El presidente Javier Milei ha dispuesto, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/2025, una ampliación presupuestaria de $7.366 millones para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). De este monto, $1.625 millones están destinados específicamente a gastos reservados del organismo.

La reasignación de fondos se distribuye en:​

Esta ampliación se produce en un contexto donde, previamente, el Gobierno había asignado $100.000 millones adicionales a la SIDE mediante el DNU 656/2024, que fue posteriormente rechazado por ambas cámaras del Congreso, marcando un precedente histórico en la política argentina. ​

La nueva asignación de fondos podría generar debates en el ámbito político y social. Créditos: REUTER.

La nueva asignación de fondos podría generar debates en el ámbito político y social, considerando las recientes controversias relacionadas con el presupuesto destinado a los organismos de inteligencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos.​

El aumento de los fondos destinados a la SIDE despertó críticas en diversos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos. Desde la oposición advierten que la falta de transparencia en el manejo de los gastos reservados puede facilitar un uso discrecional de estos recursos, sin mecanismos de control adecuados.

Además, algunos legisladores han señalado que la medida contradice el discurso oficial de austeridad del gobierno, ya que mientras se recortan partidas en áreas como educación y salud, se incrementan los fondos destinados a inteligencia.

Fuentes cercanas al Gobierno argumentaron que este refuerzo presupuestario es necesario. Créditos: REUTER.

Por otro lado, fuentes cercanas al Gobierno argumentaron que este refuerzo presupuestario es necesario para modernizar la estructura de inteligencia y mejorar la seguridad nacional. Según indicaron, una parte de estos recursos estará destinada a fortalecer la ciberseguridad y el combate contra el crimen organizado.

No obstante, especialistas en la materia advierten que sin un control parlamentario efectivo, estos fondos podrían derivarse a actividades poco claras, aumentando las sospechas sobre su verdadero propósito.

El bloque de senadores de Unión por la Patria y otros espacios opositores adelantaron que buscarán impugnar la ampliación presupuestaria en el Congreso. Los legisladores argumentaron que esta decisión refuerza la tendencia del Gobierno a gobernar por decreto, para evitar de esta manera la discusión parlamentaria.

Además, sostienen que el incremento de fondos para la SIDE se da en un contexto donde otras áreas clave, como educación y salud, sufrieron recortes significativos, generando una distribución desigual de los recursos públicos.

El Litoral.

Ello surge de haber aplicado a las fuerzas de seguridad la última política salarial discutida con los gremios del sector público.

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A partir del 1° de diciembre, ningún efectivo policial ni agente del Servicio Penitenciario de la provincia deberá percibir una remuneración neta inferior a los 675.283 pesos. En caso de resultar necesario, se deberá otorgar al personal una Asignación Especial Remunerativa y No Bonificable hasta cubrir la diferencia.

Así surge del decreto Nro. 2054 rubricado por el gobernador Maximiliano Pullaro el pasado 25 de octubre. La disposición traslada al sector de las fuerzas de seguridad, los aumentos ofrecidos en el ámbito de las últimas negociaciones paritarias tanto con la administración central como con docentes y profesionales de la salud. En dichos ámbitos, el gobierno ofreció un 12% de aumento para el trimestre octubre – diciembre, que cerrará la discusión salarial por el presente año.

Tal como viene sucediendo con todas las mejoras salariales que se conceden en el ámbito público, al momento de trasladarlas a los uniformados, el gobierno suma un punto adicional a los incrementos. Así, el 12% ofertado a los demás sectores terminada siendo un 13% para policías y penitenciarios – 7% en octubre, 3% en noviembre y 3% en diciembre-.

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El decreto, como se expresó, garantiza un piso para los uniformados, en función del cobro escalonado de los incrementos. De es modo, a octubre de 2024, ningún efectivo deberá cobrar como sueldo neto menos de 639.427 pesos; a noviembre, 657.355 y a diciembre, 675.283 pesos.

El segundo artículo del decreto garantiza que el aumento porcentual no sea inferior a la suma neta de bolsillo de 60 mil pesos por cargo; de ser necesario, se concederá una suma fija no remunerativa ni bonificable, que resultará absorbida por futuros aumentos.

El texto consigna, asimismo, la grilla con los nuevos valores de los sueldos básicos para cada una de las categorías tanto del escalafón policial como penitenciario. Así, para el rango superior (Director General en el caso de la policía; Inspector General, en el caso del Servicio Penitenciario) se plantea un básico a diciembre que será de 1.235.767 pesos. En el otro extremo de la escala, en tanto, se estipula que a diciembre próximo, el básico de la categoría más baja (suboficial en el caso de la Policía; subayudante en el caso del Servicio Penitenciario) será de 107.555 pesos con 22 centavos.

El Litoral.