Santa Fe quedó involucrada en un operativo federal de alto impacto que desnudó una compleja trama de tráfico de armas y lavado de dinero con ramificaciones nacionales e internacionales.

La denominada investigación “Operación Armas Sin Fronteras”, encabezada por la Policía Federal Argentina (PFA), culminó con 140 allanamientos simultáneos en distintas provincias —entre ellas Santa Fe— y la detención de 35 personas.

El expediente, que se extendió durante dos años, fue impulsado por el Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA, bajo la órbita del Juzgado Federal de Campana y con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO).

El punto de partida fue una denuncia vinculada a maniobras irregulares en la compra de armas de fuego. A partir de allí, los investigadores reconstruyeron un circuito que combinaba operaciones legales en apariencia con desvíos sistemáticos hacia el mercado negro, con presencia detectada también en territorio santafesino.

La organización operaba mediante el uso de “testaferros”: personas reclutadas —muchas veces en situación vulnerable— que prestaban sus datos para adquirir armas en el mercado formal. Las compras incluían pistolas semiautomáticas de marcas reconocidas y se realizaban en volúmenes que no guardaban relación con la capacidad económica de los supuestos compradores.

Según la pesquisa, parte del engranaje incluía responsables de armerías, gestores e instructores de tiro que facilitaban la tramitación de permisos y certificaciones. Incluso se detectó la participación de ex empleados del organismo nacional de control de armas, quienes habrían aportado conocimiento técnico para sortear controles.

Una vez obtenidas, las armas eran desviadas al circuito ilegal. En muchos casos, se adulteraban o eliminaban los números de serie y luego eran comercializadas tanto en Argentina como en países limítrofes, principalmente Chile y Uruguay.

Los investigadores señalaron que varias de estas armas fueron posteriormente secuestradas en hechos delictivos, lo que refuerza la hipótesis del alcance y peligrosidad de la organización. El flujo de dinero generado —en efectivo— era reinvertido en bienes muebles e inmuebles, configurando así una estructura de lavado de activos.

El operativo simultáneo abarcó múltiples provincias, incluida Santa Fe, donde también se concretaron procedimientos. En total, fueron detenidas 35 personas —31 hombres y 4 mujeres— sindicadas como integrantes de la red.

Durante los allanamientos, se secuestró un importante arsenal: escopetas, pistolas de distintos calibres, revólveres, fusiles, ametralladoras, carabinas, además de más de 43 mil municiones, cargadores, una máquina de recarga y hasta una granada. También se incautaron teléfonos celulares y estupefacientes.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia federal, mientras que las actuaciones continúan para determinar el alcance total de la organización y sus ramificaciones.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon en Rosario una organización narco criminal vinculada al clan Cantero, en el marco del Plan Bandera impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico.

La investigación comenzó en enero de este año, cuando la Unidad Fiscal de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de la fiscal Alejandra Raigal, encomendó a la División Antidrogas Rosario de la PFA tareas para determinar la presencia de una estructura criminal vinculada al entorno de “Guille” Cantero, líder de la organización conocida como Los Monos.

Tras realizar tareas de inteligencia criminal y análisis de datos, los investigadores lograron establecer que siete domicilios del barrio Las Flores eran utilizados por la banda para acopio, fraccionamiento y venta de estupefacientes.

En total, nueve personas formaban parte de la organización, que operaba en ese sector de Rosario.

Según la investigación, la exesposa de “Guille” Cantero sería la líder del grupo, y además utilizaba un vehículo para distribuir las drogas en el barrio.

Con los datos reunidos durante la investigación, el Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación, dirigido por la fiscal Juliana González, ordenó allanamientos simultáneos en las viviendas investigadas.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos seis hombres y tres mujeres, señalados como los principales responsables de la organización.

Durante los procedimientos se secuestraron:

Los nueve detenidos, todos argentinos mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley de Drogas, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la organización.

Un hombre fue detenido en la ciudad de Sunchales en el marco de una investigación por estafas reiteradas, tras un procedimiento llevado adelante por personal de la DUOF Rafaela de la Policía Federal Argentina, con intervención del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela.

El operativo se realizó bajo directivas del fiscal interviniente, Dr. Loyola, y permitió concretar la aprehensión del imputado, quien está acusado de hacerse pasar por abogado para cometer estafas por sumas millonarias.

Según se informó oficialmente, el detenido simulaba ejercer la profesión de abogado y utilizaba esa fachada para engañar a distintas personas, a quienes les solicitaba importantes montos de dinero bajo falsas gestiones legales.

Durante el procedimiento, los efectivos federales procedieron al secuestro de diversos elementos considerados probatorios para la causa, entre ellos teléfonos celulares, una computadora, documentación y un sello de abogado ilegítimo, que habría sido utilizado para reforzar la maniobra fraudulenta.

La investigación continúa en curso con el objetivo de determinar el alcance total de las estafas cometidas y establecer la cantidad de personas damnificadas. El detenido quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de estafas reiteradas ya agravadas.

La Policía Federal detuvo a un joven de 16 años acusado de planear un tiroteo en un colegio del barrio porteño de Caballito, tras una investigación que se activó a partir de un informe remitido por el FBI. El adolescente fue localizado en su domicilio de la avenida Juan Bautista Alberdi y quedó a disposición de la justicia juvenil.

Durante el allanamiento, ordenado por la jueza María Romilda Servini, los agentes secuestraron varias réplicas de armas (pistolas, un revólver y una réplica de subfusil), dos cuchillos, municiones, gas pimienta y botellas tipo “molotov”. En la réplica del subfusil los investigadores constataron inscripciones con los nombres de tiradores autores de masacres —entre ellos Brenton Tarrant y Anders Breivik— y referencias a atacantes locales.

La Policía también encontró cuadernos en los que el adolescente detalló un plan de ataque con fechas, pasos, objetivos y registros sobre los tiempos de respuesta de las fuerzas de seguridad. En el domicilio había además una carta de despedida en la que el joven hacía referencia a un posible suicidio posterior al atentado.

Los peritajes sobre las publicaciones del sospechoso en redes sociales indicaron una “marcada admiración por el régimen nazi”, según señalaron fuentes del caso, y que el joven “glorificaba a distintos atacantes múltiples” en sus mensajes. Los investigadores calificaron los escritos hallados como “metódicos y obsesivos” y no descartaron vínculos o influencias de comunidades online extremistas, aunque por el momento se cree que pudo haber actuado solo.

El expediente quedó en manos de la jueza Servini y la causa avanza en el fuero correspondiente a menores. Las autoridades informaron que la intervención preventiva evitó la concreción de un ataque y que se profundizan las pericias informáticas y las entrevistas a testigos para precisar alcance y motivaciones.

El caso reavivó el debate sobre la prevención de la radicalización en entornos digitales y la detección temprana de conductas violentas en adolescentes. Fuentes oficiales destacaron la coordinación internacional —la alerta del FBI fue el disparador— y subrayaron la importancia de la denuncia y el intercambio de información entre agencias para anticipar incidentes de este tipo.

Un hombre de 41 años fue detenido en las últimas horas en la ciudad bonaerense de Azul, acusado de almacenar y comercializar pornografía infantil desde al menos el año 2015. La investigación, llevada adelante por la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA), permitió identificar al sospechoso a través de perfiles falsos en redes sociales, billeteras virtuales y rastros de movimientos financieros.

Todo comenzó con una denuncia realizada en diciembre de 2015 a la línea 145, el canal nacional de asistencia a víctimas de trata de personas. En ella se alertaba sobre la existencia de perfiles falsos en Facebook que ofrecían dinero a menores de edad a cambio de imágenes íntimas.

La pesquisa permitió vincular varios números telefónicos y cuentas virtuales a una misma persona. El avance de la causa se fortaleció con nuevas denuncias recibidas en 2017 y 2018, que consolidaron la hipótesis delictiva.

En diciembre de 2021, el Juzgado Federal N°1 de Azul, a cargo del juez Gabriel Di Giulio, ordenó un primer allanamiento en el domicilio del acusado en la ciudad de Tandil. Allí se secuestraron notebooks, celulares, pendrives y otros dispositivos electrónicos, los cuales fueron sometidos a peritajes técnicos.

Los análisis confirmaron la presencia de una gran cantidad de material de abuso sexual infantil, además de evidencia sobre operaciones económicas compatibles con la venta de ese tipo de contenidos.

En base a los resultados obtenidos, la Justicia emitió una nueva orden de allanamiento que fue ejecutada en las últimas horas en una vivienda ubicada en calle Garibaldi al 200, en la ciudad de Azul. Allí, los efectivos detuvieron al imputado y secuestraron dos notebooks, tres teléfonos celulares, dos pendrives y un chip telefónico.

Además, se confirmó que el detenido manejaba múltiples cuentas de billeteras virtuales —entre ellas, Mercado Pago y Ualá—, todas a su nombre, utilizadas para triangular dinero proveniente del ilícito.

El hombre, de nacionalidad argentina, quedó detenido e imputado por infracción a la Ley 27.436, que castiga los delitos vinculados a la pornografía infantil y la trata de personas. Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del juez Di Giulio, quien continuará con el avance de la causa.

Desde la PFA destacaron el profesionalismo del equipo de investigadores, quienes lograron reconstruir la trazabilidad del dinero involucrado en la comercialización del contenido ilegal, identificando vínculos digitales entre las transacciones y los dispositivos secuestrados.

En el marco del “Plan de Saturación Interprovincial Córdoba – Santa Fe”, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para reducir los índices delictivos en la frontera entre ambas provincias, la Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo un operativo en la localidad cordobesa de San Francisco, donde logró desarticular un punto de expendio de drogas y detener a cuatro personas.

El accionar policial se produjo cuando brigadas de la División Unidad Operativa Federal San Francisco realizaban patrullajes en San Francisco y zonas aledañas como Josefina y Frontera. En ese contexto, detectaron a un hombre que, al notar la presencia de los móviles policiales, emprendió la fuga a la carrera y arrojó envoltorios al suelo, intentando refugiarse en una vivienda ubicada en calle Resistencia.

Los agentes lograron interceptarlo justo cuando intentaba ingresar al domicilio, y en ese momento descubrieron a otros tres individuos dentro del inmueble, con una gran cantidad de envoltorios de nylon sobre la mesa, utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Los efectivos procedieron a detener a los cuatro hombres e incautar los envoltorios. En total, se secuestraron 107 dosis de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, con un peso total de 54 gramos, listas para su distribución.

Tras informar a la Fiscalía de Delitos Complejos y Lucha contra el Narcotráfico, a cargo del Dr. Oscar Gieco, y con intervención del Juzgado de Control N°1 de San Francisco, a cargo del Dr. Fabricio Girardi, se ordenó el allanamiento de la vivienda.

En la requisa, los agentes hallaron otras 25 dosis de cocaína, además de elementos de interés para la causa.

Los cuatro detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley de Drogas.

En el marco de una investigación por narcotráfico, fuerzas de seguridad realizaron allanamientos simultáneos en seis viviendas de los barrios Guadalupe Oeste y Coronel Dorrego, en la ciudad de Santa Fe. Durante el operativo, secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, balanzas de precisión y teléfonos celulares.

Las diligencias fueron llevadas a cabo durante la mañana del lunes por la División Microtráfico de la Policía de Santa Fe, en conjunto con la Policía Federal Argentina y el Organismo de Investigaciones (DOI).

La orden de allanamiento fue emitida por el Juez del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N°1, Dr. Martín Urdiales, a pedido de los fiscales Estanislao Giavedoni y Ana Laura Gioria.

El material estupefaciente secuestrado será sometido a peritajes para determinar su cantidad y grado de pureza.

Los procedimientos se desplegaron en distintos puntos de barrio Coronel Dorrego, incluyendo domicilios ubicados en calles Dorrego y Azcuénaga, un pasaje sin nombre entre Matheu y Azcuénaga, Pasaje Dorrego al 7800, Pasillo Larrea-Azcuénaga y Alvear y Azcuénaga.

En todos los lugares intervenidos, la policía contó con la colaboración de grupos tácticos de la Unidad Regional I para garantizar la seguridad del ingreso. En cada vivienda, los efectivos realizaron requisas en presencia de testigos y documentaron la escena con fotografías y planimetría.

Según informaron fuentes oficiales, el resultado de los allanamientos fue positivo, ya que se incautó una cantidad considerable de estupefacientes y elementos vinculados a la comercialización de droga.

El operativo se desarrolló con la colaboración de grupos tácticos, que aseguraron los ingresos a los domicilios sin inconvenientes.

En el inmueble de Azcuénaga al 8000, se hallaron envoltorios de cocaína, cigarrillos de marihuana, elementos de corte, dinero en efectivo y teléfonos celulares. En el lugar se identificaron seis personas mayores de edad y cuatro menores.

En cuanto a los moradores de las viviendas allanadas, se aguardan directivas del Ministerio Público de la Acusación sobre posibles detenciones e imputaciones. El operativo forma parte de un trabajo de investigación que busca desarticular puntos de venta de droga en la ciudad.

Las autoridades continúan con las averiguaciones para determinar el alcance de la red delictiva y su posible conexión con otras organizaciones delictivas que operan en la región.

El Litoral.

La Policía Federal Argentina, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Superintendencia de Agencia Federales; llevó adelante un procedimiento que tuvo como resultado el secuestro de hojas de coca en su estado natural valuada en quinientos sesenta mil pesos ($560.000).

El accionar policial tuvo lugar el día 28 de enero de este año, en horas de la noche, cuando personal de la Brigada de la División Unidad Operativa Federal “La Quiaca”, se encontraba colaborando con los controles dispuestos por la Superioridad.

En cercanías del control, el personal logró observar a una persona que provenía desde el río cargando un paquete en dirección a donde se encontraba el personal uniformado realizando el control.

Que, al darse cuenta, dio la vuelta en dirección al río por lo que le dan la voz de alto, momento en el que arrojó el paquete y cruzó a la carrera hacia el sector boliviano perdiéndose de vista. 

Tras una requisa, encontraron 80 envoltorios de nylon conteniendo hojas de coca en su estado natural con un peso individual de 500g cada uno, dando un peso total de 40kg y con un aforo de $560.000.

Intervino la Fiscalia Federal de Jujuy y la Direccion General de Aduanas La Quiaca.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Policia Federal Argentina, demarca su compromiso en la Provincia de Jujuy, en dar una constante lucha contra el Contrabando.

Se trata de la primera investigación estratégica sobre mercado ilegal de armas en la provincia.

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El Ministerio Público de la Acusación (MPA) mediante el Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego a cargo del Fiscal Gastón Ávila realizó 29 allanamientos en diversos puntos de la ciudad de Rosario y dispuso la detención de 7 personas.

Los procedimientos están vinculados con la primera investigación estratégica sobre mercado ilegal de armas de fuego dentro del Plan de Persecución Penal por objetivos priorizados de la Fiscalía General y en el marco del convenio de colaboración firmado por la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en abril de 2024.

La investigación se inició a partir de un informe de la Subsecretaría de Intervención Federal, que identificó a un grupo de usuarios con múltiples solicitudes de tenencia de armas entre 2020 y 2024. La misma se desarrolló desde el Equipo de Trabajo para el abordaje estratégico de Armas de Fuego del MPA, el ANMAC y la Policía Federal. Se identificaron personas cuyos perfiles económicos no se condicen con las adquisiciones realizadas.

Con estos procedimientos, el MPA se encuentra en camino de acreditar mecanismos de desvío de armas de fuego obtenidas legalmente hacia el mercado ilegal en razón de no ser halladas en poder de sus propietarios formales. En los próximos días se llevarán a cabo las correspondientes audiencias imputativas.

Perseguidos por la GUR, tiraron una bolsa con una garrafa y escaparon

El convenio entre el MPA, el Ministerio de Seguridad de la Nación, el ANMAC y SAIB tiene como objetivo reducir la circulación ilegal de armas de fuego y prevenir la violencia armada. Uno de los lineamientos de persecución penal priorizados por el Ministerio Público de la Acusación es el abordaje de los mercados ilegales de armas de fuego relacionado directamente con las violencias altamente lesivas como ser homicidios, heridos de armas de fuego, balaceras, etc.

La División Unidad Operativa Federal de Rafaela llevó a cabo un operativo de control vehicular y de personas, enmarcado en el Operativo de Prevención Federal Sincronizada.

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El sábado, desde las primeras horas del día, efectivos de la Policía Federal, pertenecientes a la División Unidad Operativa Federal (D.U.O.F) de Rafaela, realizaron controles y fiscalización de vehículos y personas en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Precisamente, se concentraron en la terminal de ómnibus, las rutas y los principales accesos a Rafaela.

Estas acciones forman parte del Operativo de Prevención Federal Sincronizada, que se lleva a cabo a nivel nacional de manera aleatoria y sincronizada durante todo el año.

En Rafaela, los lugares y horarios de los operativos son determinados por la Jefatura de la D.U.O.F, considerando los accesos más transitados y los puntos críticos en relación con los índices de delitos.

Con base en información difundida a Radio Rafaela, se identificaron más de 120 personas y 70 vehículos durante el operativo. Se labraron tres infracciones de tránsito municipales y se procedió a la detención de un hombre por tenencia simple de estupefacientes.

Peter Francis Kennedy era buscado por la Justicia de Colombia por explotación sexual de menores. Fue arrestado por Interpol.

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Uno de los mayores pedófilos de Latinoamérica fue detenido este jueves en el Barrio Chino tras una larga investigación del área de Interpol de la Policía Federal Argentina. Se trata de Peter Francis Kennedy, de 63 años, que se escondía desde hacía tiempo en la Argentina gracias a un documento falso con domicilio en Nueva Córdoba.

Kennedy era buscado por la Justicia de Colombia, imputado por explotación sexual de menores. De acuerdo a la investigación, alquilaba departamentos en la ciudad de Cali para violar niños, niñas y adolescentes y también incurría en prácticas de zoofilia.

El detenido cuenta con varias nacionalidades y aseguró ser austríaco al momento de su arresto. Tenía en su poder un DNI argentino trucho número 60 millones. Una de las curiosidades es que el domicilio fiscal declarado ante AFIP era en barrio Nueva Córdoba, de la capital provincial. En este tiempo prófugo salió e ingresó al país en distintas ocasiones, usando varias nacionalidades.

Tras ser esposado, fue trasladado a una celda de la central de la Policía Federal. Su proceso de extradición está a cargo del titular del Juzgado Federal N°3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja. Por el momento, las autoridades no tienen indicios de que haya abusado de menores en la Argentina. La investigación comenzó con una alerta que llegó desde la oficina de Interpol en Bogotá. Tras chequear los registros de la Dirección Nacional de Migraciones, se descubrió que Kennedy tuvo varias entradas y salidas del país.

Con información que aportó la Interpol Colombia, los efectivos desplegaron amplias tareas de campo durante varios días. Fue así que luego de consultar en la Dirección Nacional de Migraciones, se determinó que el pedófilo registraba varios ingresos a la República Argentina, y había declarado diferentes domicilios en la ciudad de Córdoba.

Con el avance de las pesquisas, los federales comprobaron que antes de publicarse su captura internacional, el hombre tomó un vuelo rumbo a Brasil con escala en San Pablo y destino final en Fortaleza.

En este sentido, por medio de una estrecha colaboración con los agentes de Brasilia, se logró establecer que a comienzos de septiembre, el hombre viajó rumbo a Foz de Iguazú, donde habría adquirido una identidad falsa con la que posteriormente ingresó a nuestro país.

Luego de tareas de inteligencia criminal basadas en el análisis de listados de llamadas e impactos de antena sobre el teléfono celular, los oficiales establecieron que Kennedy estaba a punto de hacer una transacción en una escribanía de la calle Rodríguez Peña, en la Ciudad de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, el Departamento Técnico del Cibercrimen localizó el telefónico del pedófilo, lo que permitió montar un operativo encubierto en la zona que culminó con la captura del prófugo en la vía pública, sobre la calle Mendoza al 1700, dentro del barrio Chino ubicado en el barrio de Belgrano.

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Tras atraparlo, la Justicia procesó a Kennedy por múltiples delitos como “demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad, con circunstancia de agravación punitiva”, “acto sexual violento” y “acceso carnal abusivo con menor de 14 años”.

También por “uso de menores de edad para la comisión de delitos con circunstancia de agravación punitiva, en concurso heterogéneo con uso de menores de edad para la comisión de delitos”, entre otros crímenes aberrantes. TN

El acusado llamó al 911 y desde entonces se inició una investigación para encontrarlo. Tras algunas semanas de búsqueda, lo detuvieron en la localidad bonaerense de José Mármol.

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Un joven de 23 años fue detenido este sábado por haber amenazado de muerte al presidente Javier Milei de manera telefónica. La detención se produjo en la localidad de José Mármol, en el partido bonaerense de Almirante Brown. La violenta amenaza ocurrió el pasado 2 de marzo, cuando el sospechoso se comunicó con la Central de Anción Telefónica de Emergencias 911 (CATE) de La Plata para ejecutar la amenaza de muerte contra el Presidente.

“Muerte a Milei”, dijo antes de que el operador pudiera ofrecerle una respuesta y luego cortó la comunicación rápidamente. De todas maneras, el mensaje quedó registrado y comenzó una investigación para dar con el responsable del llamado.

La División Delitos Constitucionales de la Dirección Seguridad de Estado realizó una serie de pericias y tareas que permitieron descubrir tanto la identidad como el paradero del joven que había realizado la amenaza. Según detalló el medio 0223, fueron claves para la investigación otras dos llamadas idénticas al mismo 911 de La Plata que se hicieron entre el 10 y el 13 de marzo. A partir de ahí se pudo establecer que se trataba de una casa ubicada en José Mármol.

Una vez que se recolectaron las pruebas suficientes, se presentaron ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°2, a cargo de Luis Antonio Armella. La secretaría N°5, representada por el Dr. Callizo, ordenó que se realizara un allanamiento en la casa del agresor. El Cuerpo de Policía Montada de la Federal encabezó el procedimiento este sábado por la tarde, detuvo al acusado y secuestró tres teléfonos celulares que ya fueron anexados al expediente correspondiente.

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El detenido, cuya identidad aún no ha sido revelada, no fue todavía indagado por el fiscal a cargo de la causa. Mientras tanto, continuará detenido hasta que la causa avance. TN.

Se trata de un subcomisario de 45 años. Está imputado de graves delitos que van desde favorecer la estadía de un preso condenado por narcotráfico y por emitir facturas truchas para evadir impuestos a la AFIP.

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Este martes será indagado por la justicia federal N° 2 de Santa Fe, un subcomisario que fue hasta el 11 de marzo de 2024, subjefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe, y hoy este lunes fue ordenada su prisión preventiva en el marco de una investigación por los graves delitos de "cohecho pasivo, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso ideal con encubrimiento doblemente agravado por tratarse de un delito especialmente grave por su condición de funcionario público y por violación de secretos". Además, sus ex subalternos de la DUOF Santa Fe, lo denunciaron por acoso laboral y sexual.

Sucedió en el marco de una denuncia que llegó al fiscal federal N° 2 Walter Rodríguez, ya que en ella se hacía expresa mención al trato preferencial que el subcomisario L. B. de 45 años, subjefe de la DUOF Santa Fe hacía al detenido Juan Ignacio Suris durante varios meses, al que también exhibiendo y haciendo gala de su poder dentro de la dependencia policial y frente a sus subordinados, brindaba a Suris información sobre allanamientos que serían realizados en el marco de una causa que lo involucrada por el tráfico de drogas, y todo a cambio de recibir grandes sumas de dinero.

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La aprehensión del subcomisario L. B. de 45 años se produjo esta mañana en la ciudad de Buenos Aires, en el marco del impulso de medidas cautelares de naturaleza personal que el Código Procesal Penal Federal habilita a la fiscalía para ser promovidas.

Diario UNO

Dos de ellos fueron arrestados en el microcentro de Buenos Aires y otro en Avellaneda.

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Personal de la Policía Federal Argentina arrestó este martes a tres hombres extranjeros por tener vínculos con actividades presuntamente terroristas que iban a realizar en el país.

A través de la Unidad de Investigación Antiterrorista se llevaron a cabo las detenciones, dos en el ámbito de la Ciudad y el restante en la localidad bonaerense de Avellaneda, por pedido de la jueza María Servini, cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 1.

Las autoridades pusieron especial atención, ya que actualmente se está desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires la XV edición de los Juegos Macabeos Panamericanos, que reúnen a más de 4.000 atletas de la comunidad judía, representando a 22 países.

Uno de los detenidos sería de nacionalidad siria, aunque tenía pasaportes de Venezuela y Colombia a su nombre.

Según el parte policial, surgieron indicios del posible ingreso al país de tres ciudadanos de origen sirio y libaneses, quienes luego de arribar en distintos vuelos planeaban se reunirse en la ciudad de Buenos Aires con el fin de planificar una eventual acción terrorista.

También surgieron constancias relacionadas a un posible envío internacional de una encomienda sospechosa de 35 kilogramos de peso, de la cual se desconocen mayores datos, originada en la República de Yemen, que sería recibido en uno de los domicilios donde se alojarían los investigados.

Lo encontraron quemando cables y afirmó haberlos “cirujeado” para vender el cobre

Asimismo, las autoridades mantienen el alerta respecto a los sospechosos restantes, y se está avanzando en el análisis del contenido de los teléfonos celulares que fueron incautados en posesión de los detenidos.

NA.

Los acusados, sobre quienes recayeron prisiones preventivas efectivas por el término de 30 días, cayeron durante la última sustracción de productos, realizada el pasado 9 de junio.

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Once hombres fueron imputados como miembros de una asociación ilícita y coautores de una defraudación por un robo millonario de agroquímicos a la empresa multinacional Cofco, que tiene una planta industrial en Puerto General San Martín.

Según la acusación del fiscal Carlos Ortigoza, los 11 acusados, sobre quienes recayeron prisiones preventivas efectivas por el término de 30 días, realizaron maniobras de sustracción de fertilizantes y agroquímicos entre 2022 y 2023. Las maniobras causaron un perjuicio económico a la empresa Cofco estimado en 870 mil dólares, según indicaron voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En una audiencia imputativa realizada este miércoles en los tribunales de San Lorenzo, el fiscal Ortigoza les atribuyó a los sospechosos formar parte de una asociación ilícita de la que participaron empleados de la empresa denunciante y dos propietarios de una compañía de transporte de cargas emplazada en el cordón industrial del Gran Rosario.

Para el fiscal, el mecanismo desplegado por los acusados "comenzaba con el ingreso de camiones en el sector de espera de la planta de Cofco", ubicada en calle Manuel Belgrano en Puerto General San Martín. Los camiones eran comandados por dos hombres identificados como Miguel Ángel A. y Leonel Maximiliano (padre en hijo).

Los choferes entraban a ese sector simulando tener un compromiso de carga de agroquímicos, estacionaban y esperaban para hacer un control. Según la acusación del fiscal, una vez cargados los agroquímicos, se desviaban de los recorridos que tenían asignados y, sin que mediara control que verificara si los camiones estaban autorizados a cargar materiales de ese tipo, los descargaban en las bateas de esos camiones. Luego los rodados salían por una puerta alternativa al ingreso principal y se dirigían a un inmueble ubicado sobre la calle Rivadavia al 1900, en Puerto General San Martín, donde viven los propietarios de los camiones, describió el fiscal.

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Asimismo, indicó que las primeras maniobras detectadas datan de los días 20, 21 y 22 de abril del año pasado. Luego se sucedieron otras los días 19, 20, 21 y 22 de julio; 2 y 4 de agosto de 2022; 28 de octubre de 2022; 15 de noviembre de 2022; 27, 28 y 29 de diciembre de 2022 y 9 de junio de 2023. Además de los propietarios de la empresa –padre e hijo– actuaban de choferes los identificados como Nicolás Micael A., Brian R., Javier M. y Leonardo Emanuel A.

En tanto otros cuatro acusados, identificados en la causa como Marcelo E., Néstor Fabián D., Alberto S., Jorge A. y Juan José D., eran empleados de la agroexportadora y, según el fiscal, permitían las maniobras delictivas desde sus distintos puntos de control. El juez de primera instancia Carlos Gazza tuvo por formalizada audiencia imputativa y dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de 30 días para nueve de los hombres acusados, al tiempo que dispuso para Miguel Ángel A., y Juan José D., la prisión domiciliaria por el mismo plazo.

PFA y R3.

Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cerró un punto de venta de sustancias ilícitas y detuvo a una familia integrada por la madre (41) e hijas (19 y 21 años)

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El dispositivo se desarrolló en la calle Ramón Bautista Mestre s/n de barrio 9 de Julio de la localidad de Freyre.

En el inmueble, investigadores de la FPA incautaron varias dosis de cocaína listas para la comercialización, dinero y elementos presuntamente relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

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Por último, autoridades de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de San Francisco dispusieron la remisión de lo secuestrado y el traslado de las detenidas a sede judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Radio Belgrano de Suardi

Se trata de personal civil que reside en el batallón 603 de San Lorenzo y el cual fue detenido este jueves por detectives del Departamento Antisecuestros de la Policía Federal Argentina. El viernes será indagado en la Fiscalía Federal N°1 de la ciudad de Santa Fe.

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La causa que investiga el inédito secuestro extorsivo de un hombre discapacitado en la ciudad de Gálvez, el pasado 14 de febrero, sumó este jueves un tercer detenido. Se trata de un personal administrativo del Ejército Argentino, identificado como Jonatán David Oscar P., el cual es cuñado de los hermanos Franco Lionel (35) y Martín Uriel “Uri” Quevedo (36), ambos detenidos y procesados en el inicio de la investigación.

La detención estuvo a cargo de los detectives del Departamento Antisecuestros de la Policía Federal Argentina, que allanaron la casa donde reside el acusado, ubicada en el barrio Militar de la ciudad de Fray Luis Beltrán, a 20 kilómetros de Rosario, y a su vez una casa en construcción ubicada en la localidad de Andino, en donde permaneció privada de su libertad la víctima del caso durante el secuestro.

El detenido, que presta servicios en el Batallón 603, fue puesto a disposición del fiscal federal Gustavo Onel, para su posterior indagatoria, la cual tiene previsto realizarse el viernes en horas de la mañana, según indicaron fuentes judiciales.

l caso remonta al pasado 14 de febrero, cuando la víctima (un joven de 27 años) fue abordado en Maipú y Corrientes, unos minutos después de las 12 de la noche, por dos hombres que circulaban a bordo de un Ford Focus gris. Ambos obligaron al muchacho subir al vehículo para luego huir de la localidad hacia el sur provincial. En el camino, los secuestradores llamaron a la madre de la víctima y le exigieron la entrega de 200.000 dólares a cambio de liberar a su hijo.

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El hombre secuestrado fue llevado luego hasta una vivienda en construcción de la localidad de Andino, (calle Miguel Pafundi, manzana 16, lote 38), en donde fue obligado a realizar sus necesidades en un tacho, higienizarse en un baño en construcción y dormir en un colchón que se encontraba en una habitación durante la madrugada del 14 de febrero. En horas del mediodía fue sacado de la propiedad y llevado hasta un camino rural en donde fue liberado.

Los hermanos y el cuñado

Una semana después del secuestro fueron detenidos los hermanos Quevedo, a quienes el juez federal Reinaldo Rodríguez los procesó por haber sustraído, retenido y ocultado a la víctima (de 27 años) para sacar rescate, agravado por ser la víctima una persona con discapacidad, y, por haber lesionado de manera leve a la víctima.

Ambos quedaron vinculados al caso luego de una serie de evidencias que los dejaron bajo sospecha. En este sentido, la investigación estableció que uno de los captores realizó desde su teléfono particular una llamada perdida al teléfono de la madre, por lo que el número telefónico quedó plasmado en el listado de llamadas y llevó a los investigadores a cotejar de quien era la línea, que justamente era de Franco Quevedo. A partir de ese análisis, los pesquisas de la Policía Federal establecieron que tanto el teléfono de Quevedo como el de la víctima dieron idénticos impactos de antena (en el mismo horario), durante las zonas en que el joven secuestrado permaneció cautivo.

Lo mismo ocurrió con el teléfono de “Uri” Quevedo, que registró por lo menos 14 impactos de antena en la zona de Rosario, San Lorenzo y Aldao durante el periodo en que ocurrió el secuestro extorsivo.

El cuñado, el tercer implicadoCuatro meses después, los investigadores establecieron que los hermanos Quevedo no actuaron solos, sino que contaron con la colaboración de su cuñado, quien reside en el barrio Militar de Fray Luis Beltrán, y el cual quedó estrictamente vinculado a la causa judicial que instruye el fiscal Onel a partir de una serie de evidencias que lo posicionaron, por lo menos, en el "aguantadero" en donde la víctima permaneció privada de su libertad.

Según la investigación, Jonatán David Oscar P., es copropietario de la casa en construcción de Andino, a donde fue alojado el hombre discapacitado de Gálvez y supo estar en la localidad en horas de la mañana, pasadas las 9. En tanto, se comunicó con él a las 11:59 y 12:08, el imputado Franco Quevedo, justamente en el horario en que se dio la liberación de la víctima.

Por último y como dato revelador, la víctima reconoció este jueves que la casa de Andino, la cual fue allanada por los investigadores, es donde permaneció cautivo. "Identificó el baño y hasta un champú", comentó al respecto una fuente del caso consultada.

Con información de Aire.