La causa que desarticuló un punto de venta de estupefacientes que operaba en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe terminó con dos hombres condenados.

En una audiencia de procedimiento abreviado celebrada en los tribunales locales, el juez penal Pablo Busaniche resolvió condenar a Santos Gabriel Ponce, de 52 años, y a su hijo Nicolás Juan Manuel Ponce, de 22, como coautores responsables del delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".

El fallo fue el resultado de un acuerdo alcanzado entre el fiscal de la Unidad de Microtráfico, Arturo Haidar, y el abogado defensor Héctor Acuña. Ambos imputados, domiciliados en la Manzana 10 del mencionado barrio, admitieron su culpabilidad y aceptaron cumplir una pena de 4 años de prisión de ejecución efectiva, además del pago de una multa económica.

La resolución también dispuso el decomiso del dinero en efectivo y los elementos de fraccionamiento secuestrados, así como la destrucción de la droga incautada durante el allanamiento al búnker que comandaban.

La investigación permitió acreditar que los Ponce utilizaban su vivienda para el fraccionamiento y venta de cocaína y marihuana a consumidores directos. La fiscalía presentó evidencias que incluyeron filmaciones, actas de allanamiento y, fundamentalmente, el resultado del peritaje de los teléfonos celulares, donde quedaron registradas conversaciones que daban cuenta de la actividad ilícita.

Pese a que Nicolás Ponce intentó desvincular a su progenitor asumiendo toda la responsabilidad, las pruebas digitales confirmaron que ambos coordinaban las ventas.

La investigación comenzó a gestarse en agosto de 2025, cuando personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó tareas de observación en un pasillo ubicado en la intersección de las calles Estrada y Lisandro de la Torre.

Los agentes documentaron que diversas personas ingresaban allí y se dirigían a una vivienda de fachada amarilla, donde realizaban transacciones rápidas a través de una ventana antes de retirarse manipulando pequeños envoltorios.

El golpe definitivo se dio el 20 de septiembre de 2025, a la 1.15 de la madrugada, cuando se ejecutó una orden de allanamiento autorizada por el juez Sergio Carraro. En el interior de la finca, los investigadores hallaron un verdadero centro de fraccionamiento.

En la habitación de los padres, dentro de una campera negra sobre la cama, se incautó un paquete con 96 envoltorios de cocaína listos para la venta, que arrojaron un pesaje de 21,6 gramos. También secuestraron otros envoltorios esparcidos por el ambiente principal y el patio, además de una balanza de precisión y recortes de papel satinado utilizados para el embalaje.

Una de las pruebas clave fue el análisis de un teléfono Samsung A23 perteneciente a Ponce padre. Del peritaje digital surgieron diálogos directos con su hijo Nicolás bajo el usuario "Nicolasp", donde intercambiaban información logística sobre el stock de material y las ventas realizadas.

Esta evidencia fue crucial para sostener la coautoría, desestimando la versión inicial del hijo que pretendía exculpar a su padre, quien trabajaba como empleado en un organismo nacional.

El juez Busaniche impuso las condenas y ordenó que ambos permanezcan bajo custodia del Servicio Penitenciario hasta que la sentencia quede firme. La resolución no sólo cierra un foco de conflicto en Santa Rosa de Lima, sino que también ordena que el dinero decomisado sea destinado a la prevención y asistencia de adicciones, conforme lo establece la ley provincial.

El ex boxeador está detenido en la Unidad N° 41 de Campana desde febrero de 2022. Recibió la pena de 16 meses de cárcel por golpear y amenazar a mujer que conoció en app de citas.

Rodrigo “La Hiena” Barrios fue condenado a un año y cuatro meses de prisión en el marco de la causa por violencia de género, ocurrido en la madrugada del 4 de febrero del año pasado, por la que se encuentra detenido desde febrero de 2022.

Ahora un tribunal consideró que el exboxeador fue encontrado culpable de los delitos de "amenazas en concurso real con lesiones leves agravadas por ser cometidas con violencia de género".

A su vez, la Justicia lo declaró "persona reincidente" ya que poseía la condena previa de tres años y siete meses de cárcel por el homicidio culposo de Yamila González ocurrido en Mar del Plata.

La joven estaba embarazada y murió luego de ser atropellada por el exboxeador cuando manejaba una camioneta de alta gama en enero de 2010, en el centro de aquella ciudad balnearia.

El fiscal del juicio, Diego Callegari -quien integró la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Tigre-, había pedido en su alegato una pena mayor, de dos años y medio de prisión, luego de que la víctima afirmara que había sido amenazada con un arma de fuego. Pero en el fallo, el juez aclaró que en el allanamiento realizado en el domicilio no se halló ninguna, y por lo tanto no hubo certeza para acreditar que el condenado haya portado una.

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El 4 de febrero de 2022 el hijo de la víctima, un adolescente de 13 años, llamó al 911 para alertar que a su mamá le estaba pegando y que el agresor tenía un arma de fuego. Otro llamado fue hecho por una vecina que bajó del colectivo y que, al pasar por la casa, avisó que dentro de la vivienda de Barrios se escuchaba a una mujer que pedía auxilio y gritaba: “¡me vas a matar!”.

De acuerdo con lo que luego contó la víctima a los profesionales que la asistieron, había conocido a Barrios el 28 de enero a través de la aplicación de citas Badoo y pasó un par de días en su casa. Según la mujer, el exboxeador la agredió, la sujetó, la tiró contra una pared y hasta la amenazó con un arma de fuego delante de su hijo de 13 años.

Mientras que, en su indagatoria y en el juicio, Barrios negó los hechos y dijo que la situación había sido al revés, que en realidad la mujer lo había agredido y lo había amenazado con denunciarlo por tener plantas de marihuana.(Doble Amarilla)