Dos episodios de extrema gravedad, ocurridos durante el fin de semana, colocaron bajo la lupa a la Policía de Santa Fe. Uno de los hechos se originó en una base del Comando Radioeléctrico, donde hallaron estupefacientes dentro de un móvil oficial. El otro derivó en la detención de tres efectivos por un supuesto pedido de coima para la restitución de una motocicleta.

Ambos casos son investigados por Asuntos Internos y la Justicia provincial.

El primero de los hechos se registró en el predio ubicado sobre avenida Galicia al 2300, en barrio Villa María Selva. Allí, durante un relevo de guardia, personal policial detectó elementos fuera de lo habitual en el interior de un patrullero.

Tras dar aviso a las autoridades, se activaron los protocolos de rigor y se procedió al secuestro de 28 envoltorios de papel satinado que contenían cocaína. Además, se incautaron dos paquetes de nylon con la misma sustancia y un envoltorio con marihuana.

Dentro del vehículo también se encontró una balanza digital de precisión y un arma de fuego, elementos incompatibles con el equipamiento regular de un móvil policial.

La causa quedó en manos del fiscal Ezequiel Hernández, mientras que la División de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, a través de la Policía de Investigaciones (Región 1), lleva adelante las tareas periciales. Por el momento no hay detenidos, y la investigación se centra en determinar cómo ese material llegó al patrullero y si hubo participación de efectivos.

El segundo episodio tuvo como escenario la Seccional 8ª, ubicada en General Paz al 7300, y derivó en el relevo del jefe y subjefe de la dependencia, además de la detención de tres uniformados.

Según fuentes del caso, la situación se inició el viernes cuando un hombre se presentó en la dependencia para recuperar una motocicleta previamente secuestrada. De acuerdo con su denuncia, los policías le habrían exigido dinero a cambio de concretar el trámite.

La intervención de Asuntos Internos resultó clave. Tras recibir la denuncia, se implementó una entrega controlada con billetes previamente marcados. Horas más tarde, ese dinero habría sido recibido por los efectivos involucrados, lo que motivó su inmediata aprehensión.

El procedimiento también incluyó el desplazamiento de las máximas autoridades de la comisaría, mientras la investigación avanza para determinar responsabilidades y eventuales implicancias.

Ambos casos generaron fuerte impacto dentro de la fuerza y abrieron interrogantes sobre los controles internos en la estructura policial santafesina.

El Litoral

Efectivos de la Policía de Santa Fe intervinieron en un caso de violencia de género ocurrido en zona sur de la ciudad de Rosario. Lo hicieron a través de la utilización de pistola Taser, arma de baja letalidad que incorporó el Gobierno Provincial para casos que requieran el uso gradual de la fuerza. Fue en la noche del viernes pasado, cuando agentes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II aprehendieron a un hombre de 32 años que los amenazaba con arrojarles una viga de construcción.

El hecho se produjo el pasado viernes alrededor de las 23.30 en un domicilio de Lavalle al 4100. La víctima convocó a la Policía y manifestó que su pareja se encontraba en estado de agresividad, exhibiendo un cuchillo tipo carnicero por la ventana del inmueble. Desde la Central 911 solicitaron un operador de pistola Taser para ejercer un uso gradual de la fuerza y reducir al agresor.

Habiendo ingresado a la planta alta de la vivienda, agentes policiales se encontraron con el hombre de 32 años, que esgrimía una pesada viga entre sus brazos, por lo que un suboficial decidió realizar el despliegue con arma de baja letalidad, para inmovilizar al agresor y colocarle las esposas de seguridad. 

Personal policial procedió al secuestro de un cuchillo tipo carnicero y una viga de hormigón de 80 centímetros de largo. El agresor, identificado como Brian M. de 32 años, fue trasladado en calidad de aprehendido a seccional 21ª de la URII.

El director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, brindó una conferencia de prensa en la que ofreció detalles de un operativo que incluyó una decena de allanamientos realizados este miércoles en domicilios los barrios Transporte y Los Ángeles de la ciudad de Santa Fe, en los que se detuvo a cuatro personas y se secuestraron armas de fuego y estupefacientes.

Durante la rueda de prensa, realizada en la sede ministerial y acompañado por la jefa de Distrito de la Policía de Investigaciones (PDI), Lilia Britos, el funcionario explicó que la investigación está vinculada a delitos contra la seguridad pública, tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil y robos calificados reiterados ocurridos en distintas localidades de la provincia, y que todas estas causas están relacionadas.

“El resultado de los allanamientos es altamente positivo, con el secuestro de material que va a servir para la continuidad de la investigación”, aseguró Galfrascoli, quien mencionó que se trata de “una investigación compleja” en la que vieron involucradas las “las unidades fiscales de Rosario, Esperanza y Santa Fe (del Ministerio Público de la Acusación -MPA-), y cuatro equipos de la Policía de Investigaciones” (PDI).

En ese sentido, indicó que “las causas están relacionadas con hechos ocurridos en Laguna Paiva, Esperanza, Santa Fe y Rosario”, y recordó que días atrás hubo otros procedimientos que, a su vez, “dieron lugar a estos allanamientos que tienen que ver con una investigación realizada de antemano por nuestra policía, y que se fue concatenando con otras investigaciones que las unidades policiales de PDI de distintos lugares estaban llevando adelante”. Asimismo, hizo mención a que los allanamientos realizados en Santa Fe “implican presuntivamente que el eje territorial de esta organización ilícita” se encuentra en la capital provincial.

Finalmente, Galfrascoli destacó que con estos procedimientos “hemos sacado de circulación de la ciudad de Santa Fe una cantidad importante de armas de fuego, material estupefaciente, y también lo relacionado con el juego ilegal ligado a los animales de riña, que genera un importante movimiento clandestino de dinero y violencia”, en tanto que hay cuatro personas detenidas “que ya están a disposición de la Justicia”.

Armas y drogas

La investigación dio inicio el 21 de enero pasado cuando, a partir de una iniciativa de oficio de la PDI, se detectó a una persona que se exhibía en redes sociales portando distintas armas de fuego y grandes sumas de dinero. Se lo identificó, se obtuvieron registros de las publicaciones en redes sociales, y se pudo conocer que esta persona junto a otros estaba involucrado en reiterados hechos de robo en Rosario y Esperanza, por lo que la investigación se fue concatenando con otras que ya estaban en marcha.

Estas tareas permitieron ubicar el domicilio del imputado así como su dinámica de desplazamiento y otros lugares de permanencia y ocultamiento de los elementos de interés para investigación.

Durante los allanamientos se secuestró vestimenta utilizada en los robos cometidos en Esperanza; varios gallos de riña; 152 gramos de cocaína; una caja fuerte; una balanza electrónica con vestigios de cocaína; varios teléfonos celulares; un revólver calibre 22; seis cartuchos del mismo calibre; dos escopetas calibre 12/70; y varios cartuchos calibre 12/70 y AT.

También se halló documentación en formato papel, motocicletas, elementos de uso en motociclismo y prendas de vestir; en tanto que en uno de los allanamientos, efectuado en una propiedad ubicada en calle Europa al 8300, se encontraron dos granadas (lo que motivó la presencia de la Brigada de Explosivos), un pistola 9 mm, una carabina, y varios cartuchos de diferentes calibres.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves la entrega de 50 camionetas 0 km destinadas al Servicio Penitenciario, en un acto realizado en la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero. Las unidades forman parte de los 720 móviles adquiridos por la Provincia en 2025 en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.

La incorporación de estos vehículos refuerza la capacidad operativa del sistema penitenciario y se inscribe en la estrategia de fortalecimiento institucional que, según el Gobierno provincial, contribuyó a una baja histórica de la violencia en todo el territorio.

Durante el acto, Pullaro estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani; la presidenta comunal de Piñero, Carina Gaspari; autoridades provinciales y la plana mayor del Servicio Penitenciario y de la Policía de Santa Fe.

El gobernador destacó el trabajo conjunto del Servicio Penitenciario y la Policía al señalar que lograron “algo que en la provincia y en la República Argentina parecía impensado: reducir los niveles de delito y de violencia”.

Recordó que, años atrás, ciudades como Rosario y Santa Fe vivían bajo niveles extremos de violencia y que el Ejecutivo decidió intervenir con un plan integral de seguridad pública.

Con cifras concretas, Pullaro sostuvo que “en lo que va de 2026 se registran 16 homicidios en toda la provincia, frente a los 86 contabilizados en el mismo período de 2023”, y atribuyó esa reducción a “una política pública muy clara”.

El mandatario subrayó además que el ordenamiento del sistema penitenciario fue un eje central de la estrategia: “Entendimos que poniendo orden en las cárceles íbamos a poner orden en la calle, y estamos empezando a lograr esos objetivos”.

En ese sentido, advirtió que quienes intenten cometer delitos desde prisión “no lo van a poder hacer”.

El ministro Cococcioni afirmó que “los tiempos han cambiado” y existe una decisión firme de que las instituciones de seguridad cumplan estrictamente su función.

Explicó que las camionetas “serán utilizadas para preservar el orden penitenciario y la seguridad de todos los santafesinos”, y destacó que la compra unificada para todas las fuerzas permitió optimizar recursos públicos.

También remarcó que se trata de una entrega sin precedentes por su magnitud y que fue posible gracias al ordenamiento de las cuentas provinciales.

“Para nosotros no hay nada por encima de la seguridad, del bienestar de la gente y del funcionamiento del sistema penitenciario y policial”, concluyó.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, señaló que la incorporación de los móviles representa una decisión política de respaldo al personal penitenciario que trabaja en contextos complejos y de alto riesgo.

Indicó además que la Provincia viene realizando inversiones en infraestructura, equipamiento, armamento, chalecos y modernización de los mecanismos de trabajo. “La seguridad no es improvisación: es una tarea permanente basada en decisiones sostenidas”, afirmó.

Las camionetas entregadas -marca Chevrolet, modelo Montana- cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados, rejas de protección para luces, pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores. Están totalmente equipadas para tareas operativas dentro del sistema penitenciario.

Los vehículos integran el plan de renovación de la flota de seguridad provincial, orientado a fortalecer el control penitenciario y consolidar la política pública de reducción de la violencia.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, entregó este lunes el equipamiento reglamentario a 811 suboficiales de policía egresados de la cohorte 2024-2025 de la Escuela de Policía del Instituto de Seguridad Pública (ISEP). Con esta provisión, los nuevos efectivos quedaron formalmente incorporados al servicio y serán destinados a distintos puntos del territorio santafesino.

El equipamiento entregado a estrenar comprende una pistola Bersa 9 mm de doble acción como arma reglamentaria, chaleco balístico y uniforme de fajina completo. La inversión total asciende a $ 33.000 millones, destinada a garantizar que los agentes inicien sus funciones con los elementos esenciales de protección y trabajo.

Durante el acto, realizado en la sede del ISEP en la ciudad de Recreo, el director de Formación para la Seguridad y Gestión de Carrera, Federico Zingerling, subrayó que “por primera vez estos suboficiales que recién egresan salen a trabajar sin gastar ni un centavo, con todo el equipo completo”. Detalló además que la inversión provincial incluyó $ 20.000 millones en uniformes, $ 2.000 millones en armamento y $ 11.000 millones en chalecos balísticos. Asimismo, los egresados quedaron formalmente afiliados a la obra social Iapos.

El funcionario indicó que los efectivos están en condiciones de iniciar sus tareas de inmediato, y precisó que el destino de cada suboficial será definido por el ministro de Justicia y Seguridad en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública.

Los policías egresados, de entre 18 y 28 años y provenientes de distintas localidades de la provincia, cursaron su formación bajo un nuevo régimen de internado impulsado por el Gobierno santafesino. El sistema establece permanencia de lunes a viernes dentro del instituto, favoreciendo una mayor integración entre docentes e instructores y una preparación más ajustada a las exigencias del servicio policial.

En ese marco, Zingerling destacó que para implementar este régimen también se ejecutaron obras de infraestructura en el ISEP, incluyendo mejoras en los sistemas de cloacas, provisión de agua y reacondicionamiento edilicio. “Se acondicionaron las instalaciones para el bienestar de los cadetes y para garantizar condiciones adecuadas durante su estadía”, concluyó.

En la mañana de este viernes, representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, junto al Jefe de la Unidad Regional V, brindaron una conferencia de prensa para informar los avances en la investigación del homicidio ocurrido ayer por la tarde en el Barrio 2 de Abril.

El hecho se registró alrededor de las 17:00 horas en la intersección de las calles Cortázar y Funes. Según el relato oficial, un llamado al 911 alertó sobre una persona caída en la vía pública. Gracias a que un móvil policial se encontraba patrullando a escasos 200 metros, la intervención fue inmediata. Al llegar, los efectivos y el servicio de emergencias constataron el fallecimiento de *Lucas Suárez, un joven de 22 años*.

Bajo las directivas del fiscal Dr. Soria, se desplegó un rápido operativo que culminó con la detención de dos personas: un mayor y un menor de edad. Según indicaron las autoridades, ambos tendrían conflictos de "largo tiempo" con la víctima, vinculados a disputas entre familias y situaciones de criminalidad en la zona.

Durante los allanamientos realizados tras el crimen, la policía logró el secuestro de un arma de fuego, la cual habría sido arrojada en un domicilio lindante a los procedimientos y que sería la utilizada para terminar con la vida de Suárez. "Los responsables directos están identificados y a disposición de la justicia", afirmaron desde el Ministerio.

Ante la consulta sobre la seguridad en el barrio, las autoridades explicaron que, si bien se han eliminado los puestos fijos de custodia por disposición provincial, se ha ordenado un refuerzo inmediato del patrullaje preventivo para evitar posibles represalias o nuevas incidencias entre las familias involucradas.

"Es una zona donde estábamos trabajando especialmente. A pesar de tener personal desplegado cerca, la dinámica del hecho —donde los agresores vieron a la víctima y dispararon de inmediato— hizo imposible evitarlo en el momento", explicaron.

Con el asesinato de Lucas Suárez, la ciudad de Rafaela cierra el año 2025 con cinco homicidios, tres de ellos ocurridos en el último tramo del año.

El Gobierno de Santa Fe encabezó este viernes el acto de egreso de 817 auxiliares en seguridad correspondientes a la promoción 2024-2025 de la Escuela de Policía del Instituto de Seguridad Pública (Isep). La ceremonia se desarrolló en el estadio cubierto “Ángel Malvicino” del Club Atlético Unión, en la ciudad de Santa Fe, y marcó el cierre de una etapa clave en la formación de nuevos integrantes de la Policía provincial, que comenzarán a incorporarse al patrullaje en distintos puntos del territorio.

Los egresados forman parte de los 1.100 cadetes que ingresaron al Isep en dos instancias -febrero y mayo de 2024- y realizaron su cursado en las sedes de Recreo y Rosario. La cohorte está integrada por 420 mujeres y 397 varones, quienes completaron un plan de estudios compuesto por 28 materias académicas y operativas, orientadas a una formación integral para el desempeño en tareas de seguridad pública.

Desde este año, la carrera se dicta bajo un régimen de internado. Tras tres años de servicio como suboficiales de Policía, los agentes podrán acceder al tercer año de formación y obtener el título de Técnicos Superiores en Seguridad Pública y Ciudadana, en el marco de un esquema de capacitación continua.

Durante el acto, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, subrayó que los nuevos egresados “son el resultado del esfuerzo y del compromiso que el Gobierno provincial sostiene para que cada vez más mujeres y hombres se pongan al servicio de la ciudadanía y cuiden a los santafesinos”. En ese sentido, remarcó que el objetivo central es “contar con una fuerza de seguridad más profesionalizada y preparada, acorde a las demandas de una sociedad cada vez más compleja, diversa y exigente”.

En la misma línea, el secretario de Seguridad, Omar Pereira, expresó su “orgullo y satisfacción” por el ingreso de nuevos efectivos a la Policía de Santa Fe. Destacó que se trata de jóvenes que inician su carrera “con nuevas herramientas, objetivos y lineamientos”, y afirmó que este proceso “consolida un modelo de seguridad que tiene como base la capacitación, la formación y la educación”.

La actividad contó además con la presencia de la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; la diputada nacional Gisela Scaglia; el fiscal regional Jorge Nessier; el secretario de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo; el jefe de Policía de la provincia, Luis Maldonado; el subjefe Daniel Filcher; el director general del Isep, Mario Goyenechea; además de intendentes y presidentes comunales.

Al dirigirse a los egresados, Scaglia afirmó que eligieron “una vocación que habla de servicio, honor y cuidado del otro”, y recordó que, en momentos críticos, la Policía de Santa Fe “arriesgó todo para devolver la paz y la seguridad a la provincia”, un compromiso que señaló como ejemplo para los nuevos agentes.

Por su parte, el jefe de Policía, Luis Maldonado, instó a los flamantes auxiliares a guiar su labor por tres principios fundamentales: la legalidad, el profesionalismo y el trabajo en equipo. Asimismo, los exhortó a mantener siempre un trato respetuoso con la sociedad.

El director del Isep, Mario Goyenechea, sostuvo que con este egreso “comienza la misión más trascendente en la vida de los cadetes: servir y proteger a la comunidad santafesina”, y destacó la conducción y la visión estratégica del Gobierno provincial para fortalecer y modernizar de manera sostenida la formación policial.

En representación de los egresados, Julio Vivas señaló que el uniforme “no solo representa una insignia, sino meses de sacrificio, crecimiento y hermandad”, y aseguró que la escuela “no solo enseñó tácticas y leyes, sino que forjó el carácter”, preparando a los nuevos agentes para ejercer la autoridad “con amabilidad, respeto y ejemplo hacia los ciudadanos”.

El Litoral

Durante la madrugada del martes, sobre la Ruta Nacional 8, efectivos del Escuadrón de Operaciones Antidrogas de Gendarmería Nacional observaron las maniobras del conductor de una camioneta Ford Ranger qué al percatarse de la presencia del control de la Fuerza, el ciudadano giró en “U” e intentó darse a la fuga.

Inmediatamente, los gendarmes emplearon un seguimiento que culminó cuando el involucrado colisionó vehículo con otro que estaba estacionado en un domicilio.

En ese momento, los agentes federales constataron que la persona que intentó huir había dado datos falsos acerca de su identidad y que en realidad era el líder de una organización narcocriminal dedicada al bombardeo aéreo de cocaína en avionetas. Uno de los más buscados por la provincia de Santa Fe, con una recompensa millonaria.

Además, tenía vínculos con procedimiento que Gendarmería encabezó en octubre del año pasado en la provincia de Santa Fe, el cual fue el hincapié para seguir investigando la estructura de la organización por parte del personal de la Sección Antidrogas “Rosario”.

Al momento de la inspección de la camioneta, los uniformados observaron una gran cantidad de bultos que estaban distribuidos en la caja. Luego, se contabilizó un total de 887 paquetes que mediante la prueba de campo Narcotest dio como resultado positivo para cocaína con un peso de 956 kilos 986 gramos.

Además, dentro del rodado se hallaron cintas refractarias, reflectores, liquido para antorchas, tres celulares y dinero en efectivo.

Intervino en la causa la Fiscalía Federal de Rosario, que autorizó el traslado del procedimiento al asiento de la Unidad para continuar con las diligencias pertinentes y como así también, ordenó que el involucrado quede detenido.

A raíz de ese procedimiento, por disposición del Juzgado Federal de Garantías a cargo de Carlos Vera Barros, de Procuraduria de Nacocriminalidad Regional NEA, y de la oficina Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigación de casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, se realizaron 21 allanamientos en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe.

Como resultado de las inspecciones, se detuvieron a tres personas y se decomisaron armas, municiones, dispositivos tecnológicos, dinero en efectivo, vehículos y documentación de interés para la causa.

El gobierno santafesino había ofrecido una recompensa de 40 millones de pesos por datos que permitieran dar con Bilbao, quien estaba prófugo desde octubre de 2023. Su hermano Waldo había sido arrestado en septiembre pasado en un departamento del barrio Martín, en Rosario.

Hasta el mes de septiembre de 2025 y desde el primero de enero, hubo en total 597 mil incidencias o llamados al servicio de emergencias del 911 que demandan una veloz respuesta de la Policía. De esa cifra aproximadamente un tercio, 215 mil, provienen de sistemas de alarmas provistas a los hogares por empresas privadas. Y de ellas, apenas el 2% "dieron positivo".

Al resumen lo escucharon con atención un grupo de senadores provinciales del radicalismo encabezados por el presidente provisional de la Cámara alta, Felipe Michlig y el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo Borla. También, una parte de los integrantes del bloque opositor del PJ, entre ellos Armando Traferri.

El primero y el último de los mencionados son el presidente y vicepresidente de la Comisión de Seguridad Pública donde se encuentra un proyecto de ley para regular a los servicios y agencias privadas en este rubro, del diputado socialista Rubén Galassi que fue especialmente invitado a la reunión, para acordar cambios en su propuesta.

Básicamente, como se informó días atrás, se busca incorporar un nuevo capítulo que crea un protocolo de actuación obligatorio para que sean las propias empresas de seguridad privada quienes (con sus recursos) chequeen las llamadas que hoy -en algunos servicios- automáticamente se disparan al 911, sin más.

En pocas palabras, que con las agencias privadas de seguridad, el procedimiento sea igual al que tiene lugar con cualquier ciudadano que llama. Un operador del 911 chequea previamente y luego se envía esa información a los móviles policiales para su pronta respuesta. Y obviamente deben ser las propias proveedoras del sistema quienes tomen esa tarea.

"Hoy destinamos un tercio de las salidas de móviles a atender alarmas que, cuando llegamos con el patrullero cargado con dos agentes, se comprueba que son sencillamente errores de funcionamiento o situaciones accidentales que hicieron sonar la alarma" y causaron la llamada al 911. "Son falsas alarmas las que vienen de las agencias en un 98% de los casos y queremos corregir eso", dijo a los legisladores el subsecretario de Análisis Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Tanto para atender correctamente los 4 mil casos reales de alarmas privadas como los restantes dos tercios de pedidos de auxilio al 911 la disponibilidad de los recursos debe ser óptima. Y según explicó el funcionario a El Litoral no se trata solo de un uso eficiente de los recursos y mucho menos del ahorro, "nos preocupa que son móviles que dejan de trabajar sobre la prevención", en otras áreas ya asignadas.

Al impactante número de 89 mil horas policiales se llega del siguiente modo. Cada vez que un móvil policial acude a una alarma lo hace con un agente al volante y otro en el asiento del acompañante. Así es que el número de casos de alarmas sin que haya peligro debe multiplicarse por dos. El cálculo por cierto, no tiene presente el gasto de combustible ni el desgaste de las unidades.

¿Por qué se permitió en la provincia de Santa Fe, desde hace décadas, que un mecanismo automático en los proveedores de alarmas disparen esas alertas, sin ningún filtro previo? Porque en rigor hubo una progresiva incorporación de tecnología que extendió la mancha urbana cubierta por el 911. Hoy en la región de Santa Fe es posible pedir auxilio desde San Cristóbal o San Justo.

Al iniciarse, estaba disponible solo en las dos grandes ciudades de la Provincia. Además, en forma paralela, se incrementó la oferta de los proveedores de estos servicios y su contratación.

Regular de forma integral a las agencias y servicios de vigilancia privada es una deuda de la la Legislatura para con los santafesinos. Entre otros antecedentes, ocho años atrás, en 2017 fueron debatidos varios proyectos de distintos diputados hasta acordar un texto que luego al pasar al Senado no tuvo eco.

Años más tarde, en abril de 2024, la Cámara joven sancionó otra vez un proyecto de ley con la intención de comprender la totalidad de las actividades del sector.

Su autor, Rubén Galassi -acompañado por Antonio Bonfatti con su firma- supo desde el primer momento que del tema del 911 y las falsas alarmas iba a encargarse con su propia iniciativa el Poder Ejecutivo Provincial. Ahora esa propuesta llega al Senado para su incorporación, como una suerte de nuevo capítulo con unos seis o siete nuevos artículos al texto de 60 elaborado por el ex ministro de gobierno.

Se estima que en labores de vigilancia privada en blanco existen unos 12 mil trabajadores, de los que solo una parte tiene la formación y capacitación necesarias.

La prestación de estos servicios está regulada por viejas resoluciones ministeriales de la década, en algunos casos de la década del '90.

El proyecto de ley que tiene media sanción del Diputados y es parte de las prioridades de los senadores crea "un Registro de Prestadores de Seguridad Privada, donde se asentarán los datos de los prestadores y sus actividades. Se determina, además, en otros artículos, las modalidades de contratación del personal de vigilancia, incompatibilidades e inhabilidades, y los requisitos para la obtención de la habilitación, como así también las funciones del Director Técnico", de cada empresa.

Se presta especial atención a quienes podrán portar armas de fuego y a la capacitación de ese personal de vigilancia. Lo mismo, sobre las calidades de las instituciones educativas autorizadas a su formación.

Se crea el régimen sancionatorio, con sanciones proporcionales a las infracciones cometidas por los sujetos intervinientes: desde el apercibimiento hasta las inhabilitaciones temporales o -llegado el caso- la cancelación definitiva de la habilitación, pasando por multas.

El Litoral

Una insólita situación ocurrió en la ciudad de Coronda, cuando una paloma fue encontrada con un teléfono celular atado a una de sus patas, a pocas cuadras de la Unidad Penitenciaria “Dr. César Tabares”, una de las cárceles más conocidas de la provincia de Santa Fe.

El hecho se registró alrededor de las 20 del domingo, en una vivienda ubicada sobre calle Cervantes al 1600, apenas a dos cuadras del penal corondino.

El propietario del inmueble alertó a la policía tras advertir la extraña presencia del ave en su patio. Cuando se acercó, notó que la paloma llevaba en una de sus patas un pequeño bulto envuelto con cinta aisladora negra.

Ante la sospecha, dio aviso al Comando Radioeléctrico, y poco después agentes de la Brigada Motorizada de la UR XV arribaron al lugar.

En presencia de los efectivos, el vecino permitió que se revisara el envoltorio. Para sorpresa de todos, adentro había un teléfono celular marca Samsung, con su batería, un pin de carga, y un chip de la empresa Movistar.

El material fue secuestrado y trasladado a la Comisaría 1ª de Coronda, donde quedó a disposición de la Fiscalía de turno.

Aunque parezca digno de una película, no es la primera vez que en Santa Fe se registran episodios similares. En distintas cárceles del país —y particularmente en la de Coronda— ya se habían detectado “palomas mensajeras” utilizadas para ingresar o sacar objetos prohibidos.

En ocasiones anteriores, las aves fueron encontradas transportando drogas, chips, cargadores e incluso pequeños cuchillos.

Esta modalidad, que combina astucia y precariedad, revela hasta qué punto algunos internos y cómplices externos buscan eludir los controles penitenciarios.

Por ahora, las autoridades no confirmaron si el hallazgo tiene vinculación directa con la Unidad Penitenciaria, aunque la cercanía geográfica y el tipo de elementos transportados orientan la investigación hacia esa hipótesis.

Mientras tanto, el teléfono y los accesorios secuestrados fueron remitidos a peritajes para intentar determinar si el dispositivo contenía información relevante o estaba operativo.

EL

Sergio Enrique Guzmán, Rodolfo Antonio Grimalt, Eduardo Javier Arias y Eva María Cainelli fueron ascendidos a Director General de Policía de provincia, la máxima categoría, de acuerdo al decreto 2640 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad) y Pablo Olivares (Economía).

Este instrumento legal -esperado en la fuerza- dispone los ascensos para el año 2024 al personal policial que aprobó la totalidad de las instancias del concurso establecido por el decreto Nº 1220/25 y convocado por resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad Nº 1713.

Los nuevos grados regirán, con retroactividad, desde el 1° de enero de 2024 y contemplan el pago retroactivo de diferencias salariales, definición que se conocerá en las próximas semanas.

El decreto está acompañado por cuatro anexos que demandan más de 200 fojas donde están comprendidos no solo los ascensos sino también el personal que registra causas obstativas para ascender así como aquellos otros que no cumplimentaros los requisitos exigidos en el concurso.

En los considerandos del decreto se destaca que la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia y Seguridad emitió el informe de su competencia y la Dirección General se expidió en cuanto al costo y financiamiento, propiciando una modificación a la planta de cargos. "En consecuencia, corresponde ordenar la promoción del personal involucrado en el Anexo "B" de la presente gestión, a partir del 1º de enero de 2024".

Añade que Fiscalía de Estado ha manifestado que, para los casos de ascensos, es de aplicación el criterio sostenido por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nº 1, en los autos "Morello" e "Ibáñez", cuyos fallos establecieron límites al reconocimiento del pago de diferencias salariales que inciden en el término final de reconocimiento "el que no podrá excederse a más de dos años".

Siguiendo el criterio fijado por la Cámara, en el caso del personal de la Policía de la Provincia, la fecha a partir de la cual se le reconocen las diferencias salariales es el 1º de octubre del año en el que se produce el ascenso, siempre que no sobrepase el límite de dos años.

Además de los nuevos cuatro generales, el decreto asciende al grado de Director de Policía a Ernesto José Gaudenzio, Cecilia Ester Bartolini, Octavio Pablo Dicosimo y Luis Alejandro Monzón.

El Litoral

Un operativo vehicular llevado a cabo por personal de la Unidad Operativa Regional N.º 2 Rafaela de la Guardia Provincial, sobre la Ruta Nacional N.º 34 a la altura del kilómetro 199,5 en jurisdicción de Angélica, permitió detectar un intento de cohecho y recuperar un vehículo con pedido de secuestro activo.

Durante el procedimiento, los agentes interceptaron una camioneta Nissan Frontier CD 4x4 conducida por A. T. V. C. y acompañada por J. C. S. T., ambos de nacionalidad boliviana. Los individuos se desplazaban desde la provincia de Salta hacia Buenos Aires y transportaban electrodomésticos, bicicletas y otros objetos sin la documentación que acreditara su procedencia.

Según se informó, el conductor intentó ofrecer dinero a los uniformados para evitar el control, configurando un intento de cohecho activo. Propuso a los uniformados “arreglar la situación” para continuar viaje. Inmediatamente se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso el secuestro de toda la mercadería y la identificación de los involucrados por cohecho activo en grado de tentativa, encubrimiento y averiguación de procedencia.

Además, las consultas de rutina revelaron que la camioneta tenía un pedido de secuestro vigente emitido por el Juzgado de San Isidro, provincia de Buenos Aires, por lo que también fue incautada.

El accionar de la Guardia Provincial permitió frustrar el intento de soborno, recuperar un vehículo requerido por la justicia y asegurar una carga de origen dudoso, quedando todo a disposición de la Fiscalía interviniente.

Este miércoles, alrededor de las 14hs, personal de la Unidad Operativa Regional 5 – Venado Tuerto de la Guardia Provincial detuvo un vehículo de transporte de carga que circulaba por la Ruta Nacional Nº 33, a la altura de Chovet, como parte de un operativo de control vial.

Durante el procedimiento, se verificó mediante consulta radial el estado del dominio del rodado y la identificación del conductor, constatando que el acoplado marca Montenegro registraba un pedido de secuestro vigente emitido por el Juzgado de Circuito Nº 14 de Villa Constitución.

Tras establecer comunicación con el Juzgado solicitante, se dispuso que se labraran las actuaciones correspondientes y que el conductor fuera trasladado en estado de libertad a la sede de la Subcomisaría 3ª de Chovet, a la espera de cumplir los recaudos legales pertinentes.

El operativo permitió recuperar un acoplado con pedido judicial vigente, reforzando las tareas de prevención y control vial, y contribuyendo a garantizar la colaboración con la Justicia y la seguridad en las rutas provinciales. 

Los directores generales de Policía, licenciado Luis Maldonado (Jefe de Policía) y licenciado Daniel Filchel (Subjefe), realizaron la jura a la nueva Constitución Provincial de Santa Fe. El acto tuvo lugar ayer por la tarde en el Auditorio del Ministerio de Justicia y Seguridad, en la ciudad capital.

Durante la ceremonia, el secretario de Justicia, abogado Santiago Mascheroni —quien se desempeñó como secretario parlamentario de la Convención Reformadora—, junto a la secretaria de Asuntos Penales, abogada Lucía Masneri Calderari, tomaron juramento al ministro de Justicia y Seguridad, abogado Pablo Cococcioni.

Posteriormente, el ministro Cococcioni realizó la toma de juramento a los secretarios, subsecretarios, directores y funcionarios de las distintas áreas del Ministerio, como así también al Jefe y Subjefe de Policía y a la subdirectora general del Servicio Penitenciario.

Cabe destacar que la ceremonia contó con el acompañamiento musical de la Banda Sinfónica Policial Organismo Santa Fe, que interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino y diversas piezas durante el desarrollo del acto.

La Policía de Santa Fe intervino nuevamente en Rosario con el uso de una pistola Taser, en lo que constituye la segunda actuación de este tipo en menos de una semana. El procedimiento fue llevado a cabo por agentes de la Brigada Motorizada en calle Necochea al 1600, ante un llamado que alertaba sobre un hombre en estado de crisis y con heridas autoinfligidas.

El personal policial recibió un aviso por una persona que se provocaba lesiones y solicitaba auxilio policial. Al llegar al lugar, los agentes observaron al individuo a los gritos y exaltado, detrás de la reja de una cochera, con abundante sangrado en el cuerpo.

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Los uniformados intentaron dialogar y contenerlo, pero el hombre corrió y se mostró fuera de control. Ante el riesgo para su integridad física, se decidió utilizar el dispositivo Taser para inmovilizarlo. El primer disparo no fue efectivo. Se realizó un segundo, con el cual se logró reducirlo y resguardar su vida.

Tras la intervención, personal del servicio de emergencias 107 llegó rápidamente al lugar y brindó atención médica inmediata al hombre, quien fue trasladado en ambulancia tras un corte de calle realizado por la Policía para facilitar el operativo.

Las autoridades calificaron la actuación como correcta y ajustada a protocolo, destacando que el uso de las pistolas Taser permitió preservar la integridad del individuo sin uso de fuerza letal.

Un control de rutina realizado por la Guardia Provincial de la Policía de Santa Fe derivó este viernes por la tarde en la recuperación de una camioneta con pedido de secuestro activo desde 2023. El procedimiento tuvo lugar cerca de las 16:00 horas, a la altura del kilómetro 199,5 de la Ruta Nacional 34, en sentido descendente, jurisdicción de la localidad de Angélica.

Durante el operativo, los agentes identificaron una camioneta Nissan Frontier que circulaba con llave de ignición. El vehículo era conducido por un hombre identificado como L.F.V., acompañado de R.V..

Al consultar los datos en el sistema SIFCOP (Sistema de Información Federal de Capturas), los uniformados confirmaron que la camioneta tenía un pedido de secuestro activo vigente desde 2023, emitido bajo el Convenio Policial Argentino y con intervención de un juzgado en turno.

Ante esta situación, se procedió a la inmediata retención del vehículo y al traslado de los ocupantes a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias.

El procedimiento se realizó bajo las directivas del Fiscal en turno, Dr. Pedro Machado, quien dispuso el secuestro formal del rodado y las actuaciones correspondientes respecto a los dos hombres demorados.

El miércoles 1 de octubre de 2025, efectivos de la Guardia Provincial realizaron un control de rutina en la intersección de la Ruta Provincial N.º 2 y la Ruta Provincial N.º 17, en San Cristóbal, donde secuestraron una carabina calibre .22 por carecer de la documentación legal necesaria.

El procedimiento se efectuó sobre una camioneta pick-up marca Chevrolet, conducida por W. K., acompañado por R. H. O. Durante la requisa voluntaria, los agentes observaron en el asiento trasero del vehículo una carabina semiautomática marca Mahely. Al solicitar los papeles, el conductor reconoció ser propietario del arma, pero no pudo presentar la documentación que habilitara su tenencia y transporte.

Se notificó al Fiscal en turno, quien dispuso el secuestro inmediato del arma, sus municiones, el cargador y el vehículo en el que circulaban los involucrados. W. K. quedó imputado por "Tenencia Indebida de Arma de Fuego de Uso Civil" en estado de libertad.

El operativo refleja la eficacia de los controles de ruta de la Guardia Provincial, destinados a garantizar la seguridad ciudadana y retirar del tránsito armas que no cumplen con el marco legal vigente. Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la justicia mientras continúa el proceso legal.

A casi tres semanas de la incorporación de pistolas Taser por parte de la Policía de Santa Fe, este domingo se registró el primer uso efectivo del dispositivo en Rosario. La intervención ocurrió durante un operativo por violencia de género en barrio Puente Gallego y terminó con una mujer reducida con una descarga eléctrica luego de agredir al personal policial.

Todo comenzó alrededor de las 19:40, cuando una mujer de 37 años denunció haber sido golpeada por su pareja, Franco G., dentro de una vivienda en la zona sudoeste de la ciudad. Efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al llamado al 911, detuvieron al sospechoso y dieron intervención al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) para asistir a la víctima.

Mientras se preparaba el traslado del hombre detenido, una tercera persona —identificada como Brisa V.— irrumpió en el lugar y comenzó a golpear los cristales del patrullero, intentando impedir el accionar policial. Según el parte oficial, la mujer desoyó los pedidos para retirarse y atacó físicamente a los agentes, momento en el que una suboficial utilizó su pistola Taser para inmovilizarla.

Este hecho marca el primer uso registrado públicamente del equipamiento entregado a la Unidad Regional II a comienzos de septiembre. En aquella oportunidad, el gobierno provincial distribuyó 60 pistolas Taser como parte de un lote más amplio de 100 dispositivos, junto a lanzadoras Byrna, cartuchos y cámaras corporales.

Las armas no letales están sujetas a un protocolo de uso auditable, con capacitación previa por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad. En esa línea, el ministro Pablo Cococcioni remarcó que las Taser permiten una intervención policial con uso progresivo de la fuerza: “Inmovilizan momentáneamente y pueden evitar el uso del arma de fuego”, explicó durante la entrega.

La incorporación de estas armas comenzó a evaluarse en 2019, durante el primer mandato de Maximiliano Pullaro como ministro de Seguridad, pero la pandemia y los cambios de gestión demoraron su implementación. Recién en 2023 volvió a discutirse públicamente el uso de pistolas Taser, en medio del debate sobre seguridad urbana y pedidos de sectores políticos locales, como el PRO.

El proyecto avanzó nuevamente con la actual gestión y ya se encuentra en fase operativa, con agentes entrenados y equipos desplegados en Rosario, Santa Fe capital y otras zonas de alta conflictividad.

“Quienes desafían a nuestra policía deben saber que la primera advertencia es la presencia del uniforme. La segunda, una Taser. La tercera, puede ser la respuesta letal”, advirtió Cococcioni.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, junto con el Instituto de Seguridad Pública (Isep), informaron que continúa abierta la inscripción para la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, destinada a aspirantes a suboficiales de la Policía de la Provincia.

La tecnicatura tiene una duración de tres años, con los dos primeros de cursado presencial. Al finalizar el segundo año, los estudiantes obtendrán el título intermedio de “Auxiliar en Seguridad”, e ingresarán a la fuerza policial. Tras dos años de servicio activo, deberán completar el tercer año para graduarse como Técnicos Superiores en Seguridad Pública y Ciudadana.

La secretaria de Formación y Capacitación del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, sostuvo que “abrimos una segunda etapa de la convocatoria para la policía, esta vez el reclutamiento es solo para hombres que deseen cursar la carrera de Auxiliar en Seguridad Pública debido a que queda un remanente de cupos”.

En ese sentido, remarcó que “para llevar adelante el Plan de Seguridad Pública, el recurso humano es uno de los pilares fundamentales, y el Gobierno va a disponer de todos los medios operativos y logísticos para formar a la mejor policía especializada y profesional del país”.

La tecnicatura tiene una duración de tres años

La fijación de un “cupo por género” fue justificada en su momento por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, en la necesidad de compensar lo que estuvo sucediendo en estos últimos años con una creciente feminización del cupo total de la fuerza”.

El funcionario apoyó la decisión en el hecho de que "tiene que haber una planificación estatal (de la integración de la policía) porque hay funciones que pueden ser cumplidas indistintamente por varones o mujeres; hay otras que son preferentemente cumplidas por varones y otras por mujeres".

"En el caso de la policía – explicó-, entendemos que fue superado holgadamente todo criterio de proporcionalidad y estamos fuera de todos los estándares internacionales".

Según consignó El Litoral en un informe publicado en marzo de este año, a partir de 2021 se quebró una tendencia histórica en la composición de la policía de Santa Fe, se quebró. Hasta ese momento, la mayoría de quienes se inscribían como aspirantes para cursar la carrera en la Escuela de Policía, eran varones.

A partir de ese año se invirtió la ecuación y así se mantuvo la tendencia hasta 2025 cuando, por una intervención directa del Ministerio de Seguridad, se determinó un "cupo por género".

Continúa abierta la inscripción para la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana

Los requisitos de inscripción son ser argentino, tener entre 18 y 28 años al 2 de febrero de 2026; poseer título secundario completo, registrado por el Ministerio de Educación de Santa Fe; cumplir con las condiciones de aptitudes psicofísicas requeridas, superando los exámenes correspondientes; no haber sido condenado ni estar procesado por delitos o contravenciones; no ser empleado de la administración pública nacional, provincial o municipal; no haber sido destituido, cesanteado o exonerado de la administración pública y presentar la documentación solicitada en tiempo y forma.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 10 de noviembre de 2025 inclusive. Los interesados deben poseer una ID Ciudadana que se obtiene registrándose en el portal oficial de la provincia. Una vez creada la cuenta, se enviará un correo electrónico para confirmar el registro, el cual debe ser validado dentro de las 24 horas.

Para más detalles y acceder al formulario de inscripción, visite el sitio web oficial del Gobierno de Santa Fe. Para más consultas sobre la inscripción se puede escribir a la Subsecretaría de Formación y Carrera Policial (s.formacionycarrera@santafe.gov.ar), o al Instituto de Seguridad Pública (prensaydifusion@isepsantafe.edu.ar).

El Litoral

El hecho ocurrió este martes, pasadas las 11 de la mañana. En la intersección de San Lorenzo y bulevar Santa Fe, un vecino dio aviso a la Guardia Urbana Rafaelina de que un muchacho, que circulaba en una bicicleta SLP y vestía una campera de Peñarol, había robado un celular.

De inmediato, el personal de la GUR inició el seguimiento con colaboración del personal del Centro de Monitoreo chequeando las imágenes de las cámaras de videovigilancia y comunicó la situación a la policía. Finalmente, el sospechoso fue interceptado en la esquina de Córdoba y avenida Aristóbulo del Valle.

El joven no opuso resistencia al momento de la detención y fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.