La guerra de precios en el mercado de los neumáticos en Argentina ha cobrado un nuevo protagonismo, luego de que se abriera la puerta a la importación de marcas poco conocidas, principalmente de origen chino. La baja de aranceles a la importación permitió que las marcas extranjeras compitieran de manera directa con los neumáticos nacionales, como Fate, una de las últimas fábricas de neumáticos en el país. Esto dio lugar a una disminución en los precios, sin embargo, también dejó en evidencia las dificultades que enfrentan las marcas locales para competir frente a los costos de fabricación más elevados.

En medio de esta guerra de precios, el cierre de la planta de Fate y su decisión de abandonar la producción local se dio como resultado de una competencia que cada vez es más feroz. Según las declaraciones de la empresa, la fabricación de neumáticos en Argentina es más costosa que el precio en que se venden en el mercado debido a factores como la falta de competitividad con los productos importados.

A pesar de los esfuerzos por adaptar los precios, los neumáticos nacionales continúan siendo más caros que los de otras marcas, especialmente los provenientes de China, que ocupan el 60% del mercado de neumáticos en Argentina. Sin embargo, las marcas como Pirelli, Firestone y Bridgestone se mantienen como las más caras, mientras que los neumáticos chinos ofrecen precios más accesibles pero con menor calidad en algunos casos.

Un estudio comparativo realizado con diferentes modelos de neumáticos de marcas como Fate, Pirelli, Firestone, Khumo, y Triangle, entre otras, refleja que las opciones más económicas se encuentran en las marcas importadas, con precios que en algunos casos son hasta un 30% más bajos. Por ejemplo, el neumático Firemax, de origen chino, tiene precios que oscilan entre los 99.000 y 230.000 pesos, dependiendo del rodado, mientras que las marcas tradicionales, como Fate y Pirelli, superan los 130.000 pesos en los mismos modelos.

El mercado de los neumáticos enfrenta ahora un escenario donde el precio juega un papel fundamental, pero también se disputan otros factores como la durabilidad, la calidad y la percepción de los consumidores. La guerra de precios está lejos de terminar, ya que las marcas locales tratan de mantenerse en el juego adaptándose a los nuevos precios, mientras que los importadores continúan aprovechando las ventajas económicas para competir en el mercado argentino.

El economista Domingo Cavallo volvió a criticar la política cambiaria del gobierno de Javier Milei. En una nueva publicación en su blog personal, sostuvo que el tipo de cambio real vigente “no es de equilibrio” y que el peso se encuentra sobrevaluado debido al esquema de restricciones y regulaciones que rige actualmente.

En su análisis, Cavallo afirmó que la cotización del dólar fue sostenida por medidas como el cepo cambiario, la represión financiera, y tasas de interés reales elevadas. Señaló que estas decisiones limitaron el libre movimiento de capitales y distorsionaron la formación genuina de precios. Según indicó, este mecanismo fomentó consumos externos, impulsó importaciones de bienes de consumo y generó dudas sobre la sostenibilidad del valor actual del peso.

El exministro insistió en avanzar hacia un sistema bimonetario, similar a los vigentes en Perú, Uruguay y Paraguay, que permita el uso del peso y el dólar en todas las operaciones financieras y comerciales. “El daño que causa un peso inconvertible sobrevaluado va más allá de la pérdida de competitividad”, expresó.

También advirtió que las restricciones al movimiento de capitales y las tasas altas reforzaron el atraso cambiario y aceleraron el endeudamiento de empresas y familias. Según analizó, la morosidad bancaria creció y las entidades enfrentaron pérdidas significativas durante el tercer trimestre.

Cavallo sostuvo que los precios clave de la economía —tasa de interés real y tipo de cambio real— deben surgir del libre juego entre ahorro e inversión, sin intervención estatal. Aseguró que el esquema actual condiciona ese proceso y perjudica la producción nacional.

En su columna, evaluó además la reacción del mercado tras el respaldo internacional a Milei por parte de Donald Trump y del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, junto con el resultado electoral favorable para La Libertad Avanza en octubre. Aunque ese escenario redujo la expectativa de devaluación y el riesgo país, dijo que persistieron las preocupaciones en sectores vinculados al mercado interno.

En materia de reservas, señaló que existe consenso entre economistas y técnicos del FMI sobre la necesidad de que el Banco Central acumule divisas para consolidar la estabilidad financiera. Sin embargo, afirmó que el Gobierno prefiere postergar esa operatoria para evitar presiones sobre el tipo de cambio y los precios.

También advirtió sobre el impacto de las tasas reales altas, que encarecen el crédito, aumentan la morosidad, afectan el consumo y la inversión productiva, y trasladan costos a los precios finales. “Ya hay indicios claros del daño que causaron las tasas del tercer trimestre”, aseguró.

Por último, planteó que las reformas estructurales en debate no tendrán efectos inmediatos. Para Cavallo, los avances dependerán de la apertura cambiaria, la acumulación de reservas y la normalización del sistema financiero. Propuso que el Gobierno clarifique su estrategia ante el FMI y que el Presupuesto 2026 incluya definiciones sobre el uso del peso y el dólar como monedas de curso legal, con el objetivo de dar previsibilidad al proceso de transición.

El lunes 8 de diciembre será feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María. En esta fecha, el sector comercial y de servicios puede abrir sus puertas, siempre que respete lo establecido por la normativa laboral vigente.

Según lo estipulado por el Convenio Colectivo de Trabajo de los Empleados de Comercio, el personal puede negarse a trabajar ese día y, en caso de hacerlo, no corresponde descontar la jornada.

Si el trabajador acepta asistir a su puesto, las horas deben abonarse al 100%, es decir, con doble jornal, de acuerdo con los artículos 155 y 166 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para el cálculo se utiliza el divisor 25.

Además, el empleado no recibe horas compensatorias, ya que la ley contempla únicamente el pago doble como retribución por trabajar en un feriado nacional.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, mantuvo una reunión con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para abordar el conflicto por la coparticipación federal y la deuda que el Gobierno nacional mantiene con el distrito porteño.

Tras el encuentro, realizado en el Palacio de Hacienda, Macri calificó la conversación como “positiva”, aunque aclaró que aún no se alcanzó un acuerdo. Desde el Ejecutivo porteño informaron que “seguirán trabajando para encontrar un acercamiento” que permita resolver las diferencias.

Durante la reunión, el jefe de Gobierno reclamó al Ejecutivo nacional que “normalice los pagos, salde la deuda atrasada e incluya la partida correspondiente en el Presupuesto 2026”, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que restableció el porcentaje del 1,55% de coparticipación. Según estimaciones oficiales, Nación adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales interrumpidas desde agosto.

Macri también pidió que la cifra adeudada sea incorporada al proyecto del Presupuesto 2026 para “asegurar su continuidad” y garantizar el cumplimiento de la resolución judicial.

En la reunión participaron, además, el jefe de Gabinete porteño Gabriel Sánchez Zinny, el ministro de Justicia Gabino Tapia, el ministro de Hacienda de la Ciudad Gustavo Arengo, el secretario de Hacienda de la Nación Carlos Guberman y la subsecretaria de Coordinación Fiscal Valeria Sánchez.

Mientras tanto, el Gobierno porteño mantiene un reclamo judicial de fondo por el reintegro de 6.000 millones de dólares, en concepto de la deuda originada “por la quita inconstitucional” que redujo la coparticipación del 3,5% al 1,4% durante el gobierno de Alberto Fernández. Paralelamente, la Ciudad insiste en la restitución del 3,5% mediante transferencias diarias del Banco Nación.

El referente de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME) de Santa Fe, Mario Galizzi, manifestó su preocupación por el impacto de las políticas económicas actuales sobre el entramado productivo y reclamó que las pymes sean incluidas en los debates legislativos y ejecutivos sobre las reformas estructurales que impulsa el Gobierno nacional.

“Se ha dejado de lado la discusión sobre cuál va a ser el rol real de las pymes. Nosotros planteamos que la apertura indiscriminada de importaciones y el aumento brutal de la tasa de interés generan un daño directo al sector. Por eso creamos un Observatorio de Alerta Temprano, donde todos los meses informamos cómo impactan las importaciones y cuántos puestos de la economía formal se pierden en Santa Fe”, explicó Galizzi.

En declaraciones a la prensa, el dirigente señaló que la discusión sobre la reforma laboral, impositiva y posiblemente financiera debe incluir a los representantes del sector productivo.“Es necesario que el sector pyme esté en el debate, que la dirigencia participe, porque si no vamos a estar sujetos solamente a la mirada de algunos grupos económicos”, sostuvo.

Galizzi destacó además que no todas las pymes atraviesan la misma realidad, ya que la situación depende de la rama industrial a la que pertenecen.“Una pyme que trabaja para el área energética no es la misma que una textil o una que depende del mercado interno. Hay sectores que están siendo directamente agredidos por las importaciones, como el acero y la chapa”, ejemplificó.

El referente de APYME remarcó que Santa Fe posee una estructura industrial única en el país, pero advirtió que la falta de políticas de desarrollo puede poner en riesgo su potencial.“Santa Fe es altamente productiva e industrial. Tenemos industrias lácteas, frigoríficas, metalmecánicas, del mueble, textiles, de precisión. Pocas regiones en el mundo tienen esta diversidad. Pero si no hay una política de desarrollo e infraestructura que acompañe, los empresarios pymes empiezan a tener dificultades”, afirmó.

Como ejemplo del impacto negativo de la apertura comercial, mencionó la crisis del sector textil.“La algodonera de Avellaneda suspendió más de 300 trabajadores. Según la Fundación ProTejer, han ingresado importaciones equivalentes a cinco años de producción textil argentina. Imagínense lo que eso significa, no solo para el presente, sino para el futuro”, advirtió.

Galizzi consideró que el Gobierno cuenta con respaldo político para avanzar con sus reformas, pero insistió en que los cambios deben ser discutidos de forma plural y equitativa.“El Gobierno ha tenido un respaldo importante en términos electorales y va a plantear reformas. Pero deben estar todos en la mesa: pymes, trabajadores y empresarios. Nadie se niega al diálogo, lo que no puede ocurrir es que se impongan formatos que dejen fuera a grandes sectores de la producción nacional”, señaló.

Finalmente, sostuvo que el desafío es encontrar un consenso nacional que permita proteger el trabajo y la competitividad“Tenemos industrias que se defienden, como las vinculadas a Vaca Muerta o al litio, pero la mayoría, que produce para el mercado interno, la está pasando muy mal. Si no hay políticas equilibradas, se pone en riesgo el tejido industrial y el empleo formal”, concluyó.

En su primera semana después de las urnas, Javier Milei se ubicó en el centro de la escena con un claro mensaje: gobernar con opositores, pero sin cambiar el rumbo. Acompañado por casi todo su Gabinete, el presidente recibió en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada a veinte gobernadores para trazar el mapa de la segunda mitad de su mandato.

La foto fue la de un jefe de Estado que, tras el triunfo legislativo del domingo, buscó ampliar su interlocución convocando a los mandatarios provinciales -entre los que estuvo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro- para plantear las reformas estructurales que marcarán el pulso político del nuevo Congreso.

El vocero presidencial Manuel Adorni fue el encargado de ponerle palabras al encuentro. En su conferencia de prensa posterior, enumeró lo que definió como “las tres premisas” de la nueva etapa: la reforma tributaria, la modernización laboral y la reforma del Código Penal.

“Para que haya trabajo y buenos salarios en Argentina tiene que haber inversión. Para que haya inversión, hay que reducir impuestos y garantizar el derecho de propiedad”, enfatizó Adorni al transmitir los lineamientos centrales del mensaje que Milei dio a los gobernadores.

De acuerdo con lo detallado por el vocero, el presidente expuso ante los mandatarios un esquema de prioridades que pone al Congreso en el centro del nuevo ciclo político.

“El primer desafío del nuevo Congreso será aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal”, sostuvo Adorni.

Sobre el eje económico, explicó que la reforma tributaria buscará “eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares”.

En materia laboral, insistió en que el objetivo del Gobierno es integrar a los trabajadores informales, “terminar con la industria del juicio” y vincular el crecimiento de los salarios con la productividad.

“El país está en un momento bisagra —dijo—. El mandato de los argentinos es terminar con el pasado y volver a abrazar las ideas que alguna vez nos hicieron grandes”.

La tercera de las reformas mencionadas por Adorni apunta al Código Penal, una iniciativa que el Gobierno considera esencial para garantizar el orden y la propiedad privada.

“La reforma del Código Penal es para que los delincuentes paguen en serio y para garantizar el derecho de propiedad privada, que es parte de la columna vertebral del crecimiento”, afirmó el vocero.

El mensaje, breve pero enfático, volvió sobre una de las frases que el propio Milei repite desde su campaña: “El que las hace, las paga”.

En esa línea, Adorni sostuvo que “el derecho de propiedad es la base de cualquier desarrollo posible” y que el Gobierno considera indispensable “recuperar la confianza en las instituciones y en la justicia penal como garantía del orden”.

A la reunión fueron invitados los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Entre Ríos, Rogelio Frigerio, Córdoba, Martín Llaryora; Catamarca, Raúl Jalil; Chubut, Ignacio Torres; Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; Corrientes, Gustavo Valdés; Jujuy, Carlos Sadir; La Pampa, Sergio Ziliotto; Misiones, Hugo Passalacqua; Río Negro, Alberto Weretilneck; Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Marcelo Orrego; San Luis, Claudio Poggi; Santa Cruz, Claudio Vidal; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y Tucumán, Osvaldo Jaldo.

“El presidente quiere trabajar con todos los gobernadores y con el Congreso Nacional para impulsar cada una de las reformas que necesitamos”, resumió Adorni, dejando en claro que la estrategia política del Ejecutivo pasa ahora por convertir el respaldo de las urnas en capital legislativo.

También estuvieron presentes las vicegobernadoras Silvana Schneider (Chaco), Hebe Casado (Mendoza) y Zulma Reina (Neuquén), en representación de sus provincias.

“El presidente agradeció a cada uno de los presentes, a cada uno de los gobernadores, y a todos los que a partir de ahora van a construir una Argentina mejor”, concluyó Adorni en su mensaje final.

El Litoral

Desde este martes 16 de septiembre, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el padrón electoral definitivo para las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán en octubre. Los ciudadanos de todo el país ya pueden ingresar al sistema online y conocer el establecimiento, la mesa y el número de orden asignado para emitir su voto.

La consulta puede realizarse en el sitio oficial del organismo: www.padron.gov.ar

Para verificar los datos de votación, cada elector debe ingresar:

Una vez completado el formulario, el sistema devuelve la escuela o establecimiento de votación, con su dirección exacta, número de mesa y número de orden.

El padrón definitivo fue publicado 40 días antes de la elección, como lo establece el cronograma electoral. En caso de detectar errores u omisiones en los datos, los votantes podrán realizar reclamos hasta el 26 de septiembre, inclusive.

Además, ya fueron designadas las autoridades de mesa, quienes también pueden verificar su designación en el mismo sitio oficial, con la posibilidad de excusarse si cumplen alguno de los requisitos habilitantes.

La herramienta resulta clave para garantizar una jornada electoral organizada, evitando confusiones o cambios de último momento en el lugar de votación.

El Gobierno nacional oficializó este jueves la suma que recibirán los partidos y alianzas políticas para financiar sus campañas rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Según la Resolución 375/2025, publicada en el Boletín Oficial, se destinará un aporte global de $13.223.416.051.

El desglose de los montos es el siguiente:

El documento lleva la firma del vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y establece que la Dirección Nacional Electoral será la encargada de definir cómo se repartirán los recursos entre las agrupaciones políticas que participen en los comicios.

Además, ese organismo deberá informar la nómina de beneficiarios a la Dirección General de Administración de Interior y aplicar eventuales sanciones que determine la Justicia Nacional Electoral.

El gasto se solventará con créditos presupuestarios de la Jurisdicción 25 – Subjurisdicción 06 (Vicejefatura de Gabinete del Interior), correspondientes al ejercicio 2025.

La normativa se apoya en la Ley 26.215, que regula los aportes estatales a los partidos políticos. Según su artículo 5°, el Estado tiene la obligación de contribuir al funcionamiento y financiamiento de las campañas de las fuerzas reconocidas legalmente.

Desde Radio Splendid AM 990, Maslatón sostuvo este martes 15 de julio que "Argentina incrementa la deuda en US$ 300 millones por día" y calificó la situación como “una fuertísima recesión”. Expresó su preocupación por el crecimiento descontrolado de los pasivos, y advirtió: “La deuda genera deuda y en un momento no se puede pagar más” 

Maslatón calificó al plan económico de Milei como “nefasto”, señalando una contradicción:

“Están haciendo todo lo contrario a una doctrina liberal: son una máquina de intervenir en el mercado vendiendo bonos y dólares futuros. Esto ya lo vimos, en 1981, en 1989 y en 2018” Además, denunció una emisión encubierta mediante deuda: “El gobierno dice que no está emitiendo y está emitiendo como nunca”

-El financista puso el foco en figuras clave del gobierno:

-Aseguró que Milei incrementó la deuda en US$ 150 mil millones 

-Identificó a Luis Caputo y Santiago Bausili como responsables del daño económico 

-Afirmó que el jefe de Gabinete Guillermo Francos “miente” sobre el estado de los recursos 

-Criticó a Milei por su “negación psicológica de la realidad”

Maslatón advirtió que la economía está “muy recesiva” y acusó al gobierno de “fotos y anuncios falsos” que enmascaran la realidad. También apuntó al tipo de cambio “bajo en forma artificial” como otro mecanismo que agrava la situación

El Gobierno Nacional aprobó esta semana nuevos estatutos para tres fuerzas de seguridad federales: la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal. Esta reforma se inscribe en el marco de la emergencia pública declarada por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, cuyo objetivo es reorganizar el Estado y reducir el gasto público, optimizando los recursos y mejorando la eficiencia operativa.

Los decretos 454, 455 y 457/2025, firmados por el presidente Javier Milei y publicados en el Boletín Oficial, apuntan a adecuar el funcionamiento de estas fuerzas a los estándares actuales, respondiendo de manera más efectiva a los problemas de seguridad que enfrenta el país.

Modernización de la Gendarmería NacionalEl nuevo Estatuto de la Gendarmería Nacional, aprobado por el decreto 454/2025, reemplaza la Ley Nº 19.349, vigente desde 1971. La reforma tiene como propósito reorganizar las misiones y funciones de la fuerza, dándole herramientas para combatir delitos como el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de personas y el terrorismo.

Entre los objetivos de la reforma se destacan:

-Racionalización de funciones y estructuras

-Jerarquización de la carrera profesional

-Creación de un régimen disciplinario más ágil y eficaz

-Incorporación de principios de buen gobierno y transparencia

-Mejora del control interno y de la administración financiera

Además, se eliminarán normativas y funciones duplicadas, lo que permitirá reducir el gasto y mejorar la eficiencia. Gendarmería deberá presentar en los próximos 90 días las propuestas normativas necesarias para implementar estas reformas.

Transformación de la Prefectura Naval ArgentinaEl decreto 457/2025 modifica profundamente la Ley Nº 18.398, que regula a la Prefectura Naval Argentina desde 1969. Con la reforma, la Prefectura pasa a ser reconocida formalmente como una Fuerza de Seguridad Federal, con nuevas funciones y una estructura organizativa moderna.

Entre las nuevas responsabilidades que adquiere la Prefectura destacan:

-Participación en misiones internacionales

-Intervención en actividades de pesca y caza

-Aplicación del sistema de vigilancia y monitoreo marítimo "Guardacostas"

-Firma de convenios de cooperación con fuerzas nacionales e internacionales

Además, se modifican jerarquías, escalafones y condiciones salariales, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y adaptar la fuerza a los nuevos desafíos de seguridad.

Reformas en el Servicio Penitenciario FederalPor su parte, el decreto 455/2025 establece un nuevo estatuto para el Servicio Penitenciario Federal, reemplazando normativas vigentes desde hace más de 50 años. Esta reforma busca modernizar el sistema penitenciario, mejorando la profesionalización del personal y la infraestructura de las cárceles.

Los aspectos más destacados incluyen:

-Incorporación de tecnología y sistemas modernos

-Mejora de la seguridad y los derechos humanos en los establecimientos penitenciarios

-Desarrollo de programas orientados a reducir la reincidencia delictiva

Reestructuración de la organización interna del SPF, con la creación de nuevas direcciones generales enfocadas en temas clave como formación, bienestar y seguridad

El nuevo estatuto también prevé la reubicación de cárceles de zonas urbanas y la elaboración de un Plan de Infraestructura Penitenciaria.

Contexto de emergencia y reorganización del EstadoEstas reformas se dictan en el contexto de la Ley N.º 27.742, que declara la emergencia pública en diversas áreas y otorga al Ejecutivo Nacional facultades para reorganizar organismos estatales. El objetivo de estas reformas es optimizar el uso de los recursos, mejorar el control interno y garantizar una mayor transparencia en la administración de fondos públicos. Además, se busca reforzar la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de la población.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un nuevo giro en la causa "Correo Argentino", al rechazar un recurso de queja presentado por la defensa de Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, ambos vinculados al Grupo Macri. 

La Agencia Noticias Argentinas accedió a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, un tribunal que tras su decisión acaba de confirmar la prisión de otro ex presidente, como el caso de Cristina Kirchner. La decisión, firmada digitalmente por los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti, no solo reactiva la causa, sino que también impone un depósito económico a los recurrentes, bajo apercibimiento de ejecución.

El expediente, que investiga irregularidades en el acuerdo entre el Estado Nacional y una firma de la familia del ex presidente Mauricio Macri por la deuda de Correo Argentino S.A., vuelve a ganar relevancia tras el fallo de la Corte. El máximo tribunal desestimó la presentación directa de la defensa, argumentando que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, "no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48)".

Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y Jaime Kleidermacher, su representante legal, imputados en la causa que tramita el juez federal Ariel Lijo desde 2017, habían intentado recusar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña, alegando "temor de parcialidad". La defensa argumentó que ambos jueces tienen una "enemistad manifiesta hacia Mauricio Macri y por lo tanto hacia" ellos, y que la causa poseía "un claro contenido político" buscando "poner de rodillas" al ex jefe de Estado.

Los directivos de Correo Argentino S.A., controlada por SOCMA (la empresa de la familia Macri), cuestionaron la imparcialidad de Farah por haber denunciado supuestas presiones del gobierno macrista. En cuanto a Boico, se señaló que, antes de ser juez, defendió a funcionarios kirchneristas, incluyendo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (el tribunal de origen del recurso de hecho) ratificaron el rechazo a la recusación. El juez Javier Carbajo, en un fallo unipersonal, aseguró que "más allá de la señalada disparidad entre la pretensión incoada y la decisión en jaque, la defensa no ha conseguido demostrar que, en las particulares circunstancias que rodean la incidencia, se encuentre objetivamente sustentado el temor de parcialidad denunciado".

Finalmente, el reclamo llegó a la Corte Suprema a través de un recurso de queja. La Corte, en su fallo, fue categórica: "Por ello, se desestima la presentación directa. Intímese a cada uno de los recurrentes a que, dentro del quinto día de notificados, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución".

En la causa, además de Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, también fueron imputados e indagados el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa. Los cuatro están acusados por el acuerdo de 2016 que preveía la cancelación de una deuda, incluyendo la aceptación por parte del Estado de licuar el 98,87 por ciento de la misma. La fiscal Gabriela Boquin fue quien detectó la maniobra y la denunció como "ruinosa" y "abusiva", logrando frenar el pacto.

La decisión de la Corte, al desestimar el recurso de queja y exigir el depósito, confirma la continuidad de la investigación, manteniendo a los directivos de Correo Argentino y, por extensión, al Grupo Macri, bajo el escrutinio judicial en esta compleja causa.

//La Corte Suprema rechazó un planteo de directivos en la causa Correo

Buenos Aires, 20 junio (NA) -- La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por la defensa de dos directivos del Grupo Macri, quienes pretendían apartar a dos jueces de la Cámara Federal porteña en el marco de la causa penal conocida como “Correo Argentino”, que investiga presuntas irregularidades en un acuerdo firmado entre el Estado Nacional y la empresa controlada por la familia del ex presidente Mauricio Macri.

Los directivos Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y su abogado Jaime Kleidermacher, ambos imputados, habían recusado a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico por “temor de parcialidad”. Argumentaron que ambos magistrados tendrían “enemistad manifiesta” con el ex mandatario, lo cual, según los acusados, se extendería hacia ellos.

La recusación fue rechazada en primera instancia por la Cámara Federal y luego ratificada por el juez de la Cámara de Casación Penal, Javier Carbajo, quien sostuvo que la defensa no logró demostrar objetivamente el temor alegado. Finalmente, el máximo tribunal desestimó la queja por no dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable.

La causa penal, que tramita desde 2017 en el juzgado del juez federal Ariel Lijo, también involucra al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa. Los cuatro están acusados por un acuerdo celebrado en 2016 entre el gobierno de Macri y Correo Argentino S.A., que preveía condonaciones que, según la fiscal Gabriela Boquin, licuaban el 98,87% de la deuda de la empresa con el Estado.

La fiscalía calificó el acuerdo como “ruinoso” y “abusivo”, y logró frenar su ejecución. La causa sigue en etapa de instrucción.

NA

En un nuevo y preocupante embate contra la libertad de prensa, en la madrugada de este martes apareció un pasacalle con graves agravios dirigidos a la periodista Guadalupe Vázquez en el frente del edificio de Radio Rivadavia. La agresión fue acompañada por decenas de panfletos con insultos similares, esparcidos en la zona.

El ataque ocurrió pocas horas antes de la jornada de movilización convocada por sectores kirchneristas en apoyo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y se inscribe en una seguidilla de hechos intimidatorios contra medios de comunicación que se profundizaron tras el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a la ex mandataria.

El cartel, colgado sobre una vía pública del barrio porteño de Recoleta, exhibía una inscripción con fuerte violencia verbal hacia la periodista. "Que peligroso, que triste", posteó en X Vázquez parafraseando el polémico tuit de Lali Espósito cuando Milei ganó las PASO 2023. "Las únicas mascotas son ellos y todavía no se dieron cuenta…No nos van a callar", agregó.

Este episodio se suma al ataque registrado el sábado 14 de junio, cuando el frente del histórico edificio de Radio Rivadavia apareció vandalizado con pintadas amenazantes, lo que motivó una ola de repudios en redes sociales y pronunciamientos por parte de la comunidad periodística.

La emisora —donde trabajan periodistas como Nelson Castro, Ignacio Ortelli, Cristina Pérez, Baby Etchecopar, Débora Plager, Jorge Pizarro, Franco Mercuriali, Jony Viale, Mario Portugal, Gómez Castañón, Willy Kohan y la propia Guadalupe Vázquez— expresó preocupación por el crecimiento de estas amenazas, que apuntan a condicionar el ejercicio libre de la profesión.

El Archivo General de la Nación (AGN) publicó hoy en su página web una serie de documentos desclasificados que incluyen información sobre las actividades nazis que hubo en la Argentina a mediados del siglo XX.

Esta publicación de archivos desclasificados es el fruto de un arduo trabajo de restauración, digitalización y descripción documental por parte de este organismo dependiente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.

Los archivos sobre operaciones nazis en nuestro país consisten en alrededor de 1.850 piezas documentales, que fueron centralizadas en una carpeta que el Estado argentino le entregó en copias al Centro Simón Wiesenthal, una ONG hebrea que actualmente se encuentra investigando las vinculaciones del Banco Credit Suisse con el nazismo. 

La entrega de la documentación fue solicitada luego de una reunión que las autoridades del Centro Simón Wiesenthal mantuvieron con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, en febrero de este año.

Hasta el momento, la documentación vinculada a la actividad de jerarcas nazis en Argentina sólo podía consultarse en una sala del Archivo General de la Nación especialmente habilitada. 

Con la última implementación, la información estará disponible de manera online y se podrá descargar desde cualquier lugar del mundo.

En tanto, el AGN también puso a disposición de la ciudadanía decretos presidenciales secretos y reservados emitidos entre 1957 y 2005.

Se trata de casi 1300 piezas documentales y que abordan diversas temáticas, como la compra y venta de armas, las modificaciones presupuestarias, la organización del servicio de inteligencia argentino, y la lucha contra el comunismo en las décadas del sesenta y setenta, entre otros temas relevantes de la historia nacional.

NA

"Las actividades del Presidente no se publican previamente por cuestiones de seguridad", explicaron desde el principio los encargados de la comunicación en Casa Rosada. Hasta hace un tiempo, cuando el responsable de hacer circular agendas (que priorizaban la suya) era el ex secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, se compartían por chats oficiales de WhatsApp adelantos de las reuniones del ex periodista -que fue eyectado justamente por "extralimitarse en sus funciones", según fuentes de la Secretaría General- publicaba un compendio resumido de las tareas diarias de diversos ministerios y nada más.

En varias ocasiones, el área de Vocería anticipa, ante las consultas de los periodistas acreditados en Balcarce 50, algunos de los movimientos que el jefe de Estado pueda llegar a realizar en el corto, mediano o largo plazo, siempre sin detalles y evitando informar sobre cónclaves que, sí son de interés para la gestión publicitar, se enviarán con fotos mediante las redes sociales.

En los últimos días de enero, por ejemplo, el primer mandatario mostró en X una foto tomada en su despacho, en la que se lo veía junto a un joven al que describió como el "empresario Hayden Mark Davis, quien me asesoró sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país", comentó el propio presidente.

Lo llamativo fue que poco después, gente de ese sector lo calificaba de "perfecto desconocido" que ni siquiera era localizable mediante los motores de búsqueda de Google. Las bromas en los comentarios virtuales quedaron como material anecdótico sobre la visita del personaje en cuestión a la sede del Poder Ejecutivo. Unos meses antes, a mediados de octubre, Javier Milei estuvo en el Hotel Libertador en el marco del Tech Forum Argentina, un evento privado que tenía el auspicio del Gobierno y en el que los oradores fueron el líder libertario que ocupa el sillón de Rivadavia y Demian Reidel, su jefe de Gabinete del Consejo de Asesores.

Allí se entrevistó con Julián Peh, fundador de KIP Protocol, creadora de la cuestionada criptomoneda $LIBRA que este viernes le trajo tantos dolores de cabeza al propio titular del PEN y a su entorno más íntimo luego de que fuera respalda por él a través de un tuit, que horas más tarde fue eliminado en el momento en que la moneda virtual empezó a perder el valor que había alcanzado, tornándose en un escándalo mediático por el que se llegó a hablar de "fraude criptográfico", y por el que parte de la oposición pide por estas horas el juicio político al mandatario en el Parlamento.

Lo que hizo la máxima autoridad del país fue salir a explicar que no tenía vinculación alguna con el emprendimiento y que había decidido dejar de difundirlo a partir de interiorizarse sobre el mismo. No vaciló en apuntar -sin eufemismos- a quienes lo criticaron: "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo", aseveró, para luego dedicarse a repostear datos que considera positivos de su gestión.

En el palacio de Gobierno infieren que el tema se va diluir en la semana que se inicia y en la que Milei viajará nuevamente a los EEUU, en este caso con el objetivo de asistir a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), pero especialmente para intentar tener una bilateral con su par, Donald Trump.

A ese respecto, El Litoral le preguntó en conferencia de prensa al vocero Manuel Adorni, cómo tomó el Gobierno la decisión del presidente norteamericano de imponer aranceles a las exportaciones de acero y aluminio por tener déficit en la balanza comercial con la Argentina. El funcionario respondió: "A ver, nosotros tenemos un diálogo excelente con la administración Trump y son todos temas que van a estar en agenda y que vamos a ir discutiendo y tratando de solucionar y de avanzar. Nuestro objetivo primordial es avanzar en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y en el marco de ese avance, que por supuesto lleva tiempo y no es algo de un día para el otro, todo lo vamos a conversar y todo vamos a tratar de que tenga el mejor impacto para la República Argentina", afirmó.

En línea con los números que el mileísmo resaltó -antes y después- del escándalo cripto, estuvo el IPC de enero que según cifras oficiales fue de 2,2%. Este diario interrogó al portavoz del Ejecutivo en relación a un documento emitido por más de treinta sindicatos, entre los que firmaron La Bancaria, Aceiteros, ATE, Judiciales y Docentes, y en el que se ponen en duda los guarismos inflacionarios oficiales y los mecanismos de medición de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Adorni dijo que "en principio hay que avisarles que esta medición es la que viene desde hace muchísimos años en Argentina. La verdad que… tal vez la memoria me falla, pero no recuerdo que se hayan quejado de la metodología del índice de inflación nunca. Ni cuando la inflación era del 1000%, con Alberto Fernández, perdón, ni cuando la inflación era no tan astronómica como la albertista, pero en otros períodos de los últimos 20 años tampoco escuché que se quejen mucho de la metodología", refrendó.

"Lo que pasa es que, bueno, es como todo. Primero se quejan de la inflación, vas solucionando la inflación, se te quejan de la metodología. Y si el día de mañana cambiamos la metodología se van a quejar -seguramente de otra cosa porque no defienden a los trabajadores, sino que defienden sus propios intereses y hacen política barata en un Gobierno al que el plan económico le está funcionando según lo esperado, y ellos lo saben", dijo Adorni.

"Acá el problema es precisamente eso, que ellos saben que el plan del Gobierno está funcionando. Por lo tanto, obviamente que nos importa poco lo que opinen en términos de metodología, cuando nadie puede negar, además, que somos absolutamente independientes.

De hecho, quien hoy está como titular del INDEC (Marco Lavagna) es el mismo de la gestión anterior. Con la gestión anterior, te repito, no se quejaban, no hacían cartitas ni nada. Parece que ahora se dieron cuenta que -como no pueden hablar de inflación- tienen que hablar de metodología, que me gustaría saber un poco hasta dónde llega su conocimiento sobre la metodología que utiliza el INDEC", expresó el vocero con rango de ministro, que para concluir añadió que "de todas maneras yo creo que lo que les molesta, les duele y no pueden superar, es que como la metodología es la misma, la comparación es válida, y cuando la comparación es válida, lo que les tengo que decir es que nos importa poco el comentario que hicieron", enfatizó Adorni dando por terminada la devolución a los gremios.

Las burbujas del "criptogate", como lo bautizó irónicamente un asesor libertario -entienden en Casa de Gobierno- también podrían desvanecerse en una semana clave en la que la Cámara alta será protagonista porque podría resolver en tres temas centrales para la gestión de La Libertad Avanza e igualmente para varios opositores.

Se trata de la suspensión de las PASO y la aprobación del pliego de Ariel Lijo que lo integraría a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En consideración a estos dos primeros, uno de los más altos consejeros de los hermanos Milei se mostró optimista, y al igual que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rechazó las especulaciones por posibles acuerdos con el kirchnerismo a fin de que caiga Ficha Limpia.

De todos modos, el dirigente y funcionario nunca negó el diálogo con delegados de Cristina Kirchner, tal el caso de Eduardo "Wado" de Pedro, a la hora de intentar avanzar en diversos temas de interés mutuo y que expresó: "Alguien tiene que destrabar, no pueden quedar en la nube por siempre", a la vez que no descartó que el proyecto que impediría que un candidato con dos instancias de condena firmes pueda presentarse en las elecciones, termine por aprobarse en el período de sesiones ordinarias que se inician el 1 de marzo.

Fuente: El Litoral

A días de que se cumpla el mandato de Marisa Graham, la actual Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, todavía no está conformada la Comisión Bicameral de Congreso que debe definir las nuevas autoridades.

El peligro de que el organismo quede acéfalo y deje sin protección a miles de chicos en todo el país puso en alerta a diputados de la oposición y activó el reclamo del Colectivo Infancia en Deuda, entre otras organizaciones defensoras de los derechos de los chicos.

Alertan por la inminente acefalía y reclaman que se designe a una autoridad interina desde el cese del mandato de la actual Defensora y hasta que se nombre una nueva autoridad.

La comisión Bicameral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se creó a partir de la ley 26.061 y está conformada por 10 legisladores, de diferentes fuerzas políticas, respetando la proporción en la representación: cinco corresponden al Senado y las restantes a la Cámara de Diputados.

A días de que se cumpla el mandato de Marisa Graham, la actual Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, todavía no está conformada la Comisión Bicameral de Congreso que debe definir las nuevas autoridades.

El peligro de que el organismo quede acéfalo y deje sin protección a miles de chicos en todo el país puso en alerta a diputados de la oposición y activó el reclamo del Colectivo Infancia en Deuda, entre otras organizaciones defensoras de los derechos de los chicos.

Alertan por la inminente acefalía y reclaman que se designe a una autoridad interina desde el cese del mandato de la actual Defensora y hasta que se nombre una nueva autoridad.

Por resolución interna, Martín Menem, desde la Cámara baja, designó, para integrarla a las diputadas Eugenia Alianiello y Brenda Vargas Matyi de Unión por la Patria; Nadia Márquez, de La Libertad Avanza; Natalia Sarapura por la UCR y María Sotolano del Pro. En el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, nunca nombró a sus integrantes.

Desde la presidencia de la Cámara alta solo le informaron a este medio que “por el momento” no van a hablar sobre el tema.

Ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivos la defensa de estos ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoria de la aplicación del sistema de protección integral que se realiza en dos niveles:

La vicepresidenta Victoria Villarruel presidenta del Senado aun no resolvió la integración de la comisión Bicameral REUTERS/Agustín Marcarian

La actual defensora es Marisa Graham. Juró su cargo ante el pleno del Senado en el 2020, su mandato de cinco años terminará el 28 de febrero.

La norma, sancionada en el 2005, establece en su artículo 49 que “el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una bicameral”. La Comisión tendrá a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición.

Pero ante la falta de convocatoria a conformar dicha comisión, y la proximidad de la fecha de finalización del mandato de las actuales autoridades, hay preocupación en los sectores de la oposición en el Congreso.

La diputada Brenda Vargas Matyi, de Unión por la Patria, le dijo a TN: “Estamos a la espera de la convocatoria de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. También habría que definir autoridades y luego avanzar con el nuevo concurso de la elección de una o un defensor de Niñas, Niños y Adolescentes. Acompañamos la preocupación de la Defensoría, de los organismos que defienden los derechos de las niñeces sobre todo en esta instancia donde tenemos que la pobreza, la indigencia, el hambre aumenta, justamente en las niñeces y en la adolescencia, sobre todo en una instancia donde el gobierno ataca derechos, por ejemplo la ESI (Educación sexual integral) que han vinculado a muchos niños con un hecho de justicia sobre casos de abusos sexuales en la infancia y otras tantas cosas que les pasan a las niñeces y las adolescencias a lo largo y a lo ancho del país y que la defensora, en este caso Marisa Graham, representa”.

Vargas de Matyi explicó que hace meses están expectantes por la convocatoria: “No solo es la elección de la nueva o nuevo defensor, sino ver el informe anual de la Defensoría, poder aprobarlo, poder entender cuáles son las problemáticas estructurales que viene sufriendo las niñeces y ese es el organismo que lo estudia y lo evalúa”.

Mientras que desde el radicalismo la diputada Natalia Sarapura le confirmó a este medio su preocupación: “La falta de designación del nuevo Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes no es un retraso administrativo, es una señal clara del debilitamiento institucional en la Argentina. Estamos a días del vencimiento del mandato de Marisa Graham y el Senado sigue sin designar a sus representantes en la Comisión Bicameral, bloqueando el proceso de sucesión. Desde la Cámara de Diputados ya hemos cumplido con nuestra parte, yo misma fui designada como integrante de la Comisión Bicameral por la Resolución 1217/24, junto a otros cuatro diputados. Pero sin la conformación completa de la Bicameral, el proceso de designación queda paralizado".

La Defensoría interviene en más de 400 causas judiciales en todo el país, protegiendo derechos fundamentales de la infancia en casos de violencia, adopciones y acceso a la educación. “Si no resolvemos esta situación, corremos el riesgo de que este organismo quede acéfalo, afectando a los sectores más vulnerables”, enfatizó Sarapura.

A pesar del pronunciamiento y pedido de organizaciones internacionales, distintas instituciones y diputados nacionales, el Senado sin resolver esta situación que garantizaría el funcionamiento de esta institución primordial en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

“El Senado debe asumir su responsabilidad. La protección de la niñez no puede quedar en suspenso por mezquindades políticas ni por la parálisis del Congreso. Exigimos que se designe a los representantes faltantes y se garantice la continuidad de la Defensoría”, manifestó la diputada Sarapura.

El 20 de enero, las organizaciones integrantes del Colectivo Infancia en Deuda, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Asociación Civil (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Fundación Sur Argentina, en conjunto con Poder Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron un amparo ante la inminente acefalía de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La acefalía de la Defensoría implica que perderá su capacidad de continuar e iniciar nuevos juicios y de realizar acciones e intervenciones en defensa de los derechos de la infancia.

El objetivo de la presentación de la cautelar fue:

Además, con el fin de asegurar el funcionamiento operativo en este período de acefalía, reclamaron que se designe a una persona idónea para que ejerza, por mandato judicial, la representación y dirección de la Defensoría de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes desde el cese del mandato de la Defensora y hasta que se nombre una nueva autoridad.

El último encuentro de la Comisión Bicameral fue el 7 noviembre de 2023 y estuvo presidido por la senadora Clara Vega, donde se presentó el informe de gestión 2022/2023. Además, se hizo el encuentro “A 40 años de Democracia y 18 años de la Ley 26.061 ‘Infancias y Adolescencias, avances y desafíos’”.

En ese encuentro, la exdiputada nacional Victoria Morales Gorleri (Pro), vicepresidenta de la Bicameral señaló: “Ojalá podamos ver que el problema no es la democracia, que, a la democracia, que conseguimos con tanto esfuerzo como Nación, tenemos que abrazarla y fortalecerla porque es verdaderamente el camino. ¡Es la solución! Entonces, ¿dónde está el problema? Creo que esta comisión tiene mucho que aportar a ese problema, que tiene que ver con fortalecer las instituciones, con trabajar con honestidad, con la mirada puesta en nuestro pueblo, con mirar – como decía antes– a nuestros niños, niñas y adolescentes y a toda la población; con mirar y entender cuáles son los problemas a los que tenemos que apuntar, poniendo prioridades”.

Fuente: TN

El Gobierno oficializó el pase a disponibilidad de 150 empleados de planta permanente del Ministerio de Economía, tras la disolución de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, mediante la Resolución 10/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa estableció que el personal de planta permanente con estabilidad adquirida, perteneciente al área recientemente eliminada, quede en situación de disponibilidad, por un plazo que, dependiendo el caso, es de 6 meses, 9 meses o un año.

Además, se resolvió limitar “toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones oportunamente dispuesta con relación al personal de la citada ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, desde el dictado de la presente medida”.

La decisión se da en el marco de la supresión de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dispuesta por medio del Decreto 3/2025, en el comienzo del año. En dicha norma se había estipulado que el personal quedaría sujeto a las previsiones de lo dispuesto en el régimen de disponibilidad, lo que se confirma este 16 de enero.

Al respecto, el texto oficial que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, recordó que en el Decreto 1421/02 “se establecen las previsiones a las que se ajustará el régimen de disponibilidad aplicable al personal alcanzado por el régimen de estabilidad afectado por medidas de reestructuración o reducción de dotación óptima necesaria”.

En esa línea, agregó que la ley 25.164 determina que “el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas, o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un período máximo de hasta 12 meses, conforme lo establezca la reglamentación”.

Asimismo, precisó que el régimen de personal en situación de disponibilidad aplicable al personal alcanzado por el régimen de estabilidad y afectado por medidas de reestructuración o de reducción de dotación óptima necesaria fue aprobado durante agosto pasado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

La medida profundiza el recorte del empleo público que viene llevando a cabo el gobierno de Javier Milei desde su comienzo, en pos de achicar el gasto del Estado. Entre diciembre de 2023 y noviembre pasado, unos 35.936 empleados públicos perdieron su trabajo en la administración nacional. 

En esta semana, el pase a disponibilidad de 150 trabajadores de Economía se suma a la no renovación de 1.400 contratos en el Ministerio de Salud, lo que fue celebrado por el presidente en sus redes sociales al expresar: "Sigue la motosierra. Viva la libertad carajo".

NA

Según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el empleo en el sector de comercio y servicios se redujo un 1,1% interanual en septiembre, lo que equivale a una pérdida de 46.874 puestos de trabajo.

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En septiembre de 2024, el empleo en el sector de comercio y servicios experimentó una caída interanual del 1,1%, lo que se traduce en la pérdida de 46.874 puestos de trabajo, según un informe publicado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

La única actividad que mostró crecimiento fue la de comercio y reparaciones, que registró un aumento del 0,5%. En contraste, el rubro de hoteles y restaurantes sufrió una de las mayores caídas, con una reducción del 2,7%.

Por otro lado, el informe también detalla que, en los primeros nueve meses de 2024, la dotación promedio de empleados en el sector disminuyó un 0,3% en comparación con el mismo período de 2023. Esto equivale a una pérdida de 12.687 trabajadores en total.

La venta de autos usados se dio vuelta y cerró 2024 en alza

El dato se desprende del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que midió por primera vez la proyección del índice de precios para 2027.

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La inflación registrará un aumento del 25,9% durante este año, del 15,3% el año próximo y del 10% en 2027, último año de gestión de Javier Milei en la Casa Rosada, según las proyecciones publicadas hoy por el BCRA incluidas en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

La encuesta que el Banco Central publica mes a mes con los pronósticos de los principales consultores económicos incluyó por primera vez una proyección para 2027. Las distintas mediciones abordadas en el informe fueron modificadas a la baja en relación con la encuesta de diciembre pasado.

Para el último mes de 2024 se espera un aumento del 2,7%. Ese dato implica un cierre para la inflación del año pasado del 117,8%, una cifra que se ubica un punto porcentual (p.p.) por debajo del REM anterior. El dato oficial de diciembre será informado por el Indec el próximo martes 14 de enero.

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Durante el primer semestre de este año, la inflación tendrá un sendero descendente que arrancará con el 2,5% en enero hasta llegar al 1,8% en junio según la proyección del REM, lo que indica una baja entre 0,1 y 0,3 p.p. en relación a la encuesta del mes anterior.

De este modo, los consultores esperan una inflación del 25,9% para 2025 (una baja en relación al informe del mes anterior del -2,2 p.p. Para el 2026, la inflación proyectada es del 15,3% (-2,7 p.p.).

En el caso de la inflación núcleo, aquella que no incluye precios estacionales ni regulados, los analistas esperan una suba del 24,8% para este año, 2 p.p. menos de lo que se proyectó en el REM publicado en diciembre.

Los datos de esta edición de enero del REM fueron recopilados por el BCRA entre el 23 y el 27 de diciembre pasado. El informe incluyó los pronósticos de 42 participantes, entre quienes se cuentan 29 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 13 entidades financieras argentinas.

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Dólar, actividad económica y ocupación

El REM también incluye dentro de su informe las proyecciones sobre otros indicadores claves de la economía. En cuanto a la evolución del tipo de cambio oficial, los consultores esperan un dólar promedio de $1.042 para enero, lo que implicaría una suba mensual de 2,1% de la paridad cambiaria, dentro del rango del crawling peg dispuesto por el Banco Central.

Para los meses siguientes se esperan subas intermensuales algo menores, en línea con las posibilidades ya adelantadas por el BCRA de que el 2% del crawling peg sea reducido a la mitad siempre que se mantenga la inflación en baja. De esa forma, se espera un dólar oficial promedio con un ascenso moderado para febrero ($1.057,60), marzo ($1.070,70), abril ($1.084,70), mayo ($1.097,50) y junio ($1.111).

Para diciembre de 2025 se espera un tipo de cambio de $1.205 por dólar, lo que indica una variación interanual esperada del 18,1%, unos 4,3 puntos porcentuales más baja que en el REM previo. De esta evolución del dólar surge una variación promedio del 1,4% mensual para todo el año que recién comienza.

En cuanto a la actividad económica, el informe proyecta para 2024 una caída del Producto Bruto Interno (PBI) real del 2,6%, un dato que también es más optimista que en el REM anterior (-3%).

Punto por punto, la reestructuración de ARCA propuesta por el gobierno para achicar el gasto

Las correcciones positivas también se extendieron a la proyección del crecimiento de la actividad económica para los próximos 3 años. “Para 2025, el conjunto de participantes del REM estimó un crecimiento promedio de 4,5% interanual (+0,3 p.p. respecto del REM previo). Con relación a las proyecciones de mayor plazo, quienes participaron del REM esperan un crecimiento de la economía de 3,7% anual en 2026 (+0,6 p.p. con relación a la encuesta anterior) y de 3,0% anual en 2027 (primera vez que se releva)”, señaló el informe en relación a la suba del PBI argentino.

Otro dato positivo de las proyecciones se refieren a la desocupación, esperada en el cuarto trimestre de 2024 en el 7,2% de la Población Económicamente Activa, (0,8 p.p. inferior al REM previo).

Los analistas pronosticaron también una mejora en el empleo para este año y el próximo: “El conjunto de participantes del REM espera una tasa de desocupación de 7,0% para el último trimestre de 2025 (-0,5 p.p. respecto del REM anterior), al tiempo que estima que se sostenga en ese nivel a fines de 2026″, apuntó el informe.

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infobae

Entre los aspectos destacados, se encuentran la reducción de sueldos, presupuesto y esquema organizativo.

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El Gobierno puso en marcha la reestructuración de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para achicar el gasto reduciendo un 80% el sueldo de los cargos jerárquicos y recortando el presupuesto y el esquema organizativo.

La decisión, que había sido anticipada en la noche del lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue implementada mediante el Decreto 13/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y los ministros de Economía y de Desregulación, Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

A modo de adelanto, Adorni comunicó mediante su cuenta de X que “se terminan los privilegios y el gasto desenfrenado en ARCA”, señalando que “el Presidente de la Nación acaba de firmar el decreto que determina que desde hoy se reduce el sueldo del Director Ejecutivo y los directores generales en un 80%”.

Además, puntualizó que “se dispuso una reducción del presupuesto del ARCA destinado a la cuenta de jerarquización del 0,65% al 0,60%, generando un ahorro de 121.000 millones de pesos correspondientes a sueldos de funcionarios durante este 2025”.

En la misma línea, también precisó que “el Poder Ejecutivo instó a las autoridades del ARCA a que avancen con una reducción de la estructura inferior, estimando que ésta debe situarse en torno al 45%”.

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La reducción de los salarios en el organismo equipara el sueldo del Director Ejecutivo con el de un ministro y el de los directores generales de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA), con la misma remuneración que los secretarios de Estado.

De esta manera se deja sin efecto la Cuenta de Jerarquización para los altos cargos, lo que permitía que se reparta entre los salarios de los trabajadores hasta el 0,65% de la recaudación, elevando considerablemente el sueldo. Ahora, el salario del titular de ARCA, Juan Pazo bajaría de $32 millones mensuales a $4 millones.

En cuanto a la disminución del personal de la agencia tributaria, se dispuso la creación de un Sistema de Retiro Anticipado para los trabajadores de la planta permanente, mediante la Disposición 3/2025.

El nuevo sistema es de carácter voluntario y tiene un tope máximo de 1.500 vacantes, buscando permitir “adelantar la indemnización que a modo de reconocimiento por los servicios prestados por los agentes, se encuentra contemplada en los convenios colectivos de trabajo vigentes para el personal del Organismo”.

La reestructuración del organismo se da bajo el paraguas de la Ley Bases, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año y delegó en el Ejecutivo facultades de administración y emergencia.

En el texto oficial, se explicó que el objetivo de esa delegación es “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas”.

“Se terminan los privilegios y el gasto desenfrenado en ARCA”, anunció Adorni en X

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Así lo indicó refiriéndose a la reducción de sueldos en un 80%.

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El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que, “el presidente de la Nación acaba de firmar el decreto que determina que desde hoy se reduce el sueldo del Director Ejecutivo y los directores generales del ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) en un 80%”.

A través de su cuenta en la red social X, Adorni puntualizó, además, que “se dispuso una reducción del presupuesto del ARCA destinado a la cuenta de jerarquización del 0,65% al 0,60%, generando un ahorro de 121.000 millones de pesos correspondientes a sueldos de funcionarios durante este 2025”.

Señaló también que, “por último, el Poder Ejecutivo instó a las autoridades del ARCA a que avancen con una reducción de la estructura inferior, estimando que ésta debe situarse en torno al 45%”.

El Riesgo País cayó a 578 puntos, el valor más bajo desde agosto de 2018

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