El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Bumaguín, ordenó la prisión preventiva de un hombre de 28 años e iniciales OAV, investigado por haber agredido con un arma de fuego a otra persona en Rafaela. La medida se tomó a partir del pedido del fiscal Martín Castellano, titular de la Sección Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5, durante una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad.

El fiscal indicó que, dentro del mismo legajo, hay otro imputado, un joven de 18 años con iniciales BLA, quien la semana pasada también fue impuesto a prisión preventiva por 40 días.

El ataque se registró entre las 13:30 y las 14:00 del jueves 23 de abril, en el patio trasero de una vivienda del barrio 2 de Abril. Según Castellano:

El fiscal Castellano señaló que el juez consideró que:

El hombre de 28 años (OAV) está imputado por:

La Fiscalía Regional 5 continuará con la investigación y el proceso judicial correspondiente para determinar responsabilidades y avanzar con el caso.

La defensa de Lucas Pertossi, uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores que se reemplace la prisión preventiva por medidas menos restrictivas, como la detención domiciliaria o el monitoreo electrónico.

El planteo se basa en que el imputado permanece detenido desde el 18 de enero de 2020, lo que —según sus abogados— supera el denominado “plazo razonable” de una medida cautelar.

En el escrito presentado ante el juez Christian Ariel Rabaia, la defensa sostuvo que la prisión preventiva “no puede ser entendida como un adelanto de pena”, sino como un recurso excepcional para evitar riesgos procesales como la fuga o el entorpecimiento de la causa.

En ese sentido, remarcaron que:

Además, subrayaron que Pertossi no tuvo sanciones disciplinarias en prisión y que actualmente cursa estudios universitarios.

Si bien Pertossi fue condenado en febrero de 2023 a 15 años de prisión, la defensa destacó que la sentencia aún no se encuentra firme, por lo que su situación sigue siendo técnicamente la de un detenido bajo medida cautelar.

“Ha permanecido más de seis años bajo una medida excepcional por circunstancias ajenas a su conducta procesal”, argumentaron los abogados, quienes consideran que esto vulnera garantías constitucionales y tratados internacionales.

El pedido incluye distintas opciones para reemplazar la prisión preventiva:

Según la defensa, estas herramientas permitirían asegurar la sujeción al proceso sin mantener la detención en una unidad penitenciaria.

El crimen de Fernando Báez Sosa ocurrió en enero de 2020 en Villa Gesell y generó una fuerte conmoción social en todo el país. Pertossi es uno de los ocho jóvenes condenados en la causa, en un fallo que aún atraviesa instancias de revisión judicial.

En las últimas semanas, el propio Pertossi volvió a aparecer públicamente en una entrevista desde la cárcel, donde sostuvo que “nunca golpeó a Báez Sosa” y que la estrategia de defensa conjunta lo perjudicó. Ahora, será el tribunal quien deberá analizar si corresponde o no modificar su situación procesal.

Enviamos información acerca de la prisión preventiva impuesta a un hombre al que se investiga como autor de estafas reiteradas en Rafaela.

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Rafaela, jueves 16 de abril de 2026

Ordenaron la prisión preventiva de un hombre al que se investiga como autor de estafas reiteradas en Rafaela

Tiene 28 años y sus iniciales son AESA. La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Guillermo Loyola e impuesta por el juez Nicolás Stegmayer en una audiencia que se realizó en los tribunales rafaelinos. De acuerdo con lo planteado por el fiscal, el hombre investigado, valiéndose de su condición de “trader”, engañó a 12 víctimas quienes le dieron dinero bajo la promesa de retornos de intereses mensuales derivados en operaciones en divisas y criptoactivos.

Un hombre de 28 años quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por estafas reiteradas a 12 personas. El fiscal que dirige la investigación es Guillermo Loyola, a cargo de la Sección de Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5, quien planteó que “en su condición de ‘trader’, el imputado recibió dinero de las víctimas, a quienes les prometía retornos de intereses mensuales derivados de operaciones en divisas y criptoactivos”.

La medida cautelar fue impuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Stegmayer, a raíz del pedido formulado por Loyola en una audiencia llevada a cabo en los tribunales rafaelinos.

Modalidad delictiva

El fiscal Loyola planteó que “el imputado actuó con pleno conocimiento y voluntad defraudatoria dirigidas a obtener disposiciones patrimoniales en su favor”, y agregó que “las estafas fueron entre 2021 y 2025”.

“Diseñó y ejecutó su plan criminal destinado a defraudar a las víctimas mediante un ardid sofisticado y una compleja puesta en escena física y tecnológica”, remarcó el fiscal. “Valiéndose de su condición de ‘trader’ y experto en mercados financieros que mostraba en sus redes sociales, captaba la confianza de las futuras víctimas, de quienes recibía dinero en efectivo en pesos o en dólares bajo la promesa de retornos de intereses mensuales derivados de operaciones en divisas y criptoactivos”.

Loyola explicó que “en algunos casos, el hombre investigado ofrecía la realización de operaciones inmobiliarias y, en otros, suscribía contratos de locación de servicios o gestión de capitales”. En tal sentido, añadió que “una vez que las víctimas entregaban el dinero, el imputado se lo apropiaba e incumplía con la devolución de los intereses y del capital, con excepción de algunas oportunidades en que entregaba sumas mínimas con el fin de afianzar la maniobra”.

El representante del MPA también precisó que “para perfeccionar la maniobra defraudatoria, el hombre investigado desplegó una estrategia de dilación mediante excusas falsas como ser que las inversiones en bolsa se habían desplomado o que habían sido malogradas”. En la misma línea, Loyola explicó que “de esa manera, el imputado abusaba de la confianza de las víctimas para prolongar el estado de error y asegurar el provecho del delito”.

Medidas cautelares

“Al momento de fundamentar su decisión de imponer la prisión preventiva, el juez Stegmayer consideró que las evidencias que presentamos fueron suficientes como para tener por acreditadas la autoría y la materialidad de los hechos por parte del imputado”, valoró el fiscal.

Loyola agregó que “el magistrado también tuvo en cuenta el monto y el perjuicio patrimonial que causó el hombre investigado a las víctimas y sostuvo que, en caso de condena, la pena sería de cumplimiento efectivo”.

En relación con los riesgos procesales, el representante del MPA dijo que “el juez consideró factible el riesgo de fuga en virtud de la pena en expectativa y de que el imputado –quien vivió un tiempo en Rafaela– se mudó a la provincia de Córdoba, lo que complejizó ubicarlo para su detención”.

“Stegmayer consideró en caso de que hubiese quedado en libertad, el hombre investigado hubiera podido destruir, ocultar o modificar la evidencia digital”, sostuvo el fiscal y subrayó que “el juez también sostuvo que se debían cautelar las declaraciones de las víctimas y testigos”.

Finalmente, Loyola concluyó que “el magistrado sostuvo que no existen medidas alternativas que puedan cautelar dichos riesgos procesales”.

Fiscalía Regional 5

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Sitio web: mpa.santafe.gov.arInstagram: @mpasantafeX: @mpa_santafeYouTube: @mpa_santafeOficina de Prensa y DifusiónFiscalía GeneralMinisterio Público de la Acusación(0342) 457-2535, int. 120 / (0342) 155-930015

Cuatro hombres quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por una serie de robos cometidos en el Centro de Atención a la Niñez y la Familia (CANIF), ubicado en el barrio Virgen de Luján de la ciudad de Reconquista.

La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Gonzalo Basualdo, a partir del pedido del fiscal Sebastián Galleano, durante una audiencia realizada este martes en los tribunales locales.

Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación, los imputados —de entre 23 y 29 años— están acusados de haber cometido tres hechos delictivos en el mismo establecimiento, entre el 29 de marzo y la semana pasada.

De acuerdo a la acusación, dos de los episodios fueron robos calificados consumados, mientras que el tercero quedó en grado de tentativa. El fiscal sostuvo que los acusados actuaron de manera conjunta, organizada y con roles previamente definidos.

El primero de los hechos ocurrió el domingo 29 de marzo, cuando los delincuentes ingresaron al edificio tras violentar una abertura lateral de chapa. Una vez dentro, forzaron un mueble y sustrajeron un proyector LED portátil y tres tablets.

Una semana después, el grupo volvió al lugar utilizando la misma modalidad. En esa ocasión, se llevaron elementos de uso cotidiano del centro, entre ellos resmas de papel, camperas y artículos de higiene.

El tercer intento se registró el jueves pasado, minutos después de las 6 de la mañana. Uno de los imputados intentó ingresar nuevamente tras dañar una puerta y arrancar rejas de un ventiluz. Sin embargo, fue detectado por personal policial que se encontraba en la zona.

El hombre intentó escapar tras recibir la voz de alto, pero fue aprehendido a pocos metros del lugar.

Los cuatro acusados fueron identificados por sus iniciales como AGA (23), MAA (29), JAM (23) y LEA (28). Según se informó, dos de ellos cuentan con antecedentes penales condenatorios, mientras que los otros dos ya estaban siendo investigados en otras causas.

Para la Fiscalía, la reiteración de los hechos y la modalidad empleada evidencian una actuación delictiva sostenida en el tiempo, lo que justificó el pedido de prisión preventiva.

La causa continuará en etapa investigativa mientras se avanza en la recolección de pruebas y el desarrollo del proceso judicial.

La discusión por dinero terminó con el dueño de una metalúrgica herido y un incendio en el galpón donde funciona el comercio. El suceso ocurrió el domingo de Pascuas en Esperanza, y este lunes tuvo una primera resolución, cuando el juez Sergio Carraro dispuso la prisión preventiva para el empleado imputado.

Se trata de Omar Roberto Velázquez, de 41 años, quien había sido contratado por la firma agrometalúrgica, y está acusado de haber protagonizado una violenta secuencia delictiva motivada por el reclamo de una supuesta deuda económica.

La fiscal Natalia Giordano detalló los cuatro hechos atribuidos al imputado, todos ocurridos el pasado domingo 5 de abril.

Sostuvo que la jornada comenzó con mensajes intimidatorios vía WhatsApp y culminó con el incendio intencional del galpón de la víctima, inscripciones amenazantes en las paredes y agresiones físicas que dejaron heridos tanto al propietario del lugar como al jefe de la Subcomisaría local.

Si bien la defensora pública Mónica Echaniz propuso medidas alternativas a la prisión, argumentando la falta de antecedentes condenatorios de su asistido y proponiendo una restricción de acercamiento, el magistrado consideró que los riesgos procesales justifican la medida de encierro mientras avanza la investigación.

La fiscalía reconstruyó minuciosamente los hechos, señalando que Velázquez envió mensajes a su empleador, advirtiéndole: "Mejor que vayas viendo de dónde vas a sacar la plata para pagarme".

Horas más tarde, el imputado habría ingresado al local comercial utilizando una llave propia para iniciar un foco ígneo con combustible. El informe de bomberos fue contundente al calificar el siniestro como "voluntario" y notar que no hubo aberturas forzadas.

En el interior del galpón, además de los daños materiales en la oficina y el depósito, se hallaron pintadas con frases como "Pagás o Morís" y "La próxima tiro o plomo".

La violencia no cesó allí. Cuando el propietario arribó al lugar alertado por el incendio, fue atacado. Según la atribución delictiva, Velázquez le arrojó un objeto contundente, provocándole una "herida contuso cortante de 8 cm de longitud en el área del tórax".

Posteriormente, al momento de su aprehensión, el acusado opuso resistencia. Fue entonces cuando “le muerde la mano derecha y le lesiona la pierna izquierda”, sin lograr evitar que el personal policial lo reduzca.

Durante la audiencia, la víctima pudo expresar su profundo miedo ante el magistrado. "Lo que más temo es la amenaza, después qué va a pasar si el tipo queda libre", manifestó, agregando su preocupación por la seguridad de su familia.

El hombre describió la situación como una "locura" derivada de una disputa por trabajos no terminados y pagos pendientes.

En contraste, Velázquez hizo uso de la palabra para negar las acusaciones, alegando que ese día había estado pescando y que se acercó al galpón solo para ayudar al ver el humo. "Vi que había humo que salía desde la oficina... oficina que está bajo llave que yo no tengo directamente de ahí", sostuvo el imputado, intentando desvincularse de la autoría del incendio.

No obstante, el juez Carraro señaló que la versión del acusado se encontraba "diametralmente opuesta" a las evidencias objetivas, como los mensajes de WhatsApp previos y el testimonio del vecino que halló herramientas y un bidón en su patio tras el incendio.

Finalmente, al resolver la preventiva, el juez enfatizó que "la conducta asumida por Velázquez no está adecuada a los parámetros legales en absoluto" y que el camino de la violencia para reclamar deudas anula cualquier justificación. Con esta decisión, el imputado permanecerá detenido bajo los cargos de “incendio”, “amenazas coactivas”, “lesiones leves” y “atentado a la autoridad”.

Un hombre de 24 años, identificado por sus iniciales L.A.Z., quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por un robo ocurrido en la ciudad de Sunchales. La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Lorena Korakis y dispuesta por el juez Gustavo Bumaguin, durante una audiencia realizada en los tribunales de Rafaela.

Según se informó desde el Ministerio Público de la Acusación, el hecho investigado ocurrió durante la madrugada del viernes pasado en el Sunchales Cicles Club. De acuerdo a la reconstrucción fiscal, alrededor de las 5:30 el imputado habría ingresado al predio tras forzar una ventana del salón donde funciona la Escuela de Fútbol.

En ese contexto, habría sustraído dos garrafas de 15 kilos, alimentos destinados a un merendero, una amoladora, una caja de herramientas y seis pelotas de fútbol, generando un perjuicio económico y social a la institución.

Durante la audiencia, la fiscal Korakis sostuvo que la materialidad del hecho y la participación del imputado se encuentran debidamente acreditadas, con evidencias que no fueron significativamente cuestionadas por la Defensa.

El juez valoró además que el delito fue cometido de noche y con planificación previa, lo que —según se expuso— evidencia una intención de asegurar la impunidad.

En cuanto a los riesgos procesales, el magistrado consideró que existe riesgo de fuga, ya que el imputado no cuenta con domicilio fijo. También tuvo en cuenta que el joven está siendo investigado en otras causas por hechos similares y que habría incumplido normas de conducta impuestas anteriormente, lo que llevó a rechazar medidas alternativas.

Con estos elementos, el juez resolvió imponer la prisión preventiva por 45 días, al entender que una eventual condena no sería de ejecución condicional debido a los antecedentes y la gravedad del hecho.

La fiscalía le atribuyó al imputado la autoría del delito de robo, en una causa que continúa en etapa investigativa.

Seis hombres de entre 21 y 39 años quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por un violento ataque contra la Comisaría Nº 3 de Sunchales, ocurrido en la madrugada del pasado sábado 28 de marzo.

La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Nicolás Stegmayer, durante una audiencia realizada en los tribunales de Rafaela, a partir de un pedido de la fiscal Lorena Korakis, quien lleva adelante la causa.

Los imputados —identificados por sus iniciales TNG, DJD, LDO, EAT, GZ y JGGR— permanecerán privados de su libertad sin plazo determinado, mientras avanza el proceso judicial.

Según detalló la fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando los acusados se dirigieron a la dependencia policial y atacaron tanto el edificio como dos móviles oficiales que se encontraban estacionados.

Korakis explicó que los seis hombres actuaron de manera conjunta, organizada y con distribución de roles, con el objetivo de vengarse del personal policial por actuaciones previas vinculadas a su función.

Durante el ataque, los imputados arrojaron piedras y otros elementos contundentes, además de propinar patadas contra aberturas, lo que generó daños de diversa magnitud en bienes destinados al servicio público.

Asimismo, la fiscal remarcó que la agresión interfirió en el normal desempeño de la labor policial, encuadrando el hecho en delitos contra la autoridad.

En su resolución, el juez consideró que la evidencia presentada por la Fiscalía —incluidos registros de cámaras de seguridad y testimonios de testigos— resulta suficiente para acreditar, en esta etapa, la participación de los imputados.

Korakis destacó que el magistrado también valoró la gravedad de los hechos y la pena en expectativa, que no sería de ejecución condicional.

En cuanto a los riesgos procesales, el juez entendió que el accionar violento de los acusados evidencia una falta de voluntad de someterse a la ley, y subrayó la necesidad de proteger a los testigos durante la investigación.

Por estos motivos, consideró insuficientes las medidas alternativas solicitadas por la defensa y resolvió la prisión preventiva para los seis involucrados.

A los imputados se les atribuyó la coautoría de daño calificado y atentado a la autoridad agravado, este último por haberse cometido con la participación de más de tres personas.

Una mujer de 35 años continuará en prisión preventiva en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes en la ciudad de Suardi. La decisión fue adoptada por el juez Juan Gabriel Peralta durante una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada en los tribunales de San Cristóbal.

La medida se tomó a partir de un pedido de la fiscal Hemilce Fissore, quien está a cargo de la investigación dentro del Ministerio Público de la Acusación.

Durante la audiencia, la defensa de la imputada solicitó morigerar la prisión preventiva, pero el planteo fue rechazado por el magistrado.

Según explicó la fiscal, el juez consideró que no hubo modificaciones en la situación procesal ni incorporación de nuevas evidencias que justifiquen un cambio en la medida cautelar. Además, se evaluó como inviable la propuesta de una persona que había sido ofrecida como guardadora.

En ese marco, se resolvió extender la prisión preventiva por un plazo de 90 días, manteniendo las condiciones previamente establecidas.

La investigación no se limita a una sola persona. En total, son seis los involucrados en la causa, todos con prisión preventiva vigente.

De acuerdo a la reconstrucción fiscal, los imputados formaban parte de una actividad sostenida de venta de estupefacientes al menudeo, operando desde sus domicilios particulares. “Las seis personas actuaron con conocimiento del carácter ilícito de la actividad y de manera habitual”, sostuvo Fissore.

Los hechos que dieron origen a la causa se remontan a una serie de allanamientos realizados el 15 de noviembre del año pasado, en distintos puntos de Suardi.

A partir de esos procedimientos, se logró establecer que los implicados comercializaban tanto cocaína como marihuana en pequeñas cantidades, bajo la modalidad de narcomenudeo.

A la mujer investigada se le atribuyó la autoría del delito de comercialización de estupefacientes, en el marco de una causa que continúa en etapa investigativa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.

La Justicia dispuso la prisión preventiva del fiscal adjunto de Vera, Leandro Benegas, quien se encuentra suspendido de sus funciones, en el marco de una investigación por delitos contra la integridad sexual de una menor de edad.

La causa es investigada por los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi, quienes imputaron formalmente a Benegas en una audiencia realizada el 23 de febrero en los tribunales de Vera, ante la jueza Norma Senn.

Durante esa audiencia, los fiscales le atribuyeron al imputado la autoría de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada, por la utilización de intimidación o coerción.

De acuerdo con la acusación, los hechos habrían ocurrido en reiteradas oportunidades cuando la víctima era adolescente.

Según la investigación, el imputado habría abusado de la menor cuando se desempeñaba como funcionario de la Municipalidad de Vera, donde además era superior jerárquico del padre de la víctima.

En la audiencia de imputación también se discutieron las medidas cautelares. A pedido de la querella, la jueza Norma Senn dispuso la prisión preventiva.

Sin embargo, al fundamentar su decisión sostuvo que la medida no podía ejecutarse de inmediato debido a la aplicación de la Ley Nacional Nº 25.320 sobre inmunidad de arresto, que según su interpretación podría alcanzar a fiscales, jueces y defensores de la provincia.

El último jueves, la Legislatura de Santa Fe resolvió aplicar una suspensión preventiva temporal al fiscal investigado dentro del procedimiento disciplinario en trámite.

Posteriormente, la jueza Claudia Bressán ordenó que se hiciera efectiva la prisión preventiva, medida que finalmente se concretó el viernes por la noche.

Tras la ejecución de la medida cautelar, la defensa de Benegas presentó un pedido de recusación contra la jueza Bressán y solicitó una audiencia de control de detención.

El planteo fue tratado el sábado en los tribunales de Vera, donde la recusación fue rechazada por la Justicia.

Luego de esa decisión, la propia defensa desistió de realizar la audiencia de control de detención que había solicitado.

Los fiscales Spelta, Escobar Cello y Broggi informaron que la investigación penal continúa en curso y que se avanzará con nuevas diligencias ya ordenadas, en función de la gravedad y las particularidades de los hechos denunciados.

Un tribunal de segunda instancia confirmó la prisión preventiva de un joven de 23 años, identificado por sus iniciales LGE, quien es investigado por provocar lesiones a otro hombre y por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en la localidad de San Guillermo.

La decisión fue adoptada por el camarista Sergio Alvira durante una audiencia de apelación realizada de manera remota en los tribunales de Rafaela.

La investigación está a cargo del fiscal Emiliano Odriozola, quien representó al Ministerio Público de la Acusación tanto en la audiencia de primera instancia como en la revisión ante la Cámara.

Tras conocerse la resolución, el fiscal valoró la decisión judicial y explicó que el camarista rechazó los planteos de la defensa.

“El camarista sostuvo que las evidencias que aportamos desde la Fiscalía permitieron ratificar la materialidad del hecho y la autoría por parte del imputado, con el grado de probabilidad que exige esta etapa del proceso”, señaló Odriozola.

Además, el magistrado consideró que, en caso de una eventual condena, la pena a aplicar no permitiría una ejecución condicional, tal como había sostenido previamente la jueza Cecilia Alamo, quien dispuso la prisión preventiva el 18 de diciembre del año pasado.

El fiscal también destacó que la Cámara rechazó las medidas alternativas solicitadas por la defensa, al considerar que aún restan realizar diligencias en la investigación, entre ellas pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 11 de diciembre del año pasado alrededor de las 5 de la mañana.

“El imputado agredió físicamente con golpes de puño y con una cuchilla a otro hombre que había ido a su casa a comprarle droga”, relató Odriozola. Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió heridas en distintas partes del cuerpo.

Cuatro días después del episodio, personal de Microtráfico de la Policía de Investigaciones de Ceres realizó un allanamiento en la vivienda del sospechoso.

Durante el procedimiento se secuestraron:

De acuerdo con la Fiscalía, todos estos elementos son compatibles con tareas de fraccionamiento, pesaje y comercialización de estupefacientes.

Al imputado se le atribuyó la autoría de lesiones leves dolosas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, delitos que continúan siendo investigados por el Ministerio Público de la Acusación.

Al imputado se le atribuyó haber actuado con la intención de causarle sufrimiento a una mujer que era su pareja y es la madre de la víctima. A su vez, se lo investiga por delitos contra la integridad sexual en un legajo penal que tramita en la Fiscalía Regional 2.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 39 años, cuyas iniciales son MEF, al que se investiga como autor de una tentativa de femicidio vinculado cometida en perjuicio de un niño en Coronda (departamento San Jerónimo).

La privación de la libertad fue solicitada por el fiscal Julio Lema e impuesta por el juez Nicolás Falkenberg en una audiencia que tuvo lugar en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

 Lema valoró que “aunque la Defensa propuso alternativas y cuestionó el dolo homicida, el magistrado consideró que, en esta instancia del proceso, está acreditada la atribución delictiva y la autoría”. En tal sentido, “el juez coincidió con nuestro planteo de que, en caso de condena, la pena prevista sería de prisión efectiva y también manifestó que los riesgos procesales estaban latentes”.

 Asimismo, el fiscal puntualizó que “el imputado a su vez es investigado por delitos contra la integridad sexual en otro legajo penal que tramita en la Fiscalía Regional 2”, y resaltó que “en ese marco, también se le impuso la prisión preventiva”. Al respecto, explicó que “las cautelas de máxima impuestas en los dos procesos garantizan que continúe privado de libertad si su situación cambia en alguna de las dos investigaciones”.

Los hechos

Lema indicó que “el domingo 17 de octubre de 2021 alrededor de las 21:30, el imputado intentó matar al hijo de su pareja para causarle sufrimiento a ella”.

Según relató, “mientras el niño dormía en el interior de un automóvil marca Fiat modelo 147 que estaba estacionado en las inmediaciones de la calle 9 de Julio y la cortada Arocena, el hombre investigado roció el vehículo con combustible y lo prendió fuego”.

  “Aunque el imputado inició el foco ígneo y le dijo expresamente a la mujer que quería quemar al niño que estaba dentro del auto, ella logró retirar a su hijo de allí y resguardarlo en otro lugar”, manifestó el funcionario del MPA.

 Por otra parte, Lema expuso que “al ver frustrado su objetivo delictivo, el hombre investigado se alejó para procurar su impunidad”, y subrayó que “se mantuvo prófugo hasta hace poco tiempo, cuando fue ubicado y detenido”.

 En relación al contexto de lo sucedido, el fiscal afirmó que “el imputado ejercía violencia de género en perjuicio de la madre del niño al que intentó quitarle la vida”.

Calificación penal

Al imputado se le atribuyó la autoría de una tentativa de homicidio calificado (por haber sido cometido con el propósito de causarle sufrimiento a una persona con la cual mantenía una relación de pareja). 

Un hombre de 32 años que está en prisión preventiva por haber intentado matar a su expareja el 5 de octubre del año pasado en Humberto 1º continuará privado de su libertad. Así lo resolvió el camarista Sergio Alvira, quien confirmó la decisión de primera instancia que había impuesto el juez Gustavo Bumaguin.

Alvira rechazó un pedido de normas de conducta realizado por la Defensa del hombre investigado y mantuvo la medida cautelar privativa de la libertad por el plazo de ley como se venía cumpliendo hasta ahora, tal como lo solicitó la Fiscalía.

El fiscal que está a cargo de la investigación y representó al MPA en la audiencia de apelación es Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5.

Castellano sostuvo que “Alvira coincidió con la Fiscalía en que las evidencias presentadas en la audiencia de medidas cautelares son suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho ilícito y la participación del hombre investigado”.

En relación a la eventual pena que le podría corresponder al imputado, el fiscal del MPA manifestó que “el camarista también estuvo de acuerdo con el encuadramiento realizado desde el MPA, por lo que consideró que la prisión preventiva resultaba proporcional con la calificación legal jurídica de tentativa de homicidio doloso agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”.

“Alvira tuvo en cuenta que existen elementos suficientes como para configurar el riesgo de entorpecimiento probatorio, que no puede ser conjurado de otro modo que con la prisión preventiva del imputado”, subrayó el fiscal. “También sostuvo que surge clara la intención del imputado de dar muerte a la víctima, lo que no fue conseguido por razones ajenas a su voluntad”, reforzó Castellano.

Por último, el fiscal del MPA concluyó que “el juez de segunda instancia consideró que era necesario proteger la integridad física y psíquica de la víctima y de los testigos, para que puedan declarar de manera libre en un eventual juicio oral”.

Castellano recordó que “el ilícito fue cometido entre las 18:00 y las 20:30 del domingo 5 de octubre del año pasado”. Precisó que "el hombre investigado ingresó a la vivienda de la víctima por una ventana, sin autorización y ejerció violencia en la puerta de la habitación donde la mujer se encontraba durmiendo”.

Afirmó que "ante ese ingreso sorpresivo, la mujer intentó escapar del lugar pero el imputado se lo impidió” y precisó que “la sujetó del cuello con el cable de un ventilador que estaba en el lugar y ejerció presión con el fin de asfixiarla”. Agregó que “inmediatamente después, el agresor empujó a la víctima y la hizo caer al piso, donde golpeó su cabeza y se desvaneció”.

El fiscal manifestó que “las agresiones del imputado hacia su expareja fueron con pleno conocimiento de la letalidad de los medios empleados y del probable resultado mortal de dicha acción”. Aseguró además que “la intención homicida inicial no llegó a consumarse por razones ajenas a su voluntad, debido a la rápida y oportuna atención médica que recibió la mujer”.

Castellano afirmó que “este hecho ilícito no se trató de un acto aislado, sino que fue el corolario de distintos sucesos de maltrato por parte del imputado a su expareja en un evidente contexto de violencia de género”.

La Justicia brasileña detuvo a Pedro Arthur Turra Basso, de 19 años, señalado como responsable de la muerte de Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira, de 16, tras un episodio de violencia ocurrido en la vía pública.

Según los testimonios citados en la investigación, el origen del conflicto fue una provocación: Turra Basso habría arrojado un chicle masticado a un amigo del adolescente, y a partir de ese gesto se desató una pelea física.

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Imágenes registradas en el lugar, de acuerdo con el reporte periodístico, captaron el momento en que el joven piloto le dio un puñetazo a Castanheira: el chico cayó y se golpeó la cabeza contra un auto estacionado.

El impacto fue tan severo que la víctima quedó inconsciente y llegó a vomitar sangre en la vereda. Fue asistida y trasladada en estado crítico, con un traumatismo craneoencefálico grave.

Castanheira permaneció intubado en terapia intensiva en un hospital privado, pero murió luego por complicaciones derivadas de las lesiones. La confirmación del fallecimiento fue atribuida al abogado de la familia, Albert Halex.

Turra Basso fue detenido en su casa y quedó imputado, con prisión preventiva. El caso sumó repercusión cuando trascendieron antecedentes violentos que lo involucrarían en otros episodios previos.

En paralelo, la categoría Fórmula Delta decidió apartarlo: se trata de una división de monoplazas considerada un primer escalón para pilotos que dejan el karting y pasan a los autos de fórmula.

El Litoral

Un joven de 19 años quedó en prisión preventiva en el marco de una causa en la que se lo investiga como autor de una tentativa de homicidio cometida con un arma blanca en la ciudad de Rafaela. La medida cautelar fue ordenada este jueves por el juez de la Investigación Penal Preparatoria Javier Bottero, a partir de un requerimiento del fiscal Martín Castellano.

La audiencia se desarrolló en los tribunales locales y el magistrado resolvió disponer la prisión preventiva sin plazo para el imputado, identificado por sus iniciales UAI. La investigación está a cargo de la Sección Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5.

Según expuso el fiscal, el hecho ocurrió aproximadamente a las 2:45 del domingo pasado en la vía pública del barrio 2 de Abril. De acuerdo a la acusación, tras provocar verbalmente a la víctima, el joven se acercó por detrás y se inició una pelea con golpes de puño.

En ese contexto, el imputado habría utilizado un arma blanca de fabricación casera, tipo chuza, con la que le provocó dos heridas punzocortantes en ambos lados del tórax al hombre atacado. El fiscal indicó que la agresión cesó por la intervención de personas que se encontraban en el lugar, quienes también colaboraron para que la víctima fuera trasladada al hospital local, donde recibió atención médica.

Durante la audiencia, Castellano sostuvo que el imputado actuó con intención de provocar la muerte, al utilizar un elemento altamente lesivo y atacar zonas vitales del cuerpo. Señaló además que el resultado fatal no se concretó por la intervención de terceros y por la atención médica oportuna que recibió la víctima.

En cuanto a los riesgos procesales, el juez consideró acreditada la materialidad del hecho y la participación del imputado, y sostuvo que la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo. También rechazó el planteo de la Defensa que pretendía recalificar el hecho como lesiones graves y consideró insuficientes las medidas alternativas propuestas.

El magistrado hizo lugar al pedido de la Fiscalía al entender que era necesario adoptar medidas de protección para la víctima y los testigos, a fin de garantizar su libertad al momento de declarar.

El joven es investigado como autor del delito de tentativa de homicidio doloso.

La Justicia del Estado de Río de Janeiro solicitó la prisión preventiva de Agostina Páez, una abogada argentina de 29 años que enfrenta una causa penal en Brasil tras haber sido acusada de realizar gestos racistas y proferir insultos discriminatorios contra empleados de un bar ubicado en el barrio de Ipanema, en la zona sur de la ciudad carioca.

El incidente que generó la denuncia se produjo el 14 de enero, cuando Páez se encontraba en el establecimiento con dos amigas.

Según la acusación, tras un conflicto con el personal del bar en relación con el pago de la cuenta, la abogada realizó gestos ofensivos —incluidos movimientos que imitaban a un mono— y pronunció expresiones que fueron interpretadas por los trabajadores como racistas.

El episodio fue registrado en video y se viralizó en redes sociales, lo que aceleró la intervención de las autoridades locales.

La Policía Civil de Río de Janeiro imputó a Páez por injuria racial, un delito contemplado en la legislación brasileña en el marco de las políticas de tolerancia cero frente a manifestaciones de racismo y discriminación.

En las últimas semanas, las autoridades habían dispuesto medidas cautelares que incluyen la retención del pasaporte de la acusada, la prohibición de salir del país y la colocación de una tobillera electrónica, que Páez aceptó colocarse voluntariamente en un Centro de Monitoreo de la ciudad.

El pedido formal de prisión preventiva fue impulsado por el Ministerio Público de Río de Janeiro, que destacó la presunta reiteración de conductas ofensivas por parte de la abogada, incluso después de haber sido advertida por empleados del bar de que su comportamiento podría constituir un delito.

Según los fiscales, los relatos de las víctimas fueron respaldados por declaraciones de testigos y grabaciones obtenidas por la investigación.

La decisión de avanzar con una solicitud de prisión preventiva se produce en un contexto en el que las autoridades brasileñas han mostrado una postura firme contra este tipo de comportamientos.

En una campaña pública difundida por la propia Policía Civil de Río de Janeiro, se incluyó la narración de este caso como ejemplo de que “el racismo es un crimen que no se tolera, ni siquiera si es cometido por turistas o extranjeros”.

Desde que se conoció el hecho, la causa ha tenido varios hitos procesales. Además de la imputación por injuria racial y la colocación de la tobillera electrónica, la defensa de Páez presentó un recurso de habeas corpus con el objetivo de que la abogada pueda regresar a Argentina mientras se desarrolla el proceso judicial.

El argumento central de la defensa sostiene que la actuación de la acusada fue malinterpretada y que su conducta se habría originado en una situación de conflicto bilateral con el personal del bar, y no en un acto de discriminación deliberada.

Por su parte, Páez afirmó ante las autoridades que no tenía intención de ofender a nadie y que los gestos realizados fueron “bromas” dirigidas a sus acompañantes, aunque esta versión no fue aceptada por los investigadores.

Su defensa también aduce que desconoce que ese tipo de gestos puedan constituir un delito penal en Brasil, subrayando las diferencias entre normas legales de distintos países.

El caso atravesó rápidamente las fronteras brasileñas y generó repercusiones en redes sociales y medios de comunicación, tanto a favor como en contra de la postura adoptada por las autoridades judiciales.

Algunos sectores han manifestado su apoyo a la decisión de la Fiscalía y la Policía Civil de Río de Janeiro, argumentando que la aplicación estricta de las leyes antidiscriminatorias es un paso necesario para combatir el racismo en cualquier forma.

Otros, en cambio, han cuestionado el avance judicial, señalando que la medida de prisión preventiva puede resultar excesiva en un caso que se originó en una discusión cotidiana.

Mientras se resuelve el pedido de prisión preventiva, Páez permanece en Brasil con restricciones: no puede abandonar el país, su pasaporte sigue retenido y usa un dispositivo electrónico para su monitoreo.

El proceso judicial continuará su curso en las próximas semanas, y el tribunal evaluará si convierte la solicitud del Ministerio Público en una orden de detención efectiva o si mantiene las medidas cautelares actuales hasta el avance de la causa.

El Litoral

La Justicia ordenó la prisión preventiva de un hombre de 26 años, identificado por sus iniciales BA, acusado de haber participado en un robo calificado en lugar poblado y en banda en la ciudad de Rafaela. La medida fue dispuesta por el juez Nicolás Stegmayer, a pedido del fiscal Pedro Machado, durante una audiencia realizada en los tribunales rafaelinos.

En el mismo proceso judicial fue imputado otro hombre de 23 años, cuyas iniciales son MB, acusado de encubrimiento por receptación. En su caso, el magistrado resolvió otorgarle la libertad bajo medidas alternativas a la prisión preventiva.

Los hechos investigados fueron cometidos el sábado 17 de enero, minutos antes de las 5 de la mañana.

Según explicó el fiscal Machado, BA actuó junto con otros dos hombres, uno de los cuales se encuentra prófugo y el otro aún no fue identificado. Los tres ingresaron a una vivienda ubicada en calle Montes de Oca al 1200, tras forzar una ventana del frente del inmueble.

El representante del Ministerio Público de la Acusación indicó que los autores actuaron “de acuerdo a un plan común y con reparto de tareas”. Desde la cocina y el comedor de la casa sustrajeron una gran cantidad de elementos, entre ellos:

Machado precisó que, aproximadamente una hora después del robo, el imputado MB recibió en su domicilio parte de los elementos sustraídos. El fiscal sostuvo que el joven aceptó dichos objetos a sabiendas de su origen ilícito, motivo por el cual fue imputado por el delito de encubrimiento por receptación.

El juez Stegmayer consideró acreditadas la materialidad del hecho y la probable autoría de BA, así como correcta la calificación legal propuesta por la Fiscalía. Además, evaluó que la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo, sumada a antecedentes penales previos y al incumplimiento de medidas alternativas dispuestas en otras causas.

Entre los riesgos procesales, el magistrado valoró la posibilidad de fuga, la existencia de un coautor prófugo, la no recuperación de todos los elementos robados y la tenencia de una suma importante de dinero sustraído.

En cuanto a MB, el juez dispuso su libertad bajo reglas de conducta, entre ellas: fijar domicilio, firmar semanalmente en la comisaría correspondiente, prohibición de contacto con la víctima y con el coimputado, y la obligación de no cometer nuevos delitos ni entorpecer la investigación.

La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, fue procesada con prisión preventiva por encubrimiento a la Justicia, en una resolución dictada este martes por el juez federal Luis Armella, del Juzgado de Lomas de Zamora.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, la medida judicial también alcanzó a los choferes que se encontraban junto a Sánchez durante un allanamiento realizado en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera. No obstante, el magistrado resolvió otorgarles el beneficio de la prisión domiciliaria, tras un planteo de las defensas.

El procedimiento inicial permitió el secuestro de seis teléfonos celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otros elementos de interés para la causa. A partir de ese operativo, el juez Armella ordenó dos nuevos allanamientos, uno en el mismo local y otro en el domicilio particular de Sánchez, con el objetivo de ampliar la recolección de pruebas.

La investigación apunta a la empresa Sur Finanzas, vinculada a Ariel Vallejo, y analiza maniobras presuntamente relacionadas con lavado de dinero. La firma es señalada por sus estrechos vínculos con el ámbito de la AFA, que conduce Claudio Tapia, lo que le dio mayor visibilidad pública al expediente.

Con el procesamiento y la prisión preventiva ya dictados, la causa entra ahora en una etapa clave, mientras la Justicia avanza en el análisis del material secuestrado y en la reconstrucción de los movimientos financieros bajo sospecha.

La adolescente Nahiara, de 16 años, acusada de asesinar a puñaladas a su novio Santiago Nahuel López Montes en Lanús, seguirá detenida bajo prisión preventiva. Durante la audiencia de este 2 de diciembre, la defensa solicitó que la medida se cumpliera en su domicilio, pero el beneficio fue denegado.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la joven declaró ante el fiscal Juan Ignacio Colazo, donde dio su versión sobre la relación que mantenían, los hechos previos al crimen y cómo logró permanecer prófuga de la Justicia durante varios días.

Nahiara fue detenida el 28 de noviembre en la casa de su tío en La Matanza. Junto a su abogada, prestó testimonio con el objetivo de desligarse de la acusación. Durante la audiencia relató una discusión con Santiago la noche del hecho. Según su declaración, el joven le impidió salir de la vivienda y allí comenzó un forcejeo en el que, aseguró, actuó en defensa propia, señalando que se sintió “asustada”.

El caso presenta versiones contrapuestas. Una hermana de la víctima, Tamara López Monte, afirmó que la adolescente ya había agredido previamente a Santiago y que sostenía la idea de que “a los hombres hay que golpearlos”. La familia del joven insiste en que se trató de un ataque intencional.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia de menores, mientras se espera el avance de las pericias y la reconstrucción del hecho para determinar responsabilidades.

La ciudad de Rosario se encuentra conmocionada luego de que un hombre, de 47 años, sea acusado de haber abusado sexualmente de un bebé de tan solo seis meses.

Guillermo Mario Vázquez fue llevado a audiencia imputativa donde se determinó que deberá permanecer detenido mientras avanza la investigación por este hecho.

La decisión fue tomada por la jueza Lorena Aronne, quien respaldó la acusación presentada por los fiscales Agustina Ferttita y Diego Meinero. Los funcionarios judiciales imputaron a Vázquez por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

La noticia generó conmoción, especialmente por la cercanía que el acusado mantenía con la familia de la víctima. La madre del bebé, una adolescente de 16 años, expresó su sorpresa. 

“Se sentó al lado mío y de mi familia a comer. Era parte y nunca sospechamos que iba a pasar esto”, agregó.

La adolescente contó que el hombre solía compartir momentos con su familia y hasta fue quien la llevó al hospital cuando el bebé necesitó atención médica. “Yo lo llamé para que me venga a buscar para traerlo al hospital”, relató.

Según su testimonio, ella tenía una relación sentimental con el detenido, algo que más allá de cualquier encuadre configura material de investigación por tratarse ella de una menor y él de un mayor.

Rodrigo Lioi, director del hospital rosarino, confirmó hace una semana que se dictó una medida de protección excepcional con el objetivo de separarlo de su entorno familiar para garantizar su seguridad y bienestar mientras se lleva adelante la investigación. Por la situación clínica del bebé quedará al resguardo del hospital. 

TN

Carlos Daniel “Mele” R. (50) quedó en prisión preventiva en el marco de una causa donde es investigado por comercialización de estupefacientes.

Se trata de una investigación que llevó adelante el fiscal Iván Raposo que derivó en un allanamiento en calle Caparrós al 500 en la noche del jueves donde se incautó cerca de 150 gramos de cocaína escondidos en una escalera.

En tanto, en la jornada del lunes se llevó adelante una audiencia en donde el “Mele” fue imputado por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. Minutos más tarde se resolvió que quede en calidad de detenido hasta el juicio oral y público.

Durante el procedimiento, los agentes de la División Microtráfico – Región III, con apoyo de efectivos del Departamento Operativo Complejo y Grupos de Irrupción del GOT de Villa Constitución y Casilda, secuestraron 146,4 gramos de cocaína, $194.150 en efectivo y un teléfono celular.

Además del material incautado, la Fiscalía sostiene que existen registros fílmicos obtenidos en la vivienda del acusado, que lo muestran realizando presuntas maniobras compatibles con la venta de estupefacientes. También se sumaron testimonios de vecinos, quienes habrían señalado que en el domicilio funcionaba un punto constante de comercialización de droga.

“Es una persona conocida en el ámbito de la venta de estupefacientes, puesto que ya tiene una condena de siete años del Juzgado Federal. En 2023 también había sido condenado por cuestiones de género. Y el año pasado había recuperado la libertad”, detalló Iván Raposo.

Pero al poco tiempo todos los indicios señalaban que “este sujeto en su domicilio vendía estupefacientes, razón por la cual se llevaron adelante distintas tareas investigativas. Se registraron dos secuencias donde personas se acercaban a la casa por un breve lapso, con típicas maniobras de narcomenudeo”, agregó el fiscal.

En consecuencia, la orden de detención fue emitida tras un informe estas tareas investigativas elaborado por el jefe de la División Microtráfico de la ciudad.

El Litoral