La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las medidas de máxima seguridad para jefes narco de Rosario al declarar inadmisibles los recursos de sus defensas y confirmar traslados y restricciones en el penal de Ezeiza.

La Sala II, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, resolvió en los registros 484/26, 485/26, 486/26 y 488/26 rechazar los planteos de Ariel Maximiliano Cantero, Mauro Nahuel Novelino, Leonardo Roberto Airaldi y Esteban Lindor Alvarado, según surge del documento.

Los magistrados consideraron que las presentaciones carecían de fundamentos suficientes para habilitar la revisión, y convalidaron decisiones previas que habían denegado beneficios como visitas íntimas y cuestionamientos a traslados a pabellones de máxima seguridad en el Complejo Penitenciario Federal I.

Alvarado, condenado a prisión perpetua por narcotráfico, homicidio, asociación ilícita y lavado, mantiene un perfil de alto riesgo tras antecedentes como un plan de fuga en helicóptero en 2023.

Cantero, integrante del clan “Los Monos”, cumple una pena de 23 años y seis meses por delitos de drogas, amenazas y homicidio.

En tanto, Novelino, con condena unificada de 35 años, lideró una organización violenta en el sur santafesino e incluso desde prisión organizó actividades ilícitas.

Airaldi, ex dirigente rural, enfrenta juicio por presunta financiación de narcotráfico y un plan para atacar a funcionarios judiciales, lo que motivó su traslado.

Las resoluciones consolidan el criterio de priorizar la seguridad pública y el control estatal sobre internos de alto riesgo.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y en coordinación con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este miércoles el derribo de un búnker de venta de estupefacientes en la ciudad de Las Parejas, el primero en el departamento Belgrano.Se trata de la inactivación número 114 en todo el territorio provincial desde la implementación de la Ley de Microtráfico, promulgada a fines de 2023 en el marco de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Los procedimientos se desarrollan desde comienzos de 2024 mediante un trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía y, en algunos casos, fuerzas federales y gobiernos locales. 

La normativa contempla la clausura y demolición de puntos de venta de drogas y de inmuebles asociados a dinámicas de violencia altamente lesiva. Según fuentes oficiales, el objetivo es desarticular estructuras de narcomenudeo y reducir su impacto en barrios y zonas urbanas.El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó la relevancia del operativo al señalar que “este primer derribo en el departamento Belgrano muestra que se consolida el trabajo de investigación del Ministerio Público de la Acusación junto con el Ministerio de Justicia y Seguridad”. En esa línea, subrayó que la Ley de Microtráfico “resultó ser una herramienta clave para combatir el narcomenudeo, porque apunta a espacios donde se genera violencia”.Pereira advirtió que “la venta de estupefacientes es, en sí misma, una actividad violenta, especialmente cuando se instala en zonas residenciales cercanas a escuelas y clubes”. Además, indicó que tras la demolición se mantienen controles sobre el lugar para evitar nuevas ocupaciones. 

Por su parte, la fiscal Mercedes Banchio precisó que la investigación se inició a partir de denuncias vecinales y permitió documentar al menos siete maniobras vinculadas a la comercialización de drogas. 

Con esa evidencia se autorizó un allanamiento, en el que se secuestraron elementos para fraccionamiento, balanzas de precisión, más de 60 gramos de cocaína y más de 130 gramos de marihuana. 

La funcionaria judicial confirmó que hay personas identificadas con pedido de captura vigente. También indicó que un adulto permanece detenido y es investigado por su presunta participación en los hechos, mientras que menores fueron puestos a disposición de la Justicia correspondiente. Otros sospechosos continúan prófugos y, según la causa, serían quienes administraban el punto de venta.En relación con el inmueble, Banchio explicó que pertenece a un vecino que lo había alquilado de buena fe. “Con el tiempo detectó irregularidades en el pago y comenzó a sospechar de la actividad que se desarrollaba en el lugar, por lo que se puso a disposición de la Justicia y aportó información relevante para la investigación”, concluyó.

Un importante operativo coordinado por el Ministerio Público Fiscal permitió desarticular una organización narco que operaba en distintas ciudades del departamento San Justo, con un saldo de 10 personas detenidas y el cierre de múltiples puntos de comercialización de droga.

La investigación fue ejecutada por grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que llevaron adelante 15 allanamientos distribuidos en Morteros (13), Brinkmann (1) y Miramar (1).

Como resultado del procedimiento, fueron desmantelados 10 puntos de venta y tres lugares utilizados para el guardado de estupefacientes. En los perímetros externos colaboró personal de la Policía de Córdoba.

Durante los allanamientos, con participación destacada de canes antinarcóticos y del equipo de investigadores, se logró la detención de diez integrantes de la banda, compuesta por cinco hombres y cinco mujeres, todos mayores de edad.

Además, se incautaron:

Desde la fuerza destacaron que este megaoperativo está relacionado con otros procedimientos realizados por la FPA los días 18 de marzo y 11 de abril en la ciudad de Morteros.

En esas intervenciones previas ya habían sido detenidos cinco narcomenudistas y se habían secuestrado más de tres kilos de cocaína, además de dos autos de alta gama y dinero en efectivo.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, todo lo secuestrado fue remitido a sede judicial, mientras que los aprehendidos fueron trasladados e imputados por comercialización agravada de estupefacientes.

El operativo representa uno de los golpes más importantes contra el narcomenudeo en la región en lo que va del año, especialmente por la cantidad de domicilios allanados, el volumen de droga secuestrado y la estructura que logró desbaratarse.

Una pareja que viajaba junto a su hija menor de edad fue detenida en la provincia de Salta luego de que efectivos de Gendarmería Nacional descubrieran más de 23 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo del automóvil en el que circulaban por la Ruta Nacional 34.

El procedimiento fue realizado por personal del Escuadrón 54 “Aguaray”, que desplegaba controles de prevención vial a la altura del kilómetro 1.466, uno de los puntos habituales de fiscalización sobre el corredor que conecta el norte del país.

Los uniformados detuvieron la marcha de un Chevrolet Astra en el que se trasladaban un hombre, una mujer y una niña. Durante la inspección inicial, los efectivos advirtieron irregularidades en el sector trasero del rodado, particularmente en los laterales del baúl, lo que despertó sospechas sobre la posible existencia de compartimientos ocultos.

Ante los indicios detectados, los gendarmes dieron intervención a la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, que autorizó una requisa más exhaustiva del vehículo.

En presencia de testigos, el personal retiró las chapas laterales que recubrían el baúl y confirmó la existencia de un doble fondo. Dentro de esos compartimientos ocultos encontraron 42 paquetes rectangulares, comúnmente conocidos como “ladrillos”, envueltos y acondicionados para el transporte de estupefacientes.

Las pruebas de campo realizadas por Criminalística mediante el Narcotest arrojaron resultado positivo para cocaína. El pesaje posterior determinó que la carga ascendía a 23 kilos con 310 gramos.

La modalidad utilizada para esconder la droga coincide con otros procedimientos recientes detectados sobre la misma ruta, donde el narcotráfico suele emplear dobles fondos en zócalos, pisos y baúles para intentar eludir los controles de las fuerzas federales.

Tras el hallazgo, la Justicia dispuso la detención inmediata de los dos adultos, ambos de nacionalidad argentina, por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

En cuanto a la niña que viajaba en el vehículo, se ordenó que fuera entregada a un familiar directo para garantizar su resguardo, mientras avanza la investigación judicial.

Además, quedaron secuestrados tanto la droga como el automóvil utilizado para el traslado.

El caso vuelve a poner el foco sobre la Ruta Nacional 34, uno de los corredores más sensibles en materia de narcotráfico en el norte argentino, especialmente en el tramo que atraviesa Salta y conecta con zonas fronterizas.

El Litoral

En el marco de una investigación del Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante una serie de allanamientos simultáneos en San Francisco y Villa María, que derivaron en la detención de dos mujeres y el desmantelamiento de puntos de venta de estupefacientes.

Los procedimientos incluyeron dos domicilios en San Francisco —ubicados en José Ingenieros al 400 y San Francisco al 3900, en barrios Sarmiento y Parque— y una celda del Establecimiento Penitenciario N°5 de Villa María.

Según la investigación, el principal sospechoso se encontraba detenido por una causa de homicidio en Villa María y, desde allí, coordinaba la comercialización de drogas en San Francisco.

De acuerdo a la reconstrucción, una de las mujeres detenidas se encargaba de la distribución de estupefacientes y la recaudación del dinero, mientras que la otra cumplía funciones vinculadas al acopio del efectivo.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron $495.400 y US$11.290, además de diversos elementos considerados de interés para la causa.

El operativo permitió además el cierre de un punto de distribución que funcionaba en la ciudad cordobesa.

Este procedimiento está vinculado a un operativo anterior realizado el 13 de marzo, en el que se habían allanado seis viviendas, con cuatro detenidos y el secuestro de drogas, dinero en efectivo, un arma de fuego y municiones.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de San Francisco, las dos mujeres fueron trasladadas a sede judicial e imputadas por comercialización de estupefacientes.

En tanto, el principal investigado —que permanece detenido— también quedó imputado bajo la misma figura, mientras avanza la investigación para determinar el alcance total de la organización.

Tras varios meses de investigación encabezada por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó adelante dos importantes operativos en la ciudad de Córdoba, que culminaron con 11 personas detenidas y el secuestro de una gran cantidad de drogas, dinero y elementos vinculados al narcotráfico.

El primero de los procedimientos permitió desbaratar una organización familiar integrada por tres hombres (32, 38 y 45 años) y tres mujeres (15, 31 y 33 años), quienes operaban bajo la modalidad de kiosco y delivery de drogas en los barrios Los Boulevares y Patricios.

Durante cuatro allanamientos simultáneos, los efectivos incautaron 21.921 dosis de cocaína, ocho de marihuana, 5.550.700 pesos, 700 dólares, un chaleco antibalas policial, además de tres automóviles, una motocicleta, balanzas digitales y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

En un segundo despliegue, la FPA concretó 19 allanamientos en los barrios Los Eucaliptus y General Urquiza, donde se secuestraron 2.804 dosis de marihuana, 53 de cocaína y 10.354.850 pesos, junto a otros elementos de interés para la causa.

Este procedimiento permitió la detención de cinco personas mayores de edad (cuatro hombres y una mujer), quienes formarían parte de una organización narco previamente investigada. Cabe recordar que el 26 de marzo, en un operativo anterior vinculado a esta banda, se habían realizado 45 allanamientos, con 20 detenidos y el secuestro de más de 7 kilos de droga.

Por disposición de las Fiscalías del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Córdoba, los detenidos fueron trasladados a sede judicial junto con todos los elementos secuestrados, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Los procedimientos forman parte de una estrategia sostenida para combatir el narcomenudeo y desarticular redes de comercialización de droga en distintos sectores de la ciudad.

Un importante operativo antidroga permitió el secuestro de más de 63 kilos de cocaína en la provincia de Santiago del Estero. El procedimiento fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 34, donde detuvieron a dos personas que viajaban desde Orán (Salta) hacia La Matanza (Buenos Aires).

El hecho ocurrió en horas de la noche del sábado, cuando personal del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” realizaba tareas de prevención y seguridad en cercanías de la localidad de Cáceres.

Durante el control, los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil ocupado por dos personas y, al inspeccionarlo, detectaron irregularidades en el sistema de aire acondicionado.

Al observar a través de las rejillas de ventilación, los uniformados advirtieron la presencia de paquetes rectangulares, similares a los utilizados para el transporte de estupefacientes.

Ante esta situación, se profundizó la requisa del rodado, lo que permitió encontrar más “ladrillos” ocultos en los zócalos y el piso del vehículo.

Posteriormente, personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de campo Narcotest, que arrojaron resultado positivo para cocaína.

El peso total de la sustancia secuestrada fue de 63 kilos con 155 gramos.

En el caso intervino el Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero, que dispuso el decomiso de la droga, el labrado de las actuaciones correspondientes y la detención de los dos involucrados por infracción a la Ley 23.737.

Una organización criminal dedicada al acopio y comercialización de drogas en la ciudad de Santa Fe y zona fue desarticulada, luego de un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA).

Según informó la fuerza de manera oficial, la investigación se inició en enero este año, cuando llegó un oficio a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la capital provincial desde el Ministerio Público de la Acusación santafesino.

En el documento, el fiscal provincial Sebastián Szeifert señalaba la existencia de esta banda de delincuentes, integrada por ocho personas, que se dedicaba al microtráfico de estupefacientes dentro del departamento La Capital.

“En consecuencia, los agentes de la mencionada división efectuaron diversas tareas de campo y análisis de datos bajo la supervisión de la Fiscalía de Arturo Haidar, las cuales permitieron determinar que tres domicilios emplazados en la avenida Mosconi eran utilizados para el expendio de sustancias ilícitas”, detalló la PFA en un comunicado.

“Con el total de los datos aportados por los investigadores -añadió-, el magistrado interventor ordenó la realización de tres allanamientos en los domicilios investigados”.

El operativo concluyó con los arrestos de ocho personas, seis hombres y dos mujeres.

Los uniformados contaron con la asistencia de Zeus, un perro especialista, adiestrado para detectar drogas.

En los procedimientos se secuestraron numerosas dosis de clorhidrato de cocaína y marihuana listas para su distribución, ocho teléfonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos, todos argentinos y mayores de edad, junto a los elementos incautados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas.

EL

El Gobierno de Santa Fe llevó adelante este martes un nuevo derribo de un búnker narco en Rosario, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico. El procedimiento se concretó en calle Garibaldi al 200, en la zona sur de la ciudad.

Con esta intervención, ya son 109 los puntos de venta de estupefacientes inactivados en la provincia desde la implementación de la normativa, sancionada a fines de 2023 y promulgada en 2024.

El operativo fue supervisado por el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, junto a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Brenda Debiasi.

Según informaron fuentes oficiales, la causa permitió detener a 15 personas vinculadas a una organización dedicada al narcomenudeo.

La fiscal Debiasi explicó que la investigación comenzó en septiembre del año pasado y se centró en distintos sectores del barrio Tablada, donde se detectó el funcionamiento de una estructura criminal organizada.

“Se identificó una organización integrada por al menos 15 personas que operaban de manera coordinada en la venta de estupefacientes y en hechos de violencia vinculados al control territorial”, detalló.

Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad secuestraron:

Además, se estableció que la organización estaría involucrada en al menos cuatro balaceras, una de ellas con personas heridas.

La investigación también permitió identificar a la principal referente de la banda, una mujer conocida como “La Picota”, quien ya se encuentra imputada.

Según indicaron, la estructura contaba con vínculos familiares entre sus integrantes y conexiones con otros puntos de venta de drogas, incluyendo un búnker cercano que también fue derribado.

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó que el procedimiento “consolida el trabajo conjunto con el MPA para combatir la violencia que generan estos espacios ilegales” y subrayó que estas acciones permiten “recuperar la tranquilidad en los barrios”.

Los operativos de inactivación de búnkeres se desarrollan desde principios de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales.

El objetivo central es desarticular el narcomenudeo y reducir los focos de violencia en el territorio.

Dos presuntos integrantes de la banda narco Los Menores fueron imputados este jueves por custodiar un arsenal enterrado descubierto la semana pasada en la ciudad de Roldán, en el departamento San Lorenzo.

Se trata de Rodrigo Gabriel Cappelletti (27) y Lautaro Noriega (35), quienes quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, según resolvió la jueza María Melania Carrara.

La acusación fue presentada por el fiscal Ignacio Hueso, quien los señaló como miembros de una asociación ilícita vinculada al narcotráfico que opera en la región.

El procedimiento que permitió descubrir el arsenal fue realizado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).

El operativo tuvo lugar en un terreno ubicado en calle María Teresa al 700 de Roldán, propiedad de un hombre conocido como “Gordo Enzo”, señalado como otro supuesto integrante de la organización que actualmente permanece prófugo.

Según los investigadores, Cappelletti y Noriega eran los encargados de custodiar el armamento oculto en el predio.

Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad encontraron un importante lote de armas de guerra, ocultas dentro de mochilas y enterradas bajo tierra.

Entre el material secuestrado se encontraron:

Las armas estaban dentro de dos mochilas colocadas en cisternas diseñadas para contener agua, enterradas a aproximadamente un metro de profundidad.

La investigación también apunta a Matías Ignacio Gazzani (30), señalado como el líder de Los Menores, quien permanece prófugo desde hace más de un año.

Sobre su paradero pesa una recompensa de 70 millones de pesos para quienes aporten información que permita localizarlo.

Los investigadores sostienen que la organización mantiene vínculos con Lisandro “Limón” Contreras, otro cabecilla narco que fue detenido a fines de 2024 en Tigre, provincia de Buenos Aires.

Según una de las hipótesis que manejan los investigadores, el arsenal podría haber sido destinado a un atentado contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Además, el fiscal señaló que los imputados también estarían vinculados con negocios inmobiliarios ilegales, mediante la venta de terrenos y viviendas sin documentación en distintas localidades de la región.

La investigación continúa para determinar el rol de otros integrantes de la organización y el destino final del armamento secuestrado.

Seis personas murieron este domingo luego de un ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación que navegaba en el Pacífico oriental. De acuerdo con información difundida por el United States Southern Command, el objetivo estaba presuntamente vinculado a actividades de narcotráfico.

El operativo fue comunicado oficialmente por las autoridades militares estadounidenses, que también publicaron imágenes del momento del bombardeo. Según indicaron, la lancha se desplazaba por rutas utilizadas habitualmente para el traslado ilegal de drogas en esa región marítima.

El jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, informó a través de la red social X que el operativo se basó en datos de inteligencia militar.

Según explicó, el análisis de información permitió determinar que la embarcación transitaba por corredores marítimos identificados como rutas del narcotráfico en el Pacífico oriental. En ese contexto, las fuerzas estadounidenses decidieron ejecutar el ataque.

Las imágenes difundidas por el ejército muestran el momento en que una pequeña lancha es alcanzada por el impacto. Tras la explosión, la embarcación se eleva por el aire y queda completamente destruida.

Con este episodio, la cifra de personas fallecidas en ataques contra embarcaciones sospechadas de transportar drogas supera las 150 desde septiembre, de acuerdo con datos difundidos por el propio Comando Sur.

Estas operaciones se desarrollan en distintas zonas del Pacífico y también en el mar Caribe, donde las autoridades estadounidenses realizan patrullajes y acciones destinadas a interceptar cargamentos ilegales.

La estrategia forma parte de una campaña más amplia impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump para combatir el tráfico de drogas en rutas marítimas internacionales.

La política de ataques directos contra embarcaciones sospechadas de narcotráfico generó cuestionamientos por parte de especialistas y organizaciones de derechos humanos.

Algunos analistas sostienen que Washington no presentó pruebas concluyentes que confirmen la participación de las embarcaciones destruidas en actividades ilegales. Por ese motivo, advierten que estas acciones podrían implicar violaciones al derecho internacional.

Expertos en materia jurídica señalan que, en determinados casos, las operaciones podrían ser consideradas “ejecuciones extrajudiciales”, ya que aparentemente las víctimas serían civiles que no representarían una amenaza inmediata para Estados Unidos.

En ese contexto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó recientemente que la campaña militar para localizar embarcaciones sospechadas de transportar drogas obtuvo resultados significativos. Incluso sostuvo que el operativo alcanzó tal nivel de efectividad que ahora resulta cada vez más difícil encontrar nuevos objetivos en esas rutas marítimas.

El Litoral

Un joven de 20 años, identificado como Lucas Sebastián Giulietti, fue encontrado sin vida dentro de un punto de venta de drogas en el partido bonaerense de Lanús. Tenía dos disparos en la cabeza y ninguna detención se realizó hasta el momento.El crimen ocurrió en un búnker narco ubicado en Lanús, al sur del Gran Buenos Aires. Giulietti fue hallado con dos tiros en la cabeza. La autopsia estableció que murió varios días antes de que su familia encontrara el cuerpo.

El joven contaba con antecedentes penales por robos y encubrimiento, y según fuentes de la investigación, “trabajaba como soldadito para una banda de narcotraficantes”. Su madre había denunciado su desaparición el 2 de noviembre.

Vinculación con bandas de narcotráficoLa zona del hallazgo ya había sido señalada por vecinos como un punto de venta de drogas. Las autoridades investigan el vínculo de Giulietti con esa estructura: actuaba como eslabón menor (“soldadito”) en la organización.Se sospecha también de posibles relaciones entre el búnker, la banda narco que operaba allí y, según denuncia familiar, incluso miembros de la fuerza que “miraron para otro lado”.

Silencio oficial y reclamo de la familiaHasta la fecha, la Policía Bonaerense no emitió parte oficial sobre las circunstancias del crimen, lo que genera inquietud entre los allegados de la víctima. La familia exige justicia y activó campañas en redes sociales para recolectar fondos para el sepelio y para visibilizar el caso: “Queremos saber la verdad. No puede ser que lo hayan matado y nadie diga nada”, expresó la madre.

La cobertura policial quedó bajo la órbita de la fiscalía correspondiente, que ya investiga los vínculos entre el espacio narco, la banda y la posible complicidad de miembros de la fuerza.El crimen de Lucas Giulietti expone una arista alarmante del narcotráfico: estructuras de poder informal que operan en “puntos negros” urbanos, con jóvenes en calidad de sicarios o “soldaditos” que pagan con su vida. Al mismo tiempo, el silencio oficial y la ausencia de detenciones agudizan el reclamo de la familia por verdad y justicia. El caso permanece abierto y a la espera de respuestas que lleven a esclarecer quiénes autorizaron, ejecutaron o encubrieron el homicidio.

La Policía Federal Argentina secuestró más de dos kilogramos de cocaína durante un operativo realizado en la ciudad de Fernández, departamento Robles, a unos 45 kilómetros de Santiago del Estero. La droga fue encontrada oculta en una ambulancia perteneciente a una empresa de servicios fúnebres de Añatuya, en el departamento General Taboada.

El conductor del vehículo, identificado como “Churito” Suárez, fue detenido junto a una mujer joven, cuya identidad no fue oficialmente confirmada. Ambos quedaron a disposición del Juzgado Federal N.º 1, a cargo del juez Guillermo Molinari.

Fuentes judiciales informaron que Suárez será indagado este jueves por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, con la asistencia de su abogado defensor, Gabriel Toloza.

El procedimiento se desarrolló tras más de seis meses de investigación, encabezada por personal de la Policía Federal bajo las directivas del juzgado. Según trascendió, los investigadores identificaron al detenido como un posible integrante de una red vinculada al tráfico de drogas, con contactos en distintos barrios de Añatuya y presuntas conexiones con individuos apodados “Gancho” y “Marrano”, ambos mencionados en causas anteriores de narcotráfico en la zona.

Durante el operativo, realizado sobre la Ruta Nacional 34, los efectivos inspeccionaron la ambulancia y hallaron la cocaína oculta en su interior. En ese momento, un tercer individuo logró escapar, por lo que continúa su búsqueda para determinar su identidad y su papel en el hecho.

Especialistas en química forense confirmaron que la sustancia secuestrada era cocaína de alta pureza. El material quedó incautado como evidencia, y se labraron las actas correspondientes en presencia de testigos.

Además, fueron secuestrados teléfonos y otros elementos, que serán analizados para determinar vínculos con redes de distribución y posibles implicados en la cadena delictiva.

Fuentes federales indicaron que Añatuya sigue siendo considerada una zona estratégica para el tráfico de estupefacientes, con ramificaciones hacia los departamentos Juan Felipe Ibarra y Moreno, áreas donde históricamente se han detectado estructuras similares. Estas actividades incluso guardan relación con antecedentes como el caso “Carbón Blanco”, una red que entre 2005 y 2012 exportó cocaína a Europa desde el norte argentino.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desarticularon una compleja organización narcocriminal del sur santafesino dedicada a la comercialización de estupefacientes en la provincia, en el marco del Plan Bandera dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según informaron las autoridades de la fuerza, la causa es llevada adelante por personal de la División Antidrogas Rosario de la PFA, bajo las directivas de la Oficina de Narcocriminalidad perteneciente a la Unidad Fiscal Federal Rosario N°2, a cargo de los doctores Claudio Rodolfo Kishimoto y Franco Benetti, Secretaría a cargo de María Paula Moretti.

Las tareas de inteligencia desarrolladas por los uniformados habían permitido establecer que ocho sujetos integraban una organización delictiva dedicada a la producción, acopio, distribución y comercialización de diferentes estupefacientes.

Los agentes determinaron además cuál era el modus operandi de la estructura.

Cada miembro tenía asignada una labor distinta: dos personas se encargaban del acopio y venta de cocaína y otro de la distribución de marihuana (teniendo a cargo un cultivo Indoor de grandes dimensiones).

El resto de los sujetos comercializaban todo lo relacionado con drogas de diseño (MDMA y ketamina en su forma líquida o en modo cristal).

Asimismo, con el avance de las pesquisas, se identificaron 21 inmuebles -principalmente ubicados en Rosario, pero también en Funes, Roldán y Villa Gobernador Gálvez- que eran utilizados por la red criminal para la concreción de los ilícitos.

Cabe destacar que dicha División realizó un procedimiento a fines de 2023, cuando se investigó a un grupo de personas dedicadas a la venta y distribución, en la ciudad de Rosario y proximidades, de drogas de diseño como también clorhidrato de cocaína.

Gracias a las diversas tareas de inteligencia efectuadas por los efectivos federales, se documentar las maniobras delictivas y también "marcar" a 14 sujetos, entre quienes se individualizó al histórico testaferro y ex lugarteniente del asesinado “Pájaro” Cantero, (condenado por ello en 2015.

De esta investigación se desprendió que un socio de dicho lugarteniente operaba en la organización criminal como coordinador de los grupos de venta de estupefacientes.

Contando con el total de los datos aportados por los investigadores, el Juzgado Federal N°3 de Rosario a cargo del Dr. Carlos Vera Barros, Secretaría a cargo de la Dra. María Candelaria Sagués, ordenó la realización de los correspondientes allanamientos.

Durante los procedimientos se logró la detención de ocho personas, desarticulando de este modo toda la organización delictiva, incluido el socio del lugarteniente de Cantero.

Además se secuestraron 2,1 kilogramos de cocaína, 9,1 kilogramos de marihuana, 483 pastillas de MDMA, 1,4 litros de ketamina líquida, 9 gramos de ketamina en polvo, 48 gramos de cristales de MDMA, 62 semillas de cannabis, ocho balanzas, tres revólveres (uno calibre .44 Magnum, otro .38 Special y el restante calibre .32), tres pistolas y un rifle .44 WCF Whinchester junto a 130 municiones.

Asimismo se incautaron diversos elementos relacionados al cultivo de marihuana, aproximadamente 10 mil dólares estadounidenses, 2.700.000 pesos argentinos, 39 teléfonos celulares, una camioneta, un vehículo utilitario y dos vehículos, una moto, seis notebooks y documentación de interés para la causa

Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los materiales incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Drogas.

El Litoral

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron a un hombre mayor de edad acusado de vender cocaína bajo la modalidad de delivery, tras una serie de denuncias anónimas recibidas en el 0800-888-8080 del Centro de Denuncias Anónimas.

El procedimiento, dirigido por el Ministerio Público Fiscal, se realizó en un inmueble ubicado sobre calle Ameghino al 200, en el barrio Consolata de San Francisco, cabecera del departamento San Justo.

Durante el operativo, los investigadores cerraron un punto de venta de drogas y secuestraron 251 dosis de cocaína, una balanza digital, un automóvil y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Fuentes oficiales confirmaron que el detenido poseía antecedentes por violencia familiar y distribuía estupefacientes en distintos barrios de la ciudad mediante entregas a domicilio.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco dispuso el traslado del acusado a sede judicial y la remisión de los elementos secuestrados, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

La casa del diputado nacional José Luis Espert esta siendo allanada por las vinculaciones con el empresario acusado por narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado y la transferencia de 200.000 dólares a la cuenta del funcionario oficialista.

Un hombre y su sobrino, ambos de nacionalidad boliviana, fueron detenidos en un operativo de seguridad vial en San Miguel de Tucumán tras encontrales 86 kilos de cocaína distribuidos en tubos de GNC y en el tablero de la camioneta en la que viajaban.

Sobre el kilómetro 4307 de la Ruta Nacional número 40, efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” realizaron un operativo de seguridad vial donde detuvieron a dos hombres bolivianos que viajaban, desde la ciudad salteña de Cafayate hacía San Miguel de Tucumán, a bordo de una pick up Ford Ranger.

Las autoridades policiales les solicitaron a los ciudadanos que bajarán del vehículo para efectuar una requisa en la cabina del mismo, donde constataron anomalías en los tornillos del estéreo y percibieron un fuerte olor a pintura fresca proveniente de las rendijas de la salida de aire.

Durante esta requisa, se descubrió la existencia de dos tubos de GNC transportados en la caja del rodado que denotaron incongruencias sonoras en distintos sectores.

Ante esto, se redobló la intensidad de la requisa y extrajeron 100 paquetes de diferentes tamaños que contenían una sustancia blancuzca y de color marrón. Como resultado de las pruebas de campo Narcotest, los gendarmes corroboraron la presencia de 86 kilos de cocaína.

El Litoral

Acorralado por las denuncias que lo vinculan con el empresario Federico "Fred" Machado, detenido y acusado de narcotráfico, el diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, rompió el silencio con un video en el que buscó dar "explicaciones de frente y con total sinceridad". En una extensa exposición, el economista admitió haber sido "ingenuo" pero negó categóricamente ser un "delincuente", y detalló su versión sobre el origen de los 200.000 dólares que recibió.

Espert atribuyó la polémica a una "campaña sucia" iniciada por el dirigente kirchnerista Juan Grabois y aseguró que su único vínculo con Machado fue como consultor económico, una vez finalizada la campaña presidencial de 2019. "Nosotros somos distintos, no somos como ellos", afirmó.

IG José Luis Espert

Espert relató que conoció a Machado a través de un tercero, quien se lo presentó como "un empresario exitoso y admirador" de su proyecto liberal. Admitió que en 2019, Machado le ofreció llevarlo en su avión privado para presentar un libro en Viena y que fue uno de los "tantos que ayudaron en la campaña" presidencial de ese año.

Sin embargo, el diputado se esforzó por diferenciar ese apoyo de la transferencia de los 200.000 dólares. Según su relato, Machado lo contactó con una empresa minera guatemalteca, Minas del Pueblo, que necesitaba sus servicios como economista para reestructurar una deuda.

"En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información", explicó Espert. "A principio de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato".

El candidato libertario fue enfático al señalar que la operación fue totalmente transparente y legal. Habló de una cuenta declarada y que el dinero fue recibido en una cuenta a su nombre en Estados Unidos, debidamente declarada en Argentina

Además, puso como condición que el pago se hiciera por transferencia desde otro banco en Estados Unidos para garantizar la trazabilidad. "Cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo", argumentó. Aclaró que "no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales".

El trabajo con la minera, según Espert, se frustró por la llegada de la pandemia de COVID-19, que impidió su viaje a Guatemala para continuar con la consultoría.

Espert confesó que recién en abril de 2021 se enteró "por los medios" del pedido de captura internacional contra Machado. "Entré en pánico. Nunca imaginé que podía pasarme una cosa así en mi vida", admitió.

"No tenía la menor idea y nunca la tuve de estas supuestas actividades ilícitas del señor Machado, que se hicieron públicas mucho después de concluir mi relación contractual", aseguró, para luego resumir su defensa en un frase: "Puedo haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás".

Finalmente, apuntó contra Juan Grabois por "repetir" una "campaña sucia" de hace cuatro años y por "meterse con su familia" para justificar un supuesto crecimiento patrimonial, el cual, según Espert, se debe a la herencia de un campo de su padre fallecido en 2018.

Dejando de lado las dudas desde el gobierno por las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ya parcialmente despejadas por el vocero Manuel Adorni, el presidente Javier Milei realizó una publicación de apoyo en X y republicó otras 14 publicaciones al respecto, en medio del anuncio de la reforma penal.

El Litoral

La Justicia de San Francisco, Córdoba, dictó condena contra tres integrantes de una banda narco que operaba en distintas localidades del este provincial. Las penas alcanzan los ocho años de prisión y fueron resultado de un juicio abreviado, en el que los acusados reconocieron su participación en la comercialización de estupefacientes.

Según se detalló en el fallo, la organización era dirigida desde la cárcel de San Francisco y tenía como puntos de venta las ciudades de Arroyito y Tránsito.

Los condenados fueron identificados como:

Los tres fueron detenidos el 23 de junio de 2023 durante un operativo realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). En aquel procedimiento, los efectivos secuestraron varias dosis de marihuana, una motocicleta, dinero en efectivo por un total de $772.500, y otros elementos de interés para la causa.

La investigación permitió probar que los implicados mantenían un esquema de distribución coordinado desde la cárcel, abasteciendo puntos de venta en distintas localidades.

La causa fue llevada adelante por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, y la condena representa un nuevo golpe a estructuras delictivas que operan desde contextos de encierro.

La medida fue dispuesta por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a través de la Resolución 975/2025, publicada en el Boletín Oficial.

El aumento responde al pedido de la Unidad Fiscal de Santa Fe, a cargo del fiscal Walter Rodríguez, que solicitó incrementar el incentivo económico ante la falta de datos útiles que permitan concretar la captura del fugitivo.

Vicente Matías Pignata, de 41 años, nacido en la ciudad de Santa Fe, fue condenado en 2017 como autor responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe le impuso en aquel entonces una pena de cuatro años de prisión.

Sin embargo, Pignata nunca cumplió la condena. En marzo de 2019 se dictó una orden de captura nacional y, poco después, en mayo de ese mismo año, se amplió la búsqueda a nivel internacional. Desde entonces, se encuentra prófugo y su paradero sigue siendo un misterio.

Sus últimos domicilios conocidos fueron en la ciudad de Santa Fe y en la localidad de Bowen, provincia de Mendoza. Está casado con Elizabet Yanina Campos, y es hijo de Vicente Antonio Pignata y Adriana María Amarillo.

La primera recompensa para dar con Pignata había sido establecida en 2023 en dos millones de pesos. Ahora, el Ministerio de Seguridad resolvió aumentarla a cinco millones de pesos, una cifra que busca incentivar a cualquier persona que pueda aportar datos concretos que conduzcan a su captura.

El programa establece que quienes posean información útil podrán comunicarse de manera confidencial y gratuita con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea telefónica 134, disponible en todo el país.

El pago de la recompensa, en caso de que la información resulte efectiva, se realizará en el Ministerio de Seguridad o en el lugar que la cartera designe, siempre garantizando la preservación de la identidad de la persona que colabore.

Además, la resolución instruye a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a difundir y publicar el afiche oficial con los datos del prófugo en medios gráficos, radiales y televisivos de alcance nacional.

La Justicia federal investiga a Pignata desde hace más de una década. El expediente en el que fue condenado se originó en 2017 bajo la carátula “Pignata, Vicente Matías y otros s/Infracción Art. 303 inc. 1 CP”, y estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Santa Fe.

El fiscal Walter Rodríguez remarcó recientemente que, a pesar de los mecanismos de búsqueda activados y la recompensa vigente, no se recibieron datos útiles sobre su paradero en estos años.

Por ello, solicitó al Ministerio de Seguridad el incremento económico, considerando que la visibilidad pública y el monto de la recompensa son herramientas fundamentales para avanzar en la detención de prófugos de alta peligrosidad.

Quienes tengan información sobre Pignata pueden comunicarse al 134, la línea gratuita del Ministerio de Seguridad de la Nación, que funciona de manera permanente. La identidad de quienes colaboren será preservada y protegida por el programa oficial.

Vicente Matías Pignata by El Litoral

EL