Nueve personas fueron detenidas durante cinco allanamientos por causas vinculadas al microtráfico de drogas realizados en las ciudades de Santo Tomé y Santa Fe.

Los procedimientos se llevaron adelante en el marco de cuatro investigaciones dirigidas por el fiscal Eric Fernández, integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En Santo Tomé, personal de la División Microtráfico de la Región I de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó tres allanamientos en viviendas ubicadas en:

Como resultado de los operativos, fueron detenidos tres hombres y tres mujeres.

Además, los investigadores secuestraron 537,7 gramos de cocaína, parte en trozos compactos y parte distribuida en 971 envoltorios de papel satinado, junto con 1.122,7 gramos de marihuana.

También fueron incautados elementos con vestigios de las sustancias, tres revólveres calibre 32, 38 y 22 con cartuchos en su interior, 21 cartuchos de distintos calibres, dos balanzas de precisión, cámaras de videovigilancia, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

En la capital provincial, se realizaron otros dos allanamientos en inmediaciones de las calles Roque Sáenz Peña y Larrea, en barrio Nueva Pompeya.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Policía Federal Argentina (PFA).

En estos operativos fueron detenidos dos hombres y una mujer. Los efectivos secuestraron 200 gramos de cocaína fraccionada para la venta al menudeo, distribuida en 89 envoltorios de papel satinado, además de dos trozos compactos de la misma droga, teléfonos celulares y 520.000 pesos en efectivo.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Especializada en Microtráfico, que analiza los elementos secuestrados y la situación procesal de las personas detenidas.

Una conservadora abandonada en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery provocó un importante operativo de seguridad y terminó con un hombre detenido. En su interior había una víscera cubierta con hielo que, inicialmente, generó sospechas sobre la posibilidad de que se tratara de un órgano humano.

Los peritajes determinaron finalmente que era un riñón de origen animal. La investigación permitió identificar a un comerciante de 46 años, quien explicó ante la Justicia que había comprado el órgano en un supermercado para realizarle una broma a una amiga abogada de Balcarce.

El hombre quedó en libertad, aunque la Justicia dispuso un embargo de $8 millones por los gastos ocasionados durante el procedimiento.

El episodio comenzó cuando trabajadores encontraron una conservadora de telgopor abandonada junto a un cantero de Activos Nacionales, en una zona cercana al aeropuerto.

Se trataba de una caja térmica habitualmente utilizada para transportar medicamentos que requieren mantenerse refrigerados. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una inscripción realizada con marcador negro sobre la tapa.

El mensaje hacía referencia a Migraciones y a un supuesto secuestro, por lo que quienes encontraron la conservadora alertaron a las autoridades ante la posibilidad de que pudiera contener algún elemento peligroso.

A partir de la denuncia se desplegó un operativo en el que participaron efectivos de la Policía Federal, bomberos y personal sanitario.

Al revisar la conservadora, los especialistas encontraron una víscera cubierta con hielo. Debido a las características del hallazgo, fue necesario realizar peritajes para establecer si se trataba de un órgano humano o de origen animal.

Finalmente, los especialistas determinaron que era un riñón animal, específicamente una víscera vacuna.

Mientras avanzaba el procedimiento, los investigadores también comenzaron a reconstruir quién había dejado la conservadora en el lugar.

El análisis de las cámaras de seguridad fue determinante para avanzar con la investigación. Las imágenes permitieron seguir el recorrido de la persona que había llegado hasta la zona con la conservadora y luego se había retirado.

De esta manera, los investigadores lograron identificar al sospechoso. Se trataba de un comerciante de 46 años.

Al ser localizado, el hombre explicó que había adquirido el riñón en un supermercado y que decidió colocarlo sobre hielo dentro de la conservadora. Según su declaración, había elegido esa víscera por su aspecto y color.

El comerciante sostuvo que su intención era sorprender a una amiga abogada de Balcarce. Según explicó, la idea estaba relacionada con una situación que ambos habían vivido durante unas vacaciones en Punta Cana.

Sin embargo, el mensaje escrito en la caja y el hecho de haberla dejado abandonada en las inmediaciones de Aeroparque provocaron un amplio despliegue de seguridad y la intervención de la Justicia.

El caso quedó en manos del juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien resolvió que el hombre continuara en libertad.

Además, ordenó un embargo de $8 millones destinado a cubrir los gastos generados por el operativo. La investigación continúa para establecer las responsabilidades correspondientes.

Lo que comenzó como una supuesta broma terminó involucrando a policías, bomberos, personal sanitario y especialistas en explosivos, que debieron determinar si el contenido de la conservadora representaba una amenaza. Finalmente, los peritajes confirmaron que se trataba de una víscera animal.

El Litoral

Un operativo en la Terminal de Ómnibus de Córdoba terminó con el secuestro de 22 kilos de cocaína de máxima pureza, que eran trasladados en un colectivo de larga distancia proveniente de San Salvador de Jujuy.

El procedimiento se realizó en la plataforma 23 de la estación y derivó en la detención de dos mujeres, que quedaron a disposición de la Fiscalía Federal Nº 1.

Según informaron las autoridades, la droga estaba distribuida en 20 ladrillos ocultos en encomiendas y valijas dentro de la bodega del micro.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, explicó que no se trató de un control al azar, sino del resultado de una investigación de inteligencia criminal que la División Antidrogas venía desarrollando sobre la denominada ruta norte.

“Se encontraron 22 o 23 kilos de cocaína de máxima pureza de la marca Delfín. Las dos mujeres detenidas van a ser puestas a disposición de la Fiscalía Federal Número 1”, señaló el funcionario.

Los ladrillos incautados tenían el relieve de un delfín, una marca conocida en investigaciones vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo con la información difundida tras el operativo, ese sello estaría asociado a organizaciones transnacionales y se lo vincula con la estructura encabezada por Reynaldo “Delfín” Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”.

Castedo fue condenado en 2022 a 16 años de prisión como jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.

Otro dato llamativo del procedimiento fue que los paquetes estaban envueltos con mostaza, presuntamente para intentar confundir el olfato de los perros entrenados. Sin embargo, el cargamento fue detectado por Manteca, uno de los canes que participó del operativo.

“Todos los paquetes estaban envueltos con mostaza, con el fin de desorientar el olfato de los perros, pero este perro llamado Manteca lo detectó”, explicó Quinteros.

La droga estaba distribuida en tres bolsos dentro de la bodega. A partir de la marcación del perro, los efectivos realizaron una requisa minuciosa y encontraron el cargamento completo.

Según el ministro, el destino final de la droga era la ciudad de Córdoba. La principal hipótesis es que el cargamento iba a ser recibido por personas vinculadas al narcomenudeo, para luego fraccionar y estirar la sustancia.

“El destino final era la ciudad de Córdoba. Quienes lo reciben hacen narcomenudeo, lo reducen y lo estiran. El precio estimado de todo esto es de 450 mil dólares, por eso decimos que el golpe de hoy es muy duro”, afirmó.

Quinteros sostuvo que se trataría de una organización narcocriminal internacional cuyas ramificaciones continuarían activas, pese a que su presunto líder se encuentra detenido.

La investigación continuará en el fuero federal para determinar quiénes iban a recibir la droga, qué contactos tenían las mujeres detenidas y cuál era el circuito de distribución previsto para el cargamento.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni; el secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto; y el fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo, brindaron este viernes detalles sobre la investigación del ataque sufrido por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en barrio Banana, en Rosario, que dejó como saldo un agente fallecido, otro gravemente herido y dos personas detenidas.

El hecho ocurrió el jueves por la noche, cuando agentes federales que realizaban tareas de patrullaje en el marco del Plan Bandera fueron atacados con armas de fuego. Como consecuencia, uno de los efectivos murió y otro permanece internado en estado grave en el Hospital Italiano.

Durante la investigación se logró identificar a un tercer herido que había ingresado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en un vehículo particular. Su localización fue posible mediante el análisis de cámaras de videovigilancia. Tanto esa persona como quién la acompañaba quedaron en calidad de arrestados, mientras se determina su posible vinculación con el ataque.

Al referirse al hecho, Cococcioni expresó su pesar por la muerte del efectivo federal y transmitió su acompañamiento a los familiares y compañeros de la víctima.“Fue un hecho gravísimo. Se ha perdido la vida de un efectivo de la Policía Federal Argentina que, además, formaba parte de un trabajo conjunto entre Nación y Provincia. Acompañamos a su familia y a todas las fuerzas federales en este momento tan doloroso”, señaló el ministro.

Por su parte, Ferlauto destacó la labor del agente fallecido y ratificó la continuidad de las acciones de seguridad en Rosario.“Todos sentimos que hemos perdido a un agente que puso el cuerpo y entregó su vida para defender a la patria. Es un héroe”, afirmó. Y agregó: “Hoy nuestra prioridad es esclarecer quiénes fueron los autores materiales de este homicidio que tanto nos duele. No vamos a retroceder ni un paso en el Plan Bandera, no nos van a amedrentar y seguiremos trabajando coordinadamente con la provincia para devolver la seguridad a los rosarinos”.

Las pesquisas en marcha

En relación con el avance de la causa, el fiscal Merlo explicó que continúan las tareas investigativas para reconstruir la secuencia del ataque. “Estamos relevando cámaras de seguridad, tomando entrevistas testimoniales y realizando pericias balísticas para esclarecer lo ocurrido”, indicó.

Según detalló, los efectivos involucrados integraban un operativo de patrullaje del Plan Bandera cuando advirtieron la presencia de personas con una actitud sospechosa. “Al descender del vehículo para realizar tareas de identificación, recibieron inmediatamente impactos de arma de fuego”, explicó.

El fiscal también aclaró que los agentes estaban debidamente uniformados, aunque al momento del procedimiento llevaban camperas de abrigo. Asimismo, confirmó que el policía fallecido fue hallado sin su arma reglamentaria.“Eso es lo que tenemos hasta el momento. Durante la mañana continuaron tomándose declaraciones testimoniales al resto del personal policial que estuvo presente en el lugar”, precisó.

Respecto de las personas detenidas, Merlo señaló que permanecen bajo arresto mientras se determina su eventual participación en el ataque.“Por el momento tenemos dos personas en calidad de arresto. Debemos establecer si tienen vinculación o no con el hecho. Fueron aprehendidas cuando ingresaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez”, concluyó.

Un agente de la Policía Federal Argentina fue detenido acusado de integrar una banda dedicada a la comercialización de drogas en General Deheza, General Cabrera y otras localidades del interior de Córdoba.

El efectivo tiene 37 años y prestaba servicio en la delegación General Deheza de la fuerza federal. En el marco de la misma investigación también fueron detenidos su pareja, una mujer de 28 años, y otro hombre de 38. Un cuarto integrante de la presunta organización permanece prófugo.

La causa estuvo a cargo de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto y se desarrolló durante varios meses, a partir de distintas tareas investigativas orientadas a determinar la estructura y el funcionamiento del grupo.

En las últimas horas se realizaron seis allanamientos en viviendas de General Cabrera y General Deheza, con intervención de personal de la Policía Federal de esa delegación.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron dosis de cocaína y marihuana listas para su comercialización, además de pesos, dólares, armas de fuego, balanzas, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la presunta actividad ilícita.

Según fuentes de la investigación, en un primer momento la principal sospechosa era la pareja del policía. Sin embargo, con el avance de la causa se habría determinado que el efectivo también formaba parte de la organización delictiva.

Tras la detención del agente, desde la Policía Federal informaron que se dio intervención inmediata al área de Asuntos Internos y remarcaron el compromiso institucional con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de la ley.

Los tres detenidos fueron trasladados a Río Cuarto, donde quedaron a disposición de la Justicia. Mientras tanto, continúa la recolección de pruebas para establecer el rol que tenía cada integrante dentro de la banda.

Durante la jornada del martes agentes de la Policía Federal concretaron varios allanamientos en los barrios Alfonso y Santa Rosa de Lima, en el marco de una causa por microtráfico, los que dejaron como saldo cuatro detenidos y el secuestro de estupefacientes (dosis de marihuana), celulares y dinero.

Las diligencias se concretaron de manera simultánea en cuatro viviendas ubicadas en los barrios mencionados, dos sectores de la zona oeste de Santa Fe donde los investigadores habían detectado presuntas maniobras vinculadas a la venta de estupefacientes a pequeña escala.

El procedimiento fue ordenado por el fiscal Arturo Haidar en el marco de una causa penal orientada a desarticular puntos de comercialización de droga al menudeo.

La pesquisa fue asignada al Equipo de Trabajo de Microtráfico de la Fiscalía General y forma parte de los denominados Objetivos Priorizados del Ministerio Público de la Acusación, una estrategia que busca atacar focos activos de narcomenudeo en distintos barrios de la provincia.

Con las órdenes judiciales en mano, efectivos de la Policía Federal Argentina irrumpieron en los domicilios señalados por la investigación. En el despliegue participaron distintos grupos operativos que trabajaron de manera coordinada para asegurar los inmuebles y registrar cada una de las viviendas.

El saldo del operativo fue la detención de cuatro personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones judiciales.

Durante los registros, los uniformados secuestraron marihuana que se encontraba fraccionada y lista para su presunta comercialización al menudeo. También incautaron tres teléfonos celulares que ahora serán sometidos a peritajes y una suma de dinero en efectivo cuyo origen se intenta determinar.

Los dispositivos electrónicos podrían aportar información clave para reconstruir la red de contactos y la eventual modalidad de venta utilizada en la zona.

Fuentes del caso indicaron que la investigación continúa abierta y no se descarta que surjan nuevas medidas judiciales en función del material secuestrado y del análisis de las comunicaciones.

El Litoral

En el marco del Plan Bandera dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico y reducir la tasa de criminalidad en Santa Fe, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon un clan familiar delictivo, el cual se dedicaba al comercio ilegal de estupefacientes en dicha provincia.

La presente causa se desprende de un procedimiento concretado en enero del corriente año por la División Antidrogas San Francisco, cuando sus agentes policiales identificaron y posteriormente detuvieron a un hombre que, en plena vía pública, se trasladaba con decenas de dosis de clorhidrato de cocaína en su poder.

Tras aquella intervención, la Fiscalía Regional de Rafaela a cargo de los Dres. Carlos Vottero y Analía Abreú, ordenó al personal de la mencionada dependencia la realización de una serie de pesquisas orientadas a establecer el origen de dicha droga.

Por consecuencia, los uniformados de la citada dependencia ejecutaron amplias tareas de campo, vigilancias encubiertas y minuciosos análisis de la información recabada, determinando la existencia de cinco puntos de expendio de sustancias ilícitas que funcionaban en la localidad santafesina de Josefina.

Como resultado del avance de las labores investigativas, se comprobó que tales centros eran operados por una organización narcotraficante cuyos integrantes poseían vínculos familiares entre sí. Se probó que los mismos se encargaban del acopio, fraccionamiento y venta de la droga, empleando así la denominada modalidad “menudeo”.

Habiéndose reunido la totalidad de las evidencias, el Juzgado en lo Penal de la Circunscripción N°5 a cargo de la Dra. Cecilia Álamo autorizó la realización de los correspondientes allanamientos; todos sobre domicilios emplazados en el interior del Barrio Acapulco.

Atento a lo expuesto, los servidores públicos de la PFA irrumpieron en los inmuebles y lograron la detención de cuatro personas (tres mujeres y un hombre), sindicados como miembros de la banda previamente descripta.

Asimismo, secuestraron varias dosis de cocaína, gran cantidad de plantas de Cannabis sativa, más de 600.000 pesos en efectivo producto de la venta de estupefacientes, 25 proyectiles calibre 9mm, un cargador de pistola, once teléfonos celulares, una tablet y documentación de interés.

Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).

El Litoral.

En un contexto marcado por una crisis interna en la Policía Federal Argentina, se produjo un cambio en la conducción de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Rafaela. El nuevo jefe es el principal Diego Armando Pizarro, de 41 años, oriundo de la provincia de San Juan, quien asumió formalmente en las últimas horas.

La designación de Pizarro se concretó tras la salida del anterior responsable de la dependencia, Maximiliano Gastón Montepeloso (38), quien quedó involucrado en un accidente vial fatal ocurrido el pasado 3 de enero sobre la Ruta Provincial N° 6.

Según se informó oficialmente, el siniestro derivó en la imputación penal de Montepeloso por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente, además de lesiones culposas en concurso real. El test de alcoholemia realizado tras el hecho arrojó 0,48 gramos de alcohol por litro de sangre, valor que excede el límite permitido por la normativa vigente.

En el marco de la causa judicial, el juez de Garantías Luis Marcelo Giacoia rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía y ordenó la inmediata libertad del imputado, aunque el proceso penal continúa su curso.

Desde la Policía Federal Argentina confirmaron además que Montepeloso fue pasado a situación de disponibilidad y que se le inició un sumario administrativo interno, una medida habitual en este tipo de situaciones mientras se desarrollan las investigaciones judiciales.

Este episodio se suma a otros hechos recientes que golpearon la imagen institucional de la fuerza, entre ellos un caso ocurrido a fines de 2025, cuando un oficial de la Policía Federal fue detenido y quedó con prisión preventiva, acusado de presuntas estafas a compañeros de la institución mediante el uso indebido de datos de tarjetas de crédito y débito.

Una investigación judicial frustró un ataque planificado contra distintos colegios en las provincias de Buenos Aires y Jujuy. La causa se inició a partir de publicaciones en redes sociales con contenido antisemita, racista y de odio, atribuidas a dos usuarios que luego fueron identificados.

Según se informó, la advertencia inicial llegó por un alerta del FBI, que puso el foco en la circulación de esos mensajes. A partir de ese reporte se abrió una pesquisa para determinar identidades, ubicaciones y posibles elementos vinculados a la planificación.

Efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina realizaron tareas de campo y establecieron que uno de los investigados reside en La Quiaca y el otro en Miramar. Además, se detectaron domicilios vinculados en Quilmes y San Martín.

Con esa información, el expediente avanzó hacia medidas judiciales para recolectar pruebas. La investigación se centró en el análisis de actividad digital y en el relevamiento de direcciones asociadas a los perfiles bajo sospecha.

Por orden del Juzgado Federal de Mar del Plata N°3 se realizaron allanamientos en los domicilios identificados. En los procedimientos se incautaron cuchillos de caza, municiones, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación considerada relevante.

La causa fue caratulada como “intimidación pública” y los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor. Las actuaciones continúan para determinar responsabilidades, el alcance de lo investigado y la eventual participación de otras personas.

El LItoral

El jefe de la Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina con asiento en Rafaela, el oficial Gastón Maximiliano Montepeloso, quedó detenido en la ciudad de Buenos Aires en el marco de una investigación por un accidente de tránsito con consecuencias fatales, ocurrido el sábado 3 de enero por la tarde.

El hecho se registró alrededor de las 18 horas sobre la Autovía 6, a la altura del Polo Club La Cañada, en jurisdicción del partido bonaerense de Luján. Según información que trascendió en medios y fuentes vinculadas a la causa, un Honda Civic que circulaba por la traza impactó de manera frontal contra un vehículo familiar Chevrolet Prisma, provocando la muerte de una mujer y dejando a otras cinco personas heridas.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el Honda Civic habría perdido el control, cruzado de carril e impactado de frente contra el Chevrolet, que terminó destruido dentro del zanjón central. En este último viajaba un matrimonio con sus dos hijos. La víctima fatal fue identificada como Vanesa Yanina Escalante, quien falleció en el lugar tras quedar atrapada entre los hierros. También resultaron heridos Milagros, de 13 años, y Marcelo Emmi, de 38, quienes debieron ser rescatados por Bomberos Voluntarios.

Entre los heridos se encontraban además los dos ocupantes del Honda Civic, uno de ellos el propio Montepeloso, quienes fueron trasladados al Hospital Zonal de Luján con diversas lesiones. La investigación analiza una presunta maniobra temeraria a alta velocidad y la posible participación del Honda en una picada ilegal junto a un automóvil Audi, cuyo conductor se habría dado a la fuga tras el impacto. Esta hipótesis habría sido desmentida por la defensa y allegados al funcionario detenido, y se encontraría en investigación judicial.

Además, medios de prensa del partido bonaerense de Luján indicaron que el test de alcoholemia practicado al conductor del Honda habría arrojado un resultado positivo de 0,48 gramos de alcohol por litro de sangre, dato que forma parte de la investigación judicial. Cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires rige la ley de Alcohol Cero al Volante.

La causa habría sido caratulada de manera preliminar como homicidio culposo agravado, mientras continúan las pericias accidentológicas y la recolección de pruebas para determinar las responsabilidades del hecho.

El caso generó un fuerte impacto institucional y se suma a otro episodio que sacudió recientemente a la Policía Federal, cuando a fines de 2025 un oficial de la fuerza fue detenido y quedó con prisión preventiva por presuntas estafas a compañeros mediante el uso indebido de datos de tarjetas de crédito y débito.

La investigación por el siniestro fatal en la Autovía 6 continúa en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.

Una mujer de 37 años fue rescatada el 2 de octubre de una vivienda ubicada en calle Montevideo al 56, en barrio Martín de Rosario, donde habría permanecido en condiciones de servidumbre desde 2003. Por el hecho, la Justicia federal imputó a E.S.S., de 60 años, residente desde hace más de tres décadas en Los Ángeles, Estados Unidos, como presunta autora del delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre.

La víctima había sido trasladada a Rosario cuando tenía 14 años, desde la localidad correntina de Tres Bocas, en un contexto de extrema vulnerabilidad social, tras el fallecimiento de su padre. La promesa era que pudiera estudiar y mejorar su calidad de vida, algo que, según la investigación, nunca ocurrió.

El caso se conoció tras un allanamiento realizado por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal, que permitió rescatar a la mujer, quien se encontraba cuidando a la madre de la imputada.

La audiencia de imputación se realizó el viernes 5 de diciembre ante el juez de Garantías Román Lanzón, en los Tribunales Federales de Rosario. La víctima estuvo presente, acompañada por defensoras públicas y profesionales del Área de Atención a Víctimas del Ministerio Público Fiscal, entre ellos una psicóloga y un antropólogo.

La imputación fue formulada por la fiscal Adriana Saccone, junto a las fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Soledad García, de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos.

Según la acusación, E.S.S. habría continuado la explotación entre julio de 2022 y octubre de 2025, cuando reemplazó a su madre en el control total de la situación dentro del domicilio. Para ello, habría instalado 16 cámaras de seguridad y entregado un teléfono celular a la víctima para impartirle órdenes desde Estados Unidos.

Las fiscales señalaron que se trató de un delito de ejecución continuada, con una misma matriz de explotación que se extendió durante 22 años, y que la imputada no solo no hizo cesar el estado de servidumbre, sino que lo continuó y lo sostuvo, obteniendo un beneficio personal.

De acuerdo a la investigación, en 2003 la adolescente fue captada luego de la muerte de su padre. Su madre, sin recursos para mantener a sus nueve hijos, autorizó el traslado de la mayor a Rosario mediante un acta notarial, que firmó sin saber leer ni comprender su contenido, en una escribanía y sin acompañamiento.

La joven fue trasladada en colectivo y recibida por J.E.G.S., madre de la actual imputada. Desde entonces, fue obligada a realizar tareas domésticas, de mantenimiento, cocina, administración del hogar y cuidado personal, sin percibir salario alguno, a cambio de comida, alojamiento y ropa.

La fiscalía detalló que la mujer trabajó durante más de dos décadas en jornadas completas, sin descansos, vacaciones, aguinaldo ni aportes previsionales. Tampoco contó con cobertura de salud ni vínculos sociales fuera del domicilio.

Informes de ANSES y ARCA confirmaron que la víctima no registraba actividad laboral, cuentas bancarias ni ingresos propios, y que solo manejaba dinero para compras vinculadas a la vivienda. La acusación fue respaldada por testimonios de vecinos, informes oficiales, peritajes interdisciplinarios y la declaración de la víctima en Cámara Gesell.

El juez Román Lanzón rechazó el pedido de sobreseimiento de la defensa y dio por formalizada la imputación, al considerar acreditados los indicadores de explotación y la situación de extrema vulnerabilidad de la víctima.

Si bien la fiscalía solicitó la detención y extradición de E.S.S., el magistrado dispuso medidas cautelares no privativas de la libertad por un año, entre ellas la fijación de domicilio, la firma mensual en el consulado argentino, la prohibición de contacto con la víctima y el compromiso de no entorpecer la investigación.

La situación de J.E.G.S., madre de la imputada, continúa bajo análisis y dependerá de un informe médico para determinar si puede ser sometida a proceso judicial.

Una investigación silenciosa, tejida durante meses en los pasillos del Ministerio Público de la Acusación, derivó en una ráfaga de allanamientos simultáneos que sacudieron a Santa Fe, Esperanza y Recreo. En total, doce personas terminaron esposadas y a disposición de la Justicia en el marco de un expediente que apunta a desarmar un circuito clandestino de armas de fuego.

Desde temprano, agentes de la Policía Federal Argentina irrumpieron en distintos domicilios señalados por la fiscal Juliana González, integrante del Equipo de Abordaje Estratégico sobre Armas de Fuego. Lo que buscaban no era poca cosa: 150 armas que, según los registros oficiales, debían estar almacenadas en 11 sitios precisos… pero que no aparecían en ninguno.

La maniobra encendió todas las alertas. Para la fiscalía, ese vacío físico —sumado a otros indicios— deja entrever algo más grave: que esas armas podrían haber sido volcadas al mercado ilegal.

Según fuentes de la investigación, los procedimientos se organizaron en estricta reserva para impedir que la información se filtrara con antelación, algo fundamental en causas vinculadas al desvío de armas.

Por eso, los allanamientos se ejecutaron de manera simultánea y en diversos puntos del departamento La Capital, una estrategia que permitió sorprender a los sospechosos y evitar la fuga de material probatorio.

La investigación nació del cruce de información entre el MPA, el Renar y la Subsecretaría de Intervención Federal, en el marco de un convenio firmado por la Fiscal General María Cecilia Vranicich.

El trabajo detectó un patrón inquietante: solicitudes de tenencia de armas realizadas entre 2016 y 2025 por personas cuyo perfil económico no coincide, ni de lejos, con la compra de pistolas de alto poder ofensivo.

“Hay gente que adquirió la misma pistola varias veces, en muy poco tiempo, y sin fondos que lo justifiquen”, explicó González, aludiendo a calibres 9, 40 y 380 milímetros, los preferidos en hechos de violencia grave.

El rompecabezas se volvió más oscuro cuando la fiscalía pudo comprobar que algunas armas que debían estar bajo legítima posesión terminaron siendo secuestradas en hechos delictivos, en manos de personas que no figuraban ni como dueños ni como usuarios autorizados. Un golpe directo a la línea de investigación que sostiene que parte de ese arsenal terminó en circuitos clandestinos.

Los doce detenidos quedaron a disposición del MPA y serán imputados en las próximas horas. Mientras tanto, los investigadores siguen rastreando documentación, números de serie, movimientos financieros y vínculos entre los compradores.

Lo que está claro, según fuentes del caso, es que el faltante de esas 150 armas no es un error administrativo: es una señal de que un mercado paralelo lleva años alimentándose desde la legalidad para terminar abasteciendo la ilegalidad.

El Litoral

Un oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) con prestación de servicios en la Unidad Operativa Rafaela fue detenido en las últimas horas y permanece alojado en la Alcaidía local, en el marco de una investigación en curso por presuntas maniobras de estafa. Las víctimas serían agentes de la propia institución.

La detención se produjo a la par de un allanamiento en su domicilio, donde se procedió al secuestro de teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. El operativo se realizó tras una serie de denuncias que habrían sido formuladas por varios compañeros de la fuerza.

Algunos datos extraoficiales indican que el detenido —oriundo de Buenos Aires— habría realizado movimientos irregulares con tarjetas de crédito. Habría utilizado los datos personales de otros policías para efectuar compras sin autorización.

Las maniobras salieron a la luz y eso motivó la presentación de denuncias que derivaron en la intervención judicial. La causa continúa en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas. Se aguardan datos oficiales. 

Personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en las últimas horas a un hombre que estaba prófugo desde hacía más de un año y medio, acusado de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de un menor en Santiago del Estero.

El procedimiento se realizó en la vía pública de la ciudad balnearia, luego de semanas de vigilancia y tareas encubiertas. La captura puso fin a una búsqueda iniciada tras la orden de detención emitida por la Justicia santiagueña por un delito ocurrido en febrero de 2024.

Según información publicada por La Capital de Mar del Plata, el avance clave en la investigación fue aportado por la División Sistemas Biométricos de la PFA, que logró identificar y ubicar al sospechoso mediante el cruce de datos entre las bases institucionales de la fuerza y los registros del Renaper. Esa verificación permitió establecer el paradero del prófugo y ejecutar el operativo.

Tras su detención, el hombre fue incomunicado y trasladado a la sede local de la Policía Federal, donde quedó a la espera de la resolución de la jueza interviniente y de su posterior traslado a Santiago del Estero, la jurisdicción que había solicitado su captura.

Por el momento, no trascendieron más datos sobre el hecho investigado, debido a la sensibilidad del caso y la reserva judicial vigente.

La Policía Federal Argentina secuestró más de dos kilogramos de cocaína durante un operativo realizado en la ciudad de Fernández, departamento Robles, a unos 45 kilómetros de Santiago del Estero. La droga fue encontrada oculta en una ambulancia perteneciente a una empresa de servicios fúnebres de Añatuya, en el departamento General Taboada.

El conductor del vehículo, identificado como “Churito” Suárez, fue detenido junto a una mujer joven, cuya identidad no fue oficialmente confirmada. Ambos quedaron a disposición del Juzgado Federal N.º 1, a cargo del juez Guillermo Molinari.

Fuentes judiciales informaron que Suárez será indagado este jueves por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, con la asistencia de su abogado defensor, Gabriel Toloza.

El procedimiento se desarrolló tras más de seis meses de investigación, encabezada por personal de la Policía Federal bajo las directivas del juzgado. Según trascendió, los investigadores identificaron al detenido como un posible integrante de una red vinculada al tráfico de drogas, con contactos en distintos barrios de Añatuya y presuntas conexiones con individuos apodados “Gancho” y “Marrano”, ambos mencionados en causas anteriores de narcotráfico en la zona.

Durante el operativo, realizado sobre la Ruta Nacional 34, los efectivos inspeccionaron la ambulancia y hallaron la cocaína oculta en su interior. En ese momento, un tercer individuo logró escapar, por lo que continúa su búsqueda para determinar su identidad y su papel en el hecho.

Especialistas en química forense confirmaron que la sustancia secuestrada era cocaína de alta pureza. El material quedó incautado como evidencia, y se labraron las actas correspondientes en presencia de testigos.

Además, fueron secuestrados teléfonos y otros elementos, que serán analizados para determinar vínculos con redes de distribución y posibles implicados en la cadena delictiva.

Fuentes federales indicaron que Añatuya sigue siendo considerada una zona estratégica para el tráfico de estupefacientes, con ramificaciones hacia los departamentos Juan Felipe Ibarra y Moreno, áreas donde históricamente se han detectado estructuras similares. Estas actividades incluso guardan relación con antecedentes como el caso “Carbón Blanco”, una red que entre 2005 y 2012 exportó cocaína a Europa desde el norte argentino.

Un hombre de 42 años fue rescatado por la Policía Federal Argentina tras haber permanecido esclavizado durante una década en una estancia rural del departamento Gualeguay, en Entre Ríos. La víctima, identificada como Osmar, realizaba tareas forzadas en condiciones de extrema precariedad, sin recibir ningún tipo de remuneración.

Según informaron fuentes del operativo, el hombre vivía en un precario refugio sin acceso a agua potable ni energía eléctrica.

 “Sobrevivía matando animales del campo y tomando agua de pozo”, declaró uno de los agentes de la Unidad de Trata de Personas que participó del procedimiento. Al momento del rescate, Osmar presentaba un cuadro de desnutrición severa y un estado de salud delicado.

El caso se conoció gracias a una denuncia realizada por vecinos de la ciudad de Victoria, quienes alertaron sobre la posible existencia de una situación de explotación laboral en un campo de la zona rural.

Tras tareas de inteligencia, los agentes comprobaron que el hombre se encontraba en una situación de sometimiento absoluto, desempeñando tareas agropecuarias sin salario ni condiciones mínimas de vida digna.

El operativo se realizó esta semana y culminó con la detención del dueño del campo, un hombre de 60 años que fue acusado del delito de reducción a la servidumbre, una figura tipificada en la ley argentina como trata de personas con fines de explotación laboral.

Durante la investigación, los efectivos constataron que Osmar no tenía posibilidad de salir del lugar por sus propios medios, y que durante años no mantuvo contacto con su familia ni con la comunidad. En el predio tampoco había señal telefónica y el patrón controlaba sus movimientos de forma estricta.

Las autoridades destacaron la gravedad del caso y subrayaron que “se trató de una situación de aislamiento total, con un hombre en pleno siglo XXI viviendo como si estuviera en la esclavitud”. La víctima fue trasladada a un centro médico para su recuperación, y recibirá asistencia psicosocial en el marco del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desarticularon una compleja organización narcocriminal del sur santafesino dedicada a la comercialización de estupefacientes en la provincia, en el marco del Plan Bandera dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según informaron las autoridades de la fuerza, la causa es llevada adelante por personal de la División Antidrogas Rosario de la PFA, bajo las directivas de la Oficina de Narcocriminalidad perteneciente a la Unidad Fiscal Federal Rosario N°2, a cargo de los doctores Claudio Rodolfo Kishimoto y Franco Benetti, Secretaría a cargo de María Paula Moretti.

Las tareas de inteligencia desarrolladas por los uniformados habían permitido establecer que ocho sujetos integraban una organización delictiva dedicada a la producción, acopio, distribución y comercialización de diferentes estupefacientes.

Los agentes determinaron además cuál era el modus operandi de la estructura.

Cada miembro tenía asignada una labor distinta: dos personas se encargaban del acopio y venta de cocaína y otro de la distribución de marihuana (teniendo a cargo un cultivo Indoor de grandes dimensiones).

El resto de los sujetos comercializaban todo lo relacionado con drogas de diseño (MDMA y ketamina en su forma líquida o en modo cristal).

Asimismo, con el avance de las pesquisas, se identificaron 21 inmuebles -principalmente ubicados en Rosario, pero también en Funes, Roldán y Villa Gobernador Gálvez- que eran utilizados por la red criminal para la concreción de los ilícitos.

Cabe destacar que dicha División realizó un procedimiento a fines de 2023, cuando se investigó a un grupo de personas dedicadas a la venta y distribución, en la ciudad de Rosario y proximidades, de drogas de diseño como también clorhidrato de cocaína.

Gracias a las diversas tareas de inteligencia efectuadas por los efectivos federales, se documentar las maniobras delictivas y también "marcar" a 14 sujetos, entre quienes se individualizó al histórico testaferro y ex lugarteniente del asesinado “Pájaro” Cantero, (condenado por ello en 2015.

De esta investigación se desprendió que un socio de dicho lugarteniente operaba en la organización criminal como coordinador de los grupos de venta de estupefacientes.

Contando con el total de los datos aportados por los investigadores, el Juzgado Federal N°3 de Rosario a cargo del Dr. Carlos Vera Barros, Secretaría a cargo de la Dra. María Candelaria Sagués, ordenó la realización de los correspondientes allanamientos.

Durante los procedimientos se logró la detención de ocho personas, desarticulando de este modo toda la organización delictiva, incluido el socio del lugarteniente de Cantero.

Además se secuestraron 2,1 kilogramos de cocaína, 9,1 kilogramos de marihuana, 483 pastillas de MDMA, 1,4 litros de ketamina líquida, 9 gramos de ketamina en polvo, 48 gramos de cristales de MDMA, 62 semillas de cannabis, ocho balanzas, tres revólveres (uno calibre .44 Magnum, otro .38 Special y el restante calibre .32), tres pistolas y un rifle .44 WCF Whinchester junto a 130 municiones.

Asimismo se incautaron diversos elementos relacionados al cultivo de marihuana, aproximadamente 10 mil dólares estadounidenses, 2.700.000 pesos argentinos, 39 teléfonos celulares, una camioneta, un vehículo utilitario y dos vehículos, una moto, seis notebooks y documentación de interés para la causa

Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los materiales incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Drogas.

El Litoral

Un intento de robo de motocicleta ocurrido este viernes, pasadas las 12, en pleno centro de Rafaela, terminó con un hombre detenido. Todo ocurrió gracias a la intervención conjunta de la Policía Federal, la Guardia Urbana Rafaelina y un vecino.

Según se informó, el delincuente había roto la traba del manubrio de una moto estacionada cuando fue sorprendido por personal policial. Tras una breve persecución, fue reducido frente al edificio del Juzgado Federal.

Durante el procedimiento, se habría secuestrado además una bicicleta en la que aparentemente se desplazaba el sospechoso. La motocicleta no sufrió mayores daños y el detenido quedó a disposición de la Justicia.

Trascendió que un vecino colaboró en la detención, reteniendo al ladrón hasta que los agentes pudieron concretar el arresto. 

El empresario Federico "Fred" Machado fue detenido por la Policía Federal Argentina este martes por la tarde en su casa de Viedma, en el marco del operativo para hacer efectiva su extradición a los Estados Unidos, donde debe ser juzgado por narcotráfico y fraude. El operativo se concretó horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme el pedido de la justicia norteamericana.

Efectivos de la Policía Federal ingresaron al domicilio del empresario, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1 que une Viedma con el balneario El Cóndor, para proceder a su arresto y posterior traslado al juzgado.

La primicia fue confirmada desde el lugar por la periodista Caro Fernández, de Splendid AM 990, quien se encontraba en las afueras de la propiedad al momento en que llegaron los agentes federales.

"Estoy acá en el kilómetro 20, en la puerta de la casa de Federico Machado. Llegó la gente de la Policía Federal, nos pidió que saliéramos, y están adentro, lo van a detener, lo van a llevar al juzgado", informó la cronista a Noticias Argentinas.

La detención de Machado era inminente luego de que este mismo martes el máximo tribunal del país rechazara los últimos recursos de su defensa y ratificara la decisión del Juzgado Federal de Neuquén de conceder la extradición a Estados Unidos para que sea juzgado por cinco cargos, entre ellos asociación ilícita para poseer y distribuir cocaína. NA

En el marco del operativo “Saturación Interprovincial Córdoba – Santa Fe”, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para erradicar el narcomenudeo en zonas limítrofes entre ambas provincias, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron desarticular un clan familiar dedicado a la venta de estupefacientes en la localidad de Frontera, provincia de Santa Fe.

La investigación se inició por intervención directa de la Policía Federal y contó con la participación del Fiscal Regional de la Quinta Circunscripción Judicial del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela, Dr. Carlos Vottero, en coordinación con el Juzgado Penal de Primera Instancia de Rafaela a cargo del Dr. Gustavo Javier Bumaguin.

A partir de los lineamientos investigativos impartidos por el magistrado, los agentes federales realizaron tareas de inteligencia y operativos de vigilancia, utilizando medios tecnológicos y logísticos que permitieron recolectar pruebas contundentes sobre la venta de estupefacientes al menudeo, llevada adelante por una presunta estructura familiar en un barrio identificado como crítico en términos de seguridad.

Como resultado de la investigación, se libró una orden de allanamiento que concluyó con la detención de cuatro personas mayores de edad y el secuestro de una importante cantidad de cocaína fraccionada, dosis de marihuana y una suma significativa de dinero en efectivo sin justificación de origen.

Los detenidos fueron trasladados a la Alcaidía de Rafaela de la Policía de la Provincia de Santa Fe y, tras ser indagados, el magistrado interviniente dictó la prisión preventiva para los implicados, dado que las pruebas reunidas no fueron objetadas por la defensa.

Este operativo representa un nuevo avance en la política de lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, promovida desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y ejecutada de forma articulada entre las fuerzas federales y la Justicia provincial.