Lourdes Tacundo, imputada como coautora del crimen de Damián Strada ocurrido el septiembre pasado, pretendía pasar a cumplir de forma domiciliaria la prisión preventiva bajo la que se encuentra. Este miércoles, su pedido fue rechazado.

En una audiencia de revisión de medidas cautelares, el juez penal Sebastián Szeifert resolvió que la mujer continúe cumpliendo la prisión en un establecimiento penitenciario, y solicitó la realización de nuevos informes respecto a su situación actual.

El crimen de Strada conmocionó a la región en septiembre de 2025, y tiene a Tacundo y a su actual pareja, Alessandro Roberts, imputados como coautores de "homicidio triplemente agravado".

Según la acusación sostenida por el fiscal Alejandro Benítez, la víctima fue llevada bajo engaños a un descampado cerca de Laguna Paiva, donde fue extorsionada para realizar transferencias de dinero y finalmente asfixiada antes de que sus captores intentaran incinerar su cuerpo.

Al momento de solicitar la domiciliaria, el defensor público Valentín Acuña se apoyó en informes socioambientales y las conclusiones de la Junta de Salud Mental.

Primero señaló que Tacundo tiene una hija de 4 años que se encuentra bajo el cuidado de su abuela, quien atraviesa dificultades para hacerse cargo de la menor. El defensor sostuvo que la presencia de su pupila como madre es esencial para la menor, apelando a ley que busca proteger el interés superior del niño

Asimismo, Acuña destacó que un informe de la Junta de Salud Mental indicó que la imputada presenta una poca capacidad subjetiva para comprender la criminalidad de sus actos, vinculando esta condición a sus consumos problemáticos de sustancias. En este contexto, la defensa también reveló que Tacundo sufrió intentos de suicidio dentro de la unidad penitenciaria.

Tanto la fiscalía como el querellante Iván Carrión, representante del padre de la víctima, se opusieron de manera tajante al considerar que los riesgos de fuga son "latentes y posibles" dada la gravedad del hecho y la pena en expectativa de prisión perpetua.

Al momento de resolver, el juez Szeifert consideró que la morigeración de la prisión preventiva a domiciliaria. No obstante, ordenó una serie de medidas complementarias

El magistrado dispuso la realización de un nuevo informe ambiental para constatar la situación de la madre de la imputada respecto al cuidado de la menor y verificar si es posible la colocación de una tobillera electrónica en el domicilio de Laguna Paiva.

Además, ordenó una nueva Junta de Salud Mental para evaluar si el encierro agrava la salud mental de Tacundo y solicitó al Servicio Penitenciario que informe si cuenta con los especialistas necesarios para tratar su cuadro.

Yanina Carina Alvarado, hermana del jefe narco Esteban Lindor Alvarado, fue detenida este jueves por la noche en la zona norte de Rosario, mientras cumplía prisión domiciliaria por dos condenas vinculadas al narcotráfico.

El procedimiento fue realizado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en inmediaciones de Caracas y Vieytes, en barrio Nuevo Alberdi. Alvarado circulaba junto a dos hombres identificados como Ariel S. y Valentino D. en un Toyota Etios, donde los agentes secuestraron una pistola calibre 22 con numeración suprimida. El arma tenía además un silenciador y un cargador con 15 cartuchos.

La nueva detención generó repercusión en la Justicia federal de Rosario, donde Alvarado registra dos condenas por narcotráfico y mantiene abierta una tercera causa por tráfico y venta de droga, por la que se prevé que sea juzgada este año.

Tras el arresto, la Fiscalía Federal de Rosario pidió la revocatoria de la prisión domiciliaria que beneficiaba a Alvarado. La medida había sido otorgada por estar al cuidado de su hija de 4 años y por un problema de salud.

El planteo fue realizado por los fiscales Matías Mené y Matías Scilabra, y el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Rosario, integrado por los jueces Germán Spengler, Otmar Paulucci y Germán Sutter Schneider, hizo lugar al pedido.

Alvarado había sido condenada el 22 de marzo de 2019 a 7 años de prisión por un procedimiento en el que fue detenida en 2014 con 10 kilos de marihuana y 228 gramos de cocaína. Luego, a través de distintos recursos judiciales, obtuvo el beneficio de cumplir la pena bajo modalidad domiciliaria.

El 1° de marzo de 2023 recibió una nueva condena, luego de que en un allanamiento realizado en 2020 en su vivienda se encontraran droga y armamento. En ese momento, la Justicia federal unificó la pena en 11 años, aunque nuevamente accedió a la prisión domiciliaria.

La mujer también enfrenta una tercera investigación federal. El 16 de agosto de 2024 volvió a ser detenida luego de que los fiscales Matías Mené y Santiago Alberdi la vincularan con el traslado de cocaína desde Buenos Aires hacia Rosario mediante taxis y remises.

En esa causa se investiga el secuestro de alrededor de 30 kilos de cocaína incautados a los hermanos Misael y Fernando Robay en la Ruta Nacional 9, a la altura de San Pedro. Según la investigación, uno de ellos conducía un taxi Fiat Cronos y la droga tendría como destino su posterior comercialización en Rosario.

Tres días después de aquella detención, la jueza federal Sylvia Aramberri le concedió nuevamente la prisión domiciliaria, decisión que fue apelada por el Ministerio Público Fiscal. El 28 de agosto de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones revocó la medida y dispuso que cumpliera la pena y el nuevo proceso en prisión efectiva, aunque la defensa recurrió ante Casación y la mujer continuó con el beneficio.

Con la nueva detención en Nuevo Alberdi, la situación judicial de Yanina Alvarado vuelve a agravarse, mientras la Justicia federal avanza sobre los distintos expedientes que la involucran.

La Justicia de Corrientes resolvió otorgarle prisión domiciliaria al abogado José Codazzi en el marco de la causa por la desaparición del niño identificado como “N”. 

Durante la audiencia, Codazzi reconoció que condujo su camioneta particular trasladando a Josías Santos Regis y a su hijo hasta la ciudad de Goya, hecho que motivó la activación del Alerta Sofía por parte de las autoridades nacionales.

El juez Jorge Gustavo Vallejos rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía y aceptó una medida de coerción menos gravosa, disponiendo el arresto domiciliario de Codazzi hasta la realización del juicio. 

El imputado se encuentra procesado por encubrimiento agravado y sustracción de menores en grado de partícipe necesario en concurso real. La prisión domiciliaria deberá cumplirse en su vivienda en la ciudad de Esquina, bajo estrictas condiciones y controles, incluyendo la realización de un informe socioambiental, colocación de un dispositivo de geolocalización electrónica y supervisiones policiales sorpresivas dos veces por semana. 

Además, intervendrán el Servicio Social Forense y personal de la Comisaría Primera de Esquina, y se notificará la medida a organismos provinciales y nacionales como la Jefatura de Policía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad y el Registro Nacional de Reincidencia.

Codazzi fue detenido el lunes por la noche, apenas 24 horas después de iniciada la búsqueda de “N”, tras confirmar su participación en el traslado del padre y del niño desde Esquina hasta Goya. 

Explicó que su vínculo con Santos Regis proviene de una defensa legal previa, ya que este último le alquilaba una vivienda. Su actuación en este caso revive la polémica por antecedentes: también estuvo involucrado en la investigación del caso de Loan Peña, un niño desaparecido desde junio de 2024, donde fue señalado por trasladar a la tía del menor junto con el diputado Diego Pellegrini para declarar en la fiscalía provincial.

La situación procesal de Morena Rial (26) dio un vuelco definitivo este martes 10 de marzo. Tras permanecer 150 días privada de su libertad en la Unidad Penitenciaria 51 de Mujeres de Magdalena, la joven recibió la noticia que tanto esperaba: la Justicia le concedió la prisión domiciliaria. La medida, confirmada por su abogado Martín Leiro, permitirá que la hija del histórico conductor de "Intrusos" abandone el régimen de encierro común para pasar a un monitoreo mediante tobillera electrónica.

Uno de los puntos clave para que los jueces de la Cámara de Casación bonaerense accedieran al pedido de la defensa fue el compromiso formal presentado por su padre, Jorge Rial, y su hermana Rocío. El periodista, quien mantuvo una relación fluctuante con su hija mayor en los últimos años, asumió la responsabilidad de garantizar las condiciones necesarias para que Morena cumpla con la detención en una vivienda familiar.

Según trascendió desde el entorno judicial, el escrito presentado por el conductor fue fundamental para asegurar que la imputada no incurra en nuevos incumplimientos, motivo por el cual se le había revocado la excarcelación meses atrás.

La resolución judicial no solo se basó en el respaldo familiar, sino primordialmente en el bienestar de Amadeo, el hijo menor de Morena. El pequeño se encontraba al cuidado de su abuelo y su tía mientras su madre cumplía la detención. La defensa argumentó con éxito que la separación prolongada estaba afectando el desarrollo del niño y la estabilidad emocional de la joven.

"Cuando la llamé estaba llorando de felicidad. No pudimos hablar mucho por el grado de emoción que tiene al saber que volverá a estar con su hijo", relató su abogado tras notificarse del fallo. Cabe recordar que su hijo mayor, Francesco Benicio, reside actualmente en Córdoba con su padre, Facundo Ambrosioni.

Morena Rial está procesada como presunta integrante de una organización delictiva dedicada a desvalijar viviendas en el Conurbano bonaerense, específicamente en la zona de Villa Adelina. Si bien la investigación continúa y la elevación a juicio oral es inminente, la Justicia valoró un "cambio de actitud" en la joven durante su estadía en Magdalena.

Durante su tiempo en prisión, Morena se desempeñó en tareas administrativas y colaboró en la biblioteca del penal, mostrando una conducta que los magistrados consideraron favorable para otorgarle este beneficio, siempre bajo un estricto monitoreo electrónico y la prohibición de salida sin autorización judicial.

La salida de Morena Rial de la cárcel de Magdalena marca el fin de uno de los capítulos más oscuros en la vida de la mediática, pero no el fin de sus problemas legales. Ahora, desde la comodidad de un hogar pero bajo la sombra de una tobillera, deberá enfrentar el proceso penal que determinará su culpabilidad o inocencia. La mirada de la sociedad, y especialmente de la Justicia, estará puesta en su capacidad para respetar las reglas que hoy le devolvieron la posibilidad de abrazar a sus hijos.

El Litoral

La Cámara Federal de Casación Penal puso punto final a las especulaciones sobre la situación habitacional de Cristina Fernández de Kirchner. Este viernes, la Sala IV confirmó que la ex presidenta no podrá prescindir de la tobillera electrónica ni de los controles estrictos de ingreso a su domicilio en la calle San José 1111.

Para la justicia, las reglas de una unidad de detención siguen vigentes y no hay margen para la libre circulación, ni siquiera dentro de las áreas comunes del edificio.

La resolución llevó las firmas de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes sostuvieron que las restricciones actuales no constituyen un "agravamiento ilegíitimo" de la pena de seis años de prisión. Bajo esta óptica, el dispositivo de monitoreo y la solicitud previa de permisos para visitas son herramientas "razonables" de organización para que la condena se cumpla de forma efectiva.

En contraste, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia, inclinándose por una flexibilización que permitiera retirar el dispositivo electrónico y agilizar los encuentros, buscando un equilibrio menos rígido en la ejecución de la pena domiciliaria.

La ex mandataria también había sido noticia el jueves cuando los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles de Fernández de Kichner y el empresario Lázaro Báez, incluido el departamento de San José 1111 donde la ex jefa de Estado cumple prisión domiciliaria.

“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, señalaron los fiscales.

El detonante del endurecimiento judicial tiene fecha y hora: el 17 de noviembre de 2025. Ese día, la titular del PJ transformó su living en un centro de debate al recibir a nueve economistas, difundiendo luego las imágenes en sus redes sociales.

Aquel evento fue leído por el tribunal como un “desborde del marco autorizado”. Según los magistrados, esa situación justificó la necesidad de mantener el control riguroso para evitar que el cumplimiento de la condena se diluya en reuniones políticas que "ignoren" la condición de detención de la sentenciada.

La defensa buscaba, además de retirar la tobillera, ampliar los permisos para que la ex mandataria pudiera permanecer en la recepción y la terraza del edificio sin las limitaciones actuales. Sin embargo, la resolución de hoy ratifica que el perímetro de detención es inamovible.

Con este escenario, la justicia reafirma que la residencia de la calle San José debe seguir los protocolos de una unidad penitenciaria, blindando la autoridad de la sentencia frente a los intentos de la defensa por "normalizar" la actividad política de Kirchner desde su lugar de reclusión.

Por otro lado, la Cámara Federal de la Seguridad Social dejó sin efecto este jueves la resolución que había dado de baja la pensión no contributiva de la ex presidentapor el fallecimiento del ex mandatario Néstor Kirchner, aunque el Ministerio de Capital Humano apeló esa medida.

La Cámara resolvió “declarar formalmente admisible el recurso” presentado por Cristina Kirchner y, en consecuencia, “suspender los efectos” de la resolución de la ANSES que había dado de baja la pensión por la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010.

Hasta hace dos años, cuando fue suspendida, la pensión rondaba los 8 millones de pesos mensuales.

El Litoral

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 4 rechazó este martes el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien continuará cumpliendo su condena en el penal de Ezeiza. La decisión se tomó en el marco de la causa conocida como “Once II”, que involucra a ex funcionarios del área de Transporte durante el kirchnerismo.

Según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, el tribunal sostuvo que ni la edad del condenado ni su cuadro clínico habilitan de manera automática la concesión del arresto domiciliario.

Los abogados de De Vido habían solicitado la morigeración de la pena argumentando que el ex funcionario supera los 75 años y padece múltiples patologías crónicas. En ese sentido, invocaron el artículo correspondiente de la Ley 24.660, al considerar que el requisito etario resultaba suficiente para acceder a la prisión domiciliaria.

De manera subsidiaria, la defensa planteó que la permanencia en un establecimiento carcelario podría vulnerar principios humanitarios de la ejecución penal y aumentar el riesgo de descompensaciones graves, según informes de peritos de parte.

El Cuerpo Médico Forense informó al TOF 4 que De Vido se encuentra clínicamente “compensado” y que su estado de salud puede ser controlado dentro del ámbito penitenciario, siempre que se aseguren controles periódicos, una dieta adecuada y la provisión regular de medicación.

A su vez, informes del Servicio Penitenciario Federal indicaron que el condenado recibe atención médica permanente, controles diarios y acceso a interconsultas, y que la unidad donde se encuentra alojado cuenta con profesionales de la salud las 24 horas y cercanía inmediata a un hospital penitenciario.

Tanto la Fiscalía como la querella se opusieron al pedido y remarcaron que la prisión domiciliaria no es un derecho automático, sino una facultad excepcional que requiere una evaluación integral de cada caso. Subrayaron que la normativa utiliza el verbo “podrá” y no “deberá”, y que no se verifican circunstancias extraordinarias que hagan incompatible la detención intramuros con un trato humanitario.

Al resolver, el tribunal coincidió con esa postura y afirmó que “no existe automatismo mecánico frente a una norma jurídica”. Señaló que la edad avanzada debe analizarse junto con el estado de salud y las condiciones concretas de alojamiento, y que los estándares internacionales de protección de las personas mayores no imponen un mandato irrestricto de morigeración del encierro.

 El juez federal Jorge Gorini resolvió esta tarde imponer nuevas restricciones a la prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner, al establecer que las visitas al departamento de San José 111 deberán tener un máximo de “dos horas”, dos veces por semana como máximo y no se podrá superar la cantidad de “tres personas” al mismo tiempo.

El Tribunal Oral Federal 2 resolvió modificar el régimen de visitas al considerar que la expresidenta “incumplió las condiciones de su prisión domiciliaria al haber recibido de forma simultánea a nueve personas en su domicilio sin la debida autorización judicial”.

La decisión, firmada este martes, responde a una publicación realizada el pasado 17 de noviembre desde la cuenta verificada de Fernández de Kirchner en la red social X, en la que informaba sobre un encuentro en su casa con un grupo de economistas, en ocasión del Día del Militante. Según indicó, el grupo le presentó un documento económico de más de 400 páginas en representación de más de ochenta profesionales.

X Cristina Fernández de Kirchner

Si bien las personas que participaron del encuentro figuraban en una nómina presentada por la defensa el 12 de noviembre, la autorización solicitada no contemplaba la reunión simultánea de todos los visitantes. Por ello, el juez a cargo del control de la ejecución de la pena consideró que el evento se realizó sin autorización previa y contravino las reglas impuestas.

La resolución señala que este tipo de encuentros “no se compadece con la lógica de restricción que caracteriza el régimen excepcional de prisión domiciliaria” y que desvirtúan su naturaleza punitiva.

Además, establece que en adelante las visitas no autorizadas deberán ser “solicitadas en forma individual, con una justificación concreta, fecha y hora previstas”.

El nuevo régimen fijado por el tribunal impone que las visitas “no podrán exceder las dos horas de duración, se permitirán hasta dos veces por semana y no podrán concurrir más de tres personas por vez”.

Asimismo, se mantiene la autorización general únicamente para familiares directos, médicos tratantes, abogados defensores y la custodia policial, conforme a las nóminas ya aprobadas.

El fallo también dejó sin efecto una autorización previa del 14 de noviembre, y dispuso que la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal supervise el cumplimiento de estas nuevas pautas, con informes detallados de cada ingreso al domicilio.vuVUqA

En tanto, el tribunal advirtió que, ante nuevos incumplimientos, la modalidad de prisión domiciliaria podrá ser revisada y eventualmente revocada, de acuerdo al artículo 34 de la ley 24.660.

Fernández de Kirchner había recibido en su vivienda de la calle San José 1111 a un grupo de nueve economistas que representan a más de 80 profesionales y le entregaron un documento técnico con propuestas para un “Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI”. 

El Tribunal Supremo de Brasil dispuso que el ex presidente Jair Bolsonaro cumpla arresto domiciliario y deberá estar con tobillera, al igual que la ex mandataria de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según informaron medios internacionales.

Además, se informó que a Bolsonaro se le prohíbe salir de su domicilio durante la noche y los fines de semana, utilizar redes sociales, comunicarse con su hijo Eduardo y acercarse a embajadas.

El Supremo Tribunal de Justicia (STF) de Brasil dictó este viernes nuevas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, en una causa en la que está procesado por un supuesto entramado golpista, de acuerdo con la información del sitio France 24.

El exmandatario de extrema derecha y 7 de sus antiguos colaboradores están siendo investigados por el máximo tribunal por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 contra su sucesor, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.

Esta etapa del proceso ha estado marcada por las críticas de Donald Trump, quien considera que Bolsonaro es víctima de una “caza de brujas” y amenazó al gobierno brasileño de imponer aranceles del 50% a las importaciones que Estados Unidos realiza desde el país sudamericano.

Desde entonces, la familia Bolsonaro insistió que en que la única alternativa para que Trump no avance con esa política arancelaria sería que el Congreso de Brasil determine una amnistía contra el expresidente, que ya fue inhabilitado a ejercer cargos públicos en otra causa a cargo de la justicia electoral.

“Solo existe ese camino” [el de la amnistía], señaló el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario que está desde marzo pasado en Estados Unidos abogando ante el Gobierno de Trump por “justicia” para su padre y se atribuye haber influido en la amenaza del líder republicano en torno a los aranceles para presionar a Lula da Silva.

Tendrá que estar bajo arresto domiciliario desde la noche hasta la mañana (desde las 19hs a las 7hs), y también los fines de semana, precisa el sitio del canal francés.

Bolsonaro fue llevado a la PF para que le colocaran el dispositivo en el tobillo, informaron medios locales.

El máximo tribunal de Brasil aún no definió una sentencia, pero según fuentes del STF citadas por el diario O Globo, la misma podría conocerse entre septiembre y octubre.

La Policía Federal se encontraba en la mañana de este viernes realizando un operativo en la casa de Bolsonaro en Brasilia, coincidían distintos medios de Brasil e internacionales como France 24 y Reuters.com.

Uno de los abogados de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, confirmó que la ex mandataria “cumplirá prisión domiciliaria” y que, finalmente, “se impuso la legalidad sobre el escarnio”.

Desde sus redes sociales, manifestó que la Justicia decidió enmarcada en “lo que el derecho ordena y la dignidad exige”: “No será humillada, cumplirá su condena en prisión domiciliaria, como corresponde en un Estado de Derecho”, sostuvo.

“Este no es solo un logro jurídico. Es una victoria política, popular y ética en medio de una persecución sistemática que violó cada principio del debido proceso. Ganamos porque denunciamos que el juez de instrucción no era el juez natural, y por tanto la causa nació viciada”, enfatizó Dalbón.

En la misma línea, aseguró que también “ganaron” porque la Cámara que confirmó el procesamiento “era macridependiente” y “funcional” al poder que pretendía “proscribir a Cristina”.

Asimismo, indicó que, “expusieron” a los jueces de Casación y del Tribunal Oral Federal, quienes “jugaban al fútbol y al tenis” con el ex presidente Mauricio Macri y que “jamás debieron juzgarla”.

Para finalizar, remarcó que “ganaron” porque la Corte que convalidó la sentencia “fue construida por Pepín Rodríguez Simón, prófugo VIP y operador, en violación flagrante” de la Constitución Nacional.

“Cristina no está sola. El pueblo la rodeó, la defendió y la cuidó. Y eso, más que cualquier alegato, inclinó la balanza. Hoy el derecho venció al circo. La dignidad venció al odio. Y la verdad empezó a abrirse paso en medio de la infamia. Este es un paso. No el final. Pero es una señal clara de que no podrán doblegar a quien camina con el pueblo. A Cristina la condenaron, pero no lograron quebrarla. A Cristina la quieren proscribir, pero no podrán borrarla de la historia. Y si algún día la Justicia verdadera se decide a actuar, esta causa será revisada y pulverizada por su falta absoluta de legalidad”, concluyó.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza les informó a Hugo Auradou y Oscar Jegou sus nuevos beneficios.

Los rugbiers franceses detenidos e imputados por abuso sexual mientras estaban de gira con su selección en Mendoza, fueron beneficiados hoy con la prisión domiciliaria. Los acusados, Hugo Auradou y Oscar Jegou, seguirán el proceso en esta condición porque la justicia consideró que la causa está en nivel de prueba y por la inexistencia de riesgo procesal.

La medida fue dispuesta por la fiscal Cecilia Bignert de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual de Mendoza — unos 1.000 kilómetros al oeste de Buenos Aires— atento a un pedido de la defensa de los dos ciudadanos franceses.La medida incluye una caución personal para ambos imputados y el uso de pulseras de monitoreo para seguir sus movimientos.

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Los imputados abandonaron este mismo miércoles el Polo Judicial de Mendoza, donde estaban detenidos, y fueron trasladados a un domicilio particular de la provincia que no fue revelado por las autoridades judiciales.

En tanto, la decisión fue respaldada por la encuesta ambiental correspondiente realizada tanto del lugar como de la persona que va a ejercer el rol de cuidadora de los acusados.

Además, trascendió que la denunciante, de 39 años, volvió al hospital tras sufrir una descompensación el martes por la noche. La víctima estuvo internada hace unos días y recibió el alta este fin de semana.

El domingo 7 de julio la mujer denunció que fue abusada en una habitación del hotel Diplomatic, por parte de dos integrantes de la Federación de Rugby de Francia (FRF), quienes habían llegado a Mendoza para disputar un partido contra Los Pumas.

*Con información de A24 y La Nación