El Ministerio de Capital Humano difundió este lunes un comunicado en el que intimó a las universidades nacionales a garantizar la continuidad académica, en un escenario de fuerte conflicto con los gremios. La intimación se da en el marco de una nueva medida de fuerza de docentes universitarios por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, la cartera que conduce Sandra Pettovello solicitó a los rectores que detallen las medidas adoptadas para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes afectados por las medidas de fuerza gremiales.

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El ministerio dijo observar con “extrema preocupación” la suspensión de actividades académicas en distintas casas de estudios universitarios en todo el país, motivo por el cual exigió a las y los rectores la presentación de planes de contingencia.

Entre ellos, pidió garantizar el dictado de clases para docentes que no adhieran a los paros y la implementación de alternativas como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que los estudiantes "recuperen el dictado de clases perdido" y para evitar la pérdida de regularidad o mesas de examen.

Por último, desde el ministerio remarcaron que “el sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender”.

El reclamo se dio en medio de un conflicto de fondo: universidades, gremios y organismos denuncian que el propio Gobierno no está cumpliendo con la Ley de Financiamiento Universitario, que ya fue aprobada por el Congreso y ratificada en la Justicia.

Ayer, gremios de docentes universitarios de todo el país iniciaron una nueva medida de fuerza que durará hasta el 2 de mayo, en lo que será la previa a la nueva Marcha Federal Universitaria, el 13 de mayo. Reclaman la implementación plena de la ley y el recupero del presupuesto para las casas de estudio y del poder adquisitivo de sus salarios.

“Si bien la Justicia Federal había ordenado al Estado nacional garantizar los fondos para el funcionamiento del sistema universitario tras una cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en los últimos días el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo del juez Martín Cormick, resolvió suspender de manera provisoria la ejecución de esa medida”, repasó Ambito. Desde el CIN anticiparon que apelarán la decisión para intentar restablecer la vigencia de la cautelar.

Después del paro nacional universitario que tuvo lugar del lunes 16 al viernes 20 de marzo, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), junto a otros gremios docentes y no docentes como la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), confirmó una nueva medida de fuerza que se llevará a cabo en las próximas semanas a lo largo de todo el país.

La suspensión de actividades forma parte del plan de lucha por el financiamiento universitario que se extenderá durante todo el semestre, ante la falta de respuesta a los reclamos salariales y presupuestarios del sector.

Según dispuso el Congreso de la CONADU, se realizarán nuevos paros nacionales durante una semana completa, que dejarán sin clases a miles de estudiantes en todo el país durante los siguientes días:

Además, se planea convocar a paros de manera inmediata si el Congreso avanza con un proyecto para modificar la Ley de Financiamiento Universitario.

Según explican los gremios docentes, el paro responde a dos reclamos centrales. Por un lado, el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, que establece la obligación de convocar a paritarias salariales y garantizar actualizaciones de sueldos acordes a la inflación.

El segundo tema de reclamo es una recomposición salarial urgente. En ese contexto, los docentes universitarios rechazan la propuesta oficial de un aumento del 12% en cuotas hasta octubre de 2026, ya que la consideran insuficiente frente a la inflación acumulada, debido a que entre 2024 y 2025, el sector sufrió una pérdida salarial cercana al 51%.

Las mesas de exámenes en distintas facultades de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y las clases en las escuelas preuniversitarias -que arrancaron este lunes- se verán afectadas por un paro nacional de 48 horas convocado por la docencia universitaria para este viernes 27 de febrero y el lunes 2 de marzo. La medida se produce en plena etapa de evaluaciones, mientras que aún no tiene incidencia en las clases dado que el inicio del ciclo lectivo en la mayoría de las unidades académicas está previsto para el 16 de marzo.

La interrupción impacta en un momento clave del calendario académico de nivel superior, ya que las facultades transitan turnos de exámenes. En paralelo, las escuelas preuniversitarias -como la Primaria de la UNL- ya comenzaron las clases el lunes pasado, por lo que también se verán alcanzadas por la suspensión de actividades.

La protesta forma parte de un plan de acción nacional en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en el Senado y en defensa del financiamiento universitario, la convocatoria a paritarias y la recomposición salarial del sector docente. Para este viernes, además del cese de actividades, Adul (enrolada en Conadu Histórica) convocó en la ciudad de Santa Fe a una mateada abierta a las 10.30 en la plaza ubicada frente al Teatro Municipal, como instancia de debate y visibilización.

El lunes 2 de marzo la medida se repetirá con paro y movilización en todo el país junto a trabajadores de los distintos niveles del sistema educativo, entre ellos la Ctera. Ese mismo día, a las 17, los docentes universitarios realizarán una asamblea híbrida para definir los mandatos que se llevarán al congreso nacional de Conadu Histórica previsto para el 5 de marzo.

A la situación se suma este viernes un paro nacional de 24 horas de los trabajadores no docentes (Apul-Fatun), sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que afectará tareas esenciales como la limpieza, el mantenimiento y el funcionamiento general de facultades y escuelas preuniversitarias.

"La medida se adopta para manifestar nuestro firme rechazo a esta iniciativa regresiva, impulsada por el Gobierno Nacional y acompañada por sectores legislativos que avanzan contra los derechos individuales y colectivos del pueblo trabajador. Defendemos nuestras conquistas, nuestros convenios y nuestra organización sindical", dicen desde el gremio nacional de los no docentes.

Hubo hasta última hora del jueves, consultas de los aspirantes a ingresar a Medicina en la UNL que justo este viernes tenían el examen de ingreso en el área de Química. En ese sentido, se confirmó que se tomará la evaluación, con cambio de horario por el paro. Era a las 7.30 y se pasó para las 10 horas para algunas comisiones.

En tanto, desde la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Santa Fe, comunicaron que la sede local estará abierta de 7.30 a 21.30 horas de este viernes, únicamente por la puerta principal. Esto es para los docentes que decidan tomar exámenes.

No obstante, el equipo de gestión "acompaña al reclamo del personal no docente nucleado en Fatun que determinó un paro por 24 horas para el viernes 27 y la jornada de protesta y movilización de los docentes nucleados en Fagdut".

Las medidas se enmarcan en un escenario de sostenida conflictividad en el sistema universitario, con reclamos al Gobierno nacional por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la deuda acumulada y la necesidad de garantizar el presupuesto para el funcionamiento de las universidades públicas y la ciencia.

Cabe recordar que en el 2025, el gremio nacional docente universitario Conadu Histórica (que tiene como una de sus entidades de base en la región a Adul en la UNL, y a nivel país se enrola en la CTA Autónoma) llevó adelante 40 días de paro a lo largo del año, incluidos un par de períodos de semanas completas. Esta situación provocó exámenes reprogramados y clases suspendidas, con impactos disímiles en cada cátedra.

El Gobierno nacional presentó una apelación contra una medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, que incluye la actualización de salarios docentes y partidas presupuestarias para las universidades. La cautelar, dictada en diciembre por un juez federal a partir de un amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones, había considerado arbitraria la suspensión de la ley por parte del Ejecutivo.

La apelación fue presentada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y solicita que tenga efecto suspensivo mientras se define su validez. El Ejecutivo argumenta que la aplicación de la ley requiere primero que se definan las fuentes de financiamiento y se incorporen en el Presupuesto, algo que corresponde al Congreso y no al Poder Judicial.

En paralelo, el Gobierno busca negociar con rectores y legisladores una nueva ley de financiamiento que modifique el sistema actual con el objetivo de garantizar viabilidad fiscal y cerrar el conflicto judicial, aunque esto genera resistencias en el sector universitario afectado.

"Para no cumplir la ley vigente, el gobierno presenta un proyecto que pretende concentrarse casi exclusivamente en los gastos de funcionamiento y en las partidas para hospitales, desconociendo que el 90% del problema es salarial. La ley vigente, además, obliga a recomponer lo perdido entre diciembre 2023 y diciembre 2025, lapso en el que nuestros salarios se redujeron en más de un 30 %. Razón por la cual hoy deberían aumentar un 55% para tener el poder adquisitivo de noviembre de 2023", fundamentan desde otro sindicato nacional, Conadu.

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Una de las federaciones gremiales nacionales que nuclean a docentes universitarios anunció un paro nacional de 72 horas para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre de 2025. La medida fue resuelta en el congreso extraordinario de Conadu Histórica realizado el jueves 30 de octubre, que contó con la participación de 84 representantes de asociaciones de base de todo el país.

Esta confederación (que tiene a Adul de la UNL como uno de sus sindicatos de base) exige al Gobierno nacional la "inmediata convocatoria a paritarias" y la "urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario", recientemente ratificada por el Congreso tras el veto presidencial. Desde el sindicato advierten que estos instrumentos son imprescindibles para "garantizar condiciones dignas de trabajo" y sostener el funcionamiento de las universidades públicas.

"El deterioro salarial es profundo y no hay respuestas del Gobierno", señalaron desde la entidad, que resolvió continuar con su plan de acción gremial en defensa del sistema educativo público y los derechos de la docencia universitaria y preuniversitaria.

Como se recordará, el jueves 2 de octubre, el Senado nacional rechazó los vetos de Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Salud Pediátrica, más conocida como "Ley Garrahan". En cuanto al financiamiento universitario tuvo el apoyo de 58 senadores y el rechazo de 7, mientras que 4 legisladores de la cámara alta del Congreso se abstuvieron.

A pesar de haber atravesado todas las instancias legislativas, el Gobierno suspendió su aplicación por decreto, alegando falta de claridad sobre el financiamiento. De esta manera, el conflicto entre las universidades y la administración nacional, que ya lleva dos años, se profundiza y no muestra señales de resolución.

En el debate del Presupuesto 2026 de la semana pasada, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, confirmaron que no se implementará la Ley de Financiamiento Universitario.

Torrendell señaló -ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda integrada por 49 legisladores- que el Presupuesto 2026 prevé un aumento de la inversión educativa de 17,6% en términos nominales y, dado que se proyecta un 10,1% de inflación anual, esto representa un aumento real del 7% en inversión educativa.

Álvarez, por su parte, defendió la gestión: negó cierres de universidades o despidos, y calificó las denuncias del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como parte de una "campaña del miedo".

El CIN resolvió el pasado 22 de octubre avanzar con una acción de amparo para presentar ante la Justicia. Este recurso busca proteger derechos fundamentales -como la educación, el trabajo y la igualdad de oportunidades- frente a actos contrarios a la ley.

En el comunicado, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, afirmó: "Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política. Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar su cumplimiento".

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En un nuevo capítulo del conflicto universitario, se convocó a un nuevo paro nacional de 48 horas los días miércoles 11 y jueves 12 de junio. La medida fue adoptada por el plenario de secretarías generales de la la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) que sesionó el pasado viernes 6, y responde al deterioro del salario docente en el contexto del ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

"Hoy, los salarios docentes están por debajo de la línea de pobreza, con una pérdida de poder adquisitivo que supera el 100% respecto a la inflación Según indicaron, el poder adquisitivo cayó tan drásticamente que "venimos perdiendo el equivalente a casi un salario completo cada tres meses".

La Conadu Histórica -a la que adhiere el sindicato local Adul- también definió coordinar con las restantes federaciones universitarias la convocatoria a un nuevo paro nacional de 48 horas durante la semana del 23 de junio, cuyas fechas se definirán en función de la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria.

Desde la federación señalaron que "esta situación es parte de un plan sistemático del gobierno de Milei para desfinanciar la universidad pública" y denunciaron el virtual congelamiento de la paritaria docente universitaria, cuya última reunión data del 26 de septiembre de 2024. "La Subsecretaría de Políticas Universitarias desapareció del mapa. No hubo ni una sola nueva convocatoria a las organizaciones sindicales docentes con representación para iniciar un proceso de negociación", remarcaron.

Entre los principales reclamos se encuentran "la inmediata recomposición salarial, la reapertura de paritarias ya y el cese del ajuste contra la universidad pública". En Santa Fe, además de la medida de fuerza, habrá distintas acciones de visibilización.

Además, hicieron un llamado al Congreso de la Nación para que avance con la aprobación del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. "Remarcamos la necesidad de seguir fortaleciendo la unidad del Frente Sindical de Universidades Nacionales -que nuclea a las federaciones docentes y no docente-, el sector estudiantil, el científico tecnológico y las autoridades del CIN", indicaron.

Cabe destacar que este proyecto se presentó en el Congreso el pasado 28 de mayo, y fue elaborado con el aporte de estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de todo el país, con la voluntad de constituir un insumo que permita sancionar una ley que solucione estructuralmente al problema de financiamiento, asignando recursos básicos para el normal funcionamiento del sistema universitario y científico y resolviendo la situación salarial.

Ese mismo día, en la UNL se hizo una concentración en apoyo a lo que pasaba en Buenos Aires, mientras que el pasado lunes 2, rectores de las universidades públicas nacionales con sede en la provincia (UNL, UNR, UNRaf y UTN) presentaron el proyecto a diputados nacionales por Santa Fe, a quienes pidieron su apoyo para su aprobación.

Además, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se están juntando firmas -a través de un formulario de adhesión- a la propuesta de financiamiento universitario.

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Tras la ratificación del veto de Milei, el Frente Sindical Universitario llamó a consolidar el plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto para las casas de altos estudios.

Luego de que la Cámara de Diputados votara a favor de mantener el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, los gremios docentes anunciaron un paro total para este jueves en todas las universidades del país.

La medida fue informada a través de un comunicado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el cual llamó a consolidar del plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto para las casas de altos estudios.

“La voluntad popular ha sido defraudada y la democracia ha cedido al manejo antirrepublicano de gobernar por decreto del Gobierno Nacional”, comienza el texto difundido apenas unos minutos después de que los legisladores efectúen su voto en el recinto.

Este continúa: “Se conformó una alianza política que es incapaz de conmoverse ante el sufrimiento de las grandes mayorías, ante el reclamo de todos los sectores por sostener aquello que es fundamental: la universidad pública, la educación pública”.

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Ante la decisión mayoritaria del parlamento de mantener la decisión del Presidente frente a la norma que aumentaba los salarios por inflación de forma retroactiva a enero, los gremios docentes enfatizaron: “Este Frente Sindical manifiesta nuevamente la voluntad de luchar para defender la universidad pública, la salud y la educación pública, las jubilaciones dignas, por niñeces protegidas y por un país igualitario. Universidad pública de calidad para nuestro pueblo y salarios dignos para docentes y no-docentes que la sostienen”.

El veto de Milei logró sostén en el Congreso tras varias semanas de tensiones con sus aliados y negociaciones frenéticas con gremios y gobernadores. Este miércoles, los libertarios finalmente consiguieron 84 votos en defensa del veto, mientras que la oposición apenas pudo sumar 164 para insistir con el proyecto original. Dado que la Cámara de Diputados necesita dos tercios de los presentes para rechazar un veto presidencial, las ausencias y las abstenciones jugaron un papel clave.

La intervención de Mauricio Macri fue determinante para terminar de ordenar la bancada del PRO, que estaba atravesada por fuertes tensiones internas. Algunos consideraban que la crisis con los gremios docentes había escalado por falta de negociación y además entendían que el costo de 0,14 del PBI no ponía realmente el riesgo el equilibrio fiscal. Finalmente, a pesar de aclarar repetidas veces, en la previa y durante la propia sesión, que defendían la educación pública, el bloque que conduce Cristian Ritondo apoyó mayoritariamente al Gobierno con 35 votos. Solo votaron con la oposición los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, en tanto Héctor Stefani estuvo ausente por problemas de salud.

Apenas unos minutos después de que comenzara la sesión en Diputados, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, envió una carta al Congreso de la Nación y le pidió a los legisladores que insistan con la sanción de la norma.

En el documento, Gelpi explicó que sostener los estándares de calidad en la educación superior requiere de inversión sostenida y compromiso de las autoridades. En este sentido, advirtió que, si la situación sigue así, se llegará a un punto sin retorno y el sistema educativo de las casas de altos estudios dejará de funcionar como lo hizo hasta ahora.

“El sistema universitario público de nuestro país es único en el mundo, combina masividad, excelencia académica e ingreso irrestricto. Desde hace mucho, la Universidad de Buenos Aires integra el 1% de la élite de las universidades de todo el mundo. Somos líderes en la región, sin embargo, sostener estándares de calidad en el sistema público de investigación científica y educación superior, requiere de inversión sostenida y el compromiso de todos los gobiernos”, había señalado la máxima autoridad de la Universidad de Buenos Aires.

En este marco, Gelpi le reprochó al Presidente haber vetado la ley a pesar de las insistencias y las conversaciones para que recapacite sobre su decisión y depositó en los diputados la responsabilidad y la esperanza de que la norma siga adelante. No obstante, pasadas las 15 horas, el recinto finalmente decidió apoyar la decisión del jefe de Estado y sostener el veto.