La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), Regional Rafaela, solicitó formalmente una audiencia con el Concejo Municipal para plantear su preocupación por recientes publicaciones del intendente Leonardo Viotti en redes sociales y reclamar respuestas institucionales frente a situaciones de discriminación y violencia digital hacia los sectores más vulnerables.

En una presentación dirigida al cuerpo legislativo, la organización sindical cuestionó particularmente un video difundido por el mandatario local en el que aparece un trabajador descansando en un espacio público. Según la CTA-A, la publicación expuso y estigmatizó a esa persona, asociándola con discursos de criminalización de la pobreza.

La central también vinculó este episodio con declaraciones anteriores del intendente sobre el consumo de sustancias, entre ellas la expresión "roban para comprar falopa", y sostuvo que este tipo de mensajes contribuye a generar un clima de hostigamiento hacia personas en situación de calle, trabajadores informales y personas con padecimientos de salud mental.

"Desde el Estado municipal no se puede naturalizar ni fomentar el hostigamiento hacia los más pobres", plantearon en el documento.

Uno de los principales puntos del pedido está relacionado con la existencia de posibles restricciones para descansar o permanecer en plazas y espacios verdes de Rafaela.

La CTA-A solicitó al Concejo que informe si existe alguna ordenanza, decreto, resolución u otra normativa municipal que prohíba recostarse, descansar o permanecer en los espacios públicos de la ciudad.

En caso de que exista una disposición de ese tipo, reclamaron que se identifiquen la norma, su fecha de sanción, los artículos aplicables, la autoridad encargada de hacerla cumplir y las posibles sanciones.

Por el contrario, si no existe una prohibición, solicitaron que el cuerpo legislativo ratifique expresamente que descansar en esos espacios no constituye una conducta ilegal ni sancionable.

Para la organización, la consulta resulta necesaria para determinar el sustento normativo de las intervenciones y publicaciones oficiales relacionadas con personas que utilizan plazas y espacios verdes para descansar.

Otro de los ejes centrales de la presentación apunta a la necesidad de que el Concejo adopte una posición institucional frente a la escalada de discursos de odio y discriminación en las redes sociales.

En ese sentido, la CTA-A pidió convocar formalmente a organizaciones sociales, civiles, sindicales y de derechos humanos de Rafaela para conformar una mesa de trabajo destinada a abordar estas problemáticas.

Entre las medidas propuestas se encuentran el diseño de políticas públicas de prevención, capacitación y reparación; la implementación efectiva de las ordenanzas antidiscriminatorias vigentes y la creación de protocolos para recibir denuncias y acompañar a las víctimas.

También solicitaron que las iniciativas municipales vinculadas con la comunicación institucional, la convivencia democrática y la prevención de la violencia digital incorporen una perspectiva de derechos humanos y de género.

En particular, hicieron referencia a las ordenanzas municipales N.º 4.481 y N.º 4.531. Sobre la primera, sancionada en 2011, recordaron que reconoce y garantiza el derecho a ser diferente y prohíbe la discriminación por razones sociales, económicas, físicas o cualquier otra circunstancia que afecte la igualdad.

La organización cuestionó que, pese al tiempo transcurrido desde su aprobación, todavía no se hayan concretado acciones suficientes para garantizar su aplicación efectiva.

En su presentación, la central sindical también mencionó el reciente ataque contra personas trans en los Bosques de Palermo como parte de un contexto de violencia y discriminación que, según su planteo, requiere respuestas institucionales.

Asimismo, relacionó los discursos estigmatizantes hacia las personas en situación de calle con el clima de violencia social y recordó el asesinato de una persona en esa condición en Rafaela, que fue prendida fuego.

Para la CTA-A, los mensajes de odio difundidos desde ámbitos oficiales, mediáticos y digitales pueden profundizar la discriminación hacia personas en situación de calle, personas con padecimientos de salud mental, población trans, migrantes y trabajadores informales.

En el marco de la audiencia solicitada, la organización adelantó que buscará ampliar una serie de planteos ante los concejales. Entre ellos:

Finalmente, la CTA-A reafirmó su compromiso con los derechos humanos, la convivencia democrática y la construcción de una ciudad más justa e inclusiva, y pidió que el Concejo Municipal habilite el espacio de diálogo solicitado.