El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para toda persona que aporte datos útiles que permitan localizar y detener a Eduardo Rodolfo Muñoz, sospechado de haber participado en el crimen del agente de la Policía Federal Rodolfo Arnaldo Manfredi, ocurrido en la ciudad de Rosario.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 543/2026, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del esquema del Fondo Permanente de Recompensas, previsto para casos de delitos graves o personas prófugas de la Justicia.

Según la resolución, el pago se realizará únicamente a quienes brinden información verificada que contribuya efectivamente a la captura del acusado, y siempre que no hayan tenido participación en el hecho investigado. Además, se garantiza la reserva de identidad de los informantes durante todo el proceso.

Muñoz está imputado por su presunta vinculación con el asesinato del agente federal Manfredi, ocurrido durante la noche del 11 de junio de 2026. Al día siguiente del hecho, el juez federal interviniente ordenó su captura, pero hasta el momento permanece prófugo.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Rosario, con intervención de áreas especializadas en narcocriminalidad y apoyo de fuerzas federales, que continúan desarrollando distintas líneas de trabajo para dar con su paradero.

Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que el caso reviste “especial gravedad” y que el refuerzo del sistema de recompensa busca acelerar la obtención de información que permita avanzar en la causa.

Las personas que puedan aportar información sobre el sospechoso deben comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas, a través de la línea gratuita 134, habilitada para este tipo de denuncias.

Las autoridades indicaron que todos los datos recibidos serán analizados por la Justicia antes de definir la validez de la información y el eventual pago de la recompensa.

Personal del Comando Radioeléctrico procedió en la mañana de este martes a la aprehensión de un menor de edad, en el marco de un hecho ocurrido en calle Lorenzatti, en la ciudad de Rafaela.

Según se informó, el joven habría sustraído distintos elementos, por lo que los efectivos intervinieron en el lugar y concretaron el procedimiento.

Durante la actuación policial, se realizó además el secuestro de una pava eléctrica y un posnet, elementos vinculados al hecho investigado.

Posteriormente, por disposición de la Fiscalía de Menores, el joven pasó a revestir carácter de detenido.

El primero de los hechos ocurrió en la tarde de ayer, sobre la Ruta Nacional Nº 34, a la altura de la localidad de Las Palmeras. Efectivos de la Unidad Operativa Regional 6 San Cristóbal detuvieron la marcha de un hombre que se trasladaba en un automóvil.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados constataron la existencia de una escopeta calibre 12, de la cual el conductor manifestó ser propietario, aunque no pudo acreditar la documentación correspondiente. Como resultado del procedimiento, secuestraron el arma y las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría 14ta. de Las Palmeras.Horas más tarde, personal de la Unidad Operativa Regional 5 Venado Tuerto realizó un operativo de control vehicular en la intersección de las Rutas Nacionales Nº 7 y Nº 33, en jurisdicción de Rufino. Allí fue interceptado un conductor que se conducía en un camión que transportaba una grúa de gran porte sin documentación que acreditara su procedencia o propiedad. Durante la requisa del rodado, los agentes secuestraron una escopeta calibre 12/70 y diecisiete cartuchos, elementos para los cuales el individuo tampoco poseía la documentación habilitante.

Además, se dispuso el secuestro preventivo de la grúa transportada hasta tanto se determine su legítima procedencia. El hombre fue trasladado a la Comisaría 3ra de Rufino donde continuaron con las diligencias de rigor y dieron aviso al órgano judicial competentes.

Personal de la Comisaría N.º 13 de Rafaela intervino este sábado en un hecho contra la propiedad ocurrido en una vivienda ubicada sobre bulevar Lehmann, donde persona o personas desconocidas sustrajeron diversos elementos.

Según informaron desde la Unidad Regional V, entre los objetos denunciados como robados había garrafas, alimentos y bebidas.

A partir de las tareas investigativas realizadas por personal policial, se llevaron adelante requisas domiciliarias vinculadas al hecho. Como resultado de una de esas medidas, los efectivos lograron secuestrar parte de la mercadería sustraída.

Los elementos recuperados fueron posteriormente restituidos a la víctima, mientras continúan las actuaciones correspondientes para avanzar con el esclarecimiento del hecho.

Las autoridades dejaron sin efecto los pedidos de paradero difundidos en las últimas horas para dos jóvenes de la ciudad de San Cristóbal, luego de que ambas fueran localizadas.

Según se informó oficialmente, las actuaciones estuvieron a cargo de la Comisaría de la Mujer y los casos fueron cerrados bajo la leyenda “sin efecto por habida”, confirmándose que las jóvenes se encuentran bien.

Uno de los pedidos había sido emitido el jueves 4 de junio para una joven de 18 años que se había ausentado de su domicilio en San Cristóbal. En tanto, el segundo requerimiento de colaboración fue difundido este viernes 5 de junio y correspondía a una adolescente de 15 años que faltaba de su hogar desde el martes 2 de junio.

Tras las tareas de búsqueda y averiguaciones realizadas, ambas fueron encontradas, por lo que las solicitudes de colaboración a la comunidad quedaron oficialmente sin efecto. 

Personal policial aprehendió a un hombre en la ciudad de Rafaela luego de observarlo con un elemento contundente en sus manos.

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles, cuando efectivos del Cuerpo Guardia Infantería circulaban por la zona de calles España y Peterlin y advirtieron la presencia de un masculino en actitud sospechosa.

Al proceder a su identificación, se constató que se trataba de un hombre de 25 años. Según informaron fuentes policiales, durante la intervención el sujeto se tornó agresivo hacia el personal actuante, por lo que se dispuso su aprehensión.

Posteriormente, fue trasladado a sede de la Subcomisaría N° 1, por razones de jurisdicción, donde se continuaron las actuaciones correspondientes.

Efectivos del Comando Radioeléctrico secuestraron una motocicleta en la ciudad de Rafaela en el marco de tareas preventivas, al no poder establecer su procedencia.

El procedimiento se llevó a cabo el domingo en calle Garibaldi, donde el personal policial detectó una motocicleta marca Motomel 150 cc, modelo C2, que presentaba varias irregularidades.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo tenía ausente el tanque de combustible y los plásticos laterales, y además se encontraba con la llave colocada, lo que llamó la atención de los uniformados.

De acuerdo a testimonios recabados en el lugar, la motocicleta habría sido dejada allí por un masculino que intentó comercializarla previamente.

Ante esta situación, los agentes procedieron al secuestro del rodado, que fue trasladado a la Comisaría Nº 1 de Rafaela, donde quedó en averiguación de su procedencia.

Las actuaciones continúan con el objetivo de determinar si la motocicleta está vinculada a algún hecho delictivo.

En la frontera entre Tucumán y Santiago del Estero, lo que debía ser un procedimiento de rutina terminó convertido en una secuencia de violencia, tensión y fuga sobre la ruta.

El episodio ocurrió en el puesto fronterizo Valentín Jiménez, ubicado sobre la ruta nacional 9, donde personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas realizaba un control antidrogas.

Según la reconstrucción de los hechos, el conductor de un vehículo, identificado como médico, detuvo la marcha ante el operativo pero se mostró reticente a completar la prueba prevista por los agentes.

En cuestión de segundos, la situación escaló. El automovilista aceleró, embistió a uno de los policías que participaba del procedimiento y escapó del lugar, lo que activó de inmediato un operativo cerrojo.

La fuga

La huida abrió una persecución por varios kilómetros sobre la traza vial que conecta a ambas provincias. La escena, por su violencia y velocidad, obligó a desplegar un seguimiento urgente para evitar que el conductor se perdiera de vista.

El sospechoso fue finalmente interceptado a unos 60 kilómetros del lugar inicial, en la zona de una rotonda o empalme vial.

Una vez reducido, el profesional fue aprehendido y trasladado bajo medidas de seguridad, mientras las autoridades avanzaban con las actuaciones para determinar su responsabilidad en el hecho.

Del otro lado quedó el efectivo herido, que sufrió lesiones de consideración y debió ser asistido médicamente tras el impacto. De acuerdo con la información publicada, permanece bajo tratamiento y con cobertura de la ART.

El caso sumó además un elemento clave: el momento de la embestida quedó registrado en imágenes. Ese material ya integra el expediente y es observado como una prueba central para reconstruir la mecánica del episodio.

Un operativo policial se desplegó en una escuela de Villa Constitución luego de que un alumno de 15 años ingresara al establecimiento con un arma de fuego, generando preocupación entre docentes y estudiantes.

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 17.30 en la Escuela Orientada N° 205 “Nicasio Oroño”, cuando compañeros del joven advirtieron a las autoridades que el adolescente tenía un revólver dentro del aula.

Tras recibir la alerta, directivos retiraron al estudiante del aula y lo trasladaron a una oficina de preceptores, donde mantuvieron una conversación con él. En ese contexto, el joven exhibió el arma, lo que motivó el inmediato llamado a la policía.

Minutos después, arribaron al lugar efectivos de distintas dependencias, incluyendo personal de la Brigada Motorizada, la Agrupación Cuerpos y la Policía de Investigaciones.

Una vez en el establecimiento, los agentes constataron la presencia del arma y dieron intervención a peritos especializados, quienes determinaron que se trataba de un revólver en estado de deterioro.

Según el informe técnico, el arma no estaba en condiciones de ser utilizada, ya que solo conservaba su estructura básica y no era apta para disparar.

El caso quedó en manos del fiscal Ramiro Martínez, quien dispuso las medidas correspondientes. El adolescente quedó a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

El episodio generó inquietud en la comunidad educativa y en las autoridades, especialmente por el contexto reciente en la provincia, donde se registraron otros hechos vinculados a situaciones de violencia en escuelas.

El caso vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y detección temprana dentro de los establecimientos educativos.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe oficializó cambios en la conducción de las Unidades Regionales y, en ese marco, Marcela Fernández asumió al frente de la Unidad Regional XIII del departamento San Cristóbal, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia local.

Fernández reemplaza a Alejandro Tognolo, quien fue designado como nuevo titular de la Unidad Regional V de Castellanos.

Durante el acto, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, explicó que la designación responde a la experiencia y conocimiento territorial de la nueva jefa.

“Cuenta con un vasto conocimiento de la labor policial y del departamento San Cristóbal, lo que es lo más importante para nosotros”, señaló el funcionario, quien además remarcó la necesidad de fortalecer una policía con presencia activa en la calle y cercana a la ciudadanía.

En la misma línea, el senador departamental Felipe Michlig destacó el acompañamiento institucional y valoró el trabajo conjunto con la fuerza policial.

La designación de Fernández representa un hito para el departamento. “Es la primera vez, en 135 años desde la creación de la jefatura, que estará a cargo de una mujer. Marcela está haciendo historia”, subrayó Michlig.

El jefe de Policía de la provincia, Luis Maldonado, sostuvo que el nombramiento es resultado de una trayectoria basada en el compromiso y el trabajo sostenido dentro de la institución.

Al asumir el cargo, Fernández expresó su emoción y destacó su vínculo con la región. “Hace varios años que estoy acá, conozco cada lugar del departamento y tengo un equipo espectacular que me acompaña”, afirmó.

Además, agradeció el respaldo de su familia y de las autoridades que confiaron en su designación para conducir la Unidad Regional XIII.

El cambio de jefatura se enmarca en una reorganización provincial que busca reforzar la operatividad y la presencia territorial de la Policía en Santa Fe.

Un operativo coordinado entre el Centro de Monitoreo Urbano (CeMU), la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) y la Policía permitió recuperar dos motocicletas que habían sido sustraídas en distintos puntos de la ciudad de Rafaela.

Uno de los hechos tuvo lugar en un conocido boliche de barrio 30 de Octubre, mientras que el segundo se registró en calle Beltramino al 700.

La rápida intervención fue posible gracias al trabajo de los operadores del CeMU, quienes lograron detectar las situaciones a través de las cámaras de seguridad y dar aviso inmediato a los móviles en calle.

A partir de esa información, personal de la GUR y la Policía desplegó un operativo que permitió localizar ambos rodados.

Tras su recuperación, las motocicletas fueron restituidas a sus respectivos propietarios, destacándose la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas de seguridad para resolver este tipo de hechos.

La Policía de la Provincia de Santa Fe, a través de la Unidad Regional V, llevó adelante un operativo de saturación en los barrios Central Córdoba y Fátima de la ciudad de Rafaela.

El despliegue, realizado el martes, tuvo como objetivo la identificación de personas y el control de vehículos y motovehículos, con la participación de distintos móviles policiales. Entre ellos, fueron parte unidades de la Brigada Motorizada, Comisaría 2ª y Guardia Urbana Rafaela (GUR).

Como resultado del procedimiento, se realizaron 13 chequeos en saturación, se identificaron 9 personas a través del sistema 911, y se concretaron dos traslados en el averiguación de antecedentes.

Además, se llevaron a cabo cuatro controles de motovehículos.

Para frenar la desinformación y versiones malintencionadas, el gobierno de la provincia debió salir públicamente a aclarar cómo será el calendario de cobro de las mejoras salariales para las fuerzas policiales y penitenciarias.

Cierta inquietud interna volvió a agitarse puertas adentro de la institución desde el fin de semana, en la medida en que los efectivos tomaban conocimiento de los recibos de sueldo correspondientes a febrero. De esa lectura surgía que no todos percibían el piso garantizado por el gobierno para desactivar el conflicto de 1.350.000 pesos.

Desde la sede de gobernación de Rosario, el ministro de Economía, Pablo Olivares; y la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Giorgina Orciani, explicaron este miércoles cómo cobrarán los agentes las mejoras aludidas.

Con un fuerte mensaje político, la funcionaria arrancó su exposición advirtiendo acerca de "un gran nivel de desinformación y versiones malintencionadas que pretenden quebrar nuestro plan de seguridad pública que hoy – sentenció- está más firme que nunca. Por eso traemos la voz del gobierno provincial", sostuvo.

En primer lugar, Orciani aclaró que las mejoras salariales "alcanzan a todas las jerarquías tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario. Ello – sostuvo- permite el crecimiento del salario desde la jerarquía más baja a la más alta".

En segundo término, aclaró que "la foto completa de cómo quedará constituido el haber de febrero la tendrán los efectivos el próximo 16 de marzo, cuando por planilla complementaria, perciban el resto de las mejoras".

"Allí – precisó-, encontrarán el retroactivo de la diferencia salarial de diciembre, también el retroactivo de la diferencia de la segunda cuota del aguinaldo 2025, además del retroactivo de enero y el aumento de sueldo correspondiente a febrero".

Finalmente, y tras ejemplificar con casos testigos cómo quedarán los ingresos de las determinadas jerarquías (ver aparte), reiteró que las mejoras se pagarán "en espejo" tanto para la policía como para el personal carcelario, y en el marco de "una política de bienestar que anunció el gobernador para recomponer una situación de demanda que consideramos legítima".

Por su parte, Olivares anunció que la provincia trabaja en un programa de desendeudamiento de los trabajadores, no sólo del sector policial sino de todo el ámbito público.

"Junto al agente financiero, implementaremos un plan orientado a que los trabajadores puedan cancelar viejas deudas que tuvieron con acreedores privados por motivos financieros, que hoy son descontados del recibo. Se trata de aliviar esa carga financiera tomada por los empleados públicos pero no a través de bancos, sino de otras entidades financieras y desde hace mucho tiempo", planteó.

Según adelantó, el gobierno trabaja en "líneas de financiamiento con plazos más extensos, con dos meses de gracia y con tasas promocionales".

Olivares reveló que "entre el 40 y 50% de los agentes públicos en general (tanto estatales como policías) tiene sus salarios afectados por los códigos de descuento por estas deudas financieras de las que hablamos".

Aclaró que la situación "es similar a la que se está dando en el resto del país, incluso en el sector privado", y enfatizó que la idea del gobierno provincial es "aliviar esa carga otorgando préstamos a tasas más bajas y con plazos más laxos".

Como cierre, Giorgina Orciani reivindicó "la política de escucha de la actual gestión", e insistió en remarcar "el gran nivel de desinformación" que predomina en las fuerzas y apuntó contra "quienes quieren desinformar y confundir . Nuestra idea es llevar claridad conceptual sobre los aumentos", concluyó.

Un disparo en la cabeza, efectuado con el arma reglamentaria de su pareja, terminó el miércoles 25 de febrero, cerca de las 19, con la vida de una mujer, de 24 años, en el interior de su vivienda de calle Hipólito Irigoyen al 1800, en barrio Las Mercedes de Recreo.

Por el hecho fue detenido un suboficial de la Policía de Acción Táctica, imputado por la Fiscalía como autor de un homicidio calificado por el uso de arma de fuego y en contexto de violencia de género (femicidio), hipótesis que se investiga a partir de los indicios recolectados en la escena y las primeras medidas periciales.

De acuerdo a fuentes oficiales, la central de emergencias comisionó a personal de la Comisaría 16ª de Recreo tras un alerta proveniente del propio efectivo policial. En esa comunicación, el uniformado habría manifestado que “había tocado el arma”.

Cuando los primeros móviles arribaron al domicilio, junto a una ambulancia local y personal del 107, ingresaron a la finca y encontraron a la joven en el baño, sin signos vitales. A un metro del cuerpo se observaba una ojiva que, en principio, sería calibre 9 milímetros.

Minutos después, la escena quedó bajo la órbita de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI). Se confirmó el secuestro de un proyectil y, desde el interior de un ropero, una pistola Bersa con su cargador y nueve cartuchos. El arma, reglamentaria y provista al policía, estaba encasquillada.

La fiscal de la causa, Dra. Escobar Cello, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS), ordenó la detención inmediata del suboficial. También dispuso la realización de dermotest en ambas manos, tanto del imputado como de la víctima, para determinar la presencia de residuos de disparo. En paralelo, se procedió al secuestro de los teléfonos celulares.

Trascendió además que otro suboficial, habría recibido mensajes de WhatsApp de la joven horas antes del hecho. Por esa razón, la fiscal ordenó su entrevista en carácter de testigo y la extracción de capturas de pantalla y textos vinculados a la causa.

Fuentes judiciales señalaron que no existirían denuncias previas por violencia entre la pareja. Sin embargo, la calificación legal provisoria es “homicidio calificado por el uso de arma de fuego y en contexto de género (femicidio)”, lo que agrava la situación procesal del imputado.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia, medida que permitirá precisar trayectoria del disparo, distancia y demás elementos técnicos que ayuden a reconstruir la mecánica.

Al momento del hecho, en la vivienda se encontraban los dos hijos de la pareja: un niño de 4 años y una niña de 2. Ambos quedaron al cuidado de un tío materno, con intervención del área de Familia.

La casa permanece bajo custodia policial, mientras continúan las diligencias ordenadas por la Fiscalía y la División Homicidios – Brigada de Femicidios.

Recreo amaneció conmovida. Una joven madre muerta. Un policía detenido. Y una investigación que recién empieza a develar lo que ocurrió puertas adentro de esa casa donde, minutos antes de las 19, todo cambió para siempre.

Un efectivo policial de 39 años falleció en San Carlos de Bariloche tras contraer hantavirus, lo que activó de inmediato el protocolo sanitario y el aislamiento preventivo de personas que tuvieron contacto estrecho con él. La situación generó preocupación en el ámbito sanitario y obligó a reforzar las tareas de investigación epidemiológica para determinar el posible foco de contagio.

El hombre se encontraba internado en el Hospital Ramón Carrillo, adonde había ingresado el sábado por la noche con fiebre y fuertes dolores musculares. En un primer momento su estado era estable y permanecía en cuidados intermedios, aunque los estudios de laboratorio realizados al ingreso arrojaron parámetros compatibles con hantavirus.

Con el correr de las horas, el cuadro clínico se agravó. El martes por la tarde sufrió una descompensación que requirió oxígeno, por lo que fue trasladado a la unidad de terapia intensiva. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado empeoró rápidamente y falleció.

Tras confirmarse el diagnóstico, el área de Epidemiología del hospital inició un relevamiento para reconstruir los movimientos del paciente y establecer el posible lugar de exposición al virus. En ese marco, se dispuso el aislamiento preventivo de personas que mantuvieron contacto estrecho con él, entre familiares y compañeros de trabajo, como medida de precaución.

Según explicaron desde el hospital, el objetivo es identificar el foco de contagio y evaluar si existen otros riesgos asociados que requieran acciones adicionales de prevención y control.

De acuerdo con la información recabada, el efectivo había realizado distintas actividades al aire libre en los meses previos. Entre ellas, una caminata por la zona de la cascada Santa Ana, en cercanías de la frontera con Chile, y una salida de pesca en Alicurá.

Los especialistas señalaron que la primera de estas áreas presenta mayor probabilidad de contagio debido a sus características ambientales, con vegetación tupida propia de la selva valdiviana y presencia de caña colihue, hábitat frecuente del ratón colilargo, principal transmisor del virus. En cambio, indicaron que la zona de estepa donde se realizó la actividad de pesca implica un riesgo menor.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda que se transmite principalmente por el contacto con secreciones de roedores silvestres infectados, ya sea por inhalación de partículas en el aire, contacto directo o a través de superficies contaminadas.

Los síntomas iniciales suelen confundirse con un cuadro gripal e incluyen fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas, náuseas, vómitos y malestar general. Con el avance de la enfermedad, puede aparecer dificultad respiratoria severa que deriva en el llamado síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una complicación grave que provoca falla respiratoria y cardíaca.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de la detección temprana y la consulta médica inmediata ante la aparición de síntomas, especialmente en personas que hayan estado en zonas de riesgo.

El Litoral.

Personal de la Brigada Motorizada intervino en las últimas horas ante un hecho contra la propiedad ocurrido en calle Constitución, en la ciudad de Rafaela.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos fueron comisionados tras una denuncia que advertía sobre el ingreso de una persona a una vivienda particular. Un vecino habría alertado a la propietaria que un individuo ingresó al domicilio y luego escapó por los techos.

Al arribar al lugar y realizar una verificación en la zona, los uniformados hallaron en el techo de una vivienda un bulto envuelto en una manta. En su interior se encontraba una escopeta doble caño, que fue reconocida por la damnificada como de su propiedad.

La mujer manifestó además que, al revisar el interior de la casa, constató la faltante de una notebook, elemento que hasta el momento no fue recuperado.

Los agentes procedieron al secuestro del arma de fuego y de la manta en la que estaba envuelta, trasladando los elementos a sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes. La investigación quedó a cargo de la dependencia interviniente, con el objetivo de identificar al autor del hecho.

Las autoridades levantaron el pase a disponibilidad de agentes sancionados y les pidieron regresar al trabajo en la calle. Economía garantizó que el personal con mayor carga horaria no cobrará menos que la canasta básica del Indec, en el marco de una recomposición salarial focalizada en los rangos subalternos.

Los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, brindaron este miércoles una actualización sobre la situación derivada del conflicto policial y anunciaron decisiones orientadas a normalizar el servicio, recomponer el vínculo con la fuerza y atender reclamos salariales considerados legítimos.

Cococcioni subrayó que, pese a la protesta, “la seguridad pública nunca se resintió” en ningún punto de la provincia. Según detalló, Rosario “recupera su normalidad operativa” y en la Unidad Regional II la operatividad se mantuvo en torno al 90 %, con todas las incidencias atendidas y sin hechos graves asociados al conflicto.

El ministro remarcó que el Gobierno de Santa Fe considera “válidos, aceptables y atendibles” los reclamos del personal y valoró la instancia de diálogo abierta este martes por la noche con representantes de la fuerza. En ese marco explicó el sentido de las medidas administrativas adoptadas previamente: el pase preventivo a disponibilidad “se tomó para ordenar el marco de la negociación y no como una sanción definitiva”.

Con ese objetivo cumplido y al haberse restablecido una interlocución, la Provincia levantó la disponibilidad y pidió el retorno inmediato al servicio. “A quienes fueron notificados de medidas administrativas les solicitamos que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reincorporen de manera inmediata al servicio ordinario de la Policía de Santa Fe. Esto implica que salen en lo inmediato de la situación preventiva en la que habían sido colocados”, precisó Cococcioni.

El funcionario reconoció que existe un personal muy resentido por la carga de trabajo y las tensiones de los últimos años, lo que exige una respuesta integral del Estado. Recordó además las políticas recientes de bienestar policial: refuerzo de programas de salud mental, mejoras económicas y beneficios en transporte y alojamiento.

“No hay ningún tipo de mella en el aprecio, el respeto y el agradecimiento que tenemos hacia nuestras fuerzas de seguridad. Si debemos hacer un esfuerzo mayor para reconocerlas de manera diferenciada respecto del resto de la administración pública, entendemos que es correcto. Gracias a su trabajo hoy podemos exhibir resultados en materia de seguridad valorados en todo el país”, sostuvo.

Garantía de ingreso y focalización salarial

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó la “alta dedicación y la elevada carga horaria” que caracteriza al personal policial y penitenciario, factores que -dijo- deben reflejarse en la estructura salarial.

En ese sentido anunció que todo el personal de escalafón general de seguridad y del servicio penitenciario con jornadas de 48 horas o más tendrá un ingreso no inferior a la canasta básica para un hogar tipo publicada mensualmente por el Indec.La medida implicará destinar mayores recursos provinciales con foco en los rangos subalternos, donde se concentran los salarios más bajos. “La prioridad es que ningún agente quede por debajo de la canasta básica y, a partir de allí, avanzar en una jerarquización del salario que reconozca que a mayor responsabilidad debe corresponder mayor remuneración”, concluyó Olivares.

EL LITORAL

El ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno Provincial, Pablo Cococcioni, encabezó este martes a las 8.30 una conferencia de prensa en la ciudad de Rosario, donde se refirió a los episodios ocurridos en las últimas horas, vinculados a protestas de personal policial y a situaciones que afectaron el normal despliegue preventivo en distintos puntos de la provincia.

En su exposición, el funcionario dejó en claro que el Gobierno reconoce la legitimidad de los reclamos vinculados a las condiciones laborales, pero advirtió que en ese contexto se produjeron hechos que excedieron cualquier marco legal. “Las necesidades y los problemas del personal de la policía de Santa Fe los compartimos, somos los primeros en destacarlos y en ponernos a trabajar con todas las herramientas a nuestro alcance”, sostuvo Cococcioni.

Sin embargo, según explicó el ministro, durante la noche del lunes y la madrugada del martes se detectaron maniobras que calificó como graves. “Sobre un reclamo cuyo fondo juzgamos legítimo y atendible, se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar, a partir de intereses particulares y sectoriales, acciones violentas y antijurídicas”, afirmó.

En ese marco, detalló que se intentó impedir la salida de móviles policiales para tareas de patrullaje y que varias unidades quedaron fuera de servicio. “En la ciudad de Rosario, no menos de veinte unidades fueron directamente paralizadas, puestas frente a la jefatura como lugar de protesta, y luego algunas de esas personas cometieron abandono de servicio”, señaló. Y agregó: “Dejaron los patrulleros parados y se retiraron, abandonando el servicio policial”.

Cococcioni remarcó que esas conductas tendrán consecuencias administrativas y judiciales. “Estas acciones son cruzar una línea que nosotros no vamos a consentir”, enfatizó. En ese sentido, confirmó que ya se iniciaron actuaciones formales. “Anoche mismo el jefe de Policía de la provincia comenzó a labrar las actuaciones administrativas, con todo nuestro respaldo”, indicó.

El ministro precisó que “no menos de veinte funcionarios policiales” fueron pasados a disponibilidad, con retiro de arma reglamentaria y chaleco antibala, y aclaró que el número podría ampliarse a medida que avancen las investigaciones. Además, informó que se trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público de la Acusación para analizar posibles delitos penales.

Durante la conferencia, Cococcioni fue más allá y apuntó contra determinados sectores internos. “Tenemos detectada gente allegada a sectores desplazados de la policía de Santa Fe, en algunos casos vinculados a gravísimos delitos de corrupción, cuyos perpetradores hoy están privados de libertad”, afirmó. Y advirtió: “Utilizar a la institución policial y a sus funcionarios para minar la política de seguridad que tanto trabajo nos costó poner en orden, no lo vamos a dejar pasar”.

El ministro reconoció que la situación generó dificultades operativas, aunque aseguró que el servicio se mantiene. “Hoy el patrullaje se está sosteniendo, no con normalidad, con esfuerzos, pero se está sosteniendo”, explicó. No obstante, advirtió sobre los riesgos: “Que no menos de veinte unidades abandonen su servicio eleva objetivamente los niveles de riesgo y puede acarrear responsabilidad penal si ocurriera un delito que no pudo ser evitado”.

Finalmente, Cococcioni reiteró la disposición del Gobierno al diálogo, pero marcó un límite infranqueable. “Estamos dispuestos a dialogar todo lo que tenga que ver con mejorar las condiciones de trabajo y organizar mejor la jornada laboral”, afirmó. Sin embargo, subrayó: “No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública de los habitantes de la provincia de Santa Fe”.

En ese cierre, defendió la estrategia oficial en materia de seguridad. “Le guste a quien le guste, esta es una política de seguridad exitosa, que está bajando el delito y la violencia en Rosario y en toda la provincia”, concluyó.

Un confuso episodio se registró en la madrugada del domingo en la ciudad de San Cristóbal, cuando personal del Comando Radioeléctrico intervino tras recibir alertas por desorden en la vía pública y presuntas detonaciones de arma de fuego.

El hecho tuvo lugar en calle Piedras al 1500. De acuerdo al relato de personas presentes en el lugar, un automóvil se habría detenido en inmediaciones del domicilio y uno de sus ocupantes habría efectuado disparos al aire. Minutos después, otras personas se aproximaron a la vivienda y comenzaron a arrojar elementos contundentes contra integrantes de una familia que se encontraba en la vereda.

En un primer momento se informó que un hombre de 28 años habría resultado lesionado tras ser impactado por un ladrillo. Sin embargo, el propio involucrado negó posteriormente haber sufrido heridas y rechazó la asistencia médica.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó el relevamiento de la escena. Además, se iniciaron tareas de análisis de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

El Gobierno de Santa Fe tiene a la seguridad como prioridad central de su gestión y, en ese marco, sumó ahora la puesta en marcha de un plan integral para las fuerzas de seguridad destinado a mejorar de manera sustancial las condiciones laborales y de vida de la Policía provincial. 

La iniciativa se  desarrolla con “diálogo permanente y perfeccionamiento continuo, sin escatimar recursos”, remarcó este viernes el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni y se articula en cuatro ejes:

Mejoras económicas

En el plano sanitario, la Provincia puso en marcha un programa de cobertura integral de salud mental sin costo ni coseguro para los efectivos que adhieran. El esquema incluye atención profesional, provisión de medicamentos y acompañamiento al grupo familiar, bajo la premisa de que la labor policial impacta también en el entorno cercano.

El Gobierno garantizará alojamiento gratuito en Rosario y Santa Fe para efectivos con residencia en otras localidades, en condiciones equivalentes a las que hoy reciben las fuerzas federales desplegadas en la provincia. 

Asimismo, el ministro ratificó “la decisión política del gobernador de lanzar un programa de apoyo al alquiler en el lugar de destino”. Según explicó, “en vez de financiar traslados diarios, preferimos apoyar el alquiler y garantizar que el policía pueda descansar adecuadamente donde presta servicio”.

Para quienes no puedan radicarse mediante un alquiler, la Provincia ofrecerá alojamiento en hoteles o instalaciones adecuadas en el lugar de destino, con un esquema similar al que ya se aplica para las fuerzas federales en Rosario.

Finalmente, se ampliará el transporte gratuito para el personal policial, con más destinos y mayores frecuencias, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y gastos de bolsillo.“Pasamos de seis a doce colectivos para el traslado del personal, con una inversión mensual de 1.000 millones de pesos, y sumaremos nuevas líneas si la demanda lo requiere en cada zona”, precisó Cococcioni.