La mesa política del Gobierno nacional se reunió este martes en Casa Rosada para avanzar en la implementación de las medidas anunciadas por Javier Milei en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación de los ministros Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores, y Carlos Presti, de Defensa. La reunión se extendió durante poco menos de dos horas y tuvo como uno de sus principales objetivos definir los próximos pasos de la estrategia oficial.

Uno de los puntos centrales fue la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo texto se encuentra actualmente en la Secretaría de Legal y Técnica. Según lo analizado, el proyecto podría ser enviado al Congreso este viernes y comenzaría su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Durante la reunión también se definió que Pablo Quirno y Carlos Presti viajarán este viernes a Tierra del Fuego. El objetivo será recorrer la zona y avanzar en los aspectos vinculados con la construcción de una base naval integrada y el Polo Logístico previsto para la Patagonia.

El proyecto forma parte de las medidas anunciadas por Milei y, de acuerdo con el Gobierno, los fondos necesarios para la obra estarán contemplados en el Presupuesto Nacional 2027.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que la construcción será financiada exclusivamente por Argentina y negó que exista un acuerdo con Estados Unidos para financiarla o respaldarla.

Otro de los temas abordados estuvo relacionado con las empresas internacionales vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas.

Quirno informó sobre las próximas acciones que impulsará el Gobierno contra compañías que, según la administración nacional, operan en las islas sin autorización argentina.

En ese marco, este martes la Procuración del Tesoro avanzó contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Las medidas forman parte de la estrategia oficial para incrementar la presión sobre las empresas que participan de actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el área en disputa.

La discusión sobre Malvinas se desarrolla en paralelo a una intensa agenda legislativa para las próximas semanas. El Gobierno tiene previsto presentar el Presupuesto 2027 el 15 de septiembre, mientras que para esa misma fecha está previsto que el Senado habilite el debate sobre la reforma laboral.

También permanecen pendientes en la Cámara Alta el dictamen del Super RIGI, además de los proyectos de Hojarasca, Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

En la Cámara de Diputados, además, la oposición convocó para este miércoles una sesión para avanzar con los proyectos vinculados con morosidad y emergencia en discapacidad.

Desde el oficialismo cuestionaron la convocatoria y aseguraron que la oposición cuenta actualmente con 131 voluntades, dos menos que las 133 que habían permitido alcanzar el quórum en una sesión anterior.

En Casa Rosada también analizaron el impacto de la cadena nacional en la que Milei presentó sus medidas sobre Malvinas. Según fuentes del oficialismo citadas en el informe, el mensaje tuvo una importante repercusión en redes sociales, por lo que la estrategia apunta ahora a sostener la atención sobre el tema mediante nuevas medidas y avances legislativos.

La administración libertaria considera que la cuestión Malvinas permitió recuperar iniciativa política y busca trasladar ese impulso a la actividad del Congreso.

En ese escenario, el Gobierno combina la preparación del proyecto sobre soberanía, nuevas acciones contra empresas vinculadas con actividades en las islas y el avance de la infraestructura prevista en Tierra del Fuego.