El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe informó que, luego del homicidio del adolescente Ian Cabrera, de 13 años, y de dos tentativas de homicidio ocurridas el 30 de marzo en una escuela de San Cristóbal, se multiplicaron las amenazas en establecimientos educativos de toda la provincia.

Según detalló el organismo, estos hechos se manifestaron a través de carteles, pintadas, mensajes sobre presuntos tiroteos e incluso, en algunos casos, con la presencia de armas reales, juguetes o material balístico, situaciones que ya son investigadas como delitos por fiscales del MPA.

De acuerdo al relevamiento oficial, hasta el 21 de abril se habían recibido aproximadamente 404 denuncias vinculadas a este tipo de episodios en Santa Fe.

La distribución por regiones es la siguiente:

Desde el organismo remarcaron que, frente a este escenario, se avanza con la individualización e identificación de los autores, además de ordenar medidas judiciales para profundizar las investigaciones.

En el marco de estas causas, el MPA indicó que ya se concretaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias en distintos puntos de la provincia.

Como resultado de esos procedimientos, fueron secuestrados 51 elementos, entre ellos: teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y computadoras, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopeta percutidos y proyectiles calibre 22.

Hasta el momento, las investigaciones permitieron identificar al menos 73 personas responsables de las amenazas. Uno de los datos más alarmantes es que alrededor del 95% de los identificados son menores de edad.

La distribución regional fue la siguiente: 

Ante este panorama, la Fiscalía General solicitó a padres, familiares y adultos responsables que refuercen al máximo las medidas de seguridad respecto de cualquier arma de fuego o material balístico que haya en los hogares.

En el comunicado se remarcó que estos elementos deben permanecer bajo llave, en lugares seguros y completamente fuera del alcance de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de acuerdo con la legislación vigente.

Además, el MPA sostuvo que la responsabilidad en la guarda de armas es un factor clave para prevenir conductas de riesgo y evitar nuevas situaciones de extrema gravedad en el ámbito escolar.

Cuatro hombres quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por una serie de robos cometidos en el Centro de Atención a la Niñez y la Familia (CANIF), ubicado en el barrio Virgen de Luján de la ciudad de Reconquista.

La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Gonzalo Basualdo, a partir del pedido del fiscal Sebastián Galleano, durante una audiencia realizada este martes en los tribunales locales.

Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación, los imputados —de entre 23 y 29 años— están acusados de haber cometido tres hechos delictivos en el mismo establecimiento, entre el 29 de marzo y la semana pasada.

De acuerdo a la acusación, dos de los episodios fueron robos calificados consumados, mientras que el tercero quedó en grado de tentativa. El fiscal sostuvo que los acusados actuaron de manera conjunta, organizada y con roles previamente definidos.

El primero de los hechos ocurrió el domingo 29 de marzo, cuando los delincuentes ingresaron al edificio tras violentar una abertura lateral de chapa. Una vez dentro, forzaron un mueble y sustrajeron un proyector LED portátil y tres tablets.

Una semana después, el grupo volvió al lugar utilizando la misma modalidad. En esa ocasión, se llevaron elementos de uso cotidiano del centro, entre ellos resmas de papel, camperas y artículos de higiene.

El tercer intento se registró el jueves pasado, minutos después de las 6 de la mañana. Uno de los imputados intentó ingresar nuevamente tras dañar una puerta y arrancar rejas de un ventiluz. Sin embargo, fue detectado por personal policial que se encontraba en la zona.

El hombre intentó escapar tras recibir la voz de alto, pero fue aprehendido a pocos metros del lugar.

Los cuatro acusados fueron identificados por sus iniciales como AGA (23), MAA (29), JAM (23) y LEA (28). Según se informó, dos de ellos cuentan con antecedentes penales condenatorios, mientras que los otros dos ya estaban siendo investigados en otras causas.

Para la Fiscalía, la reiteración de los hechos y la modalidad empleada evidencian una actuación delictiva sostenida en el tiempo, lo que justificó el pedido de prisión preventiva.

La causa continuará en etapa investigativa mientras se avanza en la recolección de pruebas y el desarrollo del proceso judicial.

La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, presentó el 9 de abril su Informe de Gestión 2025 ante la Legislatura santafesina, en una exposición donde combinó definiciones políticas con datos duros para describir un escenario en transformación: menos homicidios que en años anteriores, pero con nuevas expresiones de violencia, particularmente entre jóvenes.

“Este es un acto republicano fundamental de rendición de cuentas”, afirmó al inicio de su discurso, enmarcando la presentación en la reciente reforma constitucional que consolidó la autonomía del organismo. Sobre esa base institucional, la titular del MPA trazó un diagnóstico que tuvo como eje la mutación de la violencia en la provincia.

Vranicich sostuvo que los niveles de violencia letal muestran una tendencia a la baja, aunque advirtió que el fenómeno está lejos de resolverse. Los números del informe respaldan esa afirmación: en 2025 se registraron 210 homicidios dolosos, con una tasa de 5,7 cada 100.000 habitantes, uno de los valores más bajos de la última década.

Sin embargo, la fiscal remarcó que el problema sigue concentrado territorialmente. El departamento Rosario acumuló 115 de esos crímenes, más de la mitad del total provincial, y en ese contexto adquiere centralidad el vínculo con economías ilegales: allí, 6 de cada 10 homicidios estuvieron asociados a organizaciones criminales.

En esa línea, también se evidenció el peso de la violencia armada. “Hay una multicausalidad en la baja de los niveles de violencia”, sostuvo, aunque los datos muestran que el 70,5% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego —81,7% en Rosario— y que durante el año hubo 855 personas heridas por disparos.

Uno de los tramos más enfáticos del discurso estuvo dedicado a las nuevas formas de violencia protagonizadas por adolescentes, centralizado en el crimen de Ian Cabrera, de 13 años, en la escuela Moreno de San Cristóbal. “Hoy, en el contexto que nos encontramos, son las violencias juveniles las que se imponen en el centro del debate público”, afirmó.

Para ilustrar ese fenómeno, la fiscal enumeró otros casos recientes de alto impacto ocurridos en distintas localidades, y sostuvo que existe un cambio de paradigma en la forma en que se configuran estos hechos. “Esta violencia adolescente extrema nos interpela en el mundo adulto”, advirtió.

En ese análisis, introdujo un factor novedoso: el rol de las redes sociales y entornos digitales. “El submundo a través de las redes donde niños, niñas y adolescentes encuentran un lugar de contención, pero no desde la empatía, sino desde el odio”, describió. A ello sumó la dificultad investigativa: “Se comunican por aplicaciones que no dejan rastros”.

Frente a este escenario, Vranicich defendió la estrategia del MPA basada en objetivos priorizados. “Hemos reafirmado el trabajo de un plan de persecución penal”, indicó, con foco en las violencias altamente lesivas, la corrupción institucional, las víctimas vulnerables, la violencia de género, los delitos contra la propiedad y el cibercrimen.

Los indicadores muestran avances en esa línea. El índice de individualización de autores en homicidios alcanzó el 62,2%, y se dictaron 258 condenas por ese delito durante el año. En paralelo, se registraron 1.044 causas por extorsión —con fuerte concentración en Rosario— y 87 condenas.

En materia de microtráfico, uno de los ejes centrales de la política criminal, se contabilizaron más de 15.000 ingresos, con 2.513 investigaciones formalizadas y 350 condenas. Además, se realizaron 63 operativos de derribo de puntos de venta, alcanzando los 111 desde la vigencia de la ley que autoriza a la provincia a combatirlo.

“No estamos esperando la denuncia policial para actuar, generamos nuestras propias investigaciones”, subrayó la fiscal, al describir un cambio en la lógica de intervención del organismo.

El control de armas ocupó también un lugar destacado en la exposición. Durante 2025 se enviaron a destrucción 5.170 armas de fuego y 93.000 municiones, en una política que el MPA considera clave para reducir la violencia letal.

En cuanto a la violencia de género, el informe registró 30 homicidios de mujeres, de los cuales 18 estuvieron vinculados a este tipo de violencia (femicidios y transfemicidios). “La violencia de género existe y falta muchos años para que podamos desterrarla”, afirmó Vranicich.

Además, la fiscal incorporó al análisis otras muertes violentas, especialmente suicidios, en línea con recomendaciones internacionales.

Según los datos del informe, en 2025 se registraron 964 muertes violentas: los suicidios representaron el 46,5% del total (448 casos, con una tasa de 12,7 cada 100.000 habitantes), seguidos por los homicidios culposos en siniestros viales con el 31,7% (306 casos) y, en menor proporción, los homicidios dolosos con el 21,8% (210 casos).

La fiscal planteó que esta lectura permite dimensionar que el grueso de las intervenciones del sistema no se agota en la violencia intencional, y advirtió además sobre una carga de trabajo menos visible.

En ese sentido, destacó que cada muerte bajo sospecha —incluidos los suicidios— activa protocolos complejos de investigación, con peritajes y medidas probatorias, lo que amplía significativamente la actividad del MPA más allá de los delitos tradicionales.

Finalmente, la titular del MPA dejó planteadas tensiones con el Poder Judicial. Cuestionó decisiones de jueces que se declaran incompetentes en causas relevantes -“Le pedimos a los jueces que comiencen a entender la lógica de trabajo”, reclamó-; y apuntó contra la Corte Suprema provincial por la falta de respuesta en torno al Centro de Justicia Penal de Santa Fe.

En ese contexto, Vranicich profundizó sus cuestionamientos hacia la Corte señalando que, conforme a la nueva arquitectura constitucional, existía una cláusula que obligaba a contemplar la participación de los actores del sistema en las decisiones sobre infraestructura judicial, lo que —según afirmó— no fue respetado.

“Estoy contando objetivamente lo que pasó”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la falta de respuesta a las notas remitidas por el MPA y el MPD, incluida una presentación formal del 1º de abril que aún no obtuvo contestación.

En ese marco, advirtió que este tipo de decisiones unilaterales no sólo tensionan el vínculo entre poderes, sino que también impactan en las condiciones operativas del organismo en una etapa de transición institucional marcada por la reciente consagración de su autonomía.

Juliano Salierno . El Litoral

La fiscal general María Cecilia Vranicich comenzó su exposición ante la Legislatura con una enumeración que fue más allá de lo sucedido en San Cristóbal, que tuvieron amplia difusión y sin embargo no son puestos como una unidad en la agenda del debate público. Fue una lista de “horrores” que ella comparó con los de su primer informe en el cargo, en mayo de 2024, a propósito de la violencia de entonces asociada al narcotráfico y otros delitos.

La titular del MPA mencionó las torturas por dos años y el asesinato grabado sufrido por Jeremías Monzón a manos de un menor y un mayor; habló del rostro desfigurado con una navaja a Delfina, también en San Cristóbal; mencionó un parricidio de un adolescente sobre su madre “de un tiro en la nuca”; de un femicidio y su presunto autor; y del caso del menor apodado “Pirañita” que estaba inmerso en un grupo de delincuentes.

Más allá de las particularidades de cada caso invitó a reflexionar sobre los problemas que hoy cruzan a los adolescentes y los jóvenes. Recordó que aún no está vigente la última reforma a la ley penal que baja la edad de imputación, y que en el asesinato de Ian, el sancristobalence de apenas 13 años, no habrá posibilidades punitivas para el asesino. No obstante, dijo que fue una decisión del MPA que el joven de 15 años que disparó este “presente físicamente” en el proceso. Consideró que ese paso es imprescindible en ese caso, “que vea a la cara a quienes hoy sufren tanto dolor”, comentó en diálogo con los periodistas al terminar su exposición como antes lo había hecho ante los legisladores.

De los casos en los que siempre cuesta entender los porqué pasó a una observación de lo que sucede en el primer mundo, donde dos tendencias se imponen ante el problema de los niños y los adolescentes expuestos a las redes sociales. Habló de las prohibiciones que están lideradas por Australia y algunos países del este europeo y de las regulaciones que procura la Europa central con Francia, España y Portugal para restringir las pantallas ante los rostros angelicales que bien pueden ser demoníacos y aún tienen acné.

Luego de los aplausos a la fiscal, se diría que por labor y por la claridad de su informe anual, y antes del turno de las preguntas, habló el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig. Dijo que en el departamento que representa, San Cristóbal, “no volveremos a ser los mismos”. Como la jefa de los fiscales marcó una línea en un antes y un después del 30 de marzo.

Vranicich dio más detalles sobre la investigación en curso, sobre los aportes que el Ministerio Público Fiscal dio de inmediato ante el crimen en la escuela y brindó unas explicaciones claras respecto de cómo se ha trabajado “en equipo” para la reciente detención de otro joven y la identificación de una verdadera cultura de la muerte que exalta a quienes arremeten armados contra sus compañeros en las escuelas. Otra vez, los motivos fuera de la razón hasta ahora conocida.

Vranicich pidió a los legisladores poner en agenda el tema y aunque obviamente las potenciales restricciones o regulaciones a redes o contenidos de riesgo deberán partir del Congreso de la Nación solicitó que Santa Fe tenga posiciones para que quienes promocionan el odio y la violencia no puedan expandir sus mensajes tan fácilmente.

Por primera vez, el MPA publicó el número de suicidios en la Provincia de Santa Fe en su informe anual a la Legislatura. Vranicich explicó que se da a conocer la cifra luego de una profunda revisión de lo que era hasta ahora la conducta elegida: no mostrar su peso en el número total de muertes violentas por temor a que su difusión cause algún tipo de imitación.

La fiscal general dijo que en su informe anterior, el diputado Carlos del Frade le reclamó sin éxito saber esa cifra y tras explicar que hoy la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan su difusión, puso los casos de quienes terminan con sus vidas en una misma gráfica que quienes la pierden también violentamente en crímenes o en homicidios.

El legislador opositor que como los demás felicitó al MPA pidió más precisiones respecto de las edades y advirtió que la presencia de tantos suicidios de personas con menos de 25 años completa el cuadro de situación planteado antes.

En síntesis, si para los años anteriores los crímenes vinculados al narcotráfico y la situación de Rosario ocupaban el lugar central de las preocupaciones en la persecución penal, hoy es la violencia inexplicable en jóvenes y adolescentes (contra terceros o contra sus vidas) lo que llama la atención.

Dos hombres de 21 y 22 años fueron condenados por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno familiar en una localidad del departamento San Justo. Se trata de Agustín Emiliano Aguirre, para quien se dispusieron diez años de prisión; y Bruno Leonel Aguirre, quien recibió una pena a ocho años y seis meses de prisión.

La sentencia fue dispuesta por el juez Lisandro Aguirre, en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal Pablo Lipowy y la fiscal Daniela Montegrosso representaron al MPA en el debate. Luego de conocer el veredicto, indicaron que “valoramos la sentencia condenatoria”, y aclararon que “esperaremos a conocer los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir”.

Lipowy y Montegrosso sostuvieron que “los condenados atentaron contra la integridad sexual de la víctima en junio de 2023”, y agregaron que “en esa época, ella transitaba su escolaridad primaria”. Según precisaron, “los dos hombres que abusaron de la niña convivían con ella y con otros integrantes de la familia”.

“Para llevar adelante su accionar delictivo, los condenados aprovecharon oportunidades en las que, por separado, se quedaron a solas con la víctima”, manifestaron los fiscales. “Ambos cometieron los ilícitos en el inmueble en el que residían y Agustín Aguirre además lo hizo en la casa de otro pariente”, especificaron.

“Por el contexto y la reiteración de las situaciones abusivas, lo sucedido tuvo entidad suficiente para afectar el normal desarrollo de la sexualidad de la niña”, aseveraron.

Tanto Agustín como Bruno Aguirre fueron condenados como autores de abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la situación de convivencia preexistente).

El Litoral

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) investiga la muerte de un hombre de aproximadamente 60 años que fue hallado en la mañana del lunes 16 de febrero en el interior de un cajero automático ubicado en el macrocentro de Rosario.

El cuerpo tenía algunos hematomas y en el lugar quedaron numerosas manchas de sangre.

En base a distintos testimonios, se presume que la víctima -que todavía no fue identificada- vivía en situación de calle.

El cajero (perteneciente a la red del Banco de la Nación Argentina) está ubicado sobre calle Santa Fe al 3100, a pocos metros de la facultad de Odontología.

Por orden judicial, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) con el propósito de ser sometido a autopsia para conocer la causa de muerte y también realizar pericias de identificación. Por el momento el caso está caratulado como muerte dudosa.

El Secretario General del MPA, Leandro Maiarota, y el Administrador General, Guillermo Rabazzi, se reunieron con dirigentes del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe. El encuentro se llevó a cabo esta mañana en la sede de la Fiscalía General en la ciudad de Santa Fe.

En representación del sindicato, participaron de la reunión el Secretario General, Juan Pablo Langella; la Prosecretaria General, María Elena Martínez; el Secretario Ejecutivo, Jorge Perlo y Secretario de Finanzas, Alejandro Nucci.

En el encuentro abordaron temas de interés institucional en el marco del nuevo rol extrapoder que adquirió el MPA en 2025 a partir de la reforma de la Constitución Provincial. Entre otros temas, dialogaron acerca de la liquidación de sueldos; juramentos de empleados; ingresos, concursos y ascensos.

Las autoridades del MPA y los dirigentes gremiales acordaron seguir trabajando conjuntamente y mantener abiertos todos los canales institucionales de diálogo.

La Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, se reunió este miércoles por la tarde con la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y con la nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Fiscalía General, en la ciudad de Santa Fe.

La reunión tuvo como objetivo principal la presentación formal de Travaini ante la titular del Ministerio Público de la Acusación, tras su reciente asunción, y el inicio de una agenda de trabajo conjunta para los primeros meses del año.

Durante el encuentro se avanzó en la definición de prioridades y líneas de acción vinculadas a las políticas públicas en materia de igualdad, género y diversidad, en articulación con el Ministerio Público de la Acusación.

Por parte del MPA, también participó de la reunión la fiscal coordinadora para la Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani, quien se sumó al intercambio de trabajo entre las áreas involucradas.

El encuentro se enmarca en las instancias de coordinación institucional entre el Ministerio Público de la Acusación y el Poder Ejecutivo provincial, con el objetivo de fortalecer las acciones conjuntas en áreas sensibles vinculadas a derechos y políticas de género.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 22 años al que se investiga como autor de agresiones físicas a su pareja en San Cristóbal (departamento San Cristóbal). Además, se le endilgó haber dañado la bicicleta de la mujer.

La medida cautelar fue ordenada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Álamo, en una audiencia que se desarrolló de manera remota en los tribunales sancristobalenses.

La fiscal Hemilce Fissore, que representó al MPA, está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son ADH, transite el proceso judicial privado de su libertad. Por su parte, la jueza Álamo resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva durante todo el proceso.

Fissore sostuvo que “el sábado 24 de enero, aproximadamente a la 6:30 de la mañana, con pleno conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos, el hombre investigado agredió físicamente a su pareja y le provocó lesiones en diferentes partes del cuerpo”.

Sostuvo que “el imputado utilizó elementos contundentes para agredir a la mujer, a sabiendas de que ella está embarazada”.

La fiscal del MPA relató que “momentos antes, el imputado había dañado la bicicleta de su pareja realizándole un corte en la cubierta trasera”. Afirmó, Fissore argumentó que “el accionar del imputado es encuadrable en un evidente contexto de violencia de género”.

“La jueza consideró acreditada la materialidad de los ilícitos, al igual que la autoría por parte del hombre investigado”, afirmó la fiscal.

“Además, Álamo planteó que la pena en expectativa prevista por los hechos ilícitos investigados es de cumplimiento efectivo, por la violencia ejercida en un contexto de violencia de género y contra una mujer en situación de vulnerabilidad”.

Fissore planteó que “la magistrada también hizo hincapié en que el entorpecimiento probatorio estaba latente, y resaltó la necesidad de resguardar a la víctima”. En tal sentido, agregó que “la jueza subrayó la peligrosidad procesal y dijo que se sustenta en que no es la primera vez que el imputado agrede a la misma víctima.

Finalmente, la representante del MPA valoró que “la jueza consideró insuficientes las medidas alternativas propuestas por la Defensa para cautelar el proceso e hizo lugar a nuestro pedido de prisión preventiva”.

Al imputado se le atribuyó la autoría de los delitos de lesiones leves dolosas calificadas (por el vínculo y por mediar violencia de género) y daño.

El Litoral

Un hombre de 32 años identificado como Milton David Sotelo fue condenado a 15 años de prisión por haber abusado sexualmente de 5 niñas de su entorno familiar en Avellaneda (departamento General Obligado). Las víctimas son una sobrina del condenado y tres hijas y una sobrina de su expareja.

Así lo dispuso la jueza Norma Senn, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales reconquistenses. La fiscal Georgina Díaz representó al MPA en el debate.

Díaz indicó que “Sotelo llevó adelante su accionar delictivo entre 2018 y 2023 en dos viviendas del barrio Las Rosetas”. Al respecto, expuso que “los abusos se enmarcaron en el vínculo y relación de convivencia con las víctimas”.

“En todos los casos, los abusos tuvieron entidad suficiente para inferir en el libre y normal desarrollo de la sexualidad de las víctimas, tanto por la diferencia de edad, el vínculo, la modalidad y la reiteración” resaltó la fiscal.

En cuanto al origen de la investigación penal, la funcionaria del MPA planteó que “una de las víctimas logró develar los ataques ante personal de la Municipalidad de Avellaneda”. En tal sentido, destacó que “a partir de la denuncia correspondiente, Sotelo se encuentra detenido”.

Sotelo reconoció expresamente su responsabilidad penal como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante; abuso sexual; abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda reiterado en dos hechos).

Y abuso sexual agravado (por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda reiterado en dos hechos).

Junto con su abogada defensora, el condenado aceptó la atribución delictiva, el monto y el modo de cumplimiento de la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

El Litoral

Un hombre de 27 años fue detenido en la ciudad de Rafaela en el marco de una investigación llevada adelante por la Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación – Región V, a cargo del fiscal Pedro Machado.

La actuación se inició a partir de una denuncia por la sustracción de una bicicleta marca SLP, rodado 29, que se encontraba en el garaje de una vivienda sin medidas de seguridad.

En el transcurso de las tareas investigativas, los efectivos tomaron conocimiento de que, a través de un perfil de la red social Facebook, se ofrecía a la venta una bicicleta de similares características a la denunciada como robada. Ante esta situación, se coordinó un encuentro con el vendedor en inmediaciones del autódromo local.

En el lugar acordado, el personal policial interceptó e identificó al sospechoso, quien no pudo acreditar la propiedad del rodado. Tras las verificaciones correspondientes, se confirmó que la bicicleta era la misma que había sido denunciada como sustraída.

Por disposición del fiscal interviniente, el joven fue trasladado a sede policial en calidad de detenido, imputado por el delito de encubrimiento, y quedó a disposición de la Justicia.

Dos hombres de 21 y 27 años fueron identificados este miércoles por la mañana por personal policial que llegó hasta un sector del barrio Estanislao López de Santa Fe, advertidos por una feroz pelea a machetazos que terminó con ambos protagonistas lesionados.

El violento episodio se habría desatado poco antes de las 10 de la mañana, en inmediaciones del pasaje Isabela de Guevara, apenas unas cuadras al oeste del nuevo Hospital Iturraspe, según consta en los reportes policiales.

Efectivos del Comando Radioeléctrico se constituyeron en el lugar luego de que ingresara un pedido de colaboración al 911, por un “herida de arma blanca”.

Los uniformados que llegaron al punto del conflicto, se encontraron con uno de los agresores en la calle, con el rostro ensangrentado y con un machete en sus manos.

Una vez desarmado y puesto a resguardo, el muchacho manifestó que su vecino le había sustraído un teléfono celular, lo cual desató la feroz pelea.

Además, señaló la vivienda donde se encontraba escondido el otro involucrado, por lo que con autorización de la propietaria de la casa, la policía ingresó en su búsqueda.

Una vez adentro, se encontraron con el otro joven, que también presentaba una herida sangrante en la nariz, y que acusó al primer entrevistado.

Con las denuncias y lesiones cruzadas, ambos quedaron en carácter de aprehendidos por el delito de “lesiones dolosas mutuas” y fueron derivados al hospital Iturraspe para realizarles curaciones.

Entre los efectos secuestrados, los uniformados se llevaron del lugar un machete de aproximadamente 55 cm de largo de hoja metálica, con un mango de unos 15 cm, envuelto con tela. Por el caso fue puesto en conocimiento el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El Litoral

Rocío Belén Muñoz, de 34 años, está desaparecida desde hace más de dos semanas y su caso mantiene en vilo a Venado Tuerto y la región.

La mujer fue vista por última vez la tarde del martes 21 de octubre, cuando salió de su casa sin avisar a dónde iba. Desde entonces, no volvió a comunicarse con su familia: no hubo llamadas, mensajes ni señales de actividad. Solo silencio.

La denuncia por su ausencia se realizó dos días después y activó una intensa búsqueda coordinada por la fiscal Mayra Vuletic, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en conjunto con la policía y con allegados a la mujer.

De acuerdo con la denuncia, Rocío salió de su vivienda alrededor de las 16. No llevaba consigo elementos personales de importancia y no dejó indicaciones sobre su destino. Vestía una remera clara con estampa, short negro y zapatillas negras con detalles rosa.

Su familia sostiene que no había manifestado ninguna decisión o situación previa que permitiera anticipar un alejamiento voluntario.

Muñoz mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, piel blanca, cabello negro y ojos marrones. Tiene tatuados en ambos brazos los nombres de sus hijos, “Ámbar” y “Mirco”, y una rosa en el muslo derecho.

La fiscal Vuletic analiza distintas líneas investigativas. Si bien algunos elementos podrían sugerir que Rocío se alejó por decisión propia, hasta el momento no hay ninguna confirmación sobre su paradero ni sobre su estado de salud.

La falta total de contacto —que supera ya los días habituales en casos de ausencia voluntaria— incrementa la preocupación tanto de su entorno como de las autoridades.

El caso se maneja con cautela y reserva, aunque trascendió que se están tomando testimonios del entorno familiar y de personas que podrían aportar datos sobre sus últimos movimientos.

El Ministerio Público de la Acusación solicita a la comunidad que cualquier dato relevante sea comunicado de manera inmediata llamando al 911, o acercándose a la dependencia policial más cercana.

El MPA incorporó 11 Fiscales Adjuntos Subrogantes que prestarán funciones en las Fiscalías Regionales 1; 4 y 5. Los 11 nuevos funcionarios juraron en un acto llevado a cabo este mediodía en el salón de actos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia en la ciudad de Santa Fe.

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, participó de la ceremonia de jura junto con los fiscales regionales Jorge Nessier; Rubén Martínez y Carlos Vottero y funcionarios de la Fiscalía General. También estuvo presente el Secretario de Justicia de la provincia, Santiago Mascheroni.

“Hoy es un día institucional de celebración en el que estamos culminando lo que comenzamos la semana pasada”, subrayó Vranicich. “Seguimos celebrando la incorporación de nuevos perfiles, a quienes vamos a capacitar en el rol fiscal que van a tener que asumir”, señaló.

La titular del MPA también recordó que “entre la semana pasada y hoy, juraron 38 fiscales” e hizo hincapié en que “ayer tuvimos la noticia de que hay otro muy importante envío de pliegos”.

Los Fiscales Adjuntos Subrogantes que juraron hoy son:

Los Fiscales Adjuntos Subrogantes que juraron hoy fueron designados en razón de la tramitación de un concurso realizado por el Consejo de la Magistratura del Poder Ejecutivo, en el cual por primera vez el MPA formó parte del jurado a través de fiscales evaluadores designados por la Fiscalía General, junto con representantes de los Colegios de Abogados y del estamento académico. Dicho concurso contó con el acuerdo legislativo correspondiente.

“En efecto, ingresó hace un tiempo en el MPA una denuncia penal en contra del fiscal Benegas, de la cual me pusieron en conocimiento para que yo evalúe la responsabilidad administrativa”, confirmó en la mañana del miércoles el auditor general del MPA, Dr. Leandro Mai, con relación a la presentación realizada ante su área por el subinspector de Policía Rolando Senn.

El funcionario añadió que “la denuncia penal se derivó a la Fiscalía Regional de Rafaela para que asigne un fiscal que investigue penalmente”, e informó que “le pedimos (al denunciante) que acompañe y aclare algunos extremos en su presentación, lo que realizó esta semana trayendo varias carpetas con documental que tenemos que analizar. “En síntesis, es muy reciente todo y está en etapa de análisis de admisibilidad”, concluyó.

Horas más tarde y con relación a otra denuncia al mismo funcionario de la Unidad Fiscal Vera, en este caso por abuso sexual y radicada por la joven, mayor de edad, D. E. R, el titular de la Auditoría General del organismo acusador confió que “esa denuncia entró ayer en mi oficina de Rosario. Ya le dimos intervención a la Fiscalía General para que designe un fiscal en la causa penal”.

En ambos casos, los denunciantes son patrocinados por el abogado Dionisio Ayala. A media mañana del viernes, expresaron sus argumentos en una conferencia de prensa ofrecida en una vivienda particular de calle Rosario, en Vera.

Mientras que Senn se expidió sobre su supuesta inocencia en el caso por el que fue condenado en primera instancia en juicio oral por encubrimiento de abigeato y afirmó que Benegas habría beneficiado a un comprador de hacienda, D. E. R. apuntó contra el fiscal por haberla abusado sexualmente cuando era menor de edad al momento en que se desempeñaba como secretario de Servicios Públicos del gobierno municipal verense.

A ellos, se sumó el policía rural Alejandro Sánchez, quien indicó que tras ser enjuiciado con “una causa armada por el fiscal Benegas" resultó absuelto en primera y segunda instancia judiciales y se presentará ante la justicia. En breve, podría acoplarse otro requerimiento judicial más por parte de otro policía identificado como E. S.

Senn, exnumerario de Los Pumas, que luego pasó a la Vial para posteriormente quedar en disponibilidad, formuló su exposición el 27 de abril pasado en contra del fiscal Leandro Benegas, a quien acusó por supuestos 7 delitos en el ejercicio de su función: prevaricato, tráfico de influencias, coacción y extorsión, encubrimiento, negocios incompatibles con su función y formación de causas apócrifas.

Todo en el marco de una investigación penal por robo de hacienda en la terminó condenado en enero de este año a la pena de 3 años y 15 días de prisión de ejecución efectiva e inhabilitación especial para ejercer funciones públicas por 4 años. El fallo fue apelado.

El agente de seguridad también culpó al fiscal en cuestión por no detener a un tal Berneri, que habría sido apuntado por la propia policía como partícipe del hecho que se ventiló en el juicio, pero no llegó a ser imputado, según sus dichos.

Ante la Auditoría General y en un escrito que rotuló “Corrupción naturalizada en la Fiscalía de Vera”, reclamó la suspensión inmediata del fiscal Benegas, su remoción por mal desempeño, la comunicación del caso a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, la remisión de la causa a la Fiscalía de Asuntos Complejos, y solicitó medidas de protección institucional para su persona.

El pedido de investigación del numerario de la fuerza de seguridad provincial es una derivación del juicio oral citado. En ese proceso, el juez Santiago Banegas lo halló culpable del delito de encubrimiento agravado por haber “facilitado y permitido que Rodrigo Miguel Aquino, peón rural de Ricardo Lanteri, se apoderara ilegítimamente de 6 animales vacunos de categoría terneros propiedad de Lanteri, aceptando, comprometiéndose a ofrecer y luego vender los animales vacunos sustraídos, lo que se materializó en el mes de septiembre del año 2020”.

Para el juez, quedó probado “con toda certeza que Rolando Senn tuvo participación activa en el encubrimiento del delito de abigeato cometido por Rodrigo Aquino, mediante la comercialización de los animales sustraídos a Ricardo Lanteri”.

En el debate, Berneri reconoció haber adquirido seis animales de Senn, quien se los vendió como propios, los cuales fueron trasladados por el comprador desde el predio de Lanteri hasta el establecimiento Sauce Melú, en Fortín Olmos. “La actuación de buena fe de Berneri resulta evidente, toda vez que actuó en un horario diurno, a la vista de todos, pasando el ganado adquirido en una balanza pública y confiando en Senn", dejó en claro el magistrado.

En tanto, el juez de primera instancia echó por tierra la hipótesis de la defensa de Senn en cuanto a que había existido algún tipo de acuerdo entre el fiscal, un hermano suyo de profesión abogado, Rodrigo Aquino y José Berneri para incriminar injustamente a Senn en la comisión de un hecho en el cual no había participado, formando parte también de este plan los funcionarios policiales Díaz, Fernández y Radosevich. “Esa teoría no fue sustentada con pruebas”, sentenció.

En el tramo final de su fallo, rechazó la solicitud del defensor técnico del policía de poner en conocimiento de la Autoridad General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación las presuntas infracciones cometidas por el fiscal Leandro Benegas y remarcó que su conducta durante el juicio carecía de “toda mácula que implique la necesidad de investigación del nombrado por parte del organismo de control del Ministerio Público de la Acusación”.

El Litoral contactó al fiscal acusado para que diera su versión y sentara su postura respecto a la acusación vertida hacia su rol. En forma textual, el funcionario sostuvo: “De los hechos y sobre la denuncia lo único que voy a decir es que son acusaciones y conclusiones falsas realizadas por un empleado policial de la Guardia Rural Los Pumas que fue condenado a una pena de 3 años y 15 días de prisión de efectivo cumplimiento por ser autor del delito de encubrimiento agravado. Todas las pruebas y los hechos que contradicen esa falsa denuncia están en los fundamentos del fallo del juicio oral. De una detenida lectura del fallo se pueden obtener todas las respuestas”.

En el segundo de los hechos llevados ante la Auditoría General, D. E. R expresó su voluntad de denunciar al fiscal verense ante la oficina de Rosario de la Auditoría General del MPA por abuso sexual con acceso carnal cuando tenía 15 años.

En sus dichos, grabados en un video y repetidos en el contacto con los medios, la pretensa víctima reconstruyó que “en ese momento era abogado y estaba en el área de maestranza municipal, y yo lo conocí porque mi papá había pedido trabajo y bueno, ahí empezó a hablarme a mí y me decía que si yo estaba con él podía ser todo más fácil para mi familia, que me fije en la situación en que nosotros estábamos, que piense que mi papá podía tener trabajo, que él nos podía dar una mejor vida a mí y a mis hermanos”.

Fue ahí, contó, que “sin pensar, no sabía las consecuencias, yo cedí a lo que él me decía y bueno, me llevaba al estudio de él que está frente a los Tribunales, y ahí él abusaba de mí y me decía que yo solamente tenía que pensar en mí familia, en la vida que nosotros estábamos pasando ahora, y ahí abusaba de mí”.

"Por miedo, porque no sabía cómo decirle a mi familia porque después él se olvidó de todo eso, como que él consiguió lo que quería y fue mentira y me daba vergüenza, miedo de decirle a mi familia lo que había pasado. Y no fue una sola vez, fueron muchas veces", aseguró, en respuesta al motivo por el cual no denunció antes tal situación.

Su madre R. G. estuvo con ella en sus declaraciones: “La acompaño porque sé lo que pasó tuvo que pasar todo este tiempo. Y porque no puede ser que en Vera siempre ganen los poderosos”.

Su defensor adelantó que requerirán a la justicia que “el fiscal Benegas sea imputado por abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, corrupción de menores, facilitamiento de la prostitución y extorsión”. Y que reclamará que se investiguen ataques físicos habría sufrido su clienta tiempo atrás bajo la figura de “tentativa de homicidio”.

Pasado el mediodía del viernes, el fiscal denunciado dio a conocer a través de un comunicado su descargo: “Frente a las versiones que están circulando en distintos medios de comunicación y redes sociales, como funcionario judicial y en nombre personal solo quisiera poner en contexto que se tratan de acusaciones y mentiras que de manera intencional están realizando quienes, por cumplimiento de mis funciones como fiscal adjunto resultaron condenados en procesos penales que se llevaron a cabo en audiencias orales y públicas”.

“Claramente estas falsas denuncias provienen de personas (y su entorno) que han sido condenadas en un juicio oral y publico. Ese es el caso de Rolando Senn y Luis Guzmán, hermano de la Sra. Rivero”, consignó.

Tras señalar que “la única finalidad de esta burda maniobra no solo daña mi imagen y la de mi familia, daña la credibilidad y el cumplimiento de mi función”, rechazó de “manera categórica las acusaciones falsas que se me han imputado, vinculadas hacia un supuesto ‘favoritismo’ de una persona en una causa de abigeato, en el ejercicio de mis funciones como fiscal del Ministerio Publico de la Acusación”.

Paralelamente, dijo entender que la función que desempeña puede generar malestar en ciertas personas “cuando las decisiones adoptadas, en cumplimiento de la ley, no se alinean con determinados intereses. Pero de ahí a pretender instalar una sospecha de corrupción o connivencia hay un abismo que no pienso permitir que se cruce sin una respuesta clara y firme”.

Sobre el caso Rivero, aseveró que “también preocupa que se utilice un tema tan delicado como es la integridad sexual de una persona solo para injuriar y agraviar y generar una desconfianza en las instituciones de justicia, lo cual es un enorme peligro. (…) jamás imaginé que podía ser objeto de acusaciones tan burdas e inconsistentes con un tema tan grave y delicado, con la sola finalidad de dañar".

En el final volvió a “rechazar con total firmeza estas acusaciones infundadas”, y se puso a “disposición de todas las instancias institucionales y judiciales que correspondan para esclarecer los hechos y demostrar el fin de la maniobra”

EL Litoral

El senador provincial Alcides Calvo resaltó la importancia del reciente envío de pliegos por parte del Poder Ejecutivo santafesino a la Legislatura, mediante los cuales se propone la designación de nuevos fiscales adjuntos subrogantes para el Ministerio Público de la Acusación (MPA). El legislador destacó que esto permitirá cubrir vacantes clave en la Circunscripción Judicial N°5, que comprende los departamentos Castellanos, 9 de Julio y San Cristóbal.

En declaraciones a RADIO RAFAELA, Calvo explicó: “Estamos en un momento crucial, porque el rol del fiscal hoy requiere presencia constante, no solo en lo judicial, sino también en lo investigativo”.

Los postulantes que podrían cubrir las vacantes, en caso de ser aprobados por la Asamblea Legislativa, son Analía Elizabeth Abreu, Pedro Ignacio Machado, Emiliano Marín Odriozola y Adrián Darío Soria. Actualmente, Pedro Machado ya se desempeña en el ámbito de la Fiscalía. 

El senador recordó que la región ha sufrido una merma de personal, con vacantes producidas por ascensos como el de Nicolás Stegmayer a juez penal, y sostuvo que estas designaciones son necesarias para dar celeridad a los procesos judiciales y mejorar la respuesta del Estado en materia penal.

Calvo señaló que los pliegos para estos cargos ya se habían presentado en 2023, pero fueron rechazados. Desde entonces, aseguró, hubo una insistencia constante por parte de su bloque para cubrir las vacantes, ante la carga de trabajo que enfrenta la Fiscalía Regional que encabeza el Dr. Carlos Vottero.

Finalmente, indicó que actualmente se encuentra abierto el período de impugnaciones y que espera que la Asamblea Legislativa pueda avanzar pronto en el tratamiento de los pliegos: “Es una instancia clave para seguir fortaleciendo un sistema penal que requiere cada vez mayor presencia territorial y capacidad de investigación”.

El Fiscal Regional Carlos María Vottero mantuvo una reunión ayer por la mañana en el SUM de la Fiscalía Regional 5 con representantes del Colegio de Abogados de Rafaela, oportunidad en que se analizaron diferentes temas vinculados a la relación que mantiene el MPA con los profesionales del foro que litigan en materia penal.

Al finalizar el Fiscal Regional señaló, “fue un encuentro positivo en el que pudimos intercambiar ideas y sugerencias sobre la labor que se desarrolla a diario en el ámbito del fuero penal” y agregó que “entre todos los temas tratados se incluyó la implementación del juicio por jurados en Santa Fe, en la que a nuestra Circunscripción le toca participar del primero, que se realizará en San Cristóbal”. 

Del encuentro participaron el Fiscal Regional Carlos María Vottero, el Secretario Regional Mario Miretti, el presidente del Directorio del Colegio Abogados, Joaquín Cordero, y los vocales Juan Manuel Lovaiza y Andrés Colón. 

Así fue dispuesto luego de una audiencia de apelación en la cual el fiscal Martín Castellano representó al MPA. El ilícito fue en noviembre del año pasado y a los imputados se les atribuyó haber efectuado un disparo hacia un vehículo en el que iban las víctimas. A uno de los investigados además se le endilgaron otros delitos contra la propiedad.

Dos hombres a los que se investiga por un intento de robo cometido con un arma de fuego en Frontera continuarán en prisión preventiva. El camarista Matías Drivet confirmó la medida cautelar impuesta en primera instancia a las dos personas, luego de una audiencia de apelación que se realizó en los tribunales de Rafaela.

El fiscal que está a cargo de la investigación penal es Martín Castellano, quien también representó al MPA en la audiencia de apelación. “Más allá de los agravios de la Defensa contra lo resuelto en primera instancia, el juez de la Alzada avaló lo que había sido dispuesto en noviembre del año pasado, valoró y agregó que “desde la Fiscalía remarcamos que una medida alternativa era insuficiente para cautelar el proceso judicial”.

“Las preventivas se fundan en que la materialidad de los ilícitos y la probabilidad de autoría están acreditadas con la evidencia que presentamos, las penas en expectativa son a prisión efectiva y los peligros procesales estaban latentes”, especificó Castellano. “También se ponderó que uno de los imputados, cuyas iniciales son CJF, tiene antecedentes penales condenatorios, así como que el otro hombre, de iniciales ADP, es investigado por múltiples conductas delictivas”, indicó.

El fiscal recordó en la audiencia que “en horas del mediodía del martes 5 de noviembre del año pasado, los imputados y un adolescente actuaron de forma conjunta para cometer un robo en las inmediaciones de una despensa ubicada en el sureste de Frontera”. Relató que “se acercaron a un cliente y le exigieron la entrega de dinero y un teléfono celular mientras el investigado de iniciales ADP le mostraba un revólver, presuntamente calibre 32”.

Castellano manifestó que “frente a la intimidación, el hombre amedrentado comenzó a correr en dirección al Camino Interprovincial y subió a una camioneta marca Peugeot modelo Partner en la que estaba su jefe”. Al respecto, subrayó que “al ver que el vehículo se alejaba, el imputado que tenía el arma de fuego efectuó un disparo”, y precisó que “el proyectil impactó en la parte inferior de la puerta trasera izquierda del rodado”.

El funcionario del MPA hizo referencia a los demás hechos delictivos por los que se investiga al imputado de iniciales ADP. Explicitó que “fueron cometidos en cinco oportunidades, entre octubre y noviembre del año pasado, con armas de fuego y en perjuicio de víctimas que transitaban en moto por la vía pública de Frontera”, y aclaró que “una vez, el hombre investigado actuó de manera coordinada con otras personas”.

“Como resultado de los ilícitos, se apropió de cuatro motocicletas, un teléfono celular, documentación personal de distintas víctimas y el calzado de una de ellas”, enumeró. Asimismo, puntualizó que “en una ocasión no logró concretar un robo por razones ajenas a su voluntad”.

A los dos imputados se los investiga como coautores de una tentativa de robo calificado (por el uso de un arma de fuego), agravado por la intervención de una persona menor de 18 años.

Por su parte, al hombre de iniciales ADP también se le endilgó la autoría de robo calificado (por haber sido cometido en poblado y en banda y por el uso de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada). A su vez, se le atribuyó el delito de robo calificado (por el uso de un arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no se pudo acreditar), en tres oportunidades consumado y en otra, en grado de tentativa.

Un hombre de 46 años cuyas iniciales son MAM fue condenado a 20 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija y de la hija de una mujer que era su pareja en Rafaela. La sentencia fue dispuesta por los jueces Javier Bottero y José Luis Estévez y por la conjueza Cecilia Álamo, en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales rafaelinos.

La fiscal que representó al MPA en el debate es Gabriela Lema, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 5. Luego de conocer la sentencia, la funcionaria destacó la condena impuesta por el tribunal, valoró que fue dispuesta por unanimidad y subrayó que “las víctimas también manifestaron su conformidad con lo resuelto”.

Durante el juicio, Lema relató que “entre 2012 y 2013, el condenado agredió sexualmente en dos oportunidades a la hija de su pareja, quien por entonces transitaba los últimos años de su escolaridad primaria”. Al respecto, indicó que “en ambas ocasiones la vulneró en horarios nocturnos en una casa en la que convivían”, y explicó que “el primer abuso fue cuando la madre de la niña no estaba en la vivienda y el segundo, mientras otros integrantes del grupo familiar dormían”.

Asimismo, la fiscal sostuvo que “el condenado atentó contra la integridad sexual de su propia hija, en la época en la que ella cursaba los primeros años de la escuela secundaria, entre 2021 y 2022”. Afirmó que “los ilícitos tuvieron lugar tanto en una vivienda que compartían como en la casa de otra familiar”, y puntualizó que “el agresor solía amenazar a su hija para que no le contara a nadie lo ocurrido”.

Lema aseveró que “el condenado llevó a cabo sus conductas delictivas aprovechando la situación de convivencia preexistente con las víctimas, la inmadurez de ellas y la circunstancia de que ambas estaban bajo su guarda”. En tanto, subrayó que “todos los hechos se enmarcaron en un claro contexto de violencia de género y tuvieron entidad suficiente para alterar el desarrollo libre y progresivo de la sexualidad de ambas niñas”.

Por los ilícitos en perjuicio de la hija de la mujer que era su pareja, el hombre de 46 años fue condenado como autor de abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores, los tres delitos agravados (por la convivencia, por haber estado encargado de la guarda y por haber sido contra una víctima menor de 18 años)

Por otro lado, en relación a los hechos en contra de su propia hija, se le impuso la pena por la autoría de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado y corrupción de menores, ambos agravados por el vínculo, por la convivencia y por la guarda.

El nombre y apellido del condenado no se informa para evitar la revictimización de su hija, quien tiene el mismo apellido que él.

Microtráfico: a un año de la implementación de la ley 14.239 el MPA rindió cuentas y difundió los resultados obtenidos

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Desde el 29 de diciembre de 2023 el MPA investigó a 5.700 personas por venta minorista de droga y solicitó el derribo de 45 búnkeres en toda la provincia. Además, se concretaron 500 allanamientos, los fiscales participaron de 900 audiencias, 833 personas fueron imputadas y 100 fueron condenadas. “El abordaje del microtráfico es uno de nuestros objetivos priorizados por su relación con los casos de violencia extrema”, sostuvo la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, y agregó que “las investigaciones que venimos realizando impactaron claramente en la baja de los índices de violencias, especialmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe”.

El 29 de diciembre de 2023 entró en vigencia la ley provincial número 14.239 de Adhesión a la Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes. En función de lo establecido en esa norma que aprobó la Legislatura provincial, el MPA se hizo cargo de la investigación penal de estos casos en toda la provincia.

En ese contexto, la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, estableció que se trata de uno de los objetivos priorizados en el Plan de Persecución Penal del MPA, definió los lineamientos institucionales sobre la implementación progresiva y dispuso la conformación de un Equipo de Trabajo sobre Microtráfico para que centralice las gestiones sobre esta materia en el ámbito de la Fiscalía General.

El equipo está actualmente conformado por la Fiscal Coordinadora en Objetivos Priorizados de la Fiscalía General Carla Cerliani, los Fiscales Diego Vigo y Franco Carbone, el Subdirector de Investigación Criminal del Organismo de Investigaciones Victor Moloeznik y la Secretaria de Gestión con funciones en la Fiscalía General Marina Pieretti.

El trabajo se desarrolla de modo coordinado y conjunto con las cinco Fiscalías Regionales y con todos los fiscales y fiscales adjuntos de la provincia.

Resultados obtenidos

“Luego del primer año de trabajo, los resultados son contundentes”, remarcó Vranicich “La nueva ley nos permitió investigar los hechos y el fenómeno criminal de manera integral, lo cual impactó claramente en la baja de los índices de violencias, especialmente en los grandes centros urbanos”.

Según los informes del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico y la Secretaria de Política Criminal del MPA se realizaron 900 audiencias en toda la provincia por la comercialización de estupefacientes; 5.700 personas fueron investigadas; 833 fueron imputadas y 100 fueron condenadas.

Se logró la autorización judicial para que se concreten más de 45 inactivaciones y demoliciones de búnkeres. El derribo o inactivación de estos establecimientos, además del enorme valor simbólico que representa, permitió pacificar y recuperar el control de barrios que estaban cooptados por la violencia extrema.

Objetivo priorizadoVranicich subrayó que “el abordaje del microtráfico es uno de nuestros objetivos priorizados por su relación con los casos de violencia extrema, y porque genera situaciones de inseguridad, temor y vulnerabilidad en los barrios y por el impacto que tiene en la tranquilidad pública, la paz social y la vida cotidiana de la ciudadanía”.

En ese sentido, en el video institucional que difundió el MPA se señala que “nuestro objetivo no es criminalizar a personas en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, niños y niñas o personas que atraviesan circunstancias adversas relacionadas con el consumo problemático de sustancias”.

Articulación“El MPA entiende que la persecución penal del microtráfico debe ser realizada de manera articulada y coordinada con todas las instituciones del Estado, en particular con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, gobiernos locales, gobierno provincial y gobierno nacional”, afirmó Vranicich.

La Fiscal General finalizó respecto al trabajo coordinado con los fiscales federales que “la delimitación y distribución de competencias, la formación de equipos conjuntos de investigación y el diseño de estrategias de coordinación nos permitirán evitar atomizaciones, eventuales entorpecimientos en las investigaciones y mejorar resultados”.