Una investigación de largo aliento encabezada por Gendarmería Nacional permitió avanzar sobre una organización delictiva dedicada al tráfico de cocaína que operaba entre Tucumán, Santa Fe y Salta, y que utilizaba una modalidad compleja para ocultar la droga: la trasladaba sumergida en los tanques de combustible de distintos vehículos.

El trabajo fue desarrollado por efectivos del Centro de Operaciones Antidrogas “Tucumán”, en el marco de dos procedimientos realizados en junio de 2024 y agosto de 2025 en las provincias de Santa Fe y Salta. Como resultado de esas intervenciones, se incautaron 34 kilos 417 gramos de cocaína y fueron detenidos siete integrantes de la banda, entre ellos un hombre señalado como una pieza clave dentro de la estructura criminal.

Según se desprende de la pesquisa, la organización utilizaba distintas estrategias para intentar sortear los controles de seguridad en las rutas. Una de las más llamativas era que los involucrados viajaban acompañados por bebés, con el objetivo de reducir las sospechas y evitar inspecciones exhaustivas.

A su vez, los investigadores determinaron que también empleaban vehículos “punteros”, que circulaban por delante de los autos cargados con droga para alertar sobre posibles operativos o retenes.

De acuerdo con los avances de la causa, la banda tenía base en Tucumán y obtenía tanto mercadería de contrabando como vehículos en zonas fronterizas de Salta, particularmente en Aguas Blancas y Salvador Mazza. Desde allí, la logística se extendía hacia diferentes puntos del país.

La investigación permitió establecer que varios de los miembros de la organización son de nacionalidad boliviana con radicación en Argentina, principalmente en Tucumán.

En el marco de la continuidad de las pesquisas, el pasado 11 de abril los gendarmes identificaron nueve nuevos domicilios vinculados a la banda y concretaron allanamientos en Rosario y en la provincia de Tucumán.

Durante esos procedimientos fue detenido otro integrante de la organización, lo que elevó a ocho el número de arrestados en la causa.

Además, se secuestraron:

2.161.000 pesos argentinos120 pesos bolivianosseis automóvilesun tanque de combustiblecédulas de automotor y de identificación vehicularun envoltorio con cocaínabalanzas de precisión17 teléfonos celularesy documentación de interés para la investigación

La investigación fue coordinada con la Procuraduría de Narcocriminalidad NOA, el Ministerio Público Fiscal y los juzgados federales de Salta y Santa Fe. También participaron en los allanamientos efectivos de la Unidad de Investigaciones Antidrogas “Salta” y otras dependencias de la fuerza.

Con estos elementos, la Justicia busca profundizar el entramado logístico y financiero de una organización que, según los investigadores, había montado un esquema aceitado para mover droga desde el norte argentino hacia distintos destinos del país.

En dos casos se realizó el derribe, mientras que en otro se procedió a la inutilización de los inmuebles. Uno se ubicaba en Necochea y Pasaje Ivanowsky, mientras que otros dos estaban en Felipe Moré al 600 bis.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en una tarea coordinada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó a cabo otro operativo para derribar puestos de venta de drogas, en el marco de la nueva Ley de Microtráfico, en la ciudad de Rosario.

En primer lugar, se derribó el puesto de venta de drogas de Necochea y Pasaje Ivanowsky. Según la investigación, pertenecía a un narco apodado “Chuqui Monedita”. Luego, fue el turno de un puesto ubicado en Felipe Moré al 600 bis que, según la causa que tramita el fiscal Franco Carbone, pertenece al clan del narco Francisco “Fran” Riquelme. En ambos casos, se realizó el derribe y se inutilizaron los inmuebles. Posteriormente, también en inmediaciones de Moré, se procedió a la inutilización de otro puesto de venta.

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Estos operativos se llevan adelante mediante un trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, el Ministerio de Seguridad Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales.

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira detalló cómo funcionan estos lugares: “Los búnkers tienen una lógica de trabajo que no es permanente, se ocupan temporariamente para la venta. Los elementos probatorios están en la causa. Y no hay una presencia constante de personas en los puntos de venta. Los identificamos como búnker para que la gente lo comprenda, pero funcionaban como puntos de venta. Los búnkers tenían, en los años 2013 o 2014, otra infraestructura mucho más rígida, un local cerrado con una ventanita para la venta. Estas son viviendas usurpadas que se destinan temporariamente para la venta”, especificó.

“Los búnkers tienen una lógica de trabajo que no es permanente, se ocupan temporariamente para la venta. Los elementos probatorios están en la causa. Y no hay una presencia constante de personas en los puntos de venta. Los identificamos como búnker para que la gente lo comprenda, pero funcionaban como puntos de venta. Los búnkers tenían, en los años 2013 o 2014, otra infraestructura mucho más rígida, un local cerrado con una ventanita para la venta. Estas son viviendas usurpadas que se destinan temporariamente para la venta”, especificó.

[secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira]

Luego, el funcionario dio detalles de cómo se llega a este procedimiento: “Hay una sentencia de la jueza que se ha posado en los elementos probatorios presentados por el fiscal, donde se ha constatado que hay usurpación y están todas las medidas precautorias tomadas por la Justicia para que se lleve adelante esta medida”. A continuación, informó que hubo un allanamiento previo en el que surgieron “las pruebas que ha presentado el fiscal en la causa” y recordó que este “es un lugar simbólico, icónico, en la lucha contra de los vecinos, hace años, en esta cuestión”.