Febrero termina para la Casa Gris con el objetivo cumplido de asegurar una casi completa renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Todavía habrá que ver en qué fecha y en qué términos, pero ya es seguro que en 2026 solo quedará entre los ministros de la Corte apenas uno de sus integrantes de diciembre de 2023.

Daniél Erbetta es el último de los designados antes del actual proceso político, y fue propuesto por el peronista Obeid a una Legislatura con esa mayoría. Los gobernadores socialistas Binner, Bonfatti y Lifschitz, que siempre tuvieron al menos una Cámara con mayoría opositora (y hasta las dos) ni siquiera amagaron con impulsar un pliego para el máximo tribunal y solo pudieron esbozar reformas para la Corte (y para la Constitución) que siempre quedaron lejos de convertirse en leyes.

Se sabía, desde que asumió Maximiliano Pullaro, que ese era su norte institucional y así lo había dicho en la campaña electoral. Luego, y muy por sobre esa meta para los Poderes, se sumó la histórica reforma de la Constitución de la Provincia, asociada al proyecto político del oficialismo de poder competir por otro mandato. Así, en la segunda mitad de su gobierno, y pese a las lecciones que más de una vez le han dado las urnas, Pullaro mantiene la jefatura política de la provincia sin cuestionamientos, más allá de las pulseadas con los docentes y el desafío que representa para sus aspiraciones el crecimiento de la derecha en general y de La Libertad Avanza en particular.

Pullaro juró el 11 de diciembre y desde entonces hasta este jueves 26 de febrero se bajaron nombres y se produjeron cambios normativos más que relevantes, que contaron con una contraparte opositora que fue clave: la del peronismo mayoritariamente enrolado en el perottismo en Diputados y del bloque de senadores del PJ.

Los diputados que, con vaivenes, responden al ex gobernador encontraron cómo asegurar su porción de la renovación de la Corte en su momento y pesaron fuerte para la Convención. Ahora fueron duros críticos con “el apuro” con que se enviaron los pliegos en dos de los tres casos, al plantear que no había vacantes hasta que sean formales las renuncias. Se abstuvieron sin sumarse a los votos en contra.

En tanto, los liderados por Rubén Pirola, sobre todo cuidaron que la salida de los miembros a renovar fuera mejor de lo que ha sido. Que al menos lo sea en 2026.

En pocas líneas: desde 2024 la cabeza del Poder Judicial tiene 7 ministros y desde 2025 por la reforma constitucional los mandatos duran hasta los 75 años. El jueves se aprobaron tres pliegos para miembros del máximo tribunal provincial, que aún no han jurado. Y de los tres que se van en 2026 solo uno, el ministro Eduardo Spuler, ha firmado su renuncia para septiembre.

En cambio, los otros dos solo han comunicado a los medios su intención de salir a fin de año. Han dado su palabra y sin dudas sucederá. Pero habrá que ver cómo.

Se trata del retiro de dos de los más influyentes ministros de la Corte en las últimas tres décadas, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, asociados al reutemannismo de los ’90 en el primer caso y al final del peronismo de los ’80 en el segundo. Ciertamente, como dijo sin rubores la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Lionella Cattalini, a viva voz “¡y vaya que la han pasado!” a la edad jubilatoria de los jueces de la Corte, de 75 años.

Hasta ahora, todo indica que habrá buenos modales para esa despedida. La opción que tomaron los senadores del peronismo permite esa lectura. Sin embargo, habla de lo contrario el gesto de pedir por nota formal desde el Ministerio de Gobierno a la Corte que se informen esas edades.

El consenso que obtuvieron los tres pliegos votados esta semana es comparable al número de votos que requiere una mayoría agravada de dos tercios. Todos con más de 50 apoyos por sobre 69 votos posibles.

Una de las Cámaras, el Senado, respaldó a los tres en su totalidad con sus 19 votos. Y en la otra, de los 50 diputados, con más abstenciones que rechazos entre los bloques de la oposición.

Es en definitiva un proceso político compartido entre el oficialismo y buena parte de la oposición. Entre quienes tienen hasta ahora el respaldo de la sociedad y que han gobernado y gobiernan a Santa Fe. Son partidos de gobierno, estén o no en el poder. Tienen visión de Estado.

Si de ese acuerdo depende, es posible suponer que no habrá decreto para apurar los tiempos, para dar por terminados dos mandatos en la Corte, más allá de las especulaciones por estos días.

Algo es seguro: el año judicial se abrirá el viernes 13 de marzo con diez ministros de la Corte, divididos en cuatro que seguirán ejerciendo esa función, otros tres que actualmente lo hacen pero están por dejarla y los tres flamantes designados por el Poder Legislativo, prontos a ingresar.

Para Santa Fe (y para unos y otros) y para que la invencible sea mejor que lo que sucede con la República a nivel nacional, es preferible la debida elegancia de “cortesanos y cortesanas”. Y también que con el paso de los años, los dirigentes políticos y quienes los observan (la prensa y los ciudadanos informados) dejen atrás ese nombre para referirse a los ministros de la Corte. Que lo nobiliario en todo caso corresponda a lo noble de sus fallos; no a la exclusividad de su poder, para que finalmente se verifique la renovación.

Por muy amplia mayoría de votos afirmativos que superaron los 50 apoyos en los tres casos y apenas un puñado de expresiones en contra (siempre fueron más las abstenciones que los rechazos), la Asamblea Legislativa aceptó los pliegos enviados por el gobernador Maximiliano Pullaro para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de Jorgelina Genghini, Aldo Alurralde y Diego Luis Maciel.

Sin sorpresas, los tres propuestos consiguieron los apoyos del oficialismo que domina las dos cámaras y, según el caso, también cosecharon respaldos de bloque opositores del Justicialismo y hasta de las bancadas celestes, más allá de que fuera de Unidos para Cambiar Santa Fe hubo consideraciones generales adversas sobre el proceso y las formas para el tratamiento de los pliegos.

Cabe subrayar que no hubo, en el debate legislativo de este jueves 26, ninguna objeción sobre las calidades democráticas e idoneidad de los propuestos y que, en cambio, se discutió y mucho si era o no el momento de que llegaran tres pliegos y por qué dos de ellos correspondieron a candidatos a ministros y no a ministras de la Corte para posibilitar la paridad entre los y las integrantes de la Corte.

Fue en pocas palabras, un debate sobre género y número, como en los accidentes gramaticales de los sustantivos y artículos en el Castellano. Sobre todo las diputadas opositoras se anotaron para lamentar la oportunidad perdida de darle a la cabeza del Poder Judicial al menos una ministra más, mientras que en la cuestión del número se discutió si correspondía o no votar a tres nuevos miembros

Entre los cuestionamientos a la ausencia de paridad y las renuncias a medias, se habló de ministras en minoría ante ministros de la Corte aún tras su renovación. Se repasaron edades y fechas para las dimisiones y se expusieron antecedentes recientes y lo que indica la doctrina. Esos condimentos marcaron las polémicas. En la mayoría de los casos casi sin referencias a las personas que jurarán a fin de año en la Corte y ya han sido designadas.

En definitiva, son miembros de la Corte aún sin asumir la abogada rosarina Genghini, que es radical e integrante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y vocal del Consejo de la Magistratura; el juez del fuero federal Alurralde, que se ha destacado por su labor en casos sobre narcotráfico, en el norte de la provincia; y el actual secretario administrativo del Senado provincial, Maciel, un esperancino cercano al sector del ex vicegobernador Carlos Fascendini. La mayoría radical en esa cámara perderá a uno de sus hombres de mayor confianza en la gestión de la Cámara, pero ganará otro correligionario en el máximo tribunal. Es una fuerte señal del partido al que pertenecen los dos tercios de las 19 bancas.

Como se puede ver, se ha buscado llevar nombres del sur, el norte y el centro del mapa de la bota, con perfiles asociados al ámbito de los colegios profesionales, a la propia justicia y al partidario. En ese orden.

Cabe recordar que durante el proceso de impugnaciones abierto a la ciudadanía ninguno de los pliegos tuvo objeciones y que en medio de la Audiencia Pública del jueves 25 solo un ciudadano se expresó sobre su desagrado respecto de la actuación del juez federal Aldurralde por haber desestimado una denuncia sobre ocupaciones ilegales de un predio que pertenece al Estado nacional, en la ciudad de Santa Fe. En nombre de la Comisión de Padres Pro Edificio Escolar 211, Roberto Antonio Campos lamentó que se haya desechado la presentación de esa institución. Y también que el magistrado no haya aceptado dialogar con quienes rechazan a los ocupantes ilegales de terrenos donde alguna vez la Dirección Nacional de Vialidad iba a construir la fallida Circunvalación Norte.

Esa solo crítica hubo sobre las personas de los propuestos, en una jornada marcada por dos polémicas: cuando se renueve la Corte tendrá solo dos ministras y cinco ministros por lo que no habrá paridad de género; y lo mismo sobre si es procedente o no cubrir vacantes para cargos cuyas renuncias aún se han formalizado.

Las exposiciones más interesantes en ese sentido provinieron de Alejo Molina, presidente del Colegio de Abogados de Rosario y de dos ex convencionales reformadores de La Libertad Avanza: Froilán Ravena y Marcos Peyrano que consideran que no es procedente lo sucedido, que nunca el Poder Ejecutivo Provincial debió enviar tres pliegos, sino solo uno. Y así lo dejaron planteado en su recurso judicial.

Su punto de vista se apoya en que solo uno de los actuales ministros de la Corte ha firmado su dimisión (con la aceptación del Ejecutivo) y otros dos integrantes solo lo manifestado públicamente. En el caso del Dr. Eduardo Spuler, está documentada su salida para el 1ro de septiembre. Pero solo han hecho declaraciones periodísticas al respecto, los doctores Rafaél Gutiérrez y Roberto Falistocco. Ambos dijeron que renunciarán a fin de año.

En cambio, y aquí entran a tallar los números, para el gobierno provincial y el oficialismo en la Legislatura está claro que procede aprobar a sus sucesores porque los tres nombrados tienen más de 75 años.

El Artículo 124 de la Constitución de Santa Fe dice textualmente: “Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el procurador general, los jueces y los demás procuradores son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y ética y el buen desempeño de sus funciones. Cesan de pleno derecho en sus cargos al cumplir setenta y cinco años de edad. No pueden ser ascendidos ni trasladados sin su consentimiento previo. Perciben por sus servicios una retribución que no puede ser suspendida ni disminuida sino por leyes de carácter general y transitorio, extensivas a todos los poderes del Estado”.

Durante unos pocos minutos, pasadas las 13 la sesión de la Asamblea Legislativa obtuvo el quórum reglamentario para comenzar formalmente la reunión de ambas cámaras, con escaso margen.

Al recinto se demoraron en entrar una parte de los diputados y senadores del peronismo, en un juego con el número de los presentes, para ver qué sucedía con los 36 que como mínimo necesitaba Unidos para Cambiar Santa Fe.

Cuando esa cantidad se superó sin dificultades, se produjo un ingreso masivo de los diputados del justicialismo que luego optaron por la abstención. Quienes desde el peronismo votaron a favor de los pliegos ya habían ocupado sus lugares

Sobre 69 votos posibles de 50 diputados y 19 senadores, todos los propuestos cosecharon más de medio centenar de respaldos.

El pliego de Diego Maciel como ministro de la Corte recibió 52 votos a favor, 5 en contra del bloque de Amalia Granata y otras bancadas celestes unipersonales. Se produjeron 9 abstenciones de una parte del peronismo en Diputados y de la izquierda de esa cámara representada por el de Frente para la Soberanía. Este último sector optó por pedir la autorización para no pronunciarse en los tres casos.

Todos los senadores de cada una de las tres bancadas respaldaron la nominación de su secretario administrativo, al igual que en los otros dos casos.

La nominación de Jorgelina Genghini contó con 51 votos afirmativos, 5 votos negativos ya señalados y 10 abstenciones.

En cambio, el juez federal Aldo Aldurralde sumó 56 respaldos (también logró respaldos celestes) además de las bancadas radical, socialista y del Pro de Unidos, y de buena parte del justicialismo. Hubo solo un voto en contra de Natalia Armas Belavi, del bloque unipersonal Vida y Famila, y nueve abstenciones.

Luis Rodrigo  -  El Litoral 

La Comisión de Acuerdos de la Legislatura resolvió solicitar a la presidencia del Senado la convocatoria a dos asambleas legislativas para tratar los diez pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo y habilitados para el período de Extraordinarias. 

La primera será el jueves venidero para tratar siete de las propuestas y la segunda, el 26 de febrero, para someter a votación los tres nombres propuestos por el Poder Ejecutivo para renovar antes de fin de año la Corte Suprema de Justicia.Las decisiones con el cronograma de trabajo para ambas asambleas fueron resueltas en la reunión de la Comisión de Acuerdos que integran senadores y diputados y que fue el único grupo de trabajo convocado oficialmente en esta semana.

La presidenta de la comisión, la diputada socialista Lionella Cattalini dio detalles de los cronogramas de trabajo analizados por la comisión. En tanto, el Colegio de Magistrados de la provincia remitió a Legislatura una nota transmitiendo "inquietudes institucionales" por los pliegos de la Corte debido a que no existen, a la fecha, dos vacancias.

"Hemos acordado que el jueves próximo llevaremos a Asamblea Legislativa siete pliegos, a los candidatos haremos las entrevistas el día anterior y para los futuros ministros de la Corte hay un procedimiento más largo lo que hace que convoquemos a una audiencia pública el 25 de febrero para intentar hacer la Asamblea el 26 de febrero", explicó la socialista al retirarse de la reunión.

Cattalini resaltó la importancia de votar miembros para la Corte Suprema de Justicia, y por ende el reglamento de la comisión tiene un procedimiento especial. Entre esos pasos está la publicación en los medios gráficos de la provincia de los antecedentes y los postulantes para que la ciudadanía tenga información sobre los candidatos.La Comisión de Acuerdos convocará a una audiencia pública para el miércoles 25 de febrero que se hará en el recinto de la Legislatura para que los que se inscriban puedan opinar sobre Diego Maciel, Aldo Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini, los propuestos para el Ejecutivo para reemplazar a Eduardo Spuler el 1 de septiembre y a Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez desde noviembre.

De todos modos, en nota a la Comisión, el Colegio de Magistrados hizo saber que no existen dos vacancias debido a que ni Gutiérrez ni Falistocco han presentado oficialmente las renuncias y por ende, no fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo.

Cattalini destacó que el tratamiento de los pliegos para la Corte exige un tratamiento especial, previsto por la propia Legislatura. Además de la publicación en los diarios de los antecedentes y la invitación abierta hasta el 24 de febrero para los interesados en inscribirse a la audiencia pública que se realizará al día siguiente. Es a los efectos de exponer posturas sobre los candidatos.

Luego de la audiencia pública, Acuerdos entrevistará a los tres postulantes a la Corte para luego emitir los dictámenes que deberán ser llevados al recinto el día 26 de febrero. La nueva Constitución establece un plazo de 45 días para el tratamiento de estos pliegos pero exige pronunciamiento y no aprobación ficta.

En caso de que la Asamblea no se reúna el 26, será convocada para el jueves siguiente. Así lo prevé el cronograma de trabajo distribuido a los integrantes de la comisión.

En la reunión de Acuerdos estuvo solo el senador Armando Traferri por la Cámara Alta. En cambio, hubo asistencia casi perfecta de los diputados. Además de Cattalini estuvieron los también socialistas Antonio Bonfatti y Gisel Mahmud, Silvana Di Stefano (UCR), Marcos Corach (PJ), Astrid Hummel (Pro) y Emiliano Peralta (Unite). En cambio, no estuvieron i Ariel Bermúdez (Creo) ni los senadores Raúl Gramajo, Orfilio Marcón y Felipe Michlig.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial remitió el miércoles una nota a Acuerdos "a fin de transmitir inquietudes institucionales vinculadas con la reciente remisión de pliegos para cubrir cargos de magistrados en la Corte Suprema Justicia de la Provincia efectuada por el gobernador".

La nota es firmada por Iván D. Kvasina y Cristian O. Werlen, presidente y vicepresidente, respectivamente, donde pone de resalto "el hecho de que dos de los cargos para los que se remiten pliegos no se encuentran en situación jurídica de vacancia actual ni programada, atento a que, según hemos podido corroborar, a la fecha solo existe una única renuncia presentada por parte de un ministro de la Corte provincial".

El otro aspecto que piden es "evaluar detenidamente si, con las designaciones propuestas, se está cumpliendo debidamente, o no, con la directriz constitucional de procurar la paridad de género, contenida en el artículo 118 de la Carta Magna provincial".

La nota resalta que "el proceso de designación que motiva la presente hace a la conformación del máximo órgano jurisdiccional provincial, cabeza de uno de los poderes del Estado y, por tal motivo, debe estar rodeado de la mayor rigurosidad en cuanto al cumplimiento de los recaudos legales y constitucionales exigibles".

La primera Asamblea Legislativa será el jueves próximo para tratar siete pliegos, entre ellos tres fiscales subrogantes adjuntos para la Circunscripción Judicial N° 1 de Santa Fe. Son los casos de Florencia Zarabia, Matías Eduardo Palud y Valeria Roxana Nittoli. Luego, las dos autoridades superiores del sistema penal para la Circunscripción Judicial N° 3 con cabecera en Venado Tuerto. En ese caso, el Poder Ejecutivo postula a Mauricio Adolfo Clavero como fiscal regional y la continuidad de Mariano Marcelo Mascioli como defensor regional.

Finalmente, Adriana Molina propuesta para el Tribunal de Cuentas y Hugo Marcucci para el Enress.

Los siete serán entrevistados el miércoles por la Comisión de Acuerdos.

El Litoral

Más allá de que no hubo sesiones en la semana ni en el Senado ni en Diputados, el Poder Ejecutivo remitió nueve pliegos de magistrados para análisis de la Comisión de Acuerdos y posterior votación en Asamblea Legislativa.

Son siete vacantes para suplir vacantes en cinco sedes judiciales, entre ellas Santa Fe y dos para fiscales del Ministerio Público de la Acusación en Rafaela y Reconquista.

La semana próxima, la Comisión de Acuerdos que preside la diputada socialista Lionella Cattalini pondrá fechas para el tratamiento y la vicegobernadora Gisela Scaglia deberá definir si la Asamblea Legislativa es convocada antes de noviembre o los pliegos serán considerados en Extraordinarias en diciembre.

Con los nuevos pliegos más 88 aprobados en sendas asambleas legislativas, el Ejecutivo avanza en la cobertura de vacantes tan reclamada por la Corte Suprema de Justicia. En tanto, el Consejo de la Magistratura lleva adelante varios concursos, entre ellos para el fiscal regional de Venado Tuerto.

Por otra parte, la Legislatura deberá definir los alcances del nuevo instituto para seleccionar candidatos para la justicia siguiendo los lineamientos de la nueva Constitución.

Los pliegos remitidos para análisis legislativo son los siguientes:

María Josefina Olcese: jueza subrogante de 1° Instancia de Distrito de Responsabilidad Extracontractual de la 4ª Nominación en Santa Fe.

Nicolás Alejandro Occhi: Juez Subrogante de Primera Instancia de Distrito Laboral de la 4ª. Nominación para Santa Fe.

Federico Lema: Juez Subrogante de Primera Instancia de Distrito de Responsabilidad Extracontractual de la 4ta. Nominación de Rosario.

Guillermo Roldán: Juez Subrogante de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de San Lorenzo.

Javier Pedro Bértora: Juez Subrogante de Primera Instancia de Circuito de San Lorenzo.

Carolina Burgos Grabich: Jueza Subrogante de Primera Instancia de Circuito de Villa Gobernador Gálvez.

María de los Milagros de la Torre: Jueza Subrogante de Primera Instancia de Circuito de Sunchales.

Paula Prieto: fiscal adjunta subrogante para Reconquista.

Brenda Baños: fiscal adjunta subrogante para Rafaela.

En doce mensajes, el Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo para su análisis las propuestas de 85 candidatos a ocupar cargos vacantes de jueces de cámara, jueces de primera instancia así fiscales subrogantes y adjuntos del Ministerio Público Fiscal y defensores del Servicio Público de la Defensa.

La larga lista -cuyo envío anticipó El Litoral- será tema de análisis de la Comisión de Acuerdos ni bien finalice la Convención Reformadora donde el presidente y vice de la comisión legislativa, Lionella Cattalini y Raúl Gramajo, tienen un rol clave en la discusión de la futura Constitución.

Más de la mitad de las propuestas corresponden a la Circunscripción Judicial N° 2 con cabecera en Rosario donde son 45 los postulantes. 20 son de la N° 1 con cabecera en Santa Fe; 10 para la N° 5 con sede en Rafaela; otros 6 para la N° 4 con referencia en Reconquista y 4 para la N° 3 en el norte con cabeza en Reconquista.

El paquete de pliegos con los antecedentes respectivos tiene mayoría de mujeres (46) sobre los hombres (39).

El envío de los pliegos viene a responder en gran parte a los planteos de la Corte Suprema de Justicia así como a las titulares del Ministerio Público Fiscal y el Servicio de Defensa, María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, respectivamente. El tribunal superior emitió varias acordadas haciendo saber al Poder Ejecutivo la necesidad de cubrir vacantes en distintas zonas de la provincia.

Los mensajes con los pliegos no fueron enviados por circunscripción judicial sino por los fueros respectivos.

Jueces penales de segunda instancia: Silvia Castelli, Miguel Moreno, Ismael Manfrin y Nicolás Foppiani (Rosario).

Vocales de Cámara de Apelación en lo Laboral: todos para Rosario, María Victoria Acosta, María Victoria García y Pablo Gueiler.

Jueces de primera instancia en lo Laboral: Ignacio Eduardo Pandullo (Santa Fe), María Clara Benassi (Esperanza). Mariana Otarola (San Lorenzo); Martín Borselli (Venado Tuerto) y María del Mar Della Rosa (Reconquista).

Jueces de primera instancia en lo Penal: Federico Martín Rébola, Lisandro Artacho, Luciano Vallarella, Natalia Benvenuto, Jorge Andrés Rodríguez, Juan Ignacio Gasparini y María de los Angeles Granato (todos para Rosario).

Guillermo Lanfranco Pari (Cañada de Gómez), Andrea Melisa Cavallero (Venado Tuerto) y Shirli Tomasso (Rafaela).

Jueces de primera instancia de Menores: Héctor José Aielo (Santa Fe), Leandro Matías Lucente (Rosario); Fabiola Piemonte (Casilda); Brenda Coassolo (Cañada de Gómez) y José Alberto Boaglio (Tostado).

Jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial: Guillermo Adrián Vales; Francisco José Depetris, Rodrigo Carlos Ureta Cortés y Viviana Naveda Marcó (todos para Santa Fe). Sabrina Campbell y Sebastián Rupil (Rosario).

David Alberto Lisandrello (VIlla Constitución), Franco Raschetti (Reconquista), Mauro Daniel García y Marcelo Gelcich (Rafaela).

Jueces de primera instancia de Familia: Jorgelina Daneri (Venado Tuerto), María Soledad Aguirre Quintana (San Cristóbal) y Hernán Andrés Julián (Reconquista), en este último caso como subrogante.

Jueces de primera instancia de Circuito: Sebastián Pantaleón Faravelli (Coronda), Hernán Guala (El Trébol), Martín Carlos Chasco (Venado Tuerto); José Ignacio Pastore, ejecución de Circuito en Santa Fe.

Fiscal adjunta: Virginia Gabenara (Rosario)

Fiscales adjuntos subrogantes: Agostina Aime, Jesica Bernard, Laura Gerard, Natalia Giordano, Julio Lema y Pablo Lipowy (todos para Santa Fe). Sofía Cudos, Abi Luz Cabrera, Anabel Cerutti, Javier Hugo Paz, Rocío Cosgaya, María Belén Oliva, Florencia Vergili, Lucila Cornier, Federico Aranda, Eliana Zingoni, Lucía Pazos y Mariana Vigo (Rosario).

Defensores adjuntos subrogantes: Valentín Acuña, Lucía Mognaschi, Esteban Montenovi (todos para Santa Fe). Para Rosario, Agustina Morielli, Wanda Vaschetto, Julieta Belén González, María Virgina Llaudel Maza, Lucía Araya, Matías Daruich, Pablo Bufarini, María Virginia Quiroga, Antonela Dalzotto, Flavia Renzi.

María Gimena Galbusera, Valeria Tourn y Tania Stechina (Reconquista) y Bruno Rossini y Victoria Romano (Rafaela).

La Legislatura tiene un plazo de 30 días para votar los pliegos, caso contrario quedarán aprobados en forma ficta. No es el propósito, se dijo en fuentes legislativas a El Litoral. Una vez que entre en vigencia la nueva Constitución -a mediados de mes- la Legislatura pasará a tener 45 días para pronunciarse sobre el acuerdo o no.

Entre lunes y miércoles, el Poder Ejecutivo enviará un mensaje con -al menos- 85 candidatos a ocupar cargos vacantes de jueces y camaristas en las cinco circunscripciones de la provincia más defensores y fiscales para gran parte del territorio.

Funcionarios del área de Justicia y Seguridad ya le confirmaron a jefes parlamentarios el envío de los pliegos lo que será el tema central de la Legislatura para el noveno mes de año, una vez que finalice la Convención Reformadora.

Serán más mujeres que varones, se dijo en Casa Gris a El Litoral. En el ministerio de Gobierno se están terminando de armar los pliegos con la respectiva documento y de la terminación de esa tarea técnica dependerá el envío a Legislatura. “Son 46 mujeres y 39 varones” añadió un funcionario que trabaja en el armado de las carpetas.

“Pullaro habló con referentes políticos territoriales, con autoridades judiciales y no habrá sorpresas en la nómina” destacó una altísima fuente a El Litoral al dar a conocer conversaciones que mantuvo el propio gobernador para definir el listado previo cedazo que realizó el Consejo de la Magistratura.

Recursos varios presentados por muchos concursantes que cuestionaron resultados obtenidos en la pruebas demoró al menos un mes el envío de pliegos que reclama, especialmente, la Corte Suprema de Justicia en varias acordadas de las cuales diera cuenta El Litoral a principios de mes.

En pasillos de Casa Gris se dijo que 45 pliegos son para vacantes en la circunscripción judicial Nº 2 con cabecera en Rosario y otros 20 para la Nº1 con sede en la ciudad capital.

El tema de las vacantes motivó un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia a principios de agosto. "Dirigirse al Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, para que disponga del modo más urgente posible, la materialización de los procedimientos orientados a la más pronta cobertura de las vacantes actuales o que se produzcan en el futuro inmediato de este Poder Judicial", expresa la resolución firmada por Roberto Falistocco y los restantes seis ministros de la Corte, más el Procurador General, Jorge Barraguirre y el secretario de Gobierno, Eduardo Bordas.

En los considerandos, expone la Corte los pronunciamientos anteriores sobre el tema que datan de fines de 2018. "En lo que ahora resulta, interesa oportuno destacar que en la actualidad el Poder Judicial cuenta con 99 vacantes definitivas de magistrados".

Desde noviembre de 2022 no jura un nuevo juez para ocupar una vacante en la justicia santafesina. En ese lapso de tiempo, la Corte sólo le tomó juramento a autoridades del Ministerio Público de la Acusación, del Servicio de la Defensa; a fiscales, a defensores y a la recientemente creada Cámara de Apelación de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria. Precisamente, los tres magistrados de ese tribunal fueron los únicos pliegos de jueces aprobados por la actual Legislatura.

El Ejecutivo optó por no hacer coincidir la futura Asamblea Legislativa con la Convención Reformada que terminará su tarea el 12 de septiembre, día que está previsto que la jure la propia Constituyente y luego las autoridades de los tres poderes.

De acuerdo a la Constitución vigente, la Legislatura tiene un plazo de 30 días para considerar los pliegos, caso contrario quedan aprobados en forma ficta.

En tanto, en la Constitución que entrará en vigencia a mediados de mes, el plazo de 45 días pero no habrá aprobación ficta para ministros de la Corte Suprema de Justicia ni para el Defensor General ni el Fiscal General.

La comisión de Acuerdos que ahora preside la diputada socialista Lionella Cattalini será la encargada de llevar adelante el proceso de análisis y entrevistas a los postulantes para emitir los dictámenes que serán sometidos a la Asamblea Legislativa.

De aprobarse los 85 pliegos, serán muy escasas las vacantes que quedarán en el Poder Judicial.

En el caso de la Circunscripción Nº 1, por lo que supo El Litoral el listado llevará tres candidatos a cargos en la Defensa Pública y seis fiscales. También jueces laborales para Esperanza y Santa Fe. Otros cuatro para el fuero Civil y Comercial de esta capital; Civil, Comercial y Laboral de San Javier; Menores de Santa Fe; Circuito para Coronda y El Trébol y el restante de Circuito Ejecución.

En el Poder Ejecutivo de Santa Fe se ultiman detalles para remitir -antes que finalice el mes- un paquete de pliegos con candidatos a cargos de jueces en distintos distritos judiciales de la provincia y de una decena de defensores del sistema público penal. La decisión fue analizada el pasado lunes por el gabinete en reunión que encabezó el gobernador Maximiliano Pullaro.

En estos días, en el Boletín Oficial se publicaron listas de aspirantes en varios concursos como también se difundieron decretos de rechazo a varios concursantes que habían objetado e impugnado decisiones del tribunal de selección constituido en el Consejo de la Magistratura.

El tema de las vacantes motivó un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia a principios de este mes. "Dirigirse al Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, para que disponga del modo más urgente posible, la materialización de los procedimientos orientados a la más pronta cobertura de las vacantes actuales o que se produzcan en el futuro inmediato de este Poder Judicial", expresa la resolución firmada por Roberto Falistocco y los restantes seis ministros de la Corte, más el Procurador General, Jorge Barraguirre y el secretario de Gobierno, Eduardo Bordas.

En los considerandos, expone la Corte los pronunciamientos anteriores sobre el tema que datan de fines de 2018. "En lo que ahora resulta, interesa oportuno destacar que en la actualidad el Poder Judicial cuenta con 99 vacantes definitivas de magistrados".

Un ministro de la Corte le recordó a El Litoral que desde noviembre de 2022 no jura un nuevo juez para ocupar una vacante. En ese lapso de tiempo, la Corte sólo le tomó juramente a autoridades del Ministerio Público de la Acusación, del Servicio de la Defensa; a fiscales, a defensores y a la recientemente creada Cámara de Apelación de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria. Precisamente, los tres magistrados de ese tribunal fueron los únicos pliegos de jueces aprobados por la actual Legislatura. Por eso, el ministro vocero señaló que desde fines del 2022 no se cubren vacantes.

En tanto, el Consejo de la Magistratura terminó los varios concursos que tenía en marcha, y en los últimos días publicó los decretos de rechazo a impugnaciones que presentaron varios de los participantes en esas instancias selectivas. Se trata de concursantes para el fuero penal y también el civil y comercial donde se produce la mayor cantidad de vacantes actualmente.

El tema concursos y cobertura de vacantes ocupó parte de la reunión de gabinete del pasado lunes donde expusieron sobre el tema el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. El informe precisó la marcha de los concursos y un mapa de las vacantes. También se informó sobre conversaciones con ministros de la Corte Suprema de Justicia quienes expusieron las prioridades dentro de las casi cien vacantes.

De la depuración entre la Corte y el Ejecutivo quedaron unos 43 lugares de inmediata necesidad de cobertura. El Ejecutivo estimó que serán 54 los pliegos a elevar en una primera etapa, varios de los cuales contemplará además defensores públicos que viene siendo reclamados por la titular del servicio, Estrella Moreno Robinson.

En tanto, desde el Poder Legislativo se advirtió sobre la posibilidad de coordinar el tratamiento una vez finalizada la Convención Reformadora el próximo 12 de septiembre. Es que son muchos los legisladores que son convencionales y que se aprestan a entrar en la discusión definitiva del texto constitucional. Por ejemplo, la presidenta y el vice de Acuerdos son Lionella Cattalini y Raúl Gramajo,  ambos convencionales.

El tratamiento de los pliegos, según la Constitución vigente, tiene 30 días en Legislatura y si no son considerados quedan aprobados en forma ficta. El objetivo es darle tratamiento y por ende si ingresan en la segunda quincena de agosto, podrían ser considerados en Asamblea Legislativa después de la Convención.

Uno de los a debate en la Convención es el futuro cuerpo que se encargará de seleccionar a los candidatos a jueces, defensores y fiscales. En la letra chica aún no hay acuerdo e incluso son varios los bloques que entienden que no se debería llamar Consejo de la Magistratura. La Corte, en tanto, mocionó que se integre un Consejo presidido por la propia cabeza del Poder Judicial y dependiendo del organismo.

Más allá de la definición de la Convención, todo parece indicar que el organismo a crear en la Carta Magna necesitará una ley complementaria a ser dictada por la Legislatura. Entonces, los concursos finalizados y en manos del Poder Ejecutivo permitirán cubrir la mayoría de las vacantes producidas y a producirse en el Poder Judicial.

La Corte Suprema de Justicia también se pronunció a principios de este mes sobre la demora del Poder Ejecutivo en la firma de decretos validando designaciones o ascensos de personal dentro del Poder Judicial, tema que tuvo una controversia el año pasado.

Ahora, la Corte exhortó al Poder Ejecutivo -por conducto del ministerio de Justicia y Seguridad- "para que disponga del modo más urgente posible, la materialización de los procedimientos orientados al dictado de los decretos que permitan dar continuidad a los expedientes oportunamente remitidos por este Poder Judicial".

En los considerandos, el tribunal supremo advierte que "se constata nuevamente una relentización en el dictado de los correspondientes decretos que debe dictar el Poder Ejecutivo para poder dar continuidad y así llegar a la conclusión de los trámites administrativos referenciados, convirtiéndose así en una situación análoga a la acontecida durante el año 2024 y que fuera puesta en conocimiento del ministerio de Justicia y Seguridad".

Aclara la Corte que, a la fecha, "implica la existencia de más de 155 expedientes que se encuentran en dicha situación de demora, que en algunos casos se remonta a más de diez meses, los que de una manera u otra afectan derechos en la carrera administrativa dentro de este Poder Judicial"

El Poder Ejecutivo sumó en las últimas horas 13 pliegos con candidatos a ocupar vacantes de cargos de fiscales de menores para las fiscalías regionales 2, 3, 4 y 5 del Ministerio Público de la Acusación (MPA)

Hoy, la Legislatura tiene a consideración 39 pliegos de fiscales subrogantes para toda la provincia que serán considerados en la Asamblea Legislativa convocada para el jueves venidero, a las 13.

La Comisión de Acuerdos, que este año preside la diputada socialista, Lionella Cattalini, entrevistará el miércoles venidero a los 39 candidatos y en caso de tener los dictámenes respectivos, serían votados al día siguiente en Asamblea o bien pedirían una postergación de una semana.

También para el jueves venidero está convocada una sesión conjunta de ambas cámaras para considerar el pedido de remoción del fiscal adjunto de Reconquista, Alejandro Héctor Rodríguez.

Pero además, el jueves venidero, desde las 9, en el recinto de la Cámara de Diputados, la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich   hará el informe anual ante las cámaras que ordena la ley orgánica de ese instituto, la Ley 13.013.

En cuanto a la nueva remesa de pliegos remitidos esta semana a Legislatura y que serían tratados recién en junio en el recinto, son todos para fiscales de menores.

En ese caso son seis para la regional 2 de Rosario; dos para la regional 3 de Venado Tuerto; uno para 4 de Reconquista y cuatro para la 5 de Rafaela.

Los candidatos propuestos por el Ejecutivo para fiscales de menores de Rosario son a Romina Cocomazzi, Mariana Caratozzolo, Carlos Gabriel Alvarez, Brenda Coassolo, Juan José Cabanellas y Ana Clara Grabowski.

A marzo de este año, en el MPA se indicaban que en la fiscalía regional 2 había 18 vacantes de cuales once son de fiscales de menores por renuncias, suspensiones y pase a otros cargos judiciales.

Marianela Montemarani Menna y Leandro Carozzo son los propuestos para la regional 3 que a marzo tenía tres vacantes.

El Ejecutivo propone a María Mercedes del Sastre como fiscal de menores para la regional 4 con cabecera en Reconquista que tenía una vacante en esa categoría a principios de año.

En cuanto a la regional 5 con sede en Rafaela, las propuestas son María Cecilia Doro, Carina Gerbaldo, Heriberto Ramón Ferrero y Susana Guillermina Vega. En la regional del oeste son cuatro las vacantes, entre ellas la de Frontera, ciudad lindante a Córdoba.

A marzo, en la regional 1 con cabecera en esta capital, eran siete las vacantes de fiscales de menores que hasta el momento el Ejecutivo no propuso coberturas. Algunas de esas vacantes datan de 2022 cuando sus entonces titulares pasaron a desempeñarse como jueces penales.

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados suspendió esta semana a Fabio Marcelo Della Siega quien venía desempeñándose al frente del juzgado unipersonal de familia N° 5 de la circunscripción judicial primera con sede en esta capital.

El tribunal integrado por la Corte, abogados y legisladores ahora analizará la conducta del magistrado tras aceptar el pronunciamiento del procurador general, Jorge Barraguirre, quien observó irregularidades en la conducción del juzgado y en el tratamiento de causas.

Mario Caffaro-Diario El Litoral

La Comisión de Acuerdos del Senado se aprestaba dictaminar favorablemente los pliegos del candidato a embajador de España propuesto por el Gobierno  Wenceslao Bunge Saravia y de Alejandro Oxenford   designado como embajador por decreto en Estados Unidos meses atrás.

Tanto Bunge como Oxenford expusieron en audiencia pública esta tarde en el Salón Arturo Illia y se sometieron a preguntas del cuerpo sobre los lineamientos generales que le instruyó la Casa Rosada y de sus objetivos personales en sus respectivos destinos.

Hasta el martes por la noche, faltaban al menos dos firmas de las nueve necesarias para habilitar el tratamiento en el recinto de ambos pliegos.

El puntapié inicial lo dio Oxenford, un empresario ligado al mundo de la tecnología con varios éxitos en su haber, hechos que repasó en el inicio de su presentación.

"Hoy quiero poner mi conocimiento, experiencia, mi red contactos al servicio de los argentinos. Esta experiencia acumulada puede ser valiosa para impulsar y materializar los objetivos trazados por el Presidente para esta relación bilateral tan importante", indicó Oxenford.

Consultado sobre el humor que percibió en suelo norteamericano, ya que estuvo poco más de un mes en Washington, dijo que lo que más le llamó la atención "es el interés" y la actitud "proactiva de tratar de acercarse a la Argentina".

"Eso no es usual. Yo sentí una relación donde de los dos lados hay empatía real, no solo a nivel presidencial, sino de los equipos", reflexionó y ejemplificó citando una declaración de Jamienson Green, que es el representante de Comercio de los Estados Unidos.

"(Green) sacó un video donde hablaba de cuatro países que estaban avanzando muy rápido y nombraba a la Argentina, India, Vietnam e Israel. Yo no me acuerdo nunca que la Argentina haya estado en un grupo de cercanía especial con los Estados Unidos. Es sin precedentes", agregó.

Relató que antes de viajar a EE.UU se reunió con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y que duró varias horas: "Para mí fue una demostración clara de la importancia que le asigna a esta relación y embajada".

Sobre un eventual tratado de libre comercio, Oxenford habló de dar los primeros pasos dentro de un Acuerdo Marco de Comercio e Inversión (TIFA) ya que, a su criterio, "tiene algunas características que lo vuelven muy afectivo para las conversaciones actual para un acuerdo".

"Primero, no necesita aprobación parlamentaria, eso hace que el proceso, de punta a punta, se mucho más controlable y predecible. En segundo lugar, el MERCOSUR negoció la semana pasada una excepción de 50 productos que pueden negociarse independientemente", sostuvo.

"Eso se suma a las anteriores y podrían entrar dentro del TIFA y hacer posible una conversación que involucre una parte muy relevante del comercio total de la Argentina", concluyó Oxenford.

Por su parte, Bunge Saravia destacó también su experiencia en suelo español y consideró que tiene "una experiencia relevante para la misión que me quieren encomendar", luego de haber sido, entre otras cosas, presidente de un banco para España y Portugal.

Según detalló en su presentación, que leyó al igual que Oxenford, mantuvo en ese tiempo relaciones "fluidas con actores políticos y empresariales" y sumó: "Me relacioné con todos los gobiernos que sucedieron en España en los últimos 16 años e integré los directorios varias empresas dedicadas a las finanzas y muchas fundaciones".

A su vez, destacó que España es el país europeo de los últimos años con "creciente demanda de productos" que la Argentina puede "abastecer y un fuerte promotor de la Unión Europea-Mercosur". Además, resaltó la presencia de argentinos y puso en agenda la aceleración de la homologación de títulos universitarios.

Sobre el momento de tensión entre el gobierno del presidente Pedro Sánchez y la administración mileísta, dijo: "Hoy Argentina y España atraviesan momentos políticos diferentes, la misión de los embajadores es tender puentes y a través de los canales diplomáticos fortalecer las relaciones bilaterales".

"España es nuestro segundo socio europeo y el décimo global, es también el segundo inversión externo en la Argentina. Somos el segundo inversor latinoamericano, en España, en volumen y el primero en cantidad de proyectos", detalló.

Consultado por el senador Martín Lousteau por la relación bilateral entre ambos países, Bunge Saravia explicó: "Soy muy consciente del desafío de esta misión. Hay muchas más cosas en común que diferencias. Me senté con el nuevo embajador aquí y hay una vocación de mantener las relaciones bilaterales; yo no creo que se hayan roto".

Posteriormente, ejemplificó con el caso de Daniel Scioli en Brasil, que tuvo que hacer equilibrio entre las administraciones de los ex presidentes Alberto Fernández y el brasileño Jair Bolsonaro.

"Son gobiernos diferentes. Me leí un libro muy interesante, que me ayudó mucho, que fue el que escribió el ex embajador Scioli, cuando le tocó ser embajador en Brasil. También tuvo una misión muy complicada con gobiernos con caracteres diferentes y lo bien que lo hizo", dijo.

Y finalizó: "Yo espero poder aprender de las cosas buenas que hizo y ayudar a todos los argentinos y españoles porque es un tema muy relevante para todos".

El nombre propuesto para Fiscal General es el de María Cecilia Vranicich; y para el cargo de Defensor General el de Estrella Moreno Robinson.

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, brindó detalles sobre el envió de los pliegos, a la Legislatura, para cubrir los cargos de fiscales y defensores Generales y Regionales.

En conferencia de prensa, la ministra precisó:

El gobernador Perotti definió enviar el pliego de una persona, de cada una de esas ternas, para que ahora si, en esta instancia, el Poder Legislativo, mediante su Asamblea, avance en la evaluación de cada uno de los candidatos y candidatas para cada uno de esos lugares y tome la decisión de aprobar o no estos pliegos

En cuanto al criterio que se utilizó, Arena indicó que “la reglamentación establece que el gobernador tiene libertad para elegir a cualquiera de los integrantes de la terna que el jurado elevó. En este sentido fue un trabajo muy intenso porque todos y todas quienes conformaron las ternas tuvieron antecedentes, planes de trabajo, la exposición y las entrevistas fueron excelentes, por lo que cualquiera podría haber cumplido la función”. La definición fue “una evaluación integral” considerando los “perfiles, trayectorias, compromiso con el futuro, experiencia en cada uno de los lugares”, señaló la ministra.

A continuación, Arena destacó que “fue un proceso intenso. El año pasado tomamos el compromiso de avanzar respecto a la instrumentación de este concurso tan, pero tan, importante, para las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa. Centrales en la institucionalidad de nuestra provincia”.

Y agradeció a “todos los estamentos, al Colegio de Magistrados y Funcionarios, a los Colegios de Abogados, a las dos universidades públicas que colaboraron, que sumaron, y que se comprometieron en este proceso; y a los y las integrantes de los tribunales evaluadores por su compromiso, por el trabajo que llevaron delante en la evaluación”.

Asimismo, resaltó la importancia de que el proceso se “haya transmitido por primera vez en la historia, y no sabemos si esto sucedió en algún otro lugar del país. Las entrevistas, la oposición, se transmitieron en forma directa, y hoy siguen colgadas en Youtube del Canal de la Provincia, para que cualquier persona que esté interesada pueda tener acceso a esos exámenes”.

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Además, precisó que ahora “la Legislatura tiene 30 días para expedirse, a partir de que se convoque a la Asamblea, para dar el debate”.

Por último, Arena señaló que “la responsabilidad de tomar esta decisión, en esta instancia, es del gobernador y se tomó teniendo en cuenta todas las voces y opiniones, pero también tomando la responsabilidad que le compete en estos casos que es enviar estos nombres para que después ahora si la Legislatura haga su evaluación”.

Los pliegos

Por su parte, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, detalló los nombres que conforman los pliegos: “Para la Defensoría Provincial, Estrella Moreno Robinson; para la Circunscripción Judicial N°1, Jorge Miró; para la Circunscripción N°2, Gonzalo Armas; para la circunscripción N°4, María Lapissonde; y para la Circunscripción N°5, Carlos María Flores Zanella, Carlos María”.

En tanto, “en el caso del Ministerio Público de la Acusación, como Fiscal General, María Cecilia Vranicich; para la Circunscripción Judicial N°1 de Santa Fe, Jorge Nessier; para la N°2 de Rosario, María Eugenia Iribarren; para la Nº3 Venado Tuerto, el Matías Merlo; para la 4 de Reconquista, Rubén Martínez; y para la 5 Rafaela, Orlando Toniolo”, concluyó Corach. Por último, para cubrir el cargo de auditor del MPA se propuso a Leandro Mai.