El empresario Marcelo Porcel irá a juicio oral acusado de abuso sexual agravado, corrupción de menores y producción de material sexual infantil, en una causa que tiene como víctimas a diez menores de edad vinculados al colegio Palermo Chico, en la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión fue adoptada por el juez Carlos Bruniard, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, quien rechazó los distintos planteos presentados por la defensa y dio lugar a los pedidos formulados por el fiscal Pablo Turano y el abogado querellante Pablo Hawlena Gianotti.

Ahora resta que se realice el sorteo del Tribunal Oral en lo Criminal que tendrá a su cargo el debate.

Según la resolución judicial, Porcel será juzgado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido contra menores de 13 años y por su condición de guardador, en al menos diez hechos.

También afrontará la acusación de corrupción de menores de 13 años, en al menos diez oportunidades, y un hecho de producción de material sexual con menores de edad.

Las figuras fueron consideradas por la Justicia como hechos reiterados y en concurso. La querella adelantó que, durante el juicio, pedirá una condena de 15 años de prisión.

La elevación de la causa a juicio, según se informó, es inapelable.

Antes de que se resolviera el envío del expediente a juicio oral, la defensa del empresario había formulado distintas objeciones.

Entre ellas, reclamó que fueran declaradas nulas las declaraciones de los menores realizadas mediante Cámara Gesell y cuestionó los requerimientos de elevación a juicio presentados tanto por la fiscalía como por la querella.

La defensa sostuvo además que los hechos investigados no configuraban delitos y pidió el sobreseimiento de Porcel, al considerar insuficientes las pruebas reunidas durante la investigación.

También solicitó incorporar nuevos testimonios de personal doméstico, vigiladores, antiguos empleadores y otros peritos antes de cerrar la etapa de instrucción. Sin embargo, el juzgado concluyó que esas medidas no resultaban imprescindibles y que la investigación estaba concluida.

Porcel había requerido además ser juzgado mediante un jurado popular, planteo que también fue rechazado debido a que ese mecanismo no se encuentra implementado para este tipo de causas en el fuero que interviene.

Mientras avanza el expediente, el acusado permanece bajo distintas medidas dispuestas por la Justicia.

Porcel utiliza una tobillera electrónica y tiene prohibido acercarse a los menores denunciantes y a sus familias. Además, cuenta con restricciones para salir del país y para ausentarse durante períodos prolongados de su domicilio.

Las víctimas, en tanto, disponen de botones antipánico entregados por la Policía de la Ciudad, como medida de protección ante cualquier situación de emergencia.

Las denuncias corresponden a hechos que, según la acusación, habrían ocurrido entre 2022 y 2023. La situación comenzó a trascender cuando familiares de los alumnos tomaron conocimiento de los relatos de los menores y posteriormente radicaron las denuncias formales en 2024.

Durante la investigación, los diez menores declararon en Cámara Gesell, procedimiento utilizado para recibir testimonios de niños y adolescentes evitando su reiterada exposición dentro del proceso judicial.

Entre los sitios mencionados en la causa se encuentran un domicilio relacionado con Porcel en el barrio porteño de Palermo, un departamento perteneciente a su madre en la Torre Le Parc de Puerto Madero y oficinas vinculadas al empresario.

Con la instrucción cerrada, será ahora un tribunal oral el que deberá evaluar las pruebas y determinar la eventual responsabilidad penal de Porcel.