El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles un encuentro interministerial en el Centro Cultural ATE Casa España de la ciudad capital, donde reunió a funcionarios, legisladores y trabajadores de distintas áreas para exponer los avances de gestión bajo la consigna “decisiones que le cambian la vida a la gente”.

Durante su discurso, el mandatario defendió el rumbo de su gobierno y sostuvo que “desde que asumimos sabíamos que no eran momentos sencillos, pero estábamos convencidos de que veníamos a cambiar la realidad de la provincia”. En ese sentido, remarcó el contexto nacional adverso y aseguró que Santa Fe logró sostener un modelo propio.

Pullaro contrastó su gestión con las políticas de ajuste y destacó que en la provincia se avanzó con transformaciones sin recortes drásticos.

“No lo hicimos con la motosierra, lo hicimos con sensibilidad social, invirtiendo en infraestructura, educación, seguridad y producción”, afirmó. Además, remarcó que el Estado estuvo presente en áreas clave: “A ningún santafesino le faltaron alimentos ni medicamentos”.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la seguridad, donde el gobernador puso en valor los resultados obtenidos en el último tiempo.

“Estábamos golpeados por la violencia y hoy podemos ver cambios concretos”, expresó, y ejemplificó con un evento reciente en Rosario donde 300.000 personas asistieron sin registrarse robos. En la misma línea, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad informaron una reducción del 65% en homicidios en lo que va del año.

En materia educativa, Pullaro destacó el incremento en la cantidad de días de clases y los avances en programas de alfabetización.

“En 2023 hubo 150 días de clases, el año pasado llegamos a 185 y este año serán 187”, señaló. Además, el ministro de Educación, José Goity, expuso los resultados del Plan Raíz, con mejoras en la fluidez lectora de los estudiantes.

El gobernador también hizo hincapié en la inversión en infraestructura productiva, especialmente en obras estratégicas como los gasoductos.

“Dijimos que íbamos a fortalecer el sistema productivo y lo estamos haciendo con obras que durante años no se concretaron”, sostuvo. Asimismo, defendió el rol de las empresas públicas como EPE y ASSA, destacando la necesidad de hacerlas eficientes sin resignar su carácter estatal.

Otro de los puntos destacados fue la situación de la Caja de Jubilaciones provincial, que según Pullaro logró estabilizarse.

“Hoy una jubilación intermedia en Santa Fe ronda los $1.800.000, frente a los $600.000 a nivel nacional”, afirmó. Además, subrayó que se logró reducir el déficit del sistema previsional.

En el cierre de su intervención, el gobernador convocó a los presentes a respaldar el rumbo de gobierno y a comunicar los logros alcanzados.

“Salgamos con orgullo a defender las transformaciones que llevamos adelante, con la frente alta y con la convicción de que este es el camino”, expresó. Finalmente, sostuvo que Santa Fe puede mostrar “un modelo virtuoso, eficiente y con sensibilidad social, sin abandonar a nadie”.

Las transferencias automáticas a provincias y CABA cerraron el año con una suba real interanual del 2,6% en diciembre. Sin embargo, para Santa Fe la suba apenas promedió el 0,3%, según el detalle que surge del análisis de los datos diarios de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales.

En el mes de diciembre de 2025, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5.709.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una suba real del 2,6%.

La coparticipación, es decir, las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habría sido prácticamente igual en términos reales a la de diciembre de 2024, según un nuevo reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

Considerando la evolución individual de los envíos totales a las jurisdicciones, se observa que en algunos casos la variación real fue positiva y en otros negativa, con una amplitud de 10,4 puntos porcentuales, entre Santa Cruz (-1,6%) que fue la jurisdicción con mayor caída y Salta (+8,8%), la de mayor suba.

El principal factor explicativo de este comportamiento diferencial se debe a que las compensaciones por el Consenso Fiscal tuvieron un fuerte incremento en diciembre para 12 de las 24 jurisdicciones.

Las jurisdicciones con mayor suba en el mes fueron Salta, Misiones, Mendoza, Neuquén y Corrientes. Mientras que las de mayor baja fueron Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y San Luis.

Resulta importante destacar -señala el informe- que, a diferencia de los meses anteriores (en noviembre fue de 3,8 p.p.), en diciembre la amplitud en la variación % real interanual entre jurisdicciones fue mayor, debido a un cambio significativo en las transferencias por compensación por Consenso Fiscal a 12 provincias.

Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan y Tucumán "recibieron un fuerte incremento en los envíos por esta vía, generando un comportamiento diferencial respecto al resto de jurisdicciones.

El grupo de provincias que recibió más compensaciones en diciembre tuvo un incremento del 175% respecto al envío mensual promedio entre enero y noviembre de 2025, mientras que el otro grupo tuvo un incremento de solo el 14%”.

A pesar de las propuestas nacionales -magras- para la firma de un acuerdo, la administración de Maximiliano Pullaro no ha firmado un entendimiento de “compensación de deudas” pretendido por el gobierno central.

Pullaro reclama una deuda histórica acumulada por parte del Estado nacional, estimada en más de mil millones de dólares por la compensación por compensaciones impagas a la provincia, por no haber transferido la caja de jubilaciones al sistema nacional, además de saldos no pagados del Consenso Fiscal de 2017.

El mandatario santafesino le confirmó días atrás a El Litoral que -además del stock adeudado que se reclama en la Corte- la Nación debería remitir más de $20 mil millones por mes por la caja. Y condicionó cualquier consenso a la resolución de estos reclamos, incluso planteando compensaciones alternativas como transferencia de inmuebles nacionales en Santa Fe.

Las transferencias automáticas a provincias y CABA terminan el año 2025 con una suba real interanual del 1,6% según Iaraf; en este caso Santa Fe apenas alcanzó un suba del 0,01%. En el acumulado a diciembre del año 2025, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $60.248.000 millones.

De este modo, exhibieron una variación nominal del 43%, que se traduciría en una suba real del 1,6% al descontar la inflación del período. Al analizar el desempeño entre jurisdicciones, se observa que Salta, Buenos Aires, Misiones, Tucumán, Neuquén y Corrientes tuvieron un incremento real interanual superior al promedio de las 24 jurisdicciones.

El principal elemento que impulsó este diferencial respecto a las demás jurisdicciones se debe al significativo incremento real interanual de los envíos por compensaciones del 80% y a la elevada participación de estas provincias en dichos envíos.

Por otro lado, entre las jurisdicciones con variaciones por debajo del promedio, las de menor desempeño fueron La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Santa Cruz.Ignacio Hintermeister 

Ignacio Hintermeister: El Litoral

El Gobierno nacional avanza con la reducción de la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), mediante el Decreto 571/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, pese al rechazo legislativo de la modificación del organismo.

La normativa dispuso la eliminación de la Dirección Nacional del INTA, transfiriendo las funciones a la Presidencia del organismo, en el marco de la transformación institucional que viene llevando a cabo la administración de Javier Milei.

La medida se da a menos de una semana del rechazo opositor en Diputados a una serie de decretos delegados emitidos por el Gobierno, entre los que estaba el 462/2025, que establecía la transformación del Instituto de organismo descentralizado a desconcentrado.

En línea con el decreto rechazado que amplió las funciones asignadas al Presidente del INTA, la nueva norma se amparó en la facultad del titular del organismo de proponer la estructura organizativa del mismo, según dispone el artículo 4° del Decreto-Ley Nº 21.680/56.

En este sentido, el actual responsable máximo del organismo, Nicolás Bronzovich, elaboró un informe en el que impulsó la supresión de la Dirección Nacional de la estructura organizativa del Instituto.

Al argumentar la decisión en el texto oficial, el Ejecutivo sostuvo que “las actuales funciones del Presidente del Instituto resultan superpuestas con las oportunamente asignadas a la Dirección Nacional en su carácter de órgano ejecutivo del Instituto”, indicando que “las razones operativas que justificaban la existencia de la mencionada Dirección Nacional han desaparecido”.

De esta manera, determinó que a partir de ahora las disposiciones de la Resolución 513/19, en las que se menciona a la Dirección Nacional del INTA “deberán entenderse referidas al Presidente del citado Instituto”.

Asimismo, aclaró que “hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas por la presente medida, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de primer nivel operativo y aperturas de nivel inferior de la Dirección Nacional suprimida por el presente acto, las que mantendrán las acciones, cargos, dotaciones y suplementos vigentes a la fecha”.

En una semana donde el CONICET se convirtió en un inesperado fenómeno de audiencias por la transmisión en vivo de su expedición en el fondo del mar, un demoledor informe del grupo "Economía, Política y Ciencia" (EPC) expuso la crítica situación presupuestaria que atraviesa todo el sistema científico y tecnológico en el marco del ajuste del gobierno de Javier Milei.

El estudio revela que el presupuesto de la Función Ciencia y Técnica (FCyT) acumulará una caída del 46,4% en términos reales en los dos años de la gestión Milei (2024 y 2025). Este recorte llevará la inversión en el sector a un mínimo histórico del 0,156% del PBI, una cifra incluso inferior a la de la crisis de 2002.

El informe detalla el impacto directo sobre el CONICET, el organismo protagonista del exitoso streaming.

El ajuste no solo se refleja en los salarios, sino también en la capacidad de los científicos para llevar adelante sus investigaciones.

La paradoja se vuelve evidente: mientras miles de argentinos se conectan para maravillarse con los descubrimientos científicos, los responsables de esa ciencia enfrentan un fuerte deterioro de sus condiciones laborales y presupuestarias, poniendo en riesgo el futuro de la investigación en el país.

La Justicia frenó hoy el decreto 462/2025 por el cual el Gobierno buscaba aplicar cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y dispuso que el Poder Ejecutivo “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo” por el plazo de 6 meses, en una decisión que ATE celebró como un apoyo a la “lucha” sindical.

Así lo estableció la jueza Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín y quien ordenó al Gobierno que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo” que derive de la aplicación del decreto 462/25 por un tiempo determinado de seis meses.

El decreto había sido impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para modificar la estructura del organismo.

La jueza dispuso “hacer lugar parcialmente a la medida cautelar de no innovar solicitada por la actora Asociación Trabajadores del Estado, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial”.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la medida de la Justicia y cargó contra el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, al calificarlos como “inútiles”.

X de Rodolfo Aguiar

“Presidente, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va poder. Sturzenegger, te digo que son bastante inútiles eh. Ni las facultades delegadas supieron utilizar. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos. ¡Luchar sirve! ¡El INTI no se toca!”, expresó desde sus redes sociales.

Actualmente, el organismo cuenta con una dotación de 2356 agentes y un presupuesto anual de más de $85.600 millones, con más de 250 reparticiones estructuradas en 6 niveles jerárquicos

Los Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) confirmaron nuevos paros de 24 horas para los días 10 y 17 de julio y, además, convocaron a una movilización para el 17 a las 16hs., desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo, que pretenden replicar en todo el país.

Por otra parte, durante la tarde de este miércoles, asistirán al Congreso para “exigir” la aprobación de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, que se debatirá en la Cámara de Diputados, para “reclamar que se garantice quórum y se vote el proyecto” en busca de “una solución de fondo frente al vaciamiento” del Garrahan.

En declaraciones a Noticias Argentinas, la secretaria general Norma Lezana (APyT) remarcó que la crisis que atraviesa la institución “es dramática” y confirmó que ya son 224 profesionales “altamente capacitados”, junto a más de 20 residentes, que ya renunciaron “por los bajos salarios” que deberían comenzar en 1.800.000 pesos, según la canasta básica.

“El Gobierno Nacional, encabezado por (Javier) Milei y (Mario) Lugones, insiste, junto al Consejo de Administración, en dilatar el conflicto, no hacer ninguna propuesta de aumento salarial y apostar al desgaste y al cansancio. Sin embargo, el resultado es el contrario: el equipo de salud está cada vez más cohesionado y el apoyo social no deja de amplificarse", indicó Lezana.

En la misma línea, reafirmó que el Hospital necesita “que la ley se apruebe ya” y que notan que “los tiempos parlamentarios no están en sintonía con la urgencia que se necesita”: “Al Garrahan lo defiende todo el país y las y los diputados deben hacerse eco del apoyo popular", añadió.

Por otra parte, y en declaraciones a Radio Splendid AM 990, la jefa clínica del Laboratorio de Hematología y Hemostasia del Hospital, Carolina Goedelmann, señaló que “es un desastre” el desfinanciamiento que la institución está padeciendo en sus distintos sectores y agregó que, si bien no hay falta de medicamentos e insumos, “sí hay retrasos” en la llegada de los mismos.

“Milei dijo que iba a romper el Estado desde adentro…algunos le creímos y otros parece que no. En el Garrahan, los chicos se están atendiendo, pero en estos últimos días hubo 14 nuevas renuncias de profesionales”, sostuvo.

“Convocamos a una gran acción unitaria, en defensa del Garrahan, de todos los sectores que levantan causas violentadas por este Gobierno cruel: universidades, CONICET, Hospital de Clínicas, el colectivo de la discapacidad, jubilados, sindicatos, colectivos culturales y trabajadores autoconvocados. Vamos a recorrer facultades, colegios, sindicatos y organizaciones para sumar al conjunto de la sociedad a esta gran acción común. Nadie se salva solo", concluyó.

El Gobierno nacional dispuso la fusión del Instituto de Prevención Sísmica (INPRES) y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y transformó el Instituto Nacional del Agua (INA) en una unidad organizativa, mediante el Decreto 396/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La reestructuración de los organismos se da como una profundización del achique en el Estado, tras evaluar que en la administración nacional existe un elevado número de unidades organizativas con una “estructura excesivamente onerosa” para el Ejecutivo y detectar un notorio aumento del personal en los últimos años.

El diagnóstico surge de un informe realizado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en el que se revela que “los organismos descentralizados registraban en el año 2010 una dotación de 35.481 agentes, cifra que ascendió a 88.095 agentes para el año 2024, lo que evidencia un incremento sustancial en su dotación de personal”.

Ante este escenario, el Gobierno consideró necesario avanzar con la fusión del INPRES, un organismo desconcentrado de la Secretaría de Obras Públicas, y el SEGEMAR, el organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Minería, ambos bajo la órbita del Ministerio de Economía.

La medida se dispuso “con el objetivo de generar una mayor eficiencia administrativa y funcional entre estos organismos con finalidades técnicas convergentes”, considerando que “ambos organismos compartían campos de actuación vinculados a la geociencia, el estudio del subsuelo, los riesgos geológicos, el desarrollo de información técnica para la gestión territorial, la prevención de desastres naturales y la formulación de estándares regulatorios”.

Desde el Ejecutivo sostienen que “la fusión permitirá centralizar capacidades técnicas, aprovechar infraestructura existente y potenciar el desarrollo de conocimiento aplicado a los riesgos naturales, cumpliendo con el objetivo primordial del Gobierno Nacional de disminuir el sobredimensionamiento de la estructura estatal, mejorar su funcionamiento y reducir el gasto público”.

Al mismo tiempo, argumentaron que “esta integración permitirá reforzar la producción y difusión de información geológica, tecnológica, minera y sísmica desde un único organismo especializado, con mayor eficiencia operativa”.

En cuanto a la transformación del INA en una unidad organizativa a incorporarse a la estructura de la Secretaría de Obras Públicas, explicaron que “así se promoverá la simplificación organizativa, una mayor eficiencia organizacional y un uso racional de los fondos públicos”.

En este sentido, la normativa destacó que “esto permitirá fortalecer la coordinación de las políticas públicas en materia de infraestructura hídrica, alineando sus funciones con los objetivos estratégicos del Ministerio de Economía y facilitando su articulación directa con las áreas ejecutoras de obras y programas del Estado Nacional vinculados con la materia”.

Además, remarcó que “esta medida permitirá simplificar la estructura administrativa y suprimir unidades que cumplen funciones de apoyo, las que serán cumplimentadas por las áreas con competencia en la materia del Ministerio de Economía, promoviendo una mayor eficiencia organizacional y un uso racional de los fondos públicos, sin que ello afecte la continuidad de las funciones técnicas esenciales del organismo”.

Con estas medidas, desde la administración de Javier Milei resaltaron que “el Gobierno reafirma su compromiso para tener una gestión pública más ágil, eficiente, transparente y orientada a los resultados y el bien común, garantizando el uso racional de los recursos públicos y fortaleciendo el control sobre las finanzas públicas”.

Los exdirectores ejecutivos del Instituto Nacional del Teatro (INT), Rubens Correa, Raúl Brambilla, Guillermo Parodi, Marcelo Allasino yGustavo Uano,  manifestaron su “más enérgico repudio” a la decisión del Gobierno Nacional de degradar y centralizar el organismo, creado por ley para fomentar y acompañar el desarrollo del teatro independiente en todo el país.

A través de un comunicado conjunto, los exfuncionarios advirtieron que la medida implica un “grave ataque a la cultura nacional” y pone en riesgo no solo la institucionalidad del INT, sino también miles de fuentes de trabajo y la vitalidad de una de las expresiones más representativas del arte argentino.

Desde su creación, el INT se constituyó como una política pública ejemplar en el ámbito de las artes escénicas. Su carácter descentralizado, federal y colegiado permitió que miles de proyectos, festivales, espacios y comunidades teatrales florecieran en todas las provincias, consolidando una red cultural de alcance nacional.

“La modificación de su estructura atenta directamente contra la Ley 24.800 y contra el espíritu democrático y colectivo que dio origen al Instituto, tras décadas de debate y consensos federales”, expresaron los firmantes.

Según el pronunciamiento, la reestructuración del INT no solo implicaría la desfinanciación del sector, sino también la paralización de sus actividades y una “enorme pérdida de fuentes de trabajo en todo el país”.

Para los exdirectores, esta medida representa un retroceso profundo que afecta la inclusión, la diversidad y el acceso a la cultura, valores que el teatro independiente ha defendido históricamente.

Finalmente, los exfuncionarios expresaron su solidaridad con las comunidades teatrales de todo el país, que se han movilizado en defensa del Instituto. “Nos unimos al reclamo para que no se condene a la desaparición a una institución que representa una de las políticas culturales más valiosas y democráticas de la República Argentina”, concluye el documento.

Institutos históricos serán fusionados, otros disueltos, y museos y organismos como el INT o la Conabip verán recortes y cambios de estatus. La Secretaría de Cultura, bajo el ala de Karina Milei, concentra poder y da forma a una nueva estrategia ideológica.

Una nueva ofensiva del gobierno nacional sacudió al sector cultural con la decisión de fusionar, disolver y centralizar organismos históricos, artísticos y patrimoniales. La medida fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y tiene como objetivo "maximizar la eficiencia" y reducir estructuras consideradas "sobredimensionadas".

La Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli y bajo la órbita directa de Karina Milei, concentrará el control de los organismos afectados.

Uno de los cambios más significativos es la pérdida de autonomía del Museo Nacional de Bellas Artes, que será centralizado y pasará a depender de la Subsecretaría de Patrimonio, dirigida por Liliana Barela.

También serán reorganizados:

Cinco institutos nacionales dedicados al estudio de figuras históricas serán fusionados en un nuevo organismo unificado. 

Se trata de los institutos:

Las funciones de estos institutos  se concentrarán en el nuevo Instituto Nacional de Investigaciones Históricas.Según el gobierno, esta medida busca jerarquizar el estudio de próceres y ampliar el foco a otras figuras del pasado argentino. No se descarta que se incluya a expresidentes recientes como Carlos Menem.

La decisión más polémica es la disolución del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, que desde la reestructuración del Estado dependía del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.Aunque no pertenecía a la Secretaría de Cultura, su eliminación es interpretada como un fuerte mensaje ideológico en el marco de la “batalla cultural” que el gobierno lleva adelante.

El Instituto Nacional del Teatro (INT) dejará de ser un organismo descentralizado y se convertirá en una Dirección Nacional bajo la órbita directa de Leonardo Cifelli.El cambio implica la eliminación del Consejo Directivo y de los 24 delegados provinciales, lo que, según el gobierno, generará un ahorro de más de 150 millones de pesos anuales.El nuevo director será Federico Brunetti, mientras que el actual titular del INT, Mariano Stolkiner, pasará a integrar el gabinete del secretario de Cultura.

La Conabip mantendrá su mecanismo de financiamiento y el fondo especial creado por ley seguirá vigente. El gobierno aseguró que el federalismo no será afectado. 

En tanto, el Instituto Nacional de Estudios Eva Perón, cuya colección pertenece a la familia, pasará a tener una estructura formal de Museo Nacional, al igual que el Instituto Sanmartiniano.

Aunque se conservarán las partidas presupuestarias para las funciones específicas, la reestructuración pone en duda la continuidad de numerosos cargos. La reducción de estructuras y la eliminación de consejos pagos deja al personal bajo la amenaza de recortes, en especial en áreas administrativas.

La reestructuración dispuesta por Sturzenegger es una pieza clave en el engranaje de la "batalla cultural" que Karina Milei lidera desde la Secretaría General de la Presidencia.Con una narrativa centrada en la eficiencia y el achicamiento del Estado, el gobierno busca también redefinir el rol de la cultura en la identidad nacional. Mientras tanto, crecen las voces críticas que alertan sobre la pérdida de autonomía institucional, la concentración de poder y los posibles despidos.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció hoy el cierre de 13 programas “ideológicos” que habían sido promovidos por el extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades durante el Gobierno de Alberto Fernández.

“Eliminamos 13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo, financiados por todos los argentinos, entre los que se encontraba el insólito ‘MenstruAR’”, indicó el jefe de la cartera judicial.  

Según Cúneo Libarona, "eliminar estos despilfarros absurdos le ahorrarán más de $6.000 millones de pesos por año a los argentinos de bien”. 

"Ninguno de los 13 programas, creados entre 2020 y 2023, contaba con evidencia contrastable de impacto real, criterios de evaluación o control de resultados”, agregó.

A través del Programa MenstruAR se entregaban copas menstruales a municipios de todo el país para garantizar el acceso igualitario de las personas menstruantes a insumos de gestión menstrual. 

Además, se promovía el cuidado del ambiental a través de la utilización de productos sustentables como toallitas reutilizables, copas menstruales, entre otras.

“El cierre de estos programas ideológicos se encuadra en el compromiso que asumimos junto al Presidente Javier Milei de achicar el Estado, reducir el gasto público y dar más libertad a los argentinos”, celebró Cúneo Libarona.

•⁠ ⁠Programa nacional menstruar•⁠ ⁠Registro nacional de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad a nivel comunitario•⁠ ⁠Programa nacional articular para el fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad•⁠ ⁠Programa nacional generar•⁠ ⁠Programa de fortalecimiento para dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género•⁠ ⁠Programa nacional para la igualdad de géneros en el trabajo, el empleo y la producción igualar•⁠ ⁠Programa producir•⁠ ⁠Programa nacional para el fortalecimiento de la perspectiva de género e igualdad en la diversidad en el desarrollo rural ‘sembrar igualdad’•⁠ ⁠Programa para el apoyo urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género•⁠ ⁠Programa de fortalecimiento del acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero•⁠ ⁠Programa escuelas populares de formación en género y diversidad ‘macachas y remedios’•⁠ ⁠Programa de capacitación en perspectiva de género y diversidad para el sector privado ‘formar igualdad’•⁠ ⁠Programa para el fortalecimiento de la participación social y ciudadana en materia de género y diversidad

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El ministro de Economía, Luis Caputo, pegó hoy el faltazo al tradicional almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), aparentemente molesto porque los empresarios le anticiparon que iban a pedir más bajas de impuestos, en especial las retenciones.

El discurso lo pronunció el vicepresidente de la Sociedad Rural y titular del Cicyp, Marcos Pereda.

Caputo le pidió al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que lo reemplace ante los empresarios. Y el “coloso” -como le dice el presidente Javier Milei-, no anduvo con vueltas y la respondió a los empresarios que en lugar de pedir más rebajas de impuestos acompañen al Gobierno en los recortes de gastos.

Lo que disgustó a Caputo fue que Pereda advirtió que “una parte significativa del superávit fiscal actual proviene de ingresos transitorios y distorsivos, como los derechos de exportación, en especial del sector agropecuario". 

Dijo que "para consolidar este proceso, debemos avanzar hacia una estructura tributaria racional, equitativa y sustentable, que no desaliente la inversión, que no castigue la competitividad, ni frene el desarrollo. El agro puede producir hasta un 40% más, pero necesita una señal clara, una hoja de ruta concreta hacia la eliminación definitiva de las retenciones. Un mensaje previsible y sostenido que le permita planificar, invertir y desplegar todo su potencial”.

La posición de Pereda dejó también expuestas las diferencias con el titular de la SRA, Nicolas Pino, quien el año próximo termina su mandato y no tiene reeleccion

Sturzenegger respondió: “Todos los impuestos son distorsivos. Marcos, hablás de retenciones, pero si pregunto aquí qué impuestos hay que bajar seguramente habrá distintas propuestas. Se hablará del impuesto al cheque, por ejemplo. Lo relevante no es la baja de impuestos sino la baja del gasto y lo verdaderamente relevante es la motosierra". 

"Están reclamando mal la baja de impuestos, primero hay que bajar el gasto. Los necesitamos como socios en la motosierra”, disparó el ministro.

Sturzenegger recordó que el Gobierno logró una mejora de la recaudación equivalente al 3% del PBI y que no la utilizará para incrementar el gasto.

“Duerman sin frazada lo vamos a hacer”, ironizó Sturzenegger sobre la rebaja de retenciones, pero recordó también que el “campo no es mano de obra intensiva”.

El funcionario destacó los resultados en términos de superávit, baja de la inflación, desregulación en numerosos aspectos y se centró en la defensa de los derechos de propiedad.

“Alguien imagina que Alejandro Bulgheroni (dueño de PAE) puede invertir si no están garantizados”, dijo Sturzenegger, mientras el empresario le sonreía.

Tras al almuerzo, por momentos tenso, Pereda anunció que se despedía de su rol de presidente del Cicyp para dar paso a Mario Grinman, titular de la Cámara de Comercio, una sucesión que ya estaba prevista.

En la mesa principal se ubicaron Bulgheroni (PanAmerican Energy), Bettina Bulgheroni (Miembro del board CICyP), Eduardo Eurnekian (Corporación América), Rapallini, Daniel Funes de Rioja, Alfredo Gusman (tesorero del CICyP), Grinman, Martín Cabrales (Cabrales) Juan Nápoli (Banco de Valores), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Nicolás Pino (Rural) y Patricio y Juan Neuss (Neuss).

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En medio del ajuste fiscal que impulsa el presidente Javier Milei, la Secretaría de Comunicación y Medios, a cargo de su vocero Manuel Adorni, aumentó su estructura en un 25% desde noviembre pasado. 

Según el informe de gestión que presentó Guillermo Francos, jefe de Gabinete, la dependencia suma hoy 249 empleados y maneja más de $30.000 millones.

La cifra incluye los fondos originales asignados mediante la Decisión Administrativa 3/2025 —$25.412 millones— y los créditos remanentes de la ex Secretaría de Prensa, ahora absorbida por el área que comanda Adorni.

El crecimiento de la secretaría contrasta con el símbolo que el propio Adorni eligió para lanzar su precandidatura a jefe de Gobierno porteño: una motosierra. 

La periodista Mariel Fitz Patrick fue quien lo expuso en A24 bajo el irónico título "Sin motosierra en Comunicación y Medios", aludiendo al emblema de recorte del Gobierno.

El informe revela que entre noviembre de 2024 y marzo de este año se incorporaron 40 nuevos trabajadores. Incluso se identifican contrataciones de figuras vinculadas a redes sociales y defensa digital del oficialismo, como Juan Doe, conocido por administrar cuentas afines al gobierno.

La expansión administrativa generó cuestionamientos tanto dentro del oficialismo como desde la oposición, en un contexto donde se promueven despidos masivos, privatizaciones y cierres de organismos públicos. El contraste entre lo que se predica y lo que se practica vuelve a poner el foco sobre la transparencia y coherencia de la gestión.

En paralelo al ajuste que afecta a la mayoría de las dependencias estatales, la Secretaría de Comunicación no sólo crece en recursos humanos, sino también en presupuesto y proyección política. Mientras se recortan beneficios sociales, se frenan obras públicas y se cierran instituciones culturales, el área de comunicación oficial parece blindada a la motosierra libertaria.

En la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que se encarga de fiscalizar y registrar sociedades y autorizar el funcionamiento de sociedades civiles, los trabajadores viven días de incertidumbre y de promesas que comprometen su futuro laboral y el sustento de sus familias.

Una encargada de área que se desempeñó hasta el 1 de febrero explicó que “...trabajar en el ministerio de Justicia de la Nación es un continuo estrés y por eso busqué un puesto en el sector privado, por debajo de mis capacidades técnicas, para ganar en salud. A mis compañeras de aún están en planta transitoria, les enviaron una comunicación, los primeros días de marzo, para que renuncien a su contrato por mail y, luego, les prometen verbalmente que los volverán a contratar bajo el artículo 9º. O sea, hay unos días que median entre la renuncia voluntaria a la planta transitoria y, la promesa de un contrato como para que no te mueras de hambre, en la que los estatales quedan desamparados y sin saber a ciencia cierta qué pasará con ellos el mes que viene. Una tortura diaria.”

El artículo 9º de la Ley Marco de Empleo Público Nacional establece que el personal contratado no puede superar el porcentaje que se establezca en el convenio colectivo de trabajo y regula al personal transitorio.

Ahora bien, frente a tanta incertidumbre, desconfianza y malos tratos en las dependencias oficiales, los que no optaron por renunciar o jubilarse anticipadamente, concurrieron al gremio de referencia, UPCN, de Andrés Rodríguez, donde se encontraron con respuestas más insólitas que las de los funcionarios nacionales.

Según explicó un trabajador que hace más de 10 años está en la IGJ, “..en el sindicato te dicen, es lo que los estatales votaron, ¿viste? Como que nosotros podemos acompañar un poco, pero hasta ahí... Porque decían que iban al ministerio a hablar con las autoridades y que no les abrían la puerta. Entonces, estaban como que no tenían información y que podían hacer alguna movilización, pero no mucho más. Y, siempre con la revancha de decir, el 60% de los estatales lo votó, así que tampoco se iban a mover demasiado, ¿viste? Y los de ATE estaban como convocando a asambleas con un poco más de ruido, pero, es eso. Mucho ruido y pocas nueces porque por detrás negocian y dicen estamos arreglando de que no echen a nadie”.

Porque, en definitiva, muchos contratos fueron dados de baja y muchos trabajadores capacitados prefirieron retirarse con dinero en mano antes de comenzar a perder ingresos por incentivos que el gobierno va retirando como sucedió en ARCA.

En la ex AFIP, donde el sindicalista Julio Estévez (h), denunció esta situación que pone en riesgo el normal funcionamiento de las áreas del organismo recaudador.

Estévez señaló que “...hay áreas que están vaciando y algunas de índole social muy sensibles como la subsecretaría de Políticas Familiares (SENAF) donde fueron despedidos o pasados a disponibilidad cerca de 2.000 trabajadores. En ARCA, muchos trabajadores y profesionales calificados para sostener la recaudación impositiva y los superávits de los que tanto se vanagloria el ministro Caputo, optaron por el retiro voluntario dejando oficinas que son muy complicadas de reemplazar", explicó el secretario general del gremio de la Unión de Personal Superior del organismo recaudador.

Recientemente, un informe económico realizado por técnicos del Centro de Economía Política (CEPA), de referencia para sectores de la oposición peronista, contabilizó las bajas en el Estado y concluyó que entre noviembre de 2023 y enero de 2025 hubo una reducción de 43.778 puestos de trabajo estatales.

En el INTA, el usuario de la motosierra debe pedir permiso porque en el organismo público que se dedica a la investigación rural, el consejo directivo que puede ordenar un ajuste mayor al realizado unos meses atrás, está conformado por cuatro representantes de las entidades rurales que conforman la Mesa de Enlace, un representante de los grupos CREA y dos integrantes de las universidades nacionales de agronomía y veterinaria.

Junto a los representantes del ministerio de Economía, se trata de una junta de diez personas y muchas de ellas no están de acuerdo con recortar funciones y despedir profesionales.

En las últimas horas, el propio ministro Luis Caputo, se involucró en la negociación con Nicolás Pino de la SRA, y el resto de los integrantes de la Mesa de Enlace para acelerar los tiempos del ajuste en el INTA. Un organismo que tiene en nómina a 6.123 trabajadores, cerca de un milar está contratado de manera precaria, y la idea de los funcionarios de Milei es la de reducir el personal en un 35%.

Otro de los lugares que está sufriendo un fuerte recorte en su plantilla laboral está relacionado con una deuda histórica de la Nación con la sociedad.

El Estado argentino viene cumpliendo a medias un fallo de la Corte Suprema de Justicia para sanear la cuenca del Riachuelo Matanza. Una deuda con la sociedad que se extiende desde hace décadas.

A pesar de la orden judicial suprema, el gobierno, a través del funcionario Lucas Figueras, envió varios telegramas, durante la medianoche del viernes 28 de febrero previo al fin de semana largo, para despedir a más de 400 trabajadores.

Sumados a los más de 100 despedidos del 2024, el organismo se encuentra frente a un achique del 50% de su planta.

Parece bastante difícil que se limpie el Riachuelo durante esta gestión.

Fuente: NA

El Gobierno dispuso el cierre definitivo del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA).

A los cierres de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) y La Casa de la Moneda, ahora se suma la disolución de otro ente nacional.

Es que el Gobierno del presidente Javier Milei dispuso el cierre definitivo del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA). Una empresa estatal que tenía como objetivo planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país. También debía controlar la calidad del agua potable y del servicio de saneamiento.

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Una de las razones que motivaron la disolución es que, según el Gobierno, el ente elude el control de gastos que existe en la administración nacional.

De todos modos, a diferencia de lo que ocurrió con la empresa ferroviaria, el cierra de ENOHSA no implica la pérdida de puestos de trabajo, al menos hasta el momentos. En un principio, el Gobierno ha decidido reubicar a los empleados en otros entes o empresas públicas.

Gerentes, subgerentes y directores rechazaron los despidos, mediante una carta presentada a las autoridades. Además, indicaron que el sistema de retiro voluntario “destruirá las capacidades institucionales generadas durante años”.

Personal jerárquico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentó una carta de forma presencial al presidente del organismo Daniel Afione y a su vicepresidente Gustavo Rodríguez, donde se afirmó que la continuidad del organismo “peligra” y se rechazó “la reducción del 30% de la planta de personal”.

Asimismo, los firmantes consideraron que “el sistema de retiro voluntario destruirá las capacidades institucionales generadas durante años” y que esas medidas “no sólo impactarán en las capacidades operativas del INTI, sino que dejarán sin asistencia al entramado productivo nacional, motor del desarrollo sustentable de nuestro país”.

En la misma línea, se manifestaron en contra del “cierre de las 25 sedes regionales distribuidas en todo el país” y “la no renovación de los 278 contratos con vencimiento en junio de 2024”.

Según declaraciones a Noticias Argentinas, trabajadores del INTI confirmaron que “no hubo ninguna respuesta” por parte de Afione o Rodríguez y que “siguen adelante con la decisión del recorte”.

“La carta fue presentada el 27 de mayo, no bien las autoridades anunciaron la decisión de cerrar las sedes regionales y unidades de extensión. Se está organizando una fuerte resistencia desde las gerencias y los mandos medios”, afirmó Giselle Santana, delegada de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en INTI.

Según lo expresado en el documento, el personal jerárquico pide que las autoridades “reconsideren” las decisiones que se pretenden poner en marcha, ya que “cada persona en el INTI es indispensable para desarrollar las líneas de trabajo y abordar nuevos desafíos tecnológicos”.

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Al finalizar, sostuvieron que “sienten un gran orgullo” por ser parte del organismo, que “no sobra nadie” y que siempre estarán “defendiendo” en Instituto.

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