Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe y fiscales del Ministerio Público de la Acusación supervisaron este jueves un nuevo derribo de un búnker de venta de drogas en la ciudad. El procedimiento comenzó a las 8 en Falucho 597, en el marco de la Ley de Microtráfico.

Se trató de la inactivación número 115 en toda la provincia y la número 11 en el departamento Castellanos desde que la normativa fue sancionada por la Legislatura en diciembre de 2023 y promulgada durante la actual gestión provincial.

Estos derribos se desarrollaron desde principios de 2024, en el marco de un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía santafesina, con colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.

Desde entonces, se contempló la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles vinculados a situaciones de violencia altamente lesiva en distintos puntos del territorio provincial.

Este martes por la mañana, dos instituciones educativas del sur de Rosario fueron sorprendidas por banderas con mensajes intimidatorios colgadas en sus puertas de ingreso. La policía fue rápidamente alertada y las banderas fueron secuestradas para realizar las pericias correspondientes.

Los textos escritos en las telas eran idénticos, dirigidos a un policía local y a Andrés Bracamonte, hijo del líder de la barra brava de Rosario Central, quien fue asesinado en noviembre de 2024. Estos mensajes, aparentemente vinculados con organizaciones narcocriminales, fueron encontrados en el jardín Nº 1.285 “San Casimiro”, ubicado en la intersección de Margis y Nuestra Señora del Rosario, y en la escuela Nº 1.347 “Atahualpa Yupanqui”, sobre B. Suárez al 5000.

Suspensión de clases

Las autoridades de la escuela Yupanqui decidieron suspender las clases durante todo el día de este martes 28 de abril como medida preventiva. El cartel que fue colocado en la puerta de la institución informaba: “Suspendidas las clases por el día de hoy 28/4. Todos los niveles”.

Antecedentes de amenazas

Este es el tercer incidente en abril relacionado con mensajes mafiosos que se cuelgan en escuelas de Rosario, sumándose a otros hechos ocurridos en escuelas primarias y secundarias y en un centro de salud municipal. Aunque los nombres varían, el de Andrés Bracamonte es el más repetido en estos mensajes, lo que pone en evidencia la posible intención de amedrentar a diferentes instituciones públicas.

El personal de la Policía de Investigaciones (PDI) continúa trabajando para identificar a los responsables de estas intimidaciones, mientras que las autoridades locales reafirman el compromiso para mantener el orden en las zonas afectadas.

La justicia federal de Gualeguaychú desbarató un plan ideado por un jefe narco de Diamante para asesinar en el exterior al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal José Ignacio Candioti, en el marco de una causa que los involucra y el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, también figuraba entre los blancos.

La maniobra se vinculó al narco Leonardo Airaldi, quien habría pagado , desde la cárcel, 40 mil dólares a un sicario uruguayo para concretar los ataques durante supuestas vacaciones de los magistrados en ese país, aunque ninguno de ellos estuvo en Uruguay ni tenía previsto viajar.

El dato surgió a partir del testimonio de un recluso ligado al narcotráfico, quien aportó la información ante la justicia federal. Tras esos dichos se inició la investigación que permitió desarticular el plan.

Según el relato del interno, Airaldi buscaba venganza contra Ríos y Candioti por la causa que lo llevará a juicio en los próximos días. De acuerdo con lo manifestado por el testigo, el juez Ríos le había “inventado una causa” y Candioti “tiene todo arreglado para que le de 15 años de condena en un juicio que empieza el martes”.

La investigación sobre Airaldi se extiende desde hace varios años y lo compromete no solo con la justicia de Entre Ríos sino también con la de Rosario, donde enfrenta otro expediente de mayor gravedad que el que tramita en Paraná.

El presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sigue el tema de cerca. Rosatti se comunicó con Ríos y Candioti y mantiene contacto permanente con las fuerzas federales para garantizar la seguridad del magistrado y su juzgado.

De acuerdo a lo manifestado oficialmente, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, tomó conocimiento de las acusaciones a través del director del Servicio Penitenciario provincial y del titular de la Unidad Penal 9, Lucas Duffour.

El preso declaró ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, quien requirió al juez federal Hernán Viri una orden de allanamiento que se cumplió este viernes por la tarde. NA

La nueva era del hampa peruana en Argentina es un hecho. A más de 25 años del comienzo del reinado del terror de traficantes como “Marcos” Estrada González en el Bajo Flores, el triple crimen narco de Florencio Varela que terminó con el asesinato y mutilación de tres jóvenes reveló cómo se reconfigura el negocio de la droga y la violencia extrema que implica.

La banda acusada de las muertes de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, con varios jugadores argentinos en sus ligas menores, es liderada por hampones peruanos. La primera pieza en el tablero fue Tony Janzen Valverde, oriundo de Trujillo, Perú, capturado en las afueras de Lima en una carrera caliente.

“Pequeño Jota”, como se lo conoce, resultó ser, con suerte, un manager de dealers algo carismático. Fue opacado en cuestión de días por quien sería el verdadero capo, el ex policía Joseph Cubas Zavaleta, alias “Señor Jota”, preso en una celda de la PFA por amenazar a una mujer en su país para que lleve tres kilos de cocaína como mula a España.

Luego, está el testimonio de una de las arrepentidas en el caso investigado por la UFI de Homicidios de La Matanza, que reveló una supuesta red narco comandada desde Trujillo por el misterioso “El Abuelo”, donde el traslado de cocaína al por mayor parecía ser la clave. Un negocio articulado por prófugos con prontuario como Alex Ydone, buscado años atrás por Interpol y libre por una insólita torpeza internacional.

La sugerencia es un poco temible: en el año 2025, el negocio de la cocaína en CABA no se trata de las bandas armadas en los asentamientos, sino de los mayoristas de la droga misma. La PROCUNAR, el área de la Procuración que investiga delitos de narcotráfico, tiene en sus manos dos casos que podrían convertirse en insignias de la época, con dos jefes identificados, uno más atrevido y ambicioso que el otro.

El 2 de octubre pasado, ocho allanamientos realizados por la Superintendencia Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal sacudieron el tablero cuando todavía sonaba la alarma del triple femicidio de Florencio Varela. Aquel día, 281 kilos de cocaína marcados con el sello “KTM” fueron descubiertos en puntos allanados en Ituzaingó y Cuartel V, en la zona de Moreno. 60 de estos kilos fueron capturados en pleno delivery.

Hubo cinco detenidos en la jornada, con una causa a cargo de Juzgado Federal de Villa Mercedes, en San Luis, bajo la firma de Juan Carlos Nacul, con intervención de la PROCUNAR. Entre estos detenidos se encontraba el presunto jefe de esta historia, Yuri Anzor Goyzueta Hurtado, de 52 años.

Nacido en Lima, Perú, chofer, según él mismo, estuvo preso en un penal federal años atrás. Luego, fijó un domicilio en Bosques y buscó trabajo en algún taller textil en las bolsas de empleo de Facebook. Hoy, se encuentra procesado con prisión preventiva, acusado de ser un organizador del delito de tráfico de drogas, más la tenencia ilegal de una pistola. El embargo en su contra es de $78 millones.

El caso comenzó en San Luis en 2021, cuando se descubrió que una familia vendía droga en el barrio Cuna de Halcones de Villa Mercedes. En esta investigación, lejos de allanar a cuatro transas y cerrar la historia como suele ocurrir, se siguió la ruta de la droga.

A partir del seguimiento de los teléfonos se descubrió a Eduardo González, un jubilado porteño, preso y procesado en el caso, como el primer vínculo de la familia puntana. Lo siguieron hasta el 10 de abril de 2024, cuando un hombre suyo fue visto en CABA con Yuri Anzor Goyzueta Hurtado mientras cargaban un baúl con bultos varios.

De los 281 kilos, 216 fueron hallados en la casa de Yuri en Cuartel V. El resto de la droga estaba oculta en el baúl del Toyota Etios del chofer limeño. Le secuestraron dos teléfonos Samsung, de los que entregó la clave de desbloqueo.

Para la Justicia, Yuri “desempeñó el rol más importante dentro de la banda -organizador- quien se encargó del almacenamiento del material estupefaciente en su vivienda”, escribió el juez. Cuatro otros imputados se habrían encargado de revender la droga en San Luis, Santa Fe y diversos puntos de CABA. Las bocas de expendio de la droga atribuidas a Gonzueta Hurtado se vuelven otra preocupación. Después de todo, 281 kilos es muchísimo. También, a quién le compraba Yuri mismo.

Dos semanas después de la captura de Yuri, las autoridades salieron a buscar a otro supuesto pesado de la cocaína al por mayor en su cueva de Almagro. Se escapó por poco. Sigue prófugo hasta hoy. Su historia, y la de su banda, son insólitas.

A mediados de septiembre, el Escuadrón Antidrogas de Gendarmería Nacional allanó seis objetivos en General Rodríguez y CABA bajo las órdenes del fiscal federal entrerriano Pedro Rebollo y el auxiliar fiscal Martín Uriona de la PROCUNAR, siguiendo la pista de la aeronave Cessna que aterrizó el 22 de enero de este año a 15 kilómetros de la ciudad de Puerto Ibicuy en Entre Ríos.

La avioneta llevaba más de 350 kilos de cocaína en su interior, acondicionada para esconder droga hasta detrás de sus controles. La tripulaban, entre otros, la ex reina de belleza boliviana Jade Callaú y su novio, un piloto brasileño. Redadas posteriores llevaron a una discoteca de la comunidad peruana sobre la avenida Rivadavia, ligada a los dueños de la avioneta.

Se encontraron 49 kilos de cocaína en los operativos, con cinco detenidos de nacionalidad peruana. 23 de esos se hallaron en General Rodríguez, en una habitación subterránea, oculta debajo de un piso de cemento; el resto en un departamento en Congreso, un monto suficiente para la venta al por mayor.

Los gendarmes también contaban con una orden de arresto internacional para el principal sospechoso del caso, que no fue hallado en el operativo: se trata de un ex taxista y empleado gastronómico de 43 años, de nacionalidad peruana. Su nombre, una novedad para las crónicas narco, José Alberto García Nazario.

García Nazario fue descubierto gracias al análisis de teléfonos del caso. El ex taxista, que insólitamente tiene dos números de DNI, números 94 y 95 millones, se contactó con la ex reina de belleza y el piloto el día del aterrizaje, preguntando por “su avioneta”. También, se cree, pasó por la zona del aterrizaje del Cessna el 22 de enero.

“Esta es una operación internacional, sin dudas”, dice un investigador del caso. A la consulta de “¿cuán capo es García Nazario?“, la respuesta fue: ”De 1 a 10, un 7″. Tal como en la banda de Florencio Varela, es probable que reporte al verdadero dueño de la droga. Posiblemente en Perú.

Las bandas fueron descubiertas por una serie de hechos simple. Las autoridades supieron de su existencia porque traficaron, mataron, trajeron droga por avión y aterrizaron a la fuerza en medio del campo argentino. Es decir, aquí no hubo prevención. Para la fiscal Mónica Cuñarro, profesora de derecho penal y una figura sumamente reconocida en el fuero, esto evidencia una falla en el sistema.

Cuñarro -hoy fiscal de instrucción en CABA, que esclareció en la historia reciente las megaestafas de Wenance e Induplack- trazó junto a su colega Carlos Rivolo el mapa de armas, muertos y heridos del Bajo Flores en el pico de violencia narco durante el reinado de “Marcos” Estrada.

De cara a la nueva coyuntura, Cuñarro hace su advertencia: “Se ve que la política criminal de parte de la cartera de seguridad es inexistente. No existe inteligencia previa que detecte la ruta del dinero, ni organizaciones del narcotrafico. Cuando se llega es por casualidad, porque cae un avión o a los que transportan. La etapa de investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal demuestra fallas. No hay cruce de causas", afirma.

Y agrega: “Las fronteras son fácilmente permeables. El caso de Florencio Varela y el de la banda del simulador de vuelo en CABA exhiben que existe un cambio de patrón delictivo que pasa sin problemas los controles de las fuerzas".

Jhon William Barbarán León, reportado muerto en su país, detenido en la villa Zavaleta

El intercambio de información existe, y en múltiples vías. La PROCUNAR recibe alertas del Department of Homeland Security de Estados Unidos. La Policía Federal tiene vías abiertas con sus pares en Perú. Gracias a uno de estos intercambios, la PFA detuvo a un muerto. O, al menos, así figuraba en los papeles de su país.

El 28 de noviembre pasado, el Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal realizó una redada en la villa Zavaleta de la zona de Barracas bajo las órdenes de la jueza María Romilda Servini y el fiscal Eduardo Taiano. El objetivo: una banda de delincuentes trujillanos acusada de secuestrar a un joven de Villa Lugano el 17 de mayo pasado, un asunto express donde el rescate fue negociado con la víctima a bordo de un auto en movimiento.

Entre los detenidos, se encontró a un hombre que llevaba una cédula de conductor falsa y que el Departamento Antisecuestros Sur investigaba desde hacía semanas. Se trata de un acusado de ser un ladero de Deivi Junior Romero Ullilen, alias “El Jorobado Deivi”, también máximo jefe de la banda Los Compadres. Fue detenido en Recoleta con una circular roja de Interpol, acusado de ordenar cuatro homicidios en su país en 2022. Al menos uno de ellos estaba bajo investigación de la PROCUNAR.

El portador de la cédula falsa resultó ser Jhon William Barbarán León: según informes oficiales, había sido reportado muerto en su país en enero 2020.

El caso, peor todavía, está marcado por la sombra de la corrupción de uniforme: tres policías de la Ciudad fueron detenidos por participar en el secuestro.

La narrativa de la víctima no cierra para ciertos investigadores. El joven secuestrado, sin antecedentes penales, afirmó que se dirigió a la villa Zavaleta en Barracas para comprar un par de zapatillas. “¿Tres tipos de Trujillo y tres policías para secuestrar a un chico por un par de zapatillas?“, pregunta en voz alta, haciéndose el oso, uno de estos funcionarios.

La hipótesis que sobrevuela el expediente no precisamente la de un robo, sino la de un negocio de droga que falló.

La DDI de La Matanza detuvo a Ariel Giménez, un argentino de 29 años señalado como parte de la banda narco de “Pequeño J”. Según la investigación, fue contratado para cavar el pozo donde enterraron los cuerpos de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15). Ya son seis los detenidos por el caso, mientras sigue la búsqueda internacional del líder.

La investigación por el triple femicidio de Florencio Varela sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con la detención de Ariel Giménez, un joven argentino de 29 años acusado de haber participado en la etapa posterior al crimen: cavar el pozo donde fueron enterrados los cuerpos de las víctimas.

Giménez fue arrestado este sábado por la DDI de La Matanza cuando regresaba a su vivienda en el mismo distrito. Se trata de la misma casa que había sido allanada el viernes por la noche en el marco de los operativos para dar con “Pequeño J”, el narco peruano señalado como autor intelectual de los asesinatos.

El operativo se concretó a partir del testimonio de un chofer de aplicación, que declaró haber trasladado a un hombre con una pala y un parlante desde la vivienda de la calle Chañar 702 —donde fueron asesinadas Morena, Brenda y Lara— hasta el domicilio allanado en Varela.

Ese hombre resultó ser Ariel Giménez. Aunque en el allanamiento inicial no fue encontrado, en la vivienda sí apareció el parlante, mientras que la pala fue hallada en la casa de una vecina, quien dijo que el acusado se la había dejado porque tenía “un trabajo pendiente” que nunca concretó.

Ambos elementos fueron incorporados a la causa como pruebas clave, ya que los investigadores creen que la pala se usó para cavar el pozo donde enterraron los cuerpos y que la música a volumen extremo formó parte del encubrimiento del crimen.

Con el arresto de Giménez, ya son seis los detenidos en la investigación. El día anterior había sido capturado en Bolivia Lázaro Víctor Sotacuro, un ciudadano peruano con DNI argentino, acusado de haber actuado como conductor de apoyo en la camioneta que trasladó a las víctimas.

Los otros cuatro detenidos son:

Magalí Celeste González Guerrero (28)

Miguel Ángel Villanueva Silva (25)

Daniela Iara Ibarra (19)

Maximiliano Andrés Parra (18)

De acuerdo con la acusación, ellos fueron quienes golpearon y atacaron con armas blancas a las tres jóvenes con la clara intención de matarlas.

Mientras tanto, la Justicia argentina y la Policía Internacional siguen tras los pasos de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, un narco peruano de apenas 20 años nacido en el departamento de La Libertad, a 600 kilómetros de Lima.

Fuentes de la investigación confirmaron que Valverde intentó abandonar el país, por lo que se decidió difundir su identidad y su rostro públicamente. En paralelo, Interpol emitió una notificación roja, en la que lo describe como el autor intelectual del triple femicidio y solicita su localización inmediata con fines de extradición.

El documento de Interpol sostiene que Valverde, junto a un grupo indeterminado de cómplices, actuó “con división de roles, de común acuerdo y con claras intenciones de causar la muerte”, aplicando múltiples golpes y cortes con armas blancas sobre las víctimas.

El otro hombre clave en la estructura criminal es Matías Agustín Ozorio (28), argentino, señalado como la mano derecha de “Pequeño J”. También pesa sobre él un pedido de captura nacional e internacional bajo la misma calificación legal que a Valverde: homicidio agravado por concurso premeditado, ensañamiento, alevosía y violencia de género en tres hechos.

Pasaban las dos de la tarde cuando un trabajador rural divisó humo negro elevándose entre los pastizales del campo donde trabaja, a unos pocos kilómetros de la localidad de La Vanguardia, en el departamento Constitución. Al acercarse, encontró lo impensado: una aeronave pequeña completamente consumida por el fuego.

Alertada la policía, personal de la comisaría local llegó al lugar junto a efectivos de la Unidad Regional VI. Lo que encontraron confirmó el llamado: la estructura metálica de una avioneta completamente destruida, sin señales de tripulación ni de ningún tipo de cargamento.

Los primeros indicios revelaron que no se trató de un accidente aéreo común. Peritos forenses detectaron restos de acelerante entre los hierros calcinados, lo que refuerza la hipótesis de un incendio intencional. La fiscal Analía Saravalli, del Ministerio Público de la Acusación con sede en Villa Constitución, quedó a cargo de la investigación bajo la carátula de "averiguación de ilícito".

La sospecha que sobrevuela a todos los investigadores es clara: ¿se trató de un vuelo narco que, tras dejar su carga, fue incendiado para borrar rastros?

La zona no es ajena a episodios similares. En mayo de 2022, a apenas 35 kilómetros del lugar, se encontró otra avioneta abandonada en un campo de Juan Bernabé Molina, cargada con 84 kilos de cocaína.

Más recientemente, en junio de este año, una avioneta Cessna 200 con matrícula adulterada aterrizó en un campo del departamento San Jerónimo. En esa ocasión, dos hombres —un boliviano y un peruano— fueron detenidos, y se incautaron teléfonos, municiones y una importante suma de dinero.

Si bien todavía es pronto para afirmarlo, todo indica que este nuevo hallazgo se inscribe en una modalidad que se repite: vuelos clandestinos desde Bolivia o Paraguay, que ingresan por aire al país para dejar droga en campos deshabitados, donde esperan cómplices en tierra.

La destrucción total de la avioneta sugiere que quienes operaron el vuelo buscaron eliminar toda prueba, repitiendo el patrón ya observado en otros operativos vinculados al narcotráfico internacional.

Se trata del jefe de la Brigada de Drogas de Coronda. El pasado lunes, habían sido aprehendidos el jefe Antinarcóticos de la Policía de Esperanza y un suboficial

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En una operación conjunta llevada a cabo este viernes por oficiales y suboficiales de la Policía Federal Argentina, bajo la orden de la justicia federal con sede en la ciudad de Santa Fe, se llevó a cabo la detención de un subcomisario en su residencia particular, quien hasta hoy ocupaba el cargo de jefe Antinarcóticos en la ciudad de Coronda, en el departamento San Jerónimo.

La investigación, que se inició el pasado lunes, ya había llevado a la aprehensión del comisario y jefe Antinarcóticos de la ciudad de Esperanza, quien fue detenido en su oficina ubicada dentro de la Jefatura de la Unidad Regional XI Las Colonias. Sorprendentemente, este último no tenía ninguna relación operativa con la Unidad Regional XI, lo que planteó serias dudas sobre su involucramiento con actividades ilícitas. Además quedó detenido un suboficial, quien también cumplía funciones desde 2022 en esa dependencia.

La operación policial tiene como objetivo demostrar una presunta vinculación entre estos dos altos mandos policiales y un conocido narcotraficante prófugo de la ciudad de Santa Fe. Según las investigaciones, se sospecha que el narcotraficante habría ingresado a la Jefatura policial Antinarcóticos con un bolso repleto de dinero en efectivo.

El subcomisario corondino fue aprehendido en su hogar familiar en la ciudad de Coronda. Se cree que también estaría relacionado con el mismo narcotraficante prófugo de Santa Fe, lo que le convierte en el tercer detenido por estos mismos motivos. Su indagatoria, al igual que la de los dos anteriores aprehendidos, se llevará a cabo en las próximas horas en el juzgado federal con sede en la ciudad de Santa Fe.

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Los delitos imputados a los policías están enmarcados en la presunta infracción a la ley nacional de estupefacientes N° 23.737, lo que se agrava considerablemente debido a su condición de policías, oficiales y a su dedicación específica en el combate al narcotráfico.DIARIOuno

Aunque no logró determinarse el destino que tenía el cargamento, las autoridades detectaron que se trataba de una aeronave que provenía de Bolivia.

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La policía de Chaco secuestró un cargamento de 324 kilos de cocaína que se encontraban dentro de una avioneta que se estrelló en un campo ubicado en la localidad de Avía Terai. En el lugar no se encontraban los pasajeros, debido a que los ocupantes habrían abandonado el vehículo previo a que fuera encontrado por las autoridades.

Alrededor de las 16:00 horas de la tarde del martes, los agentes policiales de la comisaría Concepción del Bermejo se presentaron a unos cinco kilómetros del establecimiento rural conocido como “La Aurora” y de la ruta nacional 16 luego de haber sido alertados por los residentes de la zona acerca de la caída de una nave color roja y blanca que se había caído entre un campo y un camino.

Después de que los efectivos llegaran al lugar, determinaron que se trataba de una avioneta modelo Cesna 210 Turbo Centurión II que contaba con la matrícula boliviana CP-3123. Además, reportaron que había diez panes rectangulares de color verde que en su interior contenían cocaína, la cual fue puesta a disposición de la Justicia federal.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Télam, las personas que fueron testigos del hecho señalaron que en el interior del aeroplano viajaban dos sujetos que habrían sufrido lesiones, pero fueron rescatados y trasladados en una camioneta apenas cayó el vehículo.

Por este motivo, la Justicia emitió una alerta a todos los hospitales y centros sanitarios de la zona para que denuncien si en las últimas horas registraron el ingreso y atención de dos personas heridas, debido a que buscarían el apoyo del personal de salud para poder identificar y dar con el paradero de los viajeros.

“Todo es muy reciente, y el personal policial está trabajando en el lugar haciendo el pesaje de los panes de cocaína”, mencionó el comisario chaqueño Javier Miers durante una entrevista para Diario Chaco, en referencia al inicio del proceso de investigación de la causa. De igual forma, se pudo constatar que la avioneta había sido reportada como robada de un aeroclub de Bolivia el domingo pasado.

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El jefe de policía planteó la hipótesis de que la caída se produjo porque “la aeronave tuvo desperfectos técnicos”, para luego explicar que no podían determinar el destino que habría tenido el cargamento al declarar: “No sabemos si el avión con matrícula boliviana tenía orientación a Sáenz Peña”, ya que el vehículo se encontraba volcado, por lo que podría indicar que haya cambiado la dirección al momento de comenzar a fallar la nave y desplomarse en el suelo.

Este no sería el primer caso de una aeronave robada que se estrella en la región, puesto que hace tan solo unos meses cinco personas murieron en un accidente en Villa Ángela. Los delincuentes que sustrajeron la aeronave habrían olvidado abrir el paso de la nafta por lo cual el avión se quedó sin combustible y cayó al vacío luego de levantar vuelo.

Uno de los ocupantes salió despedido del avión, lo que le produjo la muerte instantánea, y el resto de los pasajeros perecieron incinerados luego de que la nave se prendiese fuego en el aire y se estrellase en el lote 11, según informaron medios locales en ese momento. La aeronave era propiedad del empresario Roger Martin, dedicado al agrocultivo y la ganadería. La principal hipótesis de los investigadores es que los delincuentes formaban parte de una organización narcocriminal paraguaya. Una pista de ello fueron varios guaraníes encontrados en el lugar (la moneda oficial del Paraguay), así también una gorra del club de fútbol Cerro Porteño. INFOBAE.

A sólo un día del ataque a tiros contra el supermercado del suegro de Lionel Messi en la ciudad de Rosario, las cárceles de Rawson, Marcos Paz y Ezeiza fueron

allanadas por efectivos de la Policía Federal en búsqueda de narcos que siguen operando desde esos establecimientos de máxima seguridad, entre los que se encuentra el líder de la banda "Los Monos", Ariel Máximo "Guille" Cantero.

Los operativos fueron solicitados por el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque y su par de Morón Jorge Rodríguez en trabajo conjunto con la PROCUNAR, la fiscalía anti drogas a cargo de Diego Iglesias, así como fiscales que investigan el crimen organizado en Rosario, Matías Edery y Luis Chiapa Pietra.

La búsqueda de celulares dentro de las celdas se debe a que se sospecha que desde esos penales, Cantero, que está en Marcos Paz, imparte órdenes para cometer distintos hechos de violencia. También se sospecha que pueda existir "complicidad estructural" del Servicio Penitenciario con Cantero.

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Ahora la mira está puesta en dos episodios recientes: la balacera contra el instituto de Marcos Paz; y el asesinato en Rosario de Lorenzo Altamirano, quien fue secuestrado y lo mataron, abandonándolo en la puerta de la cancha de Newell´s con disparos en su cuerpo.

Junto al cuerpo de Altamirano quien fue dejado en el lugar con tres disparos, los asesinos dejaron un cartel: “Damián Escobar y Leandro Vinardi. Gerardo Gomes! Dejen de sacar chicos del club para tirar tiro en Rosario”.

Vinardi, Escobar y Cristian Avalle, este último también mencionado en otro cartel en otra balacera protagonizada ese mismo día, son laderos de Cantero y están presos ellos tres en Ezeiza. Por eso parte de los allanamientos fueron a sus celdas para ver si se da con algún indicio en ese caso.

En tanto, en Rawson están detenidos Leandro “el gordo” Vilches, Rodolfo Héctor Marini y Alexis Camino, ellos tres pertenecen a una facción rival de aquella otra y se sospecha que se está protagonizando un enfrentamiento interno entre distintos grupos de la banda “Los Monos”.

El otro hecho por el cual allanaron a Cantero en Marcos Paz es porque en noviembre pasado el frente de ese penal, en una obra lindante donde se está haciendo una ampliación del complejo, un auto disparó doce balazos lo que fue interpretado como un apriete por la detención allí del líder de la banda narco criminal.