Entre deudas previsionales sujetas a revisión, rutas que sólo avanzarán si entran en el circuito de concesiones y servicios federales que siguen esperando definiciones de fondo, Santa Fe aparece en el Informe de Gestión N° 145 de la Jefatura de Gabinete atravesada por el nuevo paradigma fiscal del gobierno de Javier Milei.

El documento, con más de dos mil respuestas remitidas el último miércoles al Congreso, permite hacer una lectura del lugar que ocupa la provincia que gobierna Maximiliano Pullaro en la hoja de ruta de la Casa Rosada. Manuel Adorni defendió esa orientación en la Cámara de Diputados con un discurso que combinó ajuste, reforma del Estado y promesas de eficiencia.

Leídos en clave santafesina, el informe de 1.935 páginas y el discurso de hora y media, dejan una imagen del modelo de relación que la Nación propone a la provincia. Algunos datos: menos transferencias automáticas, más auditoría, menos obra pública directa y más espera de iniciativa privada, con un superávit nacional que también se explica por lo que deja de ejecutarse en el territorio local.

La política vial quedó expuesta bajo un criterio que el Gobierno repite desde hace meses: la Nación sólo terminará aquellas obras con alto grado de ejecución o con financiamiento externo asegurado. El resto queda en una zona gris, sujeta al traspaso al sector privado.

Para el norte provincial, Adorni precisó en la respuesta 639 que Vialidad Nacional priorizó el sistema modular de la RN 11 / RN A009, en el tramo Crespo-Avellaneda y Puerto Reconquista. La obra, a cargo de COINGSA S.A., registra un avance del 85,52% y tiene como fecha prevista de finalización junio de 2026. Pero el panorama cambia en el resto de la traza. Desde Nelson hasta el límite con Chaco, la Ruta 11 fue incluida en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. En los hechos, eso implica que su mantenimiento quedará atado al cobro de peajes, una vez concretado el proceso licitatorio.

En el centro y sur santafesino, la lógica es la misma. En la respuesta 819, la Jefatura de Gabinete informó que la RN 34, en el tramo VI de la autopista Rosario-Sunchales, presenta un avance del 79,30%. La RN 1V09, entre el empalme con la A012 y Bell Ville, alcanza el 76,41%. Se trata de obras relevantes, pero todavía sujetas al piso de ejecución que la Nación fijó como condición de continuidad con fondos estatales.

En la respuesta 634, aparece una definición con un matiz más político: “Ahora, las obras de infraestructura se orientan a generar más productividad porque las hace el sector privado”. La frase resume el cambio de criterio. Tramos clave de las rutas 7, 8, 33 y 34 que recorren territorio santafesino pasarán al esquema de concesión sin subsidios públicos, bajo la premisa de que el modelo anterior era deficitario para el Estado.

En esa línea, la respuesta 636 confirmó que la Ruta 33, desde Rufino hasta la A012, integra el Tramo Portuario Norte, ya incorporado a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. Para la conexión Rosario-Victoria, en tanto, el informe destaca que la operación ya fue adjudicada dentro de los Tramos Oriental y Conexión.

El otro dato que acompaña esa reconfiguración es el propio recorte estatal. Según el informe, Vialidad Nacional pasó de 5.703 agentes a comienzos de 2024 a 4.894 en la actualidad. Se evita, además, precisar partidas concretas para intervenciones urgentes en sectores críticos, dejando esa responsabilidad en el nuevo esquema concesionado.

El capítulo de seguridad ocupó un lugar central en la exposición de Adorni. Rosario volvió a aparecer como emblema del despliegue federal y como uno de los pocos puntos donde la Casa Rosada busca mostrar resultados concretos.

El jefe de Gabinete sostuvo que en 2023 la ciudad tenía una tasa de 22 homicidios cada 100 mil habitantes, cinco veces superior a la media nacional, y afirmó que hoy ese indicador cayó a 6,91. El Gobierno atribuye esa mejora al Plan Bandera y al refuerzo de los controles federales, incluidos los realizados sobre la Hidrovía a través del Plan Paraná.

Sin embargo, la política de seguridad no aparece exenta de zonas grises. En la respuesta 816, el Ejecutivo justificó la disolución del Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario (GEANRO) como parte de una “evolución hacia un modelo de seguridad consolidado”. Según esa explicación, el grupo cumplió su función de intervención rápida hasta que se afianzó el Comando Unificado.

En relación al despliegue de Gendarmería en la provincia, la respuesta 814 evitó dar una cifra consolidada de efectivos permanentes por razones de estrategia. Sólo se indicó que el esquema combina personal fijo con relevos rotativos, dejando abierta la pregunta sobre cuánto de este refuerzo federal es estructura estable.

En el plano judicial, el informe volvió a mostrar que una de las cuentas pendientes de la Nación con Santa Fe sigue siendo la cobertura de vacantes. En la respuesta 642 se informó que, en los últimos 45 días, fueron enviados al Senado 103 pliegos, entre ellos tres correspondientes a la provincia: Walter Alberto Rodríguez para el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe; Emilio Rosatti para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe; y Santiago Joaquín Saux para el Juzgado Federal de Rafaela.

Pero la situación de Rosario, clave para el trámite de causas ligadas al narcotráfico y al lavado, sigue sin resolverse. El concurso para la Cámara Federal de Apelaciones permanece “en análisis” en el Ministerio de Justicia. Es una demora de peso para una jurisdicción donde la discusión sobre seguridad tiene, necesariamente, su contracara judicial.

Cuando se preguntó por el déficit edilicio de la Justicia Federal santafesina, la respuesta oficial fue correrse del tema y derivarlo al Consejo de la Magistratura.

El informe expuso falencias sensibles en materia sanitaria que viene siendo parte de la agenda de reclamos durante las últimas semanas.

En la respuesta 628, el Ministerio de Salud reconoció que durante el primer cuatrimestre de 2026 hubo un desvío del 28% en la entrega de medicación inmunosupresora para pacientes trasplantados en Santa Fe. 

De 293.888 unidades solicitadas, sólo se enviaron 212.454. La explicación oficial fue un problema de stock del laboratorio Novartis, único proveedor de determinadas drogas críticas, que ofertó apenas el 20% de lo requerido en la última licitación.

En salud sexual, la caída fue todavía más marcada. En la respuesta 631, el Gobierno admitió una disminución del 64% en los envíos de anticonceptivos y preservativos a la provincia. La causa alegada fue que dos procesos de contratación previos resultaron fracasados. Para 2026, la Nación promete regularizar la provisión, aunque lo supedita al éxito de las nuevas licitaciones. En paralelo, la campaña antigripal muestra niveles de cumplimiento apenas por debajo del 50%, tanto en la provincia como en Rosario.

Si de deudas se trata, una de las de mayor peso es la previsional, que también ocupó la agenda pública durante las últimas semanas. El informe indicó en la respuesta 709 que durante 2025 la Nación transfirió a Santa Fe $38.018,41 millones por el déficit de su Caja de Jubilaciones no transferida. Pero cuando se pidió precisión sobre la deuda acumulada, el Ejecutivo evitó dar una cifra total y sostuvo que sólo será reconocida aquella que se determine fehacientemente tras las auditorías correspondientes de ANSES.

En materia de política habitacional, la respuesta 823 consignó que la deuda de la Nación para terminar obras del programa Casa Propia en Santa Fe asciende a 46.183.430,26 UVIS. Esas obras están hoy en proceso de traspaso a la provincia o de rescisión.

Además, respecto del Procrear, se confirmó que quedó sin efecto la subasta del predio Parque Federal en la ciudad de Santa Fe, aunque el informe no precisó qué destino tendrán finalmente esas tierras tras la disolución del fondo fiduciario.

En conectividad ferroviaria dejó datos duros. En la respuesta 1049, el Gobierno informó que el servicio Buenos Aires-Rosario perdió casi el 87% de sus pasajeros en lo que va de 2026 frente a 2023.

Adorni confirmó, además, que se detectaron 50 mil durmientes con fallas estructurales de fabricación en los ramales hacia Córdoba y Tucumán, pasando por Rosario y Rafaela. El plazo de remediación técnica estimado es de entre 10 y 12 meses.

Mauro Muñoz - Política - Economía El Litoral

En el transcurso de la próxima semana, el gobernador Maximiliano Pullaro suscribirá con autoridades de la Anses el convenio que establecerá las pautas para los futuros desembolsos desde el organismo nacional a la provincia, para financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe.

Como adelantara El Litoral, la redacción del texto implicó un vaivén de borradores confeccionados sobre la base de la negociación política entablada entre las partes. Gisela Scaglia ofició como una de las interlocutoras en la conversación.

Con respecto al contenido del acuerdo, se definió que Anses transferirá a Santa Fe 120 mil millones de pesos en doce cuotas iguales, mensuales y consecutivas de diez mil millones pesos cada una a partir de mayo del corriente año y hasta abril de 2027. Ello será en concepto de anticipo de capital correspondiente al resultado definitivo que surge de la auditoría realizada sobre el ejercicio en curso.

El convenio dispone, asimismo, que provincia y nación se comprometen a colaborar de manera recíproca a fin de establecer el resultado definitivo tras la simulación como consecuencia de la armonización de los sistemas, correspondiente a los ejercicios comprendidos entre 2022 y 2025. Si alguna de las partes incumpliese lo establecido, se suspenderá de manera inmediata la ejecución del articulado.

Ambos estamentos acuerdan, en otro orden, que los montos provenientes de los resultados definitivos correspondientes a los ejercicios pendientes (2022 a 2025) podrán ser incorporados en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

En el escenario eventual de que las sumas transferidas a la provincia en concepto de anticipo correspondiente al Ejercicio 2026 superen el Resultado Definitivo de dicho ejercicio, Anses podrá realizar las gestiones para el recupero de esas sumas.

Como adelantara El Litoral, se suspenden también por 180 días (prorrogable por idéntico período) los plazos procesales que se encuentran corriendo en materia de juicios iniciados por la provincia contra Nación en esta materia.

Canceladas las sumas citadas de parte de Nación a través del Régimen de Compensación de Deudas, la provincia deberá desistir de procesos iniciados y vinculados al convenio en cuestión.

La "armonización" citada resultado de analizar ambos sistemas previsionales (el nacional y el provincial) de acuerdo con una serie de criterios, como la edad que se establece para el retiro en cada uno de esos ámbitos.

Del resultado de esa comparativa, se calcula el nivel de asistencia financiera que la Nación le aportará a Santa Fe para enjugar parte del déficit de su Caja de Jubilaciones.

Tal compromiso de financiamiento de parte del gobierno central deviene a modo de compensación con aquellos distritos que decidieron no transferir sus organismos previsionales a la Nación y mantenerlos en la órbita provincial.

Las negociaciones son trabajosas en todas las gestiones; en algunos casos, han demandado auditorías y en otros, la remisión tardía o en cuentagotas de los recursos prometidos

El Litoral

Guardar las bolsas del supermercado dentro de otra más grande es una costumbre presente en la mayoría de los hogares argentinos. Aunque a simple vista parece un gesto funcional para ahorrar espacio o tenerlas a mano, la psicología conductual sostiene que este hábito refleja mucho más que una simple rutina doméstica.

Quienes juntan bolsas suelen hacerlo con la intención de mantener la casa organizada y estar preparados para usos futuros. Se trata de una forma de anticiparse a lo inesperado, lo que traduce una búsqueda de control frente a la incertidumbre cotidiana.

Desde la psicología se interpreta también como un acto de aprovechamiento de recursos, que evita el desperdicio y da un segundo uso a algo que conserva valor. Esta práctica conecta tanto con la idea de cuidar el bolsillo como con la conciencia ambiental de reutilizar lo que puede servir.

Otro aspecto interesante es que acumular bolsas puede ser una estrategia inconsciente para reducir la ansiedad. Saber que hay bolsas guardadas para cuando se necesiten genera tranquilidad y refuerza la sensación de seguridad en el hogar.

La Ciudad de Buenos Aires fue escenario de una discusión que viene arrastrándose desde hace meses. Representantes del gobierno santafesino, encabezados por el secretario Jorge Boasso, se sentaron frente a sus pares de ANSES para intentar destrabar una deuda millonaria que mantiene el Estado nacional con la provincia por fondos previsionales.

Y aunque hubo diálogo, no hubo acuerdo. La propuesta que acercó Nación fue considerada insuficiente, similar a la que aceptó Córdoba semanas atrás, pero muy lejos de lo que Santa Fe exige: el reconocimiento de una deuda que, entre stock y flujo interrumpido, ya supera los 800 mil millones de pesos.

La frase, tajante y sin rodeos, la pronunció el propio gobernador Pullaro tras la audiencia. “Si no hay mejor oferta, que decida la Corte”, remarcó, dejando en claro que no está dispuesto a aceptar una solución a medias ni a dejar que la urgencia económica le imponga condiciones.

Aun así, aclaró que la provincia está dispuesta a discutir alternativas de pago: bonos, bienes, obras. Pero siempre y cuando esos mecanismos tengan respaldo real. “No queremos papeles”, habría dicho en privado. La idea de aceptar terrenos o edificios públicos —como el histórico correo— aparece como una opción viable si permite compensar parte de la deuda.

Lo simbólico también pesó en la jornada. Pullaro viajó a Buenos Aires acompañado por los exgobernadores Omar Perotti y Antonio Bonfatti, mostrando un frente político unido más allá de las diferencias partidarias. “Es una causa de Santa Fe”, insistieron.Esa unidad le da fuerza al reclamo: el respaldo legislativo, el equilibrio fiscal provincial y el consenso institucional colocan a Santa Fe en una posición firme para encarar la negociación.

Mientras se espera una eventual nueva oferta o una decisión final de la Corte, se abrirán mesas técnicas para revisar los montos reclamados, especialmente el flujo de fondos cortado desde enero. Esa tarea demandará semanas, pero la provincia ya dejó clara su postura: no negociará el “cuánto”, solo el “cómo”.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la suba del 11% en los haberes mínimos y máximos de mayo para jubilados y pensionados, mediante la Resolución 97/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial.

El organismo previsional estableció “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de mayo de 2024, será de $190.141,60″. Mientras que el máximo, a partir del quinto mes del año, será de $1.279.472,92.

Los mencionados montos pueden ser superiores en caso de que el Gobierno confirme el otorgamiento de un bono, como viene ocurriendo en los últimos meses. De ser así y de continuar con un valor de $70.000, la jubilación mínima será de $260.124,17.

Aunque la suba sobre los haberes alcanza el 11%, en línea con la inflación de marzo, la aplicación de un bono sin actualización representará un aumento del 7,81% frente al monto total de $241.216 percibido en abril, lo que genera que baje la incidencia del incremento aplicado.

Al mismo tiempo, en el documento oficial que lleva la firma del titular de ANSES, Mariano de los Heros, se estableció las bases imponibles mínima y máxima en $64.039,66 y $2.081.258,67, respectivamente, a partir del período devengado mayo de 2024. En caso de que el Gobierno logre restituir Ganancias, estos montos serán claves ya que impactan en el tributo.

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Además, el organismo determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $86.981,11. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $152.113,28.

El nuevo esquema previsional entrará en vigencia oficialmente desde julio y tendrá como base el ajuste mensual en base a la inflación del segundo mes previo al del haber respectivo, por lo que en el séptimo mes del año será con el índice de mayo.

Mientras tanto, en los meses previos, se otorgan adelantos. De esta manera sucedió con el aumento del 13,2% en abril, vinculado a la inflación de febrero, sumado a un 12,5% de recomposición y al bono de $70.000. Así, la jubilación mínima pasó de $134.445 a $171.216 y si se agrega el refuerzo, llegó a $241.216.

Con el nuevo incremento del 11% para mayo, en base al IPC de marzo, pero sin el porcentaje de recomposición y sin bono confirmado, el haber mínimo quedó en $190.141. De igual manera sucederá en junio, aplicando el mismo mecanismo con un porcentaje de adelanto por la inflación de abril.