Un tribunal de segunda instancia revocó una sentencia absolutoria y condenó a nueve años y seis meses de prisión a un hombre por una tentativa de homicidio agravado cometida en Rafaela. La resolución fue adoptada por el camarista Cristian Fiz, tras un recurso presentado por la fiscal Lorena Korakis.

El condenado, Sergio Daniel Fontanetto, fue hallado culpable de los delitos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, portación de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad. La pena se unificó con una condena previa de dos años y seis meses de prisión condicional.

El caso había tenido un giro significativo: en agosto de 2024, Fontanetto fue absuelto en un juicio oral e incluso declarado inimputable. Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión al considerar que el tribunal de primera instancia no había valorado correctamente las pruebas.

Según explicó Korakis, en la audiencia de apelación se expusieron testimonios y evidencias científicas que acreditaban la participación activa del acusado y su capacidad de comprender la criminalidad de sus actos.

El camarista Fiz coincidió con ese planteo y rechazó la existencia de duda razonable, lo que derivó en la condena.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 18 de abril de 2022, entre las 15:45 y las 16:00, en inmediaciones de calle 26 de Enero al 300.

El condenado se encontraba en la vereda de su domicilio con un rifle semiautomático calibre .22, sin autorización legal. En ese contexto, disparó en reiteradas ocasiones contra un automóvil que pasaba por el lugar, conducido por una mujer.

La víctima resultó herida en el brazo derecho y en ambas manos.

Luego del ataque inicial, el hombre también efectuó disparos contra tres vecinos que se encontraban en la vía pública, provocándoles lesiones en distintas partes del cuerpo.

El episodio continuó cuando personal policial llegó al lugar. Según la acusación, Fontanetto apuntó con el arma a los efectivos con fines intimidatorios, lo que derivó en la imputación por resistencia a la autoridad.

La fiscal sostuvo que el accionar del condenado evidenció una clara intención de matar, destacando que utilizó un arma de fuego con conocimiento de su potencial letal y que no logró concretar el resultado por circunstancias ajenas a su voluntad.

La causa fue impulsada por el Ministerio Público de la Acusación.

La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva de Nadia Juárez, la única adulta imputada por el crimen de Jeremías Monzón, el joven de 16 años asesinado el 18 de diciembre de 2025 en Santo Tomé.

La resolución fue tomada por el juez Alejandro Tizón, quien respaldó el fallo de primera instancia y consideró que existen elementos de convicción suficientes para sostener una probable participación secundaria de la imputada en el homicidio.

Según la investigación, Juárez habría tenido un papel clave posterior al crimen. El magistrado valoró especialmente un video captado por cámaras de seguridad, registrado aproximadamente una hora después del hecho.

En las imágenes, se observa un encuentro entre la imputada y los menores involucrados que, de acuerdo al análisis judicial, no habría sido casual. El juez señaló que existió una actitud que sugiere coordinación y que Juárez habría guiado a los adolescentes hacia el Parque Sur con el objetivo de descartar elementos vinculados al hecho.

En la causa también está imputada la hija de Juárez, de 16 años, quien permanece detenida. En tanto, otros dos menores de 14 años al momento del crimen quedaron sujetos a medidas judiciales confidenciales, ya que no son punibles por su edad.

Durante la audiencia, el defensor público cuestionó la resolución inicial al considerar que la acusación se basa en interpretaciones y deducciones sin respaldo suficiente.

Sostuvo que el encuentro registrado en el video fue circunstancial y que no existen pruebas concretas de una planificación previa.

Por su parte, el fiscal del caso, Francisco Cecchini, defendió la hipótesis acusatoria y afirmó que el análisis de las imágenes responde a una interpretación directa de los hechos registrados, no a conjeturas.

Además, planteó que la imputada habría tenido conocimiento previo del crimen y acompañó a su hija en una declaración donde se habría intentado desviar la investigación.

Tras conocerse la resolución, la madre de la víctima expresó su alivio por la decisión judicial, aunque manifestó su angustia por lo ocurrido y denunció hostigamientos en redes sociales hacia su familia.

También cuestionó duramente la actitud de los involucrados, señalando la gravedad de los hechos y el impacto que continúan teniendo.

La causa sigue en etapa de investigación y no se descarta que se profundicen las imputaciones. La Fiscalía analiza incluso la posibilidad de que Juárez haya tenido un rol de instigadora en el hecho.

Mientras tanto, la Justicia considera que la prisión preventiva resulta necesaria para garantizar el desarrollo del proceso y evitar posibles entorpecimientos.

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata condenó este lunes a 23 años y 4 meses de prisión a Tobías Godoy, el adolescente declarado responsable por la muerte de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió tras ser arrastrada por un vehículo robado en la localidad bonaerense de Altos de San Lorenzo.

La sentencia fue dictada por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, luego de varias jornadas de audiencias realizadas en la sede del fuero penal juvenil ubicada en Tolosa.

A comienzos de marzo, un jurado popular había declarado culpable al acusado por el hecho ocurrido durante un robo.

Durante la última audiencia del proceso, la fiscal Mercedes Catani había solicitado la misma pena que finalmente fue impuesta al joven, bajo la calificación de homicidio en ocasión de robo en carácter de autor material.

La sanción se ubica entre las más altas previstas para este tipo de delito, cuyo marco legal contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión efectiva.

Por su parte, la defensa del acusado sostuvo que el hecho debía ser considerado homicidio culposo y pidió una condena de 7 años de prisión.

La causa fue tramitada bajo las normas del régimen penal juvenil, ya que Godoy tenía 17 años al momento del hecho, aunque actualmente es mayor de edad.

El tribunal resolvió que el acusado debía ser juzgado como menor conforme a la legislación vigente.

El segundo adolescente involucrado en el hecho, de 14 años, quedó fuera del alcance del régimen penal debido a su edad.

El hecho ocurrió el 25 de febrero del año pasado, alrededor de las 22, cuando Kim Gómez y su madre se encontraban dentro de un Fiat Palio estacionado frente a un supermercado.

Según la investigación, dos adolescentes abordaron a las víctimas con la intención de robar el automóvil. La madre logró escapar, pero la niña quedó atrapada en el asiento del acompañante, sujeta por el cinturón de seguridad.

Los agresores huyeron con el vehículo y, de acuerdo con testimonios incorporados a la causa, intentaron sacar a la menor por la ventanilla.

La niña fue arrastrada durante más de 15 cuadras hasta que el automóvil impactó contra un poste. Tras el choque, los atacantes escaparon y el cuerpo de la menor quedó debajo del vehículo.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, quien reunió distintas pruebas que permitieron vincular a los sospechosos con el robo y el homicidio.

Entre los elementos incorporados al expediente se incluyeron registros de cámaras de seguridad, que mostraron al principal acusado usando un short con la imagen de Diego Maradona, prenda que posteriormente fue secuestrada por la DDI de La Plata durante un allanamiento en su vivienda.

Durante el juicio también declararon cinco testigos y el padre de la víctima, Marcos Gómez, quien relató el impacto del crimen en la familia.

El hombre definió el proceso judicial como “muy duro” y sostuvo que el debate permitió esclarecer lo ocurrido.

En las últimas horas circularon versiones sobre dos episodios graves dentro del penal de Melchor Romero, donde permanecen alojados los jóvenes condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Sin embargo, tanto el entorno de uno de los internos como el propio Servicio Penitenciario Bonaerense desmintieron esos trascendidos.

Las versiones indicaban que Luciano Pertossi había intentado quitarse la vida. Esa información fue rechazada de plano por personas cercanas al joven, quienes se comunicaron con la agencia Noticias Argentinas.

“Las noticias sobre Luciano fueron absolutamente falsas”, afirmaron. Y agregaron: “Lamentamos que se difundan versiones tan graves sin medir las consecuencias”.

Los dichos surgieron luego de que Fernando Burlando, abogado de la familia Báez Sosa, hablara del tema en televisión.

Al mismo tiempo, se difundieron versiones sobre una supuesta pelea de Máximo Thomsen con otros presos y una posterior sanción disciplinaria. Esa versión también fue descartada.

En un comunicado, el Servicio Penitenciario Bonaerense sostuvo que “el estado actual de todos los internos vinculados al caso Báez Sosa no presenta modificaciones” y confirmó que no se dispusieron medidas de aislamiento ni sanciones recientes.

La información oficial señala que, dentro del penal, los condenados permanecen bajo el régimen habitual y sin novedades que ameriten corrección disciplinaria.

Un hombre de 29 años identificado como Marcos Gabriel Acosta fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por haber abusado sexualmente de una niña en San Javier. Así fue dispuesto por la jueza Celeste Minniti, en un juicio abreviado que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal Guillermo Persello estuvo a cargo de la investigación que permitió llegar a la condena.

“En agosto de 2022, el condenado invitó a su casa a la niña que resultó víctima, con la excusa de que ella jugara con las hermanas de él”, relató Persello. “Por entonces, la pequeña transitaba su escolaridad primaria”, aclaró.

El fiscal afirmó que “cuando la víctima llegó a la vivienda, advirtió que Acosta estaba solo allí”, y subrayó que “él aprovechó esa circunstancia para agredir sexualmente a la amiga de sus hermanas”.

Por otro lado, el funcionario del MPA señaló que “meses después, el condenado se acercó a un lugar en el que estaba la niña que sufrió el abuso y le dijo que, si ella contaba algo en relación al hecho ilícito, él la iba a matar”.

Con todo, Persello valoró que “más allá del amedrentamiento, la víctima logró hablar con su madre acerca de la conducta delictiva de Acosta y la mujer radicó la denuncia que originó la investigación penal”.

En la audiencia en la que se desarrolló el juicio, Acosta reconoció su responsabilidad penal como autor de abuso sexual con acceso carnal y amenazas coactivas.

En tanto, la Defensa aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía, la pena a nueve años y seis meses de prisión y el modo elegido para resolver el conflicto penal.

Un hombre de 36 años fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno familiar en Humboldt (departamento Las Colonias). Así lo dispuso el juez Sergio Carraro, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal Alejandro Benítez investigó lo sucedido y representó al MPA en la audiencia en la que se impuso la pena.

En relación a los ilícitos, el fiscal afirmó que “el condenado abusó de la víctima en reiteradas oportunidades en 2016”, y aclaró que “por entonces, ella iba al jardín de infantes”. Según indicó, “el agresor vulneró la integridad sexual de la pequeña en dos inmuebles en los que convivieron”.

El condenado reconoció su responsabilidad penal como autor de abuso sexual con acceso carnal y promoción a la corrupción de menores, ambos delitos calificados (por el vínculo y la convivencia con la víctima, quien en la actualidad continúa siendo menor de edad).

Las iniciales del condenado son NER. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de la persona que sufrió los abusos, quien tiene el mismo apellido que él.

Fue imputado por haber embestido la embarcación en la que iba Adrián Javier Taborda, que falleció debido a las graves heridas, la noche del 7 de diciembre.

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El conductor de la lancha que embistió a otra en el río Paraná la noche del 7 de diciembre, a la salida de una fiesta, fue imputado y quedó en prisión preventiva.

El fiscal Arturo Haidar atribuyó a Pedro Agustín Bertossi (35) los delitos de "homicidio culposo por la conducción antirreglamentaria, imprudente y negligente de un vehículo con motor" y "lesiones leves culposas".

La audiencia fue presidida por la jueza Celeste Minniti, que primero escuchó declarar a las víctimas. Familiares de Adrián Javier Taborda -quien fue embestido de lleno por la lancha y falleció debido a fracturas de cráneo, politraumatismos y aplastamiento de tórax- también participaron del debate, y hablaron ante la magistrada.

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Bertossi fue representado por el abogado Ignacio Alfonso Garrone, quien propuso una serie de medidas no privativas de la libertad. Las mismas fueron consideradas insuficientes por Minniti, de cara a los peligros procesales. El imputado también declaró y dijo que "nunca supe que había un chico que había muerto" y pidió disculpas a la familia de Taborda.

Entorpecimiento

Al concluir la audiencia, el fiscal Haidar consideró "justo" el resultado de la misma. Hoy "se le hicieron conocer los hechos como presunto responsable de homicidio culposo por la conducción antirreglamentaria, imprudente y negligente de un vehículo con motor", explicó.

El choque se produjo el sábado 7 de diciembre entre las 22 y las 22.30 en inmediaciones de la isla "La Paciencia", en el río Paraná, a la altura del kilómetro 585, "a la salida de una famosa fiesta que se llama Malibú".

Si bien Bertossi no registra antecedentes condenatorios, "consideré que los riesgos procesales estaban latentes y se verificaban para que transcurra el proceso privado de la libertad".

Fuente: El Litoral

Se trata de Claudio Simón Castellano. El hombre también trató de matar a un adolescente, vecino de la mujer.

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Claudio Simón Castellano, de 32 años, fue condenado por haber intentado matar a su pareja, a quien también amenazó y obligó a prostituirse en la ciudad de Santa Fe.

La sentencia fue resuelta por unanimidad en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de la capital provincial. El tribunal estuvo integrado por los jueces Lisandro Aguirre -presidente-, Pablo Ruiz Staiger y Leandro Lazzarini.

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Por los ilícitos en perjuicio de la mujer que era su pareja, Castellano fue condenado como autor de los delitos de “tentativa de femicidio”, “explotación de la prostitución ajena agravada” y “amenazas coactivas” (dos hechos) En tanto, la sentencia también comprendió el ataque a un adolescente que era vecino de la mujer, hecho que fue clasificado como “tentativa de homicidio”.

La investigación de los hechos estuvo a cargo de la fiscal Milagros Parodi.

Violento

La fiscal Parodi explicó que “entre 2018 y 2022, el condenado y la víctima tuvieron una relación de pareja y de convivencia intermitente, en el marco de la cual, él la obligaba a intercambiar sexo por dinero con el fin de quedarse con el producido de los pases sexuales para solventar sus gastos y para consumir drogas y alcohol”.

“Castellano también la agredía físicamente, la amenazaba de muerte, la celaba, controlaba sus amistades y vínculos familiares”, remarcó la fiscal en el juicio.

Parodi detalló que, “en ese contexto, y luego de que la relación ya había finalizado, Castellano fue a la casa de la víctima en Alto Verde, ingresó sin la autorización de ella, intentó apuñalarla con un arma blanca tipo faca”.

“Familiares de la mujer acudieron ante los gritos de auxilio de la mujer y Castellano intentó huir del lugar”, indicó la fiscal. “Un adolescente, vecino de la víctima, comenzó a perseguirlo”, remarcó la fiscal y puntualizó que “el condenado atacó con la faca al menor de edad, lo hirió en distintas partes del cuerpo y tuvo que ser hospitalizado de urgencia”, puntualizó la fiscal.

Fuente: El Litoral

Fue imputada junto a tres familiares y a su pareja. Éste último era el jefe de reventas de la empresa.

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La tesorera de la concesionaria Coinauto, cuya gerencial general está a cargo de Pablo Macua, quedó en prisión preventiva este jueves, luego de que la empresa denunciara la defraudación de más de 130 millones de pesos.

Paula Belén Charles Bassi (33) fue imputada este jueves por la fiscal María Laura Martí, quien le atribuyó haber sido jefa de una asociación ilícita que funcionó entre agosto y octubre de este año. Juan Pablo Frabotta (40), pareja de la tesorera y jefe de reventas de Coinauto, también fue señalado como jefe.

La pareja también fue imputada como coautora del delito de “hurto” reiterado en 66 oportunidades, por la sustracción de dinero de la caja de la firma, a la cual Bassi Charles tenía acceso.

En tanto, a Graciela Charles, Miguel Ángel Troncoso y Matías Gastón Troncoso -madre, padrastro y hermano de la tesorera- se les endilgó haber participado de la banda criminal.

El caso salió a la luz la semana pasada cuando desde la gerencia de la empresa denunciaron la faltante de 137 millones de pesos. La policía se apersonó en la concesionaria ubicada en avenida López y Planes e Iturraspe y aprehendió a la tesorera, tras haber secuestrado más de 3 millones de pesos en efectivo de su cartera y su automóvil.

Modus operandi

La audiencia realizada este jueves estuvo a cargo del juez penal José Luis García Troiano y se extendió hasta el mediodía. Primero habló Pablo Macua, Gerente General de la firma, quien declaró a puertas cerradas.

Luego, durante casi una hora, la fiscal Martí describió el modus operandi de la banda y las evidencias recolectadas que apoyan dicha teoría. Tambien señaló que creen que más personas participaron de los ilícitos, pero aún no han sido identificadas.

Según la atribución delictiva, Bassi Charles se hizo con 137 millones de pesos en efectivo, los cuales sustrajo de la caja recaudadora de Coinauto. El dinero fue destinado a adquirir bienes de lujo, materiales de construcción, insumos para el hogar y vehículos de costo alto y regular.

Frabotta, en su rol de Jefe de reventas de la firma, se encargaba de consignar a concesionarias más chicas diversos vehículos para la venta. Por esto “conocía con exactitud las maniobras” que debían realizar para adquirir vehículos con el dinero que hurtaba su pareja.

Charles y los Troncoso -padre e hijo- se beneficiaron con la adquisición o uso de vehículos. La mujer y el joven fueron detenidos durante una allanamiento en la casa de Bassi Charles, en Pedro Ferré al 3300, cuando los encontraron “sustrayendo documental de relevancia, con el fin de obstaculizar la actividad jurisdiccional”.

Presos

La tesorera y su madre fueron representadas por los abogados Mauricio Frois y Pablo Lombardi, los Troncoso contaron con la asistencia de los Dres. Alberto Crucci y Jairo Santillán, y Frabotta fue defendido por el penalista Ignacio Alfonso Garrone.

Por acuerdo de partes, tanto Bassi Charles como Matías Troncoso aceptaron quedar tras las rejas mientras la investigación avanza. Charles y Troncoso padre recuperaron su libertad bajo una caución de 20 millones de pesos, y deberán cumplir una serie de medidas cautelares.

La fiscal solicitó audiencia para tratar la prisión preventiva de Frabotta, la cual será discutida por el defensor Alfonso Garrone. La audiencia se realizará el viernes en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

Posibles involucrados

Dos personas vinculadas a los detenidos se acercaron a tribunales para presenciar la audiencia, y fueron aprehendidas por personal de la Policía de Investigaciones (PDI). Fueron trasladadas hasta una dependencia policial e identificadas en el marco de la investigación.

Fuente: El Litoral

Cirilo Eduardo Bravo, de 58 años, fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de su esposa, Mariel Alejandra Zimmermann, en Humberto Primo. La sentencia fue dictada esta mañana por unanimidad en un juicio oral llevado a cabo en los tribunales de Rafaela.

El tribunal estuvo integrado por la jueza Cristina Fortunato y los jueces Gustavo Bumaguin y Nicolás Stegmayer. El fiscal Martín Castellano dirigió la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el juicio.

“El tribunal impuso la misma pena que habíamos solicitado y que reiteramos en el juicio,” comentó Castellano. Añadió que la condena fue por la misma calificación penal atribuida a Bravo desde el inicio de la investigación.

Castellano destacó que durante los alegatos de clausura se demostró que Bravo cometió el crimen. “Más allá de que aún no conocemos los fundamentos del fallo, la sentencia es la que esperábamos y nos deja muy conformes,” afirmó el fiscal.

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El crimen ocurrió en los primeros minutos del miércoles 26 de octubre de 2022 en la vivienda que compartían en la calle Güemes al 100, en Humberto Primo. En medio de una discusión, Bravo atacó a Zimmermann con un cuchillo, causándole una herida mortal en el cuello.

“El femicidio se produjo en la cocina-comedor de la vivienda y en presencia de la hija menor de edad de ambos,” detalló Castellano. Además, aseguró que la muerte de Zimmermann no fue un hecho aislado, sino el resultado de una serie de episodios de violencia de género.

Bravo, quien estuvo casado con Zimmermann durante 36 años y con quien tuvo cinco hijos, fue condenado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género.

Se ordenó la prisión preventiva de un hombre investigado por el abuso sexual de una adolescente en Rafaela

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La medida cautelar fue resuelta por el juez Javier Bottero a partir de un requerimiento de la fiscal Favia Burella. El imputado tiene 35 años, sus iniciales son CJB y, de acuerdo con la investigación, cometió los delitos sexuales de manera reiterada desde octubre de 2022 hasta enero de 2023. También se le atribuyó la autoría de lesiones y de amenazas en perjuicio de la misma víctima.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 35 años cuyas iniciales son CJB a quien se investiga por el abuso sexual cometido en Rafaela en perjuicio de una adolescente con la que mantenía una relación de pareja. Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero, a raíz del pedido formulado por la fiscal Favia Burella en una audiencia que se desarrolló ayer en los tribunales de la ciudad cabecera del departamento Castellanos.

Burella, quien integra la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de la Fiscalía Regional 5, también le atribuyó al imputado haber agredido físicamente y haber amenazado a la víctima, quien al momento de los ilícitos transitaba la primera parte de su escolaridad secundaria.

La medida cautelar privativa de la libertad fue impuesta sin plazos por el juez Bottero.

Violencia

“El hombre investigado mantuvo una relación de pareja con la víctima menor de edad”, sostuvo Burella y precisó que “los ilícitos que investigamos fueron cometidos entre octubre de 2022 y enero de 2023”.

La fiscal del MPA hizo hincapié en que “durante esos meses, en los que convivieron en una vivienda en Rafaela, abusó sexualmente de la adolescente en reiteradas oportunidades, y también la agredió físicamente y la amenazó”.

La representante del MPA agregó que “en virtud de las sucesivas agresiones sufridas, la víctima decidió interrumpir la relación de pareja en diciembre de 2022. Sin embargo, a los pocos días, decidió reanudarla en virtud de que el imputado le decía que si no volvían, él le haría daño a algún integrante de la familia de ella”.

La fiscal continuó diciendo que “la relación terminó definitivamente en enero de 2023 cuando el hombre investigado agredió nuevamente a la adolescente y le provocó lesiones en la cabeza que requirieron que sea hospitalizada”.

Peligros procesales

Burella indicó que “el magistrado fundamentó oralmente en la audiencia de medidas cautelares su decisión de que el hombre investigado transite el proceso privado de su libertad”.

“En virtud de las evidencias que presentamos, Bottero no puso en duda que los hechos ilícitos ocurrieron y que la participación del imputado en los mismos está acreditada con el grado de probabilidad que se requiere en esta instancia procesal”, valoró Burella.

La fiscal también puntualizó que “el juez consideró que el entorpecimiento probatorio estaba latente en virtud de las particularidades del caso, refirió a la extrema violencia ejercida contra la víctima y, a raíz de ese contexto, sostuvo que no sería descabellado pensar que el imputado pudiera intentar amenazar u hostigar a la adolescente para que modifique sus dichos”.

Por último, Burella remarcó que “el juez consideró que las medidas alternativas a la prisión preventiva ofrecidas por la Defensa del imputado no son suficientes ni idóneas para garantizar o evitar el riesgo de contacto del imputado con la víctima”.

Calificación penal

Al hombre de 35 años se le atribuyó la autoría de los delitos de abuso sexual mediando violencia con acceso carnal reiterado e indeterminado a una menor de edad (agravado por la guarda), lesiones leves dolosas calificadas (por violencia de género y relación de pareja) y amenazas coactivas.

Quedó en prisión preventiva un hombre al que se investiga como autor de abuso sexuales cometidos en perjuicio de su expareja en Rafaela

La medida cautelar fue resuelta por la jueza Cristina Fortunato a partir de un requerimiento de la fiscal Gabriela Lema. El imputado tiene 35 años, sus iniciales son HER y se le endilgó haber cometido el ilícito en un claro contexto de violencia de género.

Quedó en prisión preventiva sin plazos un hombre de 35 años, cuyas iniciales son HER, a quien se le atribuyó haber agredido sexualmente a su expareja en una zona suburbana de Rafaela (departamento Castellanos). Además, el imputado es investigado como autor de reiteradas amenazas contra la misma víctima cometidas antes del ataque sexual.

En una audiencia que se desarrolló en los tribunales rafaelinos, la jueza Cristina Fortunato ordenó la medida cautelar por el plazo de ley. La resolución fue tomada a raíz del pedido formulado por la fiscal de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS), Gabriela Lema.

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Abuso sexual

El abuso sexual fue cometido alrededor de las 14:30 del viernes 16 de este mes en una zona suburbana. La fiscal Lema relató que “el hombre investigado citó a su expareja en la esquina de San Lorenzo y Las Heras, con el pretexto de que le devolvería una motocicleta que es de ella y que él tenía en su poder”.

“La víctima fue al lugar, y mediante reiterados engaños, el hombre investigado la fue llevando a un lugar en el que la golpeó, le quitó la ropa por la fuerza y, finalmente, la atacó sexualmente”, subrayó la fiscal.

Amenazas

Lema también planteó en la audiencia que “el imputado ya había amenazado en diferentes oportunidades a su expareja con publicar videos íntimos o tomar otro tipo de represalias si no recomponían la relación que habían mantenido”.

En ese sentido, señaló que “el 26 y el 29 de noviembre y el 1º de diciembre del año pasado el hombre investigado fue a las viviendas en las que su expareja trabaja para obligarla a encontrarse con él y le dejaba notas con contenido amenazante por si no hacía lo que le pedía”.

Por último, la funcionaria del MPA concluyó que “todos los hechos endilgados se le atribuyeron al imputado en un claro contexto de violencia de texto”.

Peligros procesales

Lema valoró que “sobre la base de las evidencias que presentamos, la jueza tuvo por acreditados los hechos ilícitos que le atribuimos al imputado”.

“En relación a la situación procesal del hombre investigado, la magistrada coincidió con el planteo que hicimos de que existen riesgos procesales”, destacó la fiscal e hizo hincapié en que “en virtud de la calificación legal que le endilgamos, es poco probable que sea beneficiado con una condena de ejecución condicional”.

Lema dijo que “para disponer la prisión preventiva, la jueza tuvo en cuenta además la condición de vulnerabilidad de la víctima, como así también el hecho de que el hombre investigado tenía una prohibición de acercamiento que no respetó”.

Calificación penal

Al hombre de 35 años se lo investiga como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal y coacciones reiteradas.

Un compañero del exjugador del FC Barcelona en Brians 2 aseguró que la prisión había activado "medidas extremas" por miedo a que el brasileño se lesionara.

Instituciones penitenciarias niega haber activado el protocolo antisuicidio a Dani Alves, acusado de agredir sexualmente a una joven durante la madrugada del 31 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona.

El domingo, su compañero de celda, Coutinho, aseguró que la dirección de la prisión de Brians 2, en la que el brasileño permanece desde hace ya más de un año, había tomado medidas para evitar que pudiese autolesionarse. Sin embargo, este lunes fuentes de instituciones peninciarias han desmentido esta información.

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En declaraciones de Coutinho al programa Fiesta, Alves habría sufrido un “bajón” tras enfrentarse al juicio, que terminó el 7 de febrero. Según su compañero de celda, el brasileño se encuentra “deprimido” y “cabizbajo” ante la posibilidad de que sea condenado.

a sentencia podría conocerse la semana que viene, pues el tribunal cuenta con 20 días desde la finalización del juicio para dictar una resolución. Durante la vista oral la fiscalía pidió para él nueve años de prisión, mientras que la acusación particular solicitó 12 años de cárcel.

Por su parte, la defensa, que ejerce la letrada Inés Guardiola, no sólo pidió la absolución de Alves, sino que sea indemnizado por las acusaciones con 150.000 euros por los daños causados.

Mundo Deportivo

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Condenaron a 13 años de prisión al hombre que cometió el homicidio de Ariel Maximiliano Ardiles en Santo Tomé

Se trata de Emanuel Jesús Quiroga, de 29 años, quien además fue declarado reincidente. Utilizó un arma de fuego para quitarle la vida a la víctima y robarle una bicicleta. El fiscal Carlos Lacuadra investigó los hechos ilícitos.

Un hombre de 29 años identificado como Emanuel Jesús Quiroga fue condenado a 13 años de prisión como autor del homicidio de Ariel Maximiliano Ardiles, cometido en 2021 en la ciudad de Santo Tomé (departamento La Capital).

La sentencia fue dispuesta por un tribunal integrado por los jueces José Luis García Troiano (presidente), Cecilia Labanca y Rosana Carrara, en el marco de un juicio de procedimientos abreviados que se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. A raíz de un antecedente penal condenatorio, los magistrados declararon reincidente a Quiroga.

El fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional 1, Carlos Lacuadra, estuvo a cargo de la investigación.

Arma de fuego

El homicidio fue cometido alrededor de las 21:00 del domingo 17 de enero de 2021, en inmediaciones de 9 de Julio al 3.300 de Santo Tomé.

Lacuadra afirmó que “Ardiles transitaba por el lugar en bicicleta cuando fue sorprendido por el atacante, quien le dijo que lo mataría”. En tal sentido, relató que “inmediatamente después, Quiroga le disparó al menos cinco veces con una pistola calibre 9 milímetros”.

“Mientras la víctima estaba en el suelo y gravemente herida, el condenado le robó la bicicleta y escapó del lugar”, aseguró el funcionario del MPA. “Minutos más tarde, el hombre agredido falleció a causa de la agresión”, precisó.

Juicio abreviado

Quiroga aceptó su responsabilidad penal como autor de homicidio y de robo, ambos delitos agravados (por el empleo de arma de fuego). En tanto, su abogado defensor aceptó la calificación penal, la pena a 13 años de prisión y la modalidad del juicio.

Por su parte, los familiares directos de la víctima fatal fueron notificados de lo resuelto en el juicio y expresaron su conformidad.

Los tres sospechosos fueron procesados y quedaron en prisión preventiva en el marco de la causa que tramita el Juzgado Federal nro. 2. En los allanamientos se secuestró marihuana, cocaína, éxtasis y LSD, entre otros elementos de interés.

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La División Regional de Investigación Criminal sobre el Narcotráfico de la AIC, con intervención de la Fiscalía Federal nro. 2 de Santa Fe, logró detectar cómo se realiza la venta de drogas en Santa Fe a través de grupos de la aplicación de mensajería Telegram. En el marco de la investigación se identificaron varios grupos destinados al narcotráfico, y se pudo identificar a los referentes de tres de dichos grupos.

Los tres sospechosos fueron detenidos el 11 de julio y en los allanamientos realizados se secuestró éxtasis, LSD, marihuana, cocaína rosa y blíster de pastillas, entre otros elementos de interés. El juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa dictó el procesamiento de los involucrados por comercio de estupefacientes, dispuso la prisión preventiva y les trabó un embargo por 1.200.000 pesos a cada uno.

La investigación comenzó a principios de 2023, en abril se concertaron algunos intercambios en diferentes puntos de la ciudad con algunos de los referentes, y en julio se logró la detención de los implicados y se concretaron los allanamientos correspondientes.

Drogas por Telegram

La investigación permitió detectar que en Telegram existen grupos “abiertos”, es decir que se pueden observar sin necesidad de ser aceptados y grupos “privados”, es decir que se debe enviar un mensaje, se recibe un link y se ingresa al grupo. La oferta de estupefacientes se observa desde un menú, donde al seleccionar la opción de “personas cerca” aparecen los usuarios de la aplicación que se encuentran a una distancia determinada; además, los mencionados grupos llevan generalmente los nombres de los barrios que están dentro del radio señalado: “Tengo La Rica en B-Guadalupe”, “Acá hay (emoticones de flores, ojos, nariz y otros)”, “Compra &venta de (emoticones de flores) barrio…” y “Only DrugsTore V.2 (emoticón carita con lengua de billete)”, son los nombres de algunos de los grupos detectados.

Los investigadores pudieron detectar también quiénes eran los vendedores en algunos de estos grupos: el referente en el grupo “Acá hay” era “Mia24/7 ,#$”, y fue identificado como Germán Maximiliano Paniagua, domiciliado en Rodríguez Cardona al 4000 en Santa Fe; el oferente “Spiral” del grupo “Only DrugsTore V.2”, fue identificada como Ruth Giuliana Díaz Sptier, domiciliada en Las Heras al 7200 de Santa Fe, donde posee un local de piercings y joyería dental llamado “Moon Witch Estudio”, y el oferente “Royal” del grupo “Only DrugsTore V.2 (emoticón carita con lengua de billete)” sería Tomás Ezequiel Solís, domiciliado en Suipacha al 2600 de Santa Fe.

Durante abril, el personal policial estableció contacto con los diferentes vendedores y así concretó los intercambios: el 6 de abril, cerca de las 18.15 horas, Paniagua, ‘Mia24/7 ,#$” del grupo abierto “Acá hay” realizó la transacción en Perú entre Av. López y Planes y La Paz: entregó cuatro troqueles de LSD.

Su vivienda de calle Rodríguez Cardona fue allanada el 12 de julio; allí se secuestraron varios elementos de interés para la causa: teléfonos celulares, una balanza, troqueles, chips de telefonía celular, un pendrive, una Tablet, una netbook, dinero en efectivo por $29.530, papelillos, envoltorios de nailon tipo ziploc que contenían sustancia vegetal, semillas, vestigios y cigarrillos de fabricación casera combustionados, un desmorrugador de metal de color negro con vestigios de sustancia vegetal, hojas de gillete y cartones para filtros de cigarrillos de amado casero, hojas con anotaciones varias, blísters de clonazepam y pastillas de rivotril. El total del estupefaciente secuestrado es por 1443 gramos de marihuana y 12 cuadrados de LSD.

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El 18 de abril, cerca de las 15:00, Ruth Giuliana Díaz Septier, usuaria del seudónimo ‘Spiral’ en el grupo privado de la plataforma de mensajería Telegram identificado como ‘Only DrugsTore V.2’, concretó una transacción en la vía pública, en Las Heras al 7200. A cambio de dinero entregó un envoltorio que contenía el estupefaciente. Las pruebas orientativas de campo arrojaron resultado positivo para cocaína, para mescalina y metanfetamina, con un peso total aproximado de 1,2 gramos.

El allanamiento en el lugar se concretó el 12 de julio durante la tarde. Cuando Diaz Septier advirtió la llegada de la policía, arrojó desde la terraza hacia las viviendas vecinas varios elementos: $194.500, una lata con pastillas, ocho troqueles, una bolsa de nailon traslúcida con una sustancia blanquecina, bolsas ziploc con pastillas y con cogollos de sustancia vegetal, un chip de telefonía y una balanza de precisión. Las pruebas orientativas sobre las sustancias incautadas arrojaron resultado positivo para cocaína por 0,9 gramos; la sustancia vegetal arrojó resultado positivo para marihuana con un peso total aproximado de 62,8 gramos; las pastillas, que sumaron un total de 43, arrojaron resultado positivo para éxtasis y los troqueles resultados reactivos para LSD.

Por último, el día 21 de abril, Solís, usuario del seudónimo ‘Royal’ en el grupo privado ‘Only DrugsTore V.2’, concretó un intercambio en la intersección de San Jerónimo y Crespo; a cambio de dinero, entregó una pastilla al personal actuante que resultó ser éxtasis, con un peso aproximado de 0,8 gramos. Solís fue detenido la tarde del día 12 de julio, cuando llegaba a su casa en Suipacha al 2600.

Del allanamiento en el departamento de Solís se secuestró: teléfonos celulares, papelillos y un encendedor de color amarillo, un recorte de bolsa de nailon de color negro con 37 envoltorios pequeños de nailon con sustancia pulverulenta de color rosa, una bolsa ziploc con diez pastillas de color azul, dos pastillas de Amoxicilina 500 mg, diez 10 pastillas de Paracetamol 650 mg, diez pastillas de Diroxina, 13 pastillas de Ibuprofeno 400 mg, nueve pastillas de Ibuprofeno 600 mg, bolsas de polímero transparente sin uso, un espejo cuadrado con vestigios de sustancia blanquecina, un desmorrugador y un frasco contenedor con vestigios de sustancia vegetal y una tarjeta de la empresa Mercado Pago a su nombre.

Procesamiento, prisión preventiva y embargo

Al momento de evaluar la imposición de la prisión preventiva para los involucrados, se evaluó que Solís y Paniagua manifestaron ser estudiantes, y que Díaz Septier sostuvo ser la propietaria del comercio de piercings. Para las autoridades, estas tareas son suficientes para considerar el arraigo laboral; además la pena mínima que les puede corresponder por el comercio de estupefacientes es de cuatro años de prisión.

También se tuvo en cuenta la actitud de la sospechosa de intentar deshacerse de elementos que la involucraban a los delitos investigados, y además Paniagua ya había sido identificado en una causa por infracción a la Ley 23.737 en febrero de 2023.

Los tres implicados fueron procesados como autores de comercio de estupefacientes en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y se les trabó un embargo por 1.200.000 pesos a cada uno. AIRES DE SANTA FE.

Se ordenó la prisión preventiva de un hombre que es investigado por abusar sexualmente en reiteradas oportunidades de la hija de su esposa

La medida cautelar fue resuelta por el juez Juan Gabriel Peralta a partir de un requerimiento de la fiscal Hemilce Fissore. El imputado tiene 42 años y atacó a la niña durante cuatro años, desde la época en la que ella iba a la escuela primaria. Los ilícitos tuvieron lugar en las localidades de Rafaela, Lehmann, Videla y San Cristóbal.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 42 años que es investigado como autor de reiterados abusos sexuales cometidos en perjuicio de la hija -menor de edad- de su esposa. Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Juan Gabriel Peralta, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de San Cristóbal.

La fiscal Hemilce Fissore está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son COM, transite el proceso judicial privado de su libertad. Peralta resolvió de manera oral en la audiencia, desestimó las medidas alternativas propuestas por la Defensa y dispuso la prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso judicial.

Los hechos

Fissore informó que “el hombre investigado llevó a cabo su conducta delictiva durante cuatro años”. En tal sentido, detalló que “los ataques a la integridad sexual de la víctima comenzaron cuando ella cursaba la escuela primaria y continuaron hasta el mes pasado”.

“El imputado actuó en el marco de una relación paternofilial, con conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos y aprovechando las circunstancias de guarda y convivencia con la víctima”, sostuvo la fiscal.

También precisó que “los hechos que investigamos tuvieron lugar en domicilios que compartió la familia en Rafaela, en una zona rural de Lehmann (ambas del departamento Castellanos) y en Videla (departamento San Justo)”. Al respecto, relató que “el imputado vulneró a la niña mediante amenazas y abuso coactivo de su rol parental en momentos en los que su esposa se ausentaba del hogar”.

“La última vez en la que el hombre investigado atacó a la víctima fue el martes 27 de junio de este año a la mañana”, agregó la representante del MPA. “Este ilícito fue cometido en calle Maipú al 400 de San Cristóbal y, si bien el imputado intentó agredir sexualmente a la víctima, no logró su cometido por circunstancias ajenas a su voluntad”, afirmó.

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En cuanto a la denuncia que dio origen a la investigación, la fiscal especificó que fue realizada por la madre de la víctima.

Peligrosidad procesal

Fissore manifestó que “en sus fundamentos, el juez consideró la evidente probabilidad de autoría de los hechos por parte del imputado en virtud de las evidencias con las que cuenta la Fiscalía”.

“El magistrado también contempló que la pena en expectativa es elevada y de efectiva ejecución”, valoró la fiscal. Además, hizo hincapié en que “el juez hizo referencia a la peligrosidad procesal y remarcó que la preventiva era necesaria para preservar la declaración de la víctima y la de su madre, las cuales deben estar libres de presión y de cualquier condicionamiento”.

Finalmente, Fissore planteó que “Peralta sostuvo que el imputado no tiene arraigo y especificó que existe peligro de fuga, porque al enterarse de la denuncia en su contra, se fue del lugar en el que estaba y no fue fácil dar con su paradero”.

Calificación penal

Al imputado se le atribuyó la autoría de abuso sexual con acceso carnal reiterado calificado (por resultar encargado de la guarda y por la convivencia con la menor) y una tentativa de ese mismo delito.

Investigación y detención

Fissore destacó que la investigación del hecho estuvo a cargo de la Agencia de Investigación Violencia de Género, Sexual y Familiar (AIVGSyF.) de San Cristóbal. En tanto, la detención del imputado, quien se mantuvo prófugo después de ser denunciado, estuvo a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de San Cristóbal.

Fiscalía Regional 5

El gobierno de El Salvador trasladó la madrugada de este viernes a 2.000 supuestos pandilleros a una nueva prisión que tiene capacidad para unas 40.000 personas, según informó el presidente Nayib Bukele.

"Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)", publicó el mandatario en sus redes sociales.

Agregó: "Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población".

A pesar de que el Gobierno no avisó sobre los traslados, decenas de familiares se movilizaron a la prisión La Esperanza, conocida como Mariona, en San Salvador. Según constató la agencia EFE, en este lugar se concentraron unas 150 personas y la salida de varios autobuses del recinto.

Bukele inauguró el CECOT a finales de enero y el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo al mandatario que esta "se constituiría en la cárcel más grande de toda América" y que "sería imposible que salga un reo" del recinto, que tiene 23 hectáreas de construcción.

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La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.

A inicios de febrero, Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por esta nueva cárcel en El Salvador, y expresó su "profunda preocupación", dado que "la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos".

De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado en marzo pasado tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 64.000 personas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.

Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Leandro Mai e impuesta por la jueza Norma Senn en una audiencia realizada en los tribunales de Reconquista. El imputado tiene 32 años y cuenta con antecedentes penales condenatorios por delitos contra la integridad sexual cometidos en la provincia de Buenos Aires, de donde es oriundo. Ahora también es investigado en la provincia de Santa Fe como autor de estafas reiteradas.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 32 años al que se investiga por clonar la tarjeta SIM de un celular, activar la línea como si él fuera el titular y, finalmente, acceder a una cuenta bancaria de la víctima, de la que sustrajo 409.600 pesos sin autorización.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Leandro Mai es impuesta por la jueza Norma Senn, en el marco de una audiencia llevada a cabo en los tribunales de la ciudad de Reconquista.

Mai valoró que “si bien la Defensa del imputado –cuyas iniciales son FEM– se opuso, la magistrada hizo lugar al requerimiento del MPA de imponer la privación de la libertad mientras se desarrolla y avanzamos con la investigación”.

Por otra parte, el fiscal del MPA aclaró que “aunque el imputado es oriundo de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, la investigación la realizamos en la Fiscalía Regional 4 porque la víctima es de Reconquista”.

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Cuentas bancarias

En la audiencia, Mai brindó precisiones acerca de las maniobras realizadas por el hombre investigado. El fiscal basó su explicación en un detallado informe que elaboró el Organismo de Investigaciones (OI) del MPA, cuyo personal especializado trabajo en las diligencias llevadas a cabo.

“Alrededor de las 21:00 del martes 8 de febrero de este año, el investigado llevó a cabo una serie de maniobras administrativas en un agente oficial de una compañía de teléfonos celulares en San Nicolás, las cuales le permitieron clonar la tarjeta SIM de una víctima de Reconquista a la que no conoce y con la que nunca tuvo contacto”, precisó el fiscal.

Mai indicó que “con esa tarjeta SIM clonada, se hizo pasar por el verdadero titular de la línea telefónica y logró activarla en un teléfono que tenía él en San Nicolás”. En tal sentido, agregó que “finalizadas esas maniobras, ingresó al homebanking de la víctima y realizó tres transferencias por un total de 409.600 pesos”.

Detención“A partir de la denuncia que hizo la víctima en Reconquista comenzamos a trabajar con el OI para lograr desentrañar el accionar del imputado”, recordó Mai. “Pedimos distintos informes, ordenamos diversas diligencias y solicitamos colaboración de agencias policiales de la provincia de Buenos Aires”, añadió.

Finalmente, el fiscal del MPA destacó que “llegamos al imputado y concretamos su detención en la ciudad bonaerense de San Nicolás”.

Sigue la investigaciónEl fiscal MAI adelantó que la investigación continúa. “No descartamos la participación de otras personas, no sólo para recibir el dinero de las transferencias, sino para permitir que el imputado pueda avanzar en la realización de las maniobras administrativas que le permitieron la clonación de la tarjeta SIM y la activación de la línea como si fuera el verdadero titular”, concluyó el funcionario del MPA.