Durante la madrugada de este martes, efectivos de la Policía de Acción Táctica de la Unidad Operativa II (Base Rosario) asistieron de urgencia a un bebé que presentaba signos de intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda ubicada en las inmediaciones de las calles 20 de Julio y Ecuador, en Villa Gobernador Gálvez.

El personal —integrado por los suboficiales Walter Medina y Facundo Figueroa, junto al oficial Edgar Dalino— fue convocado por la Central de Emergencias 911. Al llegar, encontraron a una joven madre de 21 años con su bebé en brazos, quien relató que lo estaba amamantando junto a un bracero cuando el pequeño comenzó a cambiar de color y a tener dificultades para respirar.

Ante la crítica situación, los agentes aplicaron maniobras de primeros auxilios que permitieron reanimar al niño. Luego, lo trasladaron rápidamente, junto a su madre, al Hospital Anselmo Gamen.

Una vez en el centro de salud, la pediatra de guardia diagnosticó una intoxicación leve por monóxido de carbono e informó que el bebé se encontraba fuera de peligro, gracias a la rápida intervención policial.

Los efectivos labraron el acta de procedimiento en la Comisaría 29ª y registraron el testimonio de la madre en el lugar del hecho.

Este jueves 29 de mayo, el Concejo Municipal de Rafaela volvió a sesionar en su recinto habitual, luego de haber celebrado su anterior encuentro en la escuela “25 de Mayo”, como parte de los actos por su centenario. En esta oportunidad, los ediles trataron 10 proyectos incluidos en el orden del día, entre ellos uno que puso nuevamente en el centro del debate la seguridad local.

Uno de los puntos destacados fue la aprobación de un proyecto de resolución dirigido al Ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, solicitando la reincorporación de la Policía de Acción Táctica (PAT) a la ciudad.

La fuerza táctica había operado en Rafaela con 48 agentes y dos móviles, funcionando como un refuerzo para las tareas de patrullaje y prevención del delito junto a la Unidad Regional V y la Guardia Urbana Rafaelina. Sin embargo, la base operativa fue retirada por decisión del Ministerio de Seguridad provincial, lo que generó preocupación en sectores políticos y vecinos.

Los concejales expresaron que la presencia de la PAT no solo incrementaba la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad locales, sino que también aportaba una mayor percepción de seguridad en los barrios.

Desde el Ministerio de Seguridad, si bien no hubo un compromiso firme, dejaron abierta la puerta a una posible reincorporación de la fuerza en caso de que el contexto lo amerite. La resolución aprobada este jueves busca reforzar ese pedido, trasladando al Ejecutivo provincial la inquietud de la ciudad ante el aumento de situaciones delictivas y la necesidad de más presencia policial.

Con esta solicitud, el Concejo rafaelino intenta sumar una herramienta más al esquema de seguridad urbana, en medio de un contexto donde la prevención del delito y el acompañamiento a las fuerzas policiales son prioridades en la agenda local.

La Policía Federal detuvo el jueves pasado en Coronda a un oficial investigado como parte integrante principal de un grupo de policías supuestamente infieles que están en prisión preventiva desde octubre de 2024, imputados por haber realizado un operativo “trucho” con varios agravantes.

Tras ese procedimiento que fue el 13 de agosto del año pasado, los 7 agentes actuantes informaron a la Justicia –MPA- que habían secuestrado medio kilo de cocaína, una balanza, tres granadas y dos armas de fuego y habían detenido a tres personas en una vivienda de Teniente Agnetta y Mendoza. Ante eso, los fiscales provinciales traspasaron el caso a la Justicia Federal por considerar que no se trataba de un hecho de microtráfico.

Sin embargo, luego de una investigación que implicó testigos, escuchas y cámaras, se logró determinar que los policías inventaron un delito en flagrancia a media tarde para tener la excusa de ingresar a la casa, cuando en realidad hacía unas horas que ya estaban esperando, de acuerdo a los impactos de antenas. Además, no tenían orden judicial, tras lo cual el operativo fue anulado, y las personas detenidas –extranjeras- debieron ser liberadas por la teoría del fruto del árbol envenenado. Aunque, valga destacar que esos detenidos en el procedimiento fueron los que confesaron todo lo que en realidad los oficiales se habían “enajenado”.

Precisamente, lo que no informaron estos policías, hoy detenidos y puestos a disposición de la Justicia Federal, es que a los ocupantes de la vivienda los seguían de antemano, y que lo secuestrado no eran 500 gramos de cocaína, sino 15 kilos de droga, más 20 armas de fuego de distinto calibre, 50 mil dólares y casi 300 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con la causa, una vez en ese domicilio “dominaron a los tres adultos presentes, esposaron a los dos varones, encerraron en un dormitorio a la mujer adulta con sus dos niños de 8 y 1 año. Bajo amenazas, extrema violencia y sin testigos, requisaron la totalidad del inmueble y de los vehículos de los dos hombres, en búsqueda de droga y de dinero” hasta que lo encontraron. Como si fuera poco, los bolivianos y peruanos que vivían allí vendían teléfonos y prendas de vestir, y los policías también se llevaron todo eso.

En la causa intervino el área de Investigación y Litigio de Casos Complejos-Oficina Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros de la Unidad Fiscal Rosario en una causa a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo y los fiscales coadyuvantes Soledad García, Andrés Montefeltro y María Virginia Sosa capitaneados por el Juez Federal de Garantías Dr. Carlos Vera Barros.

Para detenerlos, fueron allanando en octubre pasado sus domicilios particulares en distintos puntos de la provincia como Rosario, Santa Fe, Tostado, Vera, Fortín Olmos y Los Tábanos, y además la sede del PAT Rosario.

Pero… ¿Y el policía detenido en Coronda el jueves 3? De acuerdo a la investigación de la fiscalía federal rosarina, luego de la detención, allanamientos y secuestros vinculados con los otros efectivos del PAT, surgió que habría uno más, que ofició de líder y daba las órdenes finales y se hizo la conexión con el oficial corondino.

Por eso, luego de la requisa domiciliaria, y detención del policía en su casa ubicada al norte de la ciudad, en calle de tierra, también este uniformado fue imputado por el Dr. Vera Barros por, entre otras calificaciones, violación de domicilio, robo agravado, privación ilegal de la libertad, falsificación ideológica e infracción a la ley de drogas y se está analizando además si todos incurrieron en asociación ilícita ya que se los investiga por mentir a la justicia, hacer toda una planificación que llevó a modificar un acta de servicio, robar elementos que debían ser secuestrados como la droga, las armas y el dinero, inventar un procedimiento, por falso allanamiento al no tener orden judicial, y detener falsamente a dos personas.

Según reseñó la fiscalía, M.A.A. “participó en la obtención ilegal de datos relativos a la identidad y dirección del proveedor del material estupefaciente incautado en inmediaciones de la calle Jean Jaures al 5500 de Rosario, donde se realizó un procedimiento policial por personal a su cargo, y se secuestró un ladrillo de cocaína”.

Durante la audiencia, los fiscales detallaron que la intervención del imputado como “superior de servicio” ese 13 de agosto, “en términos de control y supervisión del personal a su cargo fue imprescindible para que los hechos se llevaran a cabo con relativo éxito”.

Más allá de lo asentado en el acta del procedimiento en Jean Jaures al 5500 -donde su presencia no quedó registrada-, los fiscales revelaron que el jefe policial estuvo en el lugar.

“¿Por qué decimos que participó? Porque su móvil reportó localización en el lugar. Es el N°10434 y llega a las 15.01. No aparece en el acta, pero está en el lugar. Después llega el móvil 10065 con otros tres policías, a las 15.04; luego el móvil 10533, también a las 15.04. Los tres llegaron prácticamente juntos”, afirmó la fiscal coadyuvante Sosa en la audiencia.

Según la fiscalía, el imputado, residente en Coronda, participó del procedimiento en que el fueron apresados Y. y L., a quienes el grupo de policías a su cargo les exigió información sobre la procedencia de la droga.

Los representantes del MPF sostuvieron que para ello utilizaron métodos ilegales y prohibidos. “Revisaron los celulares de los detenidos, amenazaron el futuro de sus familias, les aplicaron golpes y descargas eléctricas sobre sus cuerpos con un dispositivo que uno de los policías tenía en su poder. Insistieron hasta obtener el dato y luego, en los móviles policiales, fueron a Forest al 5600”, recordó Sosa.

Ante toda esta situación, el magistrado le aplicó al último de los detenidos, en Coronda, como medida cautelar, la prisión preventiva por el término de 90 días en principio, con continuidad de las investigaciones amén de los respectivos sumarios administrativos dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

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El sujeto estaría involucrado en una causa judicial. Fue trasladado a comisaría.

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Los efectivos de la PAT se encontraban de patrullaje, cuando se cruzaron con un masculino caminando en intersección de calles España y Muniagurria. Enseguida, se acercaron para identificarlo y realizarle un chequeo.

Entre sus pertenencias, no encontraron ningún elemento sospechoso. Al mismo tiempo, le solicitaron la documentación, pero no la tenía consigo.

Al brindar su nombre a los efectivos, éstos pudieron corroborar que sobre el sujeto pesaba un pedido de paradero. Esto responde a que habría estado involucrado en un hecho de abuso de armas el pasado 2011.

Procedieron a trasladarlo a dependencia policial de Subcomisaría N°1 en calidad de demorado.

Halló una moto de dudosa procedencia fuera de su casa: fue secuestrada por la policía

La motocicleta estaba denunciada como robada.

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Según pudo saber RADIO RAFAELA, en la tardenoche del lunes, efectivos policiales fueron comisionados a la zona de Luis Maggi y calle Beltramino por una motocicleta en aparente estado de abandono. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar se enteraron que desde la tarde la moto estaba estacionada y nadie conocía su procedencia.

En el lugar, realizaron una revisión informática con el número de motor, los resultados fueron negativos. Sin embargo, tras consultar en la Comisaría 2°, se enteraron que la moto estaba denunciada como robada en la mañana de este lunes.

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Acto seguido, los efectivos policiales se dirigieron a la sede policial para continuar con las diligencias necesarias. Una vez allí, se comunicaron telefónicamente con el Fiscal de turno quien ordenó que la motocicleta fuera entregada al Registro de Propiedad del Automotor (R.P.I.) para que se encargaran de las gestiones correspondientes y así devolverla a su legítimo propietario.