Efectivos del Comando Radioeléctrico secuestraron una motocicleta en la ciudad de Rafaela en el marco de tareas preventivas, al no poder establecer su procedencia.

El procedimiento se llevó a cabo el domingo en calle Garibaldi, donde el personal policial detectó una motocicleta marca Motomel 150 cc, modelo C2, que presentaba varias irregularidades.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo tenía ausente el tanque de combustible y los plásticos laterales, y además se encontraba con la llave colocada, lo que llamó la atención de los uniformados.

De acuerdo a testimonios recabados en el lugar, la motocicleta habría sido dejada allí por un masculino que intentó comercializarla previamente.

Ante esta situación, los agentes procedieron al secuestro del rodado, que fue trasladado a la Comisaría Nº 1 de Rafaela, donde quedó en averiguación de su procedencia.

Las actuaciones continúan con el objetivo de determinar si la motocicleta está vinculada a algún hecho delictivo.

En la frontera entre Tucumán y Santiago del Estero, lo que debía ser un procedimiento de rutina terminó convertido en una secuencia de violencia, tensión y fuga sobre la ruta.

El episodio ocurrió en el puesto fronterizo Valentín Jiménez, ubicado sobre la ruta nacional 9, donde personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas realizaba un control antidrogas.

Según la reconstrucción de los hechos, el conductor de un vehículo, identificado como médico, detuvo la marcha ante el operativo pero se mostró reticente a completar la prueba prevista por los agentes.

En cuestión de segundos, la situación escaló. El automovilista aceleró, embistió a uno de los policías que participaba del procedimiento y escapó del lugar, lo que activó de inmediato un operativo cerrojo.

La fuga

La huida abrió una persecución por varios kilómetros sobre la traza vial que conecta a ambas provincias. La escena, por su violencia y velocidad, obligó a desplegar un seguimiento urgente para evitar que el conductor se perdiera de vista.

El sospechoso fue finalmente interceptado a unos 60 kilómetros del lugar inicial, en la zona de una rotonda o empalme vial.

Una vez reducido, el profesional fue aprehendido y trasladado bajo medidas de seguridad, mientras las autoridades avanzaban con las actuaciones para determinar su responsabilidad en el hecho.

Del otro lado quedó el efectivo herido, que sufrió lesiones de consideración y debió ser asistido médicamente tras el impacto. De acuerdo con la información publicada, permanece bajo tratamiento y con cobertura de la ART.

El caso sumó además un elemento clave: el momento de la embestida quedó registrado en imágenes. Ese material ya integra el expediente y es observado como una prueba central para reconstruir la mecánica del episodio.

Un operativo policial se desplegó en una escuela de Villa Constitución luego de que un alumno de 15 años ingresara al establecimiento con un arma de fuego, generando preocupación entre docentes y estudiantes.

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 17.30 en la Escuela Orientada N° 205 “Nicasio Oroño”, cuando compañeros del joven advirtieron a las autoridades que el adolescente tenía un revólver dentro del aula.

Tras recibir la alerta, directivos retiraron al estudiante del aula y lo trasladaron a una oficina de preceptores, donde mantuvieron una conversación con él. En ese contexto, el joven exhibió el arma, lo que motivó el inmediato llamado a la policía.

Minutos después, arribaron al lugar efectivos de distintas dependencias, incluyendo personal de la Brigada Motorizada, la Agrupación Cuerpos y la Policía de Investigaciones.

Una vez en el establecimiento, los agentes constataron la presencia del arma y dieron intervención a peritos especializados, quienes determinaron que se trataba de un revólver en estado de deterioro.

Según el informe técnico, el arma no estaba en condiciones de ser utilizada, ya que solo conservaba su estructura básica y no era apta para disparar.

El caso quedó en manos del fiscal Ramiro Martínez, quien dispuso las medidas correspondientes. El adolescente quedó a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

El episodio generó inquietud en la comunidad educativa y en las autoridades, especialmente por el contexto reciente en la provincia, donde se registraron otros hechos vinculados a situaciones de violencia en escuelas.

El caso vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y detección temprana dentro de los establecimientos educativos.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe oficializó cambios en la conducción de las Unidades Regionales y, en ese marco, Marcela Fernández asumió al frente de la Unidad Regional XIII del departamento San Cristóbal, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia local.

Fernández reemplaza a Alejandro Tognolo, quien fue designado como nuevo titular de la Unidad Regional V de Castellanos.

Durante el acto, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, explicó que la designación responde a la experiencia y conocimiento territorial de la nueva jefa.

“Cuenta con un vasto conocimiento de la labor policial y del departamento San Cristóbal, lo que es lo más importante para nosotros”, señaló el funcionario, quien además remarcó la necesidad de fortalecer una policía con presencia activa en la calle y cercana a la ciudadanía.

En la misma línea, el senador departamental Felipe Michlig destacó el acompañamiento institucional y valoró el trabajo conjunto con la fuerza policial.

La designación de Fernández representa un hito para el departamento. “Es la primera vez, en 135 años desde la creación de la jefatura, que estará a cargo de una mujer. Marcela está haciendo historia”, subrayó Michlig.

El jefe de Policía de la provincia, Luis Maldonado, sostuvo que el nombramiento es resultado de una trayectoria basada en el compromiso y el trabajo sostenido dentro de la institución.

Al asumir el cargo, Fernández expresó su emoción y destacó su vínculo con la región. “Hace varios años que estoy acá, conozco cada lugar del departamento y tengo un equipo espectacular que me acompaña”, afirmó.

Además, agradeció el respaldo de su familia y de las autoridades que confiaron en su designación para conducir la Unidad Regional XIII.

El cambio de jefatura se enmarca en una reorganización provincial que busca reforzar la operatividad y la presencia territorial de la Policía en Santa Fe.

Un operativo coordinado entre el Centro de Monitoreo Urbano (CeMU), la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) y la Policía permitió recuperar dos motocicletas que habían sido sustraídas en distintos puntos de la ciudad de Rafaela.

Uno de los hechos tuvo lugar en un conocido boliche de barrio 30 de Octubre, mientras que el segundo se registró en calle Beltramino al 700.

La rápida intervención fue posible gracias al trabajo de los operadores del CeMU, quienes lograron detectar las situaciones a través de las cámaras de seguridad y dar aviso inmediato a los móviles en calle.

A partir de esa información, personal de la GUR y la Policía desplegó un operativo que permitió localizar ambos rodados.

Tras su recuperación, las motocicletas fueron restituidas a sus respectivos propietarios, destacándose la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas de seguridad para resolver este tipo de hechos.

La Policía de la Provincia de Santa Fe, a través de la Unidad Regional V, llevó adelante un operativo de saturación en los barrios Central Córdoba y Fátima de la ciudad de Rafaela.

El despliegue, realizado el martes, tuvo como objetivo la identificación de personas y el control de vehículos y motovehículos, con la participación de distintos móviles policiales. Entre ellos, fueron parte unidades de la Brigada Motorizada, Comisaría 2ª y Guardia Urbana Rafaela (GUR).

Como resultado del procedimiento, se realizaron 13 chequeos en saturación, se identificaron 9 personas a través del sistema 911, y se concretaron dos traslados en el averiguación de antecedentes.

Además, se llevaron a cabo cuatro controles de motovehículos.

Para frenar la desinformación y versiones malintencionadas, el gobierno de la provincia debió salir públicamente a aclarar cómo será el calendario de cobro de las mejoras salariales para las fuerzas policiales y penitenciarias.

Cierta inquietud interna volvió a agitarse puertas adentro de la institución desde el fin de semana, en la medida en que los efectivos tomaban conocimiento de los recibos de sueldo correspondientes a febrero. De esa lectura surgía que no todos percibían el piso garantizado por el gobierno para desactivar el conflicto de 1.350.000 pesos.

Desde la sede de gobernación de Rosario, el ministro de Economía, Pablo Olivares; y la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Giorgina Orciani, explicaron este miércoles cómo cobrarán los agentes las mejoras aludidas.

Con un fuerte mensaje político, la funcionaria arrancó su exposición advirtiendo acerca de "un gran nivel de desinformación y versiones malintencionadas que pretenden quebrar nuestro plan de seguridad pública que hoy – sentenció- está más firme que nunca. Por eso traemos la voz del gobierno provincial", sostuvo.

En primer lugar, Orciani aclaró que las mejoras salariales "alcanzan a todas las jerarquías tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario. Ello – sostuvo- permite el crecimiento del salario desde la jerarquía más baja a la más alta".

En segundo término, aclaró que "la foto completa de cómo quedará constituido el haber de febrero la tendrán los efectivos el próximo 16 de marzo, cuando por planilla complementaria, perciban el resto de las mejoras".

"Allí – precisó-, encontrarán el retroactivo de la diferencia salarial de diciembre, también el retroactivo de la diferencia de la segunda cuota del aguinaldo 2025, además del retroactivo de enero y el aumento de sueldo correspondiente a febrero".

Finalmente, y tras ejemplificar con casos testigos cómo quedarán los ingresos de las determinadas jerarquías (ver aparte), reiteró que las mejoras se pagarán "en espejo" tanto para la policía como para el personal carcelario, y en el marco de "una política de bienestar que anunció el gobernador para recomponer una situación de demanda que consideramos legítima".

Por su parte, Olivares anunció que la provincia trabaja en un programa de desendeudamiento de los trabajadores, no sólo del sector policial sino de todo el ámbito público.

"Junto al agente financiero, implementaremos un plan orientado a que los trabajadores puedan cancelar viejas deudas que tuvieron con acreedores privados por motivos financieros, que hoy son descontados del recibo. Se trata de aliviar esa carga financiera tomada por los empleados públicos pero no a través de bancos, sino de otras entidades financieras y desde hace mucho tiempo", planteó.

Según adelantó, el gobierno trabaja en "líneas de financiamiento con plazos más extensos, con dos meses de gracia y con tasas promocionales".

Olivares reveló que "entre el 40 y 50% de los agentes públicos en general (tanto estatales como policías) tiene sus salarios afectados por los códigos de descuento por estas deudas financieras de las que hablamos".

Aclaró que la situación "es similar a la que se está dando en el resto del país, incluso en el sector privado", y enfatizó que la idea del gobierno provincial es "aliviar esa carga otorgando préstamos a tasas más bajas y con plazos más laxos".

Como cierre, Giorgina Orciani reivindicó "la política de escucha de la actual gestión", e insistió en remarcar "el gran nivel de desinformación" que predomina en las fuerzas y apuntó contra "quienes quieren desinformar y confundir . Nuestra idea es llevar claridad conceptual sobre los aumentos", concluyó.

Un disparo en la cabeza, efectuado con el arma reglamentaria de su pareja, terminó el miércoles 25 de febrero, cerca de las 19, con la vida de una mujer, de 24 años, en el interior de su vivienda de calle Hipólito Irigoyen al 1800, en barrio Las Mercedes de Recreo.

Por el hecho fue detenido un suboficial de la Policía de Acción Táctica, imputado por la Fiscalía como autor de un homicidio calificado por el uso de arma de fuego y en contexto de violencia de género (femicidio), hipótesis que se investiga a partir de los indicios recolectados en la escena y las primeras medidas periciales.

De acuerdo a fuentes oficiales, la central de emergencias comisionó a personal de la Comisaría 16ª de Recreo tras un alerta proveniente del propio efectivo policial. En esa comunicación, el uniformado habría manifestado que “había tocado el arma”.

Cuando los primeros móviles arribaron al domicilio, junto a una ambulancia local y personal del 107, ingresaron a la finca y encontraron a la joven en el baño, sin signos vitales. A un metro del cuerpo se observaba una ojiva que, en principio, sería calibre 9 milímetros.

Minutos después, la escena quedó bajo la órbita de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI). Se confirmó el secuestro de un proyectil y, desde el interior de un ropero, una pistola Bersa con su cargador y nueve cartuchos. El arma, reglamentaria y provista al policía, estaba encasquillada.

La fiscal de la causa, Dra. Escobar Cello, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS), ordenó la detención inmediata del suboficial. También dispuso la realización de dermotest en ambas manos, tanto del imputado como de la víctima, para determinar la presencia de residuos de disparo. En paralelo, se procedió al secuestro de los teléfonos celulares.

Trascendió además que otro suboficial, habría recibido mensajes de WhatsApp de la joven horas antes del hecho. Por esa razón, la fiscal ordenó su entrevista en carácter de testigo y la extracción de capturas de pantalla y textos vinculados a la causa.

Fuentes judiciales señalaron que no existirían denuncias previas por violencia entre la pareja. Sin embargo, la calificación legal provisoria es “homicidio calificado por el uso de arma de fuego y en contexto de género (femicidio)”, lo que agrava la situación procesal del imputado.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia, medida que permitirá precisar trayectoria del disparo, distancia y demás elementos técnicos que ayuden a reconstruir la mecánica.

Al momento del hecho, en la vivienda se encontraban los dos hijos de la pareja: un niño de 4 años y una niña de 2. Ambos quedaron al cuidado de un tío materno, con intervención del área de Familia.

La casa permanece bajo custodia policial, mientras continúan las diligencias ordenadas por la Fiscalía y la División Homicidios – Brigada de Femicidios.

Recreo amaneció conmovida. Una joven madre muerta. Un policía detenido. Y una investigación que recién empieza a develar lo que ocurrió puertas adentro de esa casa donde, minutos antes de las 19, todo cambió para siempre.

Un efectivo policial de 39 años falleció en San Carlos de Bariloche tras contraer hantavirus, lo que activó de inmediato el protocolo sanitario y el aislamiento preventivo de personas que tuvieron contacto estrecho con él. La situación generó preocupación en el ámbito sanitario y obligó a reforzar las tareas de investigación epidemiológica para determinar el posible foco de contagio.

El hombre se encontraba internado en el Hospital Ramón Carrillo, adonde había ingresado el sábado por la noche con fiebre y fuertes dolores musculares. En un primer momento su estado era estable y permanecía en cuidados intermedios, aunque los estudios de laboratorio realizados al ingreso arrojaron parámetros compatibles con hantavirus.

Con el correr de las horas, el cuadro clínico se agravó. El martes por la tarde sufrió una descompensación que requirió oxígeno, por lo que fue trasladado a la unidad de terapia intensiva. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado empeoró rápidamente y falleció.

Tras confirmarse el diagnóstico, el área de Epidemiología del hospital inició un relevamiento para reconstruir los movimientos del paciente y establecer el posible lugar de exposición al virus. En ese marco, se dispuso el aislamiento preventivo de personas que mantuvieron contacto estrecho con él, entre familiares y compañeros de trabajo, como medida de precaución.

Según explicaron desde el hospital, el objetivo es identificar el foco de contagio y evaluar si existen otros riesgos asociados que requieran acciones adicionales de prevención y control.

De acuerdo con la información recabada, el efectivo había realizado distintas actividades al aire libre en los meses previos. Entre ellas, una caminata por la zona de la cascada Santa Ana, en cercanías de la frontera con Chile, y una salida de pesca en Alicurá.

Los especialistas señalaron que la primera de estas áreas presenta mayor probabilidad de contagio debido a sus características ambientales, con vegetación tupida propia de la selva valdiviana y presencia de caña colihue, hábitat frecuente del ratón colilargo, principal transmisor del virus. En cambio, indicaron que la zona de estepa donde se realizó la actividad de pesca implica un riesgo menor.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda que se transmite principalmente por el contacto con secreciones de roedores silvestres infectados, ya sea por inhalación de partículas en el aire, contacto directo o a través de superficies contaminadas.

Los síntomas iniciales suelen confundirse con un cuadro gripal e incluyen fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas, náuseas, vómitos y malestar general. Con el avance de la enfermedad, puede aparecer dificultad respiratoria severa que deriva en el llamado síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una complicación grave que provoca falla respiratoria y cardíaca.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de la detección temprana y la consulta médica inmediata ante la aparición de síntomas, especialmente en personas que hayan estado en zonas de riesgo.

El Litoral.

Personal de la Brigada Motorizada intervino en las últimas horas ante un hecho contra la propiedad ocurrido en calle Constitución, en la ciudad de Rafaela.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos fueron comisionados tras una denuncia que advertía sobre el ingreso de una persona a una vivienda particular. Un vecino habría alertado a la propietaria que un individuo ingresó al domicilio y luego escapó por los techos.

Al arribar al lugar y realizar una verificación en la zona, los uniformados hallaron en el techo de una vivienda un bulto envuelto en una manta. En su interior se encontraba una escopeta doble caño, que fue reconocida por la damnificada como de su propiedad.

La mujer manifestó además que, al revisar el interior de la casa, constató la faltante de una notebook, elemento que hasta el momento no fue recuperado.

Los agentes procedieron al secuestro del arma de fuego y de la manta en la que estaba envuelta, trasladando los elementos a sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes. La investigación quedó a cargo de la dependencia interviniente, con el objetivo de identificar al autor del hecho.

Las autoridades levantaron el pase a disponibilidad de agentes sancionados y les pidieron regresar al trabajo en la calle. Economía garantizó que el personal con mayor carga horaria no cobrará menos que la canasta básica del Indec, en el marco de una recomposición salarial focalizada en los rangos subalternos.

Los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, brindaron este miércoles una actualización sobre la situación derivada del conflicto policial y anunciaron decisiones orientadas a normalizar el servicio, recomponer el vínculo con la fuerza y atender reclamos salariales considerados legítimos.

Cococcioni subrayó que, pese a la protesta, “la seguridad pública nunca se resintió” en ningún punto de la provincia. Según detalló, Rosario “recupera su normalidad operativa” y en la Unidad Regional II la operatividad se mantuvo en torno al 90 %, con todas las incidencias atendidas y sin hechos graves asociados al conflicto.

El ministro remarcó que el Gobierno de Santa Fe considera “válidos, aceptables y atendibles” los reclamos del personal y valoró la instancia de diálogo abierta este martes por la noche con representantes de la fuerza. En ese marco explicó el sentido de las medidas administrativas adoptadas previamente: el pase preventivo a disponibilidad “se tomó para ordenar el marco de la negociación y no como una sanción definitiva”.

Con ese objetivo cumplido y al haberse restablecido una interlocución, la Provincia levantó la disponibilidad y pidió el retorno inmediato al servicio. “A quienes fueron notificados de medidas administrativas les solicitamos que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reincorporen de manera inmediata al servicio ordinario de la Policía de Santa Fe. Esto implica que salen en lo inmediato de la situación preventiva en la que habían sido colocados”, precisó Cococcioni.

El funcionario reconoció que existe un personal muy resentido por la carga de trabajo y las tensiones de los últimos años, lo que exige una respuesta integral del Estado. Recordó además las políticas recientes de bienestar policial: refuerzo de programas de salud mental, mejoras económicas y beneficios en transporte y alojamiento.

“No hay ningún tipo de mella en el aprecio, el respeto y el agradecimiento que tenemos hacia nuestras fuerzas de seguridad. Si debemos hacer un esfuerzo mayor para reconocerlas de manera diferenciada respecto del resto de la administración pública, entendemos que es correcto. Gracias a su trabajo hoy podemos exhibir resultados en materia de seguridad valorados en todo el país”, sostuvo.

Garantía de ingreso y focalización salarial

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó la “alta dedicación y la elevada carga horaria” que caracteriza al personal policial y penitenciario, factores que -dijo- deben reflejarse en la estructura salarial.

En ese sentido anunció que todo el personal de escalafón general de seguridad y del servicio penitenciario con jornadas de 48 horas o más tendrá un ingreso no inferior a la canasta básica para un hogar tipo publicada mensualmente por el Indec.La medida implicará destinar mayores recursos provinciales con foco en los rangos subalternos, donde se concentran los salarios más bajos. “La prioridad es que ningún agente quede por debajo de la canasta básica y, a partir de allí, avanzar en una jerarquización del salario que reconozca que a mayor responsabilidad debe corresponder mayor remuneración”, concluyó Olivares.

EL LITORAL

El ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno Provincial, Pablo Cococcioni, encabezó este martes a las 8.30 una conferencia de prensa en la ciudad de Rosario, donde se refirió a los episodios ocurridos en las últimas horas, vinculados a protestas de personal policial y a situaciones que afectaron el normal despliegue preventivo en distintos puntos de la provincia.

En su exposición, el funcionario dejó en claro que el Gobierno reconoce la legitimidad de los reclamos vinculados a las condiciones laborales, pero advirtió que en ese contexto se produjeron hechos que excedieron cualquier marco legal. “Las necesidades y los problemas del personal de la policía de Santa Fe los compartimos, somos los primeros en destacarlos y en ponernos a trabajar con todas las herramientas a nuestro alcance”, sostuvo Cococcioni.

Sin embargo, según explicó el ministro, durante la noche del lunes y la madrugada del martes se detectaron maniobras que calificó como graves. “Sobre un reclamo cuyo fondo juzgamos legítimo y atendible, se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar, a partir de intereses particulares y sectoriales, acciones violentas y antijurídicas”, afirmó.

En ese marco, detalló que se intentó impedir la salida de móviles policiales para tareas de patrullaje y que varias unidades quedaron fuera de servicio. “En la ciudad de Rosario, no menos de veinte unidades fueron directamente paralizadas, puestas frente a la jefatura como lugar de protesta, y luego algunas de esas personas cometieron abandono de servicio”, señaló. Y agregó: “Dejaron los patrulleros parados y se retiraron, abandonando el servicio policial”.

Cococcioni remarcó que esas conductas tendrán consecuencias administrativas y judiciales. “Estas acciones son cruzar una línea que nosotros no vamos a consentir”, enfatizó. En ese sentido, confirmó que ya se iniciaron actuaciones formales. “Anoche mismo el jefe de Policía de la provincia comenzó a labrar las actuaciones administrativas, con todo nuestro respaldo”, indicó.

El ministro precisó que “no menos de veinte funcionarios policiales” fueron pasados a disponibilidad, con retiro de arma reglamentaria y chaleco antibala, y aclaró que el número podría ampliarse a medida que avancen las investigaciones. Además, informó que se trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público de la Acusación para analizar posibles delitos penales.

Durante la conferencia, Cococcioni fue más allá y apuntó contra determinados sectores internos. “Tenemos detectada gente allegada a sectores desplazados de la policía de Santa Fe, en algunos casos vinculados a gravísimos delitos de corrupción, cuyos perpetradores hoy están privados de libertad”, afirmó. Y advirtió: “Utilizar a la institución policial y a sus funcionarios para minar la política de seguridad que tanto trabajo nos costó poner en orden, no lo vamos a dejar pasar”.

El ministro reconoció que la situación generó dificultades operativas, aunque aseguró que el servicio se mantiene. “Hoy el patrullaje se está sosteniendo, no con normalidad, con esfuerzos, pero se está sosteniendo”, explicó. No obstante, advirtió sobre los riesgos: “Que no menos de veinte unidades abandonen su servicio eleva objetivamente los niveles de riesgo y puede acarrear responsabilidad penal si ocurriera un delito que no pudo ser evitado”.

Finalmente, Cococcioni reiteró la disposición del Gobierno al diálogo, pero marcó un límite infranqueable. “Estamos dispuestos a dialogar todo lo que tenga que ver con mejorar las condiciones de trabajo y organizar mejor la jornada laboral”, afirmó. Sin embargo, subrayó: “No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública de los habitantes de la provincia de Santa Fe”.

En ese cierre, defendió la estrategia oficial en materia de seguridad. “Le guste a quien le guste, esta es una política de seguridad exitosa, que está bajando el delito y la violencia en Rosario y en toda la provincia”, concluyó.

Un confuso episodio se registró en la madrugada del domingo en la ciudad de San Cristóbal, cuando personal del Comando Radioeléctrico intervino tras recibir alertas por desorden en la vía pública y presuntas detonaciones de arma de fuego.

El hecho tuvo lugar en calle Piedras al 1500. De acuerdo al relato de personas presentes en el lugar, un automóvil se habría detenido en inmediaciones del domicilio y uno de sus ocupantes habría efectuado disparos al aire. Minutos después, otras personas se aproximaron a la vivienda y comenzaron a arrojar elementos contundentes contra integrantes de una familia que se encontraba en la vereda.

En un primer momento se informó que un hombre de 28 años habría resultado lesionado tras ser impactado por un ladrillo. Sin embargo, el propio involucrado negó posteriormente haber sufrido heridas y rechazó la asistencia médica.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó el relevamiento de la escena. Además, se iniciaron tareas de análisis de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

El Gobierno de Santa Fe tiene a la seguridad como prioridad central de su gestión y, en ese marco, sumó ahora la puesta en marcha de un plan integral para las fuerzas de seguridad destinado a mejorar de manera sustancial las condiciones laborales y de vida de la Policía provincial. 

La iniciativa se  desarrolla con “diálogo permanente y perfeccionamiento continuo, sin escatimar recursos”, remarcó este viernes el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni y se articula en cuatro ejes:

Mejoras económicas

En el plano sanitario, la Provincia puso en marcha un programa de cobertura integral de salud mental sin costo ni coseguro para los efectivos que adhieran. El esquema incluye atención profesional, provisión de medicamentos y acompañamiento al grupo familiar, bajo la premisa de que la labor policial impacta también en el entorno cercano.

El Gobierno garantizará alojamiento gratuito en Rosario y Santa Fe para efectivos con residencia en otras localidades, en condiciones equivalentes a las que hoy reciben las fuerzas federales desplegadas en la provincia. 

Asimismo, el ministro ratificó “la decisión política del gobernador de lanzar un programa de apoyo al alquiler en el lugar de destino”. Según explicó, “en vez de financiar traslados diarios, preferimos apoyar el alquiler y garantizar que el policía pueda descansar adecuadamente donde presta servicio”.

Para quienes no puedan radicarse mediante un alquiler, la Provincia ofrecerá alojamiento en hoteles o instalaciones adecuadas en el lugar de destino, con un esquema similar al que ya se aplica para las fuerzas federales en Rosario.

Finalmente, se ampliará el transporte gratuito para el personal policial, con más destinos y mayores frecuencias, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y gastos de bolsillo.“Pasamos de seis a doce colectivos para el traslado del personal, con una inversión mensual de 1.000 millones de pesos, y sumaremos nuevas líneas si la demanda lo requiere en cada zona”, precisó Cococcioni.

Una rápida y decisiva intervención policial permitió salvar la vida de un recién nacido en la ciudad de Rosario. La protagonista fue Candela Hernández, una joven agente con apenas un año de servicio en la Brigada de Orden Urbano (BOU), quien logró reanimar al bebé mediante maniobras de RCP luego de que naciera sin signos vitales.

El hecho ocurrió durante el fin de semana en una vivienda humilde de pasaje Paraná al 1100. Candela estaba finalizando su guardia nocturna cuando, cerca de las 7 de la mañana, fue comisionada junto a su compañero por una emergencia médica informada al 911.

Al llegar al domicilio, un hombre en estado de desesperación les indicó que su pareja había tenido lo que creían era un aborto, pero que el bebé presentaba signos de vida. Mientras su compañero solicitaba una ambulancia, la agente ingresó de inmediato a la casa.

En el baño encontró a la mujer en estado de shock, con el recién nacido en brazos. “Estaba morado, no lloraba y no respiraba”, relató luego la policía. Al tomar al bebé, advirtió que tenía el cordón umbilical enrollado en el cuello, lo que le había provocado asfixia.

Sin perder tiempo, Candela acomodó el cordón y comenzó con maniobras de reanimación y estimulación, hasta que el recién nacido reaccionó. “Fueron segundos muy largos, hasta que finalmente lloró y empezó a respirar”, recordó.

Una vez estabilizado, la madre pudo explicar lo sucedido: no sabía que estaba embarazada. Según contó, había tenido fuertes dolores abdominales durante la noche y, al levantarse, dio a luz sin controles médicos previos. El embarazo estaba a término.

Minutos después llegó personal del SIES, se realizó el corte del cordón y madre e hijo fueron trasladados a la Maternidad Martín, donde ambos quedaron internados en observación. Horas más tarde, la agente regresó al hospital y confirmó que el bebé se encontraba en buen estado de salud.

Durante la charla con la madre, surgió incluso el nombre del recién nacido: Elías, en homenaje al compañero de patrulla de Candela. Para la joven policía, la experiencia fue profundamente movilizadora. “Fue una mezcla de adrenalina y emoción. Terminé la guardia cansada, pero con una felicidad enorme”, expresó.

El episodio puso en valor la formación, la vocación y la capacidad de respuesta del personal policial ante situaciones críticas, donde cada segundo resulta determinante.

Un episodio de extrema tensión se registró durante la madrugada en un hotel ubicado en Uruguay 3200, jurisdicción de la Comisaría 2da de Santa Fe, donde una mujer provocó destrozos en el interior del establecimiento, se enfrentó con la policía y terminó detenida tras un operativo del Comando Radioeléctrico.

El procedimiento se activó a partir de un llamado a la Central de Emergencias 911, que alertaba sobre daños y disturbios en el lugar.

Al arribar al inmueble, los efectivos entrevistaron a la encargada del hotel, una mujer de 54 años, quien relató que una huésped —disconforme con el servicio recibido— comenzó a comportarse de manera agresiva.

Según el testimonio, la mujer ocasionó daños en distintos bienes del establecimiento, arrojando objetos y dinero, generando temor entre el personal y obligando a solicitar asistencia policial.

Ante la situación descripta, el personal policial procedió a la aprehensión de una mujer de 39 años, señalada como la autora de los destrozos. Lejos de calmarse, la implicada continuó con una actitud hostil durante la evaluación médica, profiriendo insultos y negándose a colaborar con los efectivos.

La tensión escaló rápidamente y fue necesario solicitar el apoyo de otra unidad policial.

Con refuerzos en el lugar, la mujer fue trasladada a una dependencia policial. Sin embargo, el conflicto no terminó allí: al momento de ingresar, se resistió al procedimiento, manteniendo una conducta violenta hacia el personal actuante.

Finalmente, la situación fue controlada y se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente.

Las actuaciones fueron labradas por daños a bienes privados y resistencia a la autoridad, quedando la detenida a disposición de la Justicia, que deberá definir su situación procesal en las próximas horas.

El Litoral

En los últimos dos meses, casi 5.000 ciudadanos extranjeros fueron expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados de Argentina, de acuerdo a datos oficiales difundidos por el Ministerio de Seguridad. La información fue confirmada por la ministra Alejandra Monteoliva, quien aseguró que se trata de cifras récord en materia de controles migratorios.

Según detalló la funcionaria, durante diciembre se registraron 2.400 casos, mientras que en lo que va de enero se sumaron 2.300 procedimientos similares. Las cifras incluyen expulsiones del territorio nacional, rechazos de ingreso en fronteras y acciones vinculadas a personas con antecedentes penales o situación migratoria irregular.

Monteoliva vinculó estos números con el refuerzo de los controles en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, y remarcó que la política del Gobierno apunta a impedir el ingreso o la permanencia de extranjeros involucrados en delitos. A través de la red social X, sostuvo que quienes tengan antecedentes penales, cometan delitos o permanezcan de manera ilegal “deben abandonar el país”.

Durante el último fin de semana, se llevaron a cabo operativos migratorios en el conurbano bonaerense, con intervenciones en ferias y espacios comerciales. En el partido de La Matanza, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina realizaron controles en una feria de Villa Celina.

En ese procedimiento se identificaron 458 personas, de las cuales 369 eran extranjeras. Mediante el uso de sistemas biométricos y consultas en bases de datos oficiales, se constató que 16 ciudadanos residían en el país de manera irregular, por lo que fueron intimados a regularizar su situación migratoria.

El operativo también permitió detectar infracciones a la Ley de Marcas y la venta de teléfonos celulares denunciados como robados. Como resultado, se secuestraron celulares y prendas apócrifas, y se dispuso la detención de cuatro personas de nacionalidad boliviana, que quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que la intensificación de los controles migratorios y la incorporación de nuevas tecnologías de identificación permitieron alcanzar estos resultados en un corto período de tiempo. El Gobierno sostiene que la estrategia busca garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias y reforzar la seguridad interna, tanto en los puntos de ingreso al país como en zonas urbanas.

Un episodio confuso alteró la rutina del microcentro santafesino este miércoles, cuando una mujer se llevó el auto de su pareja tras una discusión y terminó embistiendo a un policía en inmediaciones de Tucumán y San Martín.

De acuerdo a los primeros datos, el hecho se desencadenó luego de un entredicho entre la pareja. En ese contexto, la mujer habría tomado el vehículo y se alejó del lugar, hasta que se produjo el impacto que dejó herido al efectivo.

El siniestro ocurrió en un punto de alto tránsito, por lo que la situación generó sorpresa entre peatones y automovilistas que circulaban por el sector.

Personal policial y de emergencias intervino rápidamente en la escena para asistir al uniformado y ordenar la circulación en la zona, mientras se intentaba reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

Según fuentes policiales, el procedimiento terminó con tres personas aprehendidas y una policía terminó con la fractura de un tobillo durante el operativo. Todos los involucrados fueron trasladados a la Comisaría 2da, donde se realizaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Justicia.

La Policía de la Unidad Regional V informó oficialmente este 21 de enero que quedó sin efecto el pedido de paradero del hombre identificado con las iniciales C. A. V., quien era intensamente buscado en la ciudad de Rafaela.

Según el parte policial, el pedido fue dejado sin efecto por “habido”, confirmándose que la persona fue localizada luego de varios días sin novedades. De esta manera, se dio por finalizado el requerimiento que se encontraba vigente desde la semana pasada.

El pedido de paradero había sido radicado el 15 de enero de 2026 ante la Comisaría N.º 13 de Rafaela, luego de que un hombre se presentara solicitando información sobre el paradero del masculino de 43 años.

De acuerdo a los datos difundidos en ese momento, al ser visto por última vez, vestía una remera gris, pantalón y botines de trabajo, y se movilizaba en una bicicleta marca SLP de color gris.

Con la confirmación oficial de que fue hallado, la Policía dio por concluido el operativo de búsqueda y dejó sin efecto el pedido de paradero vigente. 

Un grave siniestro vial con resultado fatal ocurrió el pasado sábado sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del Polo Club La Cañada, en la localidad bonaerense de Open Door. En el hecho perdió la vida Vanesa Escalante, una mujer oriunda de General Rodríguez, luego de que un policía federal que conducía alcoholizado se cruzara de carril e impactara de frente contra el vehículo en el que viajaba junto a su familia.

BORRACHO, UN JEFE DE LA FEDERAL MATÓ Y UN JUEZ LO LIBERÓ PORQUE ERA “DESPROPORCIONADO”El jefe policial Gastón Montepeloso dio 0,48 de alcoholemia, cruzó de carril en la ruta 6 y mató a Vanesa Escalante, de 36 años. El juez de Garantías de Luján, Luis Marcelo Giacoia, rechazó… pic.twitter.com/IDsNV0mQSb

El conductor imputado fue identificado como Maximiliano Gastón Montepeloso, efectivo de la Policía Federal Argentina, quien manejaba un Honda Civic en sentido Luján–Cañuelas. Por causas que son materia de investigación, el automóvil perdió el control, atravesó la zanja divisoria e impactó de frente contra un Chevrolet Prisma.

Como consecuencia del violento choque, Escalante murió en el acto, mientras que su pareja, Marcelo Emmi (38), y la hija de ambos, Milagros (15), resultaron con lesiones y debieron ser rescatados por Bomberos y trasladados de urgencia a un centro de salud. Montepeloso y su pareja, que viajaba como acompañante, también fueron derivados al Hospital Zonal de Luján.

Según informaron fuentes judiciales, el test de alcoholemia arrojó 0,48 gramos de alcohol por litro de sangre, valor que excede el permitido por la normativa vigente. Por este motivo, la fiscal Mariana Suárez, a cargo de la UFI N.º 9 Descentralizada de Luján, dispuso la aprehensión del efectivo y lo imputó por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente, además de lesiones culposas, en concurso real.

Sin embargo, este martes, el juez de Garantías Luis Marcelo Giacoia rechazó el pedido fiscal para convertir la aprehensión en detención. En su resolución, el magistrado consideró que mantener privado de la libertad al imputado “excede los límites legales” y resulta “desproporcionado”, por lo que ordenó su inmediata libertad, mientras continúa el proceso judicial.

Pese a la liberación, Montepeloso quedó sujeto a medidas restrictivas: fijación de domicilio, obligación de presentarse ante cada citación judicial, retención de la licencia de conducir, prohibición de manejar vehículos y prohibición de contacto con las víctimas y sus familiares.

Desde la Policía Federal Argentina confirmaron además que el imputado —quien se desempeñaba como jefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Rafaela— fue pasado a disponibilidad y se le inició un sumario administrativo interno para el esclarecimiento del hecho y la eventual evaluación de responsabilidades disciplinarias.

El caso generó fuerte repercusión y cuestionamientos por la decisión judicial, mientras la investigación penal continúa su curso.