El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, realizó esta semana la apertura de sobres para la ampliación de la Unidad Penitenciaria Nº 12, ubicada en la intersección de avenida de las Palmeras y Favario, en la ciudad de Rosario. En total, se presentaron 15 ofertas para ejecutar una obra cuyo presupuesto oficial asciende a 21.613.750.133,81 pesos.

El proyecto contempla la construcción de un módulo penitenciario completo, implantado en un predio anexo a la unidad existente, con una superficie cubierta de 6.588 metros cuadrados. La infraestructura estará destinada a alojar a 320 internos en celdas dobles y forma parte del plan provincial para ampliar la capacidad carcelaria. El plazo de ejecución previsto es de 480 días desde el inicio de los trabajos.

Durante el acto, realizado en la Sala Walsh de la sede de Gobierno en Rosario, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, señaló que la licitación responde a “dos ejes centrales: la eficiencia en el uso de los recursos públicos y el ordenamiento del sistema penitenciario”. En ese sentido, advirtió que la provincia registra una tasa de encarcelamiento que supera la media nacional y crece mes a mes, con un promedio de 96 nuevos internos mensuales.

“Como Estado debemos aumentar la capacidad de las unidades existentes y aprovechar las economías de escala para administrar mejor los recursos”, sostuvo el funcionario. Y añadió: “Los santafesinos financian con sus impuestos el sistema de seguridad y penitenciario, por lo que tenemos la obligación de utilizar esos recursos de la manera más eficiente posible para garantizar mayor seguridad al menor costo”.

En la misma línea, Cococcioni remarcó que la ampliación permitirá avanzar hacia el objetivo de eliminar la presencia de detenidos en comisarías y mejorar la segmentación de la población penal. “Estas nuevas plazas contribuirán a consolidar un modelo que permita diferenciar perfiles y trabajar en la reinserción social de quienes son susceptibles de recuperarse”, indicó.

Respecto del perfil de los internos que serán alojados en la unidad, el ministro precisó que se tratará de población general, diferenciada de los detenidos de alto perfil o mayor peligrosidad.

Por su parte, el secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, subrayó la magnitud del plan en marcha: “Entre 1984 y 2003 se construyeron 4.379 plazas penitenciarias en la provincia. Con el programa impulsado desde 2023 por el gobernador Maximiliano Pullaro, proyectamos alcanzar más de 7.100 nuevas plazas, que se acercarán a las 7.500 al final de la gestión”.

A su turno, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, destacó la necesidad de consolidar infraestructura adecuada: “Contar con unidades seguras, bien construidas y con capacidad acorde a la demanda es clave para posicionar a Santa Fe como una de las provincias más avanzadas del país en materia penitenciaria”.

La obra se inscribe en un plan integral de infraestructura carcelaria que busca duplicar en cuatro años la cantidad de plazas construidas en el último siglo. Entre los proyectos en ejecución se destaca el Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (Ceriap) en Piñero, que tendrá capacidad para 1.152 detenidos.

Las empresas que presentaron propuestas fueron: Ing. Pedro Minervino SA ($ 19.749.637.343,70); Coemyc SA ($ 19.818.142.281,20); Dyscon SA ($ 19.190.394.734,67); Pecam SA ($ 17.219.441.896,97); Pose SA ($ 22.067.696.334,53); Dinale SA ($ 18.777.000.000); Pirámide Constructora SA ($ 18.542.509.621,05); Depaoli & Trosce Constructora SRL ($ 20.761.274.390,49); Sanimat SA ($ 19.726.710.668,61); AC Ingeniería SRL - Construcciones Tres (UTE) ($ 23.401.182.922,54); Mundo Construcciones SA ($ 18.788.810.926,49); Tecsa SA ($ 19.462.006.107,14); Werk Constructora SRL ($ 20.504.904.897,60); Edeca SA - Obring SA (UTE) ($ 19.236.237.619,09); y Epreco SRL ($ 18.887.989.691,38).

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe oficializó este martes la designación de Alejandro Tognolo como nuevo jefe de la Unidad Regional V, con sede en Rafaela. El acto de puesta en funciones se realizó a las 8 en el edificio de avenida Mitre y bulevar Santa Fe, y estuvo encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Tognolo asumió en reemplazo de Carlos Pagano, quien recientemente fue designado como subjefe de Policía de la Provincia de Santa Fe, en el marco de la reorganización de la cúpula policial provincial.

Durante la ceremonia, Cococcioni remarcó la relevancia institucional del cambio de autoridades y vinculó la designación con la necesidad de garantizar continuidad en la conducción de una departamental que, según indicó, mantiene buenos indicadores de operatividad.

“Es un día muy trascendente para la Policía de Santa Fe, y en particular para el departamento Castellanos y para la Unidad Regional V, en virtud de que el saliente jefe de unidad ha asumido como subjefe de Policía de la provincia, el director general Carlos Pagano. Se hacía necesario, por supuesto, efectivizar la cobertura de esta jefatura”, señaló.

Sobre el nuevo titular de la URV, agregó: “El director de Policía Alejandro Tognolo proviene del departamento San Cristóbal, que fue su último destino”.

El ministro sostuvo que la Unidad Regional V presenta actualmente un funcionamiento satisfactorio en términos de despliegue y presencia policial, aunque reconoció que aún es necesario reforzar la prevención, especialmente en la ciudad de Rafaela.

“La unidad la vemos ordenada en cuanto a sus indicadores principales de policiamiento, es decir, la cantidad de móviles en calle, la cantidad de identificaciones y la cantidad de aprehensiones en averiguación de antecedentes. La verdad es que es un despliegue muy satisfactorio”, afirmó.

En ese sentido, anticipó que habrá recursos adicionales para fortalecer la presencia policial en sectores clave. “Seguramente, con algunos recursos adicionales que en estos días se van a empezar a notar, vamos a poder mejorar lo que es la presencia y la operatividad en la zona céntrica, en los horarios diurnos, para atacar sobre todo el delito predatorio común, que de alguna manera es la primera cara y la primera imagen de la seguridad en una ciudad como Rafaela”, explicó.

Consultado sobre una de las problemáticas urbanas que atraviesa Rafaela, Cococcioni se refirió al debate en torno a los lavacoches y al marco normativo que hoy busca ordenar esa situación en la vía pública.

“Nosotros hemos participado a nivel provincial de un debate legislativo. Hoy tenemos un proyecto con media sanción de la Cámara de Senadores y falta que sea tratado en Diputados para convertirse en contravención a nivel provincial, lo cual le daría a la policía facultad coercitiva autónoma”, indicó.

Mientras tanto, explicó que la Policía provincial comenzará a actuar en apoyo de los inspectores municipales, en función de la normativa vigente en la ciudad. “Hoy lo que vamos a empezar a hacer es, por supuesto, en virtud de esta normativa, dar apoyo al personal municipal”, sostuvo.

Y agregó: “La Policía va a estar para brindarle cobertura, porque el personal municipal lo que no tiene es el uso de la fuerza pública para hacer cumplir esta ordenanza. Así que esperamos tener un muy buen trabajo en conjunto para tranquilidad de la ciudadanía”.

Cococcioni también brindó precisiones sobre el esquema de monitoreo policial que actualmente funciona en Rafaela. Según explicó, la ciudad forma parte del grupo de localidades santafesinas donde se aplica el sistema M3, orientado a controlar la operatividad policial en calle.

“Hoy, para dar una precisión en este sentido, en la ciudad de Rafaela está implementado el sistema M3 de monitoreo de la operatividad policial en calle, y es una de las 14 localidades en las que funciona”, detalló.

De acuerdo con los datos aportados por el ministro, el despliegue actual incluye once patrulleros permanentes y un tiempo de respuesta que se ubica en parámetros similares a los de otros centros urbanos de la provincia. “Tenemos un promedio de once patrulleros las 24 horas. El tiempo de respuesta no es superior a los siete minutos, lo cual es más o menos el promedio general de los principales centros urbanos de la provincia”, precisó.

Más allá de esos indicadores, el titular de la cartera de Seguridad insistió en que el principal desafío sigue siendo aumentar la prevención y la visibilidad policial antes de que se produzca un delito.

“Hay que seguir trabajando en la proactividad. Lo que la gente necesita saber es que la policía va a estar ahí más allá de que pueda llamar al 911, no solo ante un delito puntual, porque ahí ya es tarde, sino ante cualquier situación sospechosa o fuera de lo común”, afirmó.

Y completó: “Que llamen a la policía, que la policía va a estar ahí para cuidarlos, pero sin duda lo que hay que levantar siempre es la proactividad en calle”.

Para Cococcioni, esa presencia activa es la que genera un impacto concreto en la seguridad cotidiana. “La policía haciendo tarea de cacheo, de prevención y de identificación de personas es lo que genera realmente disuasión del delito y disminución de los hechos predatorios en una zona urbana”, concluyó.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe oficializó este martes la designación de Alejandro Tognolo como nuevo jefe de la Unidad Regional V, con sede en la ciudad de Rafaela.

El acto se llevó a cabo a las 8 en el edificio ubicado en la intersección de avenida Mitre y bulevar Santa Fe, y fue encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Durante la ceremonia, Tognolo asumió formalmente el cargo en reemplazo de Carlos Pagano, quien recientemente fue designado como subjefe de Policía de la Provincia de Santa Fe.

La puesta en funciones se realizó en el marco de la reorganización de la cúpula policial provincial, con la presencia de autoridades y personal de la fuerza.

En desarrollo 

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este martes los datos actualizados sobre hechos violentos contra mujeres por razones de género correspondientes al período 2024-2025. El informe muestra que durante 2025 se registraron 30 muertes violentas de mujeres en el territorio provincial, la cifra más baja de los últimos catorce años.

El trabajo fue elaborado de manera conjunta por el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Un fenómeno que comienza a visibilizarse

Durante la presentación en la ciudad de Santa Fe, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la reducción de los niveles generales de violencia permitió observar con mayor claridad la dimensión específica de la violencia de género.

Según indicó, desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro se adoptaron políticas orientadas a reducir los hechos de violencia armada en la provincia. “Esa disminución en los indicadores de homicidios y lesiones con armas de fuego también permitió evidenciar con mayor precisión la problemática de la violencia de género dentro del conjunto de hechos violentos”, señaló el funcionario.

Por su parte, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, consideró que los datos reflejan una tendencia alentadora, aunque remarcó que el desafío sigue siendo fortalecer la prevención y la atención a las víctimas.La funcionaria destacó que actualmente funciona una guardia permanente las 24 horas durante todo el año, que articula las incidencias recibidas a través de las líneas 911 y 144, además del trabajo coordinado con gobiernos locales y organizaciones sociales. Ese esquema, sostuvo, permite obtener información inmediata y activar los dispositivos de intervención adecuados en cada caso.

En la misma línea, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, subrayó que el informe no solo constituye un registro estadístico sino también una herramienta de gestión. “Nos permite orientar mejor las decisiones públicas, reforzar los dispositivos territoriales y profundizar la articulación entre instituciones para sostener una política pública que acompañe y proteja a las mujeres de la provincia”, afirmó.

Perfil de las víctimas y características de los hechos

La fiscal de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General del MPA, Carla Cerliani, detalló que durante 2025 se registraron 30 muertes violentas de mujeres en Santa Fe. De ese total, 18 tuvieron motivaciones vinculadas a razones de género: 16 fueron femicidios y dos transfemicidios.El informe también muestra una concentración territorial de los casos. El 60 % de los hechos ocurrió en el departamento Rosario y el 40 % en el departamento La Capital.

Las víctimas, en su mayoría, tenían entre 20 y 40 años. En cuanto a los medios utilizados, las armas de fuego continúan siendo el recurso más frecuente, por encima de armas blancas o agresiones físicas.Cerliani explicó además que, en la mayoría de los casos, existía algún tipo de vínculo entre la víctima y el agresor, y que los hechos se produjeron principalmente en domicilios particulares. “La gran mayoría de los femicidios presentan una relación previa entre víctima y victimario”, indicó.

Menor violencia general, menor violencia contra mujeres

La fiscal también señaló que, en comparación con años anteriores, los períodos 2024 y 2025 muestran una reducción en la cantidad de muertes violentas de mujeres. Según explicó, existe una relación directa entre los niveles generales de violencia social y el impacto que estos contextos tienen sobre mujeres y niñas.

En años de mayor violencia criminal en la provincia -especialmente vinculados a la criminalidad organizada- algunas mujeres resultaron víctimas en hechos ocurridos en espacios públicos y sin vínculo previo con los agresores. En esos casos, explicó la fiscal, las motivaciones de género coexistían con dinámicas propias del delito organizado.

El análisis comparativo permitió observar que en aquellos períodos predominaban hechos cometidos fuera del ámbito doméstico, con autores no identificados o sin relación directa con las víctimas. Cerliani subrayó finalmente que la producción y difusión de estos datos resulta clave para mejorar las estrategias de investigación y persecución penal. De la presentación también participó la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes.

El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, expresó que el inicio del año legislativo abre una etapa de transformaciones profundas en el sistema judicial provincial y sostuvo que el objetivo es avanzar hacia un modelo más moderno, eficiente y con mayor capacidad de respuesta.

El funcionario señaló que existe expectativa en torno a cambios estructurales en el funcionamiento judicial y consideró que el mensaje del gobernador debía marcar el rumbo de esas reformas. En ese marco, explicó que la prioridad pasa por mejorar el funcionamiento de los fueros más exigidos y fortalecer la estructura operativa del sistema.

Cococcioni remarcó que uno de los puntos centrales es dotar de mayores recursos al fuero laboral y al fuero de familia, especialmente en Rosario, donde la demanda judicial creció en los últimos años. Según indicó, la necesidad de reforzar esas áreas surge de la presión que atraviesan los tribunales y de la urgencia de acelerar los tiempos de respuesta.

El ministro insistió en que la provincia necesita proyectar su Justicia a mediano y largo plazo. En ese sentido, sostuvo que las reformas deben pensarse con horizonte de dos, cinco y hasta diez años, con un enfoque que supere las urgencias coyunturales y apunte a un rediseño institucional más amplio.

Uno de los ejes que el funcionario destacó fue la informatización del sistema judicial. Para Cococcioni, el proceso de digitalización avanzó, pero aún no alcanzó un nivel pleno que permita agilizar expedientes, procesos y trámites.

El ministro sostuvo que completar la transformación tecnológica resulta clave para modernizar el funcionamiento judicial y mejorar la calidad del servicio. Según explicó, la digitalización no solo impacta en la eficiencia interna, sino también en la accesibilidad para ciudadanos, abogados y operadores del sistema.

En ese marco, señaló que la provincia ya inició ese camino y que los próximos pasos deben consolidar una informatización integral. A su entender, la Justicia debe acompañar los cambios sociales y tecnológicos para evitar quedar rezagada frente a otras áreas del Estado.

Cococcioni también aclaró que el sistema de investigación penal no depende directamente del Poder Judicial, sino del Ministerio Público de la Acusación, organismo autónomo que lleva adelante la política criminal. No obstante, afirmó que el fortalecimiento institucional del sistema acusatorio seguirá siendo parte del proceso de reforma.

El ministro anticipó que hacia fines de 2026 la provincia tendrá una Corte Suprema con cambios en su integración, lo que implicará nuevas dinámicas de funcionamiento interno y acuerdos institucionales.

Según explicó, esa renovación obligará a repensar la articulación entre los distintos poderes del Estado y a adaptar la gestión judicial a una nueva etapa política e institucional. Para Cococcioni, el desafío no será solo el recambio de nombres, sino la posibilidad de consolidar una visión estratégica de largo plazo.

El funcionario sostuvo que el gobierno sigue con atención los conflictos y demandas del sistema judicial, y aseguró que la expectativa oficial es que los problemas estructurales puedan resolverse con mayor rapidez a medida que avancen las reformas.

En ese contexto, afirmó que el objetivo central es construir una Justicia más eficiente, con mejores estándares de funcionamiento y preparada para responder a las demandas actuales de la sociedad santafesina.

El Litoral

Las autoridades levantaron el pase a disponibilidad de agentes sancionados y les pidieron regresar al trabajo en la calle. Economía garantizó que el personal con mayor carga horaria no cobrará menos que la canasta básica del Indec, en el marco de una recomposición salarial focalizada en los rangos subalternos.

Los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, brindaron este miércoles una actualización sobre la situación derivada del conflicto policial y anunciaron decisiones orientadas a normalizar el servicio, recomponer el vínculo con la fuerza y atender reclamos salariales considerados legítimos.

Cococcioni subrayó que, pese a la protesta, “la seguridad pública nunca se resintió” en ningún punto de la provincia. Según detalló, Rosario “recupera su normalidad operativa” y en la Unidad Regional II la operatividad se mantuvo en torno al 90 %, con todas las incidencias atendidas y sin hechos graves asociados al conflicto.

El ministro remarcó que el Gobierno de Santa Fe considera “válidos, aceptables y atendibles” los reclamos del personal y valoró la instancia de diálogo abierta este martes por la noche con representantes de la fuerza. En ese marco explicó el sentido de las medidas administrativas adoptadas previamente: el pase preventivo a disponibilidad “se tomó para ordenar el marco de la negociación y no como una sanción definitiva”.

Con ese objetivo cumplido y al haberse restablecido una interlocución, la Provincia levantó la disponibilidad y pidió el retorno inmediato al servicio. “A quienes fueron notificados de medidas administrativas les solicitamos que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reincorporen de manera inmediata al servicio ordinario de la Policía de Santa Fe. Esto implica que salen en lo inmediato de la situación preventiva en la que habían sido colocados”, precisó Cococcioni.

El funcionario reconoció que existe un personal muy resentido por la carga de trabajo y las tensiones de los últimos años, lo que exige una respuesta integral del Estado. Recordó además las políticas recientes de bienestar policial: refuerzo de programas de salud mental, mejoras económicas y beneficios en transporte y alojamiento.

“No hay ningún tipo de mella en el aprecio, el respeto y el agradecimiento que tenemos hacia nuestras fuerzas de seguridad. Si debemos hacer un esfuerzo mayor para reconocerlas de manera diferenciada respecto del resto de la administración pública, entendemos que es correcto. Gracias a su trabajo hoy podemos exhibir resultados en materia de seguridad valorados en todo el país”, sostuvo.

Garantía de ingreso y focalización salarial

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó la “alta dedicación y la elevada carga horaria” que caracteriza al personal policial y penitenciario, factores que -dijo- deben reflejarse en la estructura salarial.

En ese sentido anunció que todo el personal de escalafón general de seguridad y del servicio penitenciario con jornadas de 48 horas o más tendrá un ingreso no inferior a la canasta básica para un hogar tipo publicada mensualmente por el Indec.La medida implicará destinar mayores recursos provinciales con foco en los rangos subalternos, donde se concentran los salarios más bajos. “La prioridad es que ningún agente quede por debajo de la canasta básica y, a partir de allí, avanzar en una jerarquización del salario que reconozca que a mayor responsabilidad debe corresponder mayor remuneración”, concluyó Olivares.

EL LITORAL

El ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno Provincial, Pablo Cococcioni, encabezó este martes a las 8.30 una conferencia de prensa en la ciudad de Rosario, donde se refirió a los episodios ocurridos en las últimas horas, vinculados a protestas de personal policial y a situaciones que afectaron el normal despliegue preventivo en distintos puntos de la provincia.

En su exposición, el funcionario dejó en claro que el Gobierno reconoce la legitimidad de los reclamos vinculados a las condiciones laborales, pero advirtió que en ese contexto se produjeron hechos que excedieron cualquier marco legal. “Las necesidades y los problemas del personal de la policía de Santa Fe los compartimos, somos los primeros en destacarlos y en ponernos a trabajar con todas las herramientas a nuestro alcance”, sostuvo Cococcioni.

Sin embargo, según explicó el ministro, durante la noche del lunes y la madrugada del martes se detectaron maniobras que calificó como graves. “Sobre un reclamo cuyo fondo juzgamos legítimo y atendible, se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar, a partir de intereses particulares y sectoriales, acciones violentas y antijurídicas”, afirmó.

En ese marco, detalló que se intentó impedir la salida de móviles policiales para tareas de patrullaje y que varias unidades quedaron fuera de servicio. “En la ciudad de Rosario, no menos de veinte unidades fueron directamente paralizadas, puestas frente a la jefatura como lugar de protesta, y luego algunas de esas personas cometieron abandono de servicio”, señaló. Y agregó: “Dejaron los patrulleros parados y se retiraron, abandonando el servicio policial”.

Cococcioni remarcó que esas conductas tendrán consecuencias administrativas y judiciales. “Estas acciones son cruzar una línea que nosotros no vamos a consentir”, enfatizó. En ese sentido, confirmó que ya se iniciaron actuaciones formales. “Anoche mismo el jefe de Policía de la provincia comenzó a labrar las actuaciones administrativas, con todo nuestro respaldo”, indicó.

El ministro precisó que “no menos de veinte funcionarios policiales” fueron pasados a disponibilidad, con retiro de arma reglamentaria y chaleco antibala, y aclaró que el número podría ampliarse a medida que avancen las investigaciones. Además, informó que se trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público de la Acusación para analizar posibles delitos penales.

Durante la conferencia, Cococcioni fue más allá y apuntó contra determinados sectores internos. “Tenemos detectada gente allegada a sectores desplazados de la policía de Santa Fe, en algunos casos vinculados a gravísimos delitos de corrupción, cuyos perpetradores hoy están privados de libertad”, afirmó. Y advirtió: “Utilizar a la institución policial y a sus funcionarios para minar la política de seguridad que tanto trabajo nos costó poner en orden, no lo vamos a dejar pasar”.

El ministro reconoció que la situación generó dificultades operativas, aunque aseguró que el servicio se mantiene. “Hoy el patrullaje se está sosteniendo, no con normalidad, con esfuerzos, pero se está sosteniendo”, explicó. No obstante, advirtió sobre los riesgos: “Que no menos de veinte unidades abandonen su servicio eleva objetivamente los niveles de riesgo y puede acarrear responsabilidad penal si ocurriera un delito que no pudo ser evitado”.

Finalmente, Cococcioni reiteró la disposición del Gobierno al diálogo, pero marcó un límite infranqueable. “Estamos dispuestos a dialogar todo lo que tenga que ver con mejorar las condiciones de trabajo y organizar mejor la jornada laboral”, afirmó. Sin embargo, subrayó: “No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública de los habitantes de la provincia de Santa Fe”.

En ese cierre, defendió la estrategia oficial en materia de seguridad. “Le guste a quien le guste, esta es una política de seguridad exitosa, que está bajando el delito y la violencia en Rosario y en toda la provincia”, concluyó.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a los secretarios de Seguridad Pública, Omar Pereira, y de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, brindaron este viernes detalles sobre el plan integral para las fuerzas de seguridad que pondrá en marcha el Gobierno Provincial.

La medida surgió tras una serie de reuniones encabezadas por el gobernador Maximiliano Pullaro con integrantes de su gabinete, en las que se definió un conjunto de políticas activas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo y bienestar del personal policial, atendiendo también a planteos de distintos sectores de la fuerza.

El Ejecutivo parte de un diagnóstico político explícito: la Policía de Santa Fe viene registrando resultados operativos históricos y merece ser escuchada y respaldada. A partir de esa lectura, el plan se estructura en cuatro ejes: salud mental; transporte; alojamiento y reconocimiento económico al personal de calle.

Al inicio de la presentación, Cococcioni recordó que desde el comienzo de la gestión de Pullaro “teníamos la misión de bajar los indicadores de violencia en la provincia, particularmente en Rosario, y la policía respondió”.

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En ese sentido, afirmó que “todo lo que podamos fortalecer, ampliar y priorizar para que el policía esté mejor lo vamos a hacer, porque para nosotros la inversión en seguridad es la prioridad número uno”. Además, remarcó que “para el bienestar de la policía no vamos a escatimar recursos”, ya que “invertir en seguridad, equipamiento y bienestar policial es invertir en la seguridad de los santafesinos”.

Como reconocimiento directo al trabajo operativo, el ministro santafesino anunció la creación de un plus económico para el personal de calle que oscilará entre 250.000 y 500.000 pesos mensuales. El monto variará según destinos y tareas específicas, y se asignará en función de “escenarios urbanos que, de acuerdo con los datos de análisis criminal, presentan mayor complejidad en materia de delito y violencia”.

Asimismo, los conductores de patrulleros en cualquier punto de la provincia percibirán un suplemento adicional de 250.000 pesos mensuales. “Este beneficio no se superpone con los anteriores. De las dos personas que integran una patrulla, quien conduce asume una responsabilidad mayor y cumple una función indispensable”, explicó Cococcioni.

Por otra parte, la Tarjeta Alimentaria Policial pasará de 86.800 a 175.682 pesos mensuales, lo que representa un aumento del 102 %. En tanto, la hora OSPE se actualizará: en el rango más bajo pasará de 2.781 a 5.283 pesos; en el rango intermedio, de 8.352 a 15.868; y en el rango más alto, de 11.000 a 21.000 pesos. “Si tomamos como referencia diciembre de 2023 hasta este último incremento, el aumento acumulado alcanza el 600 %”, subrayó el ministro.

En materia de salud mental, Cococcioni reconoció que “existían herramientas que no eran conocidas por gran parte del personal”. Por eso, la Provincia pondrá en marcha un programa de cobertura integral sin costo ni coseguro para los efectivos que se adhieran, que incluirá atención profesional, provisión de medicamentos y acompañamiento al grupo familiar, entendiendo que la labor policial también impacta en el entorno cercano.

En segundo lugar, se ampliará el transporte gratuito para el personal policial, con más destinos y mayores frecuencias en los recorridos actuales, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y gastos de bolsillo. “Pasamos de 6 colectivos a 12 para el traslado del personal, con una inversión mensual de 1.000 millones de pesos, y sumaremos nuevas líneas si resulta necesario”, indicó el ministro.

En tercer término, el Gobierno Provincial garantizará alojamiento gratuito en las ciudades de Rosario y Santa Fe para efectivos provenientes de otras localidades, en condiciones equivalentes a las que reciben hoy las fuerzas federales desplegadas en territorio provincial. Cococcioni recordó que “durante algunos años, cuatro de cada cinco nuevos efectivos provenían de departamentos del norte y solo uno del sur”.

Finalmente, adelantó que existe “la decisión del gobernador de evaluar el lanzamiento de un programa de apoyo para policías que alquilen vivienda en su lugar de destino”. Según explicó, “preferimos una fuerza que viva donde trabaja y pueda descansar adecuadamente para cumplir mejor su tarea”.

En la antesala de la audiencia en tribunales de Santa Fe para definir cuáles son las medidas a tomar con los menores de edad acusados por el crimen de Jeremías Monzón, el gobierno provincial detalló parte de su propuesta y abordaje.

Desde las 11 horas se realizó la audiencia multipropósito presidida por el juez Gustavo Urdiales y que también cuenta con la presencia de representantes de ambas partes del caso.

Desde el gobierno santafesino, el máximo enviado fue el Ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, quien habló con CyD Litoral antes de ingresar a la discusión: “Hicimos una propuesta que después está en manos de Fiscalía y se va a discutir en la audiencia en el marco de lo que la ley nos permite hoy en día”.

Cococcioni hizo foco en la edad de la punibilidad de los menores como el foco del debate del sistema penal juvenil: “Creemos que hay que discutir urgentemente la baja la baja con posibilidad a nuestro criterio de perforación del mínimo, es decir, de ir más abajo de la edad en casos excepcionales, graves que lo ameriten y cuando hay un dictamen de peritos que acreditan que el menor tuvo la capacidad de comprender la criminalidad del hecho”.

“Para aquellos menores que siempre pueda haber que no resulten punibles, tiene que haber a nuestro criterio la posibilidad de una medida restrictiva, una medida en algunos casos hasta de internación”, agregó el ministro.

De cara a la discusión nacional, el funcionario de Seguridad adelantó que la Casa Gris se puso “a disposición de los legisladores nacionales por la provincia de Santa Fe para ir también al Congreso y dar esa discusión”.

Daniela León, Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe, complementó las expresiones de Cococcioni: “Hemos hecho una propuesta de las medidas que están previstas hoy en el nuevo código”, y aclaró que no se pueden dar precisiones sobre las mismas “porque aún no está el resultado de la audiencia”.

“El organismo de aplicación va a ser la Secretaría de Niñez, pero en forma conjunta con el Ministerio de Justicia y Seguridad. Es lo que tenemos para decir, no podemos hablar de las propuestas porque se hablará luego del resultado de la audiencia”, remarcó la funcionaria.

Tras ser consultada por El Litoral sobre la viabilidad de un traslado de los menores de edad acusados de matar al joven santotomesino, León indicó que si es posible, luego de que el abogado de la víctima, Bruno Rugna, hiciera pública la intención.

Un ejemplo reciente de esta metodología es el caso del joven de 16 años que cometió ocho robos durante el mes de enero en San José del Rincón y fue trasladado al E.S.P.A. (Espacio de Acompañamiento y Supervisión) ubicado en la ciudad de Rafaela.

León detalló que desde el área de Niñez de la provincia se han elevado “más de 15 actas de intervenciones, hemos tenido entrevistas a los progenitores, en algunos casos a familia ampliada, también a los propios adolescentes y todo ese material lo tiene el fiscal”.

Cococcioni también indicó al respecto: “Respecto de las personas que serían objeto de la medida, no se le ha anticipado tengo entendido, y eso es algo que tiene que formar parte de lo que se discute. Son medidas que eventualmente impondrá un magistrado y tendrán que cumplirlas”.

“Obviamente ha habido un contacto y una contención desde el principio con la familia de Jeremías, no sólo por cuestiones relativas al al la información sobre la causa, sino también en la el acompañamiento, en la contención, el poder escucharlos y que sepan que con todas las herramientas que tengamos en la provincia de Santa Fe va a estar para acompañar las víctimas”, comentó el encargado de la cartera de Seguridad.

El Litoral

En un acto desarrollado en la mañana de este martes en la ciudad de Rafaela, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe entregó 18 camionetas 0 km adaptadas para el patrullaje, destinadas para la Unidad Regional V del departamento Castellanos.

La convocatoria estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el intendente local, Leonardo Viotti; junto a otras autoridades que se dieron cita en el edificio de la URV, ubicado en la intersección de las avenidas Mitre y Santa Fe.

Cococcioni, en primer lugar, transmitió el saludo del gobernador Maximiliano Pullaro y contó que “estamos completando una entrega de lo que iba a ser la última del año 2025 y se convirtió en la primera de 2026, y forma parte de un proceso de adquisición de un poco más de 2.690 vehículos para la Policía de Santa Fe entre autos, motos y camionetas en los últimos dos años”.

El ministro reconoció y resaltó “el apoyo dado por todo el arco político, que nos brindó una Ley de Emergencia muy potente para re equipar a nuestra Policía”.

“La Provincia cuenta con un presupuesto equilibrado, con un programa, con una política pública que tiene obra pública, obra pública para la seguridad, obra pública en rutas, hospitales, escuelas, autopistas y también queda margen para esto, la inversión en equipamiento, la inversión en seguridad”, enumeró Cococcioni.

En otro orden, el funcionario aseguró que “vehículos, armamentos, chalecos, uniformes, sistemas de seguridad, armamento de baja letalidad, todo lo que esté a nuestro alcance; sepan que el gobierno de Santa Fe no va a escatimar un solo recurso para que nuestra Policía tenga todo lo que necesita para seguir cuidando a los santafesinos”.

En otro apartado, Cococcioni afirmó que “Rafaela es un lugar priorizado por nuestros equipos de gestión que, semana a semana, están siguiendo cuántos patrulleros hay en calle, cuántas identificaciones se hacen en calle y cuántas detenciones en averiguación de antecedentes”.

El intendente Leonardo Viotti, por su parte, destacó que “la posibilidad de contar con estos nuevos equipamientos es sumamente necesario para la prestación de los servicios de manera correcta como lo requiere nuestra gente y como lo requieren nuestros agentes para poder tener las condiciones necesarias y desarrollar su tarea en territorio que es donde tienen que estar”.

El intendente agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Cococcioni y señaló que “vamos a seguir trabajando como lo hacemos siempre de manera articulada y conjunta para generar las herramientas necesarias para combatir de manera conjunta la inseguridad y la violencia en la ciudad de Rafaela y en el departamento Castellanos”.

Estos móviles policiales forman parte de las 720 nuevas unidades que adquirió el Gobierno de Santa Fe en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad. En este caso, fueron 18 camionetas Chevrolet Montana, totalmente equipadas para patrullaje, adquiridas por licitación pública. Entre otras características, las nuevas camionetas cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados y rejas de protección para las luces, equipadas con pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores.

Los vehículos policiales están preparados para patrullar en zonas urbanas, rurales y caminos difíciles, ya que son una herramienta clave para la seguridad en la provincia por su robustez, capacidad todoterreno y equipamiento de seguridad.

Un amplio operativo policial se desarrolló este martes en el barrio 2 de Abril de Rafaela, donde se concretaron allanamientos en distintos puntos de la ciudad en el marco de la investigación por un grave hecho ocurrido días atrás.

El procedimiento fue encabezado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) junto con la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía de la Provincia de Santa Fe, con colaboración de la Municipalidad de Rafaela, que aportó un dron para tareas de monitoreo aéreo.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, estuvo presente durante el operativo, acompañado por el fiscal regional de la 5° circunscripción, Carlos Vottero.

El ministro Cococcioni confirmó que los allanamientos dejaron resultados positivos y la detención de un sospechoso: “En principio podríamos confirmar un sospechoso vinculado al hecho detenido. Es un avance muy importante, y ahora la fiscalía deberá trabajar con todo ese material para producir la respuesta judicial que corresponda, para que este hecho no quede impune”, expresó.

“Para el barrio no es algo que tenga que pasar. Desde el principio se tomó el caso con la seriedad que amerita, poniendo todos los recursos necesarios para llegar al esclarecimiento”, remarcó el ministro.

Además, anticipó que se evaluarán medidas para reforzar la seguridad en la zona. “Vamos a fortalecer la presencia policial y revisar si las medidas adoptadas fueron las adecuadas. Si hay algún déficit puntual, se van a tomar las medidas necesarias para corregirlo”, aseguró.

“La familia afectada están en una situación muy delicada. Debemos acompañarlos en este momento difícil”, expresó con cautela, evitando dar mayores detalles sobre el caso.

Por su parte, el fiscal regional Carlos Vottero explicó que los allanamientos responden a una investigación por tentativa de homicidio, y que la fiscalía trabaja desde el inicio en conjunto con las fuerzas de seguridad provinciales.

El fiscal confirmó la detención de un hombre mayor de edad, presunto autor del hecho ocurrido el lunes pasado. “Hace unos minutos pudimos proceder a la detención del supuesto autor de este hecho tan grave. Va a quedar detenido, y en los próximos días se realizarán más procedimientos”, indicó.

El fiscal agregó que la situación en el barrio no se limita a un solo caso. “No son hechos aislados. Son hechos vinculados entre sí, que involucran a distintas personas de este barrio, cada una con distintos grados de participación en delitos configurativos”, precisó.

Cabe destacar Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que, además del trabajo judicial, se busca fortalecer la presencia policial en los sectores más conflictivos.

La vicegobernadora de la Provincia, Gisela Scaglia, junto con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Coccocioni, entregó esta semana en Santa Fe los certificados de graduación a los primeros 220 policías que completaron sus estudios en las Tecnicaturas Superiores de Análisis del Delito -cohortes 2021 y 2022- e Investigación Criminal -2021, 2022 y 2023-, cursadas en la Escuela de Investigaciones del Instituto de Seguridad Pública (ISEP.), cuyos títulos otorgan validez nacional. 

La actividad se desarrolló en la sala auditorio del Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).  En la oportunidad, Scaglia felicitó a los flamantes graduados por “el esfuerzo y la búsqueda constante de aprender y de formarse para que ese uniforme que visten a diario siga siendo respetado y valorado por todos los santafesinos y santafesinas”.

“Como Gobierno Provincial -prosiguió Scaglia- hacemos un esfuerzo muy grande todos los días para que la Policía sienta el respaldo político que necesita, ya que la tarea que llevan a cabo es un pilar fundamental en la búsqueda del orden, la paz y la seguridad de toda la provincia”, completó.Por su parte, Cococcioni destacó “el trabajo y el empeño de cada uno de ustedes porque siempre prima la decisión individual de cada uno para quedarnos con lo que tenemos o vamos por más. Y aquí están los que eligieron ir por más. No es un hecho menor lo que han logrado”, remarcó.

A continuación, el funcionario afirmó que “ese logro y vocación individual de cada uno de ustedes coincidió con el diseño de un plan general de Seguridad del Gobierno que permite y necesita de esa formación y experticia”, al tiempo que explicó que “llevamos adelante un plan de seguridad que demanda personal especializado y exige conocimientos tecnológicos actualizados, porque la sociedad misma también lo demanda”, aseguró.Finalmente, Cococcioni valoró “el trabajo conjunto de los ministerios de Justicia y Seguridad y de Educación, el ISEP y los equipos técnicos y de docentes” para la implementación y desarrollo de ambas carreras. Del acto participaron también la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, el jefe de Policía de la Provincia, Luis Maldonado; y el subjefe de Policía, Daniel Filchel, junto con demás autoridades provinciales.

Desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro se realizaron las gestiones correspondientes para lograr la validación nacional de los títulos de ambas carreras que no eran reconocidas, pese a haber sido habilitadas durante la administración gubernamental anterior. En ese marco, los ministerios de Educación, y de Justicia y Seguridad, lograron ese objetivo -incluso con retroactividad- permitiendo que los egresados obtengan su título de carácter nacional.

La Escuela de Investigaciones del ISEP fue creada por el Decreto 688/15, con la misión de desarrollar planes y programas de capacitación en análisis criminal e investigación técnica y científica de los delitos; y comenzó con sus propuestas formativas en el año 2019 con el objetivo de la formación integral del talento humano de los organismos de investigación policial, transmitiendo conocimientos socialmente válidos con el fin de contribuir a desempeños exitosos y estándares de excelencia en el cumplimiento de sus misiones.Sus objetivos particulares son:

Los directores generales de Policía, licenciado Luis Maldonado (Jefe de Policía) y licenciado Daniel Filchel (Subjefe), realizaron la jura a la nueva Constitución Provincial de Santa Fe. El acto tuvo lugar ayer por la tarde en el Auditorio del Ministerio de Justicia y Seguridad, en la ciudad capital.

Durante la ceremonia, el secretario de Justicia, abogado Santiago Mascheroni —quien se desempeñó como secretario parlamentario de la Convención Reformadora—, junto a la secretaria de Asuntos Penales, abogada Lucía Masneri Calderari, tomaron juramento al ministro de Justicia y Seguridad, abogado Pablo Cococcioni.

Posteriormente, el ministro Cococcioni realizó la toma de juramento a los secretarios, subsecretarios, directores y funcionarios de las distintas áreas del Ministerio, como así también al Jefe y Subjefe de Policía y a la subdirectora general del Servicio Penitenciario.

Cabe destacar que la ceremonia contó con el acompañamiento musical de la Banda Sinfónica Policial Organismo Santa Fe, que interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino y diversas piezas durante el desarrollo del acto.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, inauguró este jueves una delegación en la ciudad de Rafaela que estará ubicada en calle Güemes 282. 

Allí funcionarán desde ahora tres servicios integrados: el Centro de Denuncias, la Agencia de Mediación (AGEM) y el Centro de Asistencia Judicial (CAJ), además de contar con una oficina fija para los referentes territoriales del ministerio.

Tras el corte de cintas, los funcionarios presentes brindaron una conferencia de prensa. “Es un lugar donde van a convivir distintos servicios orientados a la seguridad y al asesoramiento para los vecinos de Rafaela y de la región”, destacó el intendente Leonardo Viotti durante el acto de apertura.

La delegación no solo concentrará servicios de atención al público, sino que se plantea como un punto estratégico para la articulación institucional y la planificación conjunta de políticas públicas en seguridad y justicia. “Vamos a poder desarrollar tareas que ya veníamos haciendo en conjunto, como el comando unificado, y vamos a seguir trabajando con instituciones, vecinales y vecinos. El trabajo es conjunto”, remarcó Viotti.

Por su parte, el ministro Pablo Cococcioni subrayó que las oficinas ya están en pleno funcionamiento: “Hoy mismo comienzan a operar el Centro de Denuncias, el Centro de Asistencia Judicial y la Agencia de Mediación. Y también funcionará una sede para nuestros delegados políticos en el territorio: Eduardo Cosentino y Sebastián Rancaño”.

El ministro agregó que el espacio fue concebido para dar respuestas concretas: “Este es un lugar donde se va a escuchar, se va a atender y nadie se va a ir sin una respuesta del Estado. Queremos decirles a los rafaelinos que el gobierno provincial está presente”, dijo.

A su turno, la secretaria de Gestión Institucional del ministerio, Virginia Coudannes, explicó que uno de los grandes avances de esta sede es ofrecer una respuesta integral desde un mismo lugar. “Es un espacio donde los vecinos van a encontrar un círculo virtuoso: la posibilidad de hacer una denuncia, recibir asistencia judicial y acceder a herramientas de mediación”, explicó.

Además, Coudannes señaló que la oficina permitirá profundizar la presencia en el territorio con actividades como los talleres del 911, las reuniones con vecinales y el trabajo con la policía local. “Este también es un espacio de los vecinos. Por eso decimos que es la casa del Ministerio de Justicia y Seguridad. Las puertas están abiertas y esperamos que los vecinos se acerquen a usarlo”, concluyó.

Los Centros de Denuncias funcionan como un espacio alternativo a las comisarías y brindan atención, orientación a la comunidad y recepción de denuncias relativas a hechos delictivos o contravenciones. Atienden de lunes a viernes de 8 a 20 y garantiza a los vecinos el acceso directo a la justicia ya que todas las denuncias o trámites que se realizan en los centros son enviados automáticamente, vía online, a las fiscalías correspondientes.

Son atendidos por jóvenes abogados recientemente recibidos y trabajan en forma coordinada con los Centros de Orientación para Víctimas de Delitos y otras organizaciones relacionadas, según corresponda.

Los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) tienen por objeto informar y orientar a las personas que han sufrido delitos sobre sus derechos y las vías institucionales para hacerlos valer, brindan asistencia integral a las mismas y asistencia técnica para constituirse como parte querellante en los casos que encuadren en la reglamentación. Tienen experiencia en la atención de delitos producidos en contextos de violencia de género, en ataques sexuales, y en delitos de homicidios.

Sus acciones buscan fortalecer y facilitar el ejercicio de derechos ciudadanos y ciudadanas, especialmente los derechos que las víctimas de delitos pueden ejercer por sí mismas, y promover miradas novedosas en el paradigma de los Derechos Humanos dentro del sistema de justicia penal.

Las Agencias de Gestión de la Mediación (AGEMs) tienen por objeto la implementación y gestión de la Mediación Prejudicial Obligatoria en Materia Civil, Comercial y de Familia establecida por la Ley Provincial 13.151. En estas agencias se regulan y gestionan los Registros de Mediadores, Mediadoras, Comediadores y Comediadoras y de Entidades Formadoras de la Mediación. También el sorteo y seguimiento del Sistema de Mediación Prejudicial Obligatoria.

Este jueves, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, junto al ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisaron el derribo de un inmueble que funcionaba como búnker de venta de drogas en la intersección de Rueda y Príncipe de Gales, en Rosario. El lugar estaba vinculado a una facción de la organización criminal de “Los Cantero”.En el operativo, Scaglia destacó tanto la vigencia de la Ley de Microtráfico como “la política de seguridad de este Gobierno que, sin miedo y con mucha valentía, trabaja junto a la Justicia y al MPA para poner lo necesario”.

La vicegobernadora señaló que el objetivo es que “los delincuentes estén en la cárcel y los lugares donde ellos transitaban no existan más ni sigan perturbando la vida del barrio”, de modo que se pueda “empezar a llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas, para que sepan que no van a ser espacios que ocuparán otros”, subrayó.

El ministro Cococcioni, por su parte, precisó que con la aplicación de la Ley de Microtráfico “hoy estamos llegando a 70 búnkers derribados en la provincia, la mayoría en Rosario”. Explicó que el inmueble destruido “no solo se utilizaba para vender drogas, sino que también presentaba otros indicadores de criminalidad, como disparos de armas de fuego con heridos, personas armadas y actividades sospechosas”.

En relación con la construcción, indicó que “en su origen no era precaria, pero hoy prácticamente era inutilizable para otro fin que no fuese la actividad ilícita a la que estaba destinada”. En este sentido, sostuvo que “la mejor forma de cortar la actividad y asegurar que no se reinstalen es desmantelarlo y derrumbarlo para que no vuelva a ser utilizado”. Y concluyó que desde el Gobierno provincial “vamos a seguir hasta que los delincuentes no tengan un lugar donde esconderse y continuar con actividades criminales”.

El fiscal del MPA, Franco Carbone, valoró la Ley de Microtráfico como “una medida muy efectiva no solo por el impacto simbólico en el barrio y en la organización criminal, sino por el efecto real”. Recordó que en la zona del derribo “los allanamientos comenzaron en 2023; en un radio de 300 metros tenemos incidencias que reportan violencias de todo tipo, vinculadas a una de las bandas más importantes que operó en la ciudad, a la que venimos encarcelando distintos eslabones de la cadena y cortándoles los lazos”.

La provincia de Santa Fe cuenta desde finales de 2023 con la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro. La norma habilita la inactivación de puestos de venta de drogas y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.Desde su puesta en marcha, el Ministerio de Justicia y Seguridad ha intervenido cerca de 70 espacios en todo el territorio provincial. Estos operativos se llevan a cabo desde principios de 2024 en un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia, la Policía santafesina y los gobiernos locales.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, entregó este miércoles un minibus completamente equipado con tecnología para tareas específicas de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Unidad Regional V.

Durante el acto, realizado en Rafaela, también se presentaron las nuevas pistolas de baja letalidad Taser.Cococcioni afirmó: “Llevamos adelante un programa de reequipamiento de la fuerza de seguridad en todos sus niveles. Estamos prestando atención, por un lado, a lo preventivo y, por el otro, a lo investigativo. Es importante que cuando ocurra un delito podamos estar presentes con todas las herramientas para poder esclarecerlo”.

El ministro subrayó que hacía muchos años la PDI no contaba con un utilitario de gran porte para escenas del crimen. Explicó que cada jefatura regional de la PDI, en correspondencia con las Fiscalías Regionales del Ministerio Público de la Acusación, dispondrá de un equipamiento de mayor complejidad como el que ahora se presentó. “Vamos a ir rotando los móviles en cada departamento para que puedan llegar al lugar con mayor agilidad. Esto permite a los investigadores forenses tener todas las herramientas para asegurar una escena, evitar la contaminación, garantizar la cadena de custodia y levantar huellas y datos que serán puestos a disposición de la Fiscalía”, remarcó.

Pistolas de baja letalidad

En cuanto a las nuevas pistolas Taser, Cococcioni precisó que “en el departamento Castellanos estamos haciendo un punto focal, junto con Rosario, Santa Fe, Reconquista y Venado Tuerto, que también van a tener este tipo de armamento. Esta es una prueba piloto. La Provincia hasta ahora no contaba con estas armas, que se incorporan con capacitación previa de cada operador y bajo un proceso de monitoreo y evaluación de resultados”.

El ministro destacó que la inversión del Gobierno Provincial en pistolas de baja letalidad asciende a 1.900 millones de pesos: “Este es un armamento que el mundo está incorporando, Argentina muy gradualmente y Santa Fe a la vanguardia lo empieza a implementar. Son armas de electrochoque a un alto voltaje, pero con un amperaje que hace que sea mínimo el riesgo para la integridad física y la salud”, explicó.

Al referirse al trabajo policial en el departamento, indicó que “esta Unidad Regional ostenta el récord provincial de detenciones en averiguación de antecedentes por cantidad de habitantes. No negamos los problemas de seguridad. El problema es cuando hay delito y la policía no hace nada. Ahora es distinto: hay delito, pero la policía está en la calle, identificando, deteniendo y desplegada. Por eso, vamos a respaldar siempre el trabajo de la fuerza”.

Equipamiento altamente calificado

El jefe de la Unidad Regional V, Carlos Pagano, valoró el aporte y lo calificó como “un día histórico por estar recibiendo equipamiento altamente calificado, que nos va a permitir desarrollar nuestra labor conforme a los lineamientos que dicta el Ministerio de Justicia y Seguridad. Esto se suma a los innumerables insumos y elementos recibidos en los últimos meses, como móviles, armamento y capacitaciones”.Por su parte, el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, agradeció la entrega: “Es un equipamiento necesario para nuestras fuerzas y nos permite seguir fortaleciendo la batalla que estamos dando entre todos contra el delito, la delincuencia y la violencia. El compromiso y el trabajo se redoblan cada día para tener una ciudad más segura”.

Características del minibus

La provincia adquirió cinco minibuses con una inversión total de 753.890.315 pesos. Se trata de furgones adaptados y equipados con tabique divisor metálico aislado y revestido, aislamiento termoacústico, instalación eléctrica independiente, cuatro reflectores LED fijos exteriores para escenas, escalera de aluminio plegable, heladera portátil de 12V, gazebo plegable impermeable, dos luces de escena portátiles de alta potencia y un contenedor de PVC extraíble para residuos patológicos.

La vicegobernadora de la provincia, Gisela Scaglia, junto al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, hicieron entrega de las primeras 28 pistolas Taser a policías para que comiencen a portarlas durante sus tareas de patrullaje en la ciudad de Santa Fe. 

Estas armas de baja letalidad fueron adquiridas por el Gobierno Provincial y, previo a esta entrega, se realizaron cursos de capacitación y entrenamiento a personal de la fuerza policial.El acto se realizó en la plazoleta Fragata Sarmiento, en el microcentro de la ciudad capital, y del mismo participaron también el intendente Juan Pablo Poletti; la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; el jefe de la Policía de la Provincia, Luis Maldonado; y la jefa de la Unidad Regional I (URI), Margarita Romero, entre otros.

“Llegó el día que podemos entregar las Taser para que ya estén en la calle”, dijo Scaglia, quien señaló que “es un día muy importante en la seguridad de la provincia, porque con la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro estamos cambiando un paradigma que tiene que ver con las armas que porta nuestra Policía, cómo cuidamos a nuestra fuerza y cómo le damos más herramientas para que a su tarea la lleve adelante con menores riesgos”; y recordó que “este camino empezó hace 20 meses cuando nos propusimos defender a la Policía, equiparla, darle condiciones y el respaldo político para que pudiera hacer su tarea, porque para nosotros la seguridad es irrenunciable”.

 En ese sentido, aseguró que “trazamos un camino del cual nunca se va a volver atrás: Santa Fe tiene el modelo de seguridad que va a mirar la Argentina, y es una Policía en la calle, que previene, persigue a los delincuentes, y trabaja codo a codo para que podamos vivir todos los días en paz y sentirnos seguros y tranquilos”.

Las armas entregadas hoy fueron adquiridas por licitación: unas 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna. 

Las Taser inmovilizan a un agresor mediante una descarga eléctrica sin provocar lesiones graves, mientras que las Byrna, que funcionan con dióxido de carbono, disparan proyectiles cinéticos de polímeros que pueden contener sustancias irritantes. 

Estas tecnologías ofrecen una opción intermedia entre las armas letales y la contención física, y forman parte de la estrategia provincial para reforzar la seguridad. Instructores especializados brindaron cursos a capacitadores para entrenar a policías de todo el territorio santafesino.  La licitación incluyó, además, la compra de 200 cámaras corporales (bodycam) y 600 cartuchos adicionales.

Mientras, Cococcioni afirmó en su discurso que “estamos dotando a nuestra policía de mejores herramientas para cumplir el protocolo de uso progresivo de la fuerza pública. Pero también estamos cuidando a cada uno de los policías y de los ciudadanos”, y explicó al respecto que “la tarea policial a veces puede terminar en un daño físico, pero también en un daño jurídico por ejercer la fuerza, con una imputación penal o una demanda, y esto les da otra herramienta, es otro paso más hasta llegar al uso de la fuerza letal como último recurso”.Esta compra “implicó una inversión total de 1.900 millones de pesos, y es la decisión del gobierno de no escatimar un solo recurso en la seguridad de la gente”, indicó el ministro, quien detalló que “esta es una prueba piloto que vamos a iniciar con 100 armas Taser en Santa Fe, en Rosario, y en algunos puntos focales de la provincia”.

Luego, el intendente Poletti agradeció “en nombre de todos los santafesinos al Gobierno por esta decisión política y económica de una inversión sabiendo que los impuestos tienen que volver en lo que los santafesinos necesitan, y esta es una herramienta más que se le da a la policía para cuidar a nuestros vecinos”. Finalmente, la jefa de la URI explicó que a las Taser “vamos a utilizarlas en aquellas zonas donde hay mucho tránsito de personas -como la peatonal y zonas comerciales- ante situaciones de crisis”.De la actividad tomaron parte además el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres; la secretaria Privada y Legal y Técnica, Blanca Diakaki; el subjefe de la Policía de la Provincia, Daniel Filchel; el subjefe de la URI, Julio Schwind; los subsecretarios ministeriales de Tecnología y Equipamiento, Armando Faraoni; de Investigación Criminal, Marcelo Albornoz; y de programas Estratégicos, Juan Manuel Musuruana; entre otros.

 cEn el marco del plan de reequipamiento de las fuerzas de seguridad de Santa Fe, la vicegobernadora Gisela Scaglia, y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, entregaron este lunes en Rosario 300 chalecos antipunzantes y antifragmentarios a agentes del Servicio Penitenciario. La inversión provincial alcanzó los 177 millones de pesos.El Servicio Penitenciario santafesino es el primero del país en incorporar estos elementos de protección para celadores de pabellones, diseñados para resistir ataques con objetos cortopunzantes.

Durante el acto, celebrado en el Complejo Penitenciario Rosario, Scaglia afirmó: “Esta entrega habla de la importancia que tienen para esta gestión la Policía y el Servicio Penitenciario, porque para nosotros invertir es un requisito fundamental del plan de seguridad. Cuando asumimos dijimos a los santafesinos que no íbamos a renunciar nunca a la seguridad, que íbamos a buscar vivir en una sociedad más tranquila. Y sabíamos que ese camino debía hacerse con un método, con equipamiento para la Policía y con un Servicio Penitenciario a la altura”.“Después de 20 meses le estamos mostrando a la Argentina, no sólo a Santa Fe, que puede haber control en la cárcel: que el Gobierno controla la cárcel y no la cárcel a la calle. Estamos poniendo los recursos necesarios para que la provincia tenga un Servicio Penitenciario con estándares internacionales. Sepan que los respaldamos y acompañamos; trabajamos todos los días para tener el mejor sistema de seguridad de la Argentina”, concluyó la vicegobernadora.

Por su parte, el ministro Cococcioni recordó que “durante décadas el Servicio Penitenciario se caracterizó por ser la cenicienta de las fuerzas de seguridad. Hoy es una parte esencial de la política criminal y de seguridad de este Gobierno. Estamos viviendo un proceso inédito de ampliación de la obra pública carcelaria: vamos hacia la duplicación de la capacidad penitenciaria en cuatro años, lo que se acompaña con un aumento de la planta de personal”.

“Pero todo esto requiere inversión en elementos de seguridad, porque debemos cuidar a quienes nos cuidan. El trabajo que ustedes hacen es esencial para nuestra sociedad, para proteger y combatir el delito. Por eso no vamos a escatimar recursos: tendrán todos los elementos necesarios, desde armamento hasta chalecos balísticos y antipunzantes, que por primera vez fueron adquiridos para el Servicio Penitenciario”, agregó.El ministro destacó además que la labor de los agentes penitenciarios “ha sido fundamental para empezar a recuperar la tranquilidad en las calles de Santa Fe, y en particular en Rosario, donde un tercio de los homicidios se ordenaban desde las cárceles”. 

Los chalecos antipunzantes y antifragmentarios incorporados por Santa Fe no tienen fecha de vencimiento, superaron pruebas con puntas de acero importadas de Estados Unidos y no se deterioran por la humedad.Cada pieza incluye un compuesto rígido antipunzante con funda Molle, confeccionada en cordura de alta resistencia. Están fabricados con material poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV): placas de fibras entrelazadas encapsuladas en resina, con el máximo nivel de resistencia antipunzante y anticortante.

La Policía de Investigaciones (PDI), que integra la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil, detuvo este martes a Gerardo Sebastián Gómez, alias Dibu, de 39 años, en la esquina de Leandro N. Alem y José Mazzini, en Dock Sud, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los delincuentes que integraba la lista de los diez más buscados por la Provincia de Santa Fe, por cuya captura se ofrecía una recompensa de 35 millones de pesos.

Gómez era requerido por una causa de homicidio y por otra en la que se lo sindicaba como integrante de una asociación ilícita, investigaciones a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En particular, estaba acusado por un asesinato cometido en 2022 en la zona de Puente Gallego, en Rosario, y por integrar una organización criminal liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, vinculado a la banda de Los Monos. Avalle cumple prisión perpetua en la cárcel federal de Ezeiza.

El detenido fue referente de Leandro “Pollo” Vinardi y de Carlos Daniel “Toro” Escobar en la barra brava de Newell’s. Ambos están presos y fueron señalados en la disputa que derivó en el crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, baleado el 1 de febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa.

La inclusión de Gómez en la lista de los diez más buscados respondía a su peligrosidad y a su papel en hechos de fuerte repercusión pública. “La captura de estos hombres es una prioridad debido a su peligrosidad, al impacto que pueden generar en la sociedad y a su participación en organizaciones criminales o en hechos de gran trascendencia”, había señalado el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el pasado 5 de agosto, al presentar la nómina.

El Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil está presidido por el propio Cococcioni e integrado por representantes del MPA, del Ministerio Público Fiscal (MPF), del Servicio Penitenciario, de la PDI, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal.

Dentro de esta estructura, la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil tiene a su cargo las acciones operativas. En el último año fueron localizados seis prófugos de alto perfil, y en el último mes se concretó la detención de otros dos.

El 29 de julio, los ministros de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y de Córdoba, Juan Pablo Quintero, firmaron un convenio de cooperación para fortalecer las acciones de prevención en las ciudades Frontera y Josefina (Santa Fe) y San Francisco, Morteros y Marcos Juárez (Córdoba). 

El nuevo Comando Operativo Conjunto entre Santa Fe y Córdoba busca reforzar la seguridad en la zona limítrofe entre Frontera y San Francisco. Según explicó a Radio Rafaela Sebastián Rancaño, coordinador operativo del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, se trata de una estrategia que permitirá implementar operativos multiagenciales, simultáneos y coordinados, aunque aclaró que no se instalará un despliegue permanente como el que se vio recientemente.

"Tenemos que dejar en claro que no vamos a dejar un recurso fijo de 50 móviles, pero sí va a haber mucha más presencia en los sectores complicados", señaló. De este modo, la iniciativa apunta a dar respuestas concretas ante situaciones críticas, con articulación entre las policías provinciales y las fuerzas federales.

Rancaño confirmó que Santa Fe ya triplicó la cantidad de móviles en Frontera y el barrio Acapulco, con 12 patrulleros activos, producto de una reorganización interna de la Unidad Regional. “Esto responde a la necesidad de controlar la contingencia que se generó tras los hechos que todos conocemos. Era necesario estar preparados ante una posible réplica, y eso se logra con presencia real en el territorio”, explicó.

El funcionario remarcó que los operativos conjuntos se definirán en el marco de una mesa de comando unificado, con representantes de cada provincia y de todas las fuerzas involucradas. “El convenio enmarca el trabajo que venimos haciendo, pero lo más importante es que ahora todo estará más organizado y con una lógica compartida”, afirmó.

En cuanto al alcance operativo, los controles incluirán identificación de personas, patrullajes, traslado de detenidos a través del sistema 10 BIS y articulación directa con la Justicia. “No va a haber operativos todos los días, pero sí acciones sorpresivas y bien planificadas”, insistió Rancaño, quien valoró el compromiso de ambas provincias para mejorar las condiciones de seguridad en una zona históricamente conflictiva.