Desde este miércoles entró en vigencia en la provincia de Mendoza un régimen de multas y sanciones para los padres, tutores o responsables legales de niños y adolescentes que ejerzan bullying en el ámbito escolar, cuando no adopten medidas para prevenir o revertir esas conductas.

La medida quedó formalizada con la Ley N° 9.682, publicada en el Boletín Oficial y aprobada por la Legislatura provincial el pasado 19 de noviembre. El texto incorpora los artículos 100 bis, 100 ter y 100 quater al Código de Contravenciones, dentro del capítulo referido a las faltas contra la moralidad, la educación y la solidaridad.

La normativa establece sanciones económicas que van de 1.500 a 3.000 Unidades Fijas (UF). Con el valor actual, esto equivale a montos de entre $630.000 y $1.260.000. Sin embargo, a partir de enero, cuando la UF pasará a valer $500, las multas oscilarán entre $750.000 y $1.500.000.

Además de la sanción económica, según la gravedad del caso, los responsables podrán ser condenados a realizar tareas educativas o comunitarias por hasta 30 días.

De acuerdo al artículo 100 bis, la multa alcanza a los padres o tutores que, una vez notificados por la escuela sobre una situación de acoso escolar, incumplan con la adopción de medidas necesarias para evitar la reiteración del hecho o reparar el daño causado.

La ley contempla una primera instancia de intervención escolar, con acompañamiento de equipos interdisciplinarios. Si los adultos responsables no colaboran o incumplen las medidas indicadas, el caso pasa al Juzgado Contravencional.

El dinero recaudado por las multas será destinado al Fondo Provincial creado por la Ley N° 9.545, orientado a la prevención y asistencia de víctimas de bullying, dentro de la Dirección General de Escuelas (DGE), y también a Bibliotecas Populares.

Quedan eximidos de responsabilidad aquellos padres que:

La implementación de esta ley se da en un contexto de creciente preocupación por la violencia escolar en Mendoza, tras una serie de episodios graves ocurridos en establecimientos educativos durante 2025.

Entre ellos, se destacó el caso de una adolescente de 14 años que se atrincheró con un arma en una escuela, y otro episodio en Guaymallén donde una estudiante llevó una réplica de arma al aula. A esto se sumó un fallo judicial inédito, dictado en junio, que condenó a la DGE a pagar $4,5 millones a la familia de una niña víctima de bullying en una escuela pública de Godoy Cruz.

La sentencia marcó un precedente sobre la responsabilidad estatal y educativa en la prevención del acoso escolar, línea que ahora refuerza la nueva legislación provincial.

El municipio de Rafaela avanza en una nueva etapa del control de tránsito, incorporando tecnología de video vigilancia para detectar y sancionar conducciones peligrosas. Las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano ya se utilizan como herramienta de prueba para labrar actas, siempre bajo la supervisión de inspectores de tránsito, los únicos autorizados legalmente para confeccionar infracciones.

“Estamos empezando a usar cámaras para detectar ciertas infracciones de tránsito”, explicó Germán Bottero, secretario de Gobierno y Modernización. “El Consejo Municipal nos ayudó modificando la legislación para que los inspectores puedan trabajar desde el centro de monitoreo. Se observan maniobras como hacer wheelie, zigzaguear, ir acostado en la moto, cruzar semáforos en rojo. Todo eso puede ser ahora motivo de infracción”, detalló.

La nueva estrategia no solo apunta a mejorar la seguridad vial, sino que también puede derivar en denuncias penales, ya que la conducción temeraria está contemplada como delito en el Código Penal Argentino. “Poner en riesgo la vida propia o la de terceros es un delito, y por eso el municipio también se constituye como denunciante ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA)”, remarcó Bottero.

El sistema no solo sirve para detectar en tiempo real, sino también para verificar hechos denunciados. “Cuando hay una infracción o una denuncia, se puede recurrir a los registros de las cámaras para corroborar los hechos”, explicó el concejal Augusto Rolando, quien acompañó el proceso legislativo. “Es una herramienta que ya está funcionando, y que permite complementar o incluso respaldar las actas labradas en la vía pública”.

Entre las infracciones más comunes, mencionaron las picadas callejeras, ruidos molestos por escapes libres y vehículos sin patente visible. En este último caso, reconocen una limitación técnica: si no hay patente, la identificación por cámara se dificulta, por lo que se depende del accionar presencial de los inspectores.

Una de las modificaciones recientes a la ordenanza de tránsito permite que los inspectores secuestren motos con escapes no reglamentarios, incluso si están estacionadas. “Tenemos la facultad de cargar la moto, decomisar el escape libre y exigir que lo reemplacen por uno en condiciones antes de retirarla del corralón”, explicó Rolando. La disposición apunta a desalentar el uso de escapes que generan contaminación sonora.

Bottero confirmó que el sistema ya está operativo y que comenzaron a circular advertencias en redes sociales: “Algunos grupos empezaron a alertar que te multan por cámara. Está bien que lo hagan, eso marca que estamos dando una señal clara: no queremos este tipo de conducción peligrosa en nuestra ciudad”.

La Justicia falló en contra de Yanina Latorre en una causa por injurias iniciada por Ana Rosenfeld. La panelista había asegurado en su programa de televisión que la abogada tenía "más de 30 denuncias de mujeres" en su contra, una afirmación que resultó ser falsa. La abogada consideró que esas declaraciones afectaban gravemente su imagen profesional y personal, por lo que inició acciones legales.

El fallo obliga a Latorre a pagar una multa y realizar disculpas públicas, tanto en el mismo espacio en el que emitió las declaraciones como en sus redes sociales. La Justicia dejó en claro que la libertad de expresión no ampara la difusión de datos falsos que puedan dañar la reputación de terceros, especialmente cuando no se presentan pruebas que respalden dichas afirmaciones.

Tras conocerse la sentencia, Latorre cumplió con la obligación de disculparse públicamente. En sus declaraciones, expresó que había sido mal informada y que las acusaciones contra Rosenfeld eran infundadas. Afirmó que fue víctima de “información errónea” proporcionada por terceros y que su intención nunca fue perjudicar a la abogada.

La panelista también señaló que este episodio la llevó a reflexionar sobre el alcance de sus palabras y la necesidad de verificar la veracidad de la información antes de emitirla en medios masivos. "Me equivoqué, lo reconozco, y hoy cumplo con lo que dictó la Justicia", declaró.

La condena generó fuertes repercusiones en el mundo del espectáculo y el periodismo. Diversas figuras del medio opinaron sobre el fallo, algunos cuestionando la falta de rigor con la que se emite información en televisión, y otros defendiendo el derecho a la libertad de expresión, aunque con límites responsables.

Ana Rosenfeld, por su parte, celebró la decisión judicial como un acto de justicia y defensa de su buen nombre. “Lo que dijo Yanina fue grave. No es solo una opinión, fue una mentira difundida como verdad y eso tiene consecuencias”, expresó la abogada en una entrevista reciente.

Especialistas en derecho y comunicación coincidieron en que este caso se convierte en un precedente importante para el tratamiento de la información en medios de comunicación. Advirtieron que figuras públicas, periodistas y panelistas deben actuar con mayor responsabilidad, especialmente cuando se trata de acusaciones que pueden afectar la reputación y la trayectoria profesional de otras personas.

Este caso resalta la relevancia de la responsabilidad en las declaraciones públicas, especialmente en el ámbito mediático. La condena a Yanina Latorre por injurias establece un precedente sobre las consecuencias legales de difundir información no verificada que pueda afectar la reputación de terceros.

La ciudad de Funes dio un paso firme hacia la regulación de la tenencia responsable de mascotas: el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que establece multas de hasta 500 mil pesos para quienes dejen animales sueltos en la vía pública o cometan infracciones vinculadas al cuidado y la convivencia con animales domésticos.

La normativa, impulsada por el Ejecutivo local y respaldada por los concejales en su última sesión, modifica e incrementa las penalidades de la ordenanza 1014/15, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo tanto para los animales como para la comunidad. Según lo dispuesto, los infractores podrán enfrentar sanciones que van desde los $70 mil hasta los $500 mil, dependiendo de la gravedad del hecho y el nivel de colaboración del tutor del animal.

La ordenanza prohíbe dejar mascotas sueltas en la vía pública, mantenerlas encerradas por tiempos prolongados, omitir el retiro de excrementos, y no garantizar condiciones de higiene y salud adecuadas. Además, se vuelve obligatorio portar la libreta de vacunación del animal y que este lleve identificación visible en su collar, con los datos de contacto de su responsable.

También se faculta al Municipio a exigir bozal, castración o asistencia a clases con adiestradores en casos de animales considerados peligrosos o con antecedentes de comportamiento agresivo.

Las multas más altas —de hasta $500 mil— se aplicarán cuando las autoridades constaten falta de colaboración del tutor del animal o reincidencias en la infracción.

Aranza Puig, responsable de Salud Animal de Funes, señaló que la prioridad del Municipio es la concientización: “Primero apelamos al diálogo, con visitas, inspecciones y advertencias. Pero si no hay respuesta, avanzamos con multas e intimaciones”, explicó.

Asimismo, fue contundente sobre la necesidad de asumir responsabilidades: “No importa si el perro es bueno o pequeño. No debe estar suelto en la vía pública. Dejar animales en la calle implica negligencia y pone en riesgo su vida y la seguridad pública”.

La implementación de esta ordenanza se suma a las acciones preventivas que el municipio viene desarrollando en materia de salud animal, en un intento por mejorar la convivencia ciudadana y evitar episodios lamentables como mordeduras, ataques o accidentes provocados por la presencia de animales sin control.

Romina Uhrig se suma a la lista de los ex Gran Hermano que protagonizaron un escándalo policial esta semana luego de que agentes de tránsito retuvieran su vehículo durante el fin de semana. La ex diputada conducía con varias infracciones de tránsito y alcohol en sangre.

La noticia fue detallada por Pepe Ochoa en LAM, quien advirtió que la influencer manejaba con “varias copas de vino” encima: "La detuvieron el pasado domingo. Iba manejando y le hicieron el control de alcoholemia y le dio 0,98".

Ochoa sumó que eran tantas las infracciones que la ex política incumplía, que los agentes de tránsito debieron retenerle la licencia de conducir: “Cuando le pidieron la cédula verde no la tenía. Tampoco tenía el seguro para el auto. Por eso le retuvieron la licencia. Además, llevaba más gente de la capacidad permitida”.

Según trascendió, el hecho ocurrió en Udaondo, cerca de la cancha de River, donde la policía debió acarrear la camioneta Ford territory que manejaba Uhrig. 

FUENTE NA

Se trata de un nuevo modelo de trabajo que la Municipalidad de Rafaela planea comenzar antes de que finalice el año.

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El tránsito, los accidentes y las imprudencias en Rafaela últimamente son moneda corriente. De hecho, en lo que va del año 2024, la ciudad de Rafaela ya sumó seis víctimas fatales a causa de accidentes de tránsito. En promedio, esto representa una muerte cada 36 días.

A pesar de que el primer semestre del año mostró una baja en comparación con el 2023, cuando se contabilizaron ocho víctimas fatales, la preocupación por los siniestros se mantuvo entre los ciudadanos y las autoridades locales.

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En este sentido, a mediados de año el gobierno local lanzó una nueva campaña de concientización donde compartieron fragmentos de grabaciones del Centro de Monitoreo Urbano de graves accidentes de tránsito ocurridos en Rafaela. En las filmaciones se pudo observar los principales causantes de siniestros: cruces de semáforos en rojo, excesos de pasajeros o circulación contra mano.

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Asimismo, durante el mes de agosto, el intendente, Leonardo Viotti, impulsó la creación de un parque vial en la ciudad. Un articulación público-privado que requiere “un trabajo de parte de todos y con la presencia de las tres patas fundamentales que tiene el tránsito: infraestructura, controles y la capacitación y concientización”, según detalló el mandatario.

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Inspectores en la calle, pero desde el CeMU

En suma a las diferentes estrategias que generaron desde la gestión actual municipal, este último trimestre se agrega una nueva: la “designación” de un agente de Protección Vial y Comunitaria en el Centro de Monitoreo Urbano.

Si bien es algo que todavía se encuentra en proceso de activación, Radio Rafaela supo que el agente tendría la posibilidad de estar observando -en principio- cuatro cámaras de los cruces de calles más peligrosos o más “complicados” para multar a quien, por ejemplo, pase en rojo. Cuando el inspector detecte la falta, puede tomar los datos de la chapa patente, labrar el acta y enviarla directamente al juzgado de faltas para que notifique al infractor.

Esto, según los dichos del secretario de gobierno y modernización, permitiría efectuar más controles de tránsito en diferentes sectores de Rafaela, utilizando la menor cantidad de recursos posible.

En un operativo realizado en la noche del jueves por la sección control de cargas de Vialidad Provincial, se detectaron 181 toneladas de infracción que acumularon más de 10 millones de pesos en multas.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, por intermedio de la Dirección Provincial de Vialidad realizó este jueves por la noche un operativo de control de cargas sobre la Ruta Nacional N°168, en el acceso al Túnel Subfluvial que conecta las ciudades de Santa Fe y Paraná (Entre Ríos), que arrojó 6 actas de infracción por un total de $10.559.269 con excesos por 181.100 kilos.

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Los trabajos fueron realizados por la Sección Control de Cargas, a través de un convenio vigente con la Comisión Administradora Interprovincial Ente Túnel Subfluvial "Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis". Cabe destacar, que la sección es dependiente de la Dirección General de Conservación de Vialidad, que cubre el territorio provincial a través de los equipos de las diez jefaturas zonales y una patrulla móvil.

En cuanto a los 6 vehículos infractores, registraron excesos en su carga de soja entre 29.000 y 32.000 kilos cada uno, representando infracciones que alcanzaron los 2,3 millones de pesos. El acta de infracción inicial se labra de acuerdo al 50% del valor de la Unidad Fija (U.F.), que está sujeta al precio del litro de nafta súper vigente en el Automóvil Club Argentino ($221).

Zona sur de la provincia

En cuanto a la zona sur de la provincia, los operativos se realizaron durante la última semana en los departamentos Constitución y General López, por las jefaturas zonales VI y VII que operan desde Rosario y Venado Tuerto, respectivamente.

Las patrullas trabajaron sobre las rutas provinciales N°90 (en jurisdicción de Alcorta), N°22-s (General Gelly), N°14 (en cercanías a María Teresa), N°93 (zona de la ciudad de Firmat) y N°94 (entre Santa Isabel y Villa Cañás).

En General López, se registró un camión con 10.400 kilos de más, que representan $1.159.166,05 de penalidad; y otro con un sobrante de 5.600 kilos ($267.272,95). En tanto, en departamento Constitución las infracciones globalizaron 7.500 kilos de exceso, por un monto de $343.904,10.

A partir del lunes 13 de febrero, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) comenzará a fiscalizar excesos de velocidad mediante cinemómetros móviles, que operarán con el nuevo sistema de actas de infracción digital mediante las Personal Digital Assistant (PDA).

La manipulación de los cinemómetros estará a cargo de la Policía de Seguridad Vial (PSV), en las rutas de la provincia. El objetivo es reducir los siniestros viales.

El subsecretario de la APSV, Osvaldo Aymo, señaló que “la policía de seguridad vial por primera vez en la historia de nuestra provincia tendrá a cargo la manipulación de los cinemómetros para captar las infracciones por exceso de velocidad en las rutas tanto provinciales como nacionales. Con incorporación de nueva tecnología se utilizará un nuevo sistema de actas digital mediante las PDA, que agiliza el trabajo. Este hecho inédito en Santa Fe irá dejando obsoleto al labrado de acta manual. Seguimos apostando a disminuir la cantidad de muertos y herido graves en el transito”.

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Al respecto, la directora provincial de la APSV, Antonela Cerutti, precisó que “junto con el innovador sistema de PDA, la reciente implementación de nueva tecnología para el labrado de actas, daremos inicio al control por exceso de velocidad mediante cinemómetros móviles; porque la fiscalización de velocidad en rutas es imprescindible para poder detectar a tiempo a aquellos conductores que circulan de manera imprudente. Cuando hablamos de controles, estamos hablando de poner al resguardo la vida de todos los santafesinos y santafesinas”.

Además, la funcionaria detalló:

El exceso de velocidad es una de las principales causas en los siniestros viales, se trata de una conducta realmente grave que influye en la siniestralidad vial con víctimas fatales, el control sistemático de velocidad en rutas es uno de los caminos para poder salvar vidas, porque el único número admisible de víctimas fatales es cero

Los puntos de control estarán ubicados en relación al mapa de calor de siniestros viales realizado por el Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe, que se actualiza de forma permanente. En esta primera instancia, la disposición de los cinemómetros comenzará en la ciudad de Rosario y Santa Fe, para luego expandir los operativos al resto de la provincia.

El control mediante radarización se dispuso inicialmente en Rosario: Ruta Nacional 008 (Circunvalación de Rosario); Autopista 01 (Rosario-Santa Fe); Autopista Rosario-Córdoba; Autopista Rosario-Buenos Aires y en Santa Fe: Ruta Nacional 11 (Circunvalación Santa Fe).

Velocidades máximas

Las velocidades máximas permitidas están determinadas por Vialidad Nacional y Vialidad Provincial, según la jurisdicción de la vía:

RN-A008 Circunvalación de Rosario: vehículos livianos 100km/h y vehículos pesados 80km/h.

AU-01 Autopista Rosario-Santa Fe: vehículos y motovehículos 130 km/h; camionetas 110 km/h; microbús, ómnibus y casas rodantes motorizadas 100 km/h; camiones y automotores con casa rodante acoplada 80 km/h.

RN-9 Autopista Rosario-Córdoba: vehículos y motovehículos 130 km/h; camionetas 110 km/h; microbús, ómnibus y casas rodantes motorizadas 100 km/h; camiones y automotores con casa rodante acoplada 80 km/h.

Autopista Rosario-Buenos Aires: vehículos y motovehículos 120km/h; microbús, ómnibus y casas rodantes motorizadas 90 km/h; camiones y automotores con casa rodante acoplada 80 km/h.

RN A-007 / RN-11 Circunvalación Santa Fe: el primer tramo se encuentra en la A007 ex “Mar Argentino” ubicado en zona urbana, la velocidad máxima corresponde a 60 km/h. El segundo tramo comienza en Ruta Nacional 11 en el Puente Santo Tomé hasta calle Gorostiaga, donde la velocidad máxima es de 80 km/h y hasta la primera variante de la vía (altura Recreo) la misma es de 100 km/h.

Los radares se ubicarán en ambos sentidos de circulación, ascendente – descendente. y serán claramente visibles a través de los carteles que indican las velocidades máximas para los distintos segmentos de tránsito y los carteles que indican presencia de radarización. Las ubicaciones de los puntos de medición y detención del presunto infractor pueden variar dependiendo de la vía y el volumen de tránsito.

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Las fiscalizaciones a través de cinemómetros móviles serán implementadas en el territorio provincial con la innovación del uso de las Personal Digital Assistant (PDA) que emiten la multa y notifica al presunto infractor en el momento. Las mismas tendrán operabilidad únicamente durante el horario diurno. Además, ante inclemencias climáticas (lluvia, niebla, etc) las fiscalizaciones con radares móviles quedarán sin efecto, por razones de seguridad.

Pago voluntarioEs importante destacar que el código de pago que se encuentra en las nuevas actas de infracción, servirá únicamente para aquellas infracciones que habiliten al pago voluntario. En el caso de corresponder el pago voluntario el acta deberá abonarse dentro de los 30 días de la fecha de emisión y le corresponderá abonar con un 50 por ciento de descuento. Para efectuar el pago voluntario, el usuario podrá realizarlo mediante el Banco de Santa Fe, Santa Fe Servicios o Red Link.

En los casos en que no corresponda el beneficio de pago voluntario, deberán presentarse ante cualquier Juzgado de Faltas Habilitado en la Provincia.

Para más información sobre la ubicación de los juzgados de faltas habilitados, días y horarios de atención, ingresá a https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/204362/(subtema)/93816

Línea de denuncias del accionar policialEl gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Seguridad, posee la línea telefónica 0800-444-3583 al servicio de la ciudadanía. Es exclusiva y de acceso gratuito para realizar denuncias y aportar información sobre situaciones inapropiadas o mal desempeño en relación a la conducta policial o denunciar el uso ilegal de armas de fuego. La denuncia es anónima y de carácter confidencial.

La Secretaría de Comercio ajustó los valores de las multas para los establecimientos que incumplan el programa “Precios Justos”, las que podrían llegar hasta los $47 millones.

De esta forma, la dependencia a cargo de Matías Tombolini apunta a fortalecer la política de precios de referencia, una de las herramientas que eligió el gobierno para contener la inflación sobre un conjunto de bienes de primera necesidad.

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Tras la polémica por la inclusión de “Camioneros” y organizaciones sociales, se actualizaron las sanciones para los comercios mayoristas y minoristas que incumplan alguno de los parámetros del programa. Lo hizo a través de la Resolución 12/2023 del Ministerio de Economía que fue publicada hoy en el Boletín Oficial.

La legislación vigente calibra las sanciones a un equivalente entre 0,5 y 2100 Canastas Básicas Total (CBT) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para un Hogar 3 –compuesto por matrimonio y tres hijos menores- cuyo último valor fue de $ 160,412,63.

De esta forma, la máxima multa a aplicar es de aproximadamente $ 47 millones para el caso de un mayorista que venda por encima de los precios que establece el acuerdo.

Las sanciones tienen escalas y están divididas por comercios “express”, supermercado, hipermercado, mayorista y también incluye a las ventas vía web.

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El programa “Precios Justos” ofrece unos 2.000 productos con precios fijos y otros 30.000 que tiene un tope de ajuste mensual, desplegados en comercios de todo el país buscando lograr capilaridad en la llegada.

Además de alimentos y bebidas en las últimas semanas se amplió a zapatillas y ropa.

Desde la Secretaría intentarán extender la lista de sectores participantes.

De esta forma Economía busca establecer parámetros de precios para converger a una tasa de inflación menor a 4% en abril de este año.

Noticias Argentinas

Conducir por las calles de la ciudad implica una responsabilidad. A las personas que no respetan las normas establecidas se les aplica una sanción cuyo valor se determina en función de la gravedad y el tipo de vehículo implicado. La Secretaría de Gobierno y Participación recuerda algunos de los montos asignados a las mismas.

Una forma que tiene el Estado local para cuidar del tránsito en las calles y evitar que sucedan accidentes son las infracciones. Para establecer el monto de cada una de ellas se utiliza una Unidad Fija y se calcula en función del vehículo que comete la falta y la gravedad de la misma.[Ingrese autor (opcional)]

En base a lo mencionado anteriormente, los valores de las multas realizadas por personal de Protección Vial y Comunitaria, son por ejemplo, para una moto que circula a una velocidad mayor a la máxima permitida, desde $5.894 hasta $8.841, el cruce de semáforo con luz prohibida desde $14.735 hasta $17.682. En tanto que conducir sin carnet habilitante implicará una multa desde $7.367 hasta $11.788, y circular en contramano desde $11.788 hasta $22.102.

En cambio, a un automóvil le corresponderá abonar por el exceso de velocidad entre $11.788 y $22.102, cruzar el semáforo en rojo entre $22.102 y $29.470. Por otra parte, la infracción de conducir sin haber obtenido el carnet estará entre $13.261 y $16.208, mientras que circular en contramano será entre $22.102 y $29.470.

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Para el caso de los camiones, el valor es más elevado. En este sentido, manejar con un exceso de velocidad implicará un valor desde $29.470 a $44.205. Para el cruce de semáforo en rojo, la multa va desde $29.470 hasta $44.205, y por circular dentro de un radio prohibido el costo es entre $8.841 y $17.682. Además, al giro indebido en zona de semáforo le corresponderá una sanción entre $4.420 y $8.841.

Es importante destacar que el no uso de los elementos de seguridad en todos los vehículos tiene una sanción. En el caso de las motos, la falta de casco varía entre los $4.420 y los $10.314, el no uso del cinturón va desde $2.652 hasta $6.188.

La conducción de menores es una falta que tiene un valor alto. En las motos, la infracción se encuentra entre $17.682 y $44.205, en los autos entre $29.470 y $73.675.

También circular sin el seguro obligatorio es una falta y para todos los vehículos tiene el mismo monto, desde $7.367 hasta $22.102.

Para finalizar, las multas por alcoholemia serán sancionadas en todos los casos, con un mismo costo, desde $29.470 hasta $73.675.

Cabe aclarar que las infracciones graves como alcoholemia positiva, cruce de semáforo con luz prohibida o contramano, pueden dar lugar a la pena accesoria de inhabilitación para conducir, con la retención de la licencia. Asimismo, los Jueces de Faltas siempre tienen la facultad de agravar o disminuir la pena de multa teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, los antecedentes y demás parámetros a tomar para determinar el monto a abonar.

La norma publicada en el Boletín Oficial precisa que, en caso de reincidencia, "se podrá aplicar un incremento de hasta el 40% de las multas", incremento que podrá llegar al 100% "en el caso de segunda reincidencia".

La Secretaría de Comercio estableció multas de hasta un millón de pesos a los incumplimientos en que pudieran incurrir las empresas participantes del programa Precios Justos, con la opción de duplicar ese monto en caso de reincidencias reiteradas.

La medida se formalizó a través de la Resolución 118/2022 publicada en el Boletín Oficial, e incluye un anexo con el detalle de los incumplimientos y sus respectivas multas.

La norma es complementaria de la Resolución 75 del 11 de noviembre, por la que se aprobó el modelo de Convenio Específico de Colaboración entre la Secretaría de Comercio y "los municipios de las diversas provincias de la República Argentina que contribuyan en las actividades de fiscalización, control y juzgamiento de los incumplimientos a los acuerdos de precios que hayan sido suscriptos" con las empresas participantes de Precios Justos.

Como esa resolución no especificaba los montos de las multas a aplicar ante eventuales incumplimientos, Comercio consideró "pertinente" por "cuestiones operativas" el establecimiento de criterios para su fijación.

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En el caso de ofertas de productos del programa a precios superiores de los establecidos por el Convenio, las multas se ubicarán entre $500.000 a $ 1 millón, el mismo rango si ocurre una falta de oferta en cada sucursal de las empresas de al menos el 80% de los productos previstos, sin que se encontraren ofertados sus respectivos sustitutos.

Se aplicará una sanción de $200.000 hasta $400.000, si existiera una falta de correcta identificación mediante la señalética del programa en cada sucursal de las empresas participantes de al menos el 80% de los productos incluidos en los convenios correspondientes.

Asimismo, la resolución establece multas de $150.000 a $300.000 si se utilizara esa señalética "en la oferta de productos objeto de fiscalización, que no se encuentren incluidos en los Anexos de los convenios correspondientes".

Por último, se fijan multas de $250.000 a medio millón de pesos al "establecimiento de alguna restricción al número de productos de venta por consumidor o grupo familiar sin que esté previamente autorizado por la Secretaría de Comercio".

La norma precisa que, en caso de reincidencia, "se podrá aplicar un incremento de hasta el 40% de las multas", incremento que podrá llegar al 100% "en el caso de segunda reincidencia".