Este miércoles 2 de julio se confirmó el fallecimiento de Claudia Mojica, la rafaelina de 50 años que permanecía internada en una clínica de Buenos Aires con diagnóstico de muerte cerebral. Su caso conmocionó a Rafaela y la región luego de que su hija, Trinidad, denunciara públicamente una presunta negligencia médica que derivó en el dramático desenlace.

Claudia había sido operada el 27 de mayo por una hernia de disco y, pese a haber ingresado al quirófano caminando, nunca volvió a despertar. Tras la intervención, sufrió graves complicaciones: una pérdida masiva de sangre, perforaciones intestinales, infecciones y, finalmente, un cuadro irreversible que desencadenó la muerte cerebral.

“Entró caminando y terminó con muerte cerebral. La dejaron morir”, había declarado con dolor Trinidad, quien cuestionó las explicaciones contradictorias del sanatorio y la demora en las decisiones médicas. La familia llegó a solicitar la intervención del INCUCAI para confirmar el diagnóstico, ya que nunca recibieron un parte médico claro.

La noticia de su fallecimiento causó profundo dolor en la ciudad. Claudia era empleada doméstica, madre de dos hijos, y estaba casada. Su familia busca justicia para esclarecer lo ocurrido y adelantó que iniciarán acciones legales contra la clínica donde fue atendida.

El incidente, atribuido al contacto con un electrobisturí encendido, obligó a una cirugía de urgencia en la Maternidad Martin de Rosario. La familia denuncia falta de insumos y negligencia médica.

El pasado lunes, Diana dio a luz a su hija Cloe mediante una cesárea programada en el hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo. Durante el procedimiento, los médicos colocaron a la recién nacida sobre las piernas de su madre, momento en el cual un electrobisturí encendido entró en contacto con la pierna de la beba, provocándole una grave quemadura. Diana relató que percibió olor a carne quemada y luego descubrió la lesión en su hija.

Traslado y cirugía de urgencia

Ante la gravedad de la herida, Cloe fue trasladada a la Maternidad Martin de Rosario, donde fue sometida a una cirugía bajo anestesia general para limpiar la quemadura que abarcaba gran parte de su pierna. Actualmente, la beba se encuentra en neonatología, entubada y bajo sedación, sin posibilidad de contacto físico con su madre.

Preocupación por secuelas y denuncias de negligencia

Los médicos evalúan la necesidad de futuras cirugías y posibles injertos de piel, además de una rehabilitación para asegurar la movilidad de la pierna afectada. Diana expresó su angustia por la situación y denunció que el personal médico le informó sobre la reutilización de insumos debido a la falta de recursos, lo que habría contribuido al accidente.​

Un preocupante incidente tuvo lugar en el Centro de Salud CAPS "Las Malvinas" de Florencio Varela, donde una madre llevó a su bebé de cuatro meses a recibir las vacunas correspondientes y, al regresar a casa, descubrió que el enfermero había dejado una aguja clavada en la pierna del pequeño.

Karen, la madre del bebé, relató que el viernes pasado, alrededor de las 13:30 horas, acudió al centro de salud para que su hijo recibiera las segundas dosis de las vacunas Neumococo, Poliomielitis, Quíntuple Pentavalente y Rotavirus. 

Tras la aplicación, regresó a su domicilio, pero notó que el niño no dejaba de llorar. "Pensé que era por las vacunas, pero no paraba. A las 15:30 le quité la cinta y vi que el enfermero le había dejado la aguja dentro de la pierna. No lo podía creer", expresó Karen. ​

Inmediatamente, Karen retornó al centro de salud para informar lo sucedido, pero el enfermero responsable ya no se encontraba allí. Otro empleado le ofreció presentar una queja formal y le aseguró que las agujas eran estériles y tenían fecha de vencimiento vigente. 

Intranquila con la situación, la madre decidió contactar a la policía y trasladó a su hijo al Hospital Mi Pueblo, donde fue sometido a diversos estudios. Los médicos detectaron niveles elevados de glóbulos blancos, indicando una posible infección. 

"Este domingo lo dejaron internado porque le están pasando medicamentos de forma intravenosa. Parece que el foco de infección está en la pierna. Vamos a ver cómo evoluciona", comentó Karen. ​

El municipio de Florencio Varela tomó cartas en el asunto, iniciando un sumario administrativo y apartando preventivamente al enfermero implicado. En un comunicado, la Secretaría de Salud local informó: 

“El día 28 de marzo del corriente, siendo las 23:30 hs. la Secretaría de Salud de Florencio Varela toma conocimiento a través de un posteo en redes sociales (Facebook), de los hechos acontecidos horas antes en el Centro de Salud Malvinas en donde a través del relato de la familia del menor damnificado, expresa su malestar por la práctica de vacunación llevada a cabo por uno de los enfermeros en el lugar anteriormente mencionado.

Según la familia, el enfermero habría dejado negligentemente la aguja de vacunación en la pierna de un bebé de 4 meses, la cual fue descubierta por su madre, ya en su domicilio, debajo del algodón y cinta colocada.

Frente a tamaña situación, rápidamente, las autoridades de la Secretaría de Salud se ponen en contacto con la familia para realizar un seguimiento al caso poniendo a disposición un móvil SAME y simultáneamente se realiza una reunión de urgencia con los agentes administrativos de dicho Centro y el profesional mencionado por la familia, se avanza con la realización de la denuncia en la Comisaría Segunda de nuestra ciudad, poniendo en conocimiento a las Secretarías correspondientes del municipio para iniciar una actuación pre sumarial y solicitar se separe al agente implicado de la Secretaría de Salud, poniéndolo a disponibilidad de Recursos Humanos.

Se informa además que continuará a lo largo de las semanas el correspondiente seguimiento y la contención necesaria para el menor y su familia”.

Saludable y con cinco hijos, le practicaron una videoendoscopía, pero quedó postrada. La familia demandó al sanatorio y al anestesista por $410 millones.

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Una mujer de 50 años que en 2021 ingresó a un hospital privado de Rosario para hacerse una videoendoscopía de rutina, quedó postrada y con una incapacidad motriz e intelectual prácticamente irreversible por falta de oxígeno en el cerebro. Su vida se desmoronó y la familia vive un drama. Hace pocos días presentaron un juicio civil donde reclaman un resarcimiento de 410 millones de pesos al nosocomio privado donde le realizaron la practica y a la médica anestesista que la asistió. “Se debe dar a conocer para que no vuelva a ocurrir. No pudieron explicar con objetividad y trazabilidad como llevaron a la paciente a tan triste y fulminante estado de salud que destruyó a la familia”, advierte la demanda.

En una mañana la vida de Silvia B., una mecánica dental de 50 años, sin problemas de salud, una vida plena, familia y cinco hijos, se desmoronó. El 22 de diciembre de 2021 previo a irse de vacaciones, llegó acompañada de su marido Rodolfo al Hospital Privado de Rosario (HPR) para realizarse un chequeo de rutina propio de su edad: una videoendoscopia indicada por su médico gastroenterólogo y autorizada por la obra social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El caso no tuvo el desenlace fatal de la reconocida periodista Débora Pérez Volpin, quien falleció el 18 de febrero de 2018 mientras le realizaban un estudio similar, pero la paciente rosarina vive un drama. Es que durante la práctica, según la denuncia, sufrió “anoxia cerebral” (falta del oxigeno en el cerebro) que le dejó secuelas irreversibles y una incapacidad permanente, circunstancia que se deberán determinar si ocurrió por efecto de la anestesia.

La vida cambió en 20 minutos

Todo comenzó viró estrepitosamente a las 8 de ese día. Transcurridos unos 20 minutos luego del estudio, pasaron a la paciente a una sala de recuperación, y las enfermeras le indicaron al marido que la mujer estaba lista y “se la podía llevar en un ratito”.

Pero mientras Rodolfo llamaba a uno de sus hijos para avisarle que había salido todo bien, notó que su esposa no despertaba. El hombre se preocupó y llamó inmediatamente a una enfermera. La asistente le tomó el pulso y le aseguró que despertaría.

Sin embargo Silvia no se reaccionaba ni hablaba, no se movía. Sin dar muchas explicaciones, le pidieron al marido que se retirara, y comenzaron a ingresar a la sala varios médicos que asistieron a la paciente durante una hora.

Luego le informaron a Rodolfo que estaba “todo bien”, pero que su esposa había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Después de varias horas, le indicaron que había tenido convulsiones y lo autorizaron a verla. En ese momento recordó que estaba “toda entubada”, no hablaba, ni se movía.

El cuadro se agravó. Durante la tarde del 22 de diciembre le confirmaron que Silvia había sufrido “anoxia cerebral”, falta de oxígeno total al cerebro, y que tenían que esperar para ver cómo evolucionaba. Luego la trasladaron a terapia intensiva, donde permaneció 23 días, hasta 14 de enero de 2022.

A esa altura todo era desazón para la familia de Silvia, que de un día para el otro quedó con su salud totalmente frágil. La mujer estuvo otros 45 días en una sala general, hasta que la derivaron a un centro de rehabilitación desde febrero de 2022, donde permaneció casi 6 meses.

"Mirando al infinito"

Al repasar la secuencia, Rodolfo recuerda que recién a la semana de estar en el HPR le informaron que su esposa iba a quedar “en estado vegetativo, mirando al infinito”. Es que hasta entrevistarse un perito médico, el hombre desconocía que su mujer había estado en coma. Y que incluso recibió un transfusión de sangre para la cual no firmó consentimiento.

Tras varios meses de incertidumbre y falta de respuestas, en noviembre de 2022 iniciaron la causa judicial para el aseguramiento de pruebas, que tramita el juzgado Civil y Comercial Nº2 a cargo de Mónica Klebcar. Allí, se ordenó el secuestro de historias clínicas del HPR; de obra social, y los antecedentes médicos de Silvia.

La pericia de parte, en base a esa documentación, el relato de Rodolfo, y los estudios realizados a Silvia determinaron que por errores en el suministro de anestesia y la falta de oxígeno al cerebro, derivó que quede plenamente incapacitada, con daños irreversibles y un 100 de incapacidad, lo cual requiere de asistencia permanente para subsistir.

La normal vida de la mujer dio un giro dramático. Después del evento, quedó con con secuelas neurológicas graves. Apenas puede movilizarse y comunicarse. Tras varias negociaciones y una mediación civil que no tuvo éxito, se inició hace pocos días la demanda formal por daños y perjuicios.

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Según se detalla en la presentación que representa el abogado Martín Frúgoli, en las más de 3.000 hojas de la historia clínica aportada por el HPR, en “ninguna de esas hojas se explica lo ocurrido antes de la hipoxia”.

Tampoco se establece ni se puede verificar “con objetividad, trazabilidad y precisión los eventos que desencadenaron el cuadro de Silvia y el tratamiento administrado. No existe registro de la duración del paro respiratorio, de las maniobras realizadas, descripción del cuadro inicial, orden de las drogas administradas”.

Más aún, no hay datos sobre el suministro exacto de la dosis, marca, fecha de vencimiento, cantidad precisa, horarios. “Sorprende que al examinar los resultados de laboratorios, se verifica que no fueron impresos la fecha y hora de la toma de las muestras, ni el horario de emisión”, remarca la demanda.

“De la lectura de la historia clínica se detectan múltiples irregularidades, lagunas e inconsistencias. Era una mujer sana que ingresó para un simple chequeo y terminó absolutamente incapacitada, con necesidad de asistencia permanente para subsistir, con plazo indefinido de vida ante las múltiples fallas orgánicas y la medicación con drogas permanentes”, indicó Frúgoli a este diario.

Responsabilidad, por acciones y omisiones

El letrado destacó además “el interés de la familia en dar a conocer el caso para que no se repitan hechos de semejante gravedad. Es indignante. No se trata solo de reparar un daño, sino que creemos en el sentido social de nuestra profesión, y estos hechos se deben conocer para que no vuelvan a ocurrir”.

En la demanda se atribuyeron “presupuestos de responsabilidad civil” tanto del sanatorio como de la anestesista, por “conductas antijurídica que han sido múltiples, tanto por acciones como por omisiones”.

“El pormenorizado dictamen médico de parte da cuenta del nexo de causalidad entre las múltiples conductas, por acciones y omisiones, del HPR y su dependiente (la anestesista) y el resultado dañoso directo que dejó totalmente incapacitada a la señora B., más los múltiples y consecuentes daños a los demás coactores (los hijos y el marido) de esta demanda”, refiere la presentación.

“Lo anterior se agrava por cuanto la diligencia debida permite confirmar la conducta _cuanto menos_ culpable del HPR que ni siquiera llevó correctamente una historia clínica completa y conforme a la legislación vigente. No pudieron ni siquiera explicar con objetividad, trazabilidad y precisión cómo llevaron a la paciente a tan triste y fulminante estado de salud que destruyó a toda la familia”, recalcan en la demanda.

Al reclamar una reparación integral, patrimonial y no patrimonial, por daños, dentro de los que se incluyen gastos médicos, de traslado, tratamientos psicológicos, farmacéuticos, futuros, incapacidad, daño extramatrimonial, lucro cesante, se cuantificó en 410.793.931,52 pesos, o el equivalente 483.088,05 dólares bajo la cotización del dólar bolsa al 30 de octubre de 2023.

Pérdidas y dolor

Rodolfo, el marido de Silvia, contó a La Capital sus sensaciones respecto a la triste situación. “Imaginate lo activa que era, en su consultorio como mecánica dental, atendía a nuestros hijos. Siempre con ellos para su cuidado, la escuela, el deporte, la cuestiones domésticas”.

El hombre recordó que a pesar del drama, desde un primer momento tuvieron esperanza de que iba a estar bien. “Me tocó levantar a mis hijos de todo esto. Lo que antes hacíamos entre los dos, ahora lo hago yo. Ella depende de cuidados permanentes, no puede estar sola para ir baño, para comer. Le ponemos mucho de la parte espiritual y religiosa para sobrellevarlo en paz, sino sería imposible”.

Cuando se van a cumplir dos años, Rodolfo explicó que en principio se abocaron a la atención de Silvia, para que mejore. “A partir de enterarnos de otros casos, no queremos que quede en la nada. Hoy fue ella, mañana pueden ser mis hijos, o cualquier persona. El HPR tiene aparatología, pero debe acompañarse de aprendizaje, de personal capacitado y empatía con los pacientes”, reflexionó.

Para sumar más dolor a lo ocurrido, luego del incidente, la madre de Silvia, que tenía una excelente relación con su hija y sus nietos y yerno, no pudo superaralo, cayó en un pozo de tristeza, enfermó de cáncer de colon, sufrió un accidente cerebrovascular y murió el 23 de marzo de este año.

Fuente: La Capital.