El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este viernes el proyecto de Presupuesto 2027. El plan contempla recursos totales por $ 18,88 billones y gastos por $ 18,87 billones, logrando un resultado financiero positivo de $ 919 millones. De esta manera, la administración provincial ratifica el equilibrio fiscal como eje central de su gestión, garantizando el funcionamiento del Estado y la continuidad de las inversiones estratégicas en todo el territorio santafesino.

Durante el acto de presentación, el ministro de Economía, Pablo Olivares, aseguró que desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, las líneas directrices se basan en la austeridad y la eficiencia operativa. El funcionario explicó que el objetivo es hacer más con los mismos recursos, buscando maximizar las partidas destinadas a mejorar el futuro de los ciudadanos de la provincia.

Para la elaboración de este cálculo de gastos y recursos, se consideraron proyecciones macroeconómicas que estiman un crecimiento de la actividad económica del 4 %. Asimismo, se prevé una inflación promedio anual del 21,1 %, una inflación interanual a diciembre de 2027 del 18 % y un tipo de cambio fijado en $ 1.847,60 por dólar para el cierre del ejercicio del próximo año.

Uno de los pilares del proyecto es el ahorro corriente proyectado de $ 2,27 billones. Este excedente permitirá financiar con recursos propios el 93 % de los gastos de capital, que alcanzan los $ 2,45 billones. Así, la Provincia sostendrá sus inversiones en infraestructura, equipamiento y obras públicas mediante una administración responsable, evitando el endeudamiento excesivo y priorizando la sostenibilidad financiera a largo plazo.

Las prioridades presupuestarias reflejan una fuerte inversión en áreas esenciales. Se destacan $ 3,98 billones para educación, cultura y deporte, $ 2,34 billones para seguridad y $ 2,13 billones para obras públicas. A estas cifras se suman $ 1,92 billones para infraestructura productiva y $ 1,80 billones destinados al área de salud, consolidando un esquema que combina orden fiscal con desarrollo social.

En el marco del Ministerio de Desarrollo Productivo, se oficializó la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina (FIAS). La normativa dispone que la totalidad de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural se destine exclusivamente a infraestructura utilizada por el sector agropecuario. Pablo Olivares destacó que esta política permite que el aporte del campo sea monitoreado directamente por los actores del sector productivo.

Respecto al crédito público, el ministro detalló que entre diciembre de 2023 y el 30 de octubre de 2026, la Provincia canceló deuda por $ 338.844 millones. Hacia el final del mandato, en diciembre de 2027, la cifra total de deuda cancelada ascenderá a $ 568.370 millones. El Gobierno utilizó solo el 37 % del monto autorizado, lo cual fue reconocido por calificadoras internacionales como Fitch Ratings y Moody’s por su transparencia y prudencia fiscal.

La Ley 27.795 de financiamiento de la Educación Universitaria y recomposición salarial docente, publicada el 21 de octubre de 2025, se convirtió en el eje central del debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Durante la jornada de este martes, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendieron el capítulo educativo del proyecto de presupuesto 2027 ante los legisladores.

La presencia de ambos funcionarios, dependientes del Ministerio de Capital Humano, ocurrió pocos días después de la quinta marcha federal universitaria. El reclamo por el incumplimiento de la norma es sostenido por el Consejo Nacional Universitario (CIN), que agrupa a rectores de todo el país. La ley, que busca garantizar el sostenimiento del sistema público, ha enfrentado un complejo derrotero legislativo que incluyó vetos presidenciales y una posterior ratificación parlamentaria con amplia mayoría.

El proceso comenzó en 2024 con la Ley 27.757 de emergencia presupuestaria, que fue vetada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 879/2024. Posteriormente, un nuevo proyecto fue sancionado y nuevamente vetado por el Decreto 647/2025. Finalmente, el 2 de octubre de 2025, el Senado confirmó la vigencia de la ley con 58 votos, superando los dos tercios necesarios para dejarla firme ante el Poder Ejecutivo.

En el ámbito judicial, la situación es tensa. En diciembre de 2025, la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal dictó una medida cautelar ordenando el cumplimiento de la recomposición salarial y la asistencia estudiantil. En marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones ratificó esta decisión. El 6 de octubre de 2026, un fallo de primera instancia declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, que condicionaba la aplicación de la ley, ordenando al Gobierno su ejecución inmediata.

A pesar de estos fallos, el conflicto persiste. El Estado nacional apeló la sentencia y el expediente fue elevado a la Cámara de Apelaciones. Este martes, dicho tribunal habilitó una nueva apelación del Gobierno contra la medida cautelar. Los jueces aclararon que esta decisión no implica adelantar opinión sobre el cumplimiento de la norma, manteniendo la disputa en instancias judiciales mientras se discute la ejecución de multas diarias al Poder Ejecutivo.

Previo a la exposición de los funcionarios, 19 diputados del interbloque Unidos presentaron una nota dirigida a Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión. En el documento, los legisladores rechazaron el apartado educativo del presupuesto 2027. Argumentan que el proyecto ignora la ley vigente y presenta un déficit del 32% respecto a las necesidades reales de las universidades nacionales, calificando esta situación como una decisión política de desarme del sector.

La nota, firmada por referentes como Nicolás Massot, Miguel Pichetto, Martín Lousteau y Gisela Scaglia, entre otros, exige la comparecencia urgente de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Los diputados sostienen que no es posible debatir un presupuesto que vulnera la división de poderes y desconoce una manda ratificada por el Congreso Nacional hace 357 días.

Carlos Guberman volvió a exponer en Diputados de la Nación para defender el Presupuesto 2027, pero durante casi seis horas de exposición y preguntas el eje pasó por cuánto resisten esas proyecciones tras la revisión del escenario 2026.

“Cuando se arma el presupuesto, el último escenario, el último conjunto de variables macroeconómicas que se usan para cerrar los números se toma el primero de agosto”, explicó el secretario de Hacienda. Para ese momento, dijo, el Gobierno preveía 3% de crecimiento este año y 4% el próximo, frente a 2,7% y 3% que entonces mostraba el REM.

Fue Julia Strada (UxP) quien llevó la discusión al antecedente inmediato: el Presupuesto 2026 había sido construido con 5% de crecimiento y 10,1% de inflación, mientras el proyecto actual revisó esas variables a 3% y 29%. “¿Hicieron alguna reflexión, alguna revisión de lo que pasó con lo que dijeron que iba a ocurrir?”, preguntó.

Guberman respondió: “Son supuestos que se usan, se toman en consideración en un momento, después la realidad va para otro lado. A veces sí, a veces no”. Y separó esas estimaciones de las partidas indexadas: “Si la inflación es mayor a la que nosotros preveíamos, el gasto va a ser mayor. Si la inflación es menor, va a ser menor el gasto”.

Strada insistió sobre la actividad. Le preguntó si esperaba una nueva contracción durante el tercer trimestre y el funcionario respondió que no. Después fue al escenario 2027: “Te pido que aclares cuáles son tus supuestos para explicar una actividad de 4% para el año que viene”. La Oficina de Presupuesto del Congreso también puso el foco allí: el proyecto prevé 3% de crecimiento en 2026 y 4% desde 2027.

La inversión fue otro punto de tensión. El proyecto espera que pase de una caída de 2,1% este año a una expansión de 9,2% en 2027. Eduardo Falcone (MID) preguntó: “¿Este número de inversión tiene vinculación con los proyectos de RIGI?”, y recordó que se aprobaron 22 iniciativas por unos US$47.000 millones.

Guberman explicó que son proyectos “muy complejos” y que su aprobación “no necesariamente” implica inversión inmediata: “Son proyectos que tienen demoras en ese proceso de varios años”.

En los recursos fue más concreto. Espera “una mejor cosecha todavía que la que tuvimos este año”, mayores importaciones que eleven la recaudación de IVA y más Ganancias, particularmente desde petróleo y gas. También sostuvo que la caída de recursos de la Seguridad Social por el Fondo de Asistencia Laboral será parcialmente compensada por “crecimiento y generación de empleo y salarios reales creciendo”.

El jefe de bloque de UxP, Germán Martínez, volvió sobre el interrogante central: “¿Cómo van a hacer para que se recupere la economía? Ni siquiera le pido números, le pido un concepto”. Y añadió: “¿Desde qué lugar, con qué política activa vamos a recuperar los puestos de trabajo que se han perdido?”.

La respuesta final de Guberman volvió al ancla del programa: “Para este Gobierno la mejor política fiscal que se puede hacer es el equilibrio presupuestario”. Según sostuvo, esa estabilidad permitirá “continuar bajando la inflación, que la economía crezca, que haya más inversión”.

Sobre las partidas previstas para el área de discapacidad, Guberman afirmó que “está previsto el financiamiento en el 100% de la partida que se demande” y que habría fondos para cubrir nuevas pensiones si quienes las solicitan cumplen los requisitos.

Victoria Tolosa Paz (UxP) llevó el debate al articulado: “¿Con cuál nos quedamos?”, preguntó al contraponer los artículos 36 a 41 enviados por el Ejecutivo con el dictamen legislativo que modifica ese régimen.

Guberman no anunció el retiro de esos artículos. “En los números está el financiamiento para la ley vigente. Nosotros desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa. El bloque y otros bloques del Congreso tienen una posición distinta”, contestó. “Será una cuestión de que decida el Congreso qué quiere hacer”.

La discusión también llegó a la Prestación Alimentar. Tolosa Paz citó el informe de la OPC, que calcula una caída real de 10,5% para 2027. Guberman replicó: “La política alimentaria aumenta 22,1%, que es un poco por arriba de la inflación”. La diferencia quedó sin conciliar: la OPC habló en términos reales y Hacienda respondió en términos nominales.

En universidades sostuvo que “está contemplado el ajuste salarial como manda la ley” y también el acuerdo por gastos de funcionamiento y hospitales universitarios. “Se está dando cumplimiento a la ley”, afirmó. Martínez había reclamado al inicio reformular el proyecto para garantizar plenamente ese financiamiento sin alterar el resultado financiero.

La discusión sobre infraestructura mostró la filosofía presupuestaria con una definición directa: “Toda iniciativa que pueda llevar adelante el sector privado, queremos que la haga el sector privado y no el sector público”.

Guberman recordó que, de 2.339 obras relevadas, 1.683 contratos o convenios fueron dados de baja, 457 obras fueron transferidas a provincias y municipios y 199 quedaron bajo gestión nacional.

Tolosa Paz cuestionó la acumulación de recursos del fondo vial y la baja ejecución. Guberman respondió: “El presupuesto solo dice techos presupuestarios. Dice: usted puede gastar hasta tanto, no es que tiene que gastar tanto. Que gaste menos no es un problema. El problema sería que gaste de más”.

También defendió los saldos no ejecutados de los fondos fiduciarios: “Si hay proyectos que no agotan los recursos, no vamos a inventar cosas para gastarlos. Lo vamos a ahorrar, lo vamos a guardar”.

Martínez llevó ese criterio al federalismo fiscal: “¿Cómo creen que puede realmente una Argentina entera desarrollarse con semejante proceso de ajuste en las provincias?”.

Guberman mantuvo el rictus durante toda la exposición: “Así como el año pasado en un año electoral no hubo cambio en esa política, para el año que viene tampoco”. Y agregó: “Vamos a seguir con las mismas prioridades de gasto” y “vamos a seguir bajando impuestos”.

La Cámara informó que el proyecto continuará en reuniones informativas durante octubre, con la intención de dictaminar el 28 y llevarlo al recinto el 18 de noviembre.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, aseguró este martes que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla los recursos necesarios para financiar las prestaciones y las Pensiones No Contributivas vinculadas a discapacidad.

La afirmación fue realizada durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Bertie Benegas Lynch, en el marco del inicio del tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

“Cualquier alternativa que salga con el Presupuesto en materia de discapacidad está previsto el financiamiento al 100% de la partida”, sostuvo Guberman.

El funcionario agregó que, incluso ante un aumento significativo en la cantidad de beneficiarios, el proyecto contempla recursos para responder a esa demanda.

De acuerdo con la información difundida durante la exposición, el Ministerio de Economía incluyó en el Presupuesto recursos por $7,25 billones vinculados con estas prestaciones.

Dentro de ese esquema se contemplan $6,094 billones para Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y alrededor de $1,1 billones para la atención médica de beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

Guberman también señaló que el Gobierno proyecta una ampliación de la atención sanitaria destinada a personas con discapacidad.

“Si se duplica la cantidad de personas que necesitan esta pensión no contributiva por discapacidad, está reconocido en el presupuesto”, afirmó.

En paralelo al debate presupuestario, el oficialismo prevé retirar cuatro artículos que introducían modificaciones en la legislación sobre discapacidad y avanzar con cambios incluidos en otro dictamen que busca tratar en la Cámara baja.

Según la información difundida, en caso de que esa iniciativa sea sancionada, sería necesario reforzar las partidas previstas en aproximadamente $600.000 millones, de acuerdo con las estimaciones mencionadas durante el tratamiento legislativo.

El debate sobre discapacidad se desarrolla además en un escenario de negociaciones entre el oficialismo y los bloques opositores respecto del alcance de las partidas y de las modificaciones legislativas pendientes.

La Libertad Avanza tiene previsto avanzar con el tratamiento del proyecto durante las próximas semanas. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, anticipó que el oficialismo buscará emitir dictamen el 28 de octubre y llevar el proyecto al recinto de Diputados el 18 de noviembre. Ese cronograma fue informado este martes durante el inicio de las reuniones por el Presupuesto 2027.

La comisión continuará con reuniones informativas durante octubre, mientras los distintos bloques analizan las partidas previstas para discapacidad, universidades y otras áreas del gasto público.

El análisis del Presupuesto 2027 continúa generando repercusiones, especialmente en lo que respecta a las partidas destinadas al área ambiental. Según un monitoreo realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), los fondos proyectados para el año próximo serán un 84,3% más bajos en comparación con los valores de 2023.

La Subsecretaría de Ambiente de la Nación afrontará, por cuarto año consecutivo, un recorte en sus recursos. En relación con el presupuesto de 2026, la caída será del 10,84%. La propuesta oficial implica destinar menos de 24 centavos por cada 100 pesos al presupuesto ambiental nacional.

El informe también detalla otras reducciones significativas frente a 2023: el presupuesto para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo será un 91,5% menor, mientras que el Fondo Nacional de Bosques Nativos cuenta con partidas 25 veces inferiores a lo establecido por la ley 26.331, lo que permitirá financiar solo 23 planes de manejo sostenible en todo el país.

Ariel Slipak, coordinador de Investigación de la Farn, explicó que las leves mejoras en áreas como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que muestra un aumento real del 60,1% respecto a este año, resultan insignificantes al considerar que acumula una caída del 55,8% desde 2023.

En esta nueva normalidad no es que estemos mejor. De 2023 a 2024 hubo una contracción drástica, entre 2024 y 2025 se fueron desarmando programas y herramientas, y, finalmente, entre 2026 y 2027 se termina de consolidar un presupuesto estructuralmente bajo.

El economista señaló que la participación de los fondos ambientales en el presupuesto total pasó del 0,12% en 2023 a una proyección del 0,026% para 2027. Además, advirtió sobre la falta de un criterio preventivo en la ejecución de los recursos, mencionando que la mayor parte del presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego se utilizó a finales del año pasado, cuando los incendios ya estaban intensificados.

Finalmente, Slipak concluyó que el problema trasciende la falta de dinero y se vincula con una destrucción de capacidades. Según el especialista, sin políticas ambientales serias, ordenamiento del territorio y una gestión adecuada de recursos humanos, el financiamiento por sí solo no resulta suficiente para enfrentar problemáticas como los incendios forestales.

El Gobierno nacional proyecta para 2027 una nueva reducción de los subsidios destinados a la energía y el transporte, con el objetivo de que los usuarios cubran una proporción cada vez mayor del costo real del sistema.

Según el proyecto de Presupuesto presentado para el próximo año, la cobertura promedio de los costos de abastecimiento energético mediante las tarifas superaría el 88% durante 2027 y avanzaría posteriormente hacia el 91%.

El planteo forma parte de una estrategia que busca disminuir la participación del Estado en el financiamiento de los servicios públicos. Sin embargo, la meta presupuestaria no implica que todas las facturas vayan a aumentar en un mismo porcentaje: el impacto dependerá del tipo de usuario, el nivel de subsidio que reciba y la evolución de los costos energéticos.

El proyecto de Presupuesto prevé que las transferencias corrientes destinadas a subsidiar energía y transporte pasen de representar el 0,64% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026 al 0,53% en 2027. En términos nominales, el gasto asociado a estos subsidios bajaría de unos USD 5.200 millones a aproximadamente USD 4.400 millones, de acuerdo con el análisis citado por Infobae del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet.

En términos nominales, el gasto asociado a estos subsidios bajaría de unos USD 5.200 millones a aproximadamente USD 4.400 millones, de acuerdo con el análisis citado por Infobae del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet.

Dentro del sector energético, uno de los principales recortes estaría concentrado en las transferencias destinadas a CAMMESA, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista. El objetivo es reducir progresivamente la diferencia entre lo que cuesta abastecer de energía al sistema y lo que pagan los usuarios a través de sus facturas.

El esquema previsto para 2027 se apoyaría en tres mecanismos. Por un lado, una recomposición del precio mayorista que pagan los usuarios. Por otro, una focalización de los subsidios en los hogares que cumplen con los criterios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

El tercer componente está relacionado con una menor participación estatal en empresas del sector, en un contexto en el que avanza el proceso de privatización de ENARSA.

La situación actual muestra una diferencia importante entre los usuarios. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los hogares pagan en promedio alrededor del 54% del costo de la energía, mientras que el Estado cubre el porcentaje restante. Para 2027, el Presupuesto plantea llevar la cobertura promedio por encima del 88%.

En el caso de los usuarios residenciales que no reciben subsidios, la cobertura proyectada sería todavía mayor: el Gobierno estima que llegarían a afrontar el 94,62% del costo. Para los hogares incluidos en el régimen focalizado, en tanto, la proporción alcanzaría el 64,27%, frente al 25% que actualmente pagan, según los datos difundidos en el análisis.

El régimen focalizado alcanza actualmente a unos 8,8 millones de usuarios de electricidad, 5,2 millones de usuarios de gas por redes y alrededor de 3 millones de hogares que utilizan gas envasado.

El proyecto también contempla cambios en el esquema de asistencia para el gas. Mientras se prevé una reducción del subsidio que llega a los hogares con gas de red a través del precio mayorista, aumentaría la asistencia destinada a los hogares alcanzados por el régimen focalizado y a quienes utilizan garrafas.

En particular, los fondos destinados al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas y al nuevo programa de Garrafas de 10 kilos, que reemplaza al Programa Hogar, pasarían del 0,02% al 0,07% del PBI.

El Gobierno también incorporó en sus proyecciones macroeconómicas una inflación del 18% para 2027, un crecimiento real del PBI del 4% y un tipo de cambio nominal de $1.847,6 para diciembre del próximo año. Estos supuestos son relevantes para el cálculo energético porque una parte importante de los costos del mercado mayorista está vinculada al dólar.

Por ese motivo, todavía no es posible establecer cuánto aumentaría una factura particular durante 2027 a partir de la meta del 88%.

El propio análisis citado por Infobae advierte que existen diferencias entre los usuarios que actualmente pagan el costo completo y aquellos que reciben subsidios, además de posibles modificaciones en los criterios de acceso y en los límites de consumo subsidiado.

En septiembre, el Gobierno había elevado de 150 a 200 kWh mensuales el límite de consumo bonificable para determinados usuarios residenciales de electricidad del AMBA y estableció una bonificación extraordinaria del 25%, que se suma a la bonificación base. Para ese mes, se había previsto un aumento promedio de 1,75% en electricidad y de 1,40% en gas natural.

En el caso de Santa Fe, el impacto concreto sobre las facturas eléctricas deberá analizarse además en función del esquema tarifario provincial y de la distribuidora.

Por eso, la meta nacional del 88% debe entenderse como una pauta general del Presupuesto 2027 y no como un porcentaje de aumento que ya esté definido para cada usuario.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso prevé una caída real de los recursos destinados a la educación. La iniciativa asigna a las universidades nacionales fondos por debajo de los montos reclamados por los rectores.

La función Educación y Cultura dispone de 11,20 billones de pesos, lo que representa un incremento nominal del 27,2% respecto de 2026. Ante una inflación estimada en torno al 30%, esta cifra implica una reducción real cercana al 2,2%.

El conflicto se centra en las universidades nacionales, para las cuales el proyecto contempla 7,35 billones de pesos. El monto queda 3,65 billones por debajo de los 11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) considera necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

“No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no”, afirmó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci.

Por su parte, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió sobre el impacto de la medida.

"Si el Congreso aprueba el Presupuesto en las condiciones planteadas por el Ejecutivo, todas las funciones y programas que brindan las universidades se van a ver afectados", sostuvo.

Ante este escenario, el sector universitario convocó a la quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. En tanto, la Universidad de Buenos Aires anunció un cronograma de paros escalonados entre el 21 de septiembre y el 22 de octubre.

En paralelo, el ministro de Defensa, Carlos Presti, reveló que el Gobierno proyecta destinar 350 millones de dólares a obras en la Base Naval Integrada de Ushuaia y la Base Antártica Conjunta Petrel. La cifra abarca recursos de 2026 y 2027.

El proyecto incluye la construcción de un muelle de 585 metros y capacidad logística para operaciones antárticas. Asimismo, el Ejecutivo solicita autorización para operaciones de crédito público por hasta 3.500 millones de dólares destinados a equipamiento militar, incluyendo la compra de tres submarinos y dos fragatas multimisión.

Javier Milei le bajó el tono a la repercusión que generó el video de Patricia Bullrich escuchando una canción de Lali Espósito y aseguró que no considera un problema que la senadora haya elegido música de una artista con la que él mantuvo fuertes cruces públicos.

La respuesta surgió luego de que una periodista del programa Puro Show le consultara directamente por el posteo de Bullrich, difundido este viernes desde su despacho en el Senado.

“¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no representa ningún problema”, respondió Milei ante la consulta.

Luego agregó: “Me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”.

La declaración llamó la atención por los antecedentes de enfrentamiento entre el mandatario y Lali Espósito, a quien Milei había cuestionado públicamente en distintas oportunidades.

Horas antes, Patricia Bullrich había publicado un video en su cuenta de X en el que aparece trabajando en su despacho y, en un momento, busca en una plataforma la canción “No me importa”, de Lali.

La dirigente acompañó el posteo con una frase tomada del tema: “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”.

La publicación se dio en una semana de diferencias internas dentro del oficialismo por los cambios vinculados al área de Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.

Bullrich había cuestionado previamente la falta de coordinación en torno a las modificaciones incorporadas al proyecto enviado al Congreso.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado sostuvo que esos cambios debieron ser discutidos dentro de la mesa política antes de avanzar con la iniciativa.

En ese contexto, distintos medios y usuarios interpretaron la elección de “No me importa” como un eventual mensaje interno, aunque Bullrich no afirmó públicamente que esa fuera su intención.

La respuesta presidencial apuntó a separar el gusto musical de las diferencias políticas y evitó vincular directamente el video con la interna oficialista.

Milei incluso confirmó que, tras sus anteriores cruces con Lali, escuchó algunas canciones de la artista y que varias de ellas le gustaron.

El mandatario no precisó qué temas escuchó ni hizo referencia en ese intercambio a las diferencias políticas recientes con Bullrich.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno nacional presentará el Presupuesto 2027 con un nuevo resultado positivo de las cuentas públicas y defendió la continuidad del programa económico frente a las presiones políticas para modificar el rumbo.

Durante un acto por el Día de la Exportación, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el Gobierno debe mantener la disciplina fiscal y evitar cambios motivados por las demandas coyunturales.

“Vamos a seguir haciendo las cosas bien”, afirmó Caputo, quien también sostuvo que “al populismo no se lo combate con más populismo sino con más ortodoxia”.

En esa línea, remarcó que el proceso económico requiere “saber que estamos por el camino correcto” y perseverar sin dejarse llevar por las ansiedades políticas del momento.

Uno de los principales anuncios de Caputo fue la confirmación de que el Presupuesto 2027 será presentado con superávit financiero, lo que marcaría el cuarto año consecutivo con este resultado.

El ministro destacó el carácter histórico de la continuidad del equilibrio de las cuentas públicas y defendió la política fiscal como uno de los pilares del programa económico.

Durante su exposición, también rechazó los cuestionamientos que señalan que el actual esquema favorece al sector financiero en detrimento de la industria.

Según Caputo, el modelo económico “empuja las exportaciones” y genera condiciones de estabilidad para el conjunto de la economía.

El ministro también anticipó que la Argentina podría cerrar 2026 con un saldo comercial positivo de US$27.000 millones. En ese contexto, mencionó el escenario internacional y sostuvo que el país atraviesa un “shock externo brutal”, marcado por una fuerte suba de las tasas de interés y un incremento en los precios del petróleo y la energía.

Caputo consideró que la situación actual demuestra la importancia de haber fortalecido las cuentas públicas. “Hace tres años hubiésemos discutido si durábamos uno o dos minutos”, afirmó, al destacar que actualmente la Argentina mantiene la estabilidad cambiaria y macroeconómica.

El funcionario también destacó el aporte de sectores como petróleo, energía, minería y agro en la generación de divisas. Según explicó, el ingreso de dólares proveniente de esas actividades contribuye a sostener la estabilidad cambiaria y el orden macroeconómico, además de generar mayor previsibilidad para las empresas y los distintos sectores productivos.

Caputo volvió así a defender el esquema económico basado en disciplina fiscal, crecimiento de las exportaciones y estabilidad macroeconómica, mientras el Gobierno avanza con el envío del proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso.

Hoy estaremos enviando al Congreso el Presupuesto 2027. Será la primera vez en nuestra historia con 4 años consecutivos de superávit fiscal en la línea financiera, no estando el país en default. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷

La Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó las condiciones para operar con cuentas comitentes y estableció que los depósitos y retiros de dinero deberán realizarse exclusivamente mediante transferencias desde o hacia una cuenta bancaria.

La medida deja sin efecto el mecanismo que permitía a las empresas, especialmente a las pymes, depositar cheques electrónicos (eCheq) directamente en cuentas radicadas en una Agente de Liquidación y Compensación (Alyc). Ese circuito había sido utilizado para evitar o reducir el pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque.

La CNV justificó la decisión en la necesidad de asegurar la disponibilidad inmediata de los fondos, evitar rechazos vinculados con los cheques y fortalecer la trazabilidad y los controles de las operaciones.

Sin embargo, especialistas del mercado financiero relacionaron el cambio con la caída de la recaudación del impuesto al cheque.

El esquema había comenzado a funcionar en mayo, cuando la Resolución 1139 de la CNV habilitó el depósito de eCheq en cuentas comitentes sin límite.

Semanas después, la Resolución 1141 restringió la operatoria a dos eCheq por día y por cliente. Ahora, la CNV decidió eliminar completamente esa posibilidad como mecanismo de ingreso o retiro de fondos.

El circuito permitía que una pyme depositara un cheque directamente en una Alyc, sin que el dinero ingresara primero a una cuenta bancaria. De esa manera, podía evitar el 0,6% del impuesto al cheque.

Los fondos podían permanecer al menos un día en un fondo común de inversión, generalmente un money market, para luego ser retirados.

También existía una alternativa para utilizar el dinero directamente en operaciones comerciales. La empresa podía solicitar a la Alyc un eCheq, endosarlo y entregarlo a un proveedor, sin que los fondos pasaran por el sistema bancario.

Así, se podía evitar el impuesto tanto sobre el crédito como sobre el débito.

El tributarista Sebastián Domínguez explicó que, con la nueva disposición, las empresas que utilizaban este mecanismo ya no podrán hacerlo.

“Las pymes que utilizaban esto como una manera de hacer una inversión financiera por lo menos de un día y de evitarse pagar el total o al menos la mitad del impuesto, ya no tienen esa posibilidad. Tienen que depositar el cheque en su banco”, señaló.

Esto implica que los fondos deberán ingresar al circuito bancario y quedar alcanzados por el régimen tributario correspondiente.

La decisión también puede afectar el financiamiento disponible en el mercado de capitales, ya que parte de los fondos que anteriormente llegaban directamente a las Alyc deberán volver al sistema bancario.

La tributarista Elisabet Piacentini cuestionó la decisión y sostuvo que las pymes habían encontrado una alternativa legal para reducir el costo del impuesto.

Además, señaló que las empresas pueden recuperar parte de lo abonado mediante cargas sociales o anticipos de Ganancias, aunque ese mecanismo implica esperar para obtener la compensación.

Según Piacentini, existe una diferencia entre pagar el impuesto de manera inmediata y recuperarlo posteriormente, incluso con un plazo que puede extenderse durante meses.

De acuerdo con Domínguez, el nuevo esquema tendrá impacto sobre distintos actores. El Gobierno nacional incrementaría la recaudación del impuesto al cheque, mientras que las provincias y CABA podrían percibir mayores ingresos mediante mecanismos de recaudación de Ingresos Brutos, como el SIRCREB.

Los bancos también podrían beneficiarse por el retorno de fondos al sistema financiero y su posterior canalización hacia fondos comunes de inversión.

De esta manera, la nueva normativa pone fin, después de apenas cuatro meses, a un circuito que había permitido a las pymes reducir el impacto del impuesto al cheque mediante el uso de eCheq y cuentas comitentes, y las obliga nuevamente a canalizar estas operaciones a través del sistema bancario.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, en una semana que tendrá como principales ejes de la agenda legislativa el envío del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la situación geopolítica y la actualidad económica.

El encuentro comenzó a las 10 y concluyó poco después de las 11.30, en el Salón Eva Perón, luego de que el mandatario llegara al Palacio de Gobierno pasadas las 9.30 para reunirse con sus ministros, secretarios y colaboradores.

El libertario celebró el descenso de la inflación, que en agosto fue de 1,7%, e instó al equipo a “cuidar la reputación económica” del país .

Asimismo, pidió “no dejarse psicopatear por el estatus quo”, y reafirmó que "al populismo no se le gana con populismo”.

A su turno, el canciller, Pablo Quirno, expuso sobre la situación de las denuncias penales contras las empresas que buscan extraer petroleo de las islas y las notificaciones realizadas en los últimos días a distintas empresas.

Por la tarde, Milei recibirá además a diputados y senadores en el Salón Héroes de Malvinas, con el objetivo de analizar el rumbo económico, transmitirles la necesidad de respaldar el programa y avanzar con el cronograma compuesto por las tres normativas claves.

Se espera que en las próximas horas, la iniciativa por Malvinas sea girada a Diputados, donde el oficialismo cuenta con una base más sólida de apoyos.

Este martes, la administración libertaria presentará el Presupuesto 2027 en la Cámara Baja. En paralelo, habilitará el debate por la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales. No obstante, ninguno de estos puntos fue abordado durante el intercambio.

Los tres proyectos abrirán una intensa negociación, en particular con los gobernadores aliados, para su sanción.

Dieron asistencia el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Mario Lugones (Salud), Luis Caputo (Economía) y Juan Bautista Mahiques (Justicia). También a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al asesor presidencial, Santiago Caputo.

La mesa política del Gobierno nacional se reunió este martes en Casa Rosada para avanzar en la implementación de las medidas anunciadas por Javier Milei en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación de los ministros Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores, y Carlos Presti, de Defensa. La reunión se extendió durante poco menos de dos horas y tuvo como uno de sus principales objetivos definir los próximos pasos de la estrategia oficial.

Uno de los puntos centrales fue la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo texto se encuentra actualmente en la Secretaría de Legal y Técnica. Según lo analizado, el proyecto podría ser enviado al Congreso este viernes y comenzaría su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Durante la reunión también se definió que Pablo Quirno y Carlos Presti viajarán este viernes a Tierra del Fuego. El objetivo será recorrer la zona y avanzar en los aspectos vinculados con la construcción de una base naval integrada y el Polo Logístico previsto para la Patagonia.

El proyecto forma parte de las medidas anunciadas por Milei y, de acuerdo con el Gobierno, los fondos necesarios para la obra estarán contemplados en el Presupuesto Nacional 2027.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que la construcción será financiada exclusivamente por Argentina y negó que exista un acuerdo con Estados Unidos para financiarla o respaldarla.

Otro de los temas abordados estuvo relacionado con las empresas internacionales vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas.

Quirno informó sobre las próximas acciones que impulsará el Gobierno contra compañías que, según la administración nacional, operan en las islas sin autorización argentina.

En ese marco, este martes la Procuración del Tesoro avanzó contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Las medidas forman parte de la estrategia oficial para incrementar la presión sobre las empresas que participan de actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el área en disputa.

La discusión sobre Malvinas se desarrolla en paralelo a una intensa agenda legislativa para las próximas semanas. El Gobierno tiene previsto presentar el Presupuesto 2027 el 15 de septiembre, mientras que para esa misma fecha está previsto que el Senado habilite el debate sobre la reforma laboral.

También permanecen pendientes en la Cámara Alta el dictamen del Super RIGI, además de los proyectos de Hojarasca, Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

En la Cámara de Diputados, además, la oposición convocó para este miércoles una sesión para avanzar con los proyectos vinculados con morosidad y emergencia en discapacidad.

Desde el oficialismo cuestionaron la convocatoria y aseguraron que la oposición cuenta actualmente con 131 voluntades, dos menos que las 133 que habían permitido alcanzar el quórum en una sesión anterior.

En Casa Rosada también analizaron el impacto de la cadena nacional en la que Milei presentó sus medidas sobre Malvinas. Según fuentes del oficialismo citadas en el informe, el mensaje tuvo una importante repercusión en redes sociales, por lo que la estrategia apunta ahora a sostener la atención sobre el tema mediante nuevas medidas y avances legislativos.

La administración libertaria considera que la cuestión Malvinas permitió recuperar iniciativa política y busca trasladar ese impulso a la actividad del Congreso.

En ese escenario, el Gobierno combina la preparación del proyecto sobre soberanía, nuevas acciones contra empresas vinculadas con actividades en las islas y el avance de la infraestructura prevista en Tierra del Fuego.