Desde su sanción, la Ley de Financiamiento Universitario supone uno de los grandes conflictos para el Gobierno nacional que estudiaba, por estos días, la manera de readaptar los números para hacer frente al fallo judicial que obliga a su cumplimiento.

El oficialismo madura una nueva convocatoria a rectores y autoridades universitarias para principios de mayo con intención de alcanzar un acuerdo que deje conforme a las partes.

En varios despachos de Balcarce 50 sostiene que en febrero hubo un principio de acuerdo, que le atribuyen al asesor presidencial, Santiago Caputo, que aspiraba a recomponer los salarios docentes y no docentes en un 12,3% de lo licuado en 2025, pero que no prosperó debido a los prolongados plazos de los tiempos legislativos.

Desde el Salón Martín Fierro señalan contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y lo responsabilizan de “haber pisado” el proyecto. En el entorno del legislador descartan la posibilidad y aseguran que las prioridades las fija la Casa Rosada en función de las necesidades.

“Tenemos que acomodar los números para que funcione. No lo podemos pagar, en el mientras tanto vamos ganando tiempo para poder modificar la ley”, confesó un alfil libertario ante este medio.

A través de un recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, la administración libertaria aspira a ganar tiempo luego de que la inflación del mes de marzo que se ubicó en 3,4% complejizó los planes. “Los votos estaban”, se jactan desde una de las tribus violetas.

“Estamos viendo de intentar arreglar el stock pasado y plantear una nueva discusión en el Congreso”, confesó una voz con acceso al despacho presidencial que admitió además que una de las opciones es avanzar por decreto.

Lo cierto es que las autoridades universitarias comienzan a impacientarse y maduran una nueva movilización para los primeros días de mayo. Además, descartan la existencia de un acuerdo con el Ejectuvo y aseguran que en febrero solo “hubo un aviso”.

Entre los cuestionamientos figuran la falta de compensación para los puntos salariales perdidos en 2024, y la falta de proyección para este 2026.

Con la cuestión en el temario es que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió el pasado lunes con el ministro de Economía, Luis Caputo, el guardían de los números, y la secretaria de Legal y Ténica, María Ibarzabal Murphy, la coordinadora de la estrategia legal de la procuración. _

Los días pasan y la presión persiste. El recuerdo de la movilización universitaria de 2024, la más convocante bajo la era Milei, aún permanece en la memoria de varios funcionarios que garantizan que el problema se va a solucionar.

“La gente está cansada, no veo clima social como en aquel entonces”, vaticinó una importante fuente a esta agencia. En paralelo, las autoridades universitarias preparan una nueva convocatoría que podría concretarse de no conformar la propuesta. NA

 La CGT retomó su agenda tras los éxitos judiciales contra la ley de reforma laboral, y confirmó que su próximo paso será una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril en conmemoración del Día del Trabajador.

Además, se llevará adelante una celebración religiosa en recuerdo del Papa Francisco. La iniciativa será sin paro general.

La definición del próximo paso de la central obrera fue realizada luego de una reunión del Consejo Directivo que llevó a cabo en la sede de la calle Azopardo. Y el encargado de comunicar la medida fue Jorge Sola, el hombre fuerte del Sindicato del Seguro y uno de los triunviros de la CGT.

“El Papa tuvo vínculo con el mundo del trabajo, con la solidaridad como bandera. En esa conmemoración, vamos a hablar de la situación de los trabajadores, con endeudamiento familiar y creciente desempleo”, graficó.

También, el dirigente reclamó que las paritarias sean libres y que sea homologadas y discutidas de acuerdo a cada actividad. “El Gobierno puso un techo por debajo de la inflación promedio”, lamentó. A su lado estuvieron Octavio Arguello, otro triunviro, y Horacio Arreceygor, el líder del SATSAID y un representante gremial con buena sintonía con todas las tribus cegetistas.

Se prevé que, además de sectores críticos de la Iglesia contra la administración Javier Milei, se sumen a la jornada de protesta los movimientos sociales nucleados en la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Este conglomerado, el lunes, mostró músculo en las calles, al cortar puentes y rutas en contra de la decisión del ministerio de Capital Humano de recortar 900 mil salarios sociales complementarios. NA

Vecinos de los barrios Alberdi y Sarmiento realizaron este lunes por la noche una movilización para reclamar por la creciente inseguridad en la zona. La protesta tuvo lugar en la intersección de General Paz y avenida Brasil, donde manifestaron su hartazgo ante los robos reiterados y la ausencia de soluciones por parte de las autoridades.

Durante la concentración, se escucharon testimonios contundentes en medio de un clima de preocupación que atraviesan los barrios. “Los vecinos están muy intranquilos, quieren seguridad. Acá todos han sufrido por lo menos uno, dos o hasta tres robos, y todos saben quiénes son los responsables, pero no tenemos respuesta de la Justicia”, expresó uno de los vecinos.

Según relataron, los hechos delictivos se repiten y, aun cuando los vecinos identifican a los autores, no encuentran respuestas concretas. “Dicen que es un hurto, que no se pueden meter, que no pueden hacer nada. Entonces la pregunta es qué tiene que pasar para que realmente hagan algo”, cuestionaron.

En ese marco, un vecino recordó un episodio personal ocurrido en 2023. “Me robaron la moto, me rompieron el portón y se la llevaron. Yo la encontré por mis propios medios, la policía después quiso llevarse el crédito, para mí fue un papelón”, sostuvo.

El reclamo también apuntó contra los dirigentes políticos y las promesas de campaña. “Salieron a pedir los votos con el lema seguridad para Rafaela. ¿Y dónde está la seguridad? Si cada día nos roban más”, manifestó otro vecino, visiblemente molesto. En ese sentido, agregó: “Prometieron un cambio, pero Rafaela está cada vez peor. El único cambio es que hay cada vez más choros”.

Los testimonios incluyeron hechos recientes ocurridos a plena luz del día. “En calle Víctor Manuel, a las 11.20 de la mañana, entraron a un garaje y se llevaron una hidrolavadora. Llamamos a la GUR, a la policía, vinieron, ¿y qué pasó? Nada”, relataron.

Los vecinos coincidieron en que la situación genera miedo permanente. “Le robaron a la escuela, al comedor, a la iglesia, a comerciantes y a vecinos. Vos estás en tu casa y los ves pasar tranquilamente, se ríen de la policía y de nosotros”, señalaron.

Además, denunciaron amenazas directas. “Están amenazando a comerciantes con que, si no les dan plata, les van a entrar a robar. Ya no damos más, ¿hasta dónde vamos a llegar?”, se preguntaron.

Si bien reconocieron el trabajo de patrullaje, apuntaron a la falta de consecuencias judiciales. “Voluntad de la policía y de la GUR hay, patrullan, vienen. Pero ¿qué pasa cuando los agarran? ¿Por qué salen tan rápido?”, planteó un vecino. Y agregó: “El que tiene que dar la cara es el fiscal y el juez. El que roba tiene que ir preso. No quiero un policía en la puerta de mi casa, quiero justicia”.

Finalmente, los manifestantes describieron algunas zonas como desprotegidas. “Calle Víctor Manuel, General Paz, parte de Tucumán son tierra de nadie. No podemos resolver el tema de las drogas, pero alguien se tiene que ocupar. No dejen que escapen los canallas”, concluyeron.

La movilización cerró con el pedido explícito a concejales y funcionarios para que se acerquen al barrio y brinden respuestas concretas ante una problemática que, según los vecinos, ya resulta insostenible.

En un clima de alta tensión, remiseros de Rafaela realizaron una contundente protesta frente al edificio municipal en rechazo al nuevo proyecto de ordenanza destinado a regular la actividad de la aplicación de transporte DIDI. La manifestación se desarrolló con un corte total en la intersección de bulevar Lehmann y el inicio de calle Moreno, y derivó en momentos de violencia, fogatas y agresiones hacia trabajadores de prensa.

Encendieron fuego en la entrada del edificio municipal, hubo insultos, empujones y un clima hostil que incluyó agresiones a periodistas presentes en el lugar. Los manifestantes exigieron la presencia de funcionarios y concejales para mantener un diálogo directo, entre cánticos y gritos hacia las autoridades.

Entre los voceros de la protesta se expresó Darío Solís, titular de la remisería Stylo, quien manifestó su preocupación por la falta de definiciones. “Preocupa que todavía, pasados 140 días, no tienen una ordenanza ni en claro”, afirmó. Y recordó que la normativa sobre plataformas “tiene que ir adentro de la ordenanza 3338”, algo que —según señaló— aún no está resuelto.

Respecto a los proyectos presentados por el Concejo, Solís fue crítico: “Los proyectos que presentaron están totalmente equivocados y con falta de fundamentos, con muchos grises, con poca forma de poder implementarlo. Muy poco serio”.

Consultado sobre si pudieron obtener respuestas oficiales antes de llegar a la medida de fuerza, Solís dijo: “Con algunos concejales hablamos y con otros no. De la parte del oficialismo no ofreció ninguna respuesta, ningún acercamiento, ninguna colaboración para solucionar el problema”.

Los trabajadores aseguran sentirse desamparados y sin canales concretos de comunicación, situación que —según remarcan— los empujó a la protesta. Uno de los puntos centrales del reclamo es la desigualdad de condiciones entre el servicio de remis tradicional y la aplicación DIDI.

“Que tengan la misma reglamentación que la nuestra, los mismos condicionantes en pedidos como carnet, seguro”, exigió Solís. El referente también señaló la necesidad de una identificación clara para los vehículos de la aplicación: “Tendrían que tener una identificación, todo lo mismo que tenemos nosotros, pero bien registrado y aplicable, que es fundamental”.

Asimismo, cuestionó la idea de habilitar autos blancos para transporte por aplicación: “En el color del auto me parece que no va lo mismo; tendrían que ser cualquier color menos blanco”, sostuvo.

Una maestra de la Escuela Primaria 84 del Barrio Sarmiento, en San Martín (Buenos Aires), fue atacada a golpes por la madre de una alumna este miércoles al mediodía y sufrió una lesión grave en uno de sus ojos, que podría comprometer su visión. El episodio generó un fuerte repudio en la comunidad educativa y derivó en un paro distrital y una movilización convocada para este jueves.

El ataque ocurrió cuando la docente había terminado su jornada con un grupo de segundo grado y se disponía a subir al auto de su marido. En ese momento fue increpada por la mujer, que le dio un golpe directo en el rostro. Testigos señalaron que otros docentes y el esposo de la víctima debieron intervenir para frenar la agresión. “Le pegaba en la cara, no la podían separar”, relató una compañera que presenció el hecho.

La docente fue trasladada a un centro de salud, donde recibió asistencia y fue dada de alta horas después. Sin embargo, su cuadro continúa siendo preocupante. “La maestra está con un ojo comprometido, podría perderlo”, informó una colega.

El Frente de Unidad Docente de San Martín —integrado por AMET, FET, SADOP, SUTEBA, UDOCBA y UDA— repudió la violencia y anunció un paro distrital y una movilización con el lema “La violencia no entra a la escuela”. La marcha comenzó a las 9 en Plaza Alem, pasó frente a la escuela donde ocurrió el ataque y culminó en la Jefatura Distrital.

En un comunicado, el Frente expresó: “Defendemos a la escuela y a los docentes, y necesitamos medidas efectivas para protegerlos y garantizar su seguridad”.

Docentes del distrito señalaron que este tipo de situaciones se repiten con frecuencia. “Estamos hartos de la violencia en las escuelas, de alumnos y padres”, dijo una maestra al medio local SM Noticias. También cuestionó la falta de acompañamiento institucional: “Muchas veces los colegas que ocupan cargos directivos miran para otro lado y nos acusan de no tener dominio de grupo, cuando estas situaciones nos exceden”.

En la Escuela Primaria N.º 84 se realizará este viernes una reunión abierta con familias y personal del establecimiento para abordar lo sucedido y evaluar medidas preventivas.

Remiseros y propietarios de agencias habilitadas de Rafaela difundieron un comunicado en el que manifestaron una “situación crítica” en el transporte formal de pasajeros. Aseguraron que, pese a haber presentado durante meses distintos proyectos ante el Concejo Municipal y el Ejecutivo para actualizar la normativa y ordenar el servicio, no recibieron respuestas ni acciones concretas.

Según indicaron, en la ciudad operan vehículos vinculados a plataformas como Didi, Uber y Cabify sin cumplir los requisitos que exige la normativa municipal. Señalaron que estos autos no poseen habilitación, carecen de seguros específicos, no tienen carnet profesional ni inspecciones vigentes, y no están sometidos a controles.

También remarcaron que las plataformas de transporte deben ajustarse a la Ordenanza Municipal N.º 3338 y que no existe excepción legal que permita operar sin autorización local.

Los remiseros expresaron que la falta de controles genera competencia desleal y deja desprotegidos a los usuarios, que viajan sin garantías de seguridad. Por ello solicitaron operativos contra vehículos ilegales, respuestas formales a los proyectos presentados y criterios unificados para el funcionamiento del servicio.

Finalmente, advirtieron que, si no reciben una respuesta inmediata, convocarán a una movilización el viernes 28 de noviembre a las 19:00 frente al Nuevo Hospital. La fecha y hora de la convocatoria coincide con el acto oficial que se realizará en el sector en el marco de la histórica inauguración del Hospital Regional. 

El gremio de estatales ATE convocó este martes a paro nacional el miércoles 19 de noviembre, con movilización a la Secretaría de Trabajo, en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y en demanda de la “inmediata” reapertura de las paritarias.

Así lo definió ATE a través de un plenario federal que se realizó en la sede del gremio, informó la organización en un comunicado.

“Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

X ATE

El gremio también se movilizará por la reapertura de paritarias al advertir que “después de 23 meses de (Javier) Milei, la administración pública entró en emergencia salarial”.

Tras el veto del presidente de la Nación a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por ambas cámaras del Congreso, distintas ciudades del país fueron escenario de movilizaciones. En Rafaela, la concentración tuvo lugar en la Plaza 25 de Mayo, donde se hicieron presentes profesionales del sector, representantes de instituciones y concejales locales. 

“Es importante que la sociedad tome conciencia. La situación en discapacidad es crítica”, expresó Fernanda Odetto, médica fisiatra de ALPI. Según explicó, uno de los principales problemas es el atraso del nomenclador que regula los honorarios de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad. Este desfasaje complica seriamente el funcionamiento de las instituciones que las atienden: “Esto hace insostenible poder seguir funcionando y brindando el apoyo que las personas con discapacidad requieren”.

Odetto remarcó que el sector lleva meses alertando sobre la gravedad del panorama sin obtener respuestas concretas. “A pesar de que el proyecto de Ley de Emergencia fue aprobado en ambas Cámaras, el presidente vetó la ley”, lamentó.

Desde FAD, Natalia —orientadora y acompañante terapéutica— también participó de la jornada. “Es muy importante hacer visible lo que está pasando. Somos muchos los que trabajamos en discapacidad y los que intentamos hacer visible este reclamo”, señaló.

La profesional explicó que, si bien los trabajadores del área hacen grandes esfuerzos por sostener la actividad, “los honorarios quedaron muy por detrás de la inflación”. En esa línea, apeló a una mirada solidaria por parte de la comunidad: “Aunque no tengamos a ningún familiar con discapacidad, es algo de lo que nadie está exento. Todos podemos llegar a necesitar de estos servicios”.

Finalmente, remarcó la necesidad de que el reclamo también se entienda como una defensa de derechos humanos básicos: “Que sea un momento para pensar qué estamos haciendo como sociedad”.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hopital Garrahan realiza una nueva convocatoria con movilización en Plaza de Mayo, y en todas las plazas del país, en el marco del ajuste y la falta de presupuesto por parte del Gobierno Nacional.

Luego de que el pasado viernes, los trabajadores realizara un Cabildo Abierto en el mismo Hospital junto a organizaciones sociales, de la salud, científicas, estudiantiles y de derechos humanos de todo el país, decidieron una nueva medida de fuerza para visibilizar la situación crítica por la que atraviesa la institución pediátrica.

“Recibimos un apoyo inmenso y contundente a la lucha que llevamos adelante. El Gobierno Nacional apuesta al desgaste, la división y la confusión. Convocan a una conciliación obligatoria donde el Ministerio de Salud no se presenta, ofrecen un aumento solo a residentes, y el Consejo de Administración del hospital responde con intimidaciones en lugar de comprometerse con el Garrahan”, indicaron desde APyT, en declaraciones a Noticias Argentinas, 

En la misma línea, manifestaron que desde el Hospital “responden con unidad y claridad” y, por ese motivo, convocan “a toda la sociedad” a movilizarse el miércoles 11 a las 16hs frente a Casa Rosada, donde lanzarán una campaña de recolección de firmas.

Además, se llevarán a cabo acciones públicas en fábricas, universidades, plazas y escuelas porque “el Garrahan es de toda la comunidad” y se defiende “con la fuerza de quienes nunca dejan de cuidar”.

"Debería renunciar todo el Consejo de Administración del Hospital Garrahan y también debería renunciar el ministro nacional de Salud, Mario Lugones, que evidentemente es incompetente para el cargo que ocupa", concluyeron.

Noticias Argentinas

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se movilizarán mañana a la sede central del organismo en esta capital, en rechazo a la fusión con otras áreas del Estado, que según denuncian podría ocasionar unos 1.500 despidos.

La movilización tendrá lugar mañana a las 11 frente a la sede de Rivadavia 1439, y se llevará a cabo para rechazar la posible fusión del INTA con otros organismos estatales como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), lo que impactaría negativamente en la dotación de personal.

La asamblea de los trabajadores informó que desde la conducción del organismo se dejó trascender que el Poder Ejecutivo estudia fusionar mediante un decreto varios organismos entre los que está el INTA, un organismo público descentralizado con autarquía operativa y financiera, creado en 1956.

Según datos de 2024 el INTA tiene en su planta de empleo unos 6424 trabajadores distribuidos en las unidades de todo el país, y desde la asunción de Javier Milei ya fueron cerrados dos programas del organismo: Pro-Huerta y Cambio Rural.

El Pro-Huerta era una iniciativa que buscaba promover la producción agroecológica de alimentos para el autoabastecimiento a través de huertas y granjas familiares, escolares y comunitarias.

Cambio Rural, en tanto, era una herramienta de extensión rural y periurbana financiada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y que este año transitaba sus 30 años de ejecución ininterrumpidos.

El INTA cuenta con un Consejo Directivo interno en el que el 50% de los representantes pertenecen a las entidades de la Mesa de Enlace, además de CREA y facultades de Veterinaria y Agronomía.

Flavio Vergara, secretario de Convenios Colectivos del Consejo Directivo Nacional de ATE, aclaró que la movilización se cumplirá, pese que ante la muerte del Papa Francisco el sindicato suspendió las protestas previstas para esta semana.

Denuncian que la situación salarial es crítica. De vetarse la ley, le pedirán a los legisladores que insistan.

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El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todo el país, junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y los estudiantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA), anunciaron este martes por la tarde una nueva marcha federal universitaria para el próximo 2 de octubre. La consigna es pedir la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada recientemente en el Congreso nacional y sobre la cual el presidente Javier Milei adelantó su intención de vetarla.

La noticia venía siendo preanunciada por los gremios docentes, y se confirmó en una conferencia de prensa conjunta llevada a cabo en la sede central del CIN, en Ciudad de Buenos Aires, que fue transmitida por YouTube.

"El motivo de esta conferencia es porque terminamos la reunión de Comité Ejecutivo ampliado del CIN y queremos anunciar que el Consejo de rectores va a acompañar y adherir a la marcha del día 2 de octubre, a las 17 horas, a la Plaza del Congreso", anticipó Víctor Moriñigo, presidente del CIN, quien fue el vocero de una gran mesa de referentes de los distintos sectores que conforman el sistema universitario.

"Esta marcha es fruto de un tortuoso 2024 en el que tuvimos un devenir muy complicado a la hora de gestionar las universidades. Va a ser a los fines de solicitar la promulgación de la ley de financiamiento universitario. Ojalá que esto no suceda, pero si de aquí al 2 de octubre tenemos un veto, esta marcha le va a solicitar a los diputados nacionales que puedan acompañar la ley", amplió el rector de la Universidad Nacional de San Luis.

Con anterioridad a esta movida, el jueves 26 y viernes 27 de septiembre, la Conadu Histórica -y su gremio de base Adul- llevarán a cabo un paro de actividades en los claustros universitarios.

"Tormenta perfecta"

Moriñigo describió a la actual situación que atraviesa la universidad como una "tormenta perfecta" al explicar que los trabajadores docentes y no docentes "tienen un retraso salarial de 50 puntos contra la inflación, y están un 20% por debajo del resto de los estatales". Además, dijo que es momento de acompañar a los estudiantes que están perdiendo días de clases y de reclamar por la "desinversión" en materia científico-tecnológica en el país.

"A los universitarios no nos es cómodo estar en la calle", aseguró el presidente del CIN. En duros términos, también indicó que "acá hay una mezcla explosiva de desconocimiento y prejuicios en el gobierno" porque la inversión prevista por la ley de financiamiento es de apenas el 0,14% del PBI.

"Bien federal"

En la conferencia se aclaró que si bien la marcha central se realizará en el Congreso nacional, será "bien federal" y se replicará en todas las provincias, tal y como sucedió con la movilización pasada.

Una diputada de Unión por la Patria presentó un proyecto para declarar a Córdoba como “zona de desastre”

Moriñigo expresó que en esa ocasión anterior, el Gobierno nacional terminó incrementando los gastos de funcionamiento de las casas de estudio. "Ojalá se nos llame pronto para poder resolver cómo financiar el sistema universitario, y la ciencia y la tecnología de nuestro país", pidió.

En tanto, Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), añadió que el 2 de octubre habrá una "suspensión de actividades" para que todas las comunidades universitarias puedan participar de las marchas en sus respectivos lugares. "Rechazamos el veto y lamentamos tener un presidente que no quiera, como quieren todos los argentinos, a la universidad pública. De producirse el veto, le vamos a pedir a los legisladores que insistan con la ley", reiteró.

Por el lado de los estudiantes, la presidenta de la FUA, Piera Fernández, dijo que "vemos que se destruye la excelencia académica de las casas de estudios, con el 85% de los docentes por debajo de la línea de la pobreza, y porque no hay financiamiento para programas de investigación, de desarrollo tecnológico, de salidas a campo".

Asimismo, aseguró que se ataca otro pilar del sistema universitario como es el ingreso irrestricto dado que para los estudiantes los alquileres se triplicaron, el transporte, los apuntes, servicios y comidas aumentaron sus precios y las becas Progresar "están aplastadas". Dijo que "hay un grito de auxilio desesperado" de la universidad pública, y pidió a la sociedad en general que si quieren que sus hijos estudien el día de mañana, "el apoyo lo deben hacer hoy".

"Para seguir siendo una Nación"

Luego de la conferencia, el CIN publicó un extenso comunicado titulado "Para seguir siendo una Nación, sí al financiamiento universitario", en el que considera que "la situación de la universidad hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial", al tiempo que fustiga la falta de "vocación de diálogo" del gobierno nacional.

"En ese escenario sombrío, la aprobación en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario para sostener el sistema en el presente año, abrió una esperanza, otorgando previsibilidad en materia presupuestaria y una respuesta a la angustiante situación salarial. Se trata de una ley responsable que resuelve los problemas de manera razonable porque evita comprometer fiscalmente al Estado. A pesar de saberlo fehacientemente, el Gobierno manifestó que optaría por vetarla. La esperanza abrió paso, una vez más, a la incertidumbre", sostiene el texto.

"Al mismo tiempo que se amenaza con el veto, se eleva al Congreso un proyecto de presupuesto para el 2025 que agrava aún más la situación. Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento. Y ha quedado claro en este derrotero que no se trata de un problema de recursos, sino de prioridades", dice el CIN.

En el comunicado, se pide al presidente de la Nación "que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025". A los legisladores nacionales, "que de confirmarse el veto sostengan en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario e introduzcan razonables modificaciones al proyecto de ley de presupuesto 2025". Y a la sociedad argentina, "que acompañó con extraordinarias movilizaciones cada vez que la historia llamó a su puerta, nuestra invitación es a que lo hagamos de nuevo".

Fuente: El Litoral

En respuesta a denuncias de violencia laboral, el SEOM organizó una movilización hacia Susana contra el presidente comunal.

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) anunció una movilización hacia Susana en protesta contra el presidente comunal, debido a denuncias de violencia laboral. La medida de protesta está programada para el viernes 9 de agosto a las 7:00 y partirá desde la sede del gremio, ubicada en Av. Brasil 97.

En una asamblea abierta, el SEOM hizo un llamado a todos sus afiliados a participar en la marcha, destacando la gravedad de las acusaciones contra el presidente comunal y su sociedad de fomento. Los organizadores informaron que aquellos que asistan a la protesta tendrán licencia gremial por la jornada completa.

Tras 10 meses de conflicto, hay acuerdo entre SanCor y Atilra y reabre la planta de Sunchales

Con esta medida, el SEOM busca visibilizar los problemas y exigir una respuesta inmediata de las autoridades locales.

La Asociación de Trabajadores del Estado convocó a Jornada Nacional de Lucha para repudiar el despido de "7.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional" y se sumará a la concentración frente al Palacio de Justicia.

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El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguier, ratificó que esa organización gremial se movilizará el miércoles en el marco de una nueva Jornada Nacional de Lucha, para repudiar la disposición oficial de "despedir a 7.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional". De esta forma, ATE ratificó además que se sumará a la concentración convocada por la CGT a la Plaza de los Tribunales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 que fue promulgado la semana pasada por el Poder Ejecutivo.

La protesta

ATE anunció que se movilizará el miércoles a partir de las 11, en Talcahuano y Lavalle, frente al Palacio de Justicia de la Nación

Y se consignó que en el resto de las provincias, la jornada se desarrollará con paros, movilizaciones, asambleas y cortes de ruta.

"Desde ATE vamos a movilizar este miércoles en una nueva Jornada Nacional de Lucha para reclamar contra el decreto mediante el cual se pretende despedir a 7.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional. Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido", señaló Aguiar en un mensaje publicado en sus redes sociales.

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De esta forma, el dirigente fijó postura sobre el Decreto 84, publicado este martes en el Boletín Oficial que dispuso no renovar los contratos iniciados en 2023 en la administración pública. "Los trabajadores en todos los casos desempeñan tareas que son indispensables para garantizar el funcionamiento de todas las áreas del Estado, independientemente de cuál sea la modalidad de su vínculo contractual", remarcaron desde la entidad sindical. En ese sentido, Aguiar anticipó que los estatales van "a profundizar un plan de lucha", y aclararon que esa postura, la entidad "no podrá ser acusada de atentar contra la gobernabilidad".

"Está claro que la paz social la está quebrantando un Gobierno que pretende dejar a miles de familias en la calle. Es estando en la calle como vamos a frenar el ajustazo del Gobierno", subrayó.

Fuente: Télam

El jefe de Estado estuvo junto a Bullrich, Pettovello y Karina Milei.

El presidente Javier Milei visitó el Departamento Central de la Policía Federal para monitorear la movilización y el accionar de las fuerzas de seguridad.

En el lugar, estaban desde más temprano la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El jefe de Estado llegó al edificio junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El Presidente tenía previsto para este mediodía una cadena nacional para explicar los puntos centrales de las reformas legislativas que impulsará, sumando a los nuevos decretos.

Sin embargo, desde la Casa Rosada anunciaron que ese mensaje se dará esta noche a las 21 horas.

Una delegación de productores y dirigentes de la Federación Agraria Argentina (FAA) se movilizará el martes 11 de abril a Buenos Aires para presentar una serie de reclamos que incluye la aplicación de medidas de alivio fiscal, política de financiamiento, la implementación de seguros multirriesgo y retiro escalonado de los derechos de exportación.

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En el petitorio elaborado por la entidad agraria, se reclamará un “plan de salvataje para pequeños y medianos productores afectados por la sequía, las heladas y el granizo”.

Las propuestas de la FAA, se centran en la obtención beneficios fiscales, tales como la exención de anticipos IIGG período 2023/2024, suspensión de retenciones por IVA, exención del Impuesto sobre Créditos y Débitos, suspensión de juicios de ejecución y levantamiento de bloqueos en las cuentas corrientes de los productores.

La FAA se moviliza a Buenos Aires para reclamar medidas urgentes para pequeños y medianos productores

Por otra parte, solicitan créditos a tasa cero para reactivar la producción y la eliminación de la resolución BCRA 7720 que encarece las tasas de crédito por tenencia de cereal.

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Asimismo, buscan que se implemente un seguro multirriesgo para paliar los efectos adversos originados por la crisis climática, un retiro escalonado de los derechos de exportación para las primeras toneladas de producción, y medidas que favorezcan el desarrollo productivo de pequeños y medianos productores.

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La FAA se moviliza a Buenos Aires para reclamar medidas urgentes para pequeños y medianos productores

Bajo el lema “¡HAGÁMONOS OIR!”, la delegación de la FAA tiene previsto un encuentro con Juan José Bahillo, en la Secretaría de Agricultura, para dirigirse luego al Congreso de la Nación.

“Buscamos visibilizar la difícil situación de miles de federados del interior no saben cómo continuar produciendo”, aseguró el presidente de la FAA, Carlos Achetoni.