El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario dictó una condena de un año y seis meses de prisión contra Iván Roberto Jokanovich, de 54 años. El ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado fue hallado culpable de filtrar información sensible a la banda narcocriminal Los Monos.

La sentencia fue resultado de un juicio abreviado homologado por el juez federal Ricardo Moisés Vázquez. El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal Federico Reynares Solari y los abogados defensores Fernando Sirio y Candela De Marchi.

El imputado, quien ya recuperó su libertad tras haber cumplido el tiempo de la pena en el penal federal de Ezeiza, también recibió una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por tres años.

Los delitos atribuidos incluyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, infracción a la Ley de Inteligencia Nº 25.520 y encubrimiento agravado por tratarse de una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes.

Según el legajo del Ministerio Público Fiscal, el ex espía accedió a datos confidenciales de causas judiciales ajenas a su área y los entregó a Juan José Raffo, un policía exonerado de Santa Fe.

Juan José Raffo, condenado desde 2018 por su vínculo con Los Monos, volvió a ser detenido en marzo de 2024 durante la denominada Operación Romaní. Esta investigación desarticuló una banda liderada por el recluso Leandro “Pollo” Vinardi.

Vinardi, mano derecha del líder de la organización Ariel Máximo “Guille” Cantero, operaba junto a Guillermo “Chupa” Sosa. Ambos son reconocidos jefes de la barra brava de Newell’s y fueron piezas clave en la estructura criminal.

La organización distribuía drogas en Villa Constitución, Granadero Baigorria y San Lorenzo. Para estas maniobras, utilizaban a Raffo, quien obtenía información sobre operativos policiales y causas judiciales en curso para evitar detenciones.

El nombre Operativo Romaní surgió porque los fondos obtenidos por la banda, destinados a la compra de estupefacientes al por mayor, eran entregados a miembros de la comunidad gitana, entre ellos Mariano “Gordo” Salomón.

Jokanovich mantenía frecuentes comunicaciones telefónicas con Raffo. A través de estos contactos, el ex agente aportaba datos estratégicos para que el policía exonerado pudiera eludir el accionar de las fuerzas de seguridad.

El ex espía contaba con antecedentes previos. Fue investigado por sus vínculos con el fiscal provincial Mariano Ríos Artacho, quien actualmente se encuentra detenido por una causa de asociación ilícita y estafas.

El vínculo quedó expuesto cuando Raffo fue visto circulando en un vehículo registrado a nombre de Ríos Artacho en el aeropuerto de Ezeiza. El servicio de inteligencia alertó al policía sobre este seguimiento.

Tras recibir la advertencia de Jokanovich, Raffo dejó de utilizar dicho automóvil y cambió su línea telefónica. Por su parte, el fiscal Ríos Artacho intentó justificar la titularidad del rodado alegando una venta previa.

El Gobierno de Santa Fe llevó adelante este viernes el derribo de otro búnker de venta de drogas en Rosario, una intervención que elevó a 93 la cantidad de inmuebles inactivados en esa ciudad y a 155 en toda la provincia desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

El procedimiento se realizó en una propiedad ubicada en la intersección de Tupac Amaru y Federico de la Barra, en el marco de la Ley de Microtráfico, y contó con la supervisión de autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Participaron el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, y la fiscal Mercedes Banchio.

Durante la intervención, Santantino destacó la continuidad de la política provincial contra la comercialización de estupefacientes y su vinculación con los indicadores de violencia.

“Es la continuidad de una política de microtráfico que viene dando resultados específicamente en la caída de los indicadores de violencia”, sostuvo el funcionario.

Santantino explicó que la inactivación de los puntos de venta no representa el final del problema, ya que existe el riesgo de que las organizaciones criminales intenten continuar con la comercialización de drogas en esos mismos lugares o trasladar la actividad a otros sectores.

En ese sentido, remarcó que los 93 inmuebles inactivados en Rosario y los 155 en toda Santa Fe requieren un seguimiento permanente.

“Son espacios que quedan inutilizados para la continuidad de esta actividad ilícita, pero el riesgo de la continuidad de la venta de estupefacientes y la violencia en torno a estos puntos de venta sigue estando presente”, advirtió.

Por ese motivo, señaló que resulta fundamental mantener el monitoreo de las denuncias y los llamados de los vecinos, además de prestar atención a posibles cambios en las modalidades de comercialización y a los indicadores de violencia.

El funcionario también destacó el trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA y las fuerzas federales para avanzar sobre los espacios vinculados con el microtráfico y las disputas territoriales.

Por su parte, la fiscal Mercedes Banchio explicó que la investigación que permitió identificar el inmueble comenzó a partir de una intervención de Gendarmería Nacional, durante una persecución en flagrancia.os utilizados para preparar las dosis destinadas a la comercialización.

“Había cocaína siendo fraccionada, y elementos de recorte para el microtráfico y para vender dosis directamente a consumidor”, detalló la funcionaria judicial.

A partir de esas constataciones y del trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad, se avanzó sobre el inmueble que posteriormente fue inactivado.

La investigación también permitió llevar a audiencia a una persona que residía en una propiedad lindera y que se adjudicaba el derecho de propiedad sobre el lugar intervenido.

Banchio destacó la importancia de estas actuaciones para avanzar sobre las estructuras que sostienen la comercialización de drogas y las situaciones de violencia asociadas.

Según explicó, muchas veces las personas que operan directamente en los puntos de venta cumplen funciones subordinadas a organizaciones de mayor alcance, por lo que el objetivo de las investigaciones es identificar también a quienes ejercen el control de esas actividades.

La Ley de Microtráfico fue sancionada en diciembre de 2023 por la Legislatura santafesina y su aplicación comenzó a principios de 2024, durante la gestión de Maximiliano Pullaro.

La normativa contempla, entre otras herramientas, la posibilidad de inactivar puntos de venta de estupefacientes y propiedades vinculadas con actividades delictivas y hechos de violencia altamente lesiva.

Los procedimientos se desarrollan mediante un trabajo articulado entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia santafesina y la Policía de Santa Fe, con colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.

Con la última intervención en Rosario, la Provincia alcanzó 155 inmuebles inactivados durante la actual gestión, de los cuales 93 corresponden a esa ciudad.

La denominada operación “Carbón Verde” permitió el secuestro de 4.927 kilos de marihuana que eran transportados ocultos entre bolsas de carbón. El procedimiento, que comenzó en la provincia del Chaco, reveló una compleja red delictiva con ramificaciones que alcanzan directamente a la ciudad de Recreo, en el departamento La Capital.

La investigación judicial puso bajo la lupa a Marcela Guadalupe Leguizamón, una mujer de 50 años que cumplía con el beneficio de prisión domiciliaria. Según la hipótesis del fiscal federal Carlos Martín Amad, la sospechosa habría organizado desde su propia vivienda la recepción del cargamento ilegal, actuando como una pieza clave en la logística de la banda.

El hallazgo inicial ocurrió el 14 de octubre sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 999. Efectivos de la Policía del Chaco interceptaron un camión que presentaba un pedido de secuestro por robo. Tras la intervención de una perra entrenada para detectar estupefacientes, los agentes confirmaron que el vehículo transportaba una carga millonaria de droga.

El fiscal Carlos Martín Amad, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Presidencia Roque Sáenz Peña, confirmó que la organización está integrada por ciudadanos argentinos y paraguayos. La droga habría sido cargada en Clorinda, provincia de Formosa, con el objetivo de ingresar al circuito de distribución nacional que tenía como destino final el territorio santafesino.

El 27 de octubre, personal de la Prefectura Naval Argentina efectivizó la detención de Marcela Guadalupe Leguizamón y su hijo, Jonatan Gastón Heredia. Ambos fueron trasladados a la provincia del Chaco para quedar a disposición de la jueza federal Zunilda Niremperger, quien dictó la prisión preventiva por un plazo de 90 días para los acusados.

La magnitud económica de la operación es impactante. Las autoridades estimaron que el valor de la marihuana secuestrada asciende a 1.500 millones de pesos en el mercado mayorista. No obstante, esa cifra podría escalar hasta los 7.500 millones de pesos si la sustancia fuera fraccionada y comercializada al menudeo en los distintos puntos de venta finales.

La Justicia Federal mantiene abiertas diversas líneas de investigación para identificar a otros integrantes de la estructura. El análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos resulta fundamental para desentrañar los contactos y las responsabilidades. Además, se emitieron órdenes de captura de alcance nacional e internacional para dar con el resto de los involucrados en la maniobra.

El interrogante principal que desvela a los investigadores es quiénes esperaban recibir el cargamento en Recreo. La posibilidad de que la ciudad fuera el punto final o un nodo de distribución mayor mantiene a las fuerzas de seguridad en alerta, mientras se intenta determinar el alcance real de esta red criminal que operaba bajo la fachada de un transporte de carbón.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante una importante investigación que culminó con un megaoperativo en la ciudad de Córdoba. Se realizaron 52 allanamientos en diversos barrios.

Como resultado, fueron detenidas 19 personas mayores de edad, compuestas por 12 hombres y 7 mujeres. Los procedimientos se ejecutaron en los barrios Cooperativa Los Eucaliptos, Asentamiento Los Eucaliptos, Talleres Sud, Cooperativa El Progreso y Empalme.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron 47.013 dosis de cocaína y 1.119 de marihuana. También incautaron 12 armas de fuego, siete vehículos y un chaleco balístico.

Además, se halló dinero en efectivo: 10.877.600 pesos y 7.700 dólares. El valor total estimado de todos los elementos secuestrados asciende a 385.785.880 pesos.

En el marco de este despliegue, se logró la detención del Tuerto Cacho, señalado como uno de los narcotraficantes más importantes de la ciudad, junto a otro referente de la organización.

Los detenidos y las evidencias quedaron a disposición de las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno para continuar con la causa judicial.

La Justicia Federal dictó una condena de cuatro años y tres meses de prisión contra Diego Alejandro Sosa, un hombre de 39 años que utilizó su condición de salud para intentar traficar sustancias ilícitas. El sujeto, quien padece una paraplejia espástica derivada de un accidente en moto, fue hallado culpable en dos causas distintas por infracción a la Ley de Estupefacientes.

El primer episodio ocurrió el 20 de noviembre de 2025 en el complejo penitenciario San Felipe. Mientras intentaba ingresar como visita, el personal de seguridad realizó una requisa de rutina. En ese momento, descubrieron cuatro bolsas de nylon ocultas en el interior de las ruedas de su silla, las cuales contenían un total de 175 gramos de marihuana.

Tras este hallazgo, Diego Alejandro Sosa fue imputado por el delito de suministro de estupefacientes agravado por haber sido cometido en un lugar de detención. Debido a su discapacidad motriz, el hombre permaneció bajo la modalidad de arresto domiciliario en su vivienda ubicada en la localidad de Rodeo de la Cruz, en el departamento de Guaymallén.

La situación procesal del imputado se agravó el 5 de mayo pasado. En aquella jornada, fue citado a una audiencia en el edificio de Tribunales Federales. Al momento de ingresar al recinto, el personal de seguridad llevó a cabo una requisa de rigor, donde volvieron a encontrar sustancias prohibidas en su poder, sorprendiendo a las autoridades presentes.

En esta segunda oportunidad, los efectivos le incautaron cinco dosis de cocaína, una dosis de marihuana, una pipa metálica, un blíster de Omeprazol y un cuchillo. Este nuevo episodio derivó en una segunda imputación, esta vez por el delito de tenencia simple de estupefacientes, sumando un nuevo expediente a su historial delictivo reciente.

Finalmente, el juez Marcelo Garnica homologó un acuerdo alcanzado entre la defensa y la Fiscalía Federal. La sentencia unificada establece una pena de cuatro años y tres meses de cárcel. Según informaron fuentes judiciales, el condenado continuará cumpliendo su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, manteniendo la medida cautelar vigente por su estado de salud.

Un hombre mayor de edad fue detenido en Jesús María, acusado de comercializar drogas desde dos domicilios ubicados en el barrio La Costanera. La investigación fue llevada adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico durante seis meses.

Los allanamientos se concretaron en viviendas situadas en Cerro de Aconcagua sin número y Carabelas al 600. Durante los procedimientos, los efectivos incautaron 130 dosis de marihuana y seis de cocaína.

Además, se secuestraron $1.735.500 y 210 dólares. También fueron halladas dos balanzas digitales, un automóvil y diversos elementos vinculados a la causa que se investiga por narcotráfico.

Según informó la fuerza, parte de los estupefacientes y las balanzas habían sido enterrados en los domicilios para intentar ocultarlos de los investigadores durante los operativos realizados.

Uno de los inmuebles allanados funcionaba en un predio usurpado. Allí, además de la venta de sustancias, se desarrollaban riñas de gallos con cerca de 30 ejemplares y estructuras específicas.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Jesús María, imputado por la presunta comercialización de estupefacientes en los puntos de venta desarticulados.

En un importante despliegue llevado a cabo este jueves en la zona oeste de Rosario, las fuerzas de seguridad lograron la detención de Alex Joel V., conocido en el ámbito delictivo como Pocholo. El operativo fue ejecutado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales en conjunto con las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), quienes buscaban al sujeto por múltiples causas judiciales pendientes.

El procedimiento se inició en la intersección de Saavedra al 7800, donde el sospechoso circulaba a bordo de un automóvil Nissan Kicks gris en compañía de su pareja. Al notar la presencia policial, el individuo intentó evadir el control iniciando una fuga a alta velocidad, lo que derivó en un seguimiento controlado por parte de los agentes intervinientes.

La persecución finalizó exitosamente en la colectora de avenida Circunvalación y bulevar Seguí, donde los efectivos lograron interceptar el vehículo y proceder a la captura del hombre. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad secuestraron el rodado utilizado para la huida, diversos teléfonos celulares y documentación que resulta de vital importancia para el avance de las investigaciones en curso.

Tras la detención, las autoridades judiciales ordenaron la realización de cuatro allanamientos simultáneos. Tres de ellos se desarrollaron en la ciudad de Rosario, específicamente en domicilios situados en Saavedra al 7800, los pasajes 1467 y 1471, y en Martínez de Estrada al 7700. Un cuarto procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Casilda, sobre la calle Montevideo al 3600.

Como resultado de estos registros, el personal policial incautó una suma de dinero en pesos y dólares, además de libretas con anotaciones y dispositivos móviles. Estos elementos serán peritados para determinar su vinculación con las actividades ilícitas que se le atribuyen al detenido, quien es señalado como un integrante activo de la denominada Banda de los Menores.

Sobre Alex Joel V. pesaban dos órdenes de captura vigentes. La primera está vinculada a una investigación por asociación ilícita, la cual es dirigida por el fiscal Ignacio Hueso, perteneciente al Ministerio Público de la Acusación (MPA). La segunda causa, de carácter federal, corresponde a una infracción a la ley de estupefacientes, tramitada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Finalmente, el detenido fue trasladado este viernes hacia una unidad del Servicio Penitenciario provincial. En los próximos días, el hombre deberá comparecer ante la Justicia en las correspondientes audiencias de imputación, donde se le formalizarán los cargos por los delitos que se le atribuyen en ambas investigaciones, tanto provinciales como federales, cerrando así una etapa clave en la causa.

Una mujer de 43 años, identificada como M.C.P., fue condenada a cuatro años y medio de prisión tras ser hallada culpable de comercializar estupefacientes desde su domicilio en la ciudad de Córdoba. El caso tomó una dimensión grave al confirmarse que la acusada utilizaba a su hija de 12 años para realizar el fraccionamiento y la venta de la droga.

El fallo fue dictado por el juez Gustavo Ispani, de la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba, quien encuadró el delito como comercialización de estupefacientes agravada por servirse de una menor de 18 años. Debido a que tiene hijos a su cargo, el tribunal le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas recibidas por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que alertaban sobre un quiosco narco instalado en una vivienda del barrio IPV Argüello, ubicado junto a un jardín de infantes. Según los testimonios y filmaciones recolectadas, la menor vendía cocaína y marihuana a cualquier hora del día. En la causa quedó registrado un mensaje de texto donde la niña consultaba:

Ma, ¿a las bolsitas las dejo cortadas o las acomodo en la mesa?

Durante el proceso judicial, la mujer aceptó los cargos mediante un juicio abreviado. En su declaración, expresó:

Estoy muy arrepentida porque les hice mal a mis hijos, a mi hija por sobre todas las cosas y a la Justicia.

La acusada relató que, ante sus dificultades económicas, decidió incursionar en el microtráfico, actividad en la que se desempeñaba como referente narco de la zona desde hacía años.

Los allanamientos realizados en febrero de 2024 permitieron la detención de la mujer y el secuestro de numerosas dosis listas para la venta. Por otro lado, la causa continúa para su hermano, D. E. P., de 47 años, quien no aceptó el juicio abreviado. El hombre, acusado de proveer la droga, fue capturado en noviembre de 2025 en el barrio Autódromo tras una persecución policial y actualmente enfrenta un proceso común en la Cámara 3ª del Crimen.

En el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó una serie de patrullajes preventivos en la ciudad de San Francisco. Estas tareas de vigilancia y control culminaron con el secuestro de estupefacientes y la aprehensión de dos sujetos mayores de edad que circulaban por la zona.

El procedimiento se desarrolló sobre la calle Libertad al 100, ubicada en el barrio Sarmiento. Durante el despliegue, los efectivos interceptaron una motocicleta en la que se trasladaban dos hombres, de 30 y 33 años de edad respectivamente. Al realizar el control de rutina, los agentes lograron la incautación de varias dosis de cocaína que los individuos llevaban consigo.

Tras el hallazgo, se dio intervención inmediata a la Fiscalía de turno. Las autoridades judiciales ordenaron el traslado de los detenidos a un nosocomio cercano para realizar la correspondiente valoración médica. Una vez cumplimentado este paso, los sujetos fueron trasladados y alojados en la Alcaldía de San Francisco, quedando a disposición de la justicia.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de San Francisco, encabezada por la Dra. María Florencia Bortolussi. La magistrada dispuso que ambos aprehendidos sean formalmente imputados por la presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que sanciona la tenencia y comercialización de estupefacientes.

Este operativo se inscribe en las acciones constantes que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal para combatir el narcomenudeo en distintos puntos de la provincia. La presencia de la FPA en los barrios busca desarticular puntos de venta y prevenir la circulación de sustancias ilícitas en la vía pública, reforzando la seguridad de los vecinos de San Francisco.

Las investigaciones continuarán para determinar el origen de la sustancia incautada y si los detenidos poseen antecedentes vinculados a actividades ilícitas. Por el momento, los imputados permanecen bajo custodia en la Alcaldía local mientras se aguardan nuevas directivas de la Dra. María Florencia Bortolussi para avanzar con el proceso judicial correspondiente.

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) logró desarticular una organización dedicada a la venta de drogas al menudeo en la provincia de Santa Fe. El procedimiento se concretó tras una investigación iniciada en mayo de 2026, bajo la supervisión de la Fiscalía Regional 1° Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sector Microtráfico, a cargo de Eric Fernández.

El fiscal encomendó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe las tareas de inteligencia sobre tres domicilios ubicados en la localidad de Monte Vera, los cuales funcionaban como puntos de distribución de estupefacientes. Con las pruebas recolectadas, el magistrado interviniente ordenó el allanamiento de los inmuebles.

Durante el operativo, que contó con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Rafaela, fueron detenidos tres hombres y cuatro mujeres, todos argentinos y mayores de edad. En los procedimientos, las fuerzas de seguridad secuestraron dosis de cocaína y marihuana listas para su comercialización, además de dos balanzas de precisión.

Entre los elementos incautados también se hallaron tres automóviles, una embarcación, 98 cartuchos de escopeta de diversos calibres, 655 mil pesos en efectivo y nueve teléfonos celulares. Los detenidos y todo el material secuestrado quedaron a disposición del magistrado por infracción a la ley de drogas.

Efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Rosario llevaron adelante una serie de procedimientos tras una investigación por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. El operativo permitió geolocalizar cinco inmuebles donde se realizaban maniobras ilícitas.

Con la intervención del Ministerio Público de Acusación, a través del área de microtráfico, los funcionarios se trasladaron hasta la localidad de Villa Gobernador Gálvez para realizar las inspecciones correspondientes en los domicilios señalados.

Durante los allanamientos, las autoridades hallaron 20 kilos 255 gramos de cannabis sativa y 289 gramos de cocaína. Además, se incautaron tres balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento, una pistola, municiones de diferentes calibres, 2.178.500 pesos argentinos y 12 celulares.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, quienes quedaron vinculados a la causa por comercialización de drogas. El magistrado interviniente dispuso el decomiso de todos los elementos encontrados y el traslado de los aprehendidos hacia la dependencia de la Policía de Santa Fe.

Una investigación desarrollada durante aproximadamente cinco meses terminó con la detención de dos hermanos mayores de edad sospechados de comercializar estupefacientes en la región de Calamuchita, Córdoba.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, e incluyeron allanamientos en domicilios de Santa Rosa de Calamuchita y Embalse.

Los detenidos son un hombre de 21 años y una mujer de 25, quienes, según la investigación, estarían vinculados con la venta de cocaína tanto desde domicilios como mediante la modalidad de delivery.

Los operativos se concretaron en inmuebles ubicados sobre calle 1, en Santa Rosa de Calamuchita, y Cerro Blanco al 100, en Embalse.

Durante las requisas, los efectivos secuestraron varias dosis de cocaína, dinero y elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Además, fueron incautados 13 cartuchos calibre .22 largo, que también quedaron incorporados a las actuaciones judiciales.

De acuerdo con la información suministrada por la fuerza, ambos investigados registraban antecedentes vinculados con causas por narcotráfico.

En el caso de la mujer de 25 años, se informó además que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria al momento del procedimiento.

Las pesquisas permitieron establecer como hipótesis que los hermanos comercializaban estupefacientes mediante venta domiciliaria y entregas coordinadas, modalidad que quedó bajo análisis de los investigadores durante los meses previos a los allanamientos.

Tras los procedimientos, intervino la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero, que dispuso el traslado de ambos detenidos a sede judicial.

Los dos hermanos quedaron imputados por presunta comercialización agravada de estupefacientes, mientras continúa el avance de la causa y el análisis de los elementos secuestrados durante los allanamientos.

Un operativo preventivo realizado sobre la Ruta Nacional N° 11, en jurisdicción de Florencia, permitió secuestrar 11,555 kilos de cocaína durante la tarde del sábado. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad Operativa Regional N° 1 de Reconquista, dependiente de la Dirección General Guardia Provincial.

Según informó la fuerza, el control comenzó alrededor de las 13.55, a la altura del kilómetro 929, cuando los agentes detuvieron la marcha de un Volkswagen Fox 1.6. El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad domiciliado en Paraná, provincia de Entre Ríos.

Mientras verificaban la documentación, los policías advirtieron restos de un polvo blanco y un envoltorio con una sustancia de características similares a la cocaína. Además, detectaron irregularidades en el interior del automóvil, por lo que dieron intervención a la Justicia Federal.

A partir de esa situación se dispuso la requisa del vehículo, durante la cual fueron hallados 10 paquetes rectangulares envueltos en nylon, además de cigarrillos y media tuca. Ante el hallazgo, la Fiscalía Federal ordenó continuar las actuaciones con participación de Gendarmería Nacional.

Personal de Seguridad Vial de Gendarmería Nacional realizó posteriormente las pruebas orientativas y el pesaje de la sustancia secuestrada. De acuerdo con la información oficial, el análisis arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 11,555 kilogramos.

Por disposición de la Fiscalía Federal, tanto la droga como el vehículo y el hombre involucrado quedaron a disposición de la Sección de Seguridad Vial de Gendarmería Nacional. Las actuaciones judiciales continuaron bajo la órbita federal para determinar el origen y destino del cargamento.

El procedimiento contó además con la colaboración de efectivos de la Unidad Regional IX, a través del PUZN, la Comisaría IX de Florencia y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT). Ese personal brindó apoyo en la seguridad perimetral mientras se desarrollaban las diligencias ordenadas por la Justicia.

Desde la Guardia Provincial destacaron que el hallazgo se produjo durante un control preventivo de rutina en una ruta santafesina. La intervención inicial derivó en la detección de la sustancia y en el posterior secuestro de más de 11 kilos de cocaína.

Una organización dedicada al tráfico y la distribución de cocaína de máxima pureza fue desarticulada tras una investigación que permitió identificar su recorrido desde Bolivia hacia la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano bonaerense.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidos ocho sospechosos, entre ellos quienes serían los principales responsables de la estructura, y se secuestraron 264,987 kilos de cocaína.

La causa está a cargo del juez Juan Manuel Culotta, titular del Juzgado Federal N° 3 de Morón, y contó con la intervención de la Policía Bonaerense.

Mediante tareas de inteligencia, seguimientos y filmaciones, los investigadores determinaron que la banda distribuía importantes cantidades de droga desde Villa Soldati y Bajo Flores hacia diferentes zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Entre sus puntos de operación figuraban La Matanza, Merlo, General Rodríguez, Esteban Echeverría, la Ciudad de Buenos Aires y el microcentro porteño.

Según la reconstrucción realizada durante la investigación, la droga ingresaba al país desde Bolivia y era transportada oculta en los tanques de combustible de camiones Scania.

Uno de esos vehículos era utilizado para trasladar la cocaína hasta un galpón ubicado en General Rodríguez, desde donde posteriormente se organizaba su distribución hacia distintos puntos de venta.

Los ladrillos de droga estaban marcados con la imagen de un delfín, un sello asociado en el ámbito del narcotráfico con cocaína de alta pureza.

Además, los paquetes se encontraban envueltos con papel carbónico y una doble capa de papel aluminio, una modalidad presuntamente utilizada para dificultar su detección mediante escáneres y perros antinarcóticos.

El primer procedimiento de importancia se desarrolló el 29 de abril de 2025, cuando se realizaron 10 allanamientos simultáneos. Durante esos operativos fueron encontrados 115 ladrillos de cocaína, con un peso total de 121,785 kilos.

También fueron detenidos cinco integrantes de la organización. Entre ellos se encontraban tres hombres conocidos por los alias de “El Boli”, “Pepe” y “Copita”, señalados como los principales responsables de la banda.

Los otros dos sospechosos habrían desempeñado tareas vinculadas con la distribución de la droga.

En los procedimientos también fueron secuestrados vehículos, un arma de fuego, teléfonos celulares, dinero en efectivo, electrodomésticos, una amoladora industrial y materiales de embalaje.

La investigación continuó luego del primer operativo y permitió detectar nuevos movimientos de la estructura narcocriminal.

El 16 de julio de 2026, personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Berazategui identificó maniobras sospechosas vinculadas con otro cargamento.

En primer término, los efectivos interceptaron un camión en Lanús. Posteriormente, con autorización judicial, se realizó un allanamiento de urgencia que confirmó que parte de la organización seguía operando.

Horas después, los investigadores montaron una vigilancia sobre un galpón ubicado en Juan E. Pedernera al 1400, donde observaron el ingreso de otro camión Scania.

En las inmediaciones también fueron detectados dos automóviles Fiat Cronos, que presuntamente cumplían tareas de cobertura y apoyo logístico.

Tras recibir la autorización judicial, la Policía interceptó uno de los vehículos e ingresó al galpón. En el lugar fueron encontrados 137 panes de cocaína de máxima pureza, con un peso total de 143,202 kilos.

Durante este segundo procedimiento fueron detenidas otras tres personas consideradas posibles responsables de la organización: un ciudadano peruano de 29 años, un ciudadano boliviano de 30 y una mujer boliviana de 40 años.

También se secuestraron el camión investigado, los dos Fiat Cronos, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Con los dos operativos, la investigación permitió decomisar cerca de 265 kilos de cocaína y avanzar sobre una organización que habría desarrollado una estructura de traslado, almacenamiento y distribución en diferentes puntos del AMBA.

(FPA) realizaron controles selectivos de vehículos y personas en distintos puntos de la provincia de Córdoba, donde lograron el secuestro de estupefacientes.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo a la altura del peaje de la Autopista Córdoba–Villa Carlos Paz, donde grupos operativos, acompañados por canes detectores de narcóticos, controlaron un automóvil marca Chevrolet.

Durante la inspección, se constató que el conductor, un hombre de 26 años oriundo de la ciudad de Córdoba, llevaba entre sus pertenencias varias dosis de marihuana, por lo que se procedió al secuestro del material.

Por otra parte, se desplegaron patrullajes preventivos en los barrios Nueva Córdoba, de la capital provincial, y 400 Viviendas, de la ciudad de Río Cuarto. En ambos sectores, los efectivos incautaron envoltorios y cigarrillos de cannabis sativa.

También se realizaron controles sobre la Ruta Nacional 19, en jurisdicción de Devoto, como parte del mismo esquema de prevención.

Desde la fuerza informaron que los operativos forman parte del plan estratégico de prevención y lucha contra el narcotráfico, llevado adelante por la FPA y dirigido por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba.

Finalmente, los estupefacientes secuestrados fueron remitidos a las sedes judiciales correspondientes.

Un operativo en la Terminal de Ómnibus de Córdoba terminó con el secuestro de 22 kilos de cocaína de máxima pureza, que eran trasladados en un colectivo de larga distancia proveniente de San Salvador de Jujuy.

El procedimiento se realizó en la plataforma 23 de la estación y derivó en la detención de dos mujeres, que quedaron a disposición de la Fiscalía Federal Nº 1.

Según informaron las autoridades, la droga estaba distribuida en 20 ladrillos ocultos en encomiendas y valijas dentro de la bodega del micro.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, explicó que no se trató de un control al azar, sino del resultado de una investigación de inteligencia criminal que la División Antidrogas venía desarrollando sobre la denominada ruta norte.

“Se encontraron 22 o 23 kilos de cocaína de máxima pureza de la marca Delfín. Las dos mujeres detenidas van a ser puestas a disposición de la Fiscalía Federal Número 1”, señaló el funcionario.

Los ladrillos incautados tenían el relieve de un delfín, una marca conocida en investigaciones vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo con la información difundida tras el operativo, ese sello estaría asociado a organizaciones transnacionales y se lo vincula con la estructura encabezada por Reynaldo “Delfín” Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”.

Castedo fue condenado en 2022 a 16 años de prisión como jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.

Otro dato llamativo del procedimiento fue que los paquetes estaban envueltos con mostaza, presuntamente para intentar confundir el olfato de los perros entrenados. Sin embargo, el cargamento fue detectado por Manteca, uno de los canes que participó del operativo.

“Todos los paquetes estaban envueltos con mostaza, con el fin de desorientar el olfato de los perros, pero este perro llamado Manteca lo detectó”, explicó Quinteros.

La droga estaba distribuida en tres bolsos dentro de la bodega. A partir de la marcación del perro, los efectivos realizaron una requisa minuciosa y encontraron el cargamento completo.

Según el ministro, el destino final de la droga era la ciudad de Córdoba. La principal hipótesis es que el cargamento iba a ser recibido por personas vinculadas al narcomenudeo, para luego fraccionar y estirar la sustancia.

“El destino final era la ciudad de Córdoba. Quienes lo reciben hacen narcomenudeo, lo reducen y lo estiran. El precio estimado de todo esto es de 450 mil dólares, por eso decimos que el golpe de hoy es muy duro”, afirmó.

Quinteros sostuvo que se trataría de una organización narcocriminal internacional cuyas ramificaciones continuarían activas, pese a que su presunto líder se encuentra detenido.

La investigación continuará en el fuero federal para determinar quiénes iban a recibir la droga, qué contactos tenían las mujeres detenidas y cuál era el circuito de distribución previsto para el cargamento.

Una médica de Gendarmería Nacional y una cosmetóloga fueron detenidas en Tartagal, Salta, luego de que la Policía encontrara alrededor de 70 kilos de cocaína ocultos en el vehículo en el que circulaban.

El hallazgo se produjo de manera insólita: las mujeres habían denunciado un supuesto intento de asalto en la Ruta Nacional 34, pero al revisar el auto, los efectivos detectaron que una bala había dañado la estructura del baúl y dejó al descubierto un doble fondo con paquetes de droga.

El episodio ocurrió durante la mañana del domingo. Las dos mujeres se movilizaban en una Renault Duster cuando, según relataron ante la Policía de Salta, fueron interceptadas por una camioneta blanca sin patente trasera.

De acuerdo con esa versión, los ocupantes del otro vehículo les habrían efectuado disparos cuando intentaron escapar. El ataque provocó la rotura de la luneta trasera y daños en una cubierta, aunque ambas resultaron ilesas.

Sin embargo, durante la inspección del vehículo, los agentes advirtieron que uno de los disparos había levantado parte de la chapa de un doble fondo ubicado en el baúl. Allí quedaron visibles los envoltorios con cocaína que, según la investigación, eran trasladados hacia Buenos Aires.

Las detenidas fueron identificadas como Ivana Georgina Portal, de 39 años, médica de Gendarmería, y Delia Yolanda Tame, de 35 años, cosmetóloga. Ambas quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Los investigadores analizan si el ataque denunciado pudo haber sido parte de una maniobra conocida como “mexicaneada”, es decir, el robo de droga entre grupos vinculados al narcotráfico.

Según esa hipótesis, las mujeres habrían pedido ayuda por temor a ser atacadas, sin advertir que el propio daño provocado por los disparos terminaría revelando el cargamento oculto.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que el envío podría estar relacionado con una organización narco que opera en la zona de Tartagal, aunque esa línea aún se encuentra bajo investigación.

El procedimiento abrió además una pesquisa interna por la condición de una de las detenidas, quien integra Gendarmería y estaría vinculada familiarmente con personal del Escuadrón de Tartagal.

El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, calificó como una «verdadera bocanada de aire fresco» para la Justicia Federal la reciente designación de nuevos magistrados titulares en Santa Fe y Rafaela, y además se refirió a la investigación que derivó en la detención de dos agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) acusados de filtrar información vinculada a procedimientos contra el narcotráfico.

Alurralde explicó que hasta hace pocos días se encontraba subrogando simultáneamente los juzgados federales de Reconquista, Santa Fe y Rafaela, situación que dificultaba una atención plena de cada dependencia.

«Esta es una buena noticia, una verdadera bocanada de aire fresco para la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe. El hecho de que se hayan designado dos nuevos jueces federales titulares para los juzgados de Santa Fe y Rafaela es muy importante», afirmó.

El magistrado destacó que la existencia de jueces titulares permite una mejor administración de justicia que el sistema de subrogancias. «No es lo mismo una subrogancia, donde uno tiene que repartir su tiempo entre varios juzgados, que contar con un juez titular que pueda hacerse cargo plenamente del juzgado y de las causas que allí se tramitan», sostuvo.

Asimismo, señaló que, tras varios años de demora, comenzó a agilizarse el proceso de cobertura de vacantes en la Justicia Federal. «Ya se aprobaron más de 70 pliegos de jueces federales y seguramente habrá nuevas designaciones. Esto constituye una muy buena noticia para el servicio de Justicia Federal», remarcó.

Consultado sobre la investigación que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación por presuntas filtraciones de información en procedimientos vinculados al narcotráfico, Alurralde evitó referirse al caso concreto, aunque sí expresó una posición firme respecto de este tipo de conductas.

«No hablo de este caso puntual porque eventualmente me podría tocar resolver alguna cuestión, pero en términos generales se trata de hechos graves», aclaró. El juez explicó que la revelación anticipada de información sobre allanamientos no solo puede frustrar una investigación, sino también poner en riesgo la vida de los agentes que participan de los operativos.

«No solamente se frustra el procedimiento, sino que también se pone en peligro la vida de los propios compañeros que van a intervenir. Quienes reciben esa información pueden prepararse, incluso con armas, sabiendo que el allanamiento se va a realizar», advirtió.

Para Alurralde, estas prácticas forman parte de los mecanismos utilizados por organizaciones criminales. «Esos son los códigos mafiosos que existen dentro de la narcocriminalidad y que muchas veces exceden lo esperado», señaló.

El magistrado valoró la decisión de las autoridades provinciales de investigar los hechos y llevarlos a la Justicia, sin intentar minimizar ni ocultar la situación. «Me parece muy positiva la actitud que asumieron la Policía y el Ministerio Público de la Acusación de ir a fondo con esta cuestión, judicializar los casos que correspondan y avanzar hasta las últimas consecuencias», expresó.

En ese sentido, destacó especialmente la labor de los fiscales involucrados en la investigación. «Es muy buena la tarea que han realizado el fiscal Galleano, el fiscal Franco Carbone y la fiscal Vrinachic. Esto es verdaderamente destacable y coincido plenamente en que hay que ir a fondo, cueste lo que cueste y caiga quien caiga», afirmó.

Finalmente, Alurralde sostuvo que los hechos de corrupción no son patrimonio exclusivo de una fuerza de seguridad o de un organismo determinado, sino conductas individuales que pueden presentarse en cualquier ámbito.

«El corrupto puede estar en cualquier institución, municipal, provincial o nacional. Son personas que han cruzado una línea y que ponen en riesgo la vida de sus propios compañeros», indicó.

Y concluyó: «No podemos tachar a toda una institución por dos o tres personas que cometen este tipo de hechos. Hay que investigar y sancionar a los responsables, pero sin generalizar».

Una pareja oriunda de Jujuy quedó detenida luego de ser sorprendida por Gendarmería Nacional mientras transportaba más de 25 kilos de cocaína ocultos dentro del tanque de combustible de un automóvil.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón 53, que se encontraban emplazados sobre el kilómetro 1.740 de la Ruta Nacional N° 9, en la localidad jujeña de Tumbaya.

Durante el control, los gendarmes detuvieron la marcha de un Chevrolet Prisma en el que circulaban un hombre y una mujer mayores de edad. Al responder las preguntas de rutina, ambos manifestaron que provenían de La Quiaca y que viajaban hacia la provincia de Buenos Aires con fines turísticos.

Sin embargo, las respuestas contradictorias y el nerviosismo de los ocupantes llamaron la atención del personal de la Fuerza. Además, si bien el conductor aseguró ser titular del vehículo, mediante consultas se constató que el automóvil no era de su propiedad.

Ante esa situación, los funcionarios tomaron contacto con la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que orientó la realización de una inspección más profunda del rodado.

En ese marco intervino el can antinarcóticos “Yin”, que olfateó distintas partes del vehículo y modificó su actitud al pasar por el sector del tanque de combustible, marcando la posible presencia de estupefacientes.

Por ese motivo, el operativo fue trasladado hasta el asiento de la Unidad, donde se realizó una revisión más detallada en presencia de testigos.

Allí, los gendarmes visualizaron paquetes envueltos en nylon sumergidos en el combustible. Tras la extracción, se constató que se trataba de 24 ladrillos de cocaína, con un peso total de 25 kilos 140 gramos.

La Unidad Fiscal interviniente autorizó la incautación de la droga y del vehículo. Además, dispuso la detención de los dos involucrados por infracción a la Ley 23.737.

Las imágenes y descripciones incorporadas al expediente judicial que ordenó la demolición de “La Casona”, el inmueble usurpado de barrio Sur señalado como soporte funcional para la venta de drogas, exponen un cuadro extremo de abandono, riesgo edilicio y degradación urbana en pleno sur de la ciudad de Santa Fe.

El informe técnico fue elaborado el 11 de mayo por Claudio Ponce de León, asesor técnico de Logística del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, quien durante la audiencia judicial se presentó como “el encargado de la demolición de búnkers en la provincia de Santa Fe”.

El documento, incorporado por la Unidad Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), describe con precisión el estado del inmueble ubicado en la esquina de Dr. Zavalla y Monseñor Zaspe, frente a la estación Mitre, cuya demolición controlada fue ordenada por el juez penal Sergio Carraro.

Según el informe oficial, el edificio tiene unos 90 años de antigüedad y una superficie aproximada de 188 metros cuadrados. En su interior posee un salón principal y varias habitaciones distribuidas alrededor de un patio interno, además de un reducido espacio sanitario sin servicios básicos.

“El estado general de este inmueble es de un deterioro profundo, agravado por la rotura de su techo en casi todas las habitaciones”, señala el texto firmado por Ponce de León.

La descripción avanza luego sobre las condiciones de habitabilidad detectadas durante la inspección. “El ingreso de corriente eléctrica es totalmente precario y fuera de toda norma, lo que constituye un peligro para posibles habitantes o moradores golondrina de este lugar”, advierte el informe.

Los técnicos también detectaron signos de incendios previos dentro de la estructura. “Hay signos evidentes de que este lugar sufrió las consecuencias de un fenómeno ígneo, que provocó la caída de techos y revoques de estas habitaciones, teniendo por ello un gran debilitamiento tanto techo como paredes”, añade el documento.

A ello se suma una situación sanitaria alarmante. El patio del inmueble fue descripto como “un gran mini basural”, con acumulación de residuos, restos de alimentos, ropa, muebles y desperdicios de distinta naturaleza.

Según el documento, ese panorama “sugiere que era usado como espacio de clasificación de residuos domiciliarios de casuales moradores”, circunstancia que derivó en “la existencia de nidos de roedores en toda la superficie de la casa”.

La conclusión de los especialistas fue terminante: “La inestabilidad y vetustez marcada de toda esta construcción constituye un grave riesgo para posibles habitantes por lo que se recomienda la demolición controlada y un futuro saneamiento del espacio”.

El informe fue uno de los elementos centrales valorados durante la audiencia de “cese de estado antijurídico” realizada el pasado viernes en tribunales de Santa Fe, donde la Fiscalía solicitó la inactivación física del inmueble bajo la modalidad de derribo.

La investigación es encabezada por la Unidad Especial de Microtráfico del MPA, cuyo responsable en la ciudad de Santa Fe es el fiscal Diego Vigo, subdirector del área creada tras la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico.

Durante la audiencia, el fiscal Arturo Haidar repasó distintas evidencias reunidas en la pesquisa y vinculó el inmueble con actividades de comercialización de estupefacientes, además de describir un contexto persistente de violencia y conflictividad urbana en la zona.

El funcionario sostuvo que en un radio de 200 metros alrededor de “La Casona” se registraron 485 intervenciones policiales entre agosto de 2025 y mayo de 2026, entre ellas disturbios, amenazas, robos y hechos violentos.

Ponce de León ratificó en tribunales el contenido de su informe y advirtió que el lugar “es peligroso tanto para futuros moradores como para transeúntes”, debido al desprendimiento de mampostería observado en distintos sectores del inmueble.

Además, sostuvo que “el costo de reconstrucción o remodelación resultaría elevadísimo” por el nivel de deterioro acumulado y reiteró la recomendación de avanzar con una demolición controlada.

La propietaria del inmueble también prestó conformidad con la medida. “Es una cosa incontrolable, es preocupante sobre todo para el barrio”, expresó ante el juez.

El caso de “La Casona” se inscribe dentro de la política de inactivación de puntos de venta de drogas impulsada por el gobierno provincial desde la sanción de la Ley de Microtráfico.

Según informó esta semana el Ministerio de Justicia y Seguridad, ya fueron derribados 118 búnkers narco en distintas localidades santafesinas desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro.

La estrategia se desarrolla de manera coordinada entre el Ejecutivo provincial, el MPA, la Justicia y las fuerzas de seguridad, con especial foco en inmuebles utilizados para el narcomenudeo y otras economías delictivas.

Al presentar recientes demoliciones en Rosario, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, sostuvo que estos sitios suelen convertirse en núcleos de “violencia, homicidios, balaceras y degradación de barrios de trabajadores que durante mucho tiempo no tuvieron respuesta del Estado”.

En el caso de barrio Sur, la Justicia entendió que el derribo no sólo resultaba necesario para impedir nuevas ocupaciones y actividades ilícitas, sino también para neutralizar el riesgo estructural que representaba el edificio para vecinos y transeúntes.

Aunque no fue informado oficialmente, el derribo se realizará en el transcurso de esta semana y contará con la presencia de las distintas agencias del Estado provincial y municipal y de funcionarios de primera línea que estarán a cargo de la supervisión de la inactivación.

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