La muerte de Catalina Giraldo, una psicóloga colombiana de 30 años que padecía trastornos de salud mental severos, volvió a instalar en la agenda pública un debate complejo que involucra aspectos médicos, legales, éticos y sociales.

Su caso fue seguido de cerca en Colombia porque durante casi diez meses impulsó una batalla judicial para acceder al suicidio médicamente asistido, una práctica despenalizada por la Corte Constitucional en 2022, aunque aún sin una reglamentación específica para su implementación.

Finalmente, al no concretarse ese procedimiento, recibió la eutanasia en una clínica de Bogotá el pasado 9 de julio, acompañada por su familia.

Catalina Giraldo convivía desde hacía una década con un diagnóstico de depresión mayor severa y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad.

Según la documentación difundida durante el proceso judicial, había atravesado numerosos tratamientos, entre ellos diferentes esquemas farmacológicos, psicoterapia, terapia con ketamina, sesiones de electroconvulsoterapia e internaciones psiquiátricas, sin lograr una mejoría sostenida.

Su objetivo inicial no era acceder a la eutanasia, sino a la Asistencia Médica al Suicidio (AMS), una modalidad en la que el propio paciente administra el medicamento bajo supervisión médica.

Sin embargo, aunque esa práctica fue despenalizada en Colombia por una sentencia de la Corte Constitucional en 2022, todavía carece de una reglamentación que establezca cómo debe aplicarse dentro del sistema de salud.

Ante esa situación y luego de múltiples negativas administrativas, Giraldo optó por solicitar la eutanasia, procedimiento que finalmente fue autorizado.

Su historia generó un intenso debate en Colombia sobre los alcances del derecho a morir dignamente cuando el sufrimiento deriva exclusivamente de enfermedades mentales y no de patologías físicas terminales. El expediente continúa bajo análisis de la Corte Constitucional, ya que podría sentar criterios para futuros casos similares.

El fallecimiento también volvió a poner el foco sobre la necesidad de fortalecer el acceso a tratamientos especializados en salud mental y reducir las barreras que muchas personas encuentran para recibir atención oportuna.

Más allá del debate jurídico, especialistas en psiquiatría y psicología coinciden en que los trastornos mentales son enfermedades que requieren diagnóstico temprano, seguimiento profesional y tratamientos individualizados.

La evolución es diferente en cada persona y, en la gran mayoría de los casos, existen alternativas terapéuticas que permiten reducir el sufrimiento, mejorar la calidad de vida y favorecer la recuperación.

Depresión, trastornos de ansiedad, trastorno límite de la personalidad y otras enfermedades psiquiátricas no deben interpretarse como una debilidad personal ni enfrentarse en soledad.

El acceso a psicoterapia, tratamiento farmacológico cuando está indicado, redes de apoyo y equipos interdisciplinarios constituye una parte central de la atención.

Los especialistas también recuerdan que las crisis emocionales pueden cambiar con el tiempo. Por ese motivo, ante la aparición de pensamientos persistentes relacionados con la muerte, desesperanza intensa o ideas de hacerse daño, es fundamental buscar ayuda profesional lo antes posible.

Entre las señales que ameritan una consulta inmediata se encuentran:

Tristeza profunda que persiste durante varias semanas.

Pérdida de interés por actividades que antes resultaban placenteras.

Alteraciones importantes del sueño o del apetito.

Aislamiento social marcado.

Sensación permanente de desesperanza.

Dificultades para realizar actividades cotidianas.

Pensamientos de muerte o de autolesión.

En esos casos, la recomendación es comunicarse con un profesional de salud mental, acudir a una guardia médica o solicitar ayuda a personas de confianza. La intervención temprana puede modificar el curso de muchas enfermedades y reducir el riesgo de complicaciones.

El caso de Catalina Giraldo también expuso la necesidad de seguir fortaleciendo las políticas públicas vinculadas a la salud mental, mejorar el acceso a tratamientos especializados y reducir el estigma que aún existe alrededor de estas enfermedades.

Si bien su historia abrió un debate sobre la legislación colombiana en materia de muerte digna, también recordó la importancia de que quienes atraviesan un sufrimiento emocional intenso no permanezcan solos.

La consulta temprana, el acompañamiento familiar y el acceso a equipos especializados continúan siendo herramientas fundamentales para abordar estos cuadros y ofrecer alternativas de tratamiento adaptadas a cada situación.

Montevideo vive esta semana un momento clave: la Cámara de Diputados comenzó a analizar una iniciativa que busca despenalizar la eutanasia activa para personas adultas, psíquicamente aptas, que atraviesen enfermedades incurables, irreversibles o sufrimientos insoportables.                                                                        El texto prevé que el procedimiento sea accesible para ciudadanos y residentes, con un protocolo detallado en la ley.

El proyecto llega cinco años después de su primer impulso y tras un intento frustrado en 2022, cuando obtuvo media sanción pero quedó frenado en el Senado. Ahora cuenta con el respaldo del Frente Amplio y parte del Partido Colorado. Una de las novedades es la intervención de una junta médica en caso de discrepancia entre los profesionales que evalúan la solicitud.

El contexto regional

En América, solo Colombia y Canadá tienen regulada la eutanasia activa.

Colombia la despenalizó en 1997 por fallo de la Corte Constitucional y la amplió en 2021 a pacientes con enfermedades graves no terminales. En 2023 se practicaron unas 270 eutanasias, un 50 % más que en 2022.

Canadá la legalizó en 2016 y en 2023 reportó 15.343 procedimientos, con mayoría de pacientes oncológicos y una edad media de 77,6 años.

Otros países han legislado sobre el derecho a rechazar tratamientos, pero sin permitir la eutanasia activa. Es el caso de México y Argentina, mientras que en Brasil y Guatemala el tema no figura en la agenda política. En Chile, el proyecto está detenido en el Senado pese al apoyo del 76 % de la población, y en Paraguay y Ecuador existen avances limitados y marcos judiciales específicos.

El panorama legal de la eutanasia en la región es fragmentado y responde tanto a diferencias culturales como políticas. Si Uruguay aprueba la ley, se sumará a un grupo reducido que impulsa este derecho, enfrentando a la vez el desafío de garantizar cuidados paliativos, evitar abusos y generar consensos éticos en torno a una de las decisiones más complejas de la vida.

Seguí en vivo la discusión acá: https://www.youtube.com/live/Vv_CWhcuQ9Q