El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, y junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y representantes de Policía Federal Argentina (PFA), supervisó este jueves el derribo de otros dos búnkeres de venta de estupefacientes en Villa Gobernador Gálvez, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico.

Los procedimientos se realizaron en dos inmuebles ubicados en Santiago del Estero al 200 y en la intersección de Pueyrredón y Camino Monteflores. Con estas nuevas intervenciones, Villa Gobernador Gálvez suma seis puestos de venta de drogas derribados, mientras que el departamento Rosario alcanza los 80. A nivel provincial, el total asciende a 122 inactivaciones desde la sanción de la Ley de Microtráfico, aprobada por la Legislatura santafesina en diciembre de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Los derribos se desarrollan desde comienzos de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales. La estrategia contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles vinculados a hechos de violencia altamente lesiva en distintos puntos del territorio provincial.

Durante la actividad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, sostuvo que el Gobierno Provincial “avanza en la implementación de la Ley de Microtráfico” y destacó que “se llega a este segundo punto gracias a la modalidad de trabajo de investigación”, desarrollada de manera conjunta con el MPA y las fuerzas de seguridad. “Es una metodología que facilita llegar a estos puntos de venta”, afirmó.

Por su parte, la fiscal Brenda Debiasi brindó detalles de la investigación y explicó que “hace aproximadamente 45 días” se iniciaron tareas investigativas en la zona de Monteflores y Pueyrredón, a partir de denuncias vecinales vinculadas al comercio de estupefacientes.“Se pudieron constatar múltiples maniobras, identificar a las personas involucradas y, a partir del seguimiento de esas personas, localizar este segundo punto en calle Santiago del Estero, donde también verificamos que era utilizado para la venta de drogas”, explicó la fiscal.

Debiasi indicó además que se realizaron “aproximadamente diez allanamientos simultáneos” en Villa Gobernador Gálvez, durante los cuales se secuestró material estupefaciente fraccionado y se detuvo a “una persona mayor de edad y a un menor que cumplía funciones de ‘soldadito’”.

En relación con el inmueble derribado, la fiscal precisó que el titular registral “era una persona de avanzada edad que entendemos ya falleció” y señaló que no existían denuncias de usurpación ni personas que reclamaran la propiedad. “Pudimos constatar que no había camas ni elementos que indicaran que el lugar era utilizado como vivienda efectiva”, señaló.

Finalmente, Debiasi remarcó que el derribo fue solicitado porque “el inmueble estaba siendo utilizado exclusivamente como punto de venta de estupefacientes. No deja de ser una medida cautelar y eventualmente terceros podrían presentarse a reclamar el lote, pero entendemos que era la medida más efectiva para lograr el cese del delito y del estado antijurídico en ese lugar”, concluyó.

En el marco de tareas de prevención y control, personal de la Guardia Provincial – Unidad Operativa Regional 7 San Javier llevó adelante dos procedimientos en rutas de la región, donde detectaron infracciones vinculadas a la fauna silvestre y al transporte irregular de animales.

El primero de los operativos se desarrolló sobre la Ruta Provincial N° 1, a la altura del kilómetro 70, en jurisdicción de Cayastá, donde los agentes detuvieron la marcha de un vehículo. Al inspeccionarlo, constataron la presencia de 31 aves silvestres sin vida en el interior del baúl, pertenecientes a distintas especies.

Ante esta situación, se labraron actuaciones por presunta infracción a la normativa vigente en materia de fauna, detectándose irregularidades como caza sin licencia habilitante, captura de especies vedadas y transporte de fauna silvestre prohibida.

Por otra parte, en un segundo procedimiento realizado sobre la Ruta Provincial N° 61, kilómetro 62, en jurisdicción de San Justo, el personal interceptó un vehículo que trasladaba cuatro animales vacunos en un carro tipo vaquero.

Al requerir la documentación correspondiente, se constató la falta del Documento de Tránsito Electrónico (DTE), requisito obligatorio para este tipo de traslado. En consecuencia, se actuó conforme a la normativa vigente y las actuaciones fueron derivadas a la Guardia Rural para su continuidad.

Ambos operativos se realizaron en el marco de controles dispuestos por orden de servicio y forman parte del trabajo sostenido que lleva adelante la Guardia Provincial, orientado a la prevención de infracciones y al resguardo de los recursos naturales y productivos.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, informó sobre una serie de operativos policiales realizados en las ciudades de Santa Fe, San Justo y Sunchales, que permitieron avanzar en la desarticulación de organizaciones vinculadas al microtráfico, robos violentos, extorsiones y otros delitos.Se trató de múltiples procedimientos simultáneos llevados adelante por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de distintas causas judiciales. Como resultado, se concretaron detenciones y se secuestraron elementos clave para las investigaciones, entre ellos estupefacientes, armas de fuego, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos de interés.

Durante una conferencia de prensa en la sede ministerial, el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, precisó que en San Justo se realizaron diez allanamientos ordenados por la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a partir de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico. Según explicó, el operativo permitió desarticular una organización dedicada a la distribución de drogas, vinculada a estructuras delictivas del Gran Santa Fe.El funcionario destacó que “fue una investigación previa sólida que arrojó resultados positivos” y detalló que diez personas quedaron privadas de su libertad, a la espera de las audiencias imputativas. Además, remarcó que estos delitos “están directamente relacionados con la violencia altamente lesiva”, lo que se evidencia en el secuestro de cocaína, marihuana, armas de fuego y cartuchería.

Galfrascoli también explicó que el microtráfico en localidades medianas y pequeñas suele depender de estructuras de mayor escala, cuya investigación corresponde a la Justicia federal. En ese sentido, señaló que el análisis de la telefonía celular secuestrada permitirá profundizar las conexiones entre organizaciones.

Operativos en la ciudad de Santa Fe

En la capital provincial se realizaron allanamientos vinculados al microtráfico que permitieron secuestrar unas 100 dosis de cocaína listas para su comercialización, además de trozos compactos de la misma sustancia.Los procedimientos se llevaron a cabo en el barrio Santa Rosa de Lima, una zona que -según indicaron- es abordada de manera prioritaria por las políticas de seguridad. Allí también se incautaron armas de fuego y dinero en efectivo. “Se trataba de un punto de venta de drogas donde también se ejercía violencia”, indicaron las autoridades.

Asimismo, en otros operativos realizados en domicilios de Ayacucho al 9500 y Leiva al 9200, en la zona norte de la ciudad, los investigadores lograron desarticular una banda dedicada a robos bajo la modalidad de “motochorros”. Los detenidos operaban principalmente en las avenidas General Paz, Galicia y Aristóbulo del Valle, donde atacaban a víctimas en inmediaciones de bancos y comercios. Todos quedaron a disposición de la Justicia.

Detención en Sunchales

Por otra parte, en la ciudad de Sunchales, personal de la PDI realizó tres allanamientos en el marco de una causa por encubrimiento agravado, extorsión, robo y hurto en grado de tentativa, que culminaron con la detención de un hombre de 24 años.

La investigación se inició a partir de denuncias de vecinos que habían sufrido robos en el interior de sus vehículos y posteriores ingresos ilegales a sus domicilios. Según se estableció, el sospechoso sustraía llaves y documentación de los autos estacionados para luego ingresar a las viviendas y robar dispositivos electrónicos.

Posteriormente, exigía dinero a las víctimas a cambio de devolver los elementos sustraídos. En uno de los domicilios allanados se concretó su detención y se secuestraron una bicicleta, prendas de vestir y otros elementos vinculados a la causa. El detenido quedó a disposición de la Justicia.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo dio a conocer que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) realizó 25.000 operativos de control logrando recuperar más de 781 millones de pesos por robo, hurto o estafa en provisión de energía y 4 millones de kWh de energía perdida en toda la provincia.Ante esto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini sostuvo que “quien roba energía no sólo afecta a la empresa, sino también a todos los santafesinos que sostienen el sistema. Cada kWh perdido representa un costo que recae sobre todos los ciudadanos. Trabajar por un sistema justo y eficiente implica enfrentar prácticas como el hurto de energía con decisiones firmes y transparentes”.

El ministro agregó: “Esto se suma a los procedimientos llevados adelante en 2024. La energía recuperada desde que asumimos el Gobierno equivale a la cifra que podría destinarse para la adquisición de 75 transformadores o 93 kilómetros de cable subterráneo”.

En las intervenciones realizadas, se detectaron múltiples irregularidades, entre ellas manipulación y fallas de medidores, derivaciones de alimentadores y conexiones ilegales. Estos casos fueron denunciados al Ministerio Público de la Acusación, cumpliendo con el protocolo correspondiente.  

En esa línea, la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez detalló que “los avances tecnológicos como la telemedición de grandes usuarios nos permitió identificar casos emblemáticos de irregularidades. Entre ellos, un supermercado de Reconquista con energía no registrada por más de 12 millones de pesos y una fábrica de hielo en San Lorenzo con consumos elevados no medidos, estimados en 80 millones de pesos”.

Hasta marzo de este año se controlaron 25.000 suministros, arrojando como resultado 22,78 % de robo o pérdida, es decir, más de 5.000 irregularidades. 

Las irregularidades detectadas fueron hurtos, manipulación y falla de medidores de la empresa, y también derivaciones de alimentadores. Las inspecciones corresponden a 75 % residenciales y el 25 % restante a comercios/industria y otros.

En el último año, más de 7.800 denuncias anónimas fueron fundamentales para identificar conexiones irregulares y medidores adulterados. A través de un sistema técnico-comercial que asigna un ID a cada caso, EPE asegura la trazabilidad y el seguimiento de estas denuncias.Para denunciar irregularidades, los usuarios de la EPE pueden comunicarse a la línea gratuita 0800 555 0083 o en el sitio web: Oficina Virtual EPE (https://epe.santafe.gov.ar/oficina-virtual/denuncias-web).