La senadora, Patricia Bullrich, justificó la exclusión de las billeteras virtuales en el pago de salarios, en la falta de regulaciones específicas y afirmó que la mayoría de ellas no cuenta con la solvencia para afrontar la operatoria.

“Las billeteras virtuales van a tener que tener la misma solvencia que tienen los bancos” para entrar en el negocio del pago de salarios, señaló la legisladora.

En declaraciones periodísticas, la senadora aseguró que en el país existe 213 billeteras virtuales y que la mayoría no cuenta con el respaldo necesario para llevar adelante este trabajo.

“La diferencia es que los bancos pueden adelantar fondos porque tienen un descubierto con las empresas y así se pagan los sueldo en tiempo y forma”, argumentó.

En esa línea, insistió en que “las billeteras virtuales van a tener que tener la misma solvencia que tienen los bancos” para dar este tipo de facilidades.

Además, remarcó que la regulación que tienen las billeteras virtuales por parte del Banco Central no resulta suficiente para encarar este tipo de operaciones.

Por otro lado, puntualizó que de las 213 billeteras virtuales registradas, la mayoría son operadoras de criptomonedas por lo cual no estarían interesadas en entrar en ese negocio. En ese sentido, aseguró que “fueron muy pocas las que preguntaron por este tema”.__IP__

Bullrich añadió que en caso que un banco tenga problemas, el Banco Central respalda el pago de los salarios, algo que no sucedería con las billeteras virtuales, debido a las regulaciones vigentes.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este jueves que el oficialismo logró el dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil, que será tratado en el recinto la semana próxima.

“La semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada”, expresó desde sus redes sociales.

La legisladora planteó que “a las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables. Pero se terminó se terminó mirar para otro lado”.

La firma del dictamen del proyecto fue celebrada por el propio presidente Javier Milei desde Estados Unidos: "TMAP. VLLC!". El "TMAP" significa "todo marcha de acuerdo al plan" y se le suma el ya tradicional "viva la libertad carajo".

La Cámara de Diputados sancionó el jueves último por una amplia mayoría el proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La iniciativa fue sancionada por 149 a favor contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba, y había sido respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia.

La propuesta plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.

Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

EL

Este jueves emprenderá viaje a la ciudad de Buenos Aires parte de la familia de Jeremías Monzón, el joven asesinado en la ciudad de Santa Fe, con su madre presente.

El abogado de la familia, Bruno Rugna, lo adelantó ante el micrófono de CyD Litoral este miércoles. Se tratará de un encuentro “más íntimo” junto a la senadora nacional Patricia Bullrich.

La reforma penal juvenil con foco en la baja en la edad de imputabilidad es el argumento de este nuevo encuentro de los familiares del joven santotomesino que reclaman justicia.

“Van a conversar sobre algunos detalles de la ley que estuvimos charlando acá con gente del estudio. Nos acercaron los legisladores el proyecto para que lo podamos ver y le demos nuestra opinión. Por supuesto agradecidos por esa oportunidad que nos dieron de participar en esto”, declaró Rugna.

Se adelantó además que el próximo jueves se realizará un nuevo viaje en el marco de la sesión en el Senado de la Nación tras la media sanción de Diputados.

El abogado Rugna se manifestó a favor de las eventuales modificaciones de la ley penal juvenil: “Efectivamente se logró la media sanción que estábamos buscando un poco con todo esto que se hizo de la junta de firmas, generar presión no solo mediática, sino también que los legisladores reciban el el mensaje de la sociedad de esta discusión que debería de darse hace muchísimos años”.

“Nosotros compartimos lo que se discutió están en consonancia con lo que son los regímenes internacionales. Entendemos que solamente Cuba y Venezuela tenían una edad imputabilidad superior a la Argentina o similar”, agregó el letrado.

Rugna brindó una salvedad: “La solución no es solamente bajar la de imputabilidad, lo que pasa es que los delitos ocurren ahora. Tenemos que sacar la gente que está delinquiendo, los menores que delinquen en este momento hay que sacarlos del circuito”.

“El abordaje tiene que ser integral, eso estamos muy contentos porque lo prevé la normativa que haya un abordaje integral para menores que cometan delitos y que estén por debajo de la nueva línea de imputabilidad”, declaró en vísperas del viaje a Buenos Aires y sumó “La de imputabilidad por sí no creo que no resuelve el problema de fondo”.

En consecuencia, manifestó en otro pasaje de la conferencia que “el proyecto es saludable, que prevé y encara el problema de una manera integral y con un abordaje quizás multidisciplinario que no estaba visto y que es acorde a los tiempos que corren ahora”.

“Sacamos a los delincuentes de la calle ahora, pero tenemos que ser precavidos y solucionar el problema de base para que los niños de 10 años de ahora no se conviertan en delincuentes de 12 o 13 años”, indicó.

“Este caso es muy particular”, comentó Rugna y agregó: “Nosotros ya lo dijimos varias veces, sienta un precedente inédito, nunca visto en la historia, por lo menos penal argentina juvenil”.

“Quizás el ecosistema en el que se movía ella no era el mismo en el que se movían los otros dos menores, pero bueno, este crimen también nace de la marginalidad”, describió el abogado.

La jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que fue “un error” no haber diferencias las enfermedades graves y leves en el proyecto de reforma laboral, donde se rebajaron el pago de las licencias por enfermedad o accidentes y reiteró que se modificará ese artículo en la discusión en diputados.

Bullrich dijo que tuvieron “un error porque la ley original no distingue entre enfermedades” al no haber realizado una división al disponer que en caso de accidente o enfermedad ajenas al trabajo se iban a pagar entre el 50 y el 75% del sueldo que cobra cada trabajador.

La modificación de ese artículo obligará a que el proyecto vuelva de nuevo al Senado ya que los bloques dialoguistas no aceptaron que se pueda hacer por una ley complementaria o la reglamentación como aspiraba el oficialismo, según señalaron fuentes parlamentarias.

En declaraciones a TN, Bullrich dijo que “el error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Nos faltó eso y lo vamos a arreglar”.

Señaló que “eso puede pasar cuando tenés más de 200 artículos” y agregó que el problema surgió porque la actual ley que “no distingue entre un esguince y un cáncer”.

El artículo 44 establece que se pagará el 50% del sueldo en caso de las licencias por enfermedades o accidentes ajenas al ámbito laboral y del 75% cuando se trate de personas con familiares a cargo.

NA

El presidente Javier Milei y la senadora y jefa de bloque LLA, Patricia Bullrich, se reunieron este lunes en la Quinta Presidencial de Olivos para repasar la agenda legislativa, tras la media sanción de la reforma laboral en la Cámara alta. 

Así lo expresó Bullrich con un posteo en su cuenta de X: "Trabajando junto al Presidente @JMilei para cerrar las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia. Este Congreso, el más reformista que haya tenido la Argentina, se prepara para un año de cambios profundos".

Luego, el mandatario nacional replicó la publicación de Bullrich: "¿Feriado? ¿Qué es eso?Nosotros trabajamos todos los días. La única forma para salir adelante es: capitalismo, ahorro y trabajo duro. En los tres puntos decimos presentes. VLLC!". 

¿Feriado? ¿Qué es eso?Nosotros trabajamos todos los días. La única forma para salir adelante es: capitalismo, ahorro y trabajo duro. En los tres puntos decimos presentes.VLLC!CC: @PatoBullrich https://t.co/WO4zm5FwO8

La senadora nacional Patricia Bullrich afirmó que se están evaluando alternativas legales para que “haya consecuencias” para los menores acusados del homicidio de Jeremías Monzón, ocurrido en la ciudad de Santa Fe. La dirigente señaló que mantuvo conversaciones con abogados y con la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, con el objetivo de que el caso no quede impune.

“Ya estuvimos hablando con los abogados y con la fiscal general de Santa Fe para que haya consecuencias y no sea como si nada hubiera pasado”, expresó Bullrich en declaraciones a la prensa, al referirse a la situación judicial de los menores involucrados en el crimen.

La senadora recordó que durante 2025 existían condiciones políticas para avanzar con la baja de la edad de imputabilidad, pero que el proyecto no prosperó en el Congreso. “La ley penal no es retroactiva, pero eso no significa que el Estado no tenga que dar una respuesta”, remarcó.

Las declaraciones de Bullrich se produjeron luego de un encuentro con la familia de Jeremías Monzón en el Senado. La reunión estuvo atravesada por el reclamo de justicia de los familiares y por el impacto social que generó el caso, que volvió a poner en el centro de la agenda la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil.

“Cualquier mamá a la que le torturan y le matan a su hijo de esta manera vive algo imposible de describir”, sostuvo la legisladora, tras escuchar el testimonio de la madre de la víctima.

En ese marco, Bullrich afirmó que el Gobierno nacional decidió reimpulsar el debate legislativo. “No podemos seguir teniendo Jeremías asesinados por otros menores, menores que matan y vuelven a su casa como si no hubiera pasado nada”, enfatizó.

Realmente no hay palabras que alcancen. Escuchar a Romina hablar de Jeremías y de lo que le hicieron te revuelve el estómago.Me importan dos ovarios si son 50 menores o 500 los que cometen delitos. Saben lo que hacen. Matan y vuelven a su casa como si nada, mientras una familia… pic.twitter.com/8Fl9Z1o5Ix

La iniciativa oficial apunta a reformar el régimen vigente y reabrir la discusión sobre la edad de imputabilidad, un tema que genera fuertes posiciones encontradas en el ámbito político, judicial y social.

El encuentro entre Patricia Bullrich y Romina Monzón tuvo una fuerte carga simbólica y política. La senadora recibió a la madre de Jeremías, el adolescente asesinado en un hecho violento que involucró a otros menores, y utilizó el caso para volver a impulsar el debate por la Ley Penal Juvenil.

“Decidimos poner este proyecto para que la sociedad entera sepa que no podemos seguir así”, sostuvo Bullrich. Remarcó que no se puede tolerar que menores cometan homicidios y “vuelvan a su casa como si no hubiera pasado nada”, y señaló que el Estado debe dar una respuesta institucional.

La funcionaria confirmó que el proyecto ingresará en febrero a la Cámara de Diputados. Recordó que la iniciativa ya había sido impulsada durante 2025 por la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, pero quedó frenada por la dinámica parlamentaria y las disputas políticas.

Bullrich reconoció que la ley no será retroactiva y que no alcanzará el caso de Jeremías, pero aseguró que se trabaja con fiscales y abogados para que “no sea como si nada hubiera pasado”. En ese marco, mencionó contactos con la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich.

Para la legisladora, la muerte de Jeremías se transformó en un punto de inflexión. “Este caso va a dejar un legado”, afirmó, y sostuvo que debe servir para interpelar a todo el país sobre la educación, la prevención de la violencia y la responsabilidad penal juvenil.

Romina Monzón expresó su dolor con crudeza. “Ver cómo los asesinos de mi hijo están en su casa es terrible”, dijo. Remarcó que si la ley se hubiera aprobado antes, los responsables estarían detenidos, y sostuvo que la lucha ahora es para que otras familias no pasen por lo mismo.

La madre de Jeremías afirmó que no busca venganza, sino que la muerte de su hijo “no sea en vano”. Señaló que seguirá impulsando el reclamo “hasta las últimas consecuencias”, no solo por su hijo, sino por otras víctimas de hechos similares.

En el caso, además de los menores involucrados, existe una persona adulta imputada como partícipe secundaria. Monzón sostuvo que hubo planificación y un nivel de violencia que calificó como “perverso”, y cuestionó el rol de los adultos en este tipo de hechos.

El debate por la Ley Penal Juvenil excede la edad de imputabilidad. En el Congreso, uno de los consensos previos era fijarla en 14 años, pero el impacto del caso Jeremías reabrió presiones para bajarla a 13.

Especialistas y legisladores advierten que el debate no puede ser reducido solo a la edad. Señalan la falta de discusión sobre presupuesto, infraestructura, dispositivos de contención, sistema penitenciario juvenil y políticas de prevención.

También se cuestiona que la ley no contemple de manera clara el financiamiento del sistema que debe sostenerla. La implementación, advierten, requiere recursos, formación profesional y una estructura que hoy no está plenamente desarrollada.

Mientras tanto, el Gobierno nacional busca avanzar con el tratamiento parlamentario. Bullrich afirmó que el proyecto “va a ser ley en corto plazo” y que existe decisión política de impulsar la reforma, aun en un contexto de fuerte debate social e ideológico.

El Litoral.

 A una semana del inicio de la sesiones extraordinarias, el oficialismo busca terminar de cerrar los acuerdos con bloques dialoguistas y gobernadores para aprobar el 11 de febrero en el Senado el proyecto de reforma laboral, con el cual el Gobierno busca fomentar la creación de empleo registrado.

Las negociaciones son encaradas en el Senado por la jefe del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, con los bloques de la UCR, PRO y bloques provinciales, y por el ministro del Interior, Diego Santilli, que realiza tratativas con los gobernadores y ya consiguió el respaldo de siete mandatarios. 

Uno de los puntos que genera mayor rispidez entre el Gobierno y los mandatarios provinciales es la reducción de alícuotas de ganancias para las empresas, ya que impacta en las arcas provinciales. Por ese motivo el oficialismo analiza variantes para compensar a las provincias.

El Gobierno ya consiguió el respaldo de los gobernadores aliados de la LLA de:

Entre Ríos, Rogelio Frigerio

Mendoza, Alfredo Cornejo

Chaco, Leandro Zdero

También  sumó el espaldarazo de los mandatarios dialoguistas de Salta, Gustavo Sáenz, y de Neuquén, Rolando Figueroa.

Los gobernadores aliados quieren compensar la disminución que tendrán sus arcas por la rebaja de ganancias a las sociedades (del 35% al 31,5%), ya que con esa disminución las provincias perderán 1,2 billones de pesos.

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores propios y sumará a los tres del PRO y 7 de los 10 radicales, y con el apoyo de Sáenz y Figueroa, tendría dos votos mas, con lo cual ya tiene garantizados 33 legisladores, pero aún le faltan cuatro senadores que podrían provenir de Misiones, Chubut y Corrientes.

Los radicales que se resisten a acompañar el proyecto son el bonaerense Maximiliano Abad, el catamarqueño Flavio Fama, y de La Pampa, Daniel Kroneberger. 

El oficialismo consiguió dictamen el 11 de diciembre y allí incorporó algunos cambios que requieren de mayores apoyos para garantizar la sanción de la ley en general y en particular. 

Si bien el despacho introdujo algunos cambios solicitados por las pymes y los bancos, los gobernadores no quieren los cambios en ganancias y la mayoría de los bloques siguen pidiendo reformas en el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral, para que no se solvente con los aportes que deben ser derivados a Anses.

Entre los cambios incluidos figuran la posibilidad de pagar las indemnizaciones en las pymes en 18 cuotas y se estableció que los sueldos solo se pagarán con dinero en moneda nacional o extranjera.

Otro punto está vinculado con los convenios de ultraactividad y ahí se decidió que se mantendrán las cláusulas normativas por un año -condiciones laborales- pero no las obligaciones, que son los aportes solidarios que muchas empresas realizan a las cámaras empresariales y gremios.

AgenciaNA 

El cruento crimen de Jeremías Monzón llegó a los medios nacionales por estas horas por la viralización del supuesto video filmado mientras era asesinado. Las imágenes, se filtraron y la familia pide que cesen de compartirlas al tiempo que busca saber cómo se hizo público.

Mientras tanto, las redes sociales se hicieron eco de lo sucedido en la ciudad de Santa Fe previo a Navidad. Cientos de posteos de usuarios conmocionado por el calibre de lo que en teoría muestran las imágenes.

Tal es el estado de perplejidad que lo ocurrido también copó la agenda de legisladores nacionales. Como el caso de Patricia Bullrich, quien además viene como titular del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El caso volvió a poner arriba de la mesa de las discusiones nacionales el Código Penal aplicado a los jóvenes. En concreto, la edad de imputabilidad.

A través de su perfil en X, la ahora senadora nacional Bullrich posteó: “Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres. La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara”.

Y siguió: “El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir. En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.

Expresiones parecidas tuvo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuando este miércoles se le preguntó en rueda de prensa sobre este hecho.

“Una persona que comete un delito de estas características sabe lo que está haciendo”, insistió el mandatario, y remarcó que la criminalidad cambió y exige respuestas legales acordes.

“El delito debe pagarse como si lo cometiera un mayor”, sintetizó Pullaro al argumentar su postura. Para el gobernador, no se trata de una discusión ideológica sino de una respuesta institucional frente a nuevas formas de criminalidad que ya no encajan en marcos legales diseñados décadas atrás.

“La ley penal debe juzgar el delito y no la edad de quien lo comete”, concluyó Pullaro en diálogo con la prensa.

EL

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asistió este jueves por la noche a una función teatral en la avenida Corrientes, donde presenció la obra ¿Qué somos?, en la que actúa Guillermo Yanco, pareja de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La presentación contó con la presencia de la propia Bullrich, quien acompañó a Yanco junto al secretario de Cultura de la Nación, Leandro Cifelli, y la ministra de Seguridad porteña, Alejandra Monteoliva. La velada reunió además a dirigentes políticos y referentes del ámbito cultural.

IG Patricia Bullrich

Entre los asistentes también se destacó Antonio de la Rúa, hijo del ex presidente Fernando de la Rúa, en una función que congregó a figuras vinculadas tanto a la política como al espectáculo.

Guillermo Yanco, abogado y empresario, debutó como actor en 2013 en la obra El evento texto, de Julio Chávez, bajo la dirección de Luz Palazón. En ¿Qué somos? comparte escenario con Juan Acosta, actor, autor y director identificado con el espacio libertario.

El elenco se completa con Silvio Klein y Rubi Montalvo, en una propuesta que combina humor y reflexión, y que despertó interés dentro y fuera del circuito teatral porteño.

 El juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, declaró hoy la nulidad del llamado “protocolo antipiquetes” que puso en práctica la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich hace dos años para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle.

Para declarar la nulidad del marco de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales establecido mediante la resolución 943/2023, el magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que consideró que el protocolo antipiquetes pone en jaque el derecho a la protesta social.

En el fallo, Cormick sostuvo, en línea con el organismo civil y de Derechos Humanos, que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.

El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.

El juez, en la fundamentación de su fallo, consideró que la protesta social de ningún modo puede ser interpretado como equivalente a un delito penal que justifique el accionar represivo policial expreso sin la debida autorización de un juez.

La sentencia de Cormick vuelve a colocar en la esfera del juez (y no la de un funcionario del Poder Ejecutivo ni la de un jefe policial) la decisión de ordenar o no la intervención de la fuerza pública para disuadir, repeler o dispersar una protesta en la vía pública.

El juez también cuestionó las “tareas de inteligencia” que el protocolo antipiquete habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.

Según expresó Cormick, estas tareas (muchas veces realizadas por agentes encubiertos vestidos de civil) vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, norma que prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o su filiación a cualquier tipo de organización.

En tanto, el magistrado cuestionó que el protocolo antipiquetes no establece distinciones en cuenta a la acción represiva sobre manifestantes, sin tener en cuenta la condición de grupos vulnerables (niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados), que requieren una protección especial.

Por todo esto, el juez exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse en la implementación del protocolo antipiquetes y a adecuar su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal. 

De todos modos, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores de la Justicia.

La semana pasada, el mismo magistrado había dictado un fallo conminando al Gobierno a cumplir con lo dispuesto en la Ley de Financiamiento Universitario.

AgenciaNa

La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei se tratará en el Senado el 10 de febrero, como parte de sesiones extraordinarias.

El cambio de calendario en el tratamiento de la norma, que este jueves motivó una marcha multitudinaria de la CGT, responde a la necesidad de reunir mayores consensos sobre la propuesta oficial, según aclaró la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

Bullrich aclaró además que el despacho está abierto a nuevos cambios, durante el último tramo del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social.

A las 16 de este jueves se reanudó la reunión tras un cuarto intermedio para escuchar a los últimos expositores, y luego Bullrich hizo el anuncio de la postergación del tratamiento de la reforma laboral.

Para tener garantizado el dictamen de mayoría, la jefa de la bancada de la LLA mantendrá en este mes y medio negociaciones con los bloques de la UCR, el PRO, y bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz y Chubut, Neuquén, y Cambio Federal.

AgenciaNA

El fútbol argentino vuelve a estar en el centro de la tormenta, y esta vez no es por lo que sucede en la cancha. La senadora nacional Patricia Bullrich presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Ética de la Conmebol contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (Claudio "Chiqui" Tapia) y su mano derecha, el secretario ejecutivo Pablo Toviggino, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y supuestas violaciones al Código de Ética de la entidad.

La presentación, respaldada por un escrito oficial, apunta contra los dos principales dirigentes de la AFA por presuntas violaciones a principios clave como integridad, transparencia en contrataciones, conflictos de intereses, uso indebido de recursos y posible lavado de activos. Bullrich sostuvo que se habrían incumplido normas anticorrupción y antisoborno internas de la Conmebol.

El documento ya fue recibido por el Comité de Ética, lo que implica que deberá ser analizado en las próximas semanas dentro de los canales formales del organismo con sede en Paraguay.

Bullrich acompañó la denuncia con un mensaje directo y provocador en redes sociales, que rápidamente se viralizó. “¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección?”, cuestionó, en alusión a los ingresos millonarios generados por el seleccionado nacional, actual campeón del mundo.

Además, vinculó el nivel de vida de ciertos dirigentes con un presunto uso irregular del dinero: “Mansiones, Ferraris, vuelos por el mundo, empresas propias contratadas... La lista de irregularidades es interminable”, señaló en el comunicado.

Entre los elementos más resonantes de la denuncia, Bullrich hizo foco en la firma Sur Finanzas, a la que vinculó con el manejo de deudas de clubes a cambio de favores políticos y votos dirigenciales, un mecanismo que, según denunció, “condiciona la gobernabilidad interna del fútbol argentino”.

También cuestionó las contrataciones de empresas vinculadas a miembros de la AFA, la retención de aportes, y la falta de control en los mecanismos de fiscalización del dinero que ingresa por la Selección Argentina y la publicidad en torneos nacionales e internacionales.

La presentación ante Conmebol abre un capítulo incómodo para la conducción del fútbol argentino, en un momento en el que Tapia mantiene un rol clave en la estructura de la FIFA y la Conmebol, además de su poder interno como presidente reelecto de AFA.

“Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, cerró Bullrich, en un mensaje que combina tono de campaña con una advertencia directa a la cúpula dirigencial del fútbol nacional.

La Conmebol deberá analizar si da curso formal a la denuncia o si la desestima por falta de pruebas. En caso de avanzar, los implicados podrían ser investigados, suspendidos o sancionados según el Código de Ética vigente.

Mientras tanto, el escándalo ya sacude los cimientos de la AFA y agita el tablero político del fútbol sudamericano. Con la denuncia ya formalizada, la pelota está ahora en el campo de la Conmebol.

La senadora Patricia Bullrich (LLA) lanzó este jueves un fuerte mensaje contra Cristina Kirchner luego de que la exmandataria cuestionara nuevamente el rumbo económico del Gobierno. A través de un posteo en X, la exministra de Seguridad la calificó como “presidiaria” y le pidió que no opine sobre economía.

“Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, escribió Bullrich, en una publicación que tuvo inmediata repercusión política y mediática.

X Patricia Bullrich

La senadora profundizó sus críticas al recordar que “en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25%, prácticamente lo mismo que todo 2025”, y enumeró factores que atribuía a la gestión anterior, como los “precios congelados, dólar artificial, 27 tipos de cambio, faltantes de nafta, electrodomésticos carísimos, pobreza y desempleo”.

Según Bullrich, el actual Gobierno logró en dos años “romper ese esquema empobrecedor, ordenar la economía y avanzar hacia una mayor libertad”. En ese contexto, interpretó las críticas de Cristina Kirchner como señales de “miedo” al rumbo económico del presidente Javier Milei. “Aproveche el tiempo que tiene para estudiar un poco más. Tal vez el Presidente pueda recomendarle uno o dos libros de economía”, concluyó.

El cruce se produjo después de la reaparición pública de la expresidenta, quien volvió a publicar un extenso análisis político en X tras varios meses de silencio. Allí cuestionó la política económica del Gobierno y puso en duda la sustentabilidad de la desaceleración inflacionaria informada por el INDEC.

“Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación de noviembre fue del 2,5%”, comenzó Cristina Kirchner, para luego enumerar una serie de medidas que, según afirmó, explican ese número: “el ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias”, un “nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares”, “la ayuda de Trump” y “más deuda en dólares” tomada por el ministro Luis “Toto” Caputo.

La exmandataria también comparó el dato actual con el de noviembre de 2015, al final de su tercer mandato: “La inflación que ellos decían que había… era más baja que la de Milei”, aseguró, y destacó que en aquel momento la Argentina “no le debía ni un dólar al Fondo” y había cancelado préstamos contraídos por gobiernos anteriores.

Su publicación incluyó además críticas a referentes opositores de aquel período, ilustradas con una foto acompañada por un comentario irónico: “Los impresentables de siempre”.

Para cerrar, reivindicó políticas de sus gestiones como los “salarios y jubilaciones más altos de América Latina”, el plan Conectar Igualdad, el acceso a medicamentos y pensiones, y el desarrollo satelital. “Para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…”, concluyó la exvicepresidenta.

Un joven de 21 años fue detenido en González Catán, partido de La Matanza, acusado de publicar amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei. La aprehensión se concretó en las últimas horas tras un operativo encabezado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), la fuerza creada durante la gestión de Patricia Bullrich.

El sospechoso utilizaba el pseudónimo “Martiancorp” en sus redes sociales, desde donde difundió mensajes en los que aseguraba que iría a matar al mandatario y que “el 8 de septiembre quedará para la historia”. Ese contenido motivó el inicio de una investigación que fue seguida de cerca por la División Seguridad Presidencial de la PFA, que elevó la alerta al nuevo DFI.

La División Delitos Constitucionales puso bajo análisis las publicaciones y detectó mensajes abiertamente amenazantes, entre ellos: “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina, conocido como Javier Milei. Guarden este post... Seré una leyenda”.

El caso quedó bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo del juez Julián Ercolini, quien ordenó profundizar las tareas de inteligencia para identificar al autor. Tras meses de análisis de datos y seguimiento de señales de IP, se estableció que el responsable era un joven domiciliado en la calle Velazco, González Catán.

Amenazó de muerte al Presidente en redes sociales. Con el @DFI_Arg lo rastreamos, identificamos y detuvimos.En esta Argentina no hay lugar para la violencia. El que las hace, las paga. pic.twitter.com/J7VNAUHyCB

Con la evidencia reunida, el juez federal Martín Alejandro Ramos, del Juzgado Federal Nº 1 de Morón, dispuso el allanamiento del domicilio. En el procedimiento se concretó la detención del acusado y se secuestraron una computadora, un router, un teléfono celular y otros elementos de interés, en el marco de una causa caratulada como amenazas.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó la actuación de las fuerzas intervinientes. “Amenazó de muerte al Presidente en redes sociales. Con el DFI lo rastreamos, identificamos y detuvimos. En esta Argentina no hay lugar para la violencia. El que las hace, las paga”, señaló en su cuenta de X.

La senadora electa Patricia Bullrich presentó su renuncia al cargo de ministra de Seguridad Nacional a través de una publicación en redes sociales el domingo, donde difundió además la carta formal remitida al presidente Javier Milei. 

En su mensaje en redes, Bullrich escribió: “Al Señor Presidente de la Nación, Javier Milei, le presento mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional. Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”.

En la carta fechada con efectividad al 1° de diciembre de 2025, Bullrich señaló: “Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025”.

Recordó que recibió “el mandato claro” de “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”, y agradeció “la confianza” y “el respaldo de todo el equipo” que la acompañó.

Bullrich confirmó que el 10 de diciembre asumirá como senadora nacional, donde aseguró que continuará defendiendo “las reformas que el país necesita” y los valores de “instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.

La funcionaria deseó “el mayor de los éxitos” a la futura ministra, Alejandra Monteoliva, a quien describió como alguien “capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país”, destacando su “capacidad, experiencia y compromiso” para profundizar la política de seguridad. La carta concluyó con un agradecimiento final al Presidente y un saludo formal.

NA

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel tuvieron su primer cruce este viernes en el recinto del Senado sobre el final de la sesión especial en la que juraron los nuevos legisladores electos. 

Según explicó Bullrich a la prensa acreditada, entre ellos, la Agencia Noticias Argentinas, se trató de un reclamo por el número de familiares que podían ingresar al recinto para acompañar a los senadores al momento de la jura. vuVUqA

Bullrich aseguró que desde la organización habían dispuesto un mínimo de tres familiares por senador, algo que no respetaron un gran número de los flamantes senadores. Por esa razón, pidió la palabra en el epílogo del encuentro, pero Villarruel se la negó. 

Villarruel argumentó que en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer los jefe de bloque habían acordado no dar discursos. Levantada la sesión, Bullrich se paró y se acercó hasta el estrado de la Presidencia. #AgenciaNA 

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó este martes un acto en el que anunció la creación de la Agencia Nacional de Migraciones. El evento también sirvió como traspaso simbólico del cargo a su sucesora, Alejandra Monteoliva, quien asumirá la cartera a partir del 10 de diciembre.

Durante su discurso, Bullrich destacó que el nuevo organismo buscará administrar las migraciones “de manera integral y con una mirada federal”. A su vez, explicó que esta agencia será una herramienta para fusionar el control migratorio con el accionar de las fuerzas federales de seguridad.

“Las fronteras tienen que estar bien protegidas”, subrayó Bullrich, al referirse a los desafíos actuales en materia de seguridad regional. Aseguró que la Argentina mantiene “controladas” a las grandes bandas del crimen organizado que operan en países vecinos y remarcó la necesidad de anticiparse con inteligencia y presencia territorial.

En ese sentido, argumentó que el traspaso de las funciones migratorias desde el Ministerio del Interior hacia el de Seguridad responde a una lógica que ya es “práctica en todo el mundo”. La nueva estructura contempla una fusión operativa entre personal civil y fuerzas federales para garantizar registros precisos en todos los pasos fronterizos.

Al cierre del acto, Bullrich formalizó la transición: “Me corro porque me voy al Senado. La próxima ministra va a llevar adelante esta tarea”, dijo, marcando el inicio del ciclo de Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad.

La futura funcionaria se desempeñó previamente como secretaria de Seguridad en el mismo ministerio y coordinó políticas de control en fronteras durante parte de la gestión de Cambiemos. Su designación fue confirmada por el presidente electo Javier Milei.

Según informaron desde el Ministerio, la Agencia Nacional de Migraciones tendrá “poder de policía, inteligencia criminal y presencia efectiva en cada frontera”. Se apunta a unificar funciones hoy dispersas entre distintas áreas, y consolidar un sistema migratorio “preciso, ordenado y al servicio de la seguridad de todos los argentinos”.

La iniciativa contempla equipos mixtos, nuevos protocolos de identificación y mayor interoperabilidad entre las bases de datos federales y migratorias. “Más control, más coordinación y cero margen para el delito transnacional y la inmigración ilegal”, resumieron desde la cuenta oficial de Seguridad.

Redacción El Litoral

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, puso en marcha el Plan Paraná destinado a la prevención, detección, neutralización e investigación de actividades ilícitas en la Hidrovía Paraná-Paraguay.

A través de la Resolución 1307/2025 publicada en el Boletín Oficial, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se destaca que la Hidrovía Paraná–Paraguay “constituye una vía de navegación de carácter internacional de vital importancia estratégica para la República Argentina, al conformar el eje de conexión fluvial de mayor extensión de Sudamérica y canalizar un volumen significativo del comercio exterior de nuestro país y de las naciones de la región”.

En el escrito se menciona que, en su tramo comprendido entre el Puerto de Asunción y el Puerto de Buenos Aires, concentra un tráfico diario estimado de hasta 300 barcazas, “lo que la convierte en un corredor logístico de altísima relevancia, pero a la vez en un ámbito vulnerable a la comisión de delitos complejos y actividades ilícitas”.

En ese tramo las organizaciones del crimen organizado transnacional se valen de la extensión geográfica de la Hidrovía, la densidad de puertos públicos y privados, y las limitaciones tecnológicas de los controles tradicionales, para depslegar operaciones vinculadas con el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de bienes de consumo y el lavado de activos.vuVUqA

Ese accionar “configura una amenaza concreta tanto a la seguridad pública nacional como a la estabilidad económica y social de las regiones involucradas”.

Para obtener eficacia, las autoridades señalan la necesidad de consolidar la coordinación con organismos extranjeros, además de la acción de las Fuerzas Federales y organismos administrativos competentes con el Poder Judicial de la Nación.

Desarticular redes de contrabando y crimen organizado en la frontera fluvial norte (Provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones).

Incrementar los controles en puertos públicos y privados del tramo inferior de la Hidrovía (Provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires), con especial atención a la prevención, detección y persecución de delitos de competencia federal.

Fortalecer la cooperación interagencial nacional e internacional, en particular con la Unión Europea (EUDA), ONUDD, DEA y CICAD-OEA.

Implementar sistemas de monitoreo integral en tiempo real mediante drones, radares, scanners y tecnología de vigilancia de última generación.

Intensificar la acción de inteligencia criminal y financiera orientada al desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales y al combate del lavado de activos.

Primer Polígono: comprendido entre Puerto Bermejo (Provincia del Chaco), la Ciudad de Corrientes (Provincia de Corrientes), Resistencia (Provincia del Chaco) e Itatí (Provincia de Corrientes).

Segundo Polígono: delimitado por las jurisdicciones de Corrientes (Provincia de Corrientes), Resistencia (Provincia del Chaco) y Bella Vista (Provincia de Corrientes).

Tercer Polígono: comprendido entre Bella Vista (Provincia de Corrientes) y La Paz (Provincia de Entre Ríos).

Cuarto Polígono: comprendido entre La Paz (Provincia de Entre Ríos) y la Ciudad de Paraná (Provincia de Entre Ríos).

Quinto Polígono: comprendido entre la Ciudad de Paraná (Provincia de Entre Ríos) y San Nicolás (Provincia de Buenos Aires).

Sexto Polígono: comprendido entre San Nicolás (Provincia de Buenos Aires) y Paraná Guazú. #AgenciaNA

Las comunidades del departamento Castellanos vienen padeciendo casos de delitos cada vez más violentos. En los últimos días, una mujer desaparecida y un hombre asesinado en Rafaela pusieron en vilo a la cabecera departamental, luego de una seguidilla de acontecimientos.

Semanas atrás diversas autoridades provinciales, que son responsables de la seguridad local, llegaron a la ciudad para aminorar las críticas a la gestión del intendente Viotti. Ante la falta de medidas concretas, Bryan J. Mayer -que integra el gobierno nacional desde la asunción de Javier Milei- invitó a Buenos Aires a los concejales electos por La Libertad Avanza de Rafaela, Fabricio Dellasanta y Milagros Zafra, y de Sunchales, Sebastián Nicolau, para una reunión con las máximas autoridades federales en la materia.

Según trascendió, Mayer se comunicó a comienzo de semana con la ministra de seguridad nacional. Motivado por los últimos acontecimientos, si bien corresponden al fuero provincial, el rafaelino le habría pedido a Patricia Bullrich un espacio para consultar herramientas e ideas nacionales que puedan servir a la ciudad y la región ante la desmejora de la situación en las calles locales, lo que derivó en el encuentro en cuestión.

Según expresó Bryan J. Mayer, “nosotros padecemos lo mismo que la mayoría de nuestros vecinos: no recibimos respuestas por parte de las autoridades municipales. Sin embargo, evaluar las variables para colaborar en estos casos locales y no quedarnos de brazos cruzados, porque eso no le suma a nadie”.

El dirigente señaló que “para nosotros sería fácil hacernos los distraídos y reclamar resultados a los que son responsables de la seguridad local y provincial, pero estoy convencido de que la gestión nos tiene que encontrar con la prioridad de sumar todo lo que podamos a favor de nuestros vecinos, más allá de quiénes sean los responsables de un tema u otro, como viene ocurriendo en otras ciudades de Santa Fe y en otras provincias del país, donde el trabajo en equipo tiene resultados favorables”.

En ese sentido, el ex corresponsal de guerra aseguró que “es un momento difícil para todos y no queremos hacer política barata, personalmente no voy a ponerme a hablar públicamente sobre si la estrategia de seguridad de la provincia está bien o mal, queremos poner sobre la mesa nuestra predisposición de trabajar juntos por todos los vecinos y aportar nuestras ideas, más allá de las diferencias partidarias que puedan existir entre un sector u otro”. Sin dar mayores detalles de la reunión que se llevó adelante este martes, Mayer dejó entrever que en los próximos días las conversaciones continuarán para resolver los pasos a seguir con las autoridades locales.

Vale destacar que la provincia de Santa Fe vive actualmente dos escenarios con fuerte participación del ministerio a cargo de Patricia Bullrich donde hubo precisión en las medidas adoptadas: Rosario y Josefina (barrio de Acapulco, al límite con Córdoba). Además, la ministra encabeza una serie de reformas tendientes a endurecer las penas contra los delincuentes, potenciar la investigación de delitos complejos, promover la ley antimafias y  bajar la edad de imputabilidad. Se trata de consignas que el propio Mayer defendió durante su candidatura en nuestra región.