El pasado fin de semana en la localidad de Intiyaco, en el departamento Vera, una niña de 8 años intervino para salvar a su madre de un intento de femicidio. El hecho ocurrió cuando Luis Carlos Meiler, expareja de la víctima, irrumpió en su hogar con un cuchillo, amenazándola de muerte y agrediéndola físicamente.

La investigación y la imputaciónEl fiscal Norberto Ríos brindó detalles de la imputación a Meiler, quien enfrenta cargos por tentativa de femicidio, privación ilegítima de la libertad, lesiones y violación de domicilio. Según la denuncia, Meiler entró clandestinamente al domicilio, donde amenazó a la víctima con un cuchillo y le robó su celular. Durante el ataque, la hija de la mujer se interpuso para defender a su madre, siendo también lesionada con el mismo cuchillo.

Un "angelito" que interrumpió el ataqueEl propio agresor reconoció que gracias a la intervención de la niña, la agresión no culminó en tragedia. “La nena era un angelito, que gracias a ella no terminó de matarla a la mamá”, dijo Meiler en sus declaraciones. El fiscal señaló que la situación fue calificada como tentativa de femicidio debido a la gravedad de la agresión y el contexto de violencia y dominación que ejercía el imputado sobre la víctima.

Más cargos por la agresiónAdemás de las acusaciones por femicidio, a Meiler se le atribuyeron otros delitos, como lesiones leves calificadas, amenazas, lesiones a la menor, violación de domicilio y violación de secretos, ya que se habría metido en la computadora y las redes sociales de la víctima sin autorización.

Prisión preventivaTras la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Meiler, quien fue detenido tras un acuerdo con su defensa. El juez dictó la medida cautelar, aunque la revisión de la prisión preventiva se hará después de la Cámara Gesell que se realizará a la menor, para poder obtener su testimonio.

La situación climática en el norte de la provincia de Santa Fe alcanzó un nivel crítico tras intensas precipitaciones que superaron los 200 milímetros en los últimos días. Los departamentos Vera, General Obligado y 9 de Julio se encuentran entre los más afectados, con campos anegados, poblaciones comprometidas y un fuerte impacto en la producción.

Localidades como Villa Minetti atraviesan un escenario complejo, con zonas urbanas y rurales bajo agua. En ese contexto, desde la Sociedad Rural de Santa Fe advirtieron que alrededor de 700.000 cabezas de ganado están en riesgo, lo que podría generar pérdidas millonarias.

El presidente de la entidad, Ricardo Argenti, describió la gravedad del panorama: “Hay que evacuar los animales hacia zonas más altas, pero el traslado es muy difícil porque debe hacerse por arreo en medio de campos completamente anegados”.

Impacto productivo y sanitario

El exceso hídrico no solo complica el traslado del ganado, sino que también afecta directamente su rendimiento. Según explicaron desde el sector, el estrés generado por estas condiciones impide la ganancia de peso y provoca retrasos en las pariciones, además de problemas sanitarios.

En paralelo, la agricultura también sufre consecuencias severas. La soja aparece como el cultivo más comprometido. “Si el agua no escurre rápidamente, la soja se pudre y se pierde”, advirtió Argenti. En tanto, el maíz tardío presenta mayor resistencia, aunque su evolución dependerá del drenaje en los próximos días.

El reclamo por un plan hídrico

Frente a este escenario, los productores volvieron a insistir en la necesidad de obras estructurales. Desde la entidad remarcaron que la recurrencia de inundaciones deja en evidencia la falta de infraestructura.

“Falta un plan hídrico provincial. Esto es responsabilidad de todos los gobiernos de los últimos 20 años. No hay peor obra que la que nunca se empieza”, cuestionó el dirigente.

La problemática se agrava en la región de los Bajos Submeridionales, donde las características del terreno dificultan el escurrimiento del agua. En situaciones extremas, incluso los ríos alcanzan el mismo nivel que los campos, lo que impide el drenaje natural.

Emergencia y asistencia

Ante la magnitud del fenómeno, las rurales nucleadas en CARSFE iniciaron relevamientos para solicitar la declaración de emergencia o desastre hídrico.

Entre los pedidos al Estado figuran la exención del impuesto inmobiliario rural, líneas de crédito blandas y prórrogas impositivas. Además, se reportaron pobladores aislados que deben ser asistidos mediante embarcaciones, en un contexto donde también se registran cortes de energía eléctrica que complican aún más la situación.

El norte santafesino atraviesa así una de las crisis hídricas más severas de los últimos años, con impacto directo en la producción, la economía regional y la vida cotidiana de cientos de familias.

Un grave episodio ocurrido en el norte de la provincia de Santa Fe derivó en la imputación de cinco hombres acusados de abusar sexualmente de un camionero en una zona rural de Villa Ana, a la vera de la Ruta Provincial 32.

El hecho tuvo lugar el pasado 24 de enero en una cosecha ubicada en jurisdicción de la localidad, que cuenta con unos 3.000 habitantes. La denuncia fue radicada tres días después por la propia víctima, quien relató que fue obligado a descender de su camión a punta de cuchillo por un grupo de cinco hombres a los que conocía.

De acuerdo a la investigación, los agresores actuaron de manera grupal: le bajaron el pantalón y lo abusaron sexualmente, mientras lo amenazaban con cortarle sus partes íntimas. El camionero presentó lesiones compatibles con el ataque y recibió asistencia médica tras el episodio.

Fuentes oficiales confirmaron que la causa fue caratulada como delito contra la integridad sexual. Además, trascendió que existiría un registro fílmico del momento del abuso, el cual forma parte del material probatorio incorporado a la investigación judicial.

En el marco del proceso, cuatro de los cinco imputados permanecen con prisión preventiva, mientras que la Fiscalía solicitó una medida cautelar para que el quinto involucrado —a quien se le concedió la libertad— también quede privado de su libertad. Los acusados tienen entre 31 y 41 años y están imputados por abuso sexual gravemente ultrajante y doblemente agravado.

La causa continúa en etapa investigativa, con medidas en curso y bajo la intervención de la Justicia provincial.

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo este miércoles once allanamientos simultáneos en Reconquista y Avellaneda, en el marco de una causa por juegos de azar clandestinos. La investigación, que avanza bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, apunta a una organización que ofrecía recargas para apuestas de manera ilícita a través de redes sociales y plataformas digitales.

Durante los procedimientos, efectivos de la División Especial – Región IV aprehendieron a dos mujeres —identificadas como C.P.S. y B.A.L.— y a un hombre identificado como L.E.N., quien se desempeña como personal policial. Además, otras 10 mujeres fueron notificadas en el marco de la misma causa.

En los domicilios allanados se secuestraron:

Todos los elementos fueron incorporados como pruebas en la causa, que tramita bajo supervisión del fiscal Nicolás Maglier.

En continuidad con las actuaciones, se informó que, por disposición del fiscal interviniente, B.A.L., L.E.N. y C.P.S. pasaron de estar en calidad de aprehendidos a la condición de detenidos comunicados, permaneciendo alojados en dependencias policiales a disposición de la Justicia penal santafesina.

Los procedimientos forman parte de una investigación por infracción al artículo 301 bis del Código Penal Argentino, que sanciona la captación y explotación de juegos de azar sin autorización, delito penado con hasta seis años de prisión.

En el departamento 9 de Julio, en el norte de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático detectó un desmonte ilegal de 47,5 hectáreas de bosque nativo clasificado como Categoría I – Zona Roja, es decir, de máxima conservación ambiental. Además, constató que la firma Algoservicio S.A. inició obras para una planta algodonera sin contar con el Estudio de Impacto Ambiental obligatorio.

Ante la gravedad del hecho, se procedió a la clausura del predio, el cese inmediato de las actividades y se presentó una denuncia ante la Justicia. Esto derivó en una acción de amparo colectivo ambiental impulsada por la Procuración General de la Corte Suprema de Santa Fe.

“Cuando las reglas se incumplen, hay consecuencias. En Santa Fe promovemos la producción, pero siempre dentro del marco de la ley”, advirtió el ministro Enrique Estévez.

El Juzgado de Distrito Civil, Comercial y Laboral de Tostado dictó una medida cautelar que prohíbe toda intervención en el bosque ubicado en el distrito de Logroño, y ordenó el retiro inmediato de maquinaria y materiales de construcción del lugar.

Además, se exigió que la empresa se abstenga de futuras acciones sobre la zona afectada, al tratarse de un territorio protegido por la Ley Provincial 13.372 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que se enmarca en la Ley Nacional de Bosques N° 26.331.

El caso fue descubierto gracias a una alerta del Sistema Nacional de Alerta Temprana de Deforestación, que monitorea con imágenes satelitales los desmontes no autorizados en el país. Esta herramienta permitió iniciar una investigación provincial que derivó en el operativo.

Las secretarías de Biodiversidad y de Ambiente comprobaron in situ que la obra se desarrollaba sin el EIA correspondiente, lo que representa una violación directa a la normativa ambiental vigente en Santa Fe (Ley 11.717).

“La protección del bosque nativo no es un capricho: es cuidar la biodiversidad, el agua, los suelos y la vida de las generaciones que vienen”, afirmó Estévez. Y agregó: “En Santa Fe apostamos a una producción sostenible que mire al futuro”.

La Provincia reafirmó que el cuidado ambiental y el cumplimiento de la ley son condiciones innegociables para el desarrollo productivo. El desmonte no autorizado afecta la fertilidad del suelo, favorece la erosión y perjudica los recursos hídricos, además de agravar el cambio climático.

El Sistema de Alerta Temprana genera informes quincenales y está disponible para toda la ciudadanía, promoviendo la participación activa en la defensa de los ecosistemas nativos. Gracias a esta herramienta, las autoridades pueden actuar con rapidez ante intervenciones ilegales como la que se dio en Logroño.

El juez Basualdo rechazó la petición de los fiscales de aplicarles prisión preventiva. Investigan si se violó el periodo de incomunicación que debía pesar sobre los detenidos.

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En una audiencia presidida por el juez Gonzalo Basualdo, los abogados Ricardo Ceferino Degoumois, Ricardo Rubén Degoumois, Daniel Baralle y Andrés Ghío fueron imputados como coautores de amenazas coactivas el perjuicio de una mujer, madre de una pretensa victima de abuso sexual, en concurso real con falso testimonio en calidad de autores mediatos. Los fiscales que formularon los cargos fueron Valentín Hereñú y Alejandra del Río Ayala, asistidos por sus pares Sebastián Marichal y Georgina Díaz.

La supuesta víctima del accionar de los profesionales -de apellido Mendoza- se quebró al declarar en el juicio y los acusó de haberla coaccionado para arreglar una declaración favorable a sus intereses. Sus dichos actuaron como disparador para que fueran detenidos de inmediato, con el consecuente secuestro de sus celulares y, más tarde, los allanamientos de sus estudios jurídicos y vehículos particulares, una cuestión que fue largamente cuestionada por las defensas y los propios acusados por entender que se violaron las garantías para ese tipo de procedimientos.

Además, a Ghío se le atribuyó tenencia de arma de guerra y civil de uso condicional sin la acreditación correspondiente.

La audiencia primera comenzó cerca de las 13:30 y en ella los fiscales recusaron al juez Santiago Banegas por haberles enrostrado, previo a los allanamientos, "qué circo que están armando, esto es una payasada", y luego de los allanamientos "ustedes son unos pelotudos, en qué idioma escribo yo las órdenes", en alusión a que no se habrían observado las condiciones establecidas.

Visiblemente molesto por el señalamiento, Banegas retrucó y acusó a los fiscales Hereñú y Maglier de haber roto los códigos al ventilar una conversación privada, y tras dar su versión -"lo hice para advertirles que de esa forma todo iba a ser declarado nulo"-, rechazó la recusación de la que era objeto, pero decidió apartarse de la causa.

La OGJ debió buscar un nuevo juez que lleve adelante el debate, responsabilidad que recayó sobre el magistrado de turno Gonzalo Basualdo. Tras su designación la fiscalía avanzó con las imputaciones delictivas, con quantums penales que van de los 2 a los 15 años de prisión, y que va de suyo fueron resistidas por involucrados.

A las 18:30, después de un cuarto intermedio, se reanudó la audiencia de medida cautelar. A esa altura, la voz cantante del MPA la llevó la fiscal Del Río Ayala, que reclamó prisión preventiva para todos los involucrados en atención a los riesgos procesales de peligro de fuga, pero sobre todo de entorpecimiento probatorio.

Luego de otro cuarto intermedio, el juez Basualdo se inclinó por dejar en libertad a los cuatro operadores judiciales y les fijó reglas de conducta y una caución de 20 millones de pesos para cada uno de ellos.

Incomunicación vulnerada

La fiscal Alejandra del Río Ayala reveló el listado de visitas que accedió a tener contacto con los abogados detenidos al momento en que pesada sobre ellos la orden de incomunicación.

Frente al juez Gonzalo Basualdo, que presidió el debate, la funcionaria leyó detenidamente -con detalles de horarios de ingreso y egreso- la nómina de personas que tuvo contacto prohibido con los profesionales alojados en el área de detenciones de la Unidad Regional XIX.

Cerca de una decena de abogados fueron señalados por Del Río Ayala por ingresar a entrevistarse con los letrados imputados por amenazas coactivas y falso testimonio, y en ese sentido la fiscal indicó que el MPA ya abrió una causa para investigar responsabilidades de los guardias y jefes de la alcaidía verense.

En todos los casos, el período de incomunicación rige por 48 horas una vez aprehendidos los involucrados en un hecho delictivo. De acuerdo al detalle presentado en audiencia por la funcionaria del MPA, ese lapso de tiempo en el que solo pueden tener contacto con su abogado defensor no se respetó. Por su parte, los apuntados expusieron que tras ser apresados en la noche del jueves estuvieron incomunicados hasta el momento de comenzar la audiencia, en el mediodía del lunes. Esa situación abre otra instancia que seguramente será objeto de cuestionamientos judiciales.

Los abogados Degoumois (padre e hijo) habían designado al defensor público Orlando Toniolo para representarlos, en tanto Andrés Ghío referenció a la Dra. Fabiola Piemonte para que ejerza su defensa.

Barro Definitivamente, en la jornada del lunes a la justicia de Reconquista la tapó el barro. El cruce entre los fiscales y el juez Banegas dejó un sabor amargo. Ese incidente cruzó un límite que hasta ahora parecía definido e infranqueable: el de la confianza mutua entre los funcionarios judiciales. Insultos, descalificaciones y la revelación de diálogos privados para apartar a un juez pusieron en crisis la salud del sistema en esta circunscripción.

Tampoco lució del todo bien la actuación de los fiscales, con varios “errores de tipeo” en su acusación, con intervenciones descoordinadas entre sí, con yerros en aspectos puntuales de la causa y, a veces, con baches antes las preguntas del juez a cargo, que no estaba al tanto de la causa y debió extremar su esfuerzos para sacar adelante este paso procesal. Enfrente, las estrategias defensivas no tuvieron fisuras, fueron claras y contundentes. La prueba está en que los penalistas se fueron a sus casas, con mínimas restricciones, imputados pero en libertad.

JuicioEn medio de esta jornada larga y tediosa, sobrevoló una duda de fondo. La inquietud pasa por dilucidar la suerte que correrá el juicio por a denominada “causa madre” en la que está imputado por supuesto abuso sexual del Dr. Ricardo Ceferino Degoumois, suspendido a raíz de la denuncia que derivó en la cita de ayer. Por el momento, reina la incertidumbre acerca de si proseguirá su curso o si será reprogramado para nueva fecha.

Norte24

Aparentemente, la vecina de 49 años salía de bañarse tocó el electrodómestico. Lamentablemente, la mujer ingresó al efector de salud sin signos vitales

En la mañana del lunes 15 de enero de 2024, un vecino del Barrio Virgen de la Salud en la localidad de Las Toscas, Sergio Piedrabuena, se encontró con un terrible escenario al regresar a su hogar. Al ingresar, se encontró con su esposa, Rosana Leticia Pérez, de 49 años, yaciendo en el suelo cerca de un ventilador metálico en funcionamiento. Leticia estaba inconsciente, descalza y presentaba notables señales de quemaduras en uno de sus codos.

En plena tarde, con dos cuchillos en las manos, quiso matar a otro hombre luego de una discusión

De inmediato, Piedrabuena solicitó la asistencia de la policía, comunicando la crítica situación. Respondiendo al llamado, los Bomberos Voluntarios acudieron al domicilio y trasladaron rápidamente a Leticia en el móvil de emergencias hasta el Servicio de Atención Médica Coordinada (SAMCO) local. A las 09:40 horas, lamentablemente, la mujer ingresó al efector de salud sin signos vitales, siendo confirmada su muerte por paro cardiaco debido a una electrocución.

Ante este trágico desenlace, el fiscal de turno fue informado de los acontecimientos. En consecuencia, se decidió prescindir de la realización de autopsia y del Grupo Técnico de Criminalística. La autoridad dispuso que el cuerpo de Rosana Leticia Pérez fuera entregado a sus familiares para llevar a cabo el velatorio y posterior inhumación.