En el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, se reunieron la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, y el clúster CEDI —espacio que nuclea a empresas de economía del conocimiento— con el objetivo de presentar el documento preliminar del proyecto de ordenanza que busca impulsar y potenciar este sector en la ciudad.

La iniciativa, que se viene trabajando de manera articulada, propone generar beneficios para las empresas de economía del conocimiento, no solo para aquellas que ya se encuentran radicadas en Rafaela, sino también para atraer nuevas firmas y fomentar la creación de emprendimientos tecnológicos, ya sean proyectos emergentes o empresas constituidas que deseen invertir en la ciudad.

Durante el encuentro se detallaron los principales lineamientos del proyecto y los incentivos previstos, y se avanzó en una agenda de trabajo conjunta entre el área de Innovación, la Secretaría de Desarrollo Económico y el clúster CEDI para seguir fortaleciendo el entramado local.

Además, se intercambiaron experiencias sobre polos tecnológicos y ecosistemas de economía del conocimiento de la región, con el objetivo de tomar buenas prácticas y consolidar un espacio que brinde mayor visibilidad y oportunidades a empresarios y emprendedores de un sector que crece sostenidamente a nivel local y global.

En ese marco, también se dialogó sobre la futura reactivación del espacio de La Recova Ripamonti, donde el edificio proyectado contempla la creación de un hub tecnológico destinado a la articulación, el trabajo colaborativo y el desarrollo de empresas de base tecnológica.

Con esta iniciativa, el Municipio reafirma su compromiso de acompañar y potenciar un sector estratégico para el desarrollo productivo de la ciudad, promoviendo innovación, empleo calificado y nuevas inversiones.

Desde el domingo 15 de febrero, la plataforma DiDi no está habilitada para operar de manera legal en Rafaela, luego de que venciera el plazo establecido por la ordenanza municipal sin que la empresa se inscribiera en el Registro Único de Vehículos, Conductores, Agencias y Plataformas.

Tampoco se presentaron conductores vinculados a la aplicación para regularizar su situación.

La ordenanza fue aprobada el 18 de diciembre por el Concejo Municipal y entró en vigencia el 15 de enero. A partir de esa fecha, se otorgaron 30 días corridos para que las plataformas electrónicas adecuaran su funcionamiento a las exigencias locales.

La normativa establece multas económicas para aquellos que operen sin cumplir con los requisitos municipales, con un valor actual de la Unidad de Multa de 1.463 pesos.

La infracción más severa es la ausencia de registro de la plataforma. En este caso, las sanciones van de 300 a 1.000 Unidades de Multa, lo que implica montos entre 438.900 y 1.463.000 pesos.

También se contemplan sanciones para plataformas registradas que no cumplan con obligaciones como la entrega mensual de la lista de conductores y vehículos, la asignación de viajes a unidades o personas no habilitadas, o la falta de control de los recorridos y los montos cobrados. Estas infracciones conllevan multas que oscilan entre 100 y 500 Unidades de Multa, es decir, entre 146.300 y 731.500 pesos.

En el caso de que un viaje sea realizado por un vehículo o conductor no autorizado, la multa será de entre 200 y 500 Unidades de Multa, lo que se traduce en sanciones de entre 292.600 y 731.500 pesos, y la responsabilidad recae directamente sobre el conductor.

La Subdivisión de Control y Transporte Público, que funciona en la Terminal de Ómnibus, a cargo de Gustavo Bianchi, incorporará ocho inspectores tras una convocatoria interna.

Esta dependencia tiene a su cargo la fiscalización del transporte público y del tránsito pesado, incluyendo el control de remises, taxis, aplicaciones como DIDI, agencias, transporte escolar y de personas con discapacidad, escuelas de conductores y colectivos en la Nueva Terminal, entre otras funciones asignadas por la Jefatura de Protección Vial y Comunitaria.

Los vehículos deberán contar con habilitación anual, una antigüedad máxima de 15 años, cuatro puertas, capacidad para hasta cuatro pasajeros, correcta higiene, iluminación nocturna, matafuego reglamentario y Revisión Técnica Obligatoria vigente. Además, deberán estar radicados en Rafaela a nombre del permisionario habilitado.

Los conductores deberán poseer licencia profesional categoría D1 emitida por el municipio, portar la documentación correspondiente y cumplir pautas de trato y seguridad.

Desde el Municipio señalaron que la ordenanza ya se encuentra plenamente vigente y que los controles se intensificarán en las próximas semanas.

Las proteccionistas Delfina Enríquez y Nadia Rodríguez convocaron a una movilización ciudadana para el próximo viernes 24 de octubre, a las 19:30, frente a la Municipalidad de Rafaela, bajo el lema “No a la pirotecnia”. El reclamo busca visibilizar la falta de aplicación de las ordenanzas vigentes y exigir al municipio mayores controles y sanciones.

“Vamos a reclamar porque, si bien las ordenanzas ya existen, no se están haciendo cumplir. Queremos pedirle a las autoridades pertinentes que las hagan cumplir”, explicó Delfina Enríquez.

Las organizadoras señalaron que las denuncias vecinales se repiten especialmente en el ámbito futbolero, donde los fuegos artificiales siguen siendo habituales. “La gente llama a la policía o a la GUR, pero nadie se quiere hacer cargo y nadie hace nada. Los clubes también deberían asumir su responsabilidad”, remarcaron.

Las proteccionistas insistieron en que su reclamo no busca prohibir las celebraciones, sino promover alternativas que no afecten a las personas ni a los animales.“No estamos diciendo que no se festeje, sino que se cambie la forma. Hay muchas maneras lumínicas o sonoras que no hacen daño”, explicó Nadia Rodríguez.

Además de los perjuicios a las mascotas, advirtieron sobre las consecuencias sociales y de seguridad:“Las explosiones provocan que los animales escapen y se pierdan, lo que puede generar accidentes o choques. Afecta a familias, a personas mayores, a niños con autismo y a toda la comunidad”, agregaron.

Enríquez y Rodríguez también se refirieron a otras problemáticas vinculadas al maltrato y abandono animal, que enfrentan a diario sin acompañamiento institucional.“Vemos muchos casos de animales maltratados o abandonados, incluso en clubes. Pero los clubes no se involucran, podrían colaborar cubriendo consultas veterinarias o ayudando a conseguir tránsitos o adopciones”, señalaron.

“La sociedad tiene que involucrarse. No podemos ser siempre las mismas las que estamos detrás de estos casos porque no damos abasto. Fiscalía no actúa, y muchas veces dicen que no pueden intervenir porque no hay lugar donde llevar a los animales”, lamentaron.

Las organizadoras invitaron a participar a todos los vecinos que compartan la causa “Pedimos que se sumen personas responsables que empatizan con los animales, con los niños con autismo y con los ancianos. Todos podemos colaborar para reducir la violencia y el maltrato que hay en la sociedad”, expresaron.

La marcha “No a la pirotecnia” se realizará el viernes 24 de octubre a las 19:30 horas frente a la Municipalidad de Rafaela, con el objetivo de exigir el cumplimiento efectivo de las ordenanzas y la adopción de medidas concretas de control.

El debate por la llegada y funcionamiento de las aplicaciones de transporte en Rafaela reunió este martes a concejales y representantes del sector de remises. Uno de los participantes fue Darío Solís, titular de Remises Stylo, quien expuso la preocupación del sector por la falta de control y la necesidad de actualizar la normativa vigente.

“Agradecemos que nos hayan convocado a la reunión, la esperábamos hace mucho, pero sinceramente salí más desconcertado que antes”, expresó Solís. “Vi mucha gente que antes tomó la bandera de la protesta y hoy es parte del problema. No termino de entender para qué lado vamos a ir”, agregó en referencia al proyecto presentado por el concejal Augusto Rolando.

El empresario consideró que el preproyecto actual no contempla la ordenanza municipal que regula la actividad desde 1992, una normativa que —según remarcó— “quedó vieja y debe ser actualizada”.

“La ciudad cambió, la población cambió, y la forma de pedir un móvil también cambió. Ya no existen más las antenas ni el handling. Primero tenemos que modificar esa ordenanza seriamente, sin favorecer a ninguna parte, pensando en el bien común y en el usuario, que es el más importante”, sostuvo Solís.

El referente del sector advirtió que las aplicaciones como DiDi no cumplen con los requisitos exigidos por la ordenanza vigente:“Hoy, Didi no estaría en regla. No estamos en contra de que la gente trabaje de otra forma, pero siempre dentro de la ley”, aclaró.

Solís repasó las condiciones que la ordenanza actual exige para el servicio de remises en Rafaela:“El auto debe tener menos de diez años de antigüedad, ser de color blanco, contar con carné profesional D1 o D2, estar radicado en Rafaela y tener el psicofísico hecho en la ciudad. Además, el conductor debe pertenecer a una empresa habilitada y contar con seguro de terceros transportados”, enumeró.

“Si se quiere modernizar la normativa, hagámoslo, pero con todos los actores sentados a la mesa y respetando las reglas. Hoy no puede haber ningún auto circulando que no cumpla estos requisitos”, enfatizó.

El titular de Remises Stylo advirtió sobre el riesgo que implican las plataformas digitales si no se regulan correctamente:“En otras ciudades, como Rosario o Córdoba, cuando se detectaron autos fuera de regla, se los secuestró y las aplicaciones dejaron de funcionar, no por capricho político, sino porque no se adaptaban a la ordenanza vigente”, explicó.

Para Solís, la situación actual amenaza la continuidad de los remiseros locales:“El objetivo de estas aplicaciones es eliminar las empresas de remises. Si esto sigue así, nosotros vamos a desaparecer. De esta manera es imposible seguir subsistiendo”, concluyó.

Al finalizar la reunión realizada en el Concejo Municipal, las funcionarias del Ejecutivo local expusieron los principales aspectos del proyecto de remodelación de veredas del microcentro, en el tramo de Avenida Santa Fe comprendido entre la Plaza 25 de Mayo y calle Constitución. 

La secretaria de Desarrollo Económico, Patricia Imoberdorf; la subsecretaria de Desarrollo Urbano, María Emilia Vidal; y la secretaria de Hacienda, Silvina Bravino; remarcaron la necesidad de la obra, los criterios de diseño y el mecanismo de financiamiento que involucra a frentistas y al municipio.

“Es una obra importante, demandada. Creo que es la primera vista que tenemos de la ciudad”, sostuvo Imoberdorf. “Ya se hizo una parte, se está trabajando en la plaza 25 de Mayo, ya se hicieron los canteros en la gestión anterior. Es necesario y preparamos un proyecto que lo veníamos trabajando hace un tiempo, hablando con el Centro Comercial, con los frentistas, mostrando la importancia de revalorizar nuestro centro”, indicó. 

La funcionaria explicó que el tramo incluye a 78 frentistas y que la obra solo se interrumpiría si más del 40% se manifiesta en contra en el registro de oposición. “Me pongo a disposición para sacar las dudas, porque el mayor susto de los frentistas es el costo de la obra, pero cuando vean los números notará que es un valor de cualquier vereda, el valor es de mercado. No hay valores exorbitantes”, aclaró. 

También destacó que los frentistas no deberán ocuparse de gestionar ni supervisar la ejecución: “Tienen la ventaja de que se sientan a mirar cómo le hacen las veredas y no tienen que lidiar con dirección de obra ni administración”.

Desde el aspecto técnico, María Emilia Vidal explicó que el diseño busca integrar y dar continuidad a las intervenciones ya realizadas. “El objetivo es seguir con la impronta que ya tiene el cantero del centro y es la misma que continuamos en la plaza. Apostamos a recuperar todos los espacios”, explicó. 

En cuanto a los materiales, sostuvo: “Seguimos la lógica que ya se venía trabajando, con losetas graníticas grises. Son materiales duraderos. Si se hace una intervención tan esperada, proponemos usar materiales acordes, que no se arruinen con facilidad”. 

En cuanto a la accesibilidad, indicó: “Las esquinas serán iguales que la vereda del municipio, con rampas extendidas a toda la esquina, lo que favorece la accesibilidad”.

Por su parte, Silvina Bravino detalló el proceso administrativo y financiero. “Una vez que se apruebe la ordenanza, se va a abrir el registro de oposiciones durante 10 días hábiles”, explicó. En paralelo, comenzará el armado del expediente de licitación para acortar los plazos. “Ni bien se apruebe la ordenanza, sale una factura pro forma para los vecinos con valores aproximados, para que tengan una idea clara de cuánto va a ser el valor de la obra”, aseguró.

La obra se planifica con miras a estar concluida antes de los Juegos Odesur 2026, un evento que servirá de vidriera para la ciudad. “Mostrar nuestra ciudad de la mejor manera y nuestro centro va a ser muy importante para todos”, concluyó Imoberdorf.

Al analizar la realidad actual, nos encontramos en la ciudad con una cifra llamativa: solo el 4% de las 475 calles de nuestra ciudad recuerdan la labor de alguna mujer.

Esta disparidad evidenciaba una deuda histórica que el Concejo Municipal se ocupó de empezar a saldar en el año 2022, a partir de un proyecto impulsado por la ex concejal Evangelina Garrapa, llevado al recinto para su aprobación por la concejal Valeria Soltermam, con el apoyo de su bloque integrado por entonces por Martín Racca, Brenda Vimo y Juan Senn

El proyecto fue votado unanimemente por todos los integrantes del concejo, entre ellos la concejal de Juntos por el Cambio Alejandra Sagardoy, cultora de un alto perfil feminista en tiempo de opositora a la administración actual.

A partir de esa Ordenanza las primeras 20 calles, barrios y/o espacios públicos designados a partir de la entrada en vigencia de esta medida llevarán nombres de mujeres, con el objetivo de equilibrar los nombramientos a lo largo del tiempo.

A partir de esa Ordenanza las primeras 20 calles, barrios y/o espacios públicos designados a partir de la entrada en vigencia de esta medida llevarán nombres de mujeres, con el objetivo de equilibrar los nombramientos a lo largo del tiempo.

¿Qué pasó?

Hoy un juramento, mañana una traición, dice el tango y parece encajar perfectamente en lo sucedido días atrás en el sexto piso.

A pedido de tres barrios de la ciudad, a partir de un proyecto de los concejales firmado por los conceles oficialistas Alejandra Sagardoy (Unidos para Cambiar Santa Fe – UCR), Ceferino Mondino (Juntos por el Cambio – PRO), Mabel Fossatti (Unidos para Cambiar Santa Fe – UCR), Lisandro Mársico (PDP), Carla Boidi (Unidos para Cambiar Santa Fe – PDP) y Augusto Rolando (Juntos por el Cambio – UCR), exceptúo a estos “nuevos” barrios de esa obligatoriedad. Ya no más nombres de mujer.

Comunicado de la Asamblea FeministaTras conocerse la noticia, la Asamblea Feminista difundió a través de sus redes sociales, un duro comunicado

En noviembre de 2017 se sancionaba en nuestro país la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política (Ley 27.412). Esta ley, es la que ha permitido, en muchos casos, que mujeres que antes no hubiesen sido incluidas en la lista de su partido, deban serlo. Y así, como en muchos otros casos, estuvo primero la ley y luego, de a poco, la comprensión y aceptación a regañadientes, “hasta que todo sea como lo soñamos”, en palabras de Paco Urondo.

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El Concejo municipal de Rafaela, el bloque oficialista y dentro de él las tres mujeres que lo integran, aunque accedieron a sus cargos, además de sus méritos, por la ley que las ampara, votaron para modificar una ordenanza muy particular. La que disponía que, para equiparar la desigualdad histórica en los nombramientos de espacios públicos de la ciudad (calles, plazas, barrios, parques, etc.), se implementara la paridad de género. Entonces, por unanimidad, en agosto de 2022 se sancionó dicha norma, presentada por la concejala Valeria Soltermam.

En la actualidad, tres barrios que necesitaban nuevo nombre (42, Los álamos y Villa Aero Club), solicitaron poder nombrar a sus sectores por fuera de esta reglamentación. Y así de sencillo, así de simple, con la impunidad que ostentan al tener la mayoría parlamentaria, modificaron la ordenanza y cumplieron el capricho de tres barrios que, al parecer, no encontraron a ninguna mujer, obra de arte, fecha, gesta o cualquier otra manifestación o hecho que refleje la importancia del género femenino y sea merecedora de esa distinción.

Otro retroceso en derechos para nosotras, simbólico en este caso, como si no fueran suficientes los avasallamientos reales: brecha salarial, cantidad de hora en las tareas de cuidado, malas condiciones de empleo, desaparición de ministerios y programas que nos protejan especialmente, entre otros. Y la cuestión sigue con el destrato, la invisibilidad, la negación de nuestros aportes a la vida social y la falta de representatividad que genera para las generaciones futuras.

Identificar los más mínimos resquicios por donde se cuela la cultura machista es una tarea necesaria para deslegitimarla. Las denominaciones del espacio público referidas a mujeres, son una de las tantas maneras en que se puede empezar a reparar alguna, aunque sea, de las desigualdades históricas que hemos sufrido a lo largo de los tiempos.

¿Continuará la polémica?De acuerdo a información recibida por Radio Rafaela no solo la Asamblea Feminista manifestó su rechazo a la decisión tomada por la mayoría automática del Concejo Municipal.

A la organización se habrían sumado otras voces críticas de la medida que desconoce las normas de acuerdo y procede como si las leyes no fueran una obligación sino una mera sugerencia.

En una entrevista exclusiva para Radio Rafaela, el Concejal Juan Senn reveló detalles sobre la creación de la "Guardia Urbana de Animales" en la ciudad de Rafaela. Durante la conversación, el edil destacó la importancia de esta iniciativa para abordar cuestiones como el trato animal, la salud de las mascotas y la responsabilidad de los ciudadanos en la atención de animales desamparados.

La propuesta, que ha sido discutida exhaustivamente en la comisión de salud animal y zoonosis, finalmente obtuvo el visto bueno para avanzar. Juan Senn, defensor de los derechos de los animales, enfatizó: "La guardia para animales urbanos. Le dimos despacho a una ordenanza que hemos presentado con el bloque".

La Guardia Urbana de Animales (GUAU) no tiene como objetivo aumentar el personal municipal, sino más bien reestructurar internamente para atender cuestiones relacionadas con el trato animal. Senn afirmó, "Hay muchos casos donde se dan y el vecino no sabe qué hacer, a dónde llamar, y obviamente que también con la intención de cuidar la salud de los animales".

La ordenanza, que se someterá a aprobación el próximo jueves, sufrió algunas modificaciones de último momento. Juan Senn explicó: "Hemos tenido algunas modificaciones con el artículo cuarto donde no ponemos el personal que lo va a integrar, o sea, la cantidad y las horas que van a trabajar por día, porque también responde a la nueva gestión, que es quien va a tener que implementarlo".

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Acerca de la actuación de la GUAU, Senn aclaró que no se trata de recoger perros abandonados en la calle. "Si hay un perro en la calle, no va a ser facultad de esta guardia para animales urbanos. Lo que tiene que hacer el vecino es denunciar algún hecho que se esté dando. Porque la perrera, por ejemplo, la estamos cerrando", señaló.

En cambio, la GUAU intervendrá cuando alguien denuncie situaciones de maltrato animal. Juan Senn puntualizó: "Actúa, va al domicilio, ve la situación y obviamente pide también asistencia de fuerzas de seguridad pública. Porque si hay una familia que tiene, por ejemplo, un perro atado, eso es maltrato animal, depende de las condiciones que uno tenga, pero generalmente es maltrato animal, y ahí también tiene un delito penal. O sea, que se tiene que llamar y hacer la denuncia correspondiente."

Sobre el cuidado de perros abandonados, el concejal fue claro: "Se tiene que hacer cargo. Si yo encuentro un perro abandonado, asumo la responsabilidad de asistirlo. No todo debe delegarse al Estado. O sea, esto no es para andar por la calle dando vueltas y ver un perro abandonado y llamar para que se hagan cargo. Hay que asumir una responsabilidad con los animales que están sueltos en la vía pública porque siempre hay un responsable."

La creación de la Guardia Urbana de Animales es un paso importante hacia un enfoque más compasivo y responsable con las mascotas de la ciudad de Rafaela. Con esta iniciativa, se busca no solo proteger a los animales, sino también educar a la comunidad sobre su cuidado y bienestar.

La concejal justicialista Brenda VImo confirmó en diálogo con Radio Rafaela que la Justicia citó a declarar a todos los concejales que integran el cuerpo legislativo de la ciudad en la causa " ADAPA y otros, contra municipalidad de Rafaela sobre recurso contesioso administrativo de la Ley 10.000"

Luego de ser votada la Ordenanza de Juntos por el Cmbio que regula el uso de agroquímicos organizaciones, vecinas y vecinos que integran el colectivo “Rafaela sin venenos, por la agroecología” presentaron una acción judicial en los tribunales locales para pedir que se anule el nuevo límite a las fumigaciones impuesto por la ordenanza 5331.

La norma, que entró en vigencia en junio pasado, redujo de 200 a 50 metros la distancia desde el perímetro urbano a partir de la cual se permite aplicar fertilizantes y plaguicidas en los campos. Entre el metro 50 y el 200 habilita la fumigación con “productos de origen orgánico y/o biológicos”, lo que implica un retroceso en la protección del ambiente y la salud de la población.

La demanda fue presentada el1 de agosto en el Juzgado Civil y Comercial de Rafaela por las asociaciones Acción de Defensa Animal y Protección Ambiental (ADAPA) y Amigos de la Vida, junto a un grupo de vecinos. Se ampararon en la Ley Provincial 10.000, que permite a la comunidad presentar recursos judiciales ante decisiones o actos de las autoridades que afecten la salud pública y el ambiente, entre otros derechos colectivos. En este caso, piden la nulidad del artículo 4º de la ordenanza 5331 (que fija el nuevo límite) y el mantenimiento de la franja originaria de 200 metros libre de toda fumigación. En los próximos días, se espera que el Juzgado notifique a la Municipalidad.

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Las organizaciones y vecinos denuncian que los “productos orgánicos y/o biológicos” no son necesariamente inocuos sino que, en algunos casos, pueden suponer riesgos para la salud y el ambiente. Además, si la verdadera intención del Concejo Municipal hubiera sido proteger a la población y promover agroecología, lo que correspondía era ampliar y no reducir el límite a las fumigaciones.

En este sentido, explican que al proteger menos que la anterior, la ordenanza 5331 viola el principio de no regresión que está presente en el Derecho ambiental y en la Constitución Nacional. Asimismo, advierten que el Concejo Municipal tampoco respetó el principio precautorio dispuesto por la Ley General del Ambiente, que establece que ante peligro de daño grave o irreversible no deben demorarse las medidas tendientes a evitarlos con el argumento de falta de información o certeza científica.

La palabra de Brenda Vimo

Recordemos que a partir de una iniciativa de la concejal Brenda Vimo, se debatió largamente en el Concejo Municipal el uso de agrotóixicos. La concejal Vimo recordó que en ese marco se presentaron tres proyectos,

Entónces hubo tres propuestas, la de la concejal Brenda Vimo, principal militante del tema que proponía extender a 1000 metros el límite agronómico, otro del Concejal Lisandro Mársico del Partido Democrata Progresista, que proponía dejar el límte existente y un tercero de Leonardo Viotti de Juntos por el Cambio. "poco entendible que termino ganando por ser mayoría pero debió ser vetada en 19 artículos" afirmó Vimo.

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Recordemos que el proyecto de Viotti habilita la fumigación con “productos de origen orgánico y/o biológicos”, proponía reducir el límite agronómico para la utilización de agroquímicos entre el metro 50 y el 200 lo que implica un retroceso en la protección del ambiente y la salud de la población.

Sin embargo, por la mayoría automática de Juntos por el Cambio, la Ordenanza se votó mayoritariamente y fue judicializada.

Vimo precisó que "la citación de la Justicia es para que todos los concejales participemos de una Audiencia Pública, por lo que cualquier ciudadano puede participar, debemos presentarnos el 28 de febrero a las 8 de la mañana en Tribunales para exponer y responder preguntas de la Justicia" que también hizo extensiva la citación al Poder Ejecutivo Municipal.

"El Juez va a preguntar y cada uno de nosotros deberá responder, en el marco del expediente ADAPA (Acción de Defensa Animal y Protección Ambiental (ADAPA) y Amigos de la Vida,) contra la Municipalidad de Rafaela sobre recurso contecioso administrativo de la Ley 10.000" y agregó, "los ambientalistas y particulares reclaman que esa Ordenanza no se aplique, ya que no cumple con la normativa vigente, era ilegal"

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Antes de finalizar y consultada su opinión con respecto al tema Vimo sostuvo, "hemos trabajado mucho con mi equipo, con médicos, con ambientalistas, de abogados y científicos nacionales e internacionales antes de presentar el proyecto" y destacó al reconocido científico Horacio Beldoménico que ayudó en la elaboración del proyecto. Se terminó votando una Ordenanza que se redactó en 72 horas y que evidentemente no tenia fundamento científico ni jurídico y la realidad demuestra que es así, finalizó.