La Fiscalía Federal de Venado Tuerto formalizó este miércoles la imputación de once integrantes de una organización narcocriminal que operaba en Venado Tuerto, Cañada de Gómez y Firmat, y que el fin de semana pasado quedó desarticulada tras un operativo que incluyó nueve allanamientos simultáneos y el secuestro de más de 4,4 kilos de cocaína, el mayor decomiso desde la creación del fuero federal local.

Los fiscales federales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada encabezaron la audiencia ante el juez federal de garantías Aurelio Cuello Murúa, quien dispuso —a pedido del Ministerio Público Fiscal— la prisión preventiva de siete acusados: Manuel E., Carina A., Rita T., Adrián C., César O., Emir B. y Ayelén C. (esta última bajo la modalidad de arresto domiciliario).

Los cuatro imputados restantes —Juan José C., Ana Paula M., Sofía E. y Leonel A., estos dos últimos ya detenidos por causas de la justicia provincial— continuarán investigados en libertad.

De acuerdo con la Fiscalía, todos los involucrados formaban parte de una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes, con funciones específicas de provisión, transporte y distribución. Las tareas se extendían principalmente en Venado Tuerto, pero también alcanzaban Firmat y Cañada de Gómez, sin descartarse que la red tuviera ramificaciones hacia otras localidades de la región.

A los líderes operativos y transportistas Manuel E. y Carina A. se les atribuyó, además, el transporte de los cuatro ladrillos de cocaína incautados en el vehículo de Adrián C., un cargamento cuyo valor en el mercado ilegal ronda los 100 mil dólares, es decir, más de 150 millones de pesos.

El golpe principal ocurrió el domingo pasado, cuando agentes de Gendarmería Nacional Argentina, pertenecientes a la UNIPROJUD y a la Sección Vial Venado Tuerto, interceptaron un automóvil en cercanías de Elortondo, sobre la Ruta Provincial 90.

En el vehículo viajaban Manuel E. y Carina A., quienes trasladaban: 4 ladrillos de cocaína (casi 4,5 kg); Más de $400.000 en efectivo; una navaja; y teléfonos celulares

Según la investigación, regresaban hacia Venado Tuerto luego de abastecerse en Cañada de Gómez.

Tras la detención en ruta, la Fiscalía ordenó nueve allanamientos simultáneos: seis viviendas particulares, una celda de la Unidad Penal de Coronda y dos sectores de la Alcaidía de Melincué.

La investigación confirmó que parte de la logística de la organización se coordinaba desde lugares de detención, un modus operandi que ya había surgido en causas previas.

En el operativo participaron 40 gendarmes, apoyados por unidades de Rosario y Carcarañá, además de 12 vehículos oficiales.

Por su magnitud, volumen de droga incautada y cantidad de implicados —incluso desde cárceles—, se trata de una de las investigaciones más relevantes del año en materia de narcotráfico en el sur de Santa Fe. La causa se tramita bajo el Código Procesal Penal Federal, lo que permite mayor celeridad en las medidas.

Cerca de 5 millones de pesos

Más de una decena de teléfonos celulares

Cocaína y marihuana en pequeñas cantidades

Dispositivos electrónicos y documentación relevante para la causa

Una causa derivada del “Buzón de la Vida”

La pesquisa comenzó en abril de 2025, a partir de denuncias anónimas realizadas en el “Buzón de la Vida”. Luego, la Fiscalía cruzó esos datos con otra investigación reciente que en febrero había permitido desarticular un clan familiar liderado por mujeres en barrio Villa Moisés.

Ambas líneas convergieron en una estructura criminal más amplia y mejor organizada, con proveedores, distribuidores y nexos internos en dependencia penitenciarias.

EL

En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo en la ciudad de Córdoba a un sujeto con antecedentes por narcotráfico, conocido como “Mandinga”, quien contaba con pedido de detención vigente.

El procedimiento se concretó tras dos allanamientos efectuados por el Equipo de Acciones Tácticas en viviendas ubicadas en manzana 31 de barrio Ciudad de Mis Sueños y en calle Pública s/n de Los Eucaliptos. Durante los operativos, los agentes secuestraron un automóvil, $5.276.400 y diversos elementos de interés para la causa.

“Mandinga” ya había sido detenido en 2018 junto al reconocido narco cordobés “Tuerto Cacho”, con quien integraba una organización criminal desbaratada por aquel entonces. En aquella oportunidad, las autoridades secuestraron más de 19.600 dosis de marihuana, 18 de cocaína, semillas de cannabis, armas, vehículos y dinero en efectivo.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno de Córdoba, el detenido fue trasladado a sede judicial junto con los elementos incautados, quedando imputado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Pablo Farías, candidato a diputado nacional por Provincias Unidas en Santa Fe, sostuvo que cualquier hecho vinculado al delito, y aún más cuando hay indicios de relación con estructuras narcocriminales, debe ser aclarado sin dilaciones por quienes ocupan o aspiran a cargos públicos. Y destacó el trabajo que viene realizando el Gobierno de Maximiliano Pullaro en la lucha contra el crimen organizado y en pos de mejorar los índices de seguridad en todo el territorio provincial.

En declaraciones a la prensa, el actual diputado provincial remarcó que “si se demuestran vinculaciones de personas del gobierno o de candidatos con el delito, tienen que ser puestos a disposición de la Justicia y apartados de cualquier cargo. No podemos tener ni la más mínima sospecha de relación entre el Estado y las organizaciones criminales”, afirmó.

La propuesta de Provincias Unidas en Santa Fe de cara a las elecciones de octubre está encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia; le sigue Farías; y la actual diputada nacional, Melina Giorgi. El resto de los candidatos son Rogelio Biazzi, Natalia Corona, Fabián Peralta, Nadia Doria, Jorge Paladini y Betina Florito.

Farías advirtió que Argentina aún está en condiciones de evitar el escenario que atraviesan otros países de la región. “Todavía estamos a tiempo de que la Argentina no se convierta en uno de esos países donde se confunde el poder político con el narco, como sucede lamentablemente en otros lugares de Latinoamérica. Por suerte, en nuestro país todavía estamos a tiempo de dar una lucha frontal contra la narcocriminalidad”, señaló.

En ese marco, reivindicó lo hecho en Santa Fe en los últimos veinte meses, especialmente en Rosario, donde -remarcó- la decisión política permitió transformar el enfoque estatal frente al delito organizado, como no sucedió en los años previos. “Se modificaron leyes, se cambió la forma de actuar, se equipó a la provincia y se le dieron las herramientas necesarias para enfrentar decididamente a los narcos”, explicó.

Farías sostuvo que uno de los principales avances fue impedir que los cabecillas sigan conduciendo a las bandas desde las cárceles. “Se los aisló en la comunicación para que no puedan seguir cometiendo delitos ni mantener el mando de las organizaciones”, destacó. Sumó además el decomiso de bienes y recursos económicos como una herramienta estratégica. “Les sacamos los bienes y los recursos, y las subastas que hicimos en Santa Fe son únicas en el país. Eso también les impide seguir funcionando”, apuntó.

El diputado insistió en que el combate a las mafias requiere, además, un blindaje absoluto del Estado frente a cualquier intento de penetración delictiva. “Hay que asegurarse de que no haya ninguna vinculación del Estado ni de los funcionarios con las organizaciones narco criminales. Argentina está a tiempo de evitar ser uno de esos países donde hoy las estructuras criminales se confunden con el poder público”, advirtió.

El femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes que habían desaparecido el viernes pasado en La Matanza y fueron halladas asesinadas y descuartizadas en una casa de Florencio Varela; fue transmitido a través de las redes sociales para un grupo cerrado de personas.

Además de relatar detalles del triple femicidio, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que el asesinato fue transmitido en vivo a través de una red social. El video estuvo destinado a un grupo cerrado y por ende, cerca de 45 personas presenciaron en tiempo real el crimen, que fue presentado como un acto de advertencia.

En diálogo con Todo Noticias, Alonso afirmó que el femicidio fue transmitido a través de Instagram. “Sí, para un grupo cerrado. Esto es la información que nosotros relevamos en la investigación. Esta es la información y que tendría que ver con el móvil del homicidio, esta persona que es el capo del grupo, en esa sesión dice: “Esto le pasa al que me roba droga”“.

“Toda esa sesión de tortura fue transmitida por redes sociales y la habrían visto 45 personas”, indicó el ministro, quien remarcó que “fue un hecho de disciplinamiento para las chicas, pero también para diferentes integrantes de esa organización”.

Al ser consultado sobre cómo obtuvieron el dato de la transmisión de los femicidios, el ministro de Seguridad bonaerense reveló que el dato habría sido confesado por uno de los cuatro detenidos. Se tratan de Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, y nacionalidad peruana; y los argentinos Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, que fueron acusados del delito de homicidio agravado.

Sin embargo, Alonso remarcó que todavía estarían en la búsqueda de los involucrados. “Vamos a escalar para llegar al autor intelectual y otros autores materiales”, apuntó al indicar que también buscarían a la persona que se habría ganado la confianza de las víctimas y las habría llevado hasta la casa de Florencio Varela.

“Llegan engañadas porque creían que iban a participar de un evento”, señaló el ministro, para luego ratificar que se había tratado de un hecho planificado. Pues, según reveló, ese viernes a la tarde un grupo de hombres pertenecientes a la banda narcocriminal habían llegado a la vivienda y se habrían encargado de cavar los pozos, donde serían depositados los restos de las jóvenes.

En este sentido, sostuvo que “estas chicas fueron víctimas”, y que todavía quedaría pendiente reconstruir cómo establecieron la conexión con los integrantes de la banda. Hasta el momento, presuponen que “habrían entablado algún tipo de relación en la zona de Flores”, debido a que solían frecuentar el barrio porteño.

Por otro lado, subrayó que uno de los objetivos principales sería dar con el líder de la organización narco, de quien sospecharían que habría sido el autor intelectual. Asimismo, indicó que “es peruano, de unos 23 años aproximadamente, que está estableciéndose como líder de esta organización”.

Para dar con su paradero, el miércoles por la noche se realizaron varios allanamientos en la Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas, en donde la banda tendría su búnker principal. Incluso, planteó que en el lugar habría habitado un estimado de 60 personas por la cantidad de viandas de comida que encontraron.

Después de que apuntara que el aguantadero habría sido desalojado “a las apuradas” durante la mañana, también confirmó que habían secuestrado dinero. “Encontramos rollos de billetes envueltos como ‘tubitos’ con billetes de baja denominación de 100 y 500 pesos”, precisó.

“Tenemos que dejar un mensaje, esto es muy grave y lo resolvemos todo o no lo resuelve nadie”, subrayó Alonso al contar que había estado en contacto con la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien le había ofrecido su colaboración. Asimismo, afirmó que “tarde o temprano” iban a dar con el paradero de los responsables del triple femicidio.

El hallazgo de los cuerpos descuartizados de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en una vivienda de Florencio Varela ha puesto en evidencia la brutalidad de un crimen que, según los primeros resultados de las autopsias, lleva la marca de una organización mafiosa vinculada al narcotráfico. Los informes preliminares, a los que accedió Infobae, indican que las tres jóvenes murieron entre las 3:00 y las 5:00 del sábado 20 de septiembre, apenas unas horas después de haber sido vistas por última vez cuando subían a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.

El caso ha cobrado notoriedad no solo por la violencia ejercida, sino también por los detalles que sugieren un mensaje mafioso. En el caso de Lara Gutiérrez, de 15 años, la autopsia reveló que le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de matarla. Además, presentaba quemaduras compatibles con cigarrillos, un corte parcial en la oreja izquierda y una herida en el cuello que le seccionó la arteria carótida. Su muerte se produjo tras haber sido sometida a torturas, aproximadamente a las 3:00, según los datos forenses.

En cuanto a Brenda del Castillo, los peritos constataron una fractura de cráneo que resultó fatal, junto con un aplastamiento facial y heridas punzocortantes en el cuello. El informe forense también señala un corte transversal que le abrió el abdomen de punta a punta, realizado post mortem. Por su parte, Morena Verdi presentaba una luxación cervical y múltiples golpes en el rostro.

Infobae 

En el marco del "Plan Bandera" -impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional con la finalidad de combatir el narcotráfico- la Policía Federal detuvo en Rosario a dos hombres y dos mujeres ligados a la banda narcocriminal Los Monos, acusados de amenazar y extorsionar a un barrabrava de Newell's Old Boys.

El operativo fue realizado por personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales y se dio en el marco de una investigación que se desprende de otra iniciada el mes pasado por infracción a la ley de drogas.

Es que durante las tareas de inteligencia, los peritos advirtieron en escuchas telefónicas que el principal investigado amenazaba de muerte a un miembro de la barrabrava "leprosa", un sujeto que -a su vez- se encontraba prófugo de la justicia a raíz de otra causa por asociación ilícita.

Los federales pudieron comprobar que el principal acusado extorsionaba a la "víctima" y le exigía 20 millones de pesos para no matarlo. "Si no pagás vas a terminar como el Guli", le advertía, palabras más o menos.

Hacía referencia a la ejecución de Ariel Gustavo Bovio, un hombre de 48 años que fue acribillado a balazos en marzo de este año, en la zona sur de la ciudad de Rosario.

Según explicó la fuerza federal, el análisis de las comunicaciones permitió geolocalizar el domicilio desde donde se realizaban las amenazas, en la calle Moreno, en el Barrio Las Flores. Allí residía el principal implicado, junto a su hermano y las parejas de ambos, quienes también habrían colaborado en los hechos.

Con las pruebas reunidas, la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, 2da. Circunscripción de Rosario, a cargo de Andrea Lorena Aronne, ordenó el allanamiento a la casa.

Los uniformados irrumpieron en el inmueble y arrestaron a los cuatro sospechosos (dos mujeres de 28 años y dos hombres, uno de 30 y otro de 39). Además, secuestraron cinco teléfonos celulares que serán peritados en los próximos días.

EL

Los procedimientos se realizaron en Rosario y localidades de la región, mientras que otras medidas se llevaron adelante en la ciudad de Córdoba. La causa investiga a una asociación ilícita liderada por el capo narco que cumple condena en la prisión federal de Ezeiza.

La Policía de Investigaciones (PDI), fuerza dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó este jueves 39 allanamientos en la ciudad de Rosario y en localidades de la región, en el marco de una causa por asociación ilícita y lavado de activos. Además, se llevaron a cabo otros cuatro procedimientos en Córdoba capital. Las medidas fueron ordenadas por los fiscales Marisol Fabbro y Miguel Moreno, del MPA de Rosario.

Los agentes de la PDI, en conjunto con grupos de irrupción de la Policía de Santa Fe, detuvieron a siete personas: cinco investigados en la causa y los dos restantes por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Asimismo, procedieron al secuestro de 6.077.000 pesos; 139.200 dólares; 40 equipos de telefonía celular; dos autos, un utilitario y dos motos; cuatro armas de fuego, una pistola de réplica, un rifle de aire comprimido y municiones de distintos calibres.

“Dentro del plan de seguridad diseñado por el gobernador Maximiliano Pullaro, ejecutado a través del ministerio que conduce Pablo Cococcioni, no solamente se trabaja en la prevención y en el incremento de la presencia policial en calle, sino también en las investigaciones por delitos complejos por intermedio de la PDI y del Ministerio Público de la Acusación. En este caso se trata de una causa por lavado de activos y asociación ilícita liderada por Esteban Lindor Alvarado”, apuntó Marcelo Albornoz, subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.

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“Se trata de una investigación que venimos realizando desde hace varios meses, en un trabajo silencioso y coordinado entre las direcciones de Inteligencia y Operativa de la Policía de Investigaciones con la fiscal Fabbro. También trabajamos en conjunto con la Policía de Córdoba en cuatro allanamientos, en los cuales secuestramos material de suma importancia para esta causa”, indicó Natalio Marciani, director provincial de la PDI.

“Se trata de una investigación que venimos realizando desde hace varios meses, en un trabajo silencioso y coordinado entre las direcciones de Inteligencia y Operativa de la Policía de Investigaciones con la fiscal Fabbro. También trabajamos en conjunto con la Policía de Córdoba en cuatro allanamientos, en los cuales secuestramos material de suma importancia para esta causa[Natalio Marciani, director provincial de la PDI.]

Los procedimientos se realizaron en domicilios de Biedma al 2700 y 3600, Moreno al 3500, Juan B. Justo al 7700, Fournier al 1100, Forest al 5800, Guatemala al 2200, Camino Viejo a Soldini al 3900, Barra al 2300, Liniers al 1800, Juan de Garay al 6200, Perú al 2300, Lamadrid al 2200, Reconquista al 2100, Mendoza al 7200, White al 7300, Brasil al 1500, Jacobacci y Ramos, Bv. Seguí al 2900, Virasoro al 3600, Av. Carballo al 200, Moreno al 3500, Ituzaingó al 6800, 27 de Febrero al 100 bis, Bolivia y Viamonte, Gálvez al 6100, 6300 y 6700, Pasaje Colibrí al 100 bis, y Bolivia al 2300, todos de Rosario.

También se llevaron a cabo allanamientos en Santa Cruz al 500 de Capitán Bermúdez, Dante Alighieri al 2500 y Namuncurá al 500 de Granadero Baigorria, Chavarini al 700 de Pérez, Santa Clara al 100 de Roldán, y Suiza al 500 de San Lorenzo. La audiencia imputativa será llevada adelante en principio la próxima semana en el Centro de Justicia Penal de Rosario, con fecha y horario a confirmar.

“En primera instancia, lo que se puede decir sobre la metodología de esta banda de Alvarado es que recibían autos provenientes de ilícitos y a través de documentación apócrifa lo metían en el mercado legal. Hay galpones y cocheras allanadas. Como quien dice en la jerga policial, se “enfriaban” hasta que nadie supiera de los vehículos. Una vez realizada la documentación correspondiente, se introducían en el mercado”,[Ingrese autor (opcional)]

“En primera instancia, lo que se puede decir sobre la metodología de esta banda de Alvarado es que recibían autos provenientes de ilícitos y a través de documentación apócrifa lo metían en el mercado legal. Hay galpones y cocheras allanadas. Como quien dice en la jerga policial, se “enfriaban” hasta que nadie supiera de los vehículos. Una vez realizada la documentación correspondiente, se introducían en el mercado”, explicó Marciani.

El titular de la Corte Suprema dialogó con el ministro de Seguridad sobre la realidad que vive la provincia de Santa Fe y principalmente Rosario. El temor por el avance narco llegó tras las amenazas que sufrieron funcionarios de la justicia provincial.

El ministro de la Corte Suprema de la Nación Horacio Rosatti se comunicó con Aníbal Fernández, titular de la cartera de Seguridad, para pedirle protección para jueces y fiscales federales. El pedio llegó tras las amenazas que sufrieron el juez y el fiscal federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa y Javier Arzubi Calvo, junto a un grupo de funcionarios judiciales en Rosario.

La tensión por la escalada de violencia en Santa Fe no cesa y según supo NA, desde el ministerio de Seguridad se comprometieron a intensificar la custodia y evaluar medidas de protección.

La comunicación se dio días después de la amenaza de muerte a Murúa, y de Calvo; y de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella mediante un mensaje de WhatsApp.

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En ese contexto, intensificado por las balaceras contra las comisarias, el Servicio Penitenciario y dependencias judiciales es que Rosatti llamó al ministro de Seguridad para pedirle una mayor presencia de fuerzas de seguridad y custodia para sus funcionarios.

Los planteos al ministro de Seguridad se suman a los cuestionamientos que encabezó el gobierno provincial, detrás de los dichos del gobernador Omar Perotti, quienes reclamó mayor presencia de Nación en la tarea. A su parte, Fernández aseguró que es tarea de la policía provincial encargarse de la situación, con la asistencia del Gobierno Nacional.

"Aníbal Fernández nos pide que las provincias nos encarguemos de delitos federales como el narcotráfico. Eso demuestra que el Gobierno nacional abandona Rosario. Sólo falta que le pidan a Santa Fe custodiar las fronteras del país para que no entren armas o drogas", apuntó Perotti.

En la misma línea, el nuevo jefe de la cartera de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, expresó que "la policía y el servicio penitenciario provincial son los pilares fundamentales de esas políticas públicas de seguridad". "En ese entendimiento, es donde el Ministerio de Seguridad no solamente debe controlar y supervisar el ejercicio de ese gobierno y administración de fuerzas policiales, sino que además debe acompañar a asistir, motivar e incentivar para la mejor consecución del logro", planteó.

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