Una importante presencia policial sorprendió este domingo al ambiente del automovilismo argentino durante la actividad oficial en el Autódromo Roberto Mouras. En pleno desarrollo de las competencias de TC Pick Up, TC Pista Pick Up, TC Mouras y TC Pista Mouras, efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron un allanamiento dentro del predio por orden judicial.

El procedimiento fue encabezado por agentes de la PFA bajo instrucciones del Juzgado de Garantías N°5 de La Plata y estuvo relacionado con una investigación por presuntas irregularidades en las habilitaciones del circuito platense.

Según trascendió, entre 50 y 70 efectivos participaron del operativo mientras continuaba la programación deportiva en pista, en una escena que generó sorpresa y tensión dentro del autódromo.

La inspección judicial se suma a una serie de controles y allanamientos que vienen desarrollándose desde finales de 2025 tanto por parte de la Policía Federal como de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), en medio de un contexto judicial cada vez más complejo alrededor de la conducción de la Asociación Corredores Turismo Carretera.

La causa que involucra a Hugo y Gastón Mazzacane

El operativo en La Plata aparece además conectado con la investigación judicial que involucra a Hugo Mazzacane y Gastón Mazzacane, presidente y vicepresidente de la ACTC respectivamente.

Semanas atrás, la Justicia había allanado también la sede central de la entidad automovilística en el marco de una causa por presunta evasión fiscal y defraudación al Estado.

La investigación se originó tras una denuncia presentada por ARCA en La Plata, luego de detectar inconsistencias en declaraciones fiscales correspondientes al período 2021-2024. A partir de allí, la fiscal federal Laura Roteta avanzó sobre el entramado empresarial vinculado a los dirigentes.

De acuerdo con la causa, la Justicia sospecha de un esquema de vaciamiento patrimonial sostenido durante años para dificultar el pago de impuestos y ocultar movimientos financieros.

Las maniobras investigadas alcanzarían cifras cercanas a los 4.000 millones de pesos y estarían relacionadas con operaciones realizadas a través de la firma Quilmes Tolosa S.A., distribuidora de bebidas perteneciente al grupo empresario investigado.

Entre los elementos bajo análisis aparecen ventas no registradas, presuntas maniobras de evasión tributaria y transferencias de bienes entre distintas empresas vinculadas.

Como parte de las medidas cautelares dispuestas por la Justicia Federal, Hugo y Gastón Mazzacane fueron procesados y además sufrieron el embargo de aproximadamente 100 vehículos, siete inmuebles y once cuentas bancarias.

Mientras continúa el avance de la investigación, el operativo realizado este domingo en el autódromo platense volvió a poner bajo la lupa a la ACTC y profundizó el impacto institucional dentro del automovilismo nacional.

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que se realizaron allanamientos en dos domicilios del departamento San Martín, en el marco de una investigación vinculada al ataque ocurrido el pasado 30 de marzo en la Escuela Normal Mariano Moreno N° 40 de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde fue asesinado un estudiante.

Las medidas fueron ordenadas luego de que la Procuración General de Salta recibiera un informe remitido por la Unidad Fiscal 505 de Rafaela, que interviene en la causa santafesina. Según la información oficial, en el avance de esa investigación surgieron elementos vinculados a un adolescente residente en el norte salteño, quien habría mantenido contacto a través de entornos digitales con el joven involucrado en el hecho registrado en la escuela.

A partir de ese informe, el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, dispuso la conformación de una unidad fiscal integrada por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, y el fiscal penal de Tartagal, Pablo Alejandro Cabot.

De acuerdo con el parte difundido por el Ministerio Público Fiscal salteño, en la evidencia digital analizada se habrían advertido manifestaciones y conductas que motivaron la intervención judicial, especialmente por posibles interacciones en comunidades virtuales donde se detectaron expresiones asociadas a la normalización discursiva de la violencia y a procesos de radicalización en espacios digitales.

En ese contexto, y con autorización del juez Aníbal Burgos, del Juzgado de Menores en turno, se llevaron adelante allanamientos, registros e inspecciones en dos viviendas de Tartagal, con el objetivo de secuestrar elementos de interés y preservar evidencia digital potencialmente relevante para la causa.

Durante los procedimientos se incautaron dispositivos informáticos y soportes tecnológicos, sobre los cuales se realizaron constataciones técnicas para identificar posibles archivos o datos alcanzados por la orden judicial.

El Ministerio Público Fiscal indicó que el análisis preliminar de los elementos secuestrados arrojó referencias vinculadas únicamente con la investigación que se desarrolla en Santa Fe. En principio, se descartó la existencia de un hecho aislado o independiente que pudiera involucrar a la comunidad salteña.

Además, se adoptaron medidas urgentes de resguardo y protección, con intervención de la Asesoría de Incapaces y de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia. También se dispuso una consigna policial fija en el domicilio del adolescente involucrado.

Está prevista una audiencia ante el Juzgado de Menores, con participación del adolescente, sus progenitores, la asesora interviniente y representantes de la Fiscalía.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta remarcaron que, al tratarse de actuaciones que involucran a personas menores de edad y víctimas, la investigación se desarrolla bajo estricta reserva, con resguardo de los derechos y garantías correspondientes.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, llevó adelante este sábado mañana tres allanamientos en las localidades de San Lorenzo y Fray Luis Beltrán en el marco de una causa de amenazas en escuelas.

Un menor junto a sus padres fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

Continuando con las investigaciones en toda la provincia por las intimidaciones públicas en establecimientos educativos, se efectuaron procedimientos en domicilios ubicados en Álamo al 1700 de San Lorenzo, Pellegrini al 400 y Cochabamba al 1200 de Fray Luis Beltrán, donde se secuestraron 14 teléfonos celulares, dos computadoras de escritorio, un pendrive, una balanza de precisión, frascos con cogollos de marihuana y dinero en efectivo.

Por disposición del fiscal Maximiliano Nicosia, del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, el menor de 16 años fue trasladado junto a sus progenitores a sede policial para la realización de los trámites de rigor, mientras que los elementos secuestrados serán sometidos a pericias en el marco de la investigación.

Los episodios más recientes se registraron durante la jornada del jueves 23 de abril en la ciudad de Santa Fe, con intervenciones policiales y activación de protocolos escolares en ambos casos.

Horas más tarde, alrededor de las 12:50, se registró un hecho similar en la Escuela N° 684 “Mariano Quiroga”, ubicada en avenida Aristóbulo del Valle y Ricardo Aldao.

En este caso, alumnos de segundo año advirtieron la presencia de un objeto compatible con material balístico en una de las mochetas de una ventana del aula, al intentar ventilar el espacio. La situación fue comunicada a las autoridades escolares, quienes activaron el protocolo sin interrumpir el normal dictado de clases.

Personal policial intervino en el lugar y dio aviso a la fiscalía de menores en turno, a cargo del fiscal Manuel Ceccini, quien dispuso la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI).

En este caso, alumnos de segundo año advirtieron la presencia de un objeto compatible con material balístico en una de las mochetas de una ventana del aula, al intentar ventilar el espacio. La situación fue comunicada a las autoridades escolares, quienes activaron el protocolo sin interrumpir el normal dictado de clases.

Personal policial intervino en el lugar y dio aviso a la fiscalía de menores en turno, a cargo del fiscal Manuel Ceccini, quien dispuso la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI).

Muy cerca del lugar donde detuvieron a los principales sospechosos del homicidio en Rafaela, allanaron una vivienda.

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Durante el mediodía de este domingo, se desarrolló un intenso movimiento policial en las calles de la vecina localidad porque habrían detenido a dos personas vinculadas al homicidio sucedido en la madrugada de este domingo. Uno de ellos sería el que habría atacado a Cristian Benítez.

Pero eso no fue todo: a escasos metros del lugar de la detención, una vivienda (Córdoba al 100 aproximadamente) fue allanada en busca de evidencia crucial relacionada con este inquietante suceso. Para llevar a cabo esta diligente misión, la Patrulla de Acción Táctica y otras fuerzas de seguridad se unieron en un esfuerzo conjunto.

Desde tempranas horas de la mañana, la localidad Bella Italia fue testigo de un despliegue sin precedentes por parte de las autoridades. Con la finalidad de obtener pruebas concluyentes sobre el caso de homicidio en Rafaela, los agentes encabezaron un allanamiento en una residencia ubicada a pocos pasos del lugar de la detención. La vivienda en cuestión se convirtió en el epicentro de un gran revuelo, despertando la curiosidad de los vecinos y manteniendo en vilo a la comunidad.

Homicidio en Rafaela: habrían detenido al presunto asesino en Bella Italia

En esta operación de alta tensión, la Patrulla de Acción Táctica, Cuerpo Guardia Infantería, Agencia de Investigación Criminal y otros destacamentos de seguridad desplegaron todos sus recursos y conocimientos para llevar a cabo una búsqueda exhaustiva.