“Estoy operado de hemorroides y soy seco de vientre”. La explicación llegó al final de una audiencia judicial realizada el martes en los tribunales de Santa Fe, cuando un hombre de 32 años, identificado por sus iniciales C. J. M. M., pidió la palabra para plantear un problema de salud.

Acababa de aceptar seguir detenido por un intento de robo en Colastiné Norte, pero necesitaba que atendieran una dolencia que, según manifestó, lo aquejaba desde hacía varios días.

“Desde el jueves pasado no voy de cuerpo”, agregó ante el juez Lisandro Aguirre, a quien también le solicitó que le suministraran laxantes. El magistrado tomó nota del planteo y ordenó que fuera trasladado a un hospital público antes de continuar con el cumplimiento de la medida cautelar, además de comunicar su situación al Servicio Penitenciario Provincial.

El episodio se produjo durante la audiencia imputativa en la que el fiscal Ignacio Lascurain atribuyó al hombre un hecho ocurrido el jueves 15 de octubre, alrededor de las 21.30, en una vivienda de calle Ibirá Pitá al 6800, en Colastiné Norte, ciudad de Santa Fe.

Según la acusación, el sospechoso trepó un tapial de aproximadamente dos metros de altura para ingresar al inmueble. Ya en el patio, forzó una cadena con candado que sujetaba una garrafa amarilla de 10 kilos y se apoderó de ella.

Los habitantes de la casa advirtieron lo que ocurría y dieron aviso a la Policía. Una patrulla del Comando de la Costa lo interceptó en flagrancia cuando intentaba alejarse con el elemento sustraído.

Lascurain le atribuyó el delito de robo calificado por escalamiento en grado de tentativa, en calidad de autor.

Durante la audiencia, el fiscal informó que las partes habían arribado a un acuerdo para solicitar la prisión preventiva mientras avanzan las tratativas para resolver el caso mediante un juicio abreviado.

Para fundamentar el pedido, sostuvo que existe evidencia sobre "la ocurrencia del hecho y la autoría" del detenido, que consideró suficientemente acreditadas en esta instancia.

También hizo hincapié en que el imputado registra “antecedentes penales condenatorios”. Por ese motivo, advirtió que, en caso de recibir una nueva condena, “la pena será de cumplimiento efectivo” y sería declarado reincidente.

El representante del Ministerio Público de la Acusación agregó que existen riesgos procesales y que resulta necesario resguardar a las víctimas, quienes son vecinos del acusado. En ese marco, aclaró que las partes se encuentran "abocadas a resolver este conflicto penal a través de un juicio abreviado".

El defensor Héctor Acuña confirmó el acuerdo y se allanó a la medida cautelar de máxima mientras continúan las negociaciones.

Al tomar la palabra, el imputado aceptó permanecer detenido, aunque insistió en la necesidad de recibir atención médica. El juez Aguirre dejó constancia de lo manifestado y dispuso su traslado a un nosocomio público para que fuera evaluado por la dolencia referida.

La prisión preventiva quedó así acompañada por una orden concreta: garantizar que el detenido reciba asistencia médica para atender su problema de salud mientras permanece bajo custodia estatal.

El Litoral

Quedó en prisión preventiva un hombre de 34 años cuyas iniciales son EAV a quien se investiga por haber cometido hechos ilícitos cometidos en perjuicio de su pareja en un contexto de violencia de género en Rafaela. Así lo ordenó la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Álamo, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales rafaelinos.

La fiscal de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS), Brenda Baños, está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad. La magistrada, por su parte, resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva del imputado durante todo el proceso.

La representante del MPA manifestó que “el pasado sábado 26 de septiembre, aproximadamente a las 18:45, el hombre investigado ingresó a la casa de su pareja, discutió con ella y luego la agredió con golpes de puño y patadas en diferentes partes de su cuerpo”.

“Mientras era atacada, la víctima se protegió el vientre ya que está embarazada, lo que era sabido por el agresor”, remarcó la fiscal. Baños hizo hincapié en que “como consecuencia de los golpes recibidos, la mujer sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo”.

La fiscal subrayó que “el imputado ya había agredido física y verbalmente a la mujer en ocasiones anteriores, en el marco de una relación marcada por la violencia de género”. En ese sentido, la funcionaria del MPA señaló que “la víctima no hacía la denuncia por el miedo que le tenía a su pareja”.

En la audiencia, Baños brindó precisiones acerca de otros hechos violentos. “Insultos, amenazas de muerte a ella y a sus hijos menores de edad, agresiones físicas y verbales eran propios de una relación signada por el miedo y un claro contexto de violencia de género”.

En la audiencia de medidas cautelares, la jueza Álamo fundamentó oralmente su decisión de que el hombre investigado transite el proceso privado de su libertad.

Baños señaló que “con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, la magistrada tuvo por acreditadas la materialidad y la autoría de los hechos que le endilgamos al imputado desde la Fiscalía”.

“La jueza también se refirió a la pena en expectativa prevista por los delitos atribuidos y consideró que sería de cumplimiento efectivo, en función de la pluralidad de hechos violentos con la misma víctima, las calificaciones penales seleccionadas y el hecho de que el imputado tiene antecedentes penales condenatorios”, enumeró la fiscal.

La funcionaria del MPA indicó que “Álamo sostuvo que los peligros procesales están vigentes, y añadió que es necesario proteger el testimonio de los testigos y de la víctima, a la que consideró vulnerable en un contexto de violencia de género”.

“Además, la magistrada planteó que los riesgos procesales se verifican también en que el imputado conoce la magnitud de la pena y su falta de arraigo”, puntualizó la fiscal.

Finalmente, Baños valoró que “la jueza rechazó las medidas alternativas propuestas por la Defensa por considerarlas insuficientes e hizo lugar a nuestro pedido de prisión preventiva”.

Al hombre investigado se le atribuyó la autoría de los delitos de lesiones leves y graves calificadas (por el vínculo y por haber mediado violencia de género), amenazas simples y amenazas calificadas (por el uso de arma impropia).

Un hombre de 33 años, identificado como Leonardo N., quedó detenido con prisión preventiva por 90 días tras ser acusado de agredir en dos oportunidades a su pareja en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. La medida fue dictada por el juez Aldo Bilbao Benítez el 2 de octubre, luego de escuchar la imputación presentada por la fiscal Florencia Vergili.

La causa investiga dos hechos de lesiones dolosas leves, agravadas por el vínculo y por haber ocurrido en un contexto de violencia de género. Según la acusación, ambos episodios son considerados independientes y fueron atribuidos al imputado en concurso real.

El primer ataque ocurrió en septiembre, cuando Leonardo N. arrojó un termo que impactó en la cabeza de la mujer. El segundo hecho, denunciado el 28 de septiembre, tuvo lugar en la terminal de ómnibus de Rosario. En ese episodio, el agresor le propinó una patada en el abdomen a la víctima, quien cursaba un embarazo.

Tras la agresión, la mujer comenzó a sentir fuertes dolores y advirtió la pérdida de líquido amniótico. Fue asistida por personal médico de emergencia y trasladada al Hospital Centenario. Posteriormente, fue derivada al Hospital Italiano, donde los profesionales confirmaron que el embarazo no era viable debido a una pérdida total del líquido, debiendo someterse a una evacuación uterina.

Durante la audiencia, se informó que la relación entre el acusado y la víctima llevaba nueve meses. El juez Aldo Bilbao Benítez formalizó la acusación y ordenó la prisión preventiva efectiva. Durante este período, la fiscalía profundizará la investigación incorporando las constancias médicas y el resto de las pruebas recolectadas en el proceso.

Dos personas quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por una serie de violentos robos de camiones cometidos en distintos puntos del sur de la provincia de Santa Fe, entre ellos Venado Tuerto y Villada.

La causa está a cargo de la fiscal Mayra Vuletich y busca determinar además la participación de otros posibles integrantes de la organización y el destino final de los vehículos sustraídos.

La audiencia imputativa y cautelar se desarrolló este martes en los Tribunales de Venado Tuerto y se extendió durante aproximadamente cuatro horas.

Según explicó Vuletich, a los acusados se les atribuyó participación en seis hechos delictivos. Uno corresponde a la presunta conformación de una asociación ilícita, mientras que los restantes están vinculados con los robos y las privaciones de la libertad de los transportistas.

“Tenemos una gran cantidad de evidencia, por eso fue una audiencia que se extendió tanto en el tiempo”, explicó la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Al término de la audiencia, la jueza Mariana Vidal dispuso que ambos imputados permanezcan en prisión preventiva mientras continúa el proceso.

La causa se originó a partir de un episodio ocurrido en jurisdicción de Venado Tuerto. Conforme avanzaron las averiguaciones, los investigadores comenzaron a detectar otros robos ocurridos en diferentes puntos de Santa Fe con características prácticamente idénticas.

Ese patrón permitió vincular expedientes que inicialmente estaban radicados en distintas jurisdicciones.

“Cuando comenzamos a trabajar el hecho sucedido aquí en Venado Tuerto, empezamos a tomar conocimiento de que se había replicado exactamente la misma modalidad en otros lugares de la provincia”, explicó Vuletich.

La fiscalía venadense venía trabajando sobre el caso desde julio y, al establecer contacto con fiscales de otras localidades, comenzó a encontrar coincidencias tanto respecto de los presuntos autores como de la metodología utilizada.

“Pudimos empezar a generar una convergencia muy grande entre toda la evidencia que teníamos”, señaló.

Finalmente, las investigaciones fueron acumuladas dentro de una misma causa.

Entre los episodios atribuidos se encuentran dos correspondientes a esta circunscripción judicial: uno ocurrido en Venado Tuerto y otro en Villada. También se investigan hechos en Sanford, San Martín de las Escobas y en un sector cercano a Frontera.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la organización seleccionaba principalmente a transportistas que se encontraban descansando durante la noche.

Los camioneros eran sorprendidos en sitios alejados de sectores poblados, una circunstancia que reducía las posibilidades de solicitar auxilio inmediatamente.

En el caso investigado en Venado Tuerto, el abordaje se produjo en cercanías de la intersección de Ruta Nacional 33 y República de Irlanda.

La elección de sitios despoblados también fue considerada al momento de establecer la calificación legal de los hechos.

“Siempre, de alguna manera, se los interceptaba en lugares alejados de la población”, indicó Vuletich.

Según explicó la fiscal, se trata de lugares frecuentemente utilizados por transportistas que, después de recorrer largas distancias, estacionan sus vehículos para cumplir con períodos de descanso, particularmente durante la madrugada.

Una vez seleccionado el camión, comenzaba el ataque.

La investigación permitió reconstruir un patrón que se habría repetido en los distintos episodios.

Según la Fiscalía, los atacantes rompían el vidrio de alguna de las puertas del camión para acceder a la cabina y sorprender al conductor.

Inmediatamente después, el camionero era reducido y le inmovilizaban las manos y los pies utilizando precintos.

La violencia ejercida no terminaba necesariamente con la sustracción del vehículo.

En algunos de los casos, los choferes fueron trasladados y posteriormente abandonados en otros lugares, todavía inmovilizados.

“Algo muy particular es que luego de ser liberados, muchos de los choferes continuaban teniendo estas sujeciones en sus manos y pies”, explicó la fiscal.

Esa circunstancia dificultaba considerablemente que las víctimas pudieran liberarse, desplazarse y solicitar ayuda después de quedar abandonadas.

Vuletich remarcó que la investigación no se limita al perjuicio patrimonial provocado por el robo de los camiones, sino que también contempla la violencia ejercida sobre las víctimas.

“Es una situación muy cruel para estas personas, más allá del despojo de un bien, en este caso los camiones. Hay una situación de violencia muy clara hacia las personas”, sostuvo.

Uno de los interrogantes que permanece abierto es el destino final de los vehículos.

Los investigadores cuentan con elementos que indicarían que los camiones sustraídos fueron trasladados desde Santa Fe hacia la provincia de Córdoba.

A partir de allí, sin embargo, el recorrido continúa bajo investigación.

“Lógicamente entendemos que ya están fuera de nuestra provincia. Hemos podido acreditar que se han ido hacia la provincia de Córdoba, pero el destino final de los rodados sigue siendo materia de investigación”, indicó Vuletich.

Precisamente, uno de los objetivos de la próxima etapa será reconstruir qué ocurría con los camiones después de ser sacados de Santa Fe y determinar si existía una estructura destinada a recibirlos, ocultarlos, desarmarlos o darles otro destino.

Sobre este último punto, la Fiscalía todavía no formuló una conclusión definitiva.

Los dos detenidos no serían, según la hipótesis investigativa, las únicas personas involucradas.

La Fiscalía continúa trabajando para identificar a otros presuntos participantes de la asociación ilícita. Por el momento, Vuletich aclaró que no es posible establecer con precisión cuántos miembros habría tenido la estructura.

“Todavía no podemos determinarlo. Nos encontramos trabajando con mucha prioridad para lograr establecer esta circunstancia, pero no hemos podido fijar un número”, señaló.

De acuerdo con lo informado durante la entrevista, uno de los imputados es Marcelo Christian S., a quien la Fiscalía le atribuye un presunto rol de jefe y organizador dentro de la asociación investigada.

La otra imputada es una mujer identificada como Carmen Lidia A., quien habría cumplido funciones relacionadas con el apoyo y la logística necesaria para concretar los hechos.

Entre los elementos analizados aparece además un automóvil Fiat Cronos que habría sido utilizado durante los robos. Según la hipótesis expuesta, la mujer se movilizaba en ese vehículo mientras el otro acusado conducía alguno de los camiones recientemente sustraídos.

Estas atribuciones forman parte de la acusación fiscal y deberán ser analizadas durante el desarrollo del proceso judicial.

Después de la extensa audiencia realizada en los Tribunales de Venado Tuerto, la jueza Mariana Vidal resolvió imponer la prisión preventiva a los dos acusados.

La decisión cautelar permite que la investigación continúe con ambos imputados privados de su libertad.

La Fiscalía buscará ahora avanzar sobre los puntos que todavía permanecen abiertos: determinar el destino definitivo de los camiones robados, establecer la dimensión de la presunta organización e identificar a otras personas que eventualmente hayan participado de los ataques.

La acumulación de hechos ocurridos en distintos puntos de Santa Fe permitió concentrar una investigación que había comenzado meses atrás en Venado Tuerto y que, con el avance de las medidas, reveló una modalidad que se habría repetido en distintas rutas de la provincia.

EL 

La búsqueda del segundo sospechoso del crimen de Federico Pablo Acosta, el hombre acribillado el 31 de mayo pasado en la ciudad de Santa Fe, llevó a la detención de una mujer policía que fue hallada junto al prófugo en una casa de barrio San Lorenzo.

Este lunes, en la audiencia realizada ante el juez penal Lisandro Aguirre, la fiscal Laura Urquiza atribuyó formalmente a Laureano Yasser L. (22) la coautoría del “homicidio calificado”, mientras que a su novia, la agente de la policía provincial Camila Belén Q. (27), la imputó por “falso testimonio”.

Los abogados Ramiro Carrasco y Germán Corazza asumieron las defensas de la mujer y el hombre, respectivamente.

Quien era la pareja de Acosta al momento de su muerte, madre de su hija menor de edad, se constituyó como querellante en la causa judicial. Cuenta con la representación de los abogados Raúl Sartori y Juan Micelli.

El asesinato de Acosta ocurrió el 31 de mayo alrededor de las 13.20, en la intersección de las calles Juan Díaz de Solís y Uruguay de la capital provincial. La víctima transitaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptada por un rodado similar de color rojo guiado por Marcelo Raúl Molinas (27), quien ya fue imputado y está en prisión preventiva.

Según la fiscalía, Laureano L. era quien viajaba en la parte trasera del motovehículo, extrajo un arma de fuego y efectuó al menos seis disparos directos contra la víctima, provocándole severas heridas en el cráneo y en el antebrazo derecho.

Tras caer Acosta gravemente herido al suelo, Molinas bajó del rodado, se apoderó de un arma de fuego que el malherido llevaba consigo y posteriormente ambos delincuentes se dieron a la fuga a pie.

Acosta fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde permaneció internado en la unidad de terapia intensiva durante dos semanas. El 14 de junio de 2026 se produjo su fallecimiento a raíz de una sepsis y posterior falla multiorgánica.

Tras el crimen, los investigadores identificaron a Laureano L. como uno de los atacantes. Al enterarse de que estaría vinculado con la oficial Camila Q., la citaron a la Unidad Fiscal de Homicidios para tomarle declaración. Allí, el 29 de junio, la mujer aseguró ante las autoridades que no mantenía un vínculo de pareja con el sospechoso, no conocía su paradero ni tenía contacto con su familia.

El jueves pasado, durante un allanamiento en barrio San Lorenzo, la policía fue encontrada junto a quien había negado como pareja. El operativo fue ejecutado por la División Homicidios en una vivienda de Pasaje Público al 4700, donde convivían.

En el lugar secuestraron una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa TPR, dos cargadores, 34 cartuchos del mismo calibre, un chaleco balístico, $ 420.000 en efectivo, dos teléfonos celulares, un sello y una credencial oficial perteneciente a la agente.

A esto se sumaron Informes provistos por la DAJUDECO e intervenciones telefónicas que confirmaron la existencia del vínculo afectivo. Ambos fueron detenidos e imputados. La fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva.

Un hombre de 25 años identificado por sus iniciales EAS quedó en prisión preventiva por 90 días mientras avanza una investigación por una tentativa de robo calificado cometida en Rafaela.

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Lorena Korakis, durante una audiencia realizada en los tribunales rafaelinos. El juez Javier Bottero resolvió hacer lugar al pedido y dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley.

Según relató la fiscal Korakis, el episodio ocurrió cerca de las 3 de la madrugada del martes 8 de septiembre, en una vivienda ubicada en calle Progreso al 200 de Rafaela.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría ingresado al patio delantero de la propiedad, donde se encontraba un adolescente, y le habría exigido la entrega de un teléfono celular y una campera.

Ante la negativa de la víctima, el hombre habría extraído de una mochila un revólver calibre 32 y lo habría utilizado para intimidarlo.

La situación cambió cuando el adolescente comenzó a pedir auxilio a otra persona que estaba dentro de la vivienda, por lo que el agresor se retiró del lugar. Minutos después habría regresado, pero al advertir la presencia policial decidió escapar.

Durante la persecución, según informó la Fiscalía, el imputado descartó el arma de fuego en la caja de una camioneta estacionada en la vía pública y finalmente fue aprehendido por los agentes.

El revólver fue secuestrado y, según las pericias realizadas, estaba cargado con dos proyectiles, aunque no era apto para el disparo.

La fiscal explicó que el juez consideró que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa de la investigación, la posible participación del imputado en el hecho.

Además, se tuvo en cuenta que la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo debido a que el hombre cuenta con un antecedente penal condenatorio.

Korakis señaló que también fueron considerados los riesgos procesales, principalmente la necesidad de resguardar las declaraciones de la víctima y los testigos. Según la Fiscalía, las medidas alternativas propuestas por la defensa no resultaban suficientes para neutralizar esos riesgos.

El imputado fue acusado como presunto autor del delito de tentativa de robo calificado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada.

El exfiscal rosarino Mariano Ríos Artacho quedó en prisión preventiva luego de tres jornadas de audiencia en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) le atribuyó haber encabezado una asociación ilícita que, según la investigación, desvió fondos depositados en cuentas judiciales durante más de siete años.

Sus abogados, sin embargo, pusieron el foco en otro aspecto de la audiencia: la decisión del imputado de declarar, reconocer la maniobra y manifestar su intención de colaborar con la Justicia.

La audiencia se desarrolló en la sala 7 del Centro de Justicia Penal. El lunes comenzó la atribución imputativa de los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani; el martes se discutieron las alternativas cautelares y la situación de quienes habían sido señalados como jefe y organizadores; y este miércoles la jueza María Trinidad Chiabrera dio a conocer su resolución sobre las medidas de coerción.

Ignacio Alfonso Garrone y Clara Vázquez, dos de los tres defensores de Ríos Artacho —el equipo se completa con Juan Manuel Fascia—, hablaron con El Litoral al término de las audiencias. Ambos remarcaron que el exfiscal “confesó la maniobra”, pidió perdón a su familia y al MPA y explicó que la situación estuvo vinculada con un problema de ludopatía.

Para la defensa, ese reconocimiento debe ser ponderado al momento de analizar los riesgos procesales. “Una persona que declaró, que blanqueó todo, que contó, que está arrepentido y que quiere colaborar”, plantearon Garrone y Vázquez, quienes cuestionaron además que los hechos puedan ser encuadrados como una asociación ilícita.

La causa había adquirido dimensión pública el 2 de septiembre, cuando la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional, dependiente de la Fiscalía General del MPA y a cargo del fiscal Adrián Spelta, dispuso un operativo simultáneo en cinco ciudades.

Personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario y de las Divisiones Operativas Federales de Santa Fe y Córdoba de la Policía Federal Argentina realizó entonces 15 allanamientos en Rosario, Córdoba, Villa María, Oliva y Río Segundo.

En esa primera etapa fueron detenidas nueve personas: siete en Santa Fe y dos en Córdoba. Además, se secuestró documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la investigación.

El procedimiento se inscribió, según informó oficialmente el MPA, en una investigación por posibles actos de corrupción cometidos por un funcionario público, en este caso un exfiscal, una línea de trabajo priorizada por el Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General.

La pesquisa había comenzado a partir del hallazgo de una anomalía en una cuenta judicial, comunicada por la Unidad de Delitos Económicos a la Fiscalía General y a la Fiscalía Regional de Rosario.

A partir de ese informe, la investigación fue asignada a Spelta ante la sospecha de maniobras ilegales sobre fondos de cuentas judiciales vinculadas a investigaciones del MPA, ejecutadas al menos desde 2017 hasta 2024.

Los detalles fueron mantenidos inicialmente bajo reserva y quedaron expuestos durante la audiencia imputativa, donde los fiscales describieron el mecanismo que, según su hipótesis, permitió extraer millones de pesos de cuentas que debían custodiar fondos provenientes de fianzas, cauciones y dinero secuestrado en distintas causas penales.

La investigación sostiene que Ríos Artacho aprovechó su función como fiscal de Criminalidad Económica de Rosario para disponer de dinero que se encontraba depositado en cuentas judiciales.

De acuerdo con la atribución imputativa, el mecanismo consistía en emitir y firmar oficios dirigidos al Banco Municipal de Rosario con órdenes de restitución o reparación que eran falsas. De esa manera, personas que no tenían vinculación con las causas —no eran víctimas ni imputados— podían retirar dinero en efectivo o recibir transferencias.

La acusación contabilizó 21 hechos de peculado, 15 de fraude contra la administración pública y 21 falsedades ideológicas de documento público atribuidas al exfiscal, además de la asociación ilícita en carácter de jefe. El perjuicio económico actualizado al 31 de julio de 2026 fue estimado en $424.969.592,44, equivalente a unos 291.075 dólares según la conversión consignada en la investigación.

La fiscalía sostiene que la estructura comenzó a funcionar en 2017 y continuó hasta el 2 de julio de 2024. Junto con Ríos Artacho fueron imputadas otras 11 personas, a quienes se les asignaron distintos roles dentro del esquema: organizadores, miembros y prestanombres.

Según la hipótesis acusatoria, quienes recibían el dinero por ventanilla o mediante transferencias luego lo derivaban hacia Ríos Artacho u otros integrantes. En determinados momentos, además, se habría utilizado dinero en efectivo para recomponer temporalmente los saldos de las cuentas judiciales antes de determinadas instancias de control, para luego volver a retirar los fondos.

La maniobra comenzó a ser investigada después de la salida de Ríos Artacho del Ministerio Público de la Acusación, en 2024. Con la reasignación de las causas que estaban a su cargo, otros fiscales comenzaron a revisar los movimientos de las cuentas judiciales vinculadas con esos procesos.

Uno de los primeros indicios surgió en una investigación conocida como “Estafa de Magnone”. La fiscal María Teresa Granato, al asumir el trámite, detectó movimientos de egresos e ingresos que consideró anómalos e injustificados en la cuenta judicial correspondiente.

Tras esas observaciones y de otros reportes, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional tomó la investigación y solicitó una auditoría sobre las cuentas administradas por el exfiscal.

El análisis incluyó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil, además del estudio de comunicaciones y movimientos migratorios.

La fiscalía cruzó las operaciones de las cuentas judiciales con cuentas personales, transferencias y billeteras virtuales, mientras que las intervenciones telefónicas permitieron reconstruir contactos entre Ríos Artacho y quienes son señalados como organizadores. También se incorporaron registros de viajes compartidos al exterior.

Frente a esa hipótesis, Alfonso Garrone y Vázquez plantearon una diferencia central con la lectura del MPA. Para los abogados, la existencia de vínculos entre las personas investigadas y el movimiento del dinero no alcanza para configurar una asociación ilícita.

“Esto no es una asociación ilícita”, sostuvo la defensa, que describió el caso como una maniobra posibilitada por la ausencia de controles y vinculada, según la explicación brindada por el propio imputado, con la ludopatía.

En ese sentido, los defensores hicieron especial hincapié en que el problema que atravesaba Ríos Artacho no estaría relacionado con su condición de fiscal ni con el lugar que ocupaba dentro de la estructura institucional. “Hay un tema más que nada vinculado a esta enfermedad, que trasciende a dónde trabaja la persona que desarrolla las maniobras”, plantearon.

Y agregaron que el vínculo con los terceros involucrados estaba dado, fundamentalmente, por una relación de amistad, y no por la conformación de una estructura destinada a sortear controles: “No es que había una organización destinada para franquear vallas institucionales y organizada en ese sentido”.

Los abogados también relativizaron, de esta manera, la idea de una estructura organizada y jerárquica. Según su planteo, se trataba de personas que se conocían y que podían operar con cuentas bancarias sin encontrar “ningún escollo institucional”, mientras que la facilidad con la que se concretaban las operaciones evidenciaría, a criterio de la defensa, la existencia de controles insuficientes.

La postura defensiva también apunta contra los fundamentos utilizados para disponer la prisión preventiva. Garrone y Vázquez remarcaron que Ríos Artacho no adoptó una estrategia de silencio, sino que declaró durante la audiencia, reconoció su intervención y brindó su propia explicación sobre el origen de la maniobra.

Durante la jornada del martes, cuatro de las personas que habían sido detenidas inicialmente recuperaron la libertad, por lo que la discusión cautelar continuó este miércoles respecto de Ríos Artacho y otros cuatro imputados.

Finalmente, Chiabrera resolvió la prisión preventiva del exfiscal y de Emilio Rubén Barcacia, Julio Héctor Mercado, Fabricio Emanuel Romero y Gustavo Javier Cesaretti.

La Fiscalía había ubicado a Mercado, Romero y Cesaretti como organizadores de la presunta asociación, mientras que a Barcacia le atribuyó un papel relacionado con la recomposición de los saldos de las cuentas judiciales cuando se aproximaban instancias de control procesal.

El resto de los imputados quedó en libertad bajo las condiciones dispuestas durante las jornadas de audiencia. La causa continúa con Ríos Artacho imputado como presunto jefe de una asociación ilícita y con los demás acusados vinculados, según el rol atribuido por la fiscalía, a la administración, recepción, circulación y eventual recomposición de los fondos extraídos de las cuentas judiciales.

El Litoral

La Justicia ordenó la prisión preventiva sin plazos para 18 personas imputadas en una investigación por una asociación ilícita vinculada al microtráfico y a episodios de violencia altamente lesiva en Rafaela.

La medida fue dispuesta a pedido del fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone, y las fiscales de la Fiscalía Regional 5, Fabiana Bertero y María Cecilia Doro, durante audiencias realizadas en los tribunales rafaelinos.

Del total de 23 personas imputadas en la causa, cinco recibieron medidas alternativas. Sin embargo, tres de ellas permanecen detenidas por otras investigaciones penales previas relacionadas con delitos conexos.

La mayoría de los acusados cumplirá la cautelar en establecimientos penitenciarios, mientras que cuatro mujeres recibieron prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria.

En el marco de la resolución judicial, dos hombres señalados como jefe y organizador de la organización criminal también quedaron alcanzados por medidas especiales previstas en el artículo 220 bis del Código Procesal Penal de Santa Fe.

Entre esas restricciones se establecieron limitaciones en los regímenes de visitas y comunicaciones, además de la prohibición de contacto con otros imputados de la causa.

Según explicó el fiscal Carbone, estas medidas fueron solicitadas debido al rol que se les atribuye dentro de la estructura investigada.

La causa se originó a partir de una investigación sobre una organización que, según el Ministerio Público de la Acusación, estaba vinculada a la venta de estupefacientes en pequeña escala y a distintos hechos violentos derivados de disputas territoriales.

Algunos de los imputados fueron detenidos luego de 17 allanamientos realizados en 12 barrios de Rafaela el pasado viernes 21, mientras que otros 14 investigados ya se encontraban privados de su libertad por causas anteriores.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal regional de la Quinta Circunscripción, Carlos Vottero, junto a Bertero y Doro, destacó que los resultados de las audiencias fueron “muy positivos” y confirmó que la investigación continuará bajo la órbita del MPA.

Vottero señaló además que los imputados estarían relacionados con uno de los grupos investigados por balaceras vinculadas a disputas por el control territorial para la comercialización de estupefacientes en Rafaela.

A un hombre identificado con las iniciales E.M.C.L. se le atribuyó el rol de jefe de la asociación ilícita, además de la presunta comisión de delitos como comercio de estupefacientes en modalidad de microtráfico agravado, portación indebida de arma de fuego y abuso de armas.

En tanto, a un hombre identificado como F.C. se le imputó ser organizador de la asociación ilícita y la comisión de delitos vinculados al microtráfico agravado, portación indebida de arma de fuego de guerra, abuso de armas y daños.

El resto de los acusados habría participado como miembros de la organización y, según la investigación del MPA, estarían relacionados con hechos de microtráfico y otros episodios de violencia como ataques con armas de fuego, amenazas, extorsiones y usurpaciones.

La investigación se encuentra incluida dentro de los Objetivos Priorizados del Plan de Persecución Penal del Ministerio Público de la Acusación.

Un hombre de 27 años, identificado por sus iniciales A. E. B., quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por una serie de robos cometidos en la ciudad de San Cristóbal.

La medida fue resuelta por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria Cecilia Álamo, durante una audiencia realizada en los tribunales locales. El pedido fue formulado por el fiscal Emiliano Odriozola, quien lleva adelante la investigación.

La magistrada dispuso que el acusado permanezca privado de su libertad sin plazos, mientras continúa el proceso judicial.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación, uno de los hechos ocurrió en el taller de una escuela, donde el imputado habría forzado los barrotes de aluminio de una reja y roto los vidrios de una ventana situada a unos dos metros de altura.

Una vez dentro del establecimiento, según la Fiscalía, sustrajo herramientas que luego habría vendido a otras personas.

Otro de los episodios investigados ocurrió el miércoles 5 de agosto, entre las 11:00 y las 12:30 aproximadamente, en una vivienda ubicada en Oroño al 700.

Odriozola sostuvo que el acusado “escaló el tapial, ingresó al patio del inmueble, forzó la puerta de la cocina y sustrajo un parlante, un taladro y un neceser con bijouterie”.

Luego, siempre de acuerdo con la acusación, ingresó sin autorización a otra propiedad de Caseros al 100, donde habría ocultado los elementos sustraídos minutos antes.

El último hecho atribuido al hombre ocurrió el lunes 17 de agosto, en horas del mediodía, en una casa situada en La Paz al 700.

Según relató el fiscal, el investigado rompió los vidrios de un ventiluz e ingresó a la vivienda con intenciones de robar. Sin embargo, fue aprehendido por efectivos policiales cuando intentaba escapar con elementos sustraídos.

Tras analizar las evidencias presentadas por la Fiscalía, la jueza consideró acreditados, con el grado de probabilidad exigido en esta instancia, los hechos atribuidos al imputado.

“Las evidencias que aportamos desde la Fiscalía fueron suficientes para acreditar la autoría de los hechos al imputado”, sostuvo Odriozola.

El representante del MPA también destacó que el hombre cuenta con antecedentes penales condenatorios, por lo que una eventual pena en su contra podría ser de cumplimiento efectivo.

Además, explicó que todavía restan medidas investigativas por realizar, una circunstancia que, según sostuvo, tiene incidencia directa sobre los riesgos procesales.

Finalmente, la jueza rechazó las alternativas a la prisión preventiva propuestas por la Defensa, al considerar que no resultaban suficientes para neutralizar esos riesgos.

A A. E. B. se lo investiga como presunto autor de los delitos de robo calificado por escalamiento reiterado, tentativa de robo y violación de domicilio.

La causa continuará bajo la dirección del fiscal Emiliano Odriozola, mientras el imputado permanecerá detenido durante el avance de la investigación.

Un hombre de 37 años, identificado por sus iniciales como SJA, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por amenazas de muerte contra integrantes de su familia en Ceres, departamento San Cristóbal.

La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Juan Gabriel Peralta, durante una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal. El magistrado hizo lugar al pedido de la fiscal Hemilce Fissore, rechazó las medidas alternativas propuestas por la Defensa y ordenó que el imputado permanezca detenido durante 90 días.

De acuerdo con lo informado por la fiscal, el hecho ocurrió minutos antes de las 13:30 del sábado pasado, cuando el investigado se dirigió a la vivienda de un primo, quien se encontraba junto a su pareja y sus dos hijos menores de edad.

“Con pleno conocimiento y voluntad de lo que estaba haciendo, los amenazó de muerte en reiteradas ocasiones”, señaló Fissore.

La representante del Ministerio Público de la Acusación indicó que el episodio se produjo en un contexto de violencia familiar y que las amenazas generaron temor tanto en el primo del imputado como en el resto del grupo familiar.

Ante lo que estaba sucediendo, personal policial arribó al lugar y procedió a su aprehensión.

Tras ser detenido, el hombre fue trasladado al hospital de San Cristóbal para ser examinado. Durante ese procedimiento, según indicó Fissore, agredió físicamente a uno de los policías y le provocó lesiones.

Este accionar también fue incorporado a la investigación penal y forma parte de la calificación atribuida al imputado.

Durante la audiencia, la fiscal sostuvo que el juez dio por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta instancia, la presunta autoría de los hechos por parte del hombre investigado.

Fissore remarcó además que se tuvieron en cuenta la violencia desplegada y los antecedentes penales condenatorios del imputado, circunstancias que podrían derivar en una pena de cumplimiento efectivo en caso de condena.

Respecto de los riesgos procesales, la fiscal explicó que la prisión preventiva fue considerada necesaria para resguardar las declaraciones de víctimas y testigos, entre ellos menores de edad, y porque aún restan diligencias por realizar.

“Si bien la Defensa propuso medidas alternativas a la prisión preventiva, Peralta manifestó que eran insuficientes para neutralizar los peligros procesales e hizo lugar a nuestro planteo”, indicó.

El hombre es investigado como presunto autor de amenazas simples reiteradas en un contexto de violencia familiar y atentado y resistencia a la autoridad.

La investigación continúa bajo la responsabilidad de la fiscal Hemilce Fissore.

Un hombre de 37 años, identificado por sus iniciales RER, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por amenazas calificadas por el uso de un arma de fuego cometidas en Rafaela.

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Lorena Korakis durante una audiencia realizada en los tribunales locales. El juez Javier Bottero hizo lugar al planteo y dispuso la prisión preventiva por un plazo de 90 días.

Según relató la representante del Ministerio Público de la Acusación, el hecho ocurrió el sábado pasado, entre las 12 y las 12.10, en inmediaciones de David Mazzi y Francia.

De acuerdo con la acusación, el imputado habría interceptado a otro hombre y lo habría amenazado mientras le apuntaba a las piernas con un arma de fuego tipo pistola. La fiscal indicó que el episodio se habría producido en el marco de un conflicto interpersonal previo.

Korakis señaló además que la víctima pudo retirarse del lugar sin resultar agredida físicamente. Sin embargo, sostuvo que la situación generó temor por la presencia y utilización intimidatoria del arma.

Durante la audiencia, la Fiscalía planteó que existen elementos suficientes para sostener provisoriamente la imputación. Según explicó Korakis, el juez consideró que el hecho atribuido se encuentra acreditado con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso.

Otro de los aspectos evaluados fue la situación penal previa del investigado. De acuerdo con la fiscal, Bottero tuvo en cuenta que RER registra antecedentes penales condenatorios, circunstancia que podría derivar en una eventual pena de cumplimiento efectivo en caso de una condena.

La Fiscalía también remarcó la existencia de riesgos procesales, especialmente porque el arma de fuego presuntamente utilizada en el hecho todavía no fue encontrada. En ese sentido, se planteó la necesidad de evitar posibles interferencias en la investigación y resguardar las declaraciones de la víctima y de los testigos.

Con esos argumentos, el magistrado resolvió mantener al hombre privado de su libertad durante 90 días, mientras continúa la investigación a cargo de la fiscal Korakis.

Al imputado se le atribuyó la presunta autoría del delito de amenaza calificada por el uso de arma.

Un hombre de 26 años, identificado por sus iniciales DAS, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por delitos contra la propiedad cometidos en Rafaela. La causa está a cargo de la fiscal Lorena Korakis, quien solicitó la medida cautelar durante una audiencia realizada en los tribunales locales.

El juez Gustavo Bumaguin resolvió imponer la prisión preventiva por 60 días, al considerar reunidos los elementos necesarios para sostener provisoriamente la acusación. También evaluó la posible pena en expectativa y los riesgos procesales planteados por la Fiscalía.

Según relató Korakis, el primero de los hechos ocurrió el lunes 10 de agosto, alrededor de las 21.30, en una vivienda ubicada en David Mazzi al 100. De acuerdo con la acusación, el hombre habría escalado un tapial medianero de aproximadamente 1,80 metros, subido al techo e ingresado posteriormente al inmueble.

La fiscal indicó que, una vez dentro, el imputado se habría apoderado de prendas de vestir, electrodomésticos y dinero en efectivo. Luego habría abandonado la vivienda por una ventana que abrió desde el interior, llevando consigo los elementos sustraídos.

Momentos después, siempre según la investigación, el acusado habría ingresado sin autorización al garaje de otra vivienda situada en Tucumán al 3000. Allí se habría cambiado de ropa con la intención de evitar ser identificado y habría intentado ocultar parte de los bienes sustraídos.

Sin embargo, una mujer que reside en ese inmueble lo sorprendió y el hombre se retiró del lugar. Posteriormente se dirigió hacia la esquina de David Mazzi y Tucumán, donde habría descartado algunos de los objetos antes de ser aprehendido minutos más tarde en las inmediaciones.

Korakis explicó que el magistrado consideró que, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso, los hechos atribuidos aparecen respaldados por las evidencias reunidas hasta el momento. Además, entendió que las calificaciones legales propuestas por la Fiscalía resultaban adecuadas y que la eventual pena podría ser de cumplimiento efectivo.

La fiscal señaló también que la prisión preventiva fue considerada necesaria para resguardar las declaraciones de las víctimas y evitar interferencias en la investigación. Según indicó, el juez entendió que los riesgos procesales permanecían vigentes y justificaban la medida cautelar.

Al hombre investigado se le atribuyó la presunta autoría de hurto calificado por escalamiento y violación de domicilio. La causa continuará bajo la conducción de la Fiscalía Regional 5 mientras se desarrollan las medidas pendientes.

La investigación judicial por el funcionamiento de un geriátrico clandestino en el barrio Nuevo Horizonte dio este viernes un nuevo paso con la imputación de la mujer sindicada como responsable del establecimiento y la excarcelación, bajo medidas alternativas, del cuidador que permanecía detenido desde el incendio que permitió descubrir las condiciones en las que vivían siete adultos mayores.

Ambas audiencias fueron presididas por la jueza Rosana Carrara. La acusación estuvo a cargo del fiscal Manuel Cecchini, mientras que en la primera intervención la defensa de María Laura M., de 51 años, fue ejercida por los abogados Claudio Torres del Sel y Francisco García Rossi. En la segunda audiencia, Ricardo H. fue asistido por el abogado particular Héctor Tallarico.

Durante la audiencia imputativa, el fiscal atribuyó a María Laura M. el delito de abandono de personas, en calidad de autora y en perjuicio de los siete residentes del establecimiento ubicado en José Gollán al 10.100.

Al fundamentar la acusación, Cecchini sostuvo que la mujer "puso en peligro la salud de siete personas", quienes fueron "dejadas a su suerte", pese a que ella se presentaba como titular del lugar y percibía un canon por brindar alojamiento, alimentación, atención sanitaria y cuidado.

Según la Fiscalía, la residencia funcionaba sin habilitación municipal ni provincial y carecía de las condiciones mínimas de higiene, salubridad e infraestructura necesarias para albergar personas con distintos grados de dependencia.

Entre las irregularidades mencionadas, el fiscal señaló que algunos residentes ni siquiera contaban con ropa de cama y que el establecimiento era atendido por personal sin capacitación específica para esa tarea.

Durante la exposición, el representante del MPA repasó la situación particular de cada una de las siete víctimas, quienes presentan diferentes patologías que requieren asistencia permanente.

Además, indicó que la acusada no sólo cobraba a familiares por el supuesto servicio prestado, sino que en algunos casos administraba la documentación personal de los residentes y retenía tarjetas mediante las cuales se percibían sus pensiones.

Al finalizar la atribución delictiva, la defensa cuestionó tanto la calificación legal como la reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía. No obstante, las partes acordaron postergar hasta el próximo martes 11 de agosto el tratamiento de las medidas cautelares que eventualmente podrían imponerse a la imputada.

Tras un breve cuarto intermedio, la jueza Carrara encabezó la audiencia de medidas cautelares correspondiente a Ricardo H., el cuidador que había sido imputado días atrás por el delito de privación ilegítima de la libertad, acusado de haber dejado encerrados bajo llave a los residentes la mañana en que se produjo el incendio.

En esta oportunidad, el fiscal informó que se alcanzó un acuerdo con la defensa para sustituir la prisión preventiva por medidas alternativas.

Entre las condiciones impuestas se dispuso que el imputado deberá fijar domicilio en la vivienda de su madre, en el barrio Barranquitas; tendrá prohibido acercarse a menos de 300 metros de las víctimas y de sus familiares; y tampoco podrá aproximarse al inmueble de Diez de Andino al 5800, donde funciona otra residencia geriátrica vinculada a la misma titular investigada.

Cecchini informó además que el jueves mantuvo una reunión con cinco de los siete adultos mayores, actualmente alojados en el hogar Beata Clara, y que ninguno manifestó oposición a la recuperación de la libertad del imputado.

Luego de escuchar el acuerdo alcanzado entre las partes, el defensor Tallarico solicitó la inmediata libertad de su asistido. La jueza Carrara hizo lugar al planteo y ordenó su excarcelación bajo las condiciones establecidas.

El Litoral

Quedó en prisión preventiva un hombre de 54 años, iniciales JAG, que es investigado por el abuso sexual reiterado de dos niñas de su entorno familiar en Ceres (departamento San Cristóbal). Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Juan Gabriel Peralta, a raíz de un pedido formulado por la fiscal Hemilce Fissore en una audiencia que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses.

La funcionaria del MPA valoró que “el magistrado consideró acreditadas la atribución delictiva y los riesgos procesales, razón por la cual dispuso la cautelar privativa de la libertad sin plazo”.

Fissore afirmó que “los abusos sexuales fueron cometidos mediando violencia física y amenazas, en el marco del vínculo familiar del imputado con las dos niñas”, y agregó que “el hombre investigado actuó siempre con pleno conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos”.

“Los ilícitos se concretaron en reiteradas oportunidades cuando las niñas transitaban el último tramo de su escolarización primaria y la primera parte del nivel secundario”, remarcó la fiscal.

La representante del MPA aseguró que “el imputado cometió los abusos cuando visitaba la casa de campo donde las niñas –que son hermanas– vivían con su grupo familiar”. Fissore añadió que “a una de ellas, el imputado también la agredió sexualmente mientras la trasladaba en su moto luego de buscarla en la escuela”.

En la audiencia, la fiscal detalló que “el viernes 17 de julio pasado, el hombre de 54 años intentó abusar sexualmente de la menor de las hermanas en un momento en el que quedaron ellos dos solos en la casa del imputado, pero no logró concretar el ilícito porque la víctima se resistió y porque llegó al lugar la pareja del agresor”.

“Al fundamentar su decisión de manera oral, el juez Peralta consideró que las evidencias que reunimos y presentamos eran suficientes, en esta instancia del proceso, para tener por acreditados los hechos atribuidos al imputado”, subrayó la fiscal Fissore.

La funcionaria del MPA también hizo hincapié en que “el magistrado consideró que la pena en expectativa en caso de una condena sería de cumplimiento efectivo debido a la vulnerabilidad de las víctimas, a la gravedad de los ilícitos y a las calificaciones penales seleccionadas”.

La fiscal indicó que “Peralta también hizo referencia a la posibilidad de entorpecimiento probatorio y planteó la necesidad de cautelar una posible fuga del imputado” y concluyó que “el juez también remarcó la necesidad de resguardar los testimonios de las víctimas y de los testigos que aún deben ser entrevistados”.

El Litoral

La Justicia confirmó en segunda instancia la prisión preventiva de un hombre de 28 años, identificado por sus iniciales O. A. V., investigado por una agresión con un arma de fuego cometida en abril de este año en Rafaela.

La resolución fue adoptada por el camarista Matías Drivet, quien ratificó la decisión de primera instancia que había dictado el juez Gustavo Bumaguin. La investigación está a cargo del fiscal Martín Castellano, integrante de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5.

En el mismo legajo penal hay otro imputado que también transita el proceso judicial bajo prisión preventiva.

Castellano destacó que el camarista consideró suficientes las evidencias presentadas hasta esta etapa para acreditar provisoriamente la existencia del hecho y la presunta participación del acusado.

Además, sostuvo que la calificación penal seleccionada por la Fiscalía resulta adecuada y que, en caso de una eventual condena, la pena sería de cumplimiento efectivo, debido a que el imputado cuenta con antecedentes condenatorios computables.

El magistrado también entendió que continúan vigentes los peligros procesales y consideró insuficientes las medidas alternativas propuestas por la Defensa para reemplazar la prisión preventiva.

De acuerdo con la atribución fiscal, el hecho ocurrió entre las 13:30 y las 14:00 del jueves 23 de abril, cuando los dos imputados ingresaron al patio trasero de una vivienda ubicada en el barrio 2 de Abril con la presunta intención de atacar al hombre que residía allí.

Según relató Castellano, O. A. V. llevaba un arma de fuego larga calibre 22 e ingresó a una habitación de la propiedad a través de una ventana. Mientras tanto, el otro investigado habría permanecido en el exterior, cerca de la abertura, actuando de manera coordinada.

La Fiscalía sostiene que el acusado de 28 años disparó contra uno de los brazos de la víctima, mientras el otro imputado le impedía defenderse. Como consecuencia del ataque, el hombre sufrió una lesión de carácter grave.

Luego de la agresión, ambos sospechosos se retiraron del lugar. Durante la huida, el más joven de los investigados habría sido atacado por perros pertenecientes a la víctima.

O. A. V. es investigado como coautor de lesiones graves dolosas agravadas por el uso de arma de fuego, además de portación ilegítima de arma de fuego y violación de domicilio particular.

Un hombre de 26 años quedó en prisión preventiva en la ciudad de San Cristóbal, en el marco de una investigación por delitos cometidos en un contexto de violencia de género y violencia familiar.

La medida fue dispuesta por el juez José Luis Estévez durante una audiencia realizada en los tribunales sancristobalenses, luego de un pedido formulado por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Hemilce Fissore.

La fiscal explicó que el imputado, identificado con las iniciales MMB, ya contaba con medidas cautelares no privativas de la libertad impuestas en mayo pasado, en el marco de otro legajo penal.

Según indicó Fissore, esas restricciones incluían la prohibición de acercamiento y hostigamiento hacia su expareja, además de una exclusión del hogar ordenada por un tribunal de Familia.

La funcionaria destacó que el incumplimiento de esas medidas fue considerado por el juez al momento de evaluar los riesgos procesales y determinar la necesidad de la prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el jueves de la semana pasada cerca de las 17:30, cuando el hombre habría llegado hasta la vivienda donde reside su expareja junto a las dos hijas que tienen en común.

Según relató la fiscal, el acusado habría ido al lugar con la intención de amedrentar a la mujer y, al encontrarse con ella, la habría tratado de manera violenta y amenazado con matarla si volvía a denunciarlo.

Fissore señaló que, aunque no se registraron lesiones físicas, la situación generó un fuerte temor en la víctima. Horas después del episodio, el hombre fue detenido en la vía pública.

El hombre quedó imputado como autor de los delitos de amenazas y desobediencia de un mandato judicial, ambos cometidos en un contexto de violencia familiar y de género.

Desde la Fiscalía remarcaron que la prisión preventiva busca reducir los riesgos procesales y garantizar el avance de la investigación.

Un hombre de 44 años, identificado por las iniciales LEC, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por un robo a un camionero con un arma de fuego ocurrido el 27 de marzo en la ruta provincial 62, en jurisdicción de la localidad de Cayastacito, departamento San Justo.

La medida cautelar fue impuesta por el juez José Luis García Troiano tras un pedido formulado por la fiscal Daniela Montegrosso durante una audiencia en los tribunales de la capital provincial. La investigación continúa abierta, ya que hay otros dos hombres involucrados que aún no han sido identificados.

Según la fiscal, el ilícito ocurrió alrededor de las 11:45 cuando LEC y los otros dos sujetos interceptaron un camión Volkswagen modelo 19420 HR a punta de pistola, obligando al conductor a detener la marcha. Los tres se desplazaban en un Renault Sandero y se apoderaron del celular del camionero y de aproximadamente 50 millones de pesos antes de darse a la fuga.

Tras varias diligencias investigativas, el 25 de junio se realizaron allanamientos que permitieron la aprehensión de LEC, quien ahora enfrenta la acusación como coautor de robo calificado por uso de arma, en despoblado y en banda.

La Justicia ordenó la prisión preventiva de cuatro policías del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I investigados como coautores del delito de tortura seguida de muerte, cometido en perjuicio de Mauro Daniel González en la ciudad de Santa Fe.

La medida fue solicitada por el fiscal Ezequiel Hernández e impuesta por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Cecilia Labanca, en una audiencia que comenzó el miércoles por la mañana y finalizó ayer en horas de la siesta en los tribunales de la capital provincial.

En el mismo legajo hay otras dos personas investigadas que transitarán el proceso con medidas alternativas. Una de ellas también integra el Comando Radioeléctrico y tiene atribuida la misma calificación penal, mientras que un agente del Cuerpo Guardia de Infantería es investigado por el delito de vejaciones contra la misma víctima.

Los policías del Comando investigados son tres hombres y dos mujeres, identificados por sus iniciales como LGA, SDB, FSA, MGD y SMP. En tanto, el agente de Infantería fue identificado con las iniciales JCB.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación, los abogados defensores propusieron medidas alternativas a la prisión preventiva, pero la jueza las rechazó respecto de cuatro de los investigados.

“Aunque los abogados defensores propusieron alternativas, la magistrada las rechazó en relación a cuatro de las personas investigadas porque eran insuficientes para cautelar el proceso judicial”, valoró el fiscal Hernández.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió minutos después de las 14:30 del sábado 17 de enero, en inmediaciones de Chaco y Hermanos Figueroa, en barrio Yapeyú, cuando se pidió presencia policial porque González atravesaba una crisis subjetiva.

El fiscal sostuvo que los agentes incumplieron los estándares de actuación que ordenan dar intervención a personal sanitario y que privaron a la víctima de su libertad mediante un uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza.

Según relató Hernández, los uniformados sujetaron violentamente a González, lo hicieron caer, le colocaron esposas y luego, con la llegada de otros agentes, lo agredieron mientras estaba en el suelo.

La acusación señala que la víctima fue arrojada a la caja de una camioneta policial, donde habrían continuado los malos tratos. Además, un familiar alertó a los agentes que González había tenido una cirugía abdominal, pero, según el fiscal, los policías incrementaron el dolor en lugar de detener la agresión.

Hernández indicó que durante el traslado, con González esposado e imposibilitado de defenderse, los agentes lo golpearon nuevamente dentro del vehículo oficial, con puños y con un bastón o escopeta.

Según el MPA, las agresiones le causaron al menos 20 lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, entre ellas la fractura de una costilla, lo que deterioró su estado de salud.

La Fiscalía sostuvo que, pese a que González se encontraba en un estado precario y prácticamente inconsciente, los uniformados no lo llevaron de inmediato a un centro de salud. En cambio, pasaron por una estación de servicios, luego por Medicina Legal, en 1° Junta al 2800, y finalmente por la comisaría Octava, ubicada en General Paz al 7300.

Allí, según la acusación, ingresaron a la víctima a un calabozo y la dejaron sola, sin asistencia, pese a su grave estado. Horas después, González falleció.

A los cinco policías del Comando Radioeléctrico se les atribuyó la coautoría del delito de tortura seguida de muerte.

Por su parte, el integrante de la Guardia de Infantería fue imputado como coautor de vejaciones calificadas, por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima.

Además, uno de los investigados, identificado como FSA, también es investigado por otro hecho ilícito por el que se le atribuyó la coautoría de vejaciones, falsedad ideológica en instrumento público y daños.

Cinco personas quedaron en prisión preventiva sin plazo en el marco de una investigación por presunta venta de droga al menudeo en Rafaela, departamento Castellanos.

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal María Cecilia Doro y resuelta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Javier Bottero, durante una audiencia realizada en los tribunales rafaelinos.

Los imputados son cuatro hombres identificados por sus iniciales como W.E.M., de 18 años; T.J.R., de 21; L.A.B., de 32; y P.S.L., de 36. La quinta persona investigada es una mujer de 36 años, identificada como M.A.C.

Según informó la fiscalía, el procedimiento que dio origen a la investigación se realizó el sábado 6 de junio en una vivienda ubicada en calle Gandhi al 2500, donde residían las cinco personas imputadas.

Doro precisó que, al momento del operativo, todos los investigados se encontraban en el lugar.

Durante el allanamiento se secuestraron 33,9 gramos de cocaína, fraccionados en 104 envoltorios de nailon termosellados, además de dinero en efectivo en billetes de distinta denominación.

Para la fiscal, esos elementos permiten sostener que la tenencia del material estupefaciente tenía como finalidad la comercialización al menudeo.

“La droga estaba bajo la esfera de custodia de las cinco personas investigadas”, señaló Doro.

La fiscal valoró que el juez Bottero tuvo por acreditado el hecho atribuido con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso.

Además, remarcó que el magistrado descartó el planteo de la Defensa, que había sostenido que los estupefacientes estaban destinados al consumo personal.

“El juez también tuvo en cuenta que las penas en expectativa son de ejecución efectiva”, indicó Doro.

La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación agregó que el magistrado consideró vigentes los riesgos procesales y entendió que la prisión preventiva era necesaria para garantizar el avance de la investigación y resguardar las declaraciones de testigos.

Tras analizar las particularidades del caso, Bottero también desestimó las medidas alternativas propuestas por la Defensa.

A las cinco personas investigadas se les atribuyó la coautoría del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La causa es llevada adelante por la Fiscalía Regional 5, en el marco de las investigaciones vinculadas a la venta de drogas al menudeo en la ciudad.

Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Natalia Giordano, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Al imputado se le atribuyó el ilícito agravado por ser portador de una enfermedad de transmisión sexual y haber actuado con conciencia del peligro de contagio.

Quedó en prisión preventiva un hombre de iniciales LNS al que se investiga por abusar sexualmente de una mujer con la que mantenía una relación de pareja en Esperanza (departamento Las Colonias).

La privación cautelar de la libertad fue dispuesta por la jueza Cecilia Labanca en una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La fiscal Natalia Giordano está a cargo de la investigación y es quien solicitó la preventiva. “Aunque el abogado defensor del imputado se opuso, la magistrada analizó las particularidades del caso e hizo lugar a nuestro requerimiento”, valoró la fiscal.

En cuanto al ilícito, la funcionaria del MPA indicó que “fue cometido el mes pasado en una casa en la que el hombre investigado convivía con la víctima y con una niña que es hija de ambos”. Según afirmó, “el imputado agredió sexualmente a su pareja luego de que ella le manifestó que no quería tener relaciones porque él es portador de una enfermedad de transmisión sexual y podía contagiarla”.

Calificación penal

El hombre que quedó en preventiva es investigado como autor de abuso sexual con acceso carnal calificado (por ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y haber existido peligro de contagio).