Rosario Central quedó en el centro de una investigación judicial tras una denuncia por presuntos episodios de violencia, abuso y hostigamiento entre jugadores de la categoría infantil 2013. 

La causa ya es analizada por la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, mientras el club informó que las actividades fueron reanudadas.

El Ministerio Público de la Acusación confirmó que tomó intervención la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, a cargo del fiscal Luis Schiappa Pietra.

Según se informó, ya se dispusieron medidas investigativas que se mantienen en reserva debido a que los hechos involucran a menores de edad. La actuación judicial se inició a partir de un llamado anónimo al 911 que aportó datos similares a los presentados ante la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

El caso salió a la luz tras una denuncia anónima recibida por la Defensoría provincial, que alertó sobre situaciones ocurridas en distintos ámbitos vinculados a la actividad deportiva, como vestuarios, grupos de mensajería y traslados.

De acuerdo a lo reconstruido, los episodios habrían sido advertidos por familias de jugadores que fueron testigos de los hechos. Las denuncias no provienen directamente de los presuntos afectados ni de quienes habrían ejercido las conductas señaladas.

Fuentes cercanas indicaron que existirían situaciones reiteradas de agresiones físicas, intimidaciones, hostigamiento virtual y prácticas de exposición entre pares, lo que habría generado un clima de temor en algunos integrantes del grupo e incluso impactado en la continuidad de los chicos en la actividad.

Por tratarse de menores de edad, las actuaciones se desarrollan bajo estricta reserva, en línea con la legislación vigente en materia de niñez

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Este martes, la dirigencia comunicó oficialmente que la categoría volvió a entrenar. Según el club, la decisión se tomó tras “un exhaustivo trabajo interdisciplinario” que permitió abordar la situación.

En el comunicado, la institución sostuvo que el conflicto “ya fue abordado y resuelto” y buscó llevar tranquilidad a socios y familias, destacando que continuará trabajando para garantizar un entorno seguro para todos los deportistas.

Además, subrayaron el rol formativo del club, no solo en lo deportivo sino también en lo social y humano.

Con una destacada participación de la comunidad, se desarrolló en las ciudades de Rafaela y Sunchales la charla “Bullying: de la preocupación a la acción”, un espacio de formación orientado a promover herramientas concretas para la prevención e intervención frente a situaciones de violencia escolar.

La actividad estuvo a cargo de Yanina Cossime, maestrando en Intervención en Poblaciones Vulnerables, licenciada en Orientación Familiar y operadora socio comunitaria, quien brindó una exposición clara y accesible, centrada en la necesidad de trascender el diagnóstico y avanzar hacia acciones concretas en ámbitos educativos, familiares y comunitarios.

En ambas localidades, la propuesta convocó a docentes, familias, profesionales y público en general, lo que da cuenta del interés y la preocupación existente en torno a esta problemática.

La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por el diputado provincial Juan Argañaraz, junto a Nuevas Ideas, Inspirar, Fundación Cranear, SEOM, Luz y Fuerza, CEDI, Menossi Seguros y Parra Hotel & Suites, a partir de un trabajo articulado que permitió generar estos espacios de encuentro y reflexión.

Este tipo de instancias pone de relieve la importancia del trabajo conjunto entre instituciones para fortalecer herramientas de prevención y contribuir a la construcción de ámbitos más seguros para niños, niñas y adolescentes.

La reactivación del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a poner en el centro de la escena a su entorno familiar. En ese contexto, Verónica Ojeda denunció públicamente el bullying que sufre su hijo Dieguito Fernando, de 13 años, tras la viralización de un video en el que pedía justicia por su padre.

“Ya no lo tolero más”, expresó con firmeza durante una entrevista televisiva, visiblemente afectada por la situación.

Ojeda relató que su hijo tomó conocimiento de las parodias y comentarios en redes sociales, lo que generó un fuerte impacto emocional.

“Claro que sí, las vio. Me preguntaba por qué la gente se burlaba de él”, contó. Según explicó, el niño no comprendía el motivo de las imitaciones y los mensajes que replicaban su pedido de justicia. Ante esto, la madre intentó contenerlo: “Vos hiciste las cosas bien, esa gente es mala”, le dijo para transmitirle tranquilidad.

La preocupación de Ojeda va más allá de lo emocional. Reveló que Dieguito tiene un trastorno específico del lenguaje y rasgos dentro del espectro autista, lo que agrava las consecuencias del hostigamiento. “La ansiedad que le generan lo perjudica”, sostuvo, y pidió que cesen los ataques: “La tienen que cortar”.

Además, remarcó que el acompañamiento profesional es constante: “Lo estamos tratando con especialistas, hablándole mucho y conteniéndolo”.

Otro de los puntos que destacó fue la carga simbólica que implica llevar el apellido de su padre. “El apellido Maradona pesa un montón y eso magnifica todo”, afirmó, al tiempo que diferenció el ámbito escolar del impacto social: “En la escuela no es el problema, el problema es la sociedad”.

Ojeda también apuntó contra quienes viralizaron contenidos burlándose de su hijo, incluyendo a una humorista a quien le pidió que eliminara un video. “Mandame a mí que soy adulta, pero no a un niño de 13 años”, reclamó. Si bien el contenido fue eliminado y hubo disculpas, la madre fue clara: “El daño ya está hecho”.

El caso vuelve a abrir el debate sobre la exposición de menores en redes sociales y las consecuencias del acoso digital. Mientras avanza el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la familia enfrenta otro frente: proteger a un adolescente del impacto de la viralización y la crueldad en internet.

Desde este miércoles entró en vigencia en la provincia de Mendoza un régimen de multas y sanciones para los padres, tutores o responsables legales de niños y adolescentes que ejerzan bullying en el ámbito escolar, cuando no adopten medidas para prevenir o revertir esas conductas.

La medida quedó formalizada con la Ley N° 9.682, publicada en el Boletín Oficial y aprobada por la Legislatura provincial el pasado 19 de noviembre. El texto incorpora los artículos 100 bis, 100 ter y 100 quater al Código de Contravenciones, dentro del capítulo referido a las faltas contra la moralidad, la educación y la solidaridad.

La normativa establece sanciones económicas que van de 1.500 a 3.000 Unidades Fijas (UF). Con el valor actual, esto equivale a montos de entre $630.000 y $1.260.000. Sin embargo, a partir de enero, cuando la UF pasará a valer $500, las multas oscilarán entre $750.000 y $1.500.000.

Además de la sanción económica, según la gravedad del caso, los responsables podrán ser condenados a realizar tareas educativas o comunitarias por hasta 30 días.

De acuerdo al artículo 100 bis, la multa alcanza a los padres o tutores que, una vez notificados por la escuela sobre una situación de acoso escolar, incumplan con la adopción de medidas necesarias para evitar la reiteración del hecho o reparar el daño causado.

La ley contempla una primera instancia de intervención escolar, con acompañamiento de equipos interdisciplinarios. Si los adultos responsables no colaboran o incumplen las medidas indicadas, el caso pasa al Juzgado Contravencional.

El dinero recaudado por las multas será destinado al Fondo Provincial creado por la Ley N° 9.545, orientado a la prevención y asistencia de víctimas de bullying, dentro de la Dirección General de Escuelas (DGE), y también a Bibliotecas Populares.

Quedan eximidos de responsabilidad aquellos padres que:

La implementación de esta ley se da en un contexto de creciente preocupación por la violencia escolar en Mendoza, tras una serie de episodios graves ocurridos en establecimientos educativos durante 2025.

Entre ellos, se destacó el caso de una adolescente de 14 años que se atrincheró con un arma en una escuela, y otro episodio en Guaymallén donde una estudiante llevó una réplica de arma al aula. A esto se sumó un fallo judicial inédito, dictado en junio, que condenó a la DGE a pagar $4,5 millones a la familia de una niña víctima de bullying en una escuela pública de Godoy Cruz.

La sentencia marcó un precedente sobre la responsabilidad estatal y educativa en la prevención del acoso escolar, línea que ahora refuerza la nueva legislación provincial.

El Gobierno de Mendoza impulsa una iniciativa que apunta a sancionar a los padres de los alumnos responsables de casos de acoso escolar. El proyecto, enviado por el Ministerio de Educación a la Legislatura, propone modificar el Código de Contravenciones para establecer un régimen de responsabilidad parental frente al bullying.

La medida surge tras un episodio ocurrido en La Paz, donde una alumna llevó el arma reglamentaria de su padre policía al colegio. Según trascendió, la adolescente habría sido víctima de acoso por parte de un compañero, aunque la escuela no tenía registros formales del caso.

UNA ALUMNA LLEVÓ ESTA MAÑANA UN ARMA A UNA ESCUELA DE MENDOZA, DISPARÓ Y SE ATRINCHERÓUna estudiante de 14 años ingresó con un arma a la escuela Marcelino Blanco en La Paz, Mendoza, disparó al menos dos veces y se atrincheró en el patio. No hubo heridos y evacuaron a todos los… pic.twitter.com/LXJqU00O6X

El proyecto establece que los jueces podrán aplicar desde trabajos comunitarios (5 a 50 días) hasta multas económicas de entre $21.000 y $2.100.000, dependiendo de la gravedad del hecho y de la reincidencia. Además, en caso de repetirse el comportamiento, se podrán duplicar las sanciones y ordenar la asistencia obligatoria de las familias a talleres de parentalidad o terapias familiares.

Los fondos recaudados se destinarán a programas de prevención del bullying y al fortalecimiento de bibliotecas escolares.

“El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima y deja marcas profundas. La escuela no puede estar sola en este desafío: necesitamos familias presentes y corresponsables”, argumentó el ministro Tadeo García Zalazar, al presentar la iniciativa.

La propuesta recibió críticas de especialistas. El pedagogo Alejandro Castro Santander, referente en gestión de convivencia escolar, cuestionó que se apunte a castigar a los padres en lugar de integrarlos como aliados. “Si se plantea solo de manera punitiva, se amplía más el conflicto. Lo que funciona es trabajar con medidas preventivas y colaborativas”, señaló.

Desde la cartera educativa defendieron la inclusión en el Código Contravencional: explicaron que en muchos casos los padres no acuden a las citaciones escolares o minimizan los problemas, y que esta herramienta busca dar obligatoriedad y compromiso a su participación.

El proyecto incorpora el artículo 100 bis, que considera contravención la “omisión del deber de vigilancia y cuidado por parte de los padres, tutores o responsables parentales cuando un niño o adolescente a su cargo cometa actos de acoso escolar que causen daño físico, psicológico o emocional a otro menor en el ámbito educativo o social”.

De ser aprobado, Mendoza se convertiría en una de las primeras provincias del país en multar económicamente a las familias por casos de bullying, combinando sanciones punitivas con la obligación de asistir a instancias educativas y de acompañamiento.

El ministro del Interior, Wado de Pedro, visitó este martes a los deportistas paralímpicos que representarán a la Argentina en los próximos Juegos Parapanamericanos que se disputarán entre el 17 y 26 de noviembre Santiago de Chile.

En ese marco, también se realizó la firma del convenio junto al Comité Paralímpico Argentino (COPAR) para sumar a la entidad a la campaña nacional Argentina Contra el Bullying, que lleva adelante la cartera de Interior junto a Educación, para realizar juntos actividades de prevención y concientización.

En el encuentro realizado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), Wado de Pedro le dijo a los deportistas que “son un ejemplo de superación, valentía, coraje y determinación”, y aseguró que “la sociedad tiene que empezar a conocer y ponerse en el lugar del otro y de la otra”.

“La sociedad después de la pandemia cambió. Se profundizó la solidaridad y la empatía porque se comprobó que todos pueden pasar por un drama colectivo” afirmó el titular de Interior en el evento del que también participaron el presidente del COPAR, José María Valladares; el secretario ejecutivo del COPAR, Gustavo Borro; el secretario de Interior, José Lepere; y el director Nacional de Relaciones con la Comunidad y Participación Ciudadana, Martin Cagnola.

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El funcionario nacional señaló a los deportistas como “el ejemplo que necesitan esos pibes y esas pibas para superar cada vez que la sociedad te plantea una visión negativa, de que no se puede, de que sos distinto y la sociedad no es para vos” y los invitó a “ser los embajadores más importantes de la campaña Argentina Contra el Bullying”.

Además, de Pedro contó que a nivel personal le ayudó mucho ser portavoz de la campaña e insistió que la firma del convenio “es una de las gratificaciones más grandes” porque “el deporte es una herramienta de socialización”.

A su turno, Valladares señaló sentirse identificado con la campaña antibullying, y remarcó que “este tipo de acciones trasciende. Hay gente que quiere limitar las funciones específicas del Comité Paralímpico Argentino al deporte y nosotros lo que siempre defendemos es que el deporte, tanto el de alta competencia como el de desarrollo y mediano rendimiento, es un instrumento. Le prestamos atención a todas esas áreas, pero tomando como eje central al atleta paralímpico”.

Por su parte, Borro recalcó que el Comité Paralímpico tiene una total predisposición en acompañar las acciones que el Estado Nacional viene realizando con campañas como estas y aseveró que el acercamiento es fundamental.

Argentina contra el Bullying es una campaña nacional impulsada por los Ministerios de Interior y de Educación enfocada en la concientización, difusión, capacitación y abordaje de la problemática del bullying destinada a personas adultas, medios de comunicación y, por supuesto, a los chicos y chicas.

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