El senador provincial Alcides Calvo se refirió al debate en torno al traslado de la alcaidía de la ciudad de Rafaela y consideró que se trata de una necesidad largamente planteada, aunque reconoció que la discusión sobre la localización genera resistencias y requiere una definición política clara.

“La necesidad está planteada desde hace muchos años y hay que tratar de buscarle una salida”, sostuvo Calvo, al recordar que el tema atravesó distintas gestiones provinciales, desde la de Miguel Lifschitz hasta la de Omar Perotti. En ese marco, explicó que uno de los principales obstáculos es la localización. “El problema son los espacios y los terrenos. Nadie quiere una alcaidía cerca”, afirmó con crudeza.

El senador señaló que la propuesta impulsada por el actual Ejecutivo municipal no cuenta con consenso pleno, aunque destacó que el proyecto está contemplado en el presupuesto provincial. “Está dentro del presupuesto y me consta, porque tengo un proyecto de ley con media sanción que ya pasó a Diputados, donde planteamos no solo el proyecto técnico y la ejecución de la obra, sino también la compra del terreno”, explicó.

En ese sentido, relató que se evaluaron distintas alternativas sin éxito. “Se habló de terrenos federales, de localidades vecinas, pero nadie quiere tener una alcaidía. Rafaela es la que hoy tiene una propuesta concreta, y eso es una decisión política de la actual gestión municipal”, indicó.

Para Calvo, el principal riesgo es que la discusión dilate una solución necesaria. “Lo más difícil, sinceramente, es que se pierda la oportunidad de tener una nueva alcaidía”, advirtió. Según explicó, hoy existen dos factores clave: “El intendente ya asignó un lugar y el gobernador está planteando que están los recursos para ejecutarla”.

No obstante, remarcó que se trata de una obra que requiere debate y consenso. “Es una decisión que va a tener que tomar el gobernador junto con el intendente, pero es una obra que necesita mucha discusión”, afirmó.

Uno de los puntos centrales de su postura fue la necesidad de diferenciar conceptos. “Hay que garantizarle a los vecinos que esto no es una cárcel, es una alcaidía”, aclaró. Y precisó: “Debe ser para personas con paso transitorio, que no tienen condena firme. Quienes ya están condenados deben ir a unidades penitenciarias como Coronda, Piñero u otras”.

Calvo consideró que cambiar el enfoque puede modificar la percepción social. “Si se entiende bien el concepto, la discusión es otra”, sostuvo.

Finalmente, el senador planteó que cualquier decisión debe contemplar el impacto en el barrio donde se ubique la obra. “Cuando una obra genera rechazo, hay que preguntarse qué compensación tiene”, reflexionó. En ese sentido, mencionó la posibilidad de mejoras en seguridad, infraestructura y entorno urbano.

“No puede haber rafaelinos de primera, segunda o tercera. Somos todos iguales”, enfatizó, y sostuvo que muchas veces “la desinformación genera rechazo”. Por eso, pidió un diálogo abierto con los vecinos para lograr “la mejor salida posible” a un debate que considera inevitable.

La polémica por la construcción de la nueva alcaidía en Rafaela sumó un nuevo capítulo con la presentación de un planteo formal ante el gobernador Maximiliano Pullaro. Los concejales Maximiliano Postovit y Juan Senn ratificaron su rechazo al emplazamiento previsto en el sector norte de la ciudad y entregaron una carpeta vinculada a la seguridad, con fundamentos políticos y territoriales sobre la decisión.

Postovit recordó que la localización había sido aprobada por una conformación anterior del Concejo Municipal. “Sabemos que esto ya se votó con la composición del Concejo anterior y ahora con esta nueva conformación lo que también nos decía la ciudadanía cuando estábamos recorriendo en campaña es que, sobre todo en el sector norte de la ciudad, la gente estaba en desacuerdo”, afirmó. En ese marco, sostuvo que “no hubo un diálogo ni un consenso para llevar la alcaidía a lo que es Avenida Italia y el Camino Público número 5”.

El edil aclaró que la oposición no cuestionó la salida de la alcaidía del centro, sino el sitio elegido para su relocalización. “La alcaidía tiene que salir del centro, en eso estamos todos de acuerdo”, explicó. “Lo que buscábamos era un consenso para definir el lugar”.

Postovit remarcó además la situación actual del edificio. “La alcaidía hoy tiene 46 plazas originalmente, pero ha llegado a tener 130, 120, 110 detenidos, se duplicaba o hasta se triplicaba”, detalló. Por eso, sostuvo que la mudanza es necesaria. “Entendemos que por el bienestar policial es necesario que sea reubicada, para que el personal pueda trabajar cómodamente y no con detenidos hacinados”.

El concejal explicó que lo aprobado en el Concejo fue una declaración política. “Este es un proyecto de declaración, no es superior a una ordenanza, pero expresa que el cuerpo vigente hoy está en desacuerdo”, indicó. Y agregó: “Desde el punto de vista político es una herramienta que la puede tomar o no el gobernador”.

También destacó la reacción de los barrios involucrados. “Hoy fueron vecinos del barrio Mora y algunas instituciones que también rechazaban esto”, afirmó.

Postovit cuestionó la forma en que se avanzó con el proyecto. “Esto se tenía que haber debatido con tiempo”, señaló. “Se tenía que haber convocado, por ejemplo, al consejo consultivo o al foro de seguridad para elegir el mejor lugar”.

También pidió ampliar la discusión al plano regional. “La Unidad Regional V abarca todo el departamento Castellanos, entonces hay que llamar a los demás intendentes, presidentes comunales y debatirlo de manera metropolitana”, sostuvo.

Sobre el acompañamiento político al proyecto, fue crítico. “Veo que se lo defiende como si fuera un hotel cinco estrellas, y nosotros no lo vemos de esa manera”, expresó. “Yo creo que es un retroceso para la ciudad y vamos a ver los efectos en el mediano y largo plazo”.

Finalmente, Postovit explicó la diferencia técnica entre ambos conceptos. “La alcaidía aloja personas detenidas que están esperando un proceso penal hasta que el juez diga si es culpable o inocente”, detalló. En cambio, “cuando la sentencia queda firme, ahí irían a Piñero, Las Flores o Coronda, que son penitenciarías”.

Sin embargo, alertó sobre la capacidad proyectada del nuevo edificio. “La nueva construcción es para 240 personas. Si hoy tenemos alrededor de 100 detenidos, ¿qué va a pasar con las otras 140 plazas?”, se preguntó. Y advirtió: “Eso se va a usar, porque siempre hay cupos que se van pidiendo, y el acto administrativo de que sea alcaidía o cárcel es simple”.

la Luego de la presentación inicial a cargo de la presidente Mabel Fossatti y del izamiento de la bandera por parte del concejal Fabricio Dellasanta, iniciaron el tratamiento de los proyectos.

En primera instancia se abordó un proyecto elevado por el Ejecutivo para  exceptuar a los propietarios de la organización "Rincón del Pinar", en lo que respecta a la obligación de construir pavimento asfáltico, manteniendo las restantes obligaciones y debiendo realizarse un pavimento de hormigón.

La semana pasada, el Departamento Ejecutivo Municipal de Rafaela presentó una ordenanza con el objetivo de refrendar el decreto ratificatorio del convenio entre el Municipio y el concesionario de la nueva Estación Terminal de Ómnibus.

La iniciativa presentada busca ordenar y regularizar una situación contractual de larga data, al tiempo que permitirá avanzar en obras de mejora estructural, mantenimiento y conservación del edificio, considerado un espacio estratégico para la movilidad urbana y el funcionamiento diario de la ciudad.

El proyecto establece que la Municipalidad asumirá la reparación integral de la calzada en los sectores de ingreso, playa y egreso de los colectivos. La intervención prevista abarca aproximadamente 580 metros cuadrados de hormigón, e incluye además la ejecución de los cordones de separación de dársenas pendientes, conforme a lo oportunamente acordado.

Como contraprestación por el uso de los espacios hasta la firma del convenio, el Municipio se compromete a ejecutar, antes del 31 de mayo de 2026, una serie de obras de mejora en la infraestructura general. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad.

Asimismo, los legisladores locales votaron un proyecto de declaración que tiene como objetivo rechazar la construcción de una unidad penitenciaria en el sector norte del ejido urbano, particularmente en la extensión de avenida ltalia, en su intersección con el camino público N ° 5. 

En un debate marcado por fuertes cruces, la oposición expuso su postura respecto de la construcción de la alcaidía en el norte de la ciudad. Señaló que el año pasado se utilizó la mayoría absoluta para aprobar el proyecto sin diálogo ni consenso previo con instituciones y vecinos. No obstante, aclaró que comparte la necesidad de trasladar la jefatura del lugar donde actualmente funciona.

Por su parte, el oficialismo sostuvo que resulta imprescindible retirar la alcaidía del emplazamiento actual, sobre bulevar Santa Fe. En ese marco, cuestionó a la oposición por rechazar la obra en el sector propuesto sin presentar, a su criterio, una alternativa concreta para la localización de la nueva unidad penitenciaria.

De este modo, el proyecto que rechaza la construcción de la alcaidía fue aprobado por mayoría. Acompañaron la iniciativa María Paz Caruso, Maximiliano Postovit, Juan Senn y Valeria Soltermam, del PJ, junto a Fabricio Dellasanta y Milagros Zafra, de La Libertad Avanza.

En contraposición, votaron de manera negativa Juan Scavino, por Unidos, y Lisandro Marsico y Carla Boidi, por el PDP. 

El proyecto será elevado a los legisladores provinciales. 

Luego se debatió una ordenanza con la premisa de establecer un régimen de implementación gradual, progresiva y sustentable de las cortinas forestales en el área periurbana del distrito Rafaela, con el objeto de garantizar la protección ambiental del área urbana mediante mecanismos técnicamente viables y económicamente factibles, con apoyo activo del Estado Municipal.

Por último, se trató una resolución para derogar la designación de los ediles en  las comisiones externas.

Tomás, Luca y Lourdes, estudiantes de la Escuela de Enseñanza Media Nº 376 “Joaquín Dopazo”, expusieron en el Concejo Joven su preocupación por la futura instalación de la alcaidía de Rafaela en la zona noreste de la ciudad. Los jóvenes impulsan un pedido formal para que el Gobierno Provincial revea la ubicación prevista, al considerar que afectará directamente a los barrios cercanos.

“La verdad que fue un tema bastante difícil de elegir. Cuando muchos de nosotros nos enteramos que se iba a hacer una cárcel en zona noreste de la ciudad, muy cerca de los límites urbanos, nos pegó muy fuerte, ya que muchos vivimos en esos barrios”, explicó Tomás.

Los estudiantes residen en sector Mora, Italia y Virgen del Rosario, y expresaron que la noticia despertó temor. “Al saber que iba a estar tan cerca, nos generó mucha inseguridad”, señalaron.

Los alumnos relataron que parte de la preocupación surgió de la falta de consultas previas. “Al preguntarle a nuestro concejal padrino, si se le dio participación a la gente o si estuvieron de acuerdo, nos dijo que no, que ni siquiera ellos estaban preparados para saber que se iba a hacer una cárcel”, indicaron.

Ese dato fue determinante para iniciar la elaboración del proyecto. “Dijimos: vamos a reaccionar y vamos a hacer que no se haga la cárcel en ese lugar porque nos va a afectar mucho”, resumió Luca.

Los chicos comenzaron a trabajar en junio, acompañados por el concejal Martín Racca. “Nos empezó explicando lo que era concejo joven, porque varios no conocíamos. Se empezó poco a poco y salió muy natural. Fue un proyecto muy lindo que también nos unió como grupo”, contó Lourdes.

La presentación ante los concejales fue una experiencia positiva: “Nos desenvolvimos bastante bien enfrente de todos. Pensamos que nos iban a acribillar a preguntas, pero no. Pudimos conectar muy bien con lo que es el Concejo y con todos los concejales”.

El grupo fundamentó su postura con datos sobre el proyecto provincial. “La cárcel se construirá a ochocientos metros de la última calle del barrio Mora, que sería Corti. En ese lugar está actualmente el refugio de animales, que sería removido a un lugar que todavía no se sabe”, explicaron.

También remarcaron que la alcaidía tendría capacidad inicial para unas 250 personas, pero desconfían de que el número se mantenga. 

Lourdes agregó otro punto que generó fuerte preocupación: “Se sabe y se comprobó en otras ciudades que donde se instaló una cárcel o alcaidía se vienen muchos asentamientos, porque se vienen a vivir los familiares de esas personas. Nos genera mucha inseguridad”.

Los estudiantes realizaron encuestas presenciales y virtuales para conocer la opinión de la comunidad. “Llegamos a las quinientas. Y lo primero que vimos es que no mucha gente sabía del tema. No estaban informados de la decisión”, detallaron.

Incluso recopilaron testimonios de trabajadores ligados a la seguridad. “Hablamos con policías y con guardas, que también nos dieron su punto de vista. Dijeron que es desfavorable poner una alcaidía en ese sector, cerca de la ciudad. Básicamente sería desfavorable en cualquier sector cercano”, señalaron.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe oficializó la aceptación  del terreno donado por el intendente Leonardo Viotti para la construcción de un establecimiento penitenciario al Norte de la ciudad.

El decreto, firmado por el gobernador y publicado recientemente, aprueba “ad referéndum de la Legislatura” la cesión de una fracción de terreno de 14.111 metros cuadrados ubicada en calle Concesión 155, identificada como parte del Catastro Municipal N° 28268.

El predio, perteneciente al dominio privado de la Municipalidad, fue cedido con el cargo de destinarlo exclusivamente a la construcción de la Alcaidía y sus obras de infraestructura complementarias.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Secretaría de Asuntos Penales brindó su conformidad para avanzar con el trámite, mientras que el Registro General de la Propiedad confirmó la titularidad municipal del inmueble.

El Concejo Municipal de Rafaela aprobó el 31 de diciembre de 2024, en el marco de una polémica sesión extraordinaria convocada por el intendente Leonardo Viotti, la donación de un terreno para el traslado de la Alcaidía local al Norte de la ciudad. La medida recibió la aprobación con el voto negativo de los concejales de la oposición, mientras que los ediles oficialistas defendieron el proyecto imponiendo su mayoría.

El Decreto Provincial establece en su Artículo 1° la aceptación formal de la donación y el agradecimiento al municipio. Además, encomienda a la Escribanía de Gobierno la inscripción del instrumento legal y dispone la comunicación a la Contaduría General de la Provincia y a la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía.

El expediente —identificado con el número 01910-0000359-8— se tramitó dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad, y contó con dictamen favorable de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, sin objeciones legales.