La presión política sobre Manuel Adorni volvió a crecer tras la presentación de su declaración jurada patrimonial y las explicaciones que brindó sobre el origen de sus fondos.

El exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti se sumó a los reclamos opositores y pidió que el jefe de Gabinete deje su cargo, al considerar que sus explicaciones resultan incompatibles con la responsabilidad institucional que ocupa.

“Manuel Adorni no puede seguir siendo jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más”, expresó Schiaretti en redes sociales.

El dirigente cordobés sostuvo además que Adorni ocupa “uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional” y lo acusó de haberle mentido “al pueblo argentino y al Congreso de la Nación”.

El cuestionamiento de Schiaretti se suma a los planteos realizados por dirigentes del PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y referentes del peronismo, que reclamaron explicaciones políticas y judiciales por las inconsistencias patrimoniales del funcionario.

Desde la UCR calificaron la situación como de “extrema gravedad” y recordaron que Adorni había afirmado ante el Congreso que en sus declaraciones juradas no había existido ocultación alguna. Para el radicalismo, el reconocimiento posterior de bienes o fondos no declarados contradice aquella exposición.

El PRO también difundió un comunicado crítico en el que consideró que el caso representa “una falta grave”. El partido señaló que un funcionario no puede afirmar ante los argentinos y ante el Congreso que no ocultó nada y luego admitir lo contrario.

En la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro sostuvo que Adorni “vino a la Cámara de Diputados a mentirle en la cara a 47 millones de argentinos y a 257 diputados nacionales”. Además, distintos bloques impulsan una sesión especial para el 23 de junio, con el objetivo de exigir la aplicación del artículo 101 de la Constitución Nacional.

También hubo críticas desde el peronismo. El exgobernador de San Juan Sergio Uñac cuestionó las explicaciones del jefe de Gabinete y reclamó su renuncia.

La polémica se profundizó luego de que Adorni presentara una reconstrucción de su evolución patrimonial familiar, en la que incorporó activos que no habían sido incluidos en declaraciones anteriores.

Según la versión del funcionario, una parte importante de esos fondos proviene de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018. De acuerdo con esa explicación, el capital inicial rondó los 200.000 dólares y, tras operaciones de compra y venta a través de billeteras virtuales, habría generado una ganancia cercana a los 300.000 dólares.

Las rectificaciones presentadas ante los organismos de control modificaron de manera sustancial el perfil patrimonial informado hasta ahora por el jefe de Gabinete.

Adorni también reconoció que había tenido ahorros no declarados, una frase que generó fuerte repercusión política y abrió nuevas críticas sobre su conducta pública.

El caso no solo provocó cuestionamientos desde la oposición. También generó diferencias dentro del oficialismo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel calificó como una “vergüenza” el accionar del funcionario y sus explicaciones públicas. A través de redes sociales, también realizó comentarios irónicos vinculados con la polémica por los supuestos registros de operaciones con criptomonedas.

Por su parte, Patricia Bullrich, senadora nacional y referente de La Libertad Avanza, también marcó distancia al afirmar que lo ocurrido era “más que un error” y lo definió como una “omisión ética”.

Pese a las críticas internas y externas, el presidente Javier Milei mantiene su respaldo al jefe de Gabinete y por el momento no evalúa desplazarlo del cargo.

La controversia por el patrimonio de Adorni continúa bajo análisis judicial y político. La causa por presunto enriquecimiento ilícito sigue su curso, mientras la oposición busca instalar el tema en el Congreso.

El punto central de los cuestionamientos es la contradicción entre las afirmaciones previas del funcionario —cuando aseguró que no había ocultado bienes— y las rectificaciones posteriores, en las que incorporó fondos y activos no declarados anteriormente.

En ese escenario, la oposición aumenta la presión sobre el Gobierno, mientras la Casa Rosada intenta sostener a Adorni y cerrar una crisis que ya impactó de lleno en la agenda política nacional.

La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de las explicaciones que el funcionario brindó sobre el origen de su patrimonio.

La exministra de Seguridad consideró que las inconsistencias señaladas en torno a la declaración jurada del funcionario no pueden ser reducidas a un simple error administrativo.

“Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, afirmó Bullrich, en declaraciones citadas por distintos medios nacionales.

La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado también sostuvo que el caso deberá ser analizado por la Justicia. “Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”, agregó.

La polémica se profundizó después de que Adorni asegurara, en una entrevista televisiva, que una parte importante de su patrimonio provenía de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018.

Según explicó el jefe de Gabinete, junto a su esposa invirtieron alrededor de 200.000 dólares y obtuvieron una ganancia cercana a los 300.000 dólares.

En ese marco, el funcionario reconoció que parte de esos fondos no había sido declarada oportunamente. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, dijo al intentar explicar el origen del dinero.

Adorni también señaló que los movimientos vinculados a criptomonedas estaban guardados en una “computadora vieja”, motivo por el cual —según su versión— le habría llevado casi tres meses reunir la información para dar una explicación pública.

Además, el funcionario presentó una nueva situación patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, en medio de los cuestionamientos por el crecimiento de sus bienes.

El caso también generó diferencias dentro del propio oficialismo. Bullrich ya había reclamado públicamente que Adorni anticipara la presentación de su declaración jurada y volvió a insistir con la necesidad de esclarecer el origen de los fondos.

La vicepresidenta Victoria Villarruel también se sumó a las críticas. Ante la consulta de un usuario en la red social X, sostuvo: “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

En cambio, el presidente Javier Milei respaldó al jefe de Gabinete de manera indirecta, al republicar un mensaje del director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia, Santiago Oría.

“Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”, decía el mensaje compartido por el mandatario.

La controversia por la declaración jurada de Adorni continúa abierta y suma un nuevo foco de tensión política dentro del espacio gobernante, mientras la Justicia deberá determinar si existen responsabilidades penales, administrativas o patrimoniales en el caso.

La senadora nacional Patricia Bullrich (LLA) sigue anotando "desmarcaciones", por no decir diferencias, con la cúpula del gobierno nacional. Aunque no es la única y ya se verá por qué.

El año pasado fue por el caso del ex diputado José Luis Espert a quien, luego del respaldo obtenido por parte del presidente Javier Milei, le pidió explicaciones tras quedar expuesto por sus vínculos por Fred Machado, investigado en EE.UU por lavado de dinero y fraude.

Después fue el tema Adorni: Bullrich adelantó la presentación de su declaración jurada aún antes del plazo de vencimiento y reclamó la misma actitud al Jefe de Gabinete, a quien se investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

En las últimas horas, la ex presidenta del PRO le presentó su renuncia como jefa de la bancada libertaria en la Cámara alta al propio Milei quien, según afirman medios nacionales, no se la aceptó.

¿Las razones? Su disconformidad con la decisión de retirar el pliego, ya evaluado y aprobado por la Comisión de Acuerdos junto con otras 70 postulaciones, de María Verónica Michelli para jueza de la ciudad de La Plata.

Michelli transitó sin sobresaltos la audiencia pública en la que se postuló para el cargo pero el proceso para su designación, que tiene que completar el Senado, quedó en suspenso, según coinciden todas las versiones, por ser pariente política de Hugo Alconada Mon, reconocido periodista que investigó, entre otros temas, el caso $Libra.

Un dato: este martes Michelli fue recibida por la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado Victoria Villarruel, distanciada desde hace largo tiempo de los hermanos Javier y Karina Milei.

Así las cosas, este miércoles antes del mediodía la ex ministra de Seguridad del gobierno libertario arribó al Senado para participar de la reunión de labor parlamentaria en la que se definirá el temario para la sesión que, en principio, se concretará este jueves.

Antes de ingresar fue consultada por la decisión que adoptó en las últimas horas y si esa renuncia a la jefatura del bloque entrañaba una ruptura con el Ejecutivo. "De ninguna manera", afirmó para agregar que "las divergencias son parte de la vida política".

Bullrich se refirió de ese modo a su decisión de ejercer "la objeción de conciencia" para rechazar el pedido del Gobierno de retirar el pliego.

"De ninguna manera hay una fractura, el bloque está consolidado en sus ideas, tiene un trabajo de unidad muy claro y por eso hemos votado todos los proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado", manifestó Bullrich en diálogo con el periodismo, tal cual recoge la Agencia Noticias Argentinas.

Además, anticipó que "este jueves vamos a tener una sesión muy importante, porque no vamos a parar nuestra labor ni por el mundial, vamos a seguir trabajando", en alusión a la compulsa mayor del fútbol que arranca el 11 de junio.

Para la sesión a la que alude está previsto incorporar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el Acuerdo de Conciliación con los holdouts, además de los cargos judiciales ya convalidados, menos el pliego de Michelli que quedará en suspenso para la próxima semana.

En su voluntad de mostrar apoyo a presidente Milei, a quien se sumó en 2023 para confrontar a la oposición en el ballotage, aseguró que "este es el primer Gobierno que toma la decisión de no dejar a la Justicia como está ahora, con subrogantes, con problemas, con jueces que tienen que viajar 1.000 kilómetros de un lugar a otro".

Explicó que debido a la gran cantidad de pliegos enviados al Congreso "en la masividad puede haber habido algún problema", pero aclaro: "Yo lo dije con claridad y punto, el Presidente lo sabe".

Precisamente, este miércoles el PEN envió otros 32 pliegos.

Bullrich no es la única legisladora dispuesta a contradecir el retiro del pliego en cuestión, ni siquiera dentro de su partido.

El formoseño Francisco Paoltroni también manifestó su decisión de no acompañar la medida presidencial. "Yo tengo una línea en la que, cuando no estoy de acuerdo con algo, planteo mi disidencia. Ya lo hice con (Ariel) Lijo y con (Manuel) Adorni, que no presentó su declaración jurada".

"Vengo acompañando todo, sobre todo con la decisión económica, pero hay algunas cosas de moral de política de Estado en donde doy mi opinión y no por eso soy opositor, ni enemigo y no quiero generar daño", aclaró.

Desde el radicalismo, la santafesina Carolina Losada anticipó que el bloque que integra tampoco va a apoyar el retiro del pliego. Y por el PRO se manifestó a primera hora el presidente del bloque, Enrique Goerling Lara.

Poco después se supo que la misma línea seguirá la senadora Flavia Royón, del monobloque Primero los Salteños.

Por ahora, oficialismo y oposición hacen cuentas. Para la sesión de este jueves y para 2027.

Mara Pérez Reynoso comunicó este martes que ya no se desempeña como Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, cartera que conduce Mario Lugones. La decisión fue anunciada a través de un posteo en X, donde repasó sus logros durante la gestión y aseguró que seguirá defendiendo los principios de la libertad desde cualquier espacio que ocupe.

En su mensaje, Reynoso destacó que durante su gestión se regularizaron los procesos de adquisición de insumos y medicamentos estratégicos, se estableció una mesa federal mensual con todas las provincias para el seguimiento de la estrategia político-sanitaria y se incorporó una mirada integral de la salud sexual y reproductiva, fortaleciendo la prevención de ITS. También señaló que se logró reorientar el enfoque del área, dejando atrás una visión limitada exclusivamente al aborto y la anticoncepción, para abordar la salud sexual y reproductiva desde la perspectiva del desarrollo familiar y con información basada en evidencia científica.

La exfuncionaria calificó como un “enorme honor” haber trabajado en la administración de Javier Milei y expresó su satisfacción por haber desempeñado sus funciones con convicción, profesionalismo y vocación de servicio. Además, aseguró que seguirá acompañando y defendiendo las ideas de la libertad “con la misma pasión, compromiso y esperanza que me trajeron hasta acá”.

Mara Pérez Reynoso fue designada en enero de 2024 mediante el Decreto 6079, firmado por Lugones, y previamente se desempeñó entre 2019 y 2025 en la Oficina de Coordinación de Diversidad y No Discriminación del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich y el gobierno de Mauricio Macri.

Su salida se produce en un contexto de tensiones públicas entre Patricia Bullrich y el oficialismo, incluyendo cuestionamientos al jefe de Gabinete Manuel Adorni y al veto de la jueza María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Patricia Bullrich puso a disposición del presidente Javier Milei su renuncia a la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, luego de manifestar su desacuerdo con la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli. Sin embargo, el mandatario rechazó el ofrecimiento y la ratificó al frente de la bancada oficialista.

Según trascendió, la exministra de Seguridad le comunicó a Milei durante una conversación privada mantenida este lunes que no acompañará el retiro de la postulación de Michelli. En ese marco, y ante la posibilidad de que su postura generara ruido político dentro del oficialismo, decidió poner su cargo a disposición.

“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, expresó Bullrich en sus redes sociales tras la reunión.

Cerca de la legisladora señalaron que la conversación con Milei fue “razonable” y que Bullrich explicó que no podía actuar en contra de sus convicciones personales. En ese contexto, consideró que la presidencia de un bloque oficialista debe estar siempre a disposición del Presidente.

“La presidencia de un bloque oficialista está siempre a disposición del Presidente de la Nación. Si él pide dar un paso al costado, lo das, como cualquier funcionario”, indicaron desde el entorno de la senadora.

Pese a la diferencia pública, Milei no aceptó la renuncia. Fuentes al tanto del diálogo aseguraron que el Presidente entendió sus razones y decidió sostenerla en la conducción del bloque.

La postura de Bullrich fue leída como un nuevo gesto de autonomía dentro del oficialismo. Semanas atrás, la senadora porteña también había reclamado a Manuel Adorni que presentara su declaración jurada para descomprimir el desgaste generado por una causa judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

En la Casa Rosada, y cerca de Karina Milei, optaron por no abrir un nuevo frente interno contra la jefa de la bancada oficialista. Desde el Gobierno interpretaron que se trata de una diferencia puntual que no compromete el rumbo general de la gestión.

“Dentro de un espacio diverso y amplio es natural que existan diferentes visiones sobre los distintos temas. Ha ocurrido en otras oportunidades”, señaló un funcionario cercano a la Secretaría General de la Presidencia.

Bullrich, por su parte, ratificó su compromiso con el Gobierno y sostuvo que una diferencia en un tema específico no debilita el proyecto político.

“En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”, afirmó.

Luego agregó: “El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio”.

El conflicto se originó luego de que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el presidente Milei enviaran un pedido para retirar la postulación de la jueza María Verónica Michelli, pese a que su pliego ya había reunido las nueve firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos del Senado.

La objeción central del Gobierno estaría vinculada al parentesco de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon.

Ahora, el retiro del pliego deberá ser convalidado en el recinto del Senado por mayoría simple. Ese objetivo podría complicarse por la negativa de Bullrich y de otros bloques aliados, como la UCR y el PRO, que ya anticiparon que no acompañarán la decisión oficial.

La discusión se definirá este jueves 4 de junio, cuando el Senado sesione para tratar, entre otros temas, más de 70 pliegos judiciales enviados por el Ministerio de Justicia para cubrir vacantes en distintos tribunales.

 La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que el presidente Javier Milei tiene "una emocionalidad importante". Así lo expresó este martes en el ingreso a JONAGRO.

"El presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito lo que hizo", dijo Bullrich en declaraciones a la prensa, antes de entrar al evento donde será una de las expositoras.  NA

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La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo este miércoles que el jefe de Gabiente, Manuel Adorni, tiene que presentar su declaración jurada “de manera inmediata” porque sino “el proyecto sufre”, mientras que admitió que quiere “representar a los porteños”, aunque aclaró que no necesariamente desea hacerlo como jefa de Gobierno porteño, en medio de las versiones de su intención de suceder a Jorge Macri.

“Voy a estar donde quiera el presidente Milei. Los senadores son representantes de su pueblo. Quiero representar a los porteños. Si soy jefa de Gobierno porteño o no, no importa”, sostuvo la ex ministra de Seguridad en declaraciones al canal A24.

Sobre el caso Adorni, Bullrich dijo que que el funcionario tiene que presentar su declaración de ingresos y que debe hacerlo de forma “contundente y rápida porque sino el proyecto sufre, eso es lo más importante”.

“(Adorni) Tiene que hacer el esfuerzo para que esto se termine lo antes posible”, agregó sobre el ministro coordinador. “Porque nosotros queremos discutir los temas que nos van a traer inversiones”, argumentó.

“Estirar esto es algo que no tiene sentido, ya se abrió el plazo para la presentación de la declaración jurada de bienes”, insistió.__IP__

Por otro lado, Bullrich negó tensiones con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, sobre una autonomía demasiado grande que ejercería la senadora, que le molestaría a la hermana del mandatario. Al respecto, Bullrich recordó que Karina Milei le dio “un like” a su último video en sus redes sociales.

 La senadora, Patricia Bullrich, justificó la exclusión de las billeteras virtuales en el pago de salarios, en la falta de regulaciones específicas y afirmó que la mayoría de ellas no cuenta con la solvencia para afrontar la operatoria.

“Las billeteras virtuales van a tener que tener la misma solvencia que tienen los bancos” para entrar en el negocio del pago de salarios, señaló la legisladora.

En declaraciones periodísticas, la senadora aseguró que en el país existe 213 billeteras virtuales y que la mayoría no cuenta con el respaldo necesario para llevar adelante este trabajo.

“La diferencia es que los bancos pueden adelantar fondos porque tienen un descubierto con las empresas y así se pagan los sueldo en tiempo y forma”, argumentó.

En esa línea, insistió en que “las billeteras virtuales van a tener que tener la misma solvencia que tienen los bancos” para dar este tipo de facilidades.

Además, remarcó que la regulación que tienen las billeteras virtuales por parte del Banco Central no resulta suficiente para encarar este tipo de operaciones.

Por otro lado, puntualizó que de las 213 billeteras virtuales registradas, la mayoría son operadoras de criptomonedas por lo cual no estarían interesadas en entrar en ese negocio. En ese sentido, aseguró que “fueron muy pocas las que preguntaron por este tema”.__IP__

Bullrich añadió que en caso que un banco tenga problemas, el Banco Central respalda el pago de los salarios, algo que no sucedería con las billeteras virtuales, debido a las regulaciones vigentes.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este jueves que el oficialismo logró el dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil, que será tratado en el recinto la semana próxima.

“La semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada”, expresó desde sus redes sociales.

La legisladora planteó que “a las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables. Pero se terminó se terminó mirar para otro lado”.

La firma del dictamen del proyecto fue celebrada por el propio presidente Javier Milei desde Estados Unidos: "TMAP. VLLC!". El "TMAP" significa "todo marcha de acuerdo al plan" y se le suma el ya tradicional "viva la libertad carajo".

La Cámara de Diputados sancionó el jueves último por una amplia mayoría el proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La iniciativa fue sancionada por 149 a favor contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba, y había sido respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia.

La propuesta plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.

Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

EL

Este jueves emprenderá viaje a la ciudad de Buenos Aires parte de la familia de Jeremías Monzón, el joven asesinado en la ciudad de Santa Fe, con su madre presente.

El abogado de la familia, Bruno Rugna, lo adelantó ante el micrófono de CyD Litoral este miércoles. Se tratará de un encuentro “más íntimo” junto a la senadora nacional Patricia Bullrich.

La reforma penal juvenil con foco en la baja en la edad de imputabilidad es el argumento de este nuevo encuentro de los familiares del joven santotomesino que reclaman justicia.

“Van a conversar sobre algunos detalles de la ley que estuvimos charlando acá con gente del estudio. Nos acercaron los legisladores el proyecto para que lo podamos ver y le demos nuestra opinión. Por supuesto agradecidos por esa oportunidad que nos dieron de participar en esto”, declaró Rugna.

Se adelantó además que el próximo jueves se realizará un nuevo viaje en el marco de la sesión en el Senado de la Nación tras la media sanción de Diputados.

El abogado Rugna se manifestó a favor de las eventuales modificaciones de la ley penal juvenil: “Efectivamente se logró la media sanción que estábamos buscando un poco con todo esto que se hizo de la junta de firmas, generar presión no solo mediática, sino también que los legisladores reciban el el mensaje de la sociedad de esta discusión que debería de darse hace muchísimos años”.

“Nosotros compartimos lo que se discutió están en consonancia con lo que son los regímenes internacionales. Entendemos que solamente Cuba y Venezuela tenían una edad imputabilidad superior a la Argentina o similar”, agregó el letrado.

Rugna brindó una salvedad: “La solución no es solamente bajar la de imputabilidad, lo que pasa es que los delitos ocurren ahora. Tenemos que sacar la gente que está delinquiendo, los menores que delinquen en este momento hay que sacarlos del circuito”.

“El abordaje tiene que ser integral, eso estamos muy contentos porque lo prevé la normativa que haya un abordaje integral para menores que cometan delitos y que estén por debajo de la nueva línea de imputabilidad”, declaró en vísperas del viaje a Buenos Aires y sumó “La de imputabilidad por sí no creo que no resuelve el problema de fondo”.

En consecuencia, manifestó en otro pasaje de la conferencia que “el proyecto es saludable, que prevé y encara el problema de una manera integral y con un abordaje quizás multidisciplinario que no estaba visto y que es acorde a los tiempos que corren ahora”.

“Sacamos a los delincuentes de la calle ahora, pero tenemos que ser precavidos y solucionar el problema de base para que los niños de 10 años de ahora no se conviertan en delincuentes de 12 o 13 años”, indicó.

“Este caso es muy particular”, comentó Rugna y agregó: “Nosotros ya lo dijimos varias veces, sienta un precedente inédito, nunca visto en la historia, por lo menos penal argentina juvenil”.

“Quizás el ecosistema en el que se movía ella no era el mismo en el que se movían los otros dos menores, pero bueno, este crimen también nace de la marginalidad”, describió el abogado.

La jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que fue “un error” no haber diferencias las enfermedades graves y leves en el proyecto de reforma laboral, donde se rebajaron el pago de las licencias por enfermedad o accidentes y reiteró que se modificará ese artículo en la discusión en diputados.

Bullrich dijo que tuvieron “un error porque la ley original no distingue entre enfermedades” al no haber realizado una división al disponer que en caso de accidente o enfermedad ajenas al trabajo se iban a pagar entre el 50 y el 75% del sueldo que cobra cada trabajador.

La modificación de ese artículo obligará a que el proyecto vuelva de nuevo al Senado ya que los bloques dialoguistas no aceptaron que se pueda hacer por una ley complementaria o la reglamentación como aspiraba el oficialismo, según señalaron fuentes parlamentarias.

En declaraciones a TN, Bullrich dijo que “el error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Nos faltó eso y lo vamos a arreglar”.

Señaló que “eso puede pasar cuando tenés más de 200 artículos” y agregó que el problema surgió porque la actual ley que “no distingue entre un esguince y un cáncer”.

El artículo 44 establece que se pagará el 50% del sueldo en caso de las licencias por enfermedades o accidentes ajenas al ámbito laboral y del 75% cuando se trate de personas con familiares a cargo.

NA

El presidente Javier Milei y la senadora y jefa de bloque LLA, Patricia Bullrich, se reunieron este lunes en la Quinta Presidencial de Olivos para repasar la agenda legislativa, tras la media sanción de la reforma laboral en la Cámara alta. 

Así lo expresó Bullrich con un posteo en su cuenta de X: "Trabajando junto al Presidente @JMilei para cerrar las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia. Este Congreso, el más reformista que haya tenido la Argentina, se prepara para un año de cambios profundos".

Luego, el mandatario nacional replicó la publicación de Bullrich: "¿Feriado? ¿Qué es eso?Nosotros trabajamos todos los días. La única forma para salir adelante es: capitalismo, ahorro y trabajo duro. En los tres puntos decimos presentes. VLLC!". 

¿Feriado? ¿Qué es eso?Nosotros trabajamos todos los días. La única forma para salir adelante es: capitalismo, ahorro y trabajo duro. En los tres puntos decimos presentes.VLLC!CC: @PatoBullrich https://t.co/WO4zm5FwO8

La senadora nacional Patricia Bullrich afirmó que se están evaluando alternativas legales para que “haya consecuencias” para los menores acusados del homicidio de Jeremías Monzón, ocurrido en la ciudad de Santa Fe. La dirigente señaló que mantuvo conversaciones con abogados y con la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, con el objetivo de que el caso no quede impune.

“Ya estuvimos hablando con los abogados y con la fiscal general de Santa Fe para que haya consecuencias y no sea como si nada hubiera pasado”, expresó Bullrich en declaraciones a la prensa, al referirse a la situación judicial de los menores involucrados en el crimen.

La senadora recordó que durante 2025 existían condiciones políticas para avanzar con la baja de la edad de imputabilidad, pero que el proyecto no prosperó en el Congreso. “La ley penal no es retroactiva, pero eso no significa que el Estado no tenga que dar una respuesta”, remarcó.

Las declaraciones de Bullrich se produjeron luego de un encuentro con la familia de Jeremías Monzón en el Senado. La reunión estuvo atravesada por el reclamo de justicia de los familiares y por el impacto social que generó el caso, que volvió a poner en el centro de la agenda la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil.

“Cualquier mamá a la que le torturan y le matan a su hijo de esta manera vive algo imposible de describir”, sostuvo la legisladora, tras escuchar el testimonio de la madre de la víctima.

En ese marco, Bullrich afirmó que el Gobierno nacional decidió reimpulsar el debate legislativo. “No podemos seguir teniendo Jeremías asesinados por otros menores, menores que matan y vuelven a su casa como si no hubiera pasado nada”, enfatizó.

Realmente no hay palabras que alcancen. Escuchar a Romina hablar de Jeremías y de lo que le hicieron te revuelve el estómago.Me importan dos ovarios si son 50 menores o 500 los que cometen delitos. Saben lo que hacen. Matan y vuelven a su casa como si nada, mientras una familia… pic.twitter.com/8Fl9Z1o5Ix

La iniciativa oficial apunta a reformar el régimen vigente y reabrir la discusión sobre la edad de imputabilidad, un tema que genera fuertes posiciones encontradas en el ámbito político, judicial y social.

El encuentro entre Patricia Bullrich y Romina Monzón tuvo una fuerte carga simbólica y política. La senadora recibió a la madre de Jeremías, el adolescente asesinado en un hecho violento que involucró a otros menores, y utilizó el caso para volver a impulsar el debate por la Ley Penal Juvenil.

“Decidimos poner este proyecto para que la sociedad entera sepa que no podemos seguir así”, sostuvo Bullrich. Remarcó que no se puede tolerar que menores cometan homicidios y “vuelvan a su casa como si no hubiera pasado nada”, y señaló que el Estado debe dar una respuesta institucional.

La funcionaria confirmó que el proyecto ingresará en febrero a la Cámara de Diputados. Recordó que la iniciativa ya había sido impulsada durante 2025 por la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, pero quedó frenada por la dinámica parlamentaria y las disputas políticas.

Bullrich reconoció que la ley no será retroactiva y que no alcanzará el caso de Jeremías, pero aseguró que se trabaja con fiscales y abogados para que “no sea como si nada hubiera pasado”. En ese marco, mencionó contactos con la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich.

Para la legisladora, la muerte de Jeremías se transformó en un punto de inflexión. “Este caso va a dejar un legado”, afirmó, y sostuvo que debe servir para interpelar a todo el país sobre la educación, la prevención de la violencia y la responsabilidad penal juvenil.

Romina Monzón expresó su dolor con crudeza. “Ver cómo los asesinos de mi hijo están en su casa es terrible”, dijo. Remarcó que si la ley se hubiera aprobado antes, los responsables estarían detenidos, y sostuvo que la lucha ahora es para que otras familias no pasen por lo mismo.

La madre de Jeremías afirmó que no busca venganza, sino que la muerte de su hijo “no sea en vano”. Señaló que seguirá impulsando el reclamo “hasta las últimas consecuencias”, no solo por su hijo, sino por otras víctimas de hechos similares.

En el caso, además de los menores involucrados, existe una persona adulta imputada como partícipe secundaria. Monzón sostuvo que hubo planificación y un nivel de violencia que calificó como “perverso”, y cuestionó el rol de los adultos en este tipo de hechos.

El debate por la Ley Penal Juvenil excede la edad de imputabilidad. En el Congreso, uno de los consensos previos era fijarla en 14 años, pero el impacto del caso Jeremías reabrió presiones para bajarla a 13.

Especialistas y legisladores advierten que el debate no puede ser reducido solo a la edad. Señalan la falta de discusión sobre presupuesto, infraestructura, dispositivos de contención, sistema penitenciario juvenil y políticas de prevención.

También se cuestiona que la ley no contemple de manera clara el financiamiento del sistema que debe sostenerla. La implementación, advierten, requiere recursos, formación profesional y una estructura que hoy no está plenamente desarrollada.

Mientras tanto, el Gobierno nacional busca avanzar con el tratamiento parlamentario. Bullrich afirmó que el proyecto “va a ser ley en corto plazo” y que existe decisión política de impulsar la reforma, aun en un contexto de fuerte debate social e ideológico.

El Litoral.

 A una semana del inicio de la sesiones extraordinarias, el oficialismo busca terminar de cerrar los acuerdos con bloques dialoguistas y gobernadores para aprobar el 11 de febrero en el Senado el proyecto de reforma laboral, con el cual el Gobierno busca fomentar la creación de empleo registrado.

Las negociaciones son encaradas en el Senado por la jefe del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, con los bloques de la UCR, PRO y bloques provinciales, y por el ministro del Interior, Diego Santilli, que realiza tratativas con los gobernadores y ya consiguió el respaldo de siete mandatarios. 

Uno de los puntos que genera mayor rispidez entre el Gobierno y los mandatarios provinciales es la reducción de alícuotas de ganancias para las empresas, ya que impacta en las arcas provinciales. Por ese motivo el oficialismo analiza variantes para compensar a las provincias.

El Gobierno ya consiguió el respaldo de los gobernadores aliados de la LLA de:

Entre Ríos, Rogelio Frigerio

Mendoza, Alfredo Cornejo

Chaco, Leandro Zdero

También  sumó el espaldarazo de los mandatarios dialoguistas de Salta, Gustavo Sáenz, y de Neuquén, Rolando Figueroa.

Los gobernadores aliados quieren compensar la disminución que tendrán sus arcas por la rebaja de ganancias a las sociedades (del 35% al 31,5%), ya que con esa disminución las provincias perderán 1,2 billones de pesos.

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores propios y sumará a los tres del PRO y 7 de los 10 radicales, y con el apoyo de Sáenz y Figueroa, tendría dos votos mas, con lo cual ya tiene garantizados 33 legisladores, pero aún le faltan cuatro senadores que podrían provenir de Misiones, Chubut y Corrientes.

Los radicales que se resisten a acompañar el proyecto son el bonaerense Maximiliano Abad, el catamarqueño Flavio Fama, y de La Pampa, Daniel Kroneberger. 

El oficialismo consiguió dictamen el 11 de diciembre y allí incorporó algunos cambios que requieren de mayores apoyos para garantizar la sanción de la ley en general y en particular. 

Si bien el despacho introdujo algunos cambios solicitados por las pymes y los bancos, los gobernadores no quieren los cambios en ganancias y la mayoría de los bloques siguen pidiendo reformas en el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral, para que no se solvente con los aportes que deben ser derivados a Anses.

Entre los cambios incluidos figuran la posibilidad de pagar las indemnizaciones en las pymes en 18 cuotas y se estableció que los sueldos solo se pagarán con dinero en moneda nacional o extranjera.

Otro punto está vinculado con los convenios de ultraactividad y ahí se decidió que se mantendrán las cláusulas normativas por un año -condiciones laborales- pero no las obligaciones, que son los aportes solidarios que muchas empresas realizan a las cámaras empresariales y gremios.

AgenciaNA 

El cruento crimen de Jeremías Monzón llegó a los medios nacionales por estas horas por la viralización del supuesto video filmado mientras era asesinado. Las imágenes, se filtraron y la familia pide que cesen de compartirlas al tiempo que busca saber cómo se hizo público.

Mientras tanto, las redes sociales se hicieron eco de lo sucedido en la ciudad de Santa Fe previo a Navidad. Cientos de posteos de usuarios conmocionado por el calibre de lo que en teoría muestran las imágenes.

Tal es el estado de perplejidad que lo ocurrido también copó la agenda de legisladores nacionales. Como el caso de Patricia Bullrich, quien además viene como titular del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El caso volvió a poner arriba de la mesa de las discusiones nacionales el Código Penal aplicado a los jóvenes. En concreto, la edad de imputabilidad.

A través de su perfil en X, la ahora senadora nacional Bullrich posteó: “Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres. La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara”.

Y siguió: “El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir. En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.

Expresiones parecidas tuvo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuando este miércoles se le preguntó en rueda de prensa sobre este hecho.

“Una persona que comete un delito de estas características sabe lo que está haciendo”, insistió el mandatario, y remarcó que la criminalidad cambió y exige respuestas legales acordes.

“El delito debe pagarse como si lo cometiera un mayor”, sintetizó Pullaro al argumentar su postura. Para el gobernador, no se trata de una discusión ideológica sino de una respuesta institucional frente a nuevas formas de criminalidad que ya no encajan en marcos legales diseñados décadas atrás.

“La ley penal debe juzgar el delito y no la edad de quien lo comete”, concluyó Pullaro en diálogo con la prensa.

EL

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asistió este jueves por la noche a una función teatral en la avenida Corrientes, donde presenció la obra ¿Qué somos?, en la que actúa Guillermo Yanco, pareja de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La presentación contó con la presencia de la propia Bullrich, quien acompañó a Yanco junto al secretario de Cultura de la Nación, Leandro Cifelli, y la ministra de Seguridad porteña, Alejandra Monteoliva. La velada reunió además a dirigentes políticos y referentes del ámbito cultural.

IG Patricia Bullrich

Entre los asistentes también se destacó Antonio de la Rúa, hijo del ex presidente Fernando de la Rúa, en una función que congregó a figuras vinculadas tanto a la política como al espectáculo.

Guillermo Yanco, abogado y empresario, debutó como actor en 2013 en la obra El evento texto, de Julio Chávez, bajo la dirección de Luz Palazón. En ¿Qué somos? comparte escenario con Juan Acosta, actor, autor y director identificado con el espacio libertario.

El elenco se completa con Silvio Klein y Rubi Montalvo, en una propuesta que combina humor y reflexión, y que despertó interés dentro y fuera del circuito teatral porteño.

 El juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, declaró hoy la nulidad del llamado “protocolo antipiquetes” que puso en práctica la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich hace dos años para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle.

Para declarar la nulidad del marco de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales establecido mediante la resolución 943/2023, el magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que consideró que el protocolo antipiquetes pone en jaque el derecho a la protesta social.

En el fallo, Cormick sostuvo, en línea con el organismo civil y de Derechos Humanos, que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.

El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.

El juez, en la fundamentación de su fallo, consideró que la protesta social de ningún modo puede ser interpretado como equivalente a un delito penal que justifique el accionar represivo policial expreso sin la debida autorización de un juez.

La sentencia de Cormick vuelve a colocar en la esfera del juez (y no la de un funcionario del Poder Ejecutivo ni la de un jefe policial) la decisión de ordenar o no la intervención de la fuerza pública para disuadir, repeler o dispersar una protesta en la vía pública.

El juez también cuestionó las “tareas de inteligencia” que el protocolo antipiquete habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.

Según expresó Cormick, estas tareas (muchas veces realizadas por agentes encubiertos vestidos de civil) vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, norma que prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o su filiación a cualquier tipo de organización.

En tanto, el magistrado cuestionó que el protocolo antipiquetes no establece distinciones en cuenta a la acción represiva sobre manifestantes, sin tener en cuenta la condición de grupos vulnerables (niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados), que requieren una protección especial.

Por todo esto, el juez exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse en la implementación del protocolo antipiquetes y a adecuar su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal. 

De todos modos, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores de la Justicia.

La semana pasada, el mismo magistrado había dictado un fallo conminando al Gobierno a cumplir con lo dispuesto en la Ley de Financiamiento Universitario.

AgenciaNa

La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei se tratará en el Senado el 10 de febrero, como parte de sesiones extraordinarias.

El cambio de calendario en el tratamiento de la norma, que este jueves motivó una marcha multitudinaria de la CGT, responde a la necesidad de reunir mayores consensos sobre la propuesta oficial, según aclaró la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

Bullrich aclaró además que el despacho está abierto a nuevos cambios, durante el último tramo del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social.

A las 16 de este jueves se reanudó la reunión tras un cuarto intermedio para escuchar a los últimos expositores, y luego Bullrich hizo el anuncio de la postergación del tratamiento de la reforma laboral.

Para tener garantizado el dictamen de mayoría, la jefa de la bancada de la LLA mantendrá en este mes y medio negociaciones con los bloques de la UCR, el PRO, y bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz y Chubut, Neuquén, y Cambio Federal.

AgenciaNA

El fútbol argentino vuelve a estar en el centro de la tormenta, y esta vez no es por lo que sucede en la cancha. La senadora nacional Patricia Bullrich presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Ética de la Conmebol contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (Claudio "Chiqui" Tapia) y su mano derecha, el secretario ejecutivo Pablo Toviggino, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y supuestas violaciones al Código de Ética de la entidad.

La presentación, respaldada por un escrito oficial, apunta contra los dos principales dirigentes de la AFA por presuntas violaciones a principios clave como integridad, transparencia en contrataciones, conflictos de intereses, uso indebido de recursos y posible lavado de activos. Bullrich sostuvo que se habrían incumplido normas anticorrupción y antisoborno internas de la Conmebol.

El documento ya fue recibido por el Comité de Ética, lo que implica que deberá ser analizado en las próximas semanas dentro de los canales formales del organismo con sede en Paraguay.

Bullrich acompañó la denuncia con un mensaje directo y provocador en redes sociales, que rápidamente se viralizó. “¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección?”, cuestionó, en alusión a los ingresos millonarios generados por el seleccionado nacional, actual campeón del mundo.

Además, vinculó el nivel de vida de ciertos dirigentes con un presunto uso irregular del dinero: “Mansiones, Ferraris, vuelos por el mundo, empresas propias contratadas... La lista de irregularidades es interminable”, señaló en el comunicado.

Entre los elementos más resonantes de la denuncia, Bullrich hizo foco en la firma Sur Finanzas, a la que vinculó con el manejo de deudas de clubes a cambio de favores políticos y votos dirigenciales, un mecanismo que, según denunció, “condiciona la gobernabilidad interna del fútbol argentino”.

También cuestionó las contrataciones de empresas vinculadas a miembros de la AFA, la retención de aportes, y la falta de control en los mecanismos de fiscalización del dinero que ingresa por la Selección Argentina y la publicidad en torneos nacionales e internacionales.

La presentación ante Conmebol abre un capítulo incómodo para la conducción del fútbol argentino, en un momento en el que Tapia mantiene un rol clave en la estructura de la FIFA y la Conmebol, además de su poder interno como presidente reelecto de AFA.

“Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, cerró Bullrich, en un mensaje que combina tono de campaña con una advertencia directa a la cúpula dirigencial del fútbol nacional.

La Conmebol deberá analizar si da curso formal a la denuncia o si la desestima por falta de pruebas. En caso de avanzar, los implicados podrían ser investigados, suspendidos o sancionados según el Código de Ética vigente.

Mientras tanto, el escándalo ya sacude los cimientos de la AFA y agita el tablero político del fútbol sudamericano. Con la denuncia ya formalizada, la pelota está ahora en el campo de la Conmebol.