tema, la ciudadanía puede ponerse en contacto con el número telefónico 502 000