Nadie lo hubiera imaginado tan solo unos meses atrás: un proyecto de ley presentado la semana pasada por el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois sobre Educación Digital Integral generó un impensable puente político entre el sector más confrontativo del peronismo y figuras relevantes que responden a distintas terminales del centro democrático, como Nicolás Massot y Martín Lousteau.

También estamparon su firma en la iniciativa los "lilitos" Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, además del socialista Esteban Paulón, las radicales Karina Banfi y Mariela Coletta, y Fernanda Ávila (Elijo Catamarca).

Esta etapa de polarización total con Javier Milei generó una ventana de oportunidad para que, al menos en lo estrictamente parlamentario, se articule un polo transversal para la síntesis de proyectos de ley.

La iniciativa propone la creación, dentro del ámbito del Ministerio de Capital Humano, de un Programa Nacional de Educación Digital Integral (EDI), obligatorio en todos los niveles educativos, con el objetivo de formar a estudiantes, docentes y familias en el uso crítico, responsable y seguro de las tecnologías.

A partir de la implementación de este programa (que debe procurar la Secretaría de Educación como autoridad de aplicación) se busca hacer frente a los riesgos digitales que afectan a niños, niñas y adolescentes, como el grooming, el ciberacoso, la desinformación y el impacto de la inteligencia artificial.

Entre otros tópicos, el programa combina “educación digital, educación mediática, ciudadanía digital, pensamiento computacional, perspectiva de género e interseccional, cuidados parentales y ética tecnológica”.

“La Educación Digital Integral comprenderá, entre otras dimensiones, el desarrollo de capacidades para el uso seguro, responsable y crítico de las tecnologías digitales, la ciudadanía digital, la comprensión del ecosistema digital y otros aspectos vinculados al análisis de la información y al bienestar en entornos digitales”, se indica en el articulado.

Según se establece en el texto, las acciones educativas deberán contemplar la prevención del grooming y otras formas de hostigamiento en entornos digitales, la ludopatía digital y las adicciones vinculadas a apuestas en línea, la violencia digital entre pares, incluyendo el ciberacoso y la difusión no consentida de contenidos de carácter sexual, la exposición a contenidos nocivos, ilegales o inadecuados para la edad, la vulneración de la privacidad y el uso indebido de datos personales, las prácticas de desinformación y manipulación de la información en entornos digitales, y el uso excesivo del celular asociado a la pérdida del sostenimiento de la atención y la capacidad de concentración.

“Las acciones deberán promover el desarrollo de capacidades para la prevención, detección temprana y abordaje de estas situaciones, con especial énfasis en la protección integral de niñas, niños y adolescentes”, postula el proyecto de Grabois.

En los fundamentos de la iniciativa se explica que “las tecnologías digitales ya no son solo herramientas, sino el entorno cultural en el que se desarrollan las infancias y juventudes”.

“Redes sociales, plataformas, algoritmos e inteligencia artificial configuran hoy los modos de informarse, vincularse, producir conocimiento y participar en la vida pública”, se subraya.

Grabois reconoce que “este uso extendido” de las tecnologías digitales “tiene muchas ventajas”, pero advierte que “la exposición tecnológica sostenida y sin acompañamiento trae también, en muchos casos, consecuencias perjudiciales”.

En ese sentido, cita un documento de Unicef elaborado en 2021 según el cual “el uso excesivo y sin supervisión de dispositivos digitales durante la infancia y adolescencia puede afectar negativamente el desarrollo cognitivo, emocional y social, generando síntomas como estrés, dificultades para dormir, irritabilidad y aislamiento”.

“La tecnología puede cerrar brechas y resolver problemáticas sociales, pero también las puede profundizar”, alerta el líder de Patria Grande, quien agrega que “esto plantea un desafío educativo central: la escuela debe formar sujetos capaces de comprender críticamente el ecosistema digital, participar en él y transformarlo”.

Para Grabois resulta necesario “pasar de la educación tecnológica a la educación digital integral”.

“Esto se fundamenta en el hecho de que, durante las últimas décadas, gran parte de las políticas públicas en tecnología educativa se centraron en la provisión de dispositivos y conectividad. Si bien estas condiciones son necesarias, resultan insuficientes para garantizar una participación plena en la cultura digital”, argumenta.

“Hoy se reconoce que la brecha digital incluye múltiples dimensiones: acceso a infraestructura, capacidades para comprender información, habilidades de producción digital, pensamiento crítico frente a plataformas y algoritmos. Por eso se propone avanzar hacia una Educación Digital Integral (EDI) que articule: educación digital, ciudadanía digital, pensamiento computacional y ética tecnológica”, concluye.

Además de las firmas mencionadas, el proyecto de ley cuenta con la rúbrica de los diputados nacionales de Unión por la Patria Paula Penacca, Juan Carlos Molina, Marcelo Mango, Blanca Osuna, Hilda Aguirre y Lorena Pokoik.

El exsenador nacional y referente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, lanzó una dura advertencia sobre el escenario político actual al afirmar que el gobierno de Javier Milei avanza con un "manubrio suelto" debido a la inexistencia de una oposición estructurada y con volumen ideológico. 

Según el dirigente, el oficialismo logra disimular sus falencias de gestión y la falta de un gabinete sólido basándose en simbolismos y estrategias de marketing disruptivas que necesitan permanentemente la creación de "enemigos públicos" para mantener la fidelidad de su electorado. 

Sanz trazó un paralelismo con gestiones anteriores al señalar que esta dinámica de confrontación con figuras del establishment no es novedosa: "Esto no es nuevo; el kirchnerismo hacía lo mismo pero con otros enemigos", sentenció.

Respecto a la reciente aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el exlegislador relativizó su carácter "histórico", limitando dicho rótulo al hecho de haber roto con el mito de que no se podía modificar la legislación en democracia. Sin embargo, expresó serias dudas sobre su capacidad real para generar empleo en un contexto de estancamiento productivo. 

Para el dirigente mendocino, el foco del problema no reside en las leyes, sino en una economía real que no encuentra canales de crecimiento y que golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas del interior. "A mí me está preocupando mucho la marcha de la economía real; veo que hoy hay una dificultad enorme para poder transitar esta etapa", subrayó, cuestionando la mirada puramente fiscalista del Palacio de Hacienda.

En su análisis sobre la coyuntura económica, Sanz puso la lupa sobre las "altísimas tasas de interés" que asfixian a la agroindustria y al sector alimenticio, sectores donde percibió una caída drástica del consumo y la producción. 

Asimismo, criticó con dureza la intención del ministro Luis Caputo de fomentar un mercado de capitales utilizando recursos del sistema previsional, calificando la maniobra como una señal de debilidad estructural. "Si tenés que armar un mercado de capitales con los fondos de la ANSES es porque algo está fallando; el sistema bancario argentino sí que caza hace 50 años en el zoológico", disparó con ironía.

Finalmente, el cofundador de Cambiemos realizó una fuerte autocrítica sobre el estado de las fuerzas políticas tradicionales, incluyendo a su propio partido. Describió una "crisis de representatividad y organicidad" que afecta incluso al peronismo, lo que genera un sistema político desequilibrado y sin alternativas claras de alternancia. 

En ese sentido, apuntó contra las conducciones recientes del radicalismo, sugiriendo que existen sectores internos que han priorizado la conformación de "grupos de interés" parlamentarios por encima de la construcción de un proyecto nacional sólido. "Los sistemas políticos que no tienen ni equilibrio ni alternancia están condenados al fracaso", concluyó, instando a la gestación de una alternativa que equilibre el poder oficialista.

Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron una “acción de amparo” para que la Justicia declare la “inconstitucionalidad” y “nulidad absoluta” del DNU 941/2025, que modifica la Ley Nacional de Inteligencia y amplia las facultades de la SIDE.

“Junto a Monica Frade y Esteban Paulón presentamos una acción de amparo contra el DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia, solicitando que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable”, publicó hoy Ferraro, presidente del bloque de la Coalición Cívica, en la red social X.

X Maximiliano Ferraro

Ferraro y Frade, de la bancada de la Coalición Cívica, y Paulón, de Provincias Unidas, sostienen que en el dictado del DNU publicado el 31 de diciembre último “no hubo ni hay necesidad ni urgencia”, que lo justifiquen.

“El Congreso -afirman los diputados- está en condiciones de sesionar y una temática como esta requiere deliberación, equilibrio y control. Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma”, aseveran.

El DNU 941/2025 modifica de manera sustancial la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional sin la intervención del Congreso, y autoriza a los agentes de inteligencia de la SIDE a detener personas, algo que solo está en facultar de la policial por orden de la Justicia y que la normativa actual prohíbe.

Los legisladores argumentan ante la Justicia, asimismo, que no hay necesidad ni urgencia cuando “el Congreso está en condiciones de sesionar” y afirman que “una temática como esta requiere deliberación, equilibrio y control. Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma”.

Ferraro, Frade y Paulón sostienen en su recurso de amparo que el DNU cuestionado resulta “violatorio de los artículos 99 inciso 3 de la Constitución de la Nación Argentina y del 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

“La disposición del Poder Ejecutivo que se cuestiona no cumple con los presupuestos para el dictado de los DNU, toda vez que en sus fundamentos no se invocaron razones de urgencia alguna", sostienen en su escrito ante la Justicia.

Además recalcan que se “vulneró la limitación de incluir materias penales o procesales penales, como la habilitación de aprehensiones por parte del personal de inteligencia, que fueron expresamente vedadas por la norma constitucional invocada”.

Diputados de distintos bloques opositores presentaron un proyecto de ley que busca otorgar una reparación integral a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas fatales de la tragedia causada por fentanilo contaminado, ocurrida meses atrás tras la circulación de medicamentos adulterados en el mercado.

La propuesta, encabezada por el diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria), establece una compensación económica equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles, junto a un paquete de prestaciones de salud, asistencia social, reinserción educativa e inserción laboral.

El proyecto incluye una pensión vitalicia para hijos, hijas y cónyuges de personas fallecidas. En el caso de los menores, el beneficio podrá cobrarse hasta los 18 años —o hasta los 25 si estudian y presentan certificación académica.

También podrán acceder los cónyuges o convivientes que acrediten al menos dos años de vida en común previos al fallecimiento. Para los sobrevivientes que hayan sufrido secuelas, la reparación se mantendrá mientras dure la incapacidad laboral derivada de la intoxicación.

La iniciativa aclara que la subvención no será incompatible con futuras indemnizaciones judiciales o extrajudiciales.

Valdés sostuvo que la tragedia dejó al descubierto “la inoperancia estatal y la negligencia privada”, y subrayó que el proyecto apunta a brindar “justicia social a quienes quedaron desamparados”.

“Muchas familias perdieron no solo a sus seres queridos, sino también su sustento económico. No podemos permitir que, además del dolor, carguen con el abandono del Estado”, agregó.

La ley plantea la creación del Programa de Reparación Integral a Familiares de Víctimas Fatales y Víctimas Sobrevivientes del Fentanilo Contaminado o Adulterado, cuya implementación quedará a cargo del Ministerio de Capital Humano, en coordinación con las provincias afectadas.

Además, prevé la conformación de un Consejo de Control y Seguimiento integrado por familiares de víctimas, ONG y organismos públicos, con el objetivo de garantizar transparencia y efectividad en la ejecución de la política.

Dicho pedido se da en el marco de las compras millonarias de agua mineral por parte del municipio, consideradas irregulares por los concejales opositores. Se llamará a Juan Pablo Aversa a que se presente.

El lunes, luego de mucha insistencia, ingresó de manera formal la respuesta al pedido de información que habían hecho Caruso, Senn, Soltermam y Racca respecto a la provisión de agua mineral por parte del municipio. En el mismo se solicitaba precisiones sobre a qué proveedores estaban realizando las compras, la marca del producto y la modalidad de contratación, entre otras.

El origen del mismo es, que si bien se había informado en el recinto que el funcionario al que el municipio adquiría agua en el pasado (Aversa), y su empresa familiar, actualemente no eran más proveedores por una cuestión de ética y de transparencia (en palabras de Germán Bottero), en diversos eventos organizados por el Municipio se vio la marca del funcionario.

“La respuesta dejó más dudas que certezas”, afirmó Caruso. Y continuó: “desde la Subsecretaría de Deportes se argumenta la compra de ciertos insumos pero las facturaciones son de otros bienes. Lo cual arroja por la borda las excusas de que, por ejemplo, no había ese tipo de productos en la ciudad”.

Cabe destacar que en la comisión del lunes 10 de noviembre los ediles hicieron los planteos y no recibieron respuestas por parte de los concejales oficialistas “con las facturas en mano le consultamos sobre la facturación de otros bienes, como botellas y hielo, no nos pudieron justificar la elección de este proveedor, cuando funcionarios argumentaron que solamente habían comprado algo que no se conseguía en la ciudad, que yo sepa agua y hielo venden varios emprendimientos” sostuvo Soltermam.

En una primera instancia, los ediles citaron al proveedor declarado para brindarle el espacio en el que pueda dar todas las explicaciones que crea necesarias. “David Pomba es un proveedor nuevo del Municipio, dado de alta en esta gestión y que vende la marca en cuestión. Pero frente a esta citación, argumentó no poder hacerse presente en el recinto. Las pruebas mostrarían una clara vinculación con el funcionario Juan Pablo Aversa”, declaró Juan Senn.

Cabe destacar que los ediles manifestaron haber detectado adquisiciones por montos elevados de estos insumos a este proveedor, ya que los mismos fueron utilizados en eventos multitudinarios como las carreras de 2, 5 y 10 km. y la maratón 21K, los JADAR, entre otros.“Próximamente habrá eventos aún más grandes de este tipo en nuestra ciudad, no tenemos que permitir que haya duda en estos aspectos”, finalizaron.

Distintos bloques de la oposición en el Senado se pusieron de acuerdo y avanzaron con un proyecto unificado de reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia, que apunta a limitar su utilización por parte del Poder Ejecutivo.

La letra del texto fue acordada en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y se conoció después de la sesión que hubo el jueves 21 en la Cámara alta, donde el oficialismo se anotó una nueva seguidilla de derrotas parlamentarias.

El tema intentó tratarse el año pasado en la Cámara de Diputados, cuando se emplazó a comisiones para dictaminar, pero nunca logró llevarse al recinto. Incluso por esos días, en octubre de 2024, el presidente Javier Milei salió a rechazar la idea y no dudó en decir que si fuera ley la vetaría, porque pese a no tratarse de una norma con costo fiscal, la considera "un golpe de Estado".

Ahora, la iniciativa por reformar la ley de la que fuera impulsora -cuando fue senadora- la ex presidenta Cristina Kirchner, y que terminó estableciendo el "blindaje" con que cuentan actualmente los DNU, viene con chances en el Senado y pronto podría debatirse en el recinto.

La transversalidad para avanzar en una modificación de la Ley 26.122, con el objetivo de limitar el uso que hace el Poder Ejecutivo de la herramienta de los decretos, se vio plasmada en las firmas que recogió el dictamen: Alejandra Vigo y Juan Carlos Romero, de Provincias Unidas; la larretista Guadalupe Tagliaferri; los radicales Eduardo Vischi, Flavio Fama y Pablo Blanco; la rionegrina Mónica Silva; y José Neder, Mariano Recalde, Florencia López, Silvia Sapag y Daniel Bensusán, todos de Unión por la Patria.

El dictamen concilia los seis proyectos presentados inicialmente por Pablo Blanco (UCR), Martín Lousteau (UCR), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), Eduardo Vischi (UCR), Martín Doñate (Unidad Ciudadana) y Mariano Recalde (Frente Nacional y Popular), y Fernando Salino (Convicción Federal).

En el inicio de la reunión, la presidenta de la comisión, Alejandra Vigo, recordó que "los DNU son instrumentos de excepción, contravienen con la idea de separación de poderes y de funciones; y estos proyectos expresan la necesidad del ordenamiento en el manejo de este trámite".

Por su parte, el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi, sostuvo que la facultad que contiene un decreto no puede ser usada como "un abuso de poder por parte de los distintos Poderes Ejecutivos" y le pareció relevante poder abordar y debatir "una reglamentación que nos permita estar más ajustado a derecho a lo que la prerrogativa constitucional nos habilita".

En coincidencia con la importancia de este debate y el arribo a un único dictamen para poder tratarlo en el pleno de una sesión a la brevedad, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) también recordó que con la actual ley, "hecha en el kirchnerismo en su momento, hoy es más fácil tener un decreto que una ley". En sintonía con ello, Pablo Blanco acotó que actualmente "se está pisoteando lo que dice la Constitución Nacional".

"Creo que el espíritu de la Ley debe ser la no destrucción del instrumento ni actuar por conveniencia, ya que nació para favorecer la emisión de decretos, no para regularlos" sostuvo el senador salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal). Luego, el senador libertario Juan Carlos Pagotto propuso que "al tratarse de un asunto de extrema delicadeza por la gran cantidad de DNU que hay de todos los signos políticos", se citase a cuatro constitucionalistas con fines consultivos.

De acuerdo al despacho, uno de los cambios incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes "deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación".

"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión.

Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que "ambas Cámaras podrán abocarse aún durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos".

Una de las cuestiones centrales es la modificación del artículo 22, el cual se refiere al aval de los decretos por parte del Congreso. Los mismos se considerarán aprobados "cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de noventa 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial". Actualmente, con el voto a favor de una sola cámara basta para que un decreto se ratifique, mientras que para ser anulado debe ser rechazado en ambas.

El texto añade que una vez votado en una cámara, dentro de las 48 horas deberá comunicarse el pronunciamiento a la otra.

En cuanto al artículo 24, la nueva redacción indica que "el rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación", esto "quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia".

Además, "rechazado un decreto de necesidad y urgencia, o de delegación legislativa, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

Cómo es el sistema actualQué es un DNU: 

Un Decreto de Necesidad y Urgencia es una herramienta legislativa que la Constitución Nacional, tras la reforma de 1994, puso en manos del Poder Ejecutivo en el artículo 99 inc. 3, para situaciones excepcionales. Se utiliza cuando el Presidente de la Nación considera que es preciso tomar medidas rápidas para tratar temas de urgencia, que no se pueden demorar y pasar por todo el proceso legislativo habitual.

Qué dice la Constitución: "Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.", explica el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional.

Cómo es el trámite: Cuando el Presidente emite un DNU, el Jefe de Gabinete debe elevarlo a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, compuesto por miembros de ambas cámaras, 8 diputados y 8 senadores. La Constitución Nacional explica que el Jefe de Gabinete elevará la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los 10 días.

Vigencia y rechazo: El DNU entra en vigencia al momento de emitirse y dura mientras no sea rechazado por el Congreso. Para ello necesita el voto mayoritario de ambas cámaras. Esto sucedió por primera y hasta ahora única vez en la historia en septiembre de 2024, cuando el Congreso de la Nación rechazó el DNU 656/24, que otorgaba a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) fondos con carácter reservado. En marzo de ese mismo año el Senado votó en contra del llamado "mega DNU" 70, de desregulación del Estado; pero ese rechazo nunca llegó a tener correlato en Diputados y siguió en vigencia. Esto es por que, conforme a la ley sancionada en 2006 (que ahora se busca modificar), con que solo una de las cámaras apruebe el DNU, queda vigente. Y lo mismo ocurre si alguna de las dos no lo trata.

Por sí o por no: El Congreso no tiene poder para hacer modificaciones. La única intervención que tiene es aceptarlo o rechazarlo. 

Emerio Agretti - El Litoral

La reciente renuncia del juez Manuel García Mansilla a la Corte Suprema de Justicia ha generado malestar en el Gobierno nacional, que atribuye la situación a maniobras políticas de la oposición y critica la actual conformación del máximo tribunal.

García Mansilla presentó su renuncia indeclinable al cargo de juez de la Corte Suprema mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei. Su designación, realizada por decreto presidencial en febrero de 2025, fue posteriormente rechazada por el Senado, lo que precipitó su decisión de dimitir.

Desde la Casa Rosada, se expresó que la renuncia de García Mansilla representa "un reflejo más de lo que ha ocurrido en el año", señalando que la dirigencia política opositora busca "bloquear al Gobierno". 

Fuentes oficiales indicaron que, aunque tienen la facultad de enviar nuevos pliegos para cubrir las vacantes en la Corte, no lo consideran oportuno en el corto plazo, especialmente con las elecciones legislativas nacionales próximas.

Composición actual de la Corte Suprema

Tras la salida de García Mansilla, la Corte Suprema queda integrada por tres miembros: Horacio Rosatti (presidente), Carlos Fernando Rosenkrantz (vicepresidente) y Ricardo Lorenzetti (ministro). El Gobierno cuestiona esta composición, argumentando que el tribunal "está trabado" debido a la necesidad de contar con tres votos para decisiones clave, lo que podría dificultar su funcionamiento.

La dividida oposición de Venezuela, que nombró un nuevo liderazgo esta semana, enfrenta el enorme desafío de recomponerse en el corto plazo de cara a las primarias para escoger el candidato que participará en las elecciones presidenciales y tratar de mantener el diálogo con el gobierno, según analistas y legisladores consultados.

La mayoría de Asamblea Nacional de la oposición eligió el jueves una nueva directiva que nombrará una comisión para proteger los activos de Venezuela en el exterior, incluido el refinador Citgo, luego de que votara la semana pasada para eliminar el gobierno y presidencia interina de Juan Guaidó.

Guaidó, quien desde 2019 fue la cara pública de la oposición, recibió el respaldo de Estados Unidos y otros países, luego que consideraran fraudulenta la reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018. Por ese apoyo, la oposición también controla otros activos externos como los 1.000 millones de dólares en oro depositados en el Banco de Inglaterra.

Los partidarios de eliminar el gobierno interino de Guaidó, cuyo respaldo internacional disminuyó gradualmente, argumentaron el fracaso en sacar del poder a Maduro, indicando que se requiere construir una nueva unidad para los comicios presidenciales, previstos tentativamente para 2024.

Pero la coordinación en el seno de la oposición depende de la voluntad de los dirigentes para definir una estrategia común hacia las presidenciales, dijeron analistas consultados, quienes agregaron que una recomposición de la unidad opositora puede tomar tiempo y arriesgaría las primarias de junio.

LEE: Estados Unidos tuvo 6.000 menores muertos o heridos por armas de fuego en 2022

Las discusiones sobre el interinato "terminaron de resquebrajar los afectos entre el liderazgo de la oposición". dijo el politólogo Piero Trepiccione. "No es fácil recomponer la unidad de la oposición en las primeras de cambio", agregó.

Tres de los principales partidos políticos del país -Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo- fueron los que aprobaron desaparecer el gobierno interino. El cuarto partido en importancia, Voluntad Popular, al que pertenece Guaidó, votó en contra, al igual que otras pequeñas organizaciones políticas, publicó la agencia Reuters. "Haremos todo lo posible (por mantener la unidad), pero hoy son más los valores y principio que nos alejan que los que nos acercan", dijo la diputada de Voluntad Popular, Adriana Pichardo.

"Lo que acabamos de ver (eliminación del interinato) debilita la unidad, debilita la posibilidad de llegar a acuerdos y de alguna manera pone en riesgo las primarias", agregó Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Pero otros legisladores se hicieron eco de la nueva presidenta del parlamento opositor, Dinorah Figuera, quien el jueves llamó a sus colegas a unirse por el bien del país. "Veo ahora un esfuerzo real por seguir consolidando la plataforma y el camino a primarias", dijo el legislador de Primero de Justicia, Ángel Medina.

Algunos líderes de partidos de oposición preferirían elegir un candidato presidencial por consenso en lugar de una primaria, citando preocupaciones financieras y las dificultades para votar que tienen millones de inmigrantes en el extranjero, según algunos políticos y analistas.

En un video de tres minutos divulgado en su cuenta de Twitter, Guaidó dijo el viernes que "la primaria no puede ser la próxima víctima de las tres o cinco personas" que en los partidos impulsaron el fin del interinato.

Pidió a la Comisión de Primaria, integrada por cinco miembros y que trabaja desde noviembre pasado en las normas de esa elección, que proceda "a publicación pronta del cronograma".

"Maduro quiere que bajemos la cabeza, y aunque algunos han decidido hacerlo y pocos resignados prefieren capitular", agregó el opositor. "Mi compromiso con Venezuela no terminó con la inconstitucional disolución del Gobierno interino, todo lo contrario, se multiplica", dijo Guaidó, sin indicar si lanzaría su nombre como uno de los aspirantes opositores.

La oposición, que en siete años ha sido golpeada con el exilio o exclusión de la política de varios de sus dirigentes, no han organizado unas primarias desde hace una década.

La falta de coordinación dentro de la oposición, según analistas, también pudiera retrasar la discusión de temas políticos y electorales en la mesa de diálogo que se lleva adelante en México, que se reanudó en noviembre con la firma de un acuerdo para crear un fondo humanitario con el apoyo de Naciones Unidas como una forma de aliviar parcialmente la crisis social del país.

"Mientras mayores desacuerdos internos haya en la oposición, el oficialismo los aprovechará", dijo el politólogo y profesor, John Magdaleno.

Maduro está menos aislado internacionalmente en medio de relaciones renovadas con países como la vecina Colombia y una cierta relajación de las restricciones por parte de Estados Unidos, como la revisión de la licencia a la petrolera Chevron que le permite exportar crudo desde Venezuela.

"La motivación que puede seguir teniendo el chavismo para mantenerse en el diálogo es la necesidad del reconocimiento internacional más (revisión de) las sanciones", dijo el profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), Michael Penfold.

Cambiar las elecciones presidenciales para este año en lugar del próximo también puede servir a Maduro, señaló en un informe Nicholas Watson, de la consultora Teneo. "Celebrar una elección este año tomaría a la oposición con la guardia baja y en desorden. También parecería ofrecer los `resultados democráticos´ que Estados Unidos exige como condición previa para un mayor alivio de las sanciones", dijo.

Noticias Argentinas