La Justicia confirmó en segunda instancia la prisión preventiva de un hombre de 28 años, identificado por sus iniciales O. A. V., investigado por una agresión con un arma de fuego cometida en abril de este año en Rafaela.

La resolución fue adoptada por el camarista Matías Drivet, quien ratificó la decisión de primera instancia que había dictado el juez Gustavo Bumaguin. La investigación está a cargo del fiscal Martín Castellano, integrante de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5.

En el mismo legajo penal hay otro imputado que también transita el proceso judicial bajo prisión preventiva.

Castellano destacó que el camarista consideró suficientes las evidencias presentadas hasta esta etapa para acreditar provisoriamente la existencia del hecho y la presunta participación del acusado.

Además, sostuvo que la calificación penal seleccionada por la Fiscalía resulta adecuada y que, en caso de una eventual condena, la pena sería de cumplimiento efectivo, debido a que el imputado cuenta con antecedentes condenatorios computables.

El magistrado también entendió que continúan vigentes los peligros procesales y consideró insuficientes las medidas alternativas propuestas por la Defensa para reemplazar la prisión preventiva.

De acuerdo con la atribución fiscal, el hecho ocurrió entre las 13:30 y las 14:00 del jueves 23 de abril, cuando los dos imputados ingresaron al patio trasero de una vivienda ubicada en el barrio 2 de Abril con la presunta intención de atacar al hombre que residía allí.

Según relató Castellano, O. A. V. llevaba un arma de fuego larga calibre 22 e ingresó a una habitación de la propiedad a través de una ventana. Mientras tanto, el otro investigado habría permanecido en el exterior, cerca de la abertura, actuando de manera coordinada.

La Fiscalía sostiene que el acusado de 28 años disparó contra uno de los brazos de la víctima, mientras el otro imputado le impedía defenderse. Como consecuencia del ataque, el hombre sufrió una lesión de carácter grave.

Luego de la agresión, ambos sospechosos se retiraron del lugar. Durante la huida, el más joven de los investigados habría sido atacado por perros pertenecientes a la víctima.

O. A. V. es investigado como coautor de lesiones graves dolosas agravadas por el uso de arma de fuego, además de portación ilegítima de arma de fuego y violación de domicilio particular.

Un hombre de 26 años quedó en prisión preventiva en la ciudad de San Cristóbal, en el marco de una investigación por delitos cometidos en un contexto de violencia de género y violencia familiar.

La medida fue dispuesta por el juez José Luis Estévez durante una audiencia realizada en los tribunales sancristobalenses, luego de un pedido formulado por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Hemilce Fissore.

La fiscal explicó que el imputado, identificado con las iniciales MMB, ya contaba con medidas cautelares no privativas de la libertad impuestas en mayo pasado, en el marco de otro legajo penal.

Según indicó Fissore, esas restricciones incluían la prohibición de acercamiento y hostigamiento hacia su expareja, además de una exclusión del hogar ordenada por un tribunal de Familia.

La funcionaria destacó que el incumplimiento de esas medidas fue considerado por el juez al momento de evaluar los riesgos procesales y determinar la necesidad de la prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el jueves de la semana pasada cerca de las 17:30, cuando el hombre habría llegado hasta la vivienda donde reside su expareja junto a las dos hijas que tienen en común.

Según relató la fiscal, el acusado habría ido al lugar con la intención de amedrentar a la mujer y, al encontrarse con ella, la habría tratado de manera violenta y amenazado con matarla si volvía a denunciarlo.

Fissore señaló que, aunque no se registraron lesiones físicas, la situación generó un fuerte temor en la víctima. Horas después del episodio, el hombre fue detenido en la vía pública.

El hombre quedó imputado como autor de los delitos de amenazas y desobediencia de un mandato judicial, ambos cometidos en un contexto de violencia familiar y de género.

Desde la Fiscalía remarcaron que la prisión preventiva busca reducir los riesgos procesales y garantizar el avance de la investigación.

Un hombre de 44 años, identificado por las iniciales LEC, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por un robo a un camionero con un arma de fuego ocurrido el 27 de marzo en la ruta provincial 62, en jurisdicción de la localidad de Cayastacito, departamento San Justo.

La medida cautelar fue impuesta por el juez José Luis García Troiano tras un pedido formulado por la fiscal Daniela Montegrosso durante una audiencia en los tribunales de la capital provincial. La investigación continúa abierta, ya que hay otros dos hombres involucrados que aún no han sido identificados.

Según la fiscal, el ilícito ocurrió alrededor de las 11:45 cuando LEC y los otros dos sujetos interceptaron un camión Volkswagen modelo 19420 HR a punta de pistola, obligando al conductor a detener la marcha. Los tres se desplazaban en un Renault Sandero y se apoderaron del celular del camionero y de aproximadamente 50 millones de pesos antes de darse a la fuga.

Tras varias diligencias investigativas, el 25 de junio se realizaron allanamientos que permitieron la aprehensión de LEC, quien ahora enfrenta la acusación como coautor de robo calificado por uso de arma, en despoblado y en banda.

La Justicia ordenó la prisión preventiva de cuatro policías del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I investigados como coautores del delito de tortura seguida de muerte, cometido en perjuicio de Mauro Daniel González en la ciudad de Santa Fe.

La medida fue solicitada por el fiscal Ezequiel Hernández e impuesta por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Cecilia Labanca, en una audiencia que comenzó el miércoles por la mañana y finalizó ayer en horas de la siesta en los tribunales de la capital provincial.

En el mismo legajo hay otras dos personas investigadas que transitarán el proceso con medidas alternativas. Una de ellas también integra el Comando Radioeléctrico y tiene atribuida la misma calificación penal, mientras que un agente del Cuerpo Guardia de Infantería es investigado por el delito de vejaciones contra la misma víctima.

Los policías del Comando investigados son tres hombres y dos mujeres, identificados por sus iniciales como LGA, SDB, FSA, MGD y SMP. En tanto, el agente de Infantería fue identificado con las iniciales JCB.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación, los abogados defensores propusieron medidas alternativas a la prisión preventiva, pero la jueza las rechazó respecto de cuatro de los investigados.

“Aunque los abogados defensores propusieron alternativas, la magistrada las rechazó en relación a cuatro de las personas investigadas porque eran insuficientes para cautelar el proceso judicial”, valoró el fiscal Hernández.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió minutos después de las 14:30 del sábado 17 de enero, en inmediaciones de Chaco y Hermanos Figueroa, en barrio Yapeyú, cuando se pidió presencia policial porque González atravesaba una crisis subjetiva.

El fiscal sostuvo que los agentes incumplieron los estándares de actuación que ordenan dar intervención a personal sanitario y que privaron a la víctima de su libertad mediante un uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza.

Según relató Hernández, los uniformados sujetaron violentamente a González, lo hicieron caer, le colocaron esposas y luego, con la llegada de otros agentes, lo agredieron mientras estaba en el suelo.

La acusación señala que la víctima fue arrojada a la caja de una camioneta policial, donde habrían continuado los malos tratos. Además, un familiar alertó a los agentes que González había tenido una cirugía abdominal, pero, según el fiscal, los policías incrementaron el dolor en lugar de detener la agresión.

Hernández indicó que durante el traslado, con González esposado e imposibilitado de defenderse, los agentes lo golpearon nuevamente dentro del vehículo oficial, con puños y con un bastón o escopeta.

Según el MPA, las agresiones le causaron al menos 20 lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, entre ellas la fractura de una costilla, lo que deterioró su estado de salud.

La Fiscalía sostuvo que, pese a que González se encontraba en un estado precario y prácticamente inconsciente, los uniformados no lo llevaron de inmediato a un centro de salud. En cambio, pasaron por una estación de servicios, luego por Medicina Legal, en 1° Junta al 2800, y finalmente por la comisaría Octava, ubicada en General Paz al 7300.

Allí, según la acusación, ingresaron a la víctima a un calabozo y la dejaron sola, sin asistencia, pese a su grave estado. Horas después, González falleció.

A los cinco policías del Comando Radioeléctrico se les atribuyó la coautoría del delito de tortura seguida de muerte.

Por su parte, el integrante de la Guardia de Infantería fue imputado como coautor de vejaciones calificadas, por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima.

Además, uno de los investigados, identificado como FSA, también es investigado por otro hecho ilícito por el que se le atribuyó la coautoría de vejaciones, falsedad ideológica en instrumento público y daños.

Cinco personas quedaron en prisión preventiva sin plazo en el marco de una investigación por presunta venta de droga al menudeo en Rafaela, departamento Castellanos.

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal María Cecilia Doro y resuelta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Javier Bottero, durante una audiencia realizada en los tribunales rafaelinos.

Los imputados son cuatro hombres identificados por sus iniciales como W.E.M., de 18 años; T.J.R., de 21; L.A.B., de 32; y P.S.L., de 36. La quinta persona investigada es una mujer de 36 años, identificada como M.A.C.

Según informó la fiscalía, el procedimiento que dio origen a la investigación se realizó el sábado 6 de junio en una vivienda ubicada en calle Gandhi al 2500, donde residían las cinco personas imputadas.

Doro precisó que, al momento del operativo, todos los investigados se encontraban en el lugar.

Durante el allanamiento se secuestraron 33,9 gramos de cocaína, fraccionados en 104 envoltorios de nailon termosellados, además de dinero en efectivo en billetes de distinta denominación.

Para la fiscal, esos elementos permiten sostener que la tenencia del material estupefaciente tenía como finalidad la comercialización al menudeo.

“La droga estaba bajo la esfera de custodia de las cinco personas investigadas”, señaló Doro.

La fiscal valoró que el juez Bottero tuvo por acreditado el hecho atribuido con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso.

Además, remarcó que el magistrado descartó el planteo de la Defensa, que había sostenido que los estupefacientes estaban destinados al consumo personal.

“El juez también tuvo en cuenta que las penas en expectativa son de ejecución efectiva”, indicó Doro.

La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación agregó que el magistrado consideró vigentes los riesgos procesales y entendió que la prisión preventiva era necesaria para garantizar el avance de la investigación y resguardar las declaraciones de testigos.

Tras analizar las particularidades del caso, Bottero también desestimó las medidas alternativas propuestas por la Defensa.

A las cinco personas investigadas se les atribuyó la coautoría del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La causa es llevada adelante por la Fiscalía Regional 5, en el marco de las investigaciones vinculadas a la venta de drogas al menudeo en la ciudad.

Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Natalia Giordano, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Al imputado se le atribuyó el ilícito agravado por ser portador de una enfermedad de transmisión sexual y haber actuado con conciencia del peligro de contagio.

Quedó en prisión preventiva un hombre de iniciales LNS al que se investiga por abusar sexualmente de una mujer con la que mantenía una relación de pareja en Esperanza (departamento Las Colonias).

La privación cautelar de la libertad fue dispuesta por la jueza Cecilia Labanca en una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La fiscal Natalia Giordano está a cargo de la investigación y es quien solicitó la preventiva. “Aunque el abogado defensor del imputado se opuso, la magistrada analizó las particularidades del caso e hizo lugar a nuestro requerimiento”, valoró la fiscal.

En cuanto al ilícito, la funcionaria del MPA indicó que “fue cometido el mes pasado en una casa en la que el hombre investigado convivía con la víctima y con una niña que es hija de ambos”. Según afirmó, “el imputado agredió sexualmente a su pareja luego de que ella le manifestó que no quería tener relaciones porque él es portador de una enfermedad de transmisión sexual y podía contagiarla”.

Calificación penal

El hombre que quedó en preventiva es investigado como autor de abuso sexual con acceso carnal calificado (por ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y haber existido peligro de contagio).

Quedaron en prisión preventiva dos hombres de 26 y 27 años que son investigados por la portación de un arma de fuego con la que dispararon contra una vivienda del barrio Mora en Rafaela. La medida cautelar fue impuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales rafaelinos.

La fiscal a cargo de la investigación es Lorena Korakis, quien también le atribuyó a los dos hombres –cuyas iniciales son JPG y FC, respectivamente– haber provocado daños en un auto que estaba estacionado en inmediaciones de la casa baleada y haber tenido en su poder una moto y el arma a pesar de que sabían que provenían de ilícitos.

Al mayor de los imputados, la funcionaria del MPA también le endilgó resistirse al accionar de la policía y haber amenazado a los agentes de la fuerza con el arma de fuego. En tanto, al otro hombre investigado, le imputó intentar ocultarse del personal policial e ingresar a una vivienda sin la autorización del propietario.

Por su parte, la fiscal Brenda Baños le atribuyó al hombre de 27 años la autoría de amenazas y lesiones cometidas en un contexto de violencia de género en perjuicio de una mujer que es pareja.

Korakis relató que “minutos después de la 1 de la madrugada del lunes 8 de este mes, los dos hombres investigados realizaron los disparos contra la vivienda con una pistola 9 milímetros”. La fiscal sostuvo que “los imputados se distribuyeron roles para cometer el ilícito” y precisó que “se trasladaban en una moto que conducía el menor de los imputados, mientras que el otro imputado era quien manipulaba el arma de fuego”.

“Inmediatamente después de que efectuaron los disparos, personal policial llegó al lugar”, relató Korakis y agregó que “los dos hombres intentaron huir en distintas direcciones”. En ese sentido, la representante del MPA sostuvo que “el mayor de ellos apuntó con el arma de fuego a los agentes de la fuerza pública hasta que fue aprehendido en el lugar, mientras que el otro imputado fue privado de su libertad en el interior de una vivienda cercana a la que había ingresado sin la autorización de su propietario”.

Por su parte, la fiscal Baños refirió a los ilícitos atribuidos al imputado de iniciales FC. “El viernes 5 de este mes, luego de haber mantenido una discusión con su pareja en el interior de una vivienda, la amenazó de muerte con una arma de fuego calibre 9 milímetros”.

Baños también manifestó que “al día siguiente, golpeó a la mujer en la cabeza con el arma de fuego y en diferentes partes del cuerpo”.

Finalmente, la funcionaria del MPA agregó que “el domingo 8, a las 17:30 aproximadamente, el imputado le quitó el teléfono celular a su pareja, la volvió a golpear y mientras la tomaba del cuello la amenazó diciéndole que tenía que ejercer la prostitución para él”.

“Todos los ilícitos cometidos por el imputado por las agresiones a su pareja, fueron atribuidos en un claro contexto de violencia de género”, concluyó Baños.

Las fiscales sostuvieron que “para el dictado de la prisión preventiva de ambos imputados, el juez tuvo en cuenta que la materialidad y la autoría de los ilícitos atribuidos a cada uno de ellos están acreditadas con el grado de probabilidad requerido en este estado procesal a partir de las evidencias aportadas”.

“El magistrado consideró probados los riesgos procesales debido a la gravedad de los hechos y a que la pena en expectativa sería de cumplimiento firme, teniendo en cuenta además que al mayor de los imputados se le atribuyeron hechos por violencia de género y que posee un antecedente condenatorio por delitos cometidos con arma de fuego”, remarcaron las fiscales.

Por último, Korakis y Baños concluyeron que “Bottero consideró que las medidas alternativas ofrecidas por la Defensa no eran suficientes para conjurar los peligros procesales”.

A los dos imputados se les atribuyó la coautoría de los delitos de encubrimiento por receptación dolosa y daño.

Por su parte, al hombre de 27 años se le endilgó la autoría de portación indebida de arma de fuego de guerra agravada y resistencia a la autoridad. Asimismo, por los ilícitos cometidos en un contexto de violencia de género se le endilgó la autoría de amenazas calificadas (por el uso de arma) y lesiones leves calificadas (por el vínculo y por haber mediado violencia de género).

En tanto, al hombre de 26 años se lo investiga también por la autoría de portación indebida de arma de fuego de guerra y violación de domicilio.

Un hombre de 41 años, identificado por sus iniciales RML, quedó con prisión preventiva en el marco de una investigación por delitos contra la integridad sexual de siete víctimas de su entorno familiar en la ciudad de Santa Fe.

La medida fue dispuesta por el juez Nicolás Falkenberg, a partir del pedido de los fiscales Vivian Galeano y Ezequiel Hernández, durante una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.

La discusión por la prescripción y la decisión judicial

Durante la audiencia, la defensa del imputado planteó que los hechos se encontraban prescriptos por el paso del tiempo. Sin embargo, la fiscal Galeano explicó que el juez consideró que al menos uno de los episodios no había prescripto, en función de la denominada “ley Piazza”, que permite la denuncia de abusos sufridos en la infancia aun cuando la víctima ya es adulta.

“El magistrado entendió que ese hecho no estaría prescripto, razón por la cual podía analizar la imputación y el pedido de prisión preventiva”, explicó la fiscal.

Con ese criterio, el juez avanzó en el análisis del caso y resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público de la Acusación, ordenando la detención del acusado.

Hechos ocurridos durante casi 20 años

Según la investigación, los abusos habrían ocurrido entre mediados de la década del 90 y el año 2014, en un contexto intrafamiliar complejo.

Las víctimas son cuatro niños y tres niñas, quienes en la actualidad son personas adultas. De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se habrían repetido durante años y en algunos casos desde edades muy tempranas.

“Fueron abusadas desde que eran muy pequeñas, en reiteradas oportunidades y durante años”, detalló Galeano.

Manipulación y daño psicológico a las víctimas

La fiscal sostuvo que los hechos ocurrieron bajo un patrón de manipulación sistemática.

“El imputado utilizó distintas estrategias de manipulación para generar confusión, culpabilización y autoresponsabilización”, explicó.

También remarcó el fuerte impacto emocional que atravesaron las víctimas, muchas de las cuales tuvieron dificultades para declarar ante la Justicia a pesar de ser adultas.

El rol del imputado y el riesgo procesal

Uno de los elementos considerados para dictar la prisión preventiva fue la función laboral del acusado, quien se desempeñaría como personal policial en el ámbito de los tribunales de Santa Fe.

La Fiscalía advirtió que, por su función, podría tener contacto con niños, niñas y adolescentes, incluso en instancias sensibles como entrevistas en Cámara Gesell.

Además, los investigadores señalaron la posibilidad de que existan más víctimas y continúan analizando material secuestrado en un allanamiento realizado en su domicilio.

Calificaciones legales de la causa

El hombre fue imputado como autor de:

Abuso sexual con acceso carnalAbuso sexual gravemente ultrajante agravado (en cinco hechos)Abuso sexual simple agravado (en un hecho)Promoción a la corrupción de menores agravada en todos los casos

En todos los hechos se agrava la imputación por tratarse de una persona a cargo de la guarda de las víctimas y por la edad de las mismas al momento de los hechos.

Un hombre identificado con las iniciales DEG quedó en prisión preventiva en el marco de una causa penal en la que se lo investiga por presunta venta de drogas al menudeo en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias.

La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Sebastián Szeifert, durante una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El pedido había sido formulado por la fiscal Natalia Giordano, quien está a cargo de la investigación.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación, la Defensa se opuso al planteo fiscal, pero el magistrado analizó las particularidades del caso y resolvió hacer lugar a la solicitud.

La fiscal Giordano señaló que la prisión preventiva era “la única forma de mitigar los riesgos procesales”. El caso se enmarca en los Objetivos Priorizados por la Fiscalía General dentro de su Plan de Persecución Penal.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría vendido estupefacientes al menudeo al menos entre marzo de este año y el viernes 15 de mayo, fecha en la que fue detenido durante un allanamiento.

El procedimiento policial se concretó en una vivienda ubicada en un terreno donde hay varios inmuebles usurpados, en calle Gálvez al 3100 de la ciudad de Esperanza.

Durante el operativo, la fuerza de seguridad secuestró marihuana, recortes de nailon con vestigios de cocaína, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos que, según la fiscalía, dan cuenta de que la droga hallada estaba destinada al microtráfico.

Al hombre investigado se le atribuyó la autoría del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Con la prisión preventiva ordenada, el imputado continuará privado de la libertad mientras avanza la investigación penal.

La causa por el tiroteo fatal en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal entra en una etapa clave este jueves, con la audiencia destinada a revisar la prisión preventiva de un adolescente de 16 años acusado de participar en el asesinato de Ian Cabrera, de 13 años, y en el intento de homicidio de otros dos estudiantes.

El joven, identificado como N. C., permanece privado de libertad desde principios de abril, alojado en un pabellón juvenil de la ciudad de Santa Fe. La prisión preventiva inicial se dictó por 90 días, pero su defensa, a cargo del abogado Pedro Busico, presentó un recurso de apelación solicitando la excarcelación y cuestionando la calificación de los delitos atribuidos.

El juez de segunda instancia Matías Drivet evaluará la situación por videoconferencia, sin necesidad de trasladar al menor a Rafaela, sede de la audiencia.

Según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), N. C. habría tenido conocimiento previo del plan del ataque y alentó al agresor, un menor de 15 años que disparó contra compañeros, antes de que se produjera la masacre. Como evidencia se presentaron conversaciones entre ambos adolescentes, que reflejarían la preparación del ataque.

La fiscal Carina Gerbaldo, junto a su colega Mauricio Spinoza, sostienen que el joven detenido actuó como partícipe secundario.

Por su parte, la defensa argumenta que no hay pruebas suficientes de que N. C. supiera del plan ni de que haya incentivado el ataque. Además, señaló que el adolescente asistió a la escuela junto a su hermana menor y estuvo expuesto al peligro durante los disparos, lo que refuerza la tesis de falta de responsabilidad directa.

El ataque del 30 de marzo en la Escuela 40 Mariano Moreno tomó relevancia por la violencia y la planificación del agresor, quien se inspiró en la masacre de Columbine en Estados Unidos, compartiendo imágenes del suceso y mostrando intención de usar un arma de fuego de forma deliberada.

La audiencia de este jueves definirá si N. C. continuará detenido mientras avanza la investigación o si se modifican las medidas cautelares a favor de su excarcelación bajo supervisión judicial.

El caso por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, el niño de 6 años hallado sano en Corrientes, sumó un nuevo avance judicial este viernes luego de que la Justicia dictara la prisión preventiva para su padre, Josías Santos Regis, conocido como “El Brasilero”.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de la ciudad de Esquina tras un pedido formulado por la fiscalía durante la audiencia de coerción.

Según trascendió, el juez Jorge Gustavo Vallejos resolvió que el acusado permanezca detenido en la Comisaría Segunda hasta el inicio del juicio. Regis enfrenta cargos por “homicidio agravado en grado de tentativa y supresión de menores en concurso real”.

La investigación sostiene que el hombre habría escapado junto a su hijo luego de protagonizar un violento episodio ocurrido el domingo por la noche.

El caso generó una intensa búsqueda bajo el sistema Alerta Sofía, con operativos desplegados en distintas localidades de Corrientes y participación de varias fuerzas de seguridad.

Tras dos días de incertidumbre, el menor fue encontrado el martes junto a su padre en el paraje El Duraznillo, ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Goya.

En el lugar, los efectivos detuvieron a “El Brasilero”, quien ya era señalado por la familia materna como principal sospechoso en la desaparición del niño.

De acuerdo con la investigación, el conflicto comenzó el domingo por la noche en una vivienda del barrio Manzini, donde Regis habría protagonizado un episodio violento que derivó en un tiroteo.

En ese contexto, un vecino resultó herido de bala y posteriormente el acusado habría escapado junto al menor, lo que activó el operativo de búsqueda y la intervención judicial.

En paralelo, la Justicia abrió un tercer expediente contra el abogado José Codazzi, quien habría tenido participación en la huida del acusado junto a su hijo.

La causa continúa en etapa investigativa mientras avanzan las actuaciones judiciales y la recolección de pruebas.

El Litoral

En los tribunales de San Cristóbal, se ordenó la prisión preventiva de un hombre de 28 años, cuyas iniciales son AVR, investigado por delitos contra la propiedad cometidos en Suardi, departamento San Cristóbal.

 La decisión fue adoptada por la jueza Cecilia Álamo por un plazo de 90 días, a pedido del fiscal Emiliano Odriozola, quien encabeza la investigación. AVR fue acusado de ingresar a un local comercial ubicado en calle Belgrano al 200 durante la madrugada del 19 de abril, de donde sustrajo prendas de vestir como remeras y buzos. 

Además, días después trepó un alambrado de 1,80 metros para acceder al predio de la escuela Sarmiento, donde hurtó una chiva de la granja educativa, que luego faenó. En este último hecho, el coimputado PCM, de 29 años, se mantuvo vigilando el entorno y seguirá el proceso bajo medidas alternativas a la prisión preventiva.

El fiscal Odriozola explicó que la medida cautelar se fundamentó en el grado de probabilidad de los hechos y los antecedentes del imputado, que evidencian transgresiones previas a medidas no privativas de la libertad. Al momento de la detención de AVR, se le secuestró la carne del animal sustraído. 

Ambos son investigados por hurto calificado por escalamiento, mientras que AVR enfrenta adicionalmente la imputación por robo. La decisión judicial busca asegurar el normal desarrollo del proceso y prevenir riesgos procesales derivados de la gravedad de los hechos.

El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Bumaguín, ordenó la prisión preventiva de un hombre de 28 años e iniciales OAV, investigado por haber agredido con un arma de fuego a otra persona en Rafaela. La medida se tomó a partir del pedido del fiscal Martín Castellano, titular de la Sección Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5, durante una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad.

El fiscal indicó que, dentro del mismo legajo, hay otro imputado, un joven de 18 años con iniciales BLA, quien la semana pasada también fue impuesto a prisión preventiva por 40 días.

El ataque se registró entre las 13:30 y las 14:00 del jueves 23 de abril, en el patio trasero de una vivienda del barrio 2 de Abril. Según Castellano:

El fiscal Castellano señaló que el juez consideró que:

El hombre de 28 años (OAV) está imputado por:

La Fiscalía Regional 5 continuará con la investigación y el proceso judicial correspondiente para determinar responsabilidades y avanzar con el caso.

La defensa de Lucas Pertossi, uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores que se reemplace la prisión preventiva por medidas menos restrictivas, como la detención domiciliaria o el monitoreo electrónico.

El planteo se basa en que el imputado permanece detenido desde el 18 de enero de 2020, lo que —según sus abogados— supera el denominado “plazo razonable” de una medida cautelar.

En el escrito presentado ante el juez Christian Ariel Rabaia, la defensa sostuvo que la prisión preventiva “no puede ser entendida como un adelanto de pena”, sino como un recurso excepcional para evitar riesgos procesales como la fuga o el entorpecimiento de la causa.

En ese sentido, remarcaron que:

Además, subrayaron que Pertossi no tuvo sanciones disciplinarias en prisión y que actualmente cursa estudios universitarios.

Si bien Pertossi fue condenado en febrero de 2023 a 15 años de prisión, la defensa destacó que la sentencia aún no se encuentra firme, por lo que su situación sigue siendo técnicamente la de un detenido bajo medida cautelar.

“Ha permanecido más de seis años bajo una medida excepcional por circunstancias ajenas a su conducta procesal”, argumentaron los abogados, quienes consideran que esto vulnera garantías constitucionales y tratados internacionales.

El pedido incluye distintas opciones para reemplazar la prisión preventiva:

Según la defensa, estas herramientas permitirían asegurar la sujeción al proceso sin mantener la detención en una unidad penitenciaria.

El crimen de Fernando Báez Sosa ocurrió en enero de 2020 en Villa Gesell y generó una fuerte conmoción social en todo el país. Pertossi es uno de los ocho jóvenes condenados en la causa, en un fallo que aún atraviesa instancias de revisión judicial.

En las últimas semanas, el propio Pertossi volvió a aparecer públicamente en una entrevista desde la cárcel, donde sostuvo que “nunca golpeó a Báez Sosa” y que la estrategia de defensa conjunta lo perjudicó. Ahora, será el tribunal quien deberá analizar si corresponde o no modificar su situación procesal.

Enviamos información acerca de la prisión preventiva impuesta a un hombre al que se investiga como autor de estafas reiteradas en Rafaela.

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Rafaela, jueves 16 de abril de 2026

Ordenaron la prisión preventiva de un hombre al que se investiga como autor de estafas reiteradas en Rafaela

Tiene 28 años y sus iniciales son AESA. La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Guillermo Loyola e impuesta por el juez Nicolás Stegmayer en una audiencia que se realizó en los tribunales rafaelinos. De acuerdo con lo planteado por el fiscal, el hombre investigado, valiéndose de su condición de “trader”, engañó a 12 víctimas quienes le dieron dinero bajo la promesa de retornos de intereses mensuales derivados en operaciones en divisas y criptoactivos.

Un hombre de 28 años quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por estafas reiteradas a 12 personas. El fiscal que dirige la investigación es Guillermo Loyola, a cargo de la Sección de Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5, quien planteó que “en su condición de ‘trader’, el imputado recibió dinero de las víctimas, a quienes les prometía retornos de intereses mensuales derivados de operaciones en divisas y criptoactivos”.

La medida cautelar fue impuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Stegmayer, a raíz del pedido formulado por Loyola en una audiencia llevada a cabo en los tribunales rafaelinos.

Modalidad delictiva

El fiscal Loyola planteó que “el imputado actuó con pleno conocimiento y voluntad defraudatoria dirigidas a obtener disposiciones patrimoniales en su favor”, y agregó que “las estafas fueron entre 2021 y 2025”.

“Diseñó y ejecutó su plan criminal destinado a defraudar a las víctimas mediante un ardid sofisticado y una compleja puesta en escena física y tecnológica”, remarcó el fiscal. “Valiéndose de su condición de ‘trader’ y experto en mercados financieros que mostraba en sus redes sociales, captaba la confianza de las futuras víctimas, de quienes recibía dinero en efectivo en pesos o en dólares bajo la promesa de retornos de intereses mensuales derivados de operaciones en divisas y criptoactivos”.

Loyola explicó que “en algunos casos, el hombre investigado ofrecía la realización de operaciones inmobiliarias y, en otros, suscribía contratos de locación de servicios o gestión de capitales”. En tal sentido, añadió que “una vez que las víctimas entregaban el dinero, el imputado se lo apropiaba e incumplía con la devolución de los intereses y del capital, con excepción de algunas oportunidades en que entregaba sumas mínimas con el fin de afianzar la maniobra”.

El representante del MPA también precisó que “para perfeccionar la maniobra defraudatoria, el hombre investigado desplegó una estrategia de dilación mediante excusas falsas como ser que las inversiones en bolsa se habían desplomado o que habían sido malogradas”. En la misma línea, Loyola explicó que “de esa manera, el imputado abusaba de la confianza de las víctimas para prolongar el estado de error y asegurar el provecho del delito”.

Medidas cautelares

“Al momento de fundamentar su decisión de imponer la prisión preventiva, el juez Stegmayer consideró que las evidencias que presentamos fueron suficientes como para tener por acreditadas la autoría y la materialidad de los hechos por parte del imputado”, valoró el fiscal.

Loyola agregó que “el magistrado también tuvo en cuenta el monto y el perjuicio patrimonial que causó el hombre investigado a las víctimas y sostuvo que, en caso de condena, la pena sería de cumplimiento efectivo”.

En relación con los riesgos procesales, el representante del MPA dijo que “el juez consideró factible el riesgo de fuga en virtud de la pena en expectativa y de que el imputado –quien vivió un tiempo en Rafaela– se mudó a la provincia de Córdoba, lo que complejizó ubicarlo para su detención”.

“Stegmayer consideró en caso de que hubiese quedado en libertad, el hombre investigado hubiera podido destruir, ocultar o modificar la evidencia digital”, sostuvo el fiscal y subrayó que “el juez también sostuvo que se debían cautelar las declaraciones de las víctimas y testigos”.

Finalmente, Loyola concluyó que “el magistrado sostuvo que no existen medidas alternativas que puedan cautelar dichos riesgos procesales”.

Fiscalía Regional 5

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Cuatro hombres quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por una serie de robos cometidos en el Centro de Atención a la Niñez y la Familia (CANIF), ubicado en el barrio Virgen de Luján de la ciudad de Reconquista.

La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Gonzalo Basualdo, a partir del pedido del fiscal Sebastián Galleano, durante una audiencia realizada este martes en los tribunales locales.

Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación, los imputados —de entre 23 y 29 años— están acusados de haber cometido tres hechos delictivos en el mismo establecimiento, entre el 29 de marzo y la semana pasada.

De acuerdo a la acusación, dos de los episodios fueron robos calificados consumados, mientras que el tercero quedó en grado de tentativa. El fiscal sostuvo que los acusados actuaron de manera conjunta, organizada y con roles previamente definidos.

El primero de los hechos ocurrió el domingo 29 de marzo, cuando los delincuentes ingresaron al edificio tras violentar una abertura lateral de chapa. Una vez dentro, forzaron un mueble y sustrajeron un proyector LED portátil y tres tablets.

Una semana después, el grupo volvió al lugar utilizando la misma modalidad. En esa ocasión, se llevaron elementos de uso cotidiano del centro, entre ellos resmas de papel, camperas y artículos de higiene.

El tercer intento se registró el jueves pasado, minutos después de las 6 de la mañana. Uno de los imputados intentó ingresar nuevamente tras dañar una puerta y arrancar rejas de un ventiluz. Sin embargo, fue detectado por personal policial que se encontraba en la zona.

El hombre intentó escapar tras recibir la voz de alto, pero fue aprehendido a pocos metros del lugar.

Los cuatro acusados fueron identificados por sus iniciales como AGA (23), MAA (29), JAM (23) y LEA (28). Según se informó, dos de ellos cuentan con antecedentes penales condenatorios, mientras que los otros dos ya estaban siendo investigados en otras causas.

Para la Fiscalía, la reiteración de los hechos y la modalidad empleada evidencian una actuación delictiva sostenida en el tiempo, lo que justificó el pedido de prisión preventiva.

La causa continuará en etapa investigativa mientras se avanza en la recolección de pruebas y el desarrollo del proceso judicial.

La discusión por dinero terminó con el dueño de una metalúrgica herido y un incendio en el galpón donde funciona el comercio. El suceso ocurrió el domingo de Pascuas en Esperanza, y este lunes tuvo una primera resolución, cuando el juez Sergio Carraro dispuso la prisión preventiva para el empleado imputado.

Se trata de Omar Roberto Velázquez, de 41 años, quien había sido contratado por la firma agrometalúrgica, y está acusado de haber protagonizado una violenta secuencia delictiva motivada por el reclamo de una supuesta deuda económica.

La fiscal Natalia Giordano detalló los cuatro hechos atribuidos al imputado, todos ocurridos el pasado domingo 5 de abril.

Sostuvo que la jornada comenzó con mensajes intimidatorios vía WhatsApp y culminó con el incendio intencional del galpón de la víctima, inscripciones amenazantes en las paredes y agresiones físicas que dejaron heridos tanto al propietario del lugar como al jefe de la Subcomisaría local.

Si bien la defensora pública Mónica Echaniz propuso medidas alternativas a la prisión, argumentando la falta de antecedentes condenatorios de su asistido y proponiendo una restricción de acercamiento, el magistrado consideró que los riesgos procesales justifican la medida de encierro mientras avanza la investigación.

La fiscalía reconstruyó minuciosamente los hechos, señalando que Velázquez envió mensajes a su empleador, advirtiéndole: "Mejor que vayas viendo de dónde vas a sacar la plata para pagarme".

Horas más tarde, el imputado habría ingresado al local comercial utilizando una llave propia para iniciar un foco ígneo con combustible. El informe de bomberos fue contundente al calificar el siniestro como "voluntario" y notar que no hubo aberturas forzadas.

En el interior del galpón, además de los daños materiales en la oficina y el depósito, se hallaron pintadas con frases como "Pagás o Morís" y "La próxima tiro o plomo".

La violencia no cesó allí. Cuando el propietario arribó al lugar alertado por el incendio, fue atacado. Según la atribución delictiva, Velázquez le arrojó un objeto contundente, provocándole una "herida contuso cortante de 8 cm de longitud en el área del tórax".

Posteriormente, al momento de su aprehensión, el acusado opuso resistencia. Fue entonces cuando “le muerde la mano derecha y le lesiona la pierna izquierda”, sin lograr evitar que el personal policial lo reduzca.

Durante la audiencia, la víctima pudo expresar su profundo miedo ante el magistrado. "Lo que más temo es la amenaza, después qué va a pasar si el tipo queda libre", manifestó, agregando su preocupación por la seguridad de su familia.

El hombre describió la situación como una "locura" derivada de una disputa por trabajos no terminados y pagos pendientes.

En contraste, Velázquez hizo uso de la palabra para negar las acusaciones, alegando que ese día había estado pescando y que se acercó al galpón solo para ayudar al ver el humo. "Vi que había humo que salía desde la oficina... oficina que está bajo llave que yo no tengo directamente de ahí", sostuvo el imputado, intentando desvincularse de la autoría del incendio.

No obstante, el juez Carraro señaló que la versión del acusado se encontraba "diametralmente opuesta" a las evidencias objetivas, como los mensajes de WhatsApp previos y el testimonio del vecino que halló herramientas y un bidón en su patio tras el incendio.

Finalmente, al resolver la preventiva, el juez enfatizó que "la conducta asumida por Velázquez no está adecuada a los parámetros legales en absoluto" y que el camino de la violencia para reclamar deudas anula cualquier justificación. Con esta decisión, el imputado permanecerá detenido bajo los cargos de “incendio”, “amenazas coactivas”, “lesiones leves” y “atentado a la autoridad”.

Un hombre de 24 años, identificado por sus iniciales L.A.Z., quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por un robo ocurrido en la ciudad de Sunchales. La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Lorena Korakis y dispuesta por el juez Gustavo Bumaguin, durante una audiencia realizada en los tribunales de Rafaela.

Según se informó desde el Ministerio Público de la Acusación, el hecho investigado ocurrió durante la madrugada del viernes pasado en el Sunchales Cicles Club. De acuerdo a la reconstrucción fiscal, alrededor de las 5:30 el imputado habría ingresado al predio tras forzar una ventana del salón donde funciona la Escuela de Fútbol.

En ese contexto, habría sustraído dos garrafas de 15 kilos, alimentos destinados a un merendero, una amoladora, una caja de herramientas y seis pelotas de fútbol, generando un perjuicio económico y social a la institución.

Durante la audiencia, la fiscal Korakis sostuvo que la materialidad del hecho y la participación del imputado se encuentran debidamente acreditadas, con evidencias que no fueron significativamente cuestionadas por la Defensa.

El juez valoró además que el delito fue cometido de noche y con planificación previa, lo que —según se expuso— evidencia una intención de asegurar la impunidad.

En cuanto a los riesgos procesales, el magistrado consideró que existe riesgo de fuga, ya que el imputado no cuenta con domicilio fijo. También tuvo en cuenta que el joven está siendo investigado en otras causas por hechos similares y que habría incumplido normas de conducta impuestas anteriormente, lo que llevó a rechazar medidas alternativas.

Con estos elementos, el juez resolvió imponer la prisión preventiva por 45 días, al entender que una eventual condena no sería de ejecución condicional debido a los antecedentes y la gravedad del hecho.

La fiscalía le atribuyó al imputado la autoría del delito de robo, en una causa que continúa en etapa investigativa.

Seis hombres de entre 21 y 39 años quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por un violento ataque contra la Comisaría Nº 3 de Sunchales, ocurrido en la madrugada del pasado sábado 28 de marzo.

La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Nicolás Stegmayer, durante una audiencia realizada en los tribunales de Rafaela, a partir de un pedido de la fiscal Lorena Korakis, quien lleva adelante la causa.

Los imputados —identificados por sus iniciales TNG, DJD, LDO, EAT, GZ y JGGR— permanecerán privados de su libertad sin plazo determinado, mientras avanza el proceso judicial.

Según detalló la fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando los acusados se dirigieron a la dependencia policial y atacaron tanto el edificio como dos móviles oficiales que se encontraban estacionados.

Korakis explicó que los seis hombres actuaron de manera conjunta, organizada y con distribución de roles, con el objetivo de vengarse del personal policial por actuaciones previas vinculadas a su función.

Durante el ataque, los imputados arrojaron piedras y otros elementos contundentes, además de propinar patadas contra aberturas, lo que generó daños de diversa magnitud en bienes destinados al servicio público.

Asimismo, la fiscal remarcó que la agresión interfirió en el normal desempeño de la labor policial, encuadrando el hecho en delitos contra la autoridad.

En su resolución, el juez consideró que la evidencia presentada por la Fiscalía —incluidos registros de cámaras de seguridad y testimonios de testigos— resulta suficiente para acreditar, en esta etapa, la participación de los imputados.

Korakis destacó que el magistrado también valoró la gravedad de los hechos y la pena en expectativa, que no sería de ejecución condicional.

En cuanto a los riesgos procesales, el juez entendió que el accionar violento de los acusados evidencia una falta de voluntad de someterse a la ley, y subrayó la necesidad de proteger a los testigos durante la investigación.

Por estos motivos, consideró insuficientes las medidas alternativas solicitadas por la defensa y resolvió la prisión preventiva para los seis involucrados.

A los imputados se les atribuyó la coautoría de daño calificado y atentado a la autoridad agravado, este último por haberse cometido con la participación de más de tres personas.

Una mujer de 35 años continuará en prisión preventiva en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes en la ciudad de Suardi. La decisión fue adoptada por el juez Juan Gabriel Peralta durante una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada en los tribunales de San Cristóbal.

La medida se tomó a partir de un pedido de la fiscal Hemilce Fissore, quien está a cargo de la investigación dentro del Ministerio Público de la Acusación.

Durante la audiencia, la defensa de la imputada solicitó morigerar la prisión preventiva, pero el planteo fue rechazado por el magistrado.

Según explicó la fiscal, el juez consideró que no hubo modificaciones en la situación procesal ni incorporación de nuevas evidencias que justifiquen un cambio en la medida cautelar. Además, se evaluó como inviable la propuesta de una persona que había sido ofrecida como guardadora.

En ese marco, se resolvió extender la prisión preventiva por un plazo de 90 días, manteniendo las condiciones previamente establecidas.

La investigación no se limita a una sola persona. En total, son seis los involucrados en la causa, todos con prisión preventiva vigente.

De acuerdo a la reconstrucción fiscal, los imputados formaban parte de una actividad sostenida de venta de estupefacientes al menudeo, operando desde sus domicilios particulares. “Las seis personas actuaron con conocimiento del carácter ilícito de la actividad y de manera habitual”, sostuvo Fissore.

Los hechos que dieron origen a la causa se remontan a una serie de allanamientos realizados el 15 de noviembre del año pasado, en distintos puntos de Suardi.

A partir de esos procedimientos, se logró establecer que los implicados comercializaban tanto cocaína como marihuana en pequeñas cantidades, bajo la modalidad de narcomenudeo.

A la mujer investigada se le atribuyó la autoría del delito de comercialización de estupefacientes, en el marco de una causa que continúa en etapa investigativa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.