La Justicia provincial dispuso este martes medidas cautelares diferenciadas para integrantes de un clan familiar acusado de comercializar estupefacientes en la ciudad de San Javier.

La resolución fue adoptada por el juez Leandro Lazzarini, en el marco de una investigación que forma parte de una causa mayor que incluyó allanamientos y 17 detenidos.

Tras la audiencia realizada en los Tribunales de Santa Fe, se resolvió que tres de los principales acusados continúen detenidos.

En el caso de Julieta Agustina Eusebi, señalada como jefa del grupo, el juez dispuso prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

En tanto, su hermano Sergio Alfredo Eusebi y otro de los imputados, Antonio Ramón Pérez, continuarán con prisión preventiva efectiva.

Por otra parte, Mauricio José Kopp y Lucas Martín Forestier recuperaron la libertad, aunque deberán cumplir estrictas condiciones.

Entre ellas, se destaca la prohibición de regresar a la ciudad de San Javier, además de fijar residencia en otras localidades y respetar normas de conducta.

En paralelo, se informó que dos imputados permanecen prófugos, mientras que otras dos mujeres vinculadas a la causa habían recuperado la libertad la semana pasada.

La investigación permitió reconstruir el funcionamiento de la organización, que operaba principalmente en el barrio Los Reubicados, también conocido como barrio Central.

Según la acusación, Julieta Eusebi encabezaba la actividad desde su domicilio, donde se secuestró marihuana durante los allanamientos.

Su hermano cumplía funciones logísticas y de seguridad, mientras que otros integrantes del grupo colaboraban en la venta de drogas y el traslado de sustancias.

El pasado 6 de marzo, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó once allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

Durante los procedimientos se incautaron drogas, armas y elementos vinculados a la comercialización, lo que permitió confirmar la existencia de al menos tres estructuras familiares dedicadas al narcomenudeo.

La investigación se inició a mediados de 2025, a partir de un episodio con disparos en cercanías al domicilio de la principal acusada.

Ese hecho derivó en un operativo en el que se secuestraron estupefacientes y permitió avanzar en la identificación de la organización.

El fiscal Arturo Haidar imputó a los involucrados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada, al considerar que actuaban de manera organizada.

La Unidad de Acciones Especiales de la Provincia de Santa Fe, dependiente de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), conjuntamente con personal de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe, detuvo este viernes por la noche en Colón al 1200 de la ciudad de Rosario, a Waldo Bilbao (45), por quien se ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos y era el tercero en la lista de los más buscados.

La captura de Bilbao se produjo luego de minuciosas investigaciones a partir de una causa que lleva adelante el Juzgado Federal Nro. 3 de PROCUNAR, con pedido de captura de alto perfil.

Al momento del ingreso del personal policial durante el allanamiento, el requerido intentó ocultarse en un habitáculo de reducidas dimensiones pero inmediatamente fue reducido.

Waldo Bilbao era buscado intensamente por diversas fuerzas y formaba parte de los prófugos de alto perfil con prioridad de captura para la Provincia de Santa Fe.

De acuerdo a las investigaciones, Waldo Bilbao formaba parte de una organización comandada por su hermano Brian, quien sigue prófugo.

Waldo habría sido el encargado de manejar parte del dinero obtenido del narcotráfico para lavarlo en distintas actividades, de acuerdo a la investigación federal.

Dos mujeres de nacionalidad boliviana quedaron detenidas en la provincia de Tucumán, acusadas de haber acondicionado 4 kilos de cocaína en un set de picnic que transportaban en un colectivo de larga distancia, proveniente de Jujuy, en el límite internacional.

Tres bancos de madera y una mesa plegables que se encontraban en la bodega del micro llamaron la atención al personal de Gendarmería Nacional, que realizaban un control de rutina sobre el kilómetro 896 de la Ruta Nacional N° 34.

El peso excesivo del equipamiento llamó poderosamente la atención de los efectivos del Grupo “Burruyacú” dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán” de GNA.

A partir de allí se realizó una requisa minuciosa, que resultó en el hallazgo de un doble fondo en el interior de los bancos y la mesa, donde se extrajo seis paquetes con la droga.

El operativo de seguridad vial ocurrido la madrugada del pasado sábado, terminó con la identificación de dos ciudadanas de nacionalidad boliviana, que eran quienes trasladaban la sustancia ilegal entre sus pertenencias.

Según informó la fuerza nacional, la droga fue hallada en un doble fondo donde escondían los “seis ladrillos”, descubiertos a partir de un control de transporte público de pasajeros, procedente de la provincia de Jujuy.

Como consecuencia del hallazgo se efectuaron las pruebas de campo Narcotest, las cuales confirmaron la presencia de 4 kilos 142 gramos de cocaína.

Por el hecho intervino el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que dispuso el decomiso de la droga y la detención de las mujeres mayores de edad, en infracción a la Ley N° 23.737.

EL

El juez federal N° 2 de Santa Fe -subrogante-, Aldo Alurralde, procesó este martes a Adrián Claudio Bruno, un narco santafesino de 46 años, radicado en Arroyo Leyes y actualmente preso en el penal de Ezeiza, en Buenos Aires.

Al margen de sus antecedentes penales, la Justicia lo considera autor del delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, agravado por habitualidad. Y se ordenó el embargo de sus bienes por un total de 100 millones de pesos.

Junto a Bruno, fueron procesados tres mujeres de su círculo íntimo —su pareja actual, su ex pareja y su cuñada— además del escribano Alfredo Raúl Di Bernardo, quien habría facilitado legalmente las maniobras de ocultamiento de bienes.

A todos ellos se les fijó un embargo de 40 millones de pesos por el delito de lavado, aunque en carácter atenuado, que tiene prevista pena de multa, que va de cinco a veinte veces el monto de la operación.

La causa, iniciada por el Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez y los fiscales Diego Orzuza Kock y Milagros Traverso, tiene un vínculo directo con la investigación por narcotráfico que involucró al productor entrerriano Leonardo Airaldi.

El chacarero, que supo ser un conocido referente ruralista de Victoria, está acusado por esconder casi 30 kilos de cocaína en una vivienda de la localidad de Puerto Gaboto, Santa Fe.

Aunque Bruno no fue formalmente imputado en aquella causa, se comprobó su presencia en el lugar poco antes del allanamiento, a bordo de una camioneta que figuraba a su nombre.

La investigación permitió trazar una línea de tiempo que expone el crecimiento patrimonial de Bruno desde el año 2020, financiado por ganancias provenientes del tráfico de estupefacientes.

En agosto de 2023, se le secuestraron más de 400 gramos de cocaína en su domicilio y otros inmuebles relacionados.

En abril pasado fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe a cuatro años y medio de prisión por tenencia de droga con fines de comercialización, siendo declarado reincidente.

A pesar de no registrar ingresos formales ni actividad comercial estable, Bruno había adquirido once inmuebles, once vehículos, y había montado un esquema informal de préstamos de dinero. Documentación secuestrada en los allanamientos incluye cuadernos con registros detallados bajo el rótulo "PRÉSTAMOS – 2023".

Los domicilios involucrados en las maniobras abarcan propiedades en Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes, incluyendo casas, departamentos y una casaquinta.

Para ocultar la procedencia de los fondos y su verdadero rol como propietario, Bruno recurrió a familiares y allegadas como Agustina Inés Cabral, su pareja actual; María Soledad Mercado, madre de su hijo; y Micaela Gabriela García, hermana de Cabral.

Las tres mujeres figuran como titulares de propiedades y vehículos que, en realidad, eran controlados por Bruno. Ninguna de ellas posee capacidad económica registrada para justificar tales adquisiciones.

Según la resolución judicial, el escribano Alfredo Raúl Di Bernardo intervino directamente en tres operaciones inmobiliarias clave que permitieron blanquear activos de origen ilícito.

En su defensa, Di Bernardo negó cualquier accionar doloso, calificando su tarea como una actuación profesional "neutral". Sin embargo, el juzgado consideró que su intervención fue esencial para la concreción de las maniobras de lavado, otorgándole un rol activo y consciente en el proceso.

La causa incluyó allanamientos simultáneos realizados entre agosto de 2023 y octubre de 2024, en domicilios, depósitos, cocheras y propiedades rurales, en los que se incautó numerosa documentación y vehículos —entre ellos, una Toyota Hilux utilizada por Bruno—.

También se secuestraron automóviles de distintas marcas y una motocicleta, algunos de ellos registrados a nombre de terceras personas.

El expediente judicial se originó en abril de 2023, a partir del hallazgo de cocaína en Puerto Gaboto, y derivó en una segunda causa que permitió reconstruir una red de lavado de activos que operaba desde la ciudad de Santa Fe y sus alrededores.

Aunque Bruno afirmó en su declaración que se dedicaba a la construcción, venta de autos y préstamos personales, la justicia determinó que su actividad principal era el narcotráfico y que utilizó negocios y propiedades para dar apariencia lícita a sus ingresos ilegales.

La Unidad de Información Financiera (UIF) participa como querellante en la causa, que aún no ha sido elevada a juicio oral.

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“Es una tortura psicológica lo que le están aplicando”, afirmó en RADIO RAFAELA Jesús Romero, el abogado del líder de Los Monos.

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Ariel “Guille” Cantero está encerrado en el pabellón siete del módulo dos del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz desde octubre de 2021. El líder de Los Monos está aislado del resto de la prisión, no tiene interacción con otros internos.

En respuesta, el capo narco de la banda de Rosario se cosió la boca con un alambre para que no le den comida a la fuerza. Hace huelgas de hambre en protesta ya que afirman que teme que lo envenenen.

Su defensa denuncia "pena de muerte encubierta" y conspiración. “Estamos hablando del lado humano de él, con respecto a una pena que traslimitó lo legal. Lo que realmente nos preocupa es el tema de la salud. Más allá de que tiene una condena que está cumpliendo, la manera en que la están imponiendo es grave”, destacó Jesús Romero en RADIO RAFAELA.

Denunció que han pasado los umbrales legales. Ariel ‘Guille’ Cantero “está en una celda totalmente solo, sin contacto con otras personas hace más de un año. Eso provoca en cualquier ser humano, probado por Naciones Unidas a nivel internacional, una serie de patologías psicológicas”, explicó.

“Es una tortura psicológica lo que están aplicando sobre ‘Guille’ Cantero en estos momentos”, dijo. Al mismo tiempo, destacó que se encuentra a una larga distancia. “Son muchos kilómetros de distancia, es difícil el viaje. Hace tres años estaba en Ezeiza y lo trasladaron a Marcos Paz que también queda en Buenos Aires. Está lejos y también se dificulta”, contó.

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En cuanto al aislamiento del capo narco precisó que, a nivel internacional, cuando persona permanece aislada por algún aspecto disciplinario, esta medida puede extenderse como máximo durante quince días. Durante ese tiempo, debe contar con asistencia psicológica diaria.

“A él, en este momento, lo va a visitar un médico psicólogo que lo ve de lejos. No le hace un estudio específico. Va una vez por semana, una vez por mes, relativamente cuando a ellos les parece indicado. No cumplen con todos los protocolos y reglamentos que exige la ley. Eso es avasallante de cualquier derecho de cualquier persona”, sostuvo el abogado.

“Está bien que tenga que cumplir una pena si así lo dispuso una sentencia, pero la manera en la que la está cumpliendo es ya ilegal. Es también un delito de tortura. Hemos llegado al Comité Nacional contra la Tortura, hemos presentado varias denuncias, una en Morón que se está llevando para con el servicio penitenciario, hemos pedido varias pruebas”, relató.

También aclaró que Cantero está con cámaras en la celda, “y hemos pedido los videos. Pedimos que nos digan si hay un grupo especial a cargo de él, en qué régimen carcelario está, de dónde sale la orden. Hace dos meses que lo hemos pedido y hasta hoy no hemos tenido respuesta”, cerró.

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